Los detenidos durante las fiestas de La Mercè en Barcelona no están relacionados entre ellos, la mitad tenía antecedentes policiales y los Mossos d’Esquadra descarta que hayan participado en actividades criminales organizadas.

Los Mossos han explicado en un comunicado este viernes que durante las tres noches de fiestas arrestaron en total a 70 personas, de las que 34 tenían antecedentes policiales por robos, hurtos y atentado a agentes, mientras que la otra mitad de detenidos no tenía antecedentes.

Entre los arrestados –todos ya en libertad– hay un menor de 13 años, inimputable por tener menos de 14, y un hombre que se presentó en comisaría y se autoinculpó de desórdenes y daños.

A pesar de que los Mossos no han encontrado relaciones relevantes entre los detenidos, mantienen abierta una investigación para encontrar a otras personas que participaron en los altercados, «delincuentes especializados que en algunos momentos actuaron en grupo para crear confusión».

Respecto al perfil de los arrestados, han explicado que hay 62 hombres (43 adultos y 19 menores) y 8 mujeres (6 adultas y 2 menores); de los 70, 45 son españoles y el resto extranjeros, y la mayoría no viven en Barcelona sino en ciudades del área metropolitana.

Los delitos por los que los Mossos han puesto más denuncias durante La Mercè han sido los robos con violencia e intimidación (22%), los desórdenes (19%), los robos con fuerza (17%), las lesiones (13%) y los daños (12%).

Durante la primera noche hubo 14 heridos por arma blanca o con cortes de cristales que había en la zona y ninguno las dos siguientes noches, y durante las tres noches se denunció ninguna violación.

El periodista Pedro Piqueras recogerá el XXI Premio de Comunicación ‘Manuel Alonso Vicedo’ el próximo 8 de octubre en la localidad sevillana de Gerena.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Gerena informa de que la ceremonia tendrá lugar en la Hacienda Torreón Nazarí y contará con la asistencia de 250 invitados. El jurado ha valorado la trayectoria, independencia y estilo profesional de Piqueras, «uno de los presentadores de informativos más prestigiosos de la televisión en España».

Además, el jurado ha otorgado un premio especial a Tele Gerena por sus tres décadas de vida y por el papel que ha jugado durante el confinamiento al servicio de la comunidad local. El galardón está organizado por el Ayuntamiento de Gerena y la Diputación de Sevilla, y cuenta con el patrocinio de la Fundación Cobre Las Cruces. El año pasado no se celebró debido a la pandemia.

El jurado está integrado por representantes de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación para el Progreso de la Comunicación, la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla y periodistas de diversos ámbitos. También forman parte del jurado el alcalde de Gerena, Javier Fernández, y el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Alejandro Moyano.

Pedro Piqueras nació en Albacete en 1955. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En 1977 entró a formar parte de la plantilla de Radio Nacional de España. En 1988 pasa a presentar y dirigir el Telediario de TVE. En 1993 se unió a Antena 3 como conductor de los informativos y del programa ‘Espejo Público’.

En 2004 fue nombrado director de RNE y en 2006 Tele 5 ficha a Pedro Piqueras como director de Informativos de la cadena y presenta las noticias de las 21,00 horas, siendo líder de audiencia en la actualidad. Ha ganado el Premio Ondas, tres Antena de Oro, el Nacional de Periodismo Pedro Antonio Alarcón y el Eisenhower por la defensa de la libertad de prensa en Nueva York. En la ceremonia de entrega, Pedro Piqueras será presentado por el también periodista Tom Martín Benítez, que disertará sobre la trayectoria profesional y personal del galardonado.

Por su parte, Tele Gerena recibe el premio especial del jurado en reconocimiento a su trayectoria de tres décadas al servicio de la localidad, contribuyendo a afianzar el sentimiento de pertenencia a la comunidad, así como por el papel desempeñado durante el estado de alarma por el Covid-19 con una programación especial de reportajes para el recuerdo que han ayudado a hacer más llevadero el confinamiento.

Además, el jurado ha resaltado su carácter solidario, ya que la cadena local ha proporcionado Internet gratuito a familias con pocos recursos para que sus hijos pudieran seguir las clases ‘on line’ del colegio. Este premio especial quiere simbolizar también el apoyo a los medios locales, que representan la comunicación más cercana y de servicio público.

El Premio de Comunicación ‘Manuel Alonso Vicedo’ está organizado conjuntamente por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Gerena, localidad natal del periodista que le da nombre y al que rinde homenaje a quien fuera director de Radio Sevilla-Cadena SER, ganador de cuatro premios Ondas y que falleció a los 33 años en un accidente de tráfico.

