El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes el feminismo como herramienta a través de la cual se construyen «mejores democracias». «Precisamente lo que algunos no quieren que ocurra en Europa», ha señalado.

Sánchez ha participado en el acto institucional organizado por el Ministerio de Igualdad con motivo de la celebración, este martes, del Día Internacional de la Mujer.

En el acto, en el que también ha intervenido la ministra del ramo, Irene Montero, el jefe del Ejecutivo ha estado acompañado por otros miembros del Gobierno, como las responsables de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la titular de Educación y FP, Pilar Alegría, la de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Además, han asistido los portavoces parlamentarios de la mayoría de grupos parlamentarios.

En su intervención, Sánchez ha celebrado que las feministas vuelvan a «las calles» el 8M tras la pandemia para reivindicar «sus derechos y libertades» y también ha destacado algunos avances conseguidos por el feminismo en los últimos años, como «los permisos de maternidad remunerados», medidas para la «protección frente a las violencias» machistas, entre las que ha destacado la conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, la lucha contra los «despidos injustos» por embarazos o para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

A pesar de estos «hitos, como los ha calificado el jefe del Ejecutivo, Sánchez también ha recordado que desde 2003 han sido asesinadas 1.132 mujeres por el «terrorismo» machista, unas cifras que, a su juicio, «son inasumibles».

UNA RELACIÓN «EVIDENTE» ENTRE VIOLENCIA Y NEGACIONISMO

En este sentido, ha declarado que las mujeres sufren «violencia», «maltrato», «violaciones», «abusos» o «discriminación» y ha lamentado que haya quien «niega» la violencia de género. En este sentido, ha mostrado su preocupación por el hecho de que esta opinión esté entre los jóvenes y ha recordado los crímenes registrados este año de dos menores de 17 y 14 años, presuntamente a manos de hombres de 19 y 22 años, respectivamente.

A su juicio, «hay una relación evidente entre el negacionismo y la violencia machista». «No son fenómenos aislados», ha apuntado el presidente del Gobierno, antes de apuntar que, mientras no «se comparta una cultura y una educación feminista» y mientras «los códigos de las relaciones nazcan del machismo», las mujeres «estarán en peligro.

En este sentido, ha defendido la labor del Gobierno en la defensa de poner en marcha políticas con perspectiva feminista. Así lo hicieron, según ha explicado Sánchez, en la gestión de la pandemia, en las medidas relacionadas con el confinamiento o la educación, e incluso a la hora de trabajar en los fondos europeos. Del mismo modo, ha recordado la cifra «récord» en los presupuestos para 2022 del Ministerios de Igualdad, de más de 500 millones de euros.

Del mismo modo, ha apuntado que en el Consejo de Ministros de este martes se aprobará el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2022-2015 y que en el Senado verá la luz la proposición de ley que mejora la protección de las personas huérfanas por la violencia de género.

EL FEMINISMO, UNA «CUESTIÓN DE ESTADO»

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha agradecido al presidente su asistencia al acto organizado por su departamento porque, según ha explicado, «en días difíciles» la presencia de Sánchez «representa la voluntad unánime del Gobierno» de que «las políticas públicas feministas son una cuestión de Estado» y que el feminismo «es una brújula para la unidad» y para «dar certidumbre y tomar mejores decisiones para un país».

La responsable del ramo, que fue recibida en el escenario con una larga ovación, ha defendido en su intervención que «el feminismo es lo mejor que le ha pasado al país» y que de él «depende la calidad democrática» del Estado.

A su juicio, España está «avanzando con paso firme» con el objetivo de «erradicar las violencias» machistas, para que las mujeres tengan «relaciones basadas en el consentimiento» y en «los buenos tratos», o para que se proteja la «diversidad» para que «todo el mundo pueda ser quien es sin miedo ni culpa» y que las mujeres sean «respetadas en la diversidad de sus cuerpos» y en la decisión «sobre sus cuerpos», entre otros.

Montero ha participado, además, en un coloquio moderado por la comunicadora Nerea Pérez de las Heras, y en el que también han participado las cómicas y comunicadoras Henar Álvarez, Inés Hernand y Asaari Bibang, en el que se han tratado temas como el aborto, violencia de género, educación en salud sexual y reproductiva o racismo.

