La secretaria general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), María José Catalá, ha pedido al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, que habilite puntos para realizar test de antígenos y PCR gratuitas sin cita previa y le ha instado a reforzar la atención primaria, que está «al borde del colapso».

Así ha reaccionado Catalá a la entrevista del ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, este sábado en la Cadena SER, en la que el dirigente autonómico descartó que se vayan a aplicar en la Comunitat Valenciana las restricciones «duras» que se implementaron hace ahora un año, ya que a día de hoy «no estamos en las mismas condiciones».

Catalá se ha mostrado «decepcionada» tras las declaraciones de Puig y ha lamentado que, «más allá de meras intenciones buenistas y palabras huecas, no escuchamos ninguna propuesta ni acción ante el momento tan complicado que vive la Comunitat Valenciana». Para la ‘popular’, «no puede ser que el ‘president’ no reaccione ante las colas que estamos viviendo en los centros de salud o en las farmacias para conseguir un test».

Por otra parte, ha calificado de «muy preocupante» la postura del ‘president’ sobre su satisfacción con la reforma de la financiación, que este viernes valoró que el Gobierno de España «ha hecho lo que exigíamos los valencianos, que es presentar la propuesta y plantear un calendario».

Al respecto, la dirigente del PPCV ha considerado que el esqueleto que ha presentado el Gobierno «es una tomadura de pelo para los valencianos donde salimos perdiendo».

En esta línea, ha urgido a Puig a «abandonar ya esa actitud conformista y levantar la voz para que las exigencias de los valencianos se escuchen en Madrid y se acabe de una vez la infrafinanciación que vivimos y que lastra nuestro sistema de bienestar».

LA REUNIÓN CON LA MINISTRA SÁNCHEZ SERVIRÁ «DE POCO»

Puig anunció también que se reunirá el próximo martes 28 de diciembre con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para abordar el «hartazgo» ante la situación de las Cercanías valencianas. Sobre este asunto, Catalá ha considerado que se trata de una «patada adelante».

La secretaria general del PPCV cree que este encuentro servirá «de poco» y ha defendido que lo que tiene que hacer el Gobierno es aumentar la plantilla de maquinistas «de manera inmediata». Además, ha criticado que las Cercanías «fueron uno de los grandes anuncios reciclados del Debate de Política General, y ahora, tres meses después, se anuncia una reunión».

«Los valencianos estamos cansados de un ‘president’ con poco peso y autoridad en Madrid y del que solo escuchamos buenas intenciones, pero nada más. Estamos ninguneados en materia de financiación, agua y Cercanías y no vemos a Puig con suficiente vigor y fuerza para resolver estos problemas», ha concluido.

La Policía Local de Sevilla ha identificado a la persona que publicó el primer vídeo sobre la celebración no autorizada con bengalas realizada en la Plaza de España durante la madrugada del 24 de diciembre, cuando un grupo de hinchas del Real Betis conocido como ‘United Family’ conmemoraba su décimo aniversario.

Tras la detección en Twitter de la publicación del vídeo, agentes de la Policía Local especializados en rastreo de redes sociales mediante técnicas Osint comenzaron el acopio de fuentes de información necesarias para acotar la autoría de esa publicación, según ha explicado Emergencias Sevilla en sus redes sociales.

El teniente alcalde Delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ha expresado su «repulsa por este tipo de concentraciones en uno de los principales entornos monumentales de Sevilla con la utilización de abundante material pirotécnico que, además de las molestias generadas, pone en riesgo el patrimonio cultural».

«Es por ello por lo que encargué a la Policía Local que se pusiese manos a la obra para identificar a quienes estaban detrás de tal aberración», ha manifestado.

A media tarde del día 25, los agentes ya contaban con la certeza de la identidad del presunto autor que había lanzado esa publicación en la tarde del día 24.

A primera hora de este domingo 26, agentes de la Policía Local se han personado en el domicilio del investigado, en la capital hispalense, al objeto de identificarle e informarle de la instrucción de diligencias al respecto, por si las autoridades competentes estimasen conveniente la reclamación de algún tipo de responsabilidad o indemnización por daños causados a este monumento. El investigado, un joven sevillano, de 27 años de edad, se ha mostrado colaborador en todo momento.

La Plaza de España de Sevilla ha sido elegido el segundo mejor lugar de interés del mundo y el primero a nivel europeo y nacional, según los Premios ‘Travellers’ Choice 2018′. La Ciudad de Sevilla aspira a la inclusión de este monumento en la lista de enclaves declarados como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

De las primeras pesquisas se desprende que esta celebración conmemoraba el 10º aniversario del grupo de hinchas del Real Betis Balompié conocido como ‘United Family’, creado en 2011 como una escisión del histórico grupo ‘Supporters Gol Sur’ fundado en 1987.

Se trata de una celebración idéntica a la realizada en el Paseo Marqués del Contadero en junio de 2020, durante la época de pandemia por Covid-19.

La alcaldesa accidental de Sevilla, Sonia Gaya, ha felicitado a los agentes encargados de la investigación por la celeridad en su trabajo y ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento con el resto de administraciones para esclarecer lo ocurrido.

La Policía Local pondrá a disposición de la Subdelegación del Gobierno, Capitanía General y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la información disponible para la posible incoación de los procedimientos que corresponda en su ámbito de competencias.

Por su parte, Policía Local traspasará las diligencias a la Unidad de Policía Turística de la Policía Local para la continuación de las actuaciones oportunas.

La presidenta del Comité Electoral del PP, Belén Hoyo, ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté «de vacaciones pagadas» ante la situación «crítica» sanitaria y económica de España debido al incremento de contagios y la incidencia de coronavirus, la irrupción de la variante Ómicron o la subida del precio de la luz, entre otras cuestiones.

Hoyo, en declaraciones a los medios este domingo en la playa de Gandia (Valencia), ha expresado la «injusticia» que, a juicio de los ‘populares’, supone esta situación y ha enviado un mensaje de «ánimo y solidaridad» a las personas que estos días se encuentran confinadas o ingresadas a causa de la covid. «Son muchos los que no han podido reunirse con sus familiares y seres queridos», ha manifestado.

La dirigente del PP ha alertado de la situación «crítica» que atraviesa España a nivel sanitario y económico y ha lamentado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «le falta ambición por liderar un país que tiene que ser referente».

Así, ha asegurado que, frente a la «cercanía con los problemas reales de la gente» que el rey Felipe VI «volvió a demostrar» en su mensaje navideño el pasado viernes, el presidente Pedro Sánchez es un «negacionista de la realidad de España». «Y contra esto no hay ninguna vacuna posible», ha añadido.

Hoyo ha remarcado la importancia del sector turístico como «pilar fundamental» para la Comunitat Valenciana y para España, donde «generaba antes de la pandemia el 13 por ciento del empleo y constituía el 12% del PIB», al tiempo que ha acusado al Gobierno de ser «inútil para resolver los problemas de los ciudadanos».

«ESTÓMAGO FISCAL INSACIABLE» DE SÁNCHEZ Y PUIG

En este sentido, ha expresado el rechazo del PP a las tasas turísticas, que tienen «afán recaudatorio» y que son muestra del «estómago fiscal insaciable» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. «Es importante que crezca la demanda y, para poder hacer competitivo al turismo, desde luego lo que no se pueden crear son nuevas figuras fiscales», ha defendido.

Para ello, ha asegurado que es «fundamental» que cambie el Gobierno porque España necesita un Ejecutivo que «sea consciente de las necesidades de la gente». «Tenemos un Gobierno que no solo está dejando en la estacada al sector servicios, sino que también lo está pasando muy mal la agricultura y la industria. Tenemos los tres sectores prácticamente ahogados por impuestos», ha alertado.