Los profesionales de la comunicación premiados en las ediciones que se han celebrado hasta ahora, desde su instauración en el año 2000, son: Iñaki Gabilondo, José Antonio Sánchez Araujo, Tom Martín Benítez, Jesús Quintero, María Esperanza Sánchez, Lorenzo Milá, Ana Rosa Quintana, Matías Prats, Ana Blanco, Rosa María Calaf, Gemma Nierga, María Teresa Campos, Ezequiel Martínez, Pepa Bueno, Javier Gutiérrez y la RTVA por su 25 aniversario, El Gran Wyoming, Carlos Herrera, Julia Otero, Luis del Olmo y Rosa María Mateo. Todos ellos han recibido personalmente la escultura del artista Antonio Polo, que es el símbolo oficial del Premio Manuel Alonso Vicedo.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha reconocido este viernes que la entidad está dolida por las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la propuesta de reforma de la Constitución para eliminar el término ‘disminuido’ de la Carta Magna y modificar el artículo 49.

«Nos duele porque se quiebra el principio de adhesión general a los valores que quieren ver implantados las personas con discapacidad», ha declarado Pérez Bueno.

A su juicio, en esta modificación, que el CERMI lleva impulsando desde 2004, esperaban «consenso» y «respaldo» e, incluso, «unanimidad» en un tema que, ha recordado, va sobre «la inclusión de las personas con discapacidad» y sobre «unos derechos» que, a su juicio, cualquier persona que «comparta valores democráticos» de «respeto y dignidad inherentes a todas las personas, tendría que compartir».

Del mismo modo, ha recordado que esta iniciativa no cuenta con «una línea política marcada» sino que es «parte del bien común». En su opinión, esta reforma «que no tiene que levantar ningún recelo en nadie» pues, ha explicado, «es una mejora de país» y un «logro de la sociedad a través de una mejor regulación y ordenamiento de la Constitución con las personas con discapacidad».

UN LLAMAMIENTO A LOS PARTIDOS

Pérez Bueno ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas a trabajar en este cambio y se ha ofrecido a «desplegar» toda la capacidad «de persuasión» de la entidad que preside para «llegar a quienes tengan dudas o planteen dificultades».

Al respecto, ha recordado que «quedan meses por delante» y se ha mostrado optimista en poder «revertir la falta de apoyo en algunos grupos» parlamentarios. Y, en este sentido, ha reconocido que es «esencial» que el PP «se sume» y se «sienta partícipe» en esta iniciativa. «Puede presentar enmiendas de mejora y elevar el nivel del fondo y de la forma», ha recordado el presidente del CERMI.

Pérez Bueno ha explicado que el proceso en una reforma constitucional es «lento», «llevamos más de una década en ello», ha recordado, antes de indicar que son «optimistas» porque el texto ya ha llegado a las Cortes y ha pasado relativamente bien el corte del debate a la totalidad.

En este sentido, se ha referido a un argumento escuchado durante el debate en el Congreso referente a que la «Constitución por sí misma no arregla la vida de nadie». Sin embargo, Pérez Bueno ha recordado que el hecho de que «no arregle inmediatamente la vida no significa que no haya constituciones, leyes o estados de derecho» y que, si los hay, estos deben ser «en los mejores términos».

«No nos vale cualquier término», ha recordado Pérez Bueno, quien ha señalado que no aceptarán una palabra, ‘disminuido’, que tiene la visión o el enfoque de hace 40 años. Según ha explicado, desde hace dos década se ha producido una «revolución» en el sector de la discapacidad que debe tener su «reflejo» en la Carta Magna, «al menos para los próximos 30 o 40 años».

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha condenado al que fuera director de Funciones Corporativas de Iberdrola Antonio del Olmo por la obtención y la difusión de facturas de la compañía que fueron claves en el caso ‘Tándem’ sobre los presuntos encargos al comisario José Manuel Villarejo. El exempleado deberá devolver los documentos y publicar su sentencia de condena «con al menos la misma difusión» que tuvo la revelación de los papeles sustraídos.

En la sentencia, el tribunal considera probado que Del Olmo obtuvo de forma ilícita las copias y se las facilitó al medio de comunicación que luego hizo públicas las facturas. «Porque no ha quedado demostrado ni ha sido aportado indicio alguno de que otros estuviesen en disposición de hacerlo», justifica el escrito.

Así, la sentencia recuerda que Del Olmo reconoce que realizó copia de las facturas confidenciales, las conservó en su despacho, las depositó ante notario cuando todavía era el controller de Iberdrola (en el 2004), y luego, tras su jubilación (2016) se llevó a su casa estas copias.

Iberdrola se querelló contra su extrabajador en 2020 en un juzgado de instrucción de Bilbao, aunque el asunto fue absorbido por la Audiencia Nacional. La compañía le acusaba de elaborar y difundir un informe falso -para el que se habría valido de esas facturas– donde Del Olmo reflejaría presuntas irregularidades en uno de los supuestos encargos de realizados por la entidad a Villarejo.

En un auto del pasado 9 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, decidió archivar la querella contra Del Olmo sin entrar en el fondo del asunto al entender que los hechos denunciados ya habrían prescrito.

Aquí, el magistrado indaga en los diversos encargos que la eléctrica habría hecho a Villarejo desde 2004. Recientemente, ha imputado al presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán, y a Iberdrola Renovables por el llamado proyecto ‘Wind’, donde el cometido habría sido investigar a una eólica suiza con la que la mercantil se alió para proyectos en Rumanía y con la que surgieron problemas.