En este sentido, Montero ha destacado la necesidad de poner en el centro la cultura «hecha por mujeres» y, más en concreto, el «humor feminista» como «esencial» para «vivir en una sociedad democrática». «El humos ha sudo siempre una herramienta que hemos usado las feministas para expresar las desigualdades que sufrimos», ha apuntado la ministram quien ha recordado que a las mujeres se les ha «negado» en ocasiones la «risa» incluso para reirse se ellas mismas.

El Palacio de la Zarzuela hizo público esta tarde un comunicado en el que el Rey Felipe VI da su conformidad a los anuncios realizados por carta por su padre, el Rey Juan Carlos I, de volver a España una vez que la Fiscalía ha archivado las investigaciones que tenía abiertas contra él.

En la misisva, el Rey émerito le informa de su deseo de regresar a España, pero no de manera inmediata, subrayando que seguirá viviendo de manera permanente y estable en Abu Dabi, aunque viajará periodicamente a nuestro país. También le comunica que cuando viaje a España se alojará en ámbitos privados, con lo cual renuncia a vivir en el Palacio de la Zarzuela.

Asimismo indica que lamenta sinceramente aspectos de su vida pasada, aunque también siente un legítimo orgullo por su contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España.

«En agosto de 2020, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comuniqué mi decisión de trasladarme fuera de España, para facilitar el ejercicio de tus funciones. Desde entonces, he residido en Abu Dabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad», explica el emérito.

A continuación señala que «conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto», le parece oportuno considerar su «regreso a España, aunque no de forma inmediata».

«Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos», añade.

NO ZARZUELA

Don Juan Carlos argumenta que le gustaría así culminar esta etapa de su vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. «Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo».

En este sentido, explica que tanto en sus «visitas como si en el futuro volviera a residir en España», su propósito es organizar su «vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible», descartando de esta manera que vuelva a vivir en el Palacio de la Zarzuela.

LAMENTA EPISODIOS DEL PASADO

El Rey emérito dice «ser consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados» de su «vida privada», señalando que lamenta sinceramente, aunque también siente «un legítimo orgullo» por su «contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles».

«Siempre que te parezca bien, es mi deseo que hagas pública esta carta, para conocimiento de todos los españoles y en la fecha que estimes oportuna. Con mi lealtad, cariño y el orgullo inmenso que siento por ti. Tu padre», concluye la misiva.

El comunicado del Palacio de la Zarzuela incluye un segundo punto en el que se dice que Felipe VI «respeta y comprende la voluntad de Su Majestad el Rey don Juan Carlos expresada en su carta».

La Policía Nacional trabajará de forma conjunta con la de Mauritania en el proyecto UE POC-Mauritania que tiene como objetivo luchar de manera eficaz contra la trata de personas y el tráfico de migrantes.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha participado este lunes en Nouakchott (Mauritania), lugar donde se ha presentado el proyecto. «Únicamente juntos podremos hacer frente a los grandes desafíos que plantea la delincuencia nacional», ha subrayado.

En este proyecto, cuatro miembros de la Policía Nacional van a trabajar conjuntamente con la Policía Nacional de Mauritania y la Dirección de la Policía del Aire y Fronteras.

Ya desde 2008 la Policía Nacional española trabaja con la de Mauritania haciendo en Nouadhibou un trabajo cooperativo integrado por seis policías mauritanos y seis agentes españoles en el marco del Equipo Conjunto de Investigación (ECI).

Tanto los ECI como los POC trabajan sobre el terreno y colaboran con los investigadores locales aportando aspectos organizativos, estratégicos y operativos en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos.

Según ha sostenido el director de la Policía, «las amenazasactuales a la seguridad tienen una dimensión global y no se pueden aportar desde una perspectiva exclusivamente nacional», ha resaltado, a la vez que ha destacado el trabajo conjunto que ha permitido desarticular numerosas organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico de migrantes, y también obtener informaciones de carácter operativo y estratégico de gran relevancia».

En los años 2020 y 2021 el ECI detuvo a 240 integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos y salvó la vida de más de 4.000 personas, liberadas en las operaciones contra esas mafias de la inmigración ilegal.