En esta línea, ha tachado la «enorme subida» del precio de la luz, que «se ha convertido en un lujo», algo que «no puede ser». «El Gobierno es una barrera para nuestra economía, y lo que tienen que hacer, si no saben, es irse», ha considerado.

Finalmente, se ha preguntado «quién va a asumir» en el Gobierno la «irresponsabilidad» del «incumplimiento» de la promesa de Sánchez de equiparar la factura de la luz a los niveles de 2018, «a cinco días de que termine» el año.

«El Gobierno está en el camino equivocado», ha insistido Hoyo, quien ha insistido en la necesidad de «dar respuestas», como las que propone el PP, como la eliminación del impuesto a la generación, la reducción del IVA al 4% o que el Gobierno «asuma todos los costes de la factura de la luz que no tengan que ver con la electricidad».

Los servicios de emergencias han reanudado esta mañana el dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire de los dos bañistas desaparecidos desde el pasado viernes en la costa de El Hierro, uno de ellos menor de edad, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

En el dispositivo están interviniendo un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, dos embarcaciones de Salvamento Marítimo, personal del Grupo de Intervención de Emergencias del Cabildo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

La primera alerta se produjo el viernes sobre las 11.50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió un aviso de la base del helicóptero del GES en El Hierro informando que varias personas habían acudido a pedir ayuda porque un menor había desaparecido en el mar en el Charco de los Sargos, en Frontera.

Activados los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona, hasta el lugar se desplazaron el helicóptero del GES, personal del Cecopin y del Grupo de Intervención de Emergencias del Cabildo, una embarcación y el helimer de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y una ambulancia del SUC.

Al mismo tiempo que se buscaba al menor desaparecido, sobre las 15.45 horas la sala operativa del 1-1-2 recibió otra alerta informando de una persona en apuros en el mar en el Charco Manso, en la zona de Echedo, en Valverde, por lo que parte de los recursos de emergencia ya activados acudieron al lugar.

La Guardia Civil confirmó que al final había dos personas en apuros en el mar, si bien una de ellas logró salir por sus propios medios. Se trata de un varón de 51 años que fue asistido por personal sanitario del SUC al sufrir un ahogamiento incompleto y presentar múltiples erosiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Ntra. Sra. de los Reyes.

La búsqueda prosiguió durante todo el día de ayer sin éxito por parte del helicóptero del GES, Policía Local, Salvamento Marítimo, Ayuda en Emergencias Anaga (AEA), Protección Civil, el Grupo de Intervención de Emergencias del Cabildo y buceadores de la Guardia Civil, y se ha reanudado esta mañana.

PSOE y Unidas Podemos quieren introducir por primera vez en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género el término ‘violencia vicaria’, es decir, aquella violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados de las víctimas. Ambas formaciones justifican esta y otras modificaciones de la norma en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Para ello, han registrado una enmienda parcial conjunta al proyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, en trámite parlamentario en el Congreso, con una nueva disposición final que modifica varios artículos de la Ley Integral contra la Violencia de Género, e introduce en tres de ellos el término ‘violencia vicaria’, por ejemplo para garantizar que, dentro de la asistencia social, haya profesionales de la psicología infantil para la atención a hijos de víctimas de violencia de género, «incluida la violencia vicaria».

El concepto de dañar a una mujer a través de la violencia contra sus seres queridos y especialmente sus hijos, ya aparecía recogido en la ley contra la violencia de género pero no se utilizaba el término ‘violencia vicaria’.

En concreto, en su redacción actual, la norma dice que la violencia de género «también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad» por parte de «quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad».

EL CASO DE ANNA Y OLIVIA

La enmienda de PSOE y Unidas Podemos introduce ahora esta expresión acuñada en 2012 por la psicóloga Sonia Vaccaro y que ha calado en la población española, sobre todo, desde el asesinato de Olivia y Anna, las menores que desaparecieron en Tenerife el pasado mes de abril después de que su padre, Tomás Gimeno, dijera a su expareja y madre de las niñas que nunca las volvería a ver. Tras varias semanas de búsqueda, fue encontrado el cadáver de una de las pequeñas en el fondo del océano.

Ahora, PSOE y Unidas Podemos proponen con su enmienda que jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reciban unos cursos específicos sobre igualdad y violencia de género, teniendo en cuenta «la violencia vicaria». También plantean que los protocolos de los servicios forenses para actuar en casos de violencia de género presten atención a este tipo de violencia.

Por su parte, Unidas Podemos ha registrado una enmienda en solitario que modifica el el objeto de la Ley y, entre otros aspectos, señala que la violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados de las víctimas, ya recogida en la norma, es «violencia vicaria».

Unidas Podemos y el PSOE han presentado un total de 28 enmiendas conjuntas para hacer efectivo el dictamen del Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por los grupos políticos de Congreso y Senado el pasado 25N, de forma que las medidas acordadas queden blindadas en el ordenamiento jurídico, según informaron esta semana ambas formaciones.

Así, señalaron que las enmiendas registradas relativas al Pacto de Estado contra la violencia de género van encaminadas a garantizar su financiación, mejorar la cooperación institucional o incluir la financiación de entidades feministas, tal y como acordaron los grupos en la renovación del dictamen del Pacto.

El vicesecretario general del Partido Popular de Andalucía, Toni Martín, ha denunciado este domingo las «trampas» del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que «sigue intentando convencernos de que dentro de cinco días pagaremos la luz al mismo precio que en 2018, mientras nuestras facturas siguen disparadas hacia el infinito».

El dirigente popular ha acusado a Sánchez de «jugar con una situación de vulnerabilidad» ante el problema que supone para muchas familias hacer frente al pago de la factura de electricidad, y ha advertido de que a pesar de sus «estrategias de tahúr fullero y embaucador» el presidente del Gobierno «incumplirá su promesa», según ha señalado este partido por medio de una nota.

Martín ha criticado que Sánchez eche mano de «trampas contables» para justificarse, como tomar como referencia el año 2018, que fue el más caro de historia en España, exceptuando el año en curso.

En segundo lugar, ha advertido de que el Gobierno incluye para el cálculo el recibo que pagan todos los usuarios, tanto los de la tarifa regulada, unos diez millones de hogares «que ven multiplicarse mensualmente el recibo», como aquéllos que están en el mercado libre con una tarifa fija al mes, a quienes no afecta la subida del precio del megavatio hora (MW).

«Meterlos todos juntos y sacar la media es otra trampa», ha indicado Martín, quien además ha manifestado que Sánchez también «trampea» cuando al hacer las cuentas elimina la subida del IPC desde 2018.

El vicesecretario general del PP-A ha dicho que aunque se diese una bajada drástica del precio de la electricidad durante estos días seguiríamos pagando más de lo que lo hicimos en 2018.

«Tendrían que devolvernos dinero para que cumpliese su promesa», ha ironizado.

Toni Martín ha dicho que su deseo para 2022, «como el de muchos españoles», es que «sea el año del fin del Gobierno de las mentiras en España».

El vicesecretario general del PP de Andalucía ha afirmado que ese «modelo de la mentira» de Pedro Sánchez es «denostado por los españoles y los andaluces» y que en Andalucía, por el contrario, «tenemos un gobierno que siempre dice la verdad», como demuestran, ha señalado, las bajadas de impuestos o el crecimiento económico, «lo que es muy valorado por los andaluces», ha concluido.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 37 años de edad, como presunto autor de un delito de lesiones y daños, supuestamente tras confundir a dos jóvenes como ladronas y agredir a una de ellas, fracturando un terminal de alta gama propiedad de una de las víctimas, en Palma.

Según ha informado la Policía Nacional este domingo a los medios de comunicación, los hechos se produjeron el pasado 24 de diciembre sobre la 01.00 en el barrio de Coll d’en Rabassa, en Palma.