NO PUSO LAS FACTURAS A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES

En este contexto, la sentencia recoge que Del Olmo se adueñó de esos papeles sin el consentimiento del titular del secreto, que era la empresa. «Ni estaba en sus funciones guardarse estas copias en su despacho, ni estaba autorizado a depositarlas ante notario o a sacarlas de las oficinas de la mercantil para la que trabajaba (al menos no se han acreditado estos extremos), por lo que obtiene ilícitamente la información empresarial secreta», recoge el fallo.

Para el tribunal «basta esta conducta para estimar la violación» llevada a cabo por Del Olmo, que no encuentra «causa alguna» para ser justificada. Y lo considera así porque el extrabajador «conservó en su casa las facturas y las depositó ante notario, no las puso a disposición de las autoridades para descubrir alguna actividad ilegal».

«Lo hizo, según dice en el juicio ‘por su seguridad’, y las pone a disposición de la autoridad judicial ‘cuando se lo piden los fiscales’. Su conducta no encuentra encaje en ninguna de las circunstancias que justifican la apropiación de la información confidencial«, insiste la sentencia.

Por todo ello, Del Olmo ha sido condenado a la cesación y prohibición de nuevos actos de violación de secretos empresariales de Iberdrola, la entrega de los documentos robados y a la publicación de la sentencia de condena con al menos la misma difusión pública que tuvo la revelación ilícita objeto de la presente demandada, costeando el demandado los gastos de dicha publicación. Además, deberá abonar las costas del procedimiento.

El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación, financiará con 40 millones de euros 374 proyectos de la convocatoria 2021 de Proyectos de I+D+I para la realización de ‘Pruebas de Concepto’.

Esta nueva convocatoria tiene como finalidad fomentar y acelerar la transferencia de conocimientos y resultados generados en proyectos de investigación de otras convocatorias, en concreto, de las de proyectos de I+D de ‘Excelencia’ o de ‘Generación de Conocimiento’, de proyectos de I+D+I ‘Retos Investigación’ y de proyectos de investigación fundamental orientada.

Así, a través la propuesta de resolución provisional de esta convocatoria se financiarán 374 proyectos, seleccionados en régimen de concurrencia competitiva de un total de 954 presentados.

Se sufragará, por tanto, el 40% de los proyectos, siendo la cuantía media de 106.437 euros por proyecto aprobado. Sus beneficiarios son organismos públicos de investigación, universidades, entidades e instituciones sanitarias, Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica y centros de I+D+I.

GARANTIZAR TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

El Ministerio informa de que, las actuaciones, bajo la forma de subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado estarán financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, y serán ejecutadas en las modalidades de proyecto individual o coordinado, por equipos de investigación dirigidos por uno o dos investigadores principales.

Además, apunta que la duración de los proyectos será de dos años y la fecha de inicio del período de ejecución será el 1 de diciembre de 2021.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha explicado que esta convocatoria de nueva creación responde a la necesidad de «garantizar la transferencia de conocimiento», una «cadena vital» que, según ha señalado, «permite que los resultados científicos se conviertan, mediante procesos de innovación y posterior industrialización, en mejores productos y servicios» y que «generen bienestar y progreso a la sociedad».

El Ministerio ha informado de que está previsto que el próximo año se lance una nueva convocatoria de estas características.

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido elaborar una Ley integral de derechos de las personas mayores que les proteja en los ámbitos de salud, vivienda y económico, entre otros, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este viernes 1 de octubre.

«Es muy importante iniciar un debate para después plasmarlo en una futura ley integral de derechos de las personas mayores. Esta debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio», subrayan los sindicatos en un manifiesto que han registrado en el Congreso.

Los sindicatos UGT y CCOO comienzan el manifiesto haciendo un recuerdo para las miles de personas fallecidas por coronavirus, la mayoría de ellas mayores.

«La pandemia ha sido especialmente cruel con nuestro colectivo, sin duda el más castigado por la virulencia de la pandemia, solo en las residencias de mayores se ha producido un desastroso impacto que ha segado más de 30.000 vidas, hoy seguimos manteniendo nuestra creencia de que muchas de estas vidas se podían haber salvado», subrayan.

En este sentido, siguen «planteando la necesidad de investigar judicialmente lo ocurrido» en el colectivo de las personas mayores durante la pandemia «y la exigencia de responsabilidades de quienes debían de haber tomado las decisiones necesarias para evitar el brutal resultado provocado por la inacción o acción errónea política y sanitaria durante la pandemia en este ámbito».

DISCRIMINADAS Y EXCLUIDAS

Para CCOO y UGT, las personas mayores, a pesar de contribuir desde diferentes ámbitos al desarrollo económico y social, siguen siendo «discriminadas y excluidas de la sociedad».

«Debemos superar definitivamente el edadismo, superar prejuicios, para obtener una población más activa social y económicamente, una sociedad que se sienta protegida y que se le permita envejecer de la forma más saludable posible», subrayan.