Entidades como la Asociación Forestal de Galicia o Asefoga consideran que el sistema que utilizan algunas empresas, como Foresga, para compensar a los propietarios de montes por el carbono que llegan a almacenar sus masas forestales perjudica a éstos.

Un artículo publicado por el periódico digital ‘Campo Galego’ sostiene que el modelo que utiliza Foresga, liderada por Fernando Solla-Gullon y que acumula, según el digital, alrededor de la mitad de todos los proyectos de absorción inscritos el pasado año en Galicia, es “el sistema más perjudicial para el propietario” desde “la óptica” de las asociaciones y técnicos del sector.

El periódico explica que “la lucha contra el cambio climático ha deparado en los últimos años una oportunidad para el monte, con la creación de un mercado para el carbono atmosférico que absorben determinados proyectos forestales. Para comunidades de montes y propietarios particulares, la aparición de empresas interesadas en la compra del carbono almacenado en las masas forestales constituye una nueva vía de ingresos. El problema es que con ese mercado de carbono, llegaron también empresas intermediarias que, en algunos casos, están ofreciéndole ‘contratos abusivos y de especulación’ a los propietarios forestales, según se apunta desde el sector”.

Expone que ese modelo consiste en entregarle hasta el 50% del carbono del monte a una empresa intermediaria, que “simplemente” inscribe en el Ministerio un proyecto de forestación ya ejecutado por los propietarios. “Esa empresa, a cambio de la inscripción del proyecto, se queda con el derecho a vender el carbono, cuando y como quiera, y con una comisión de hasta el 50% de los ingresos que esa venta genere», añade.

‘Campo Galego’ señala que desde la Asociación Forestal de Galicia se indica que “para que una comunidad de montes valorice el recurso al mejor precio posible, lo razonable es que pague sólo los costes técnicos que tenga por la elaboración e inscripción del proyecto, pero no que entregue un alto porcentaje del carbono que va a producir”.

Mientras que desde Asefoga destacan que “si existe una cierta especulación sobre los derechos de carbono, un sistema para evitar eso sería establecer algún tipo de cláusula para que una parte importante de los derechos de carbono percibidos por el propietario se tuvieran que reinvertir en los trabajos forestales, de cara a cumplir con el plan de ordenación”.

El grupo de análisis del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha identificado “la gran presencia y fuerza” que las mujeres directivas están desempeñando en materia de sostenibilidad.

El medio ambiente y el compromiso social son claves, ya que los ciudadanos cada vez más manifiestan su compromiso y su preocupación por el planeta y piden a las empresas que sean responsables y actúen desplegando su actividad salvaguardando el impacto que tienen en el entorno.

Los analistas del Instituto Coordenadas indican que, desde posiciones directivas, las mujeres están intensamente comprometidas con las políticas sociales y medioambientales que, siguiendo el lema de este año propuesto por Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de la Mujer, “apuestan por un mañana sostenible”.

El estudio constata que la mujer ejerce un liderazgo desde el compromiso y la empatía, con una actitud democrática y participativa que conecta con esa necesidad de generar un impacto positivo en el planeta y la sociedad.

Por eso, el Instituto Coordenadas considera significativo proporcionar visibilidad a estas directivas relevantes y ha elaborado un ‘Top 10’ de las directivas más relevantes en España por su apuesta “por un mañana sostenible”.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, indicó que “las mujeres en altos puestos directivos están consiguiendo integrar la necesaria evolución hacia modelos de gestión responsable. Estos garantizan una compensación de la huella que la actividad industrial pueda tener en el medio ambiente y el desarrollo de políticas conscientes y de impacto positivo en las personas de la organización y ‘stakeholders’. Este grupo que seleccionamos representa ese ejercicio responsable para asegurar un futuro para todos desde diversos ámbitos”.

NATALIA BERENGUER

Natalia Berenguer, general secretary de Danone Iberia, es licenciada en Derecho y se incorporó en Danone hace ya más de una década como directora Jurídica y Secretaria del Consejo. Cinco años después pasó a ocupar la secretaria general para el sur de Europa, agrupando las áreas de Comunicación y Relaciones Externas, RSC, Legal y Regulatorio, desde dónde ha liderado la transformación de la compañía hacia un sistema alimentario más saludable y sostenible como B Corp de referencia y primera en el sector de gran consumo.