Varias patrullas fueron comisionadas por la sala del 091 para que se dirigieran a una calle del barrio donde se estaba produciendo una pelea en la vía pública y varios viandantes habían separado a los contendientes.

Los agentes recabaron información y se entrevistaron con una chica joven, quien presentaba una herida sangrante en la parte trasera de la cabeza y estaba acompañada de otra joven. Ambas chicas explicaron que mientras estaban cargando el teléfono móvil en un enchufe de un local que tenía la barrera abierta, un hombre les acusó de estar robando.

Las jóvenes manifestaron, en ese momento, al varón que estaba equivocado, pero este las siguió increpando, iniciándose, entonces, una discusión. Una de ellas al ver cómo el hombre estaba cada vez más agresivo sacó su teléfono móvil y se puso a grabar.

Al percatarse el hombre de que le estaban grabando se abalanzó sobre la joven, arrebatándole el teléfono de alta gama con violencia y con el terminal en la mano agredió a la chica propinándole un fuerte golpe en la cabeza, produciéndole una herida, para finalmente tirar el teléfono contra el suelo y fracturarlo.

Los policías vieron el terminal fracturado y solicitaron una ambulancia que trasladó a la víctima al hospital de Son Espases para una mejor asistencia, ya que requirió puntos de sutura.

Posteriormente, los agentes se entrevistaron con el hombre que manifestó que vio a las chicas agachadas y pensó que estaban robando en un local, por lo que les llamó la atención, produciéndose un forcejeo, sufriendo la rotura de la camiseta y un arañazo, saliendo en su auxilio un familiar para separarles, a quien una de las jóvenes le tiró del pelo.

En vista de los hechos los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de lesiones y daños.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tratará de que se cumpla lo de ‘a la tercera va la vencida’ allanando el potencial acuerdo presupuestario con el Grupo Mixto, constituido por los cuatro ediles escindidos de Más Madrid y reunidos en la estrategia Recupera Madrid.

Es este lunes a las 16 horas cuando está convocada la comisión extraordinaria de Hacienda, donde se buscará la aprobación del dictamen, a elevar al Pleno, de las ordenanzas fiscales y del presupuesto de 2022.

La comisión fue convocada inicialmente el pasado martes, 21 de diciembre, suspendida in extremis, a minutos de comenzar, mientras continuaban las negociaciones entre el Mixto y el Gobierno municipal. Quedaba aplazada para el pasado jueves, 23 de diciembre y, de nuevo, se aplazó. La siguiente intentona será este lunes.

La negociación presupuestaria del Grupo Mixto con el Gobierno municipal ha ido «relativamente bien», según trasladaron fuentes de Recupera Madrid.

Por su parte, la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, afirmaba que «es importante el ejercicio de generosidad para buscar esos puntos de encuentro» y reiteró que el Gobierno «bajo ningún concepto va a hacer una reforma que conlleve una subida de impuestos». Ponía así el acento en la demanda del Mixto, subvencionar el IBI a los inmuebles en función de su valor patrimonial, no una reducción lineal.

En Recupera Madrid matizaban que las negociaciones presupuestarias «no están rotas sino enquistadas, con algún escollo» que piensan que «se puede salvar» siendo el escenario ideal para ellos prorrogar el presupuesto «un mes».

«Seguimos con la mano tendida. Queremos unos presupuestos que salven esas subvenciones nominativas, que son para gente desfavorecida, para la violencia de género, para familias con dificultades. Queremos un presupuesto que salve esos fondos europeos, por lo que estamos abiertos a seguir negociando», trasladaba a la prensa la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras.

En Recupera Madrid quieren «separar las ordenanzas fiscales, que tienen que entrar en vigor el 1 de enero, del presupuesto» recordando que en la anterior legislatura tuvieron varias experiencias de prórroga presupuestaria.

Ricardo, uno de los 34 menores seleccionados para formar parte del Consejo Estatal de Participación de la Infancia, espera «cambiar las cosas» y representar a todos los menores, en especial, a los colectivos que sufren discriminación y a los menores tutelados, ya que él ha crecido bajo el sistema de protección.

«Mi objetivo es representar a todos los menores en general, a aquellos que pertenezcan a colectivos discriminados y, sobre todo, por lo que a mí apela, a los menores tutelados, los menores en servicios de protección», ha explicado Ricardo en una entrevista.

Ricardo, que acaba de cumplir 16 años, es uno de los 34 chicos y chicas de entre 8 y 17 años seleccionados para participar en este órgano de consulta, representación y participación de todos los niños, niñas y adolescentes, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que acaba de ponerse en marcha.

Ricardo cuenta que, cuando se enteró de su elección, no se lo creyó porque consideraba muy difícil ser seleccionado entre los 136 menores que se presentaron. «Cuando lo vi me hizo muchísima ilusión, me dio mucha esperanza decir: ‘Sabiendo que estoy aquí, voy a poder cambiar las cosas'», ha explicado.

DEFENDER LA DIVERSIDAD

A su juicio, el primer tema que deben abordar en el Consejo de Participación de la Infancia es «la diversidad». «Creo que hay que abogar por la diversidad, poner en boca de todo el Consejo que queremos que se apoye más la diversidad cultural, la diversidad de género y de orientación sexual», ha subrayado.

Entre los problemas que se encuentra la infancia en su día a día, Ricardo señala el tema de la educación, donde, a su parecer, «todavía queda mucho camino para alcanzar un modelo perfecto»; la «falta de respeto entre personas», los problemas familiares o la situación socioeconómica.

También le preocupa la oferta cultural, «para que cada joven pueda desarrollar su tipo de ocio» y, en este sentido, aunque le parece útil la medida del Gobierno sobre el bono cultural de 100 euros para los chicos y chicas que cumplan 18 años, él preferiría que se abogase más por apoyar la creación de nuevas asociaciones culturales, poder abrir clubs de cualquier deporte o actividad e invertir más en deportes y música.

Sobre la violencia que sufren muchos menores, Ricardo es tajante. «Me repugna», remarca, al tiempo que explica que él, al haber estado en servicios de protección, ha conocido a bastantes menores que han sufrido abusos por parte de sus padres. También lamenta la situación que viven los jóvenes que por su situación social han derivado en malas prácticas y malos hábitos.

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

En cuanto a las consecuencias de la pandemia en la infancia y adolescencia, Ricardo afirma que, a nivel personal, le ha afectado «como a todo el mundo», por «la reducción de libertad, el control exhaustivo, el miedo a que los seres queridos puedan enfermar» pero además, ha observado que la gente a su alrededor sufre «mucho más estrés y ansiedad».

En concreto, sobre los menores tutelados y la situación de desprotección que se encuentran al alcanzar la mayoría de edad, Ricardo pide que se incentive a estos jóvenes a que sigan estudiando o a trabajar pero sin dejar de estar «amparados» porque «teniendo en cuenta cómo está la situación actualmente, es muy complicado que un chaval de 18 años recién cumplidos pueda buscarse la vida solo, más aún los menores tutelados» que no tienen «un colchón» detrás.

De cara al futuro, Ricardo tiene claro que quiere dedicarse a la investigación científica aunque, además de esto, le gustaría ser «bastante activo» en asociaciones que luchen contra la discriminación, contra las injusticias y que den voz a quienes no la tienen; en definitiva, tal y como precisa, «ser un pequeño bastión de esperanza para todas aquellas personas que lo necesitan».

A los políticos les pide que «dialoguen de forma más respetuosa» y que «busquen soluciones prácticas» pero no solo reclama esta actitud para el Parlamento, sino también para el día a día en la calle. «Que todo el mundo se centre más en buscar soluciones, no en defender su postura por defenderla», ha propuesto.

Su deseo sobre el mundo del mañana es que sea un lugar donde la gente sea «más abierta de mente» y donde «se respete a todo el mundo por quienes son».