También piden facilidades para que las personas mayores puedan cumplir su deseo de envejecer en sus casas, mejorando la accesibilidad de las viviendas –alrededor de 5 millones de edificios no cuentan con ascensor–; y asegurando la atención domiciliaria a quienes lo necesiten.

Para ello, emplazan a los asistentes sociales pertenecientes a las respectivas consejerías de servicios sociales o administraciones locales a valorar las situaciones personales y sociales de las personas usuarias, y no las empresas que actualmente prestan estos servicios.

Igualmente, subrayan la importancia de seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones y de incrementar las pensiones más bajas pues, según precisan, un 25,64% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo del nivel de pobreza relativa.

En este sentido, consideran que el último acuerdo es «muy importante» pues «se elimina el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba las subidas anuales al 0,25%, se elimina el factor de sostenibilidad, mejorando las pensiones de futuras generaciones de pensionistas y reforzando el pacto intergeneracional» y «el Estado asume los mal denominados gastos impropios de la Seguridad Social».

Asimismo, los sindicatos aseguran que se seguirán movilizando contra la pobreza energética, «pues el precio de la luz es desorbitado». Por ello, piden que se implanten medidas específicas para la población más vulnerable, ampliar y reforzar el bono social para las personas vulnerables, extender el plazo de moratoria a los cortes de luz o aplicar una tarifa más baja para un consumo mínimo vital en los primeros KWh consumidos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que la normativa gallega ha permitido ahora poner en marcha el certificado covid como requisito en el ocio nocturno y ha reprochado que el Gobierno central no legislase sobre esta materia, lo que, a su juicio, hubiese permitido a España haber implantado este pasaporte en el ámbito turístico durante el verano.

«Estamos muy satisfechos. Galicia es el único territorio de España en el que podemos usar el certificado con una sentencia del Tribunal Supremo que lo avala y que el TSXG lo concreta en relación aforos del ocio nocturno», ha subrayado, en declaraciones a los medios este viernes, el mandatario autonómico.

Para Feijóo, «es evidente que si en toda España hubiese tenido este certificado covid, si hubiese una ley que amparase el certificado como en Portugal y Francia», el conjunto del país «hubiese tenido más ingresos en la época turística».

«Si en los meses de julio y agosto hubiésemos podido usar el certificado covid en ayuntamientos con alta incidencia, es evidente que no hubiésemos tenido que tener cerrado ningún hotel, ninguna cafetería, ningún restaurante. Y hoy tendríamos muchas más divisas y más ingresos», ha aseverado, en declaraciones a los medios, en A Toxa, en donde ha participado en el foro organizado estos días en la isla de O Grove.

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR NO LEGISLAR

Feijóo ha vuelto a lamentar que el Gobierno central «decidió no legislar», frente a Galicia, que «decidió hacerlo». «Y al final, hemos obtenido el respaldo del Tribunal Supremo y esta mañana (por la de este viernes) la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en lo que se refiere a los aforos del ocio nocturno», ha destacado.

El presidente de la Xunta ha incidido en que se trata de una «muy buena medida» y que «va a permitir abrir más, incrementar los aforos» y, todo ello, dando «seguridad a las personas y a las personas que trabajan en esos lugares, a través del certificado de vacunación», porque estarán en un ambiente «seguro». «Y esto permite más aforo, más actividad económica y más seguridad», ha sentenciado.

La Abogacía del Estado ha criticado al magistrado que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por consentir un «juicio paralelo» a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y su exjefe de gabinete Camilo Villano a través de presuntas filtraciones a la prensa.

En un recurso de apelación de 29 de septiembre, los servicios jurídicos del Estado han asegurado que se está llevando a cabo «la vulneración del derecho fundamental de los investigados a un proceso con todas las garantías» a través de la «pública difusión, parcial e interesada, de diligencias sumariales» por parte de la acusación particular, ejercida por el abogado Antonio Urdiales, y «con el consentimiento o beneplácito del magistrado instructor», que «ante los hechos denunciados nada ha acordado».

Es la segunda vez que la Abogacía reclama que se investiguen presuntas filtraciones. El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ya desestimó la petición en un auto de 17 de septiembre. En aquella ocasión, rechazó la solicitud al considerar que no había elementos que demostrasen dicha práctica por parte de la acusación particular.

El magistrado entonces recordó que «el efecto expansivo de la libertad de información frente al secreto sumarial se demuestra claramente con la reforma habida en el año 2015, cuando varió la calificación de actuaciones ‘secretas’ a ‘reservadas».

La Abogacía ha calificado de «amplia y laxa» la interpretación del juez. «A nuestro juicio, ese carácter reservado no sólo obedece a proteger el buen funcionamiento del procedimiento, sino que sobre todo está vinculado a la protección de la presunción de inocencia de los investigados», han señalado los servicios jurídicos.

En este sentido, la defensa de González Laya y Villarino ha defendido que «las continuas filtraciones a la prensa, de manera parcial y tergiversada además, así como las filtraciones de vídeos con declaraciones de los investigados y testigos, constituye un inadmisible juicio paralelo que fue rechazado por la doctrina del Tribunal Constitucional».

PIDE NUEVAMENTE APARTAR A LAS ACUSACIONES

En el mismo escrito, la Abogacía ha insistido en su petición de apartar a la acusación particular y a los denunciantes de la causa o, en su defecto, reclamarles una fianza de 150.000 euros, después de que el juez lo desestimara el pasado 17 de septiembre.

Los servicios jurídicos han subrayado nuevamente que «no cabe duda» de que el escrito por el que se inicia el procedimiento es una denuncia y «ha de exigirse querella en forma y fianza».

DECLARACIÓN DE LA EXMINISTRA

El recurso presentado por la Abogacía tiene lugar en el marco de la citación como investigada de la exministra González Laya, quien deberá acudir presencialmente el lunes 4 de octubre a las 13.00 horas al juzgado de Zaragoza.

El juez rechazó la petición de la defensa para que la extitular de Exteriores compareciera vía vídeoconferencia al considerar que la solicitud se basó en una «alusión genérica a los compromisos profesionales» de la exministra «sin una mínima acreditación», según consta en el auto de 29 de septiembre.

El PP quiere que la comisión del Congreso que investiga el caso ‘Kitchen’ cite a comparecer al ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al cofundador del partido morado Juan Carlos Monedero y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros.

Así consta en el listado registrado por los de Pablo Casado en el Congreso que se discutirá el próximo 5 de octubre junto con el resto de comparecencias planteadas por los grupos para la que se prevé sea la última tanda de interrogatorios de este órgano.

En el escrito que ha presentado, el PP repite algunos de los nombres que ya planteó en enero, cuando arrancó la comisión y que no salieron adelante.

ELIZO Y MÁS ABOGADOS DE PODEMOS

Este es el caso de Iglesias, la vicepresidenta tercera del Congreso y en su momento responsable el equipo jurídico de Podemos, Gloria Elizo, y el abogado del partido José Manuel Calvente. Ahora añade a la también ex letrada de la organización Marta Flor.

Reclama la presencia de todos ellos para conocer con detalle la naturaleza de la relación del gabinete jurídico del partido con la fiscalía Anticorrupción responsable del caso ‘Tándem’ y de la «pieza separa número siete», incidiendo en que «es coincidente con el objeto de los trabajos» de la comisión de investigación.

Además, recalca que Monedero e Iglesias han de ser interrogados porque, según las anotaciones de la agenda del ex comisario José Manuel Villarejo, el primero se reunió dos veces con él y habría solicitado su ayuda para «recuperar el dinero ingresado por Venezuela en cuentas de un país africano». También quiere que se indague sobre la cita que Iglesías habría pedido con el ex comisario.

VÍNCULOS DE PODEMOS Y PSOE CON VILLAREJO

En el listado de los ‘populares’ se incluye también al máximo responsable de la prisión madrileña de Estremera entre 2017 y 2021, periodo en el que estuvo interno Villarejo, para que desvele «quiénes fueron los emisarios del PSOE y Unidas Podemos» que visitaron al ex policía para «ofrecerle beneficios penitenciarios a cambio de declarar contra el PP», como, subrayan, reconoció el propio Villarejo en sede parlamentaria.

Además, el primer partido de la oposición defiende llamar a la ministra Robles en su condición de ex secretaria de Estado de Seguridad en los años 90 cuando redactó la norma que desde entonces regula el uso de los fondos reservados, pero también para preguntarle por el papel jugado por Villarejo en las décadas en las que prestó servicio en Interior.

Los ‘populares’ aducen que el propio ex comisario sostiene que con quien ganó «pasta de verdad» fue con el PSOE y exige citar a Robles para que detalle la relación del policía con las cúpulas del ministerio durante los gobiernos socialistas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (MAUEC), las comunidades y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han acordado la puesta en marcha de un Marco de Consultas Ciudadanas sobre el Futuro de Europa en todo el país.

El ejercicio, según ha explicado Exteriores en un comunicado, seenmarca dentro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que ya está en curso, y su objetivo es que el debate alcance el conjunto del territorio nacional y reforzar la voz de los españoles en dicha conferencia.

El marco acordado pretende fomentar el debate y la participaciónciudadana en todo el territorio español, colaborando de forma intensa con las comunidades y ciudades autónomas, así como con las entidades locales, a través de la FEMP.

En este sentido, a partir de este mes, Exteriores apoyará la celebración de cuatro actos con el objetivo de recabar las inquietudes y las expectativas de los ciudadanos. En ellos se abordará el papel de las regiones en la gobernanza europea, el pacto intergeneracional, el estatuto de la ciudadanía europea o la UE en un contexto de rivalidad geopolítica.

Asimismo, según precisa el comunicado, está prevista la celebración de dos eventos binacionales con Portugal y Países Bajos. A nivel autonómico, se organizarán en los próximos meses 16 eventos que tratarán entre otros asuntos los retos de las regiones de montaña, la despoblación, la cooperación transfronteriza, Europa y la salud, las relaciones UE-América Latina o la nueva Bauhaus europea.

Por su parte, a nivel local, la FEMP organizará un evento sobre el rol de los gobierno locales en la UE y las posibilidades de reforzar su papel.

Las conclusiones a las que se llegue en estos eventos serán propuestas breves que se verterán en la Plataforma Digital europea creada para la Conferencia, ha precisado Exteriores.

Además, se redactará un documento conjunto donde se tomen en cuenta las aportaciones realizadas. Dicho documento se tendrá en cuenta en el proceso de reflexión acerca de las prioridades de la Presidencia Española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

El secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González-Barba, ha destacado que «la Conferencia es una gran oportunidad para España, especialmente, con la vista puesta en la Presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 ya que en ese periodo muchas de las propuestas que partan de la Conferencia podrían ser puestas en marcha».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el comisario europeo Virginijus Sinkevicius, además de ministros de otros países, científicos y expertos conmemorarán este sábado y el próximo lunes el 30 aniversario de la firma del Protocolo de Madrid al Tratado Antártico en 1991, un hito la gobernanza medioambiental ya que se declaró la protección integral de todo el continente antártico frente a la explotación.

Antes del lunes, este sábado en el Museo Arqueológico de Madrid se desarrollarán diálogos de alto nivel que debatirán sobre los retos que enfrenta el continente blanco en la actualidad y asimismo tendrá lugar una reunión ministerial en la que los países firmantes del Tratado podrían comprometerse a adoptar nuevas medidas innovadoras para los próximos 30 años en la Antártida.

Asimismo, en el evento se hará entrega al Gobierno una petición firmada por 1,5 millones de personas de todo el mundo que insta a los líderes mundiales que refuercen de forma sustancial la protección de las aguas de la Antártida.

La iniciativa fue promovida por las ONG Coalición para la Antártida y el Océano Austral (ASOC), Avaaz, Blue Nature Alliance, Ocean Unite, OnlyOne, SeaLegacy, The Pew Charitable Trusts y We Move Europe.

La directora ejecutiva de la Coalición para la Antártida y el Océano Austral, Claire Christian, ha destacado que el encuentro supone una «ocasión única» para poner en su lugar adecuado el Tratado como «símbolo del multilateralismo y la buena gobernanza» y para mostrarle al mundo que la acción multilateral «vuelve a ser urgentemente necesaria, ahora que el cambio climático se está acelerando y constituye una amenaza para este delicado espacio natural».

El lunes, 4 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, inaugurará la jornada de conmemoración ‘Antártida: Presente y futuro’, organizada por el propio MITECO.

Al evento asistirá también el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius que mantendrá un diálogo con Sánchez y Ribera.

Además, de forma telemática participarán la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, así como el enviado especial del presidente Biden para el Clima, John Kerry.

El evento culminará con la celebración de un diálogo ministerial sobre el futuro de la protección del proyecto antártico en el que se adoptará la ‘Declaración de Madrid’.

La Antártida es responsable del 20 por ciento de la reducción global del CO2 atmosférico pero su ecosistema está cambiando de forma acelerada a consecuencia del impacto del cambio climático. El MITECO recuerda que el océano austral que rodea la Antártida es uno de los ecosistemas marinos menos alterados de la Tierra, pero cada vez sufre más presiones antropogénicas como la contaminación, la pesca ilegal, la acidificación y las especies exóticas invasoras.

El Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente (también conocido como Protocolo de Madrid), firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991, supuso un paso adelante para proteger el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, y reforzó el Sistema del Tratado Antártico, al designar la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia.

La Conferencia organizada por España servirá para revisar los logros alcanzados en las últimas tres décadas pero también para analizar nuevas medidas concretas como establecer nuevas áreas marinas protegidas.

Según informa el Ministerio, después de la conmemoración se celebrará una ronda ministerial de los Estados Parte del Tratado Antártico y del Protocolo de Madrid y se renovará el compromiso con la protección y la conservación del enclave a través de la ‘Declaración de Madrid’.

Dicha declaración busca expresar el compromiso de proteger la biodiversidad de este área singular del planeta de cara a la celebración de la COP15 del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y a la 40ª reunión anual de la CCRVMA.

Por su parte, las organizaciones alertan de que la Antártida se está transformando profundamente por la crisis climática, ya que el hielo se derrite y las temperaturas allí están aumentando de manera más rápida que en cualquier otro lugar de la Tierra.

El continente antártico ha sido protegido de la explotación, pero no así las aguas que la circundan, que siguen abiertas a la pesca comercial y que se ha expandido en las últimas décadas.

La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, por sus siglas en inglés), un organismo dependiente del Tratado Antártico, que regula la pesca y es responsable de la conservación de la vida marina del continente blanco, contempla la designación de tres nuevas áreas protegidas a gran escala en el mar de Weddell, la Antártida oriental y la península Antártica, lo que ayudaría a estas zonas a adaptarse y reforzar su resiliencia ante los cambios inéditos que están sufriendo los ecosistemas marinos debido a la crisis climática.

De aprobarse esa protección adicional, según estima este organismo se podría salvaguardar casi 4 millones de kilómetros cuadrados más del océano de las actividades humanas para crear un refugio seguro para la fauna de la zona, como ballenas, focas y pingüinos, y un 1 por ciento más del océano mundial.

Todos los miembros del CCAMLR, incluidos los países europeos (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia) y la Unión Europea respaldan la creación de estas nuevas áreas, a excepción de Rusia y China.

Por ello, el presidente del Foro París sobre la Paz y copresidente del Grupo de Campeones Antártica 2020, Pascal Lamy, considera que «los líderes reunidos en Madrid, incluida España, deben acordar utilizar todo su peso diplomático para que Rusia y China se sumen a esta histórica acción por la biodiversidad y el clima este año».

Por su parte, la directora general del Instituto Jacques Delors de Europa y copresidenta del Grupo de Campeones de Antarctica2020, Geniève Pons, urge a «actuar ya» para proteger el océano de la Antártida. «Esta región no puede permitirse otro año de inacción», ha afirmado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha lamentado que el Rey Felipe VI no haya respondido a su carta en la que solicitaba disculpas por los abusos cometidos durante la «colonización» y que, en cambio, esta petición haya desatado una «campaña de insultos» en España.

López Obrador ha lanzado un alegato en favor del perdón aprovechando su rueda de prensa diaria, en la que ha sido interrogado directamente por las recientes alusiones del expresidente del Gobierno José María Aznar en contra de cualquier disculpa a México.

«Amor y paz», ha respondido el mandatario mexicano, que aunque ha dicho no querer «polemizar» sí ha apuntado que «es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe». México, ha añadido, no está dispuesto a «olvidar», pero sí a «perdonar».

López Obrador ha recordado que ya solicitó esta disculpa por carta a Felipe VI, en marzo de 2019, con vistas a iniciar «una nueva etapa de reconciliación». En esta misiva, instaba a que «el Estado español admita su responsabilidad histórica» por las ofensas cometidas durante la conquista y «ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan».

«No me contestaron», ha declarado ante los medios, para acto seguido lamentar que haya surgido «una campaña de insultos», sin aludir directamente a ninguna respuesta concreta.

Esta supuesta campaña esgrimía «que no debían pedirnos perdón, que vinieron a civilizarnos», ha agregado López Obrador, quien ha comparado esta falta de respuesta por parte de las autoridades españolas con el perdón que sí ha ofrecido el Papa Francisco por los «abusos» cometidos durante la «colonización», sobre todo vinculados a los pueblos indígenas.

El presidente de México ha admitido también que, en su respuesta, el Papa reconoce que hubo «luces y sombras», que es necesario reconocer ciertas «aportaciones» de la Iglesia para no tener «posturas maniqueas» sobre este espinoso asunto.

«El Papa es muy cuidadoso y no tiene la intención de polarizar o de manifestarse en contra de la decisión que tomaron en España las autoridades monárquicas», ha esgrimido en su comparecencia, en la que ha subrayado que cualquier «diferencia» con España será siempre con las autoridades y no con el pueblo «trabajador, honesto».

El novelista y guionista alemán David Safier ha asegurado este viernes que hay cosas de España que irritan a veces cuando se leen en Alemania, porque no se puede entender muy bien. «Por ejemplo todo el conflicto relacionado con Cataluña, siempre aparece en los medios alemanes, pero realmente nadie logra entenderlo», ha afirmado durante la presentación en Madrid de su nueva novela ‘Miss Merkel: El caso de la canciller jubilada’ (Seix Barral), en la que imagina la vida de jubilada de la política alemana

Al autor le encanta España y considera a los ciudadanos como «bastantes sosegados» con un temperamento que le gusta. Sin embargo, ha matizado que «si se ve a España desde la distancia, y se lee los artículos de prensa, pues uno observa que en España el populismo está subiendo»

Por otro lado, ha señalado que le parece interesante que en su ciudad de origen cada vez escucha más español. «Parece que hay más interés en los españoles por Alemania, que a la inversa», ha asegurado.

«ECHAREMOS DE MENOS A MERKEL»

Respecto a la actual situación en Alemania, David Safier ha asegurado que saben que «en Alemania no va a haber un populista gobernando. «Cuando hagamos una retrospectiva, echaremos de menos muchas cosas de la época de Angela Merkel, como su estilo de hacer política. Pero también echaremos de menos el hecho de que Alemania ha vivido muy bien a lo largo de los últimos años», ha asegurado para definir la forma de hacer política de Merkel como «totalmente diferente, para nada comparable con Donald Trump o Boris Johnson».

«Nosotros vamos a tener en breve un nuevo gobierno, desde luego favorable a Europa y, probablemente, Alemania sea de los países que más se beneficie de la Unión Europea. Cada vez se ve más que Alemania tiene que apoyar más a otros países, eso se ha hecho especialmente evidente en la crisis del Covid», ha sentenciado.

Asimismo, el novelista espera que Alemania en materia climática sea capaz de «introducir una serie de estándares» dentro de los próximos años.

MERKEL COMO PROTAGONISTA

‘Miss Merkel: El caso de la canciller jubilada’ relata la historia de la «supuesta» vida tras la jubilación de la excanciller. Retirándose al campo con su esposo y su perrito ‘Putin’, Merkel se encuentra con un problema que decide resolver. «Nosotros en Alemania llevamos rodeados desde hace mucho de Angela Merkel, nos rodea como nos rodea el tiempo, mis hijos no han conocido a otra canciller a lo largo de toda su vida. De ella sabemos muy poco en el plano privado. Lo que sí sabemos es que tiene miedo a los perros, sabemos que le encanta cocinar, la repostería y que le encanta también la región de Uckermark», ha señalado Safier.

«La idea surge hablando con mi agente en 2009 sobre Angela Merkel, y nos preguntamos ¿Que hará la canciller una vez esté jubilada?, y dijimos que va a desaparecer del foco mediático, que no iba a seguir en política, y también estamos convencidos de que no va a aceptar un puesto en una empresa. Y por la noche viendo una serie del inspector Colombo hice click», ha relatado.

El autor ha desvelado que su editorial envió una copia y que recibió una carta de vuelta en la que dice: «la canciller Angela Merkel ha recibido su libro y se ha alegrado mucho de ello». Pero ha subrayado que no cree que lo haya leído porque se lo envió hace 30 semanas, cuando estaban «muy metidos en una grave situación del coronavirus», y asegura que confía en que lo lea una vez que se jubile.

A su vez, ha afirmado que le encantó tanto escribir sobre estas figuras que cuando finalizó con la primera, comenzó a escribir la segunda entrega, «sin saber cómo iba a funcionar la primera».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este viernes, durante su intervención en el Foro La Toja, la necesidad de alcanzar grandes «acuerdos de Estado» a medio y largo plazo para afrontar los desafíos que presenta el futuro tras la pandemia y que, a su juicio, son la «transición ecológica, la digitalización de la economía, el cambio de modelo energético, y la actualización del modelo educativo».

Para ello, Sánchez ha avisado de que hace falta «contar con el concurso de todos», pensar «en el medio y largo plazo» y «movilizar los recursos necesarios para lograr» esos objetivos. A este respecto, ha señalado que es imprescindible una «fiscalidad justa» para consolidar el Estado del Bienestar.

El presidente ha aprovechado su intervención en el Foro La Toja para hacer un repaso de las medidas que está impulsando el Gobierno para salir de la crisis del coronavirus y para reclamar al resto de partidos e instituciones «unidad» y colaboración a la hora de afrontar reformas ineludibles que, a su juicio, solo se van a poder completar» si se asumen como «proyectos de país».

MERCADO LABORAL, PENSIONES, DESPOBLACIÓN Y EDUCACIÓN

Es el caso, según Sánchez, de la necesidad de reformar el mercado laboral, garantizar un sistema de pensiones «justo y sostenible», revertir el despoblamiento rural o impulsar una formación puntera. Todas estas reformas se enmarcan dentro de esos cuatro «acuerdos de Estado» que ha reclamado, y que trascienden, a su juicio, a «la acción de un Gobierno o un partido». «Van a afectar a distintas generaciones e instituciones», ha avisado.

«Cuanto mayor sea la unidad entre nosotros, entre nuestros territorios, actores económicos y sociales, más sólidos y duraderos serán nuestros éxitos como país, que es la meta que compartimos, con independencia de a quién votemos», ha reclamado.

REIVINDICA LA SOCIALDEMOCRACIA COMO LA RESPUESTA CORRECTA A LA CRISIS

Eso sí, ha aprovechado para reivindicar el triunfo reciente de los socialdemócratas en Noruega, Alemania o las municipales en Portugal, asegurando que esto demuestra, a su parecer, que sus recetas son las adecuadas para salir de la crisis generada por la pandemia, y así lo están entendiendo la ciudadanía.

«En muchas naciones del mundo, las sociedades están hablando y lo hacen en una dirección clara, con un lenguaje esencial de la democracia, que es el poder del voto», ha afirmado. «Existe un rechazo hacia el modelo de la recuperación de la crisis anterior, que fue lento y muy injusto», ha sentenciado.

En este sentido, ha asegurado que «la ciudadanía está diciendo» que hay que apostar por «un modelo contrario de recuperación justa, combinando crecimiento con cohesión social y territorial», y sostenido «por un Estado robusto».

FISCALIDAD JUSTA E INSTITUCIONES FUERTES

Ello pasa, según Sánchez, por luchar contra la desigualdad y la exclusión social, por ejemplo, con una fiscalidad justa para poder sufragar servicios públicos de calidad, pero también, garantizando la existencia de unas instituciones fuertes. A este respecto, ha vuelto a exigir al PP que acepte pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales con mandato caducado.

«Debilitar y denigrar las instituciones lo que trae es una rebaja drástica de la capacidad del Estado para afrontar situaciones de adversidad», ha advertido.