Una transformación que se materializa en acciones concretas, como la sustitución de la fecha de caducidad por la de consumo preferente en sus productos para luchar el desperdicio alimentario, responsable del 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero; la suscripción de un acuerdo para la creación de la mayor planta solar de Europa, que suministra energía a todas sus instalaciones; o su firme apuesta por un modelo de producción y consumo circular, como refleja el hito alcanzado recientemente con Lanjarón, cuyo porfolio es ya 100% rPET.

MARÍA EMILIA ADÁN

María Emilia Adán, decana-presidenta de Registradores de España, fue reelegida en el cargo en 2021 tras 4 años al frente de la institución, la máxima dirigente del Colegio de Registradores de nuestro país apuesta firmemente por una sociedad más justa y sostenible.

En el campo de la transición ecológica hay un importante papel de los registros para la protección de suelos o espacios costeros. Bajo su mandato se han fortalecido herramientas como el Geoportal, cuya gran utilidad ha quedado demostrada en tragedias como la vivida por la erupción del volcán de La Palma. Cuentan con un programa de compensación de la huella de carbono y políticas de eficiencia energética en sus sedes.

AMALIA SANTALLUSIA

Amalia Santallusia, directora global de Recursos Humanos y ESG de Fluidra. Desde su incorporación en Fluidra en noviembre de 2019, Amalia Santallusia ha promovido la creación e implementación de la estrategia global de la compañía, líder global en el sector de equipamientos de piscina y wellness, en ESG (Environment, Social and Governance).

Su hoja de ruta, denominada Responsibility Blueprint, Fluidra ha puesto el foco en lograr ser una compañía neutra en carbono de alcance 1 -emisiones directas- y 2 -indirectas- en 2027 y de alcance 3 -de terceros como proveedores- en 2050.

La compañía, presente en más de 45 países, ha trasladado ya esta hoja de ruta a todas sus delegaciones para que empiecen a trabajar en ella este mismo año. Productos sostenibles, economía circular, consumo de energía renovable, soluciones conectadas o la eficiencia energética en sus fábricas, son algunos de los puntales de este plan.

THERESE JAMAA

Therese Jamaa, vicepresidenta de Huawei España, acaba de incorporarse a Huawei como vicepresidenta para España, un cargo de nueva creación. Uno de los retos de Jamaa es contribuir a potenciar los ODS y especialmente a cerrar la brecha digital y traer una sociedad más desarrollada, igualitaria, y sostenible. Huawei ya ha desplegado numerosas iniciativas en este campo como ‘Skills on Wheels’ y ‘Connecting Schools’ beneficiando a más de 60.000 personas haciendo más accesible la tecnología en los colegios.

También su apuesta por las energías renovables, un ámbito en el que Huawei ha desplegado sus soluciones de energía digital en más de 170 países y regiones, dando servicio a un tercio de la población mundial.

TERESA PAREJO

Teresa Parejo, directora de Sostenibilidad de Iberia, es investigadora experta en sostenibilidad, dejó el mundo académico para marcar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la aerolínea, en el ámbito ambiental y social de la compañía -a la que se incorporó en octubre de 2019-.

Doctora en Derecho y Empresariales por la Universidad Carlos III, tras un período corto en la asesoría jurídica de Red Eléctrica, volvió a la universidad donde emprendió una intensa carrera internacional gracias a la que ha colaborado con expertos mundiales en desarrollo sostenible. Ha sido asesora senior de la UN Sustainable Development Solutions Network, miembro afiliado del Sabin Center for Climate Change Law, de la Universidad de Columbia, y directora de la Secretaría del International Council of Environmental Law (ICEL), Nueva York.

Continúa participando en el Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, volcado al estudio de las cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo en el marco de la utilización de los recursos naturales y del medio ambiente.

CHONI FERNÁNDEZ VECIANA

Choni Fernández Veciana, directora de Sostenibilidad y Servicios Centrales en PortAventuraWorld, se incorporó a PortAventura World en 2007 para crear y desarrollar el área de Compras y en especial toda la parte de RSC y sostenibilidad. En 2010, entró a formar parte del comité de dirección como directora de Sostenibilidad y Servicios Centrales.