La Guardia Civil ha detenido en Montilla (Córdoba) a dos vecinos de la localidad como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas y dos delitos de defraudación de fluido eléctrico, una operación en la que se han desmantelado dos puntos de venta de heroína y cocaína, y un cultivo de marihuana (‘Cannabis sativa’).

Según relata la Benemérita en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de la existencia de una vivienda en la localidad que podría estar relacionada con la venta de una droga denominada ‘bazuco’, una mezcla de heroína y cocaína.

Ante ello, se estableció una serie de dispositivos de vigilancia que permitieron la detección de un trasiego de personas que accedían a la zona donde se encontraba la citada vivienda, siéndole intervenido a algunas de estas, una vez identificadas en la vía pública, una sustancia que pudiera ser una mezcla conocida como ‘bazuco’ y que podrían estar relacionada con el domicilio en cuestión.

Tras las gestiones pertinentes por parte de agentes de la Guardia Civil, se obtuvo la plena identificación de las personas vinculadas con la vivienda donde se estaría llevando a efecto el delito investigado.

El avance de las investigaciones permitió localizar otro domicilio, ubicado en la localidad de Montilla, relacionado con los hechos investigados y que tras el resultado de una serie de actuaciones, se determinó que podría estar siendo utilizada también para la venta de sustancias estupefacientes.

Una vez recopiladas todas las pruebas obtenidas en el desarrollo de las investigaciones y tras ubicar con exactitud los domicilios, se solicitó a la autoridad judicial, las pertinentes autorizaciones para el registro de los mismos.

Tras ser concedidas se llevaron a cabo de manera simultánea, lo que permitió la detención de dos personas en los domicilios investigados, interviniéndose varias papelinas de una sustancia, que tras su correspondiente análisis dio positivo en heroína, así como elementos de pesaje (básculas de precisión), recortes de plástico idénticos a los que venían envueltos las sustancias intervenidas, anotaciones que podrían estar relacionadas con el delito investigado, 195 euros en billetes de diverso valor –que se encontraban junto con las sustancias–, una plantación en pleno funcionamiento, que contaba con 42 plantas de marihuana en su interior, una pistola o dispositivo ‘Taser’ en funcionamiento, tres teléfonos móviles y una carabina de aire comprimido.

Por todo ello, se procedió a la detención de un hombre y una mujer, vecinos de la localidad de Montilla, esta última con varios antecedentes por delitos contra la salud pública, como supuestos autores de los delitos de tráfico de drogas.

Dichas personas igualmente fueron investigadas como supuestos autores de delitos de defraudación de fluido eléctrico, al detectar en las dos viviendas investigadas, sendos enganches ilegales a la red. Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La síndica de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Ruth Merino, ha criticado la «falta de previsión y prevención» ante el crecimiento de casos de coronavirus en la Comunitat por parte del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, que «no ha aprendido nada de las olas anteriores».

Merino, en un comunicado, ha considerado que el jefe del Consell «no es de fiar» y que «solo sabe solucionar los problemas a golpe de cerrojazo y criminalizando siempre a los mismos».

La síndica de Cs ha expresado sus «dudas» respecto a la «unidad del tripartito», ha subrayado que «cada negociación de presupuestos es un suplicio» y ha lamentado que Puig «permite las ocurrencias de sus socios porque les necesita para mantenerse en el sillón».

«Sus siete años de gobierno son siete años perdidos porque no se han solucionado los principales problemas de los valencianos, como el agua o la financiación», ha añadido, al tiempo que ha criticado que Puig «no ha hecho los deberes y el PSOE y PP a nivel nacional no han sabido estar a la altura».

Además, ha denunciado que desde que gobierna el Botànic –integrado por PSPV, Compromís y Unides Podem– en la Comunitat Valenciana «se han creado problemas nuevos, como la pérdida de libertades o la imposición lingüística».

«Puig tiene una mirada cortoplacista y gobierna lastrado por sus socios y por eso no se plantea las grandes reformas que necesita esta comunidad», ha considerado, y ha defendido que la Comunitat Valenciana «necesita un cambio de gobierno para desarrollar todo su potencial con políticas liberales y centradas».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido «por encima del PP» su política sanitaria, «respaldada por el conjunto de los ciudadanos en las urnas», porque no puede «cambiar de criterio después de dos años, por ningún partido», ni siquiera por el suyo.

En una entrevista en ‘El País’, Ayuso es preguntada por la disparidad de criterios en el PP sobre las cenas de Navidad y pone el acento en la «eficaz» política sanitaria llevada a cabo en estos casi dos años, respaldada en las urnas.

«Por eso yo estoy obligada a defenderla por encima del PP, porque antes de todo soy presidenta de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y no puedo tomar las decisiones de una u otra manera, o cambiar de criterio después de dos años, por ningún partido, ni siquiera el mío propio», ha contestado, algo que sabe que puede molestar al PP.

EGEA

Ayuso, al ser preguntada por el estado de su relación con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, apunta que están en un momento en el que han «manifestado discrepancias con cuestiones menores, como las fechas de un congreso», pero les «unen otras muchas, muy y más importantes: un proyecto común que es alternativa y tiene que afrontar un cambio de gobierno».

Su «obligación» es convencerle de que ella sí es la persona idónea para presidir el PP de Madrid. «Mi obligación es intentar convencerle. Todos tenemos que escuchar la opinión del protagonista aquí, el afiliado y el votante. Por eso creo que no es una cuestión de lo que queramos ninguno de nosotros, sino de los tiempos de democracia interna de la casa, a la que nos debemos», ha declarado.

CASADO YA LE DIJO EN 2019 QUE NO PODÍA PRESIDIR EL PP MADRILEÑO

También ha confirmado que hace dos años, en 2019, el presidente del partido, Pablo Casado, ya le advirtió de que no podría optar a presidir el PP de Madrid. «Sí. Durante dos años no he tenido un solo minuto para pensar en el futuro del PP de Madrid. Después del resultado del 4-M, de lo que piden las bases del partido y los votantes, de haber unificado mucho el voto en torno a nuestro proyecto, y haber sorteado la pandemia y muchas dificultades, sí que creo que no solo estoy en condiciones de presentarme, sin nunca desatender mis obligaciones como presidenta, sino que además creo que es lo mejor nos viene a la casa», ha replicado.

En cuanto al límite de su carrera, Ayuso ha declarado que «lo mejor que se puede hacer en política es ir a las urnas con un compromiso, cumplirlo y estar el tiempo justo para que no haya vacíos de poder, que la ilusión continúe». «Por eso no tengo en mi mente ni mucho menos intentar perpetuarme. Me gustan las carreras cortas», ha aseverado.

Ocho años «es un tiempo muy prudente para trabajar 15 horas al día». «Desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid no he hecho otra cosa que trabajar, me he olvidado por completo de mí, lo he dejado todo apartado. No somos los mismos después de unos años, con la diferencia de que si tú ya no eres el mismo, y no estás con la misma tensión política, y la misma entrega, puedes perjudicar a otros, a muchos. Por eso, siempre he abogado por las carreras relativamente cortas e intensas», ha insistido.

Díaz Ayuso tiene claro que nadie le pedirá sustituir a Casado y presentar a las elecciones generales. «Eso no va a ocurrir. Sé que va a haber un cambio en España en las próximas elecciones. La situación se ve clara. Hace falta un cambio de políticas que solo puede presentar el PP», ha contestado.

Casi seis meses después de su llegada al Palacio de Santa Cruz, José Manuel Albares encara el 2022 sin haber conseguido resolver la crisis diplomática con Marruecos, como ha quedado de manifiesto en la última semana tras el nuevo rifirrafe entre ambos gobiernos, esta vez por la gestión de la COVID-19.

Nada más tomar el relevo a Arancha González Laya al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Albares dejó claro que su intención era revertir la peor crisis con el reino vecino desde la del islote Perejil en 2002 aunque mantuvo la línea de su predecesora de total discreción en lo relativo a Marruecos.

Pronto llegaron «señales positivas» desde Rabat, en forma de un discurso del rey Mohamed VI en agosto, en el que expresaba su intención de «inaugurar una nueva etapa inédita» en la relación bilateral sustentada en «la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos».

Pero en los meses sucesivos la forma de actuar de Marruecos ha puesto en duda esta voluntad de dejar atrás «una crisis inédita», como reconoció el monarca alauí, motivada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por motivos humanitarios y también por la negativa del Gobierno a reconocer el Sáhara Occidental como marroquí.

Así, además de mantener cerradas las fronteras con Ceuta y Melilla, las autoridades marroquíes han dado luz verde a la instalación de una piscifactoría en las inmediaciones de las islas Chafarinas, lo cual motivó la queja del Gobierno español mediante una nota verbal tras constatar la actuación en lo que son aguas españolas «sin los permisos necesarios para esa actividad».

A esto se suma también el contrato firmado recientemente por Marruecos con la empresa israelí Ratio Petroleum Energy para explorar la búsqueda de petróleo y gas en la costa saharaui cercana a Dajla, si bien el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que Exteriores le ha garantizado que el proyecto no colisiona con las aguas canarias.

NUEVO RIFIRRAFE CON RABAT

El último revés ha llegado en forma de comunicado del Ministerio de Salud marroquí, tan solo unos días después de que el propio Albares dijera que «la crisis ha quedado atrás». El texto sostiene que España es una «amenaza» para la población marroquí debido a la «ausencia del cumplimiento de los protocolos sanitarios contra la COVID-19», tras denunciar que se habían detectado algunos positivos en vuelos privados procedentes de suelo español.

Rabat justificó así su decisión de organizar vuelos de repatriación para marroquíes que han quedado varados fuera del país tras la suspensión de los vuelos con motivo de la variante ómicron el 29 de noviembre desde Portugal, entre otros países, y dejó claro que por el momento los vuelos con España no se reanudarán.

Albares se apresuró a dejar claro que el comunicado «no es aceptable y no tiene una base objetiva», refutando las críticas marroquíes, al tiempo que dijo que se trasladará este extremo a Marruecos, sin que desde Exteriores hayan dado más detalles sobre los contactos mantenidos amparándose en la necesaria discreción en materia diplomática.

Al margen de eso, el ministro sigue sin haber mantenido un encuentro bilateral con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, con el que solo hay constancia de que ha mantenido dos conversaciones telefónicas en estos meses, y la embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich, llamada a consultas el 18 de mayo en plena entrada masiva de migrantes en Ceuta aún no ha regresado.

RELEVO DE EMBAJADORES

La crisis con Marruecos tiene además una ‘víctima colateral’, el embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner. Este veterano diplomático, que entre 2002 y 2011 fue secretario general de la Casa del Rey, ocupa el cargo desde junio de 2015.

Aunque el mandato de los embajadores no tiene una duración estipulada y está sujeto a la decisión del ministro de Exteriores de turno, en general estos suelen permanecer en este puesto entre unos tres o cuatro años, si bien se dan excepciones.

En el caso de Díez-Hochleitner, nombrado con Gobierno del PP, fue mantenido en el puesto con la llegada del PSOE y tras la crisis surgida con Rabat parece que se ha considerado que no sería lo más acertado un relevo por ahora.

De hecho, esta embajada no figura en el listado de las que deberán cambiar de titular en el próximo año. Albares ha publicado ya el llamado ‘embabombo’, las embajadas a las que pueden optar los diplomáticos en 2022 y que en esta ocasión serán un total de 30, entre las que figuran varias europeas así como otras como Brasil.

No obstante, el ministro ha dejado fuera de esta lista otra veintena de plazas de mayor calado por la importancia política que revierten estos puestos, entre las que figuran Estados Unidos, Alemania, Italia o la OTAN, así como Argelia y Marruecos.

EMBAJADORES POLÍTICOS

Tampoco está en esa lista la de la Santa Sede, para la que Albares ya ha confirmado que hay una candidata –a falta aún del plácet– la exministra de Educación Isabel Celáa, quien seguiría los pasos del también exministro José Manuel Rodríguez Uribes, nombrado nuevo embajador ante la UNESCO a mediados de octubre.

De confirmarse este nombramiento, serían seis los ‘embajadores políticos’ del actual Gobierno, «un número que está por encima de lo que venía siendo la media y nos preocupa», reconoce el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Carlos Medina.

Desde esta asociación mayoritaria entre los diplomáticos ya han transmitido recientemente su malestar por la decisión de poner a dos políticos al frente de Casa Árabe y Casa Mediterráneo, los socialistas Irene Lozano y Andrés Perelló, respectivamente. Medina reivindica que entre los diplomáticos «hay candidatos de sobra» para ocupar estos puestos, algunos de ellos «especializados».

REGLAMENTO DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA

En este sentido, y en relación con el funcionamiento interno del Ministerio, una de las tareas que también le ha quedado pendiente para 2022 a Albares es el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, que inicialmente se esperaba que estuviera completado antes de final de año.

«Es importante que se apruebe el próximo año», reconoce el presidente de ADE, subrayando que el nuevo reglamento –el de 2014 con José Manuel García-Margallo como ministro fue anulado por el Tribunal Supremo en 2017– dará «más seguridad y previsibilidad» a los diplomáticos a la hora de optar a puestos, incluidos a los embajadores, como sucede en otros países, aunque admite que en último término los nombramientos son a discreción del ministro.

Exteriores también deberá sacar adelante en 2022 la nueva Ley de Cooperación Internacional, cuyo anteproyecto de ley estará ya listo antes de que termine el año, según ha adelantado Albares, que espera que el texto llegue a las Cortes en abril y se pueda aprobar para junio.

El ministro termina el año con su equipo completamente renovado, tras el cese el 21 de diciembre del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, el único alto cargo nombrado por González Laya que seguía en su puesto.

Su cese ha estado rodeado de polémica porque aunque Albares no ha querido confirmar supuestas desavenencias con el que era su ‘número tres’, esgrimiendo que el cambio busca preparar mejor la Presidencia de la UE en el segundo semestre de 2023, se ha sabido que no ha querido respaldar su candidatura para optar a enviado especial de la ONU para Chipre ni tampoco aceptar su salida a cambio de una embajada europea.

La Guardia Civil investiga a 27 personas vinculadas a una organización dedicada al transporte ilegal de residuos plásticos desde España a países asiáticos como Malasia, Camboya o Tailandia.

La Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo ha dirigido la investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil en el marco de la operación denominada Pindaan, a la organización, cuya cúpula estaba establecida en Malasia y Singapur.

Entre los objetivos de las pesquisas se encuentra una parte de la red internacional que controlaba esta actividad que funcionaba con el despliegue de personas en España para la compra de plásticos y posterior envío a Asia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

A las personas investigadas se les imputan delitos contra recursos naturales y medio ambiente por el traslado ilícito de residuos, además de pertenencia a organización criminal.

Los hechos están relacionado con la devolución en 2019 por parte del Gobierno de Malasia a España de cinco contenedores de transporte de mercancías cargados con residuos plásticos contaminados con productos tóxicos procedentes de la agricultura intensiva, en los que, tras los análisis correspondientes, se detectó restos de productos fitosanitarios.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA, se descubrió que se estaban exportando contenedores de plásticos sin las autorizaciones y comunicaciones pertinentes hacia terceros países.

Además, la mayoría de estos residuos no habían sufrido el proceso de descontaminación exigido para que los países que lo recibían lo hiciesen como materia prima y pudiesen trabajar en la elaboración de productos a posteriori. Esta materia no utilizada, irremediablemente se convertía en desecho, que en muchas ocasiones acababa en vertederos ilegales, océanos y ríos.

A raíz de la prohibición de importaciones de residuos plásticos que estableció China en el 2018, los negocios se desplazaron hasta otros países asiáticos, donde se recepcionan como paso previo a productos que finalmente acaban en el gigante asiático. Los distintos materiales que llegan a esos países son tratados en instalaciones ilegales, muchas de ellas ya desmanteladas, y luego exportados a su vez a China como destino final de la materia prima valorizada.

Europol e Interpol han colaborado en la investigación con el análisis de las comunicaciones y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones con otros países, movimientos de divisas e información de envíos, mientras la Subdirección General de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha en equipos de trabajo conjuntos encaminados al estudio sobre la ilegalidad de los envíos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela (Alicante) a dos hombres que lanzaron a otro desde un coche en marcha a gran velocidad y seguidamente le atropellaron y le robaron el teléfono móvil y la tarjeta de crédito cuando se encontraba desvalido tendido en la calzada.

Los arrestados han sido detenidos por una presunta tentativa de homicidio y robo con violencia, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La víctima y los detenidos se conocieron en un club de la localidad de Cox cuando los presuntos agresores se ofrecieron a llevar hasta su domicilio a la víctima en un municipio cercano. En mitad del trayecto, cuando se encontraban alejados de la población, arrojaron a la víctima fuera del vehículo cuando circulaban a gran velocidad.

La víctima fue hallada en la carretera por agentes de la Policía Local tras recibir un aviso que alertaba sobre la presencia de un hombre tumbado sobre la calzada.

A la llegada de los agentes la víctima se encontraba consciente y fue llevaba en ambulancia hasta el Hospital Vega Baja de Orihuela, donde fue ingresado con heridas de gravedad en ambas piernas y fue dado de alta a los pocos días. Además de las graves lesiones sufridas, a la víctima le sustrajeron su teléfono móvil y su tarjeta de crédito.

Una vez recuperado, acudió a la Comisaría de Policía Nacional de Orihuela para denunciar los hechos en compañía de un intérprete que facilitara la comunicación. La víctima reveló que los autores, tras lanzarle del vehículo, le atropellaron cuando estaba tendido en la calzada. Fue en ese momento donde se descubrió el ilícito penal y comenzó la investigación de lo ocurrido.

La Policía inició entonces una serie de vigilancias hasta que consiguieron localizar y tomar declaraciones de los posibles testigos. Finalmente, los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Orihuela hallaron a los presuntos responsables de tales actos, que fueron detenidos.

Los detenidos, de nacionalidad española y marroquí, ambos de 21 años de edad, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma localidad, que ha decretado su ingreso en prisión.

La Generalitat distribuirá copas menstruales y otros productos de higiene menstrual reutilizables en algunos institutos catalanes para una prueba piloto que iniciará en primavera, a fin de planificar y valorar una medida que quiere garantizar la equidad menstrual y extender a todos los centros de Catalunya el próximo curso escolar.

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha defendido en una entrevista esta medida de equidad menstrual, con la que dan reconocimiento al coste añadido durante años «por el simple hecho de menstruar», y se ha referido a la reivindicación de que el Gobierno central aplique un IVA reducido o super reducido a estos productos.

Las copas menstruales se repartirán en el marco de un acompañamiento con información «sobre el propio cuerpo, sobre la menstruación y vinculado a los derechos sexuales y reproductivos», que el Ejecutivo catalán quiere garantizar con la Estrategia Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos –que lidera Verge y aúna a ocho consellerias más– en distintas fases, y esta medida es una de ellas.

La consellera ha detallado que están trabajando en esta medida con hasta cuatro consellerias, entre ellas Acción Climática, porque se trata de objetos medioambientalmente sostenibles, y Educación, para que los centros que participen de la prueba sean representativos de la diversidad territorial.

JÓVENES Y VIOLENCIA MACHISTA

Verge ha reconocido que hay que trabajar en la franja de edad más joven porque las violencias machistas también se canalizan mediante las redes sociales o las aplicaciones de mensajería móvil con formas como el ‘sexting’, la extorsión o el acoso sexual, y ha calificado la tecnología como un arma de doble filo porque, al mismo tiempo, también contribuye a la concienciación social, a su parecer.

Sobre la misma franja de edad, ha insistido en evitar que la pornografía sea un referente de sexualidad en la gente joven y que tengan información veraz para saber cómo protegerse de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos y «puedan tener relaciones sanas y basadas en la igualdad».

La Conselleria de Igualdad y Feminismos trabaja con Educación en la revisión del programa ‘Coeduca’t’ para que la educación sexoafectiva empiece desde la educación de 0 a 3 años con una implementación progresiva.

A ello se suma el plan de escuelas libres de violencias impulsado por Educación, con el que se ha desarrollado una aplicación web para que tanto menores como los adultos de su entorno puedan denunciar una situación de abuso sexual infantil.

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La titular de Igualdad y Feminismos ha admitido que la prevención, en materia de violencia, ha sido textualmente una de las patas olvidadas mientras que, para ella, es la herramienta indispensable: «Ha habido esfuerzos parciales y no una planificación estratégica a nivel de país», y ha asegurado que ahora desde el departamento trabajan en esta dirección.

«Se ha preparado una estructura para un departamento que pueda durar años, que tenga capacidad de diseñar una estrategia de país. Hemos sentado las bases», ha valorado Verge sobre los primeros meses de legislatura, y ha confiado en que los Presupuestos de 2022 tendrán mucha capacidad de implementar este proyecto político, en sus palabras.

Verge ha apelado especialmente a los hombres en la corresponsabilidad de erradicar las violencias machistas y a ser parte activa del trabajo de fondo de deslegitimación de la violencia, por lo que su departamento impulsará campañas relacionadas con la masculinidad igualitaria, la paternidad, los cuidados, e incluso estereotipos y prejuicios que «limitan la posibilidad –de los hombres– de ser de forma libre».

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que si la mesa de diálogo no avanza será porque el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez «con la democracia es escaso», y ha afirmado que los demócratas deben poder avanzar en la línea de ejercer la democracia.

«Poder avanzar se puede avanzar, otra cosa es que veremos hasta qué punto aquellos que se llaman demócratas están realmente comprometidos con la democracia y con el ejercicio de un derecho democrático de los ciudadanos como es el derecho a votar», ha afirmado en una entrevista al ser preguntado por si cree que la mesa de diálogo dará frutos en los dos años que quedan hasta las elecciones generales pese a las diferencias que hay entre ambos gobiernos.

Junqueras lo ha dicho antes de que la mesa de diálogo se vuelva a reunir en Madrid a principios de 2022, después del encuentro que hubo en septiembre en Barcelona en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se comprometieron a retomar el diálogo y fijaron que las conversaciones serían discretas y que solo habría reuniones públicas cuando se anunciaran avances.

Para Junqueras, las posiciones del Ejecutivo de Sánchez y el de Aragonès son opuestas, y ha sostenido que «los dos modelos políticos más opuestos en Cataluña son el que representa el PSOE y el que representa ERC».

«Estamos a años luz, por eso hay una mesa de negociación», pero ha defendido que precisamente las mesas de negociación se deben hacer con quien se tienen posiciones alejadas.

PRESENCIA DE JUNTS

Una de las incógnitas en la reunión de la mesa de diálogo de principios de año es si Junts estará o no, ya que en septiembre no hubo ningún representante de la formación de Carles Puigdemont porque Aragonès no aceptó su propuesta de delegación, ya que no estaba formada exclusivamente por miembros del Govern.

En este sentido, el dirigente republicano ha asegurado que es contradictorio que «aquellos que han reclamado insistentemente y durante mucho tiempo el ‘sit and talk’, ahora que tienen oportunidad de sentarse y hablar, digan que no quieren sentarse».

Junqueras ha afirmado que respeta cualquier decisión que tomen otras formaciones, pero considera que «esta contradicción la deberán resolver ellos, la gente de Junts».

También se ha mostrado convencido de que «en representación de Junts hay diversas personas en el Govern, diversos miembros del Govern, que están perfectamente cualificados sin ninguna duda para sentarse en esta mesa», y ha deseado que la formación de Carles Puigdemont no les impida contribuir en la búsqueda de una solución para el conflicto catalán.

«Cuantos más seamos en la defensa de la amnistía y la autodeterminación, mejor», ha defendido el líder republicano al ser preguntado por si la ausencia de Junts en la mesa hace que la delegación catalana vaya debilitada o si, por el contrario, facilita la negociación con el Gobierno central, con quien ERC ha pactado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o la ley audiovisual.

Al preguntársele si él y el resto de expresos independentistas deberían de tener un rol en la negociación y en la mesa de diálogo, ha sostenido que no aspira a tener «ningún papel especial en ningún sitio», sino a poder ayudar en todos los lugares en los que pueda ser útil.

La promesa de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal para prohibir los referéndums ilegales, hecha en campaña electoral y la posterior promesa de reformar el delito de sedición para rebajar las penas han quedado aparcadas por el momento a pesar de que solo se ha alcanzado el ecuador de la Legislatura y aún faltan dos años para las próximas generales si se celebran cuando tocan.

A estas se unen otras como la promesa de Sánchez en campaña de modificar la Ley Audiovisual para que los Consejos de Administración de medios públicos de comunicación fueran elegidos por dos tercios de los respectivos parlamentos. Además, la falta de consenso parlamentario tampoco ha posibilitado otros cambios como la modificación de la Constitución para suprimir el término «disminuido» en el artículo 49 de la Carta Magna para las personas con discapacidad; que quedara aparcada la supresión de los aforamientos o la inviolabilidad del Rey en la Carta Magna.

El presidente del Gobierno prometió el 4 de noviembre, durante un debate electoral a cinco de cara a los comicios del 10 de noviembre de 2019, que iba a reformar el Código Penal para prohibir «de una vez por todas» los referéndums ilegales y evitar que se volviera a producir otro referéndum como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Ello estaría enmarcado en una serie de medidas que, según dijo, irían encaminadas a resolver la crisis de convivencia en Cataluña.

La promesa, como tal, no fue reflejada en el programa electoral del PSOE, en el que se limitaba a advertir que en el modelo de Estado no tenía «cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad».

Sin embargo, esta promesa quedó relegada el 20 de enero de 2020 cuando, tras tomar posesión, Pedro Sánchez manifestó en una entrevista en TVE su intención de reformar el delito sedición, por el que fueron condenados los líderes del ‘pocés’, posteriormente indultados por el Gobierno.

Al ser preguntado si contemplaba reformar el delito de sedición para rebajar las penas, aseguró que «esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España y que no tenemos delitos homologables a otros países europeos».

Sin embargo, el propio presidente del Gobierno congeló esta posibilidad de reformar el delito de sedición en junio de este año –en una respuesta a la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras– al asegurar que, aunque la voluntad del Gobierno es hacerlo, pero lamentando no contar por el momento con los apoyos necesarios en el Parlamento para llevarlo a cabo.

En este sentido, Sánchez argumentó que España había aprendido una lección con el delito de sedición en 2017, cuando el expresidente Carles Puigdemont se fugó a Bélgica junto con varios consejeros del entonces gobierno catalán. Este delito no fue reconocido por la justicia en Alemania, donde fue detenido en un viaje, quien no autorizó la entrega a España del fugado.

PROMESAS DE CAMPAÑA

Durante aquel debate de noviembre de 2019, Pedro Sánchez prometió también «construir concordia desde la educación» aprobando una asignatura para todo el territorio español en valores civiles, constitucionales y éticos, algo que incluye la reforma educativa.

Sin embargo, la tercera promesa de aquel día, la de modificar la Ley Audiovisual para que los consejos de administración de los entes públicos de medios de comunicación sean aprobados por dos terceras partes de los Parlamentos autonómicos no se ha hecho aún efectiva. Al menos, no está de momento en el proyecto de reforma de la Ley Audiovisual. Esta reforma se hace básicamente para adaptar la legislación a la normativa europea, pero el Gobierno también ha aprovechado para incluir otras cuestiones relativas a RTVE. No obstante, aún está pendiente de tramitación en el Parlamento, donde podría sufrir modificaciones.

FRENAZO A LA RENOVACIÓN DE LA CORONA.

El 10 de julio de 2020, Pedro Sánchez se manifestaba partidario de suprimir la inviolabilidad del Rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución. Lo manifestaba así al hilo de las informaciones sobre el dinero recibido en el extranjero por el Rey emérito Juan Carlos I.

Y en diciembre de ese mismo año, el presidente señalaba que el Rey quería una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI y que Felipe VI estaba trabajando entonces en asuntos como «rendición de cuentas» y «renovación» aunque debían ir «paso a paso». «Ya irán conociendo como se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad» señaló Sánchez en aquel momento.

Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, enfriaba estos planes al señalar que no se ha producido ningún avance en el plan normativo que anunció el Gobierno hace un año con el objetivo de renovar la Corona respecto a su transparencia y ejemplaridad. Además, dejaba claro que ahora mismo esta no era la prioridad, sino que la hoja de ruta del Gobierno está centrada en la recuperación económica y en cumplir los compromisos con la Unión Europea.

LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, EN LA NEVERA

Otra de las medidas estrella del Ministerio de Justicia que sigue en la nevera, además de la prevista inicialmente para reformar el delito de sedición, y sin visos de prosperar en el medio plazo, es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que el peso de la instrucción la lleven los fiscales.

Tras ser impulsada por el exministro Juan Carlos Campo, con la nueva titular se paralizó después de que se conociera un informe negativo de la Fiscalía. En octubre, el Ejecutivo anunció que creaba un Grupo de Trabajo Interinstitucional que se encargará de revisar el anteproyecto. Así, la única reforma que se ha llevado a cabo de la LECrim ha sido la del artículo 324 para ampliar de seis a 12 meses el plazo tope de las instrucciones de las causas penales.

El Ministerio de Justicia tampoco ha llegado a tiempo este mes de diciembre para trasponer la directiva europea de protección al denunciante, conocida como ‘whistleblower’. Si bien anuncian que «solo quedan por cerrar algunos flecos pendientes» y que está previsto que en enero el departamento dirigido por Pilar Llop eleve el texto al Consejo de Ministros.

Precisamente, el refuerzo de la protección del denunciante fue una de las promesas de Pedro Sánchez en el debate de investidura, en el que también anunció la creación de un Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con nuevas figuras penales.

NO SE REFORMA LA CONSTITUCIONAL PARA SUPRIMIR EL TÉRMINO DISMINUIDO

Otra de las promesas que el Gobierno no va a poder llevar a cabo es la reforma de la Constitución para suprimir el término «disminuido» del artículo 49 de la Carta Magna. Pero en esta ocasión, el incumplimiento no es atribuible al Ejecutivo, que sí llevó el proyecto al Parlamento, sino al rechazo de PP y Vox a que saliera adelante. Para su aprobación se necesitaba una mayoría reforzada de dos tercios y los partidos de derechas, que lo rechazan, suman más de un tercio del hemiciclo.

El Gobierno concedió un total de 41 indultos durante la primera mitad de 2021, lo cual incluye los nueve concedidos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña, según el informe semestral del Ministerio de Justicia, que observa una «tendencia alcista» en la concesión de esta medida de gracia respecto a años anteriores.

De las 1.817 solicitudes recibidas, se resolvieron 1.724, de las cuales solo esas 41 fueron en sentido afirmativo, lo que representa un 2,38 por ciento del total de las contestadas.

Aunque el departamento de Pilar LLop no alude expresamente a los indultos del ‘procés’, limitándose a recogerlos en su estadística, los refleja como perdones por delitos contra el «orden público».

La mayoría de los delitos indultados fueron contra el patrimonio (15), sumándose diez contra la salud pública, cuatro contra la integridad física, dos contra el medio ambiente y la organización del territorio, y uno contra las relaciones familiares.

Los delitos contra el patrimonio también fueron la mayoría en los indultos denegados. El segundo puesto fue para delitos de violencia de género, en el caso de los hombres, y contra la salud pública, en el de las mujeres. Y el tercer lugar para ambos sexos fue para los delitos contra la seguridad vial.

SOLO DOS INDULTOS TOTALES

En cuanto a la modalidad de los indultos otorgados, solo dos fueron totales y 39 fueron parciales, entre ellos los del ‘procés’, que extinguieron las penas de prisión pero no las inhabilitaciones, fijando además un periodo de entre 3 y 6 años que condiciona el perdón a que no reincidan.

El informe precisa que las penas de prisión perdonadas oscilaban desde los 13 años como pena máxima, por delitos de sedición y de malversación, a 3 meses y 15 días como pena mínima, por un delito de hurto en tentativa.

Y, de los 39 indultos parciales, 23 corresponden a una conmutación de la pena: 3 por trabajos en beneficio de la comunidad, 6 por multa y 14 por pena menor de prisión.

Los dos indultos totales, apunta, son un caso de condena por delitos contra el patrimonio que se dio condicionado a que el beneficiario pague las responsabilidades civiles y a que no cometa delito doloso en 2 años; y otro caso por delitos contra la salud pública condicionado a que el reo se someta a un programa de «deshabituación de alcohol y drogas» y que tampoco cometa un delito doloso en 2 años.

EL 61% TENÍAN EL AVAL DEL TRIBUNAL Y LA FISCALÍA

Justicia destaca que el 78 por ciento de los indultos concedidos (32) tenían uno o los dos informes favorables, en alusión a los preceptivos pero no vinculantes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, de los cuales el 61 por ciento (25) tenía el aval de ambos, mientras que el 22 por ciento (9) tenía los dos en contra.

En lo tocante a los líderes independentistas indultados, tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía del mismo aconsejaron no perdonar por no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública ni arrepentimiento por parte de los condenados.

De los 1.683 indultos denegados, el 93 por ciento (1.569) tenía al tribunal y a Fiscalía en contra, un 6 por ciento (92) tenían solo un informe desfavorable y el 1 por ciento (22), los dos avales.

En lo concerniente a la opinión de la víctima acerca del indulto, cuatro expedientes (el 10 por ciento de los 41 concedidos) tenían la oposición del perjudicado, mientras que 13 no mostraron rechazo, 11 no se manifestaron al respecto y dos no comparecieron. En los otros 11 casos no había perjudicados.

SEIS PERDONADOS A PETICIÓN DE COFRADÍAS

Por género, de los 41 indultos otorgados, 14 fueron a mujeres (34 por ciento) y 27 a hombres (66 por ciento). La sede de San Bernardo señala que en todos los delitos perdonados intervinieron tanto hombres como mujeres excepto en el referido a las relaciones familiares, que fue perpetrado por un hombre.

Asimismo, el Ministerio detalla que, de los 41 perdones concedidos, seis fueron a favor de personas cuyas solicitudes se recibieron a través de distintas cofradías, un 15 por ciento del total.

Además, recoge que en dicho semestre se archivaron 206 expedientes de indulto, algo que ocurre, según explica, cuando el tribunal sentenciador no emite informe porque el penado ha desistido, se ha extinguido su responsabilidad criminal o no está a disposición del órgano judicial para cumplir condena.

EN PLENA PANDEMIA

Estas cifras reflejan un aumento respecto al primer semestre de 2020 cuando, en plena pandemia, se formularon 1.499 peticiones de indulto, se respondió a 1.240 y solo se otorgaron una decena, lo que supone un 0,80 por ciento.

Justicia concreta que junio, coincidiendo con la desescalada, fue el mes en el que más solicitudes (360), expedientes (375) y «otros documentos» asociados (503) se recibieron, siendo enero el de menor afluencia de papeles, con 226, 189 y 315, respectivamente.

«Lo más reseñable, en primer lugar, es el repunte del número de solicitudes recibidas, que se cifra en un 21 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, si bien el primer semestre de 2020 estuvo marcado por las circunstancias derivadas de la pandemia», ha valorado el Ministerio en sus conclusiones.

Resalta asimismo que, si en el primer semestre de 2020 se inició la conexión telemática con 841 peticiones de indulto en papel y 658 electrónicas, ya en 2021 «se ha consumado un cambio de tendencia siendo superior el número de solicitudes electrónicas», con 976 frente a 841, «curiosamente el mismo número».

El Gobierno ha detectado 30 organizaciones criminales dedicadas a la inmigración ilegal, la cifra más alta en los últimos cinco años y el doble que en 2016. Se trata de datos pendientes de consolidación a cierre de 2020 que muestran una tendencia al alza: en 2016 había 14 organizaciones operando en España y 16 en 2017, pasando en 2018 a 28 y bajando a 21 en 2019.

Los datos figuran en una respuesta parlamentaria, en la que el Gobierno insiste en que «no existe una correlación entre inmigración y delincuencia». En respuesta a Vox, también destaca que la llegada de personas migrantes «no ponen en riesgo la vida y la integridad física de todos los españoles».

«La bajada histórica de la criminalidad es el resultado de la apuesta de este Gobierno por recuperar la Seguridad como Bien público a través de más efectivos, mejores infraestructuras y más medios», añade el Gobierno, que apunta que cualquier comisión de delito es investigado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Como señala habitualmente el Ministerio del Interior, el Gobierno reitera que «no existe correlación» entre incremento de los índices de la delincuencia con incremento de la inmigración irregular. «Para empezar», aclara, «porque los índices de delincuencia de los delitos graves ha disminuido si comparamos 2021 con 2019, antes de la pandemia».

Vox se interesaba en concreto por la desarticulación, con siete detenidos, de una red de «coches-patera» en la frontera francoespañola encargada de introducir en España a migrantes desde Bayona y Burdeos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene una vez más que el hecho de que en las estadísticas de criminalidad conste la ciudadanía extranjera no significa que la persona sea migrante, ni que siendo migrante seairregular». El dato refleja «simplemente» que la ciudadanía no es española, pudiendo ser residentes extranjeros regulares, muchos de ellos ciudadanos de la Unión Europea.

Además, desde el Gobierno se reitera que los datos «no implican culpabilidad o condena, ya que tal circunstancia la establecen los órganos judiciales».

MÁS LLEGADAS QUE EN 2020

Hasta noviembre de 2021, el Ministerio del Interior ha contabilizado 38.103 llegadas de migrantes, es decir, un 2% más que en el mismo periodo que el año anterior, cuando llegaron al país de forma irregular alrededor de 37.350 migrantes.

Un 95,4% de estas llegadas se han producido por vía marítima (36.379) y, de ellas, más de la mitad (54,6%) lo han hecho a través de la ruta canaria.

Sólo en noviembre llegaron 3.760 migrantes de forma irregular, lo que convierte a este mes en el cuarto con mayor número de llegadas del año, solo por detrás de septiembre (unos 8.200), octubre (sobre 5.600) y agosto (más de 3.900). En la estadística no se contabiliza la entrada masiva en Ceuta de unas 10.000 personas en un contexto de crisis diplomática con Marruecos.