La líder de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que la Constitución requiere una reforma profunda que garantice, en referencia a la monarquía, que la «Jefatura del Estado no constituye un espacio privilegiado de impunidad para actos ilícitos o directamente ilegales».
También ha trasladado que aspiran a hacer posible, dentro de unos años, a crear empresas públicas en sectores estratégicos como en el sector de las telecomunicaciones, que evite que los datos de la ciudadanía estén en manos privadas y pasen a una «nube» digital «pública y protegida».
Durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, la ministra de Derechos Sociales ha destacado que su formación debe liderar nuevos cambios en el país, para lo cual el espacio confederal debe aspirar a ser mayoritario.
En este sentido, uno de los retos del futuro que ha citado es reconocer que a la Constitución le hace falta «más que meros cambios cosméticos», pues necesita una reforma que incorpore los nuevos consensos «ecologistas» y «feministas».
Por ello, ha exhortado a trabajar para crear, a través de la reforma de la carta magna, un «nuevo sistema verdaderamente democrático que garantice que todos son iguales ante la ley».
«Y que la Jefatura del Estado no constituye un espacio privilegiado de impunidad para actos ilícitos o directamente ilegales», ha lanzado en referencia velada a la investigación de presuntas irregularidades del rey emérito Juan Carlos I.
RECIENTES CRÍTICAS A LA MONARQUÍA
La propia Belarra dijo en un reciente acto en Málaga que la monarquía se ha convertido en el «mejor» y «más perfecto mecanismo para la corrupción», dado que la existencia de propia institución podría volver a propiciar casos como las supuestas irregularidades del rey emérito Juan Carlos I.
«El problema no es quien ostente el cargo, quien sea rey, sino que cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo Juan Carlos I. Ese es el problema compañeros», proclamó entonces.
A su vez, ha insistido en acometer durante el año que viene una profunda revisión de la política fiscal y ha marcado como objetivo la creación de empresas públicas en sectores estratégicos, como la energía, la industria farmacéutica o el mencionado caso de las telecomunicaciones.