Entre otras iniciativas relevantes, destaca el impulso de Dreams Village, un complejo de viviendas respaldado por la Fundación PortAventura que, en colaboración con hospitales de todo el país, hace posible que menores en situación de vulnerabilidad por una enfermedad grave y sus familias disfruten de una estancia terapéutica en PortAventura World.

Otras proyectos que reflejan el compromiso de la directiva pasan por la transformación del resort temático en el primero de carbono neutro, así como por la apuesta por las energías renovables en su estrategia de Transición Energética, con un papel activo en el logro de los ODS.

MARTA MORENO

Marta Moreno, directora de Corporate Affairs y Market Acces de AstraZeneca. Con una experiencia de más de 20 años dentro de la industria farmacéutica, Marta Moreno entró en AstraZeneca en febrero de 2021 como responsable del departamento de Corporate Affairs y Market Access, liderando la estrategia corporativa y el área de Comunicación y Responsabilidad Social .

Sus grandes pilares: proteger el medioambiente incrementando la inversión en capital natural y reduciendo la huella en todos los procesos a través de iniciativas como Ambition Zero Carbon, para alcanzar una huella de carbono negativa en 2030; fomentar la ética y la transparencia a través de su cadena de valor y una cultura empresarial saludable.

Uno de los últimos proyectos lanzados en este campo es el Programa de Hábitos de Vida Saludable, junto con la Fundación Balia, para fomentar la educación sociosanitaria en los jóvenes y contribuir a prevenir las enfermedades no transmisibles más comunes como el cáncer, la diabetes, las cardiopatías, las enfermedades respiratorias y las enfermedades mentales.

MONTSE PLANAS

Montse Planas, managing director Fresenius Kabi España, lleva más de diez años al frente de la compañía global de salud Fresenius Kabi en España, especializada en nutrición clínica, terapias de infusión, intravenosos y biosimilares.

Firme defensora de la sostenibilidad como camino de futuro, el grupo al que pertenece ha anunciado su intención de ser neutral climáticamente en sus operaciones en 2040, en línea con el acuerdo de París. La compañía ha identificado el consumo de electricidad como una de las palancas y aumentará gradualmente la compra de electricidad renovable. Igualmente, continuará con la implementación y refuerzo de medidas de eficiencia energética, entre otras iniciativas.

SILVIA DOMÈNECH

Silvia Domènech, directora general adjunta de La Fageda. Tras 7 años en otros cargos dentro de La Fageda, en 2019 fue nombrada directora general adjunta en un contexto de visión de futuro, perfilándose como la mano derecha y sucesora del fundador del proyecto, Cristóbal Colón. En estos tres años ha destacado por su constante labor en resaltar el compromiso medioambiental y desarrollar políticas de sostenibilidad en todas sus vertientes.

La Fageda ya ha alcanzado el 88% de los ODS de la Agenda 2030 y, en este 2022, ha iniciado un proyecto para calcular y reducir su huella de carbono durante los próximos años. En materia social y económica, La Fageda promueve el empleo, la formación y el acompañamiento a personas de colectivos vulnerables para mejorar su calidad de vida; y aportan productos alimenticios a entidades que luchan contra el hambre y la pobreza.

NOEMI GARCÍA

Noemí García, directora de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Gallo, comenzó su trayectoria laboral en Grupo Gallo, al que regresó hace 4 tras una década vinculada a Unilever, donde desarrolló su etapa final en el hub internacional europeo en Rotterdam, y en el Grupo Agrolimen.

El actual CEO de Grupo Gallo depositó en ella la confianza en esta nueva etapa con Gallo para liderar el proceso de transformación de la compañía y definir e implementar la agenda de sostenibilidad del grupo, con el objetivo de contribuir a la transición hacia un sistema alimentario más saludable, sostenible e inclusivo. La agenda de sostenibilidad define tres ejes estratégicos: productos saludables, certificación BCorp y Biodiversidad y agricultura sostenible.

PSOE y Podemos han reducido la tensión de los últimos días ante las diferencias sobre el envío de armas a Ucrania, que se ha visualizado este lunes tras las ejecutivas de ambas formaciones y en el acto institucional por la conmemoración del 8M.

Por un lado, los morados han trasladado por medio de su coportavoz, Isa Serra, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede contar con ellos para que el Ejecutivo siga avanzando y han aclarado que su líder, Ione Belarra, no se refería a los socialistas cuando ayer criticó a los «partidos de la guerra», explicando que simplemente aludía al «furor belicista» de la derecha.

Mientras, el portavoz socialista Felipe Sicilia ha defendido este lunes la «unidad» del Gobierno sobre las acciones en Ucrania y ha señalado que ningún miembro del Ejecutivo ha puesto en cuestión las decisiones del presidente Pedro Sánchez. Por tanto, ha sostenido que «no hay tema» con Podemos a pesar de las discrepancias por el envío de armas.

SÁNCHEZ ACUDE AL ACTO DEL 8M CON LAS MINISTRAS DE PODEMOS

Paralelamente, esa distensión también se ha apreciado esta tarde en el Círculo de Bellas Artes, con la presencia de Sánchez en el acto organizado por el Ministerio de Igualdad por el 8M, donde ha coincidido con la titular de este departamento, Irene Montero, y la secretaria general de Podemos.

La propia Montero ha dedicado palabras de agradecimiento al jefe del Ejecutivo, dado que su asistencia simboliza la relevancia del movimiento feminista e ilustra, de esta forma, la unidad dentro del Ejecutivo.

Según han comentado fuentes de la coalición, desde las dos formaciones que comparten Ejecutivo han mantenido contactos en las últimas horas para bajar el tono tras los roces por la decisión de enviar material ofensivo a Ucrania.

De esta forma, Serra ha comentado esta mañana que la presencia de la formación morada garantiza ambición en las políticas del Ejecutivo y que, pese a las diferencias sobre esta materia, descartaba la salida de Podemos del Ejecutivo. «El presidente del Gobierno puede contar con nosotros», ha comentado a preguntas de los medios sobre si tras esa postura contraria al envío de armamentos se sentían cómodos dentro del Ejecutivo.

A su vez, Sicilia restó importancia a las discrepancias «que puede haber» en torno a una medida dentro de la coalición de la que forma parte Podemos «pero no del Gobierno», valorando también la aclaración de Podemos sobre las polémicas palabras de la ministra de Derechos Sociales.

UP ANTE EL ENVÍO DE ARMAS

La cuestión de las armas ha suscitado diferencias dentro de Unidas Podemos, dado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Universidades, Joan Subirats, mostraron la semana pasada su apoyo a Sánchez, que dio un giro y comunicó en el Congreso su decisión de remitir armas de forma directa a la resistencia ucraniana.

A su vez, Belarra, Montero y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, expresaron sus crítica al entender que era un error, que no era eficaz para acabar con el conflicto al no alterar la correlación de fuerzas y demandaban más esfuerzos en la vía diplomática.

El domingo, la secretaria general de Podemos junto al dirigente de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y el exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, manifestaron que iban a promover un movimiento por la paz europeo ante la agresión rusa a Ucrania. De esta forma, defendían dar una respuesta diplomática radical y demandar una cumbre inmediata para lograr un alto el fuego, con vistas a conseguir una solución dialogada a la guerra.

Además, la dirigente de Podemos y otros cargos del partido han reconocido que hay diferencias en el seno de la coalición a la hora de encarar el conflicto, aunque han reafirmado su apoyo total a Díaz al subrayar que es su candidata para las próximas elecciones generales.

En este contexto, el portavoz de los comunes, Joan Mena, ha evitado pronunciarse este lunes sobre el envío de armas a Ucrania y ha optado por recordar que se trata de «una medida que ya se ha tomado» desde el Gobierno central y que, por ello, lo «importante no es la opinión de este espacio político».

Por otro lado, desde PP y Ciudadanos han demandado a Sánchez que cese a los ministros del espacio confederal críticos con el envío de armas a Ucrania.

España y Estados Unidos han celebrado este lunes el primer seminario bilateral de alto nivel sobre ciberseguridad en el que ambos países han abordado su unión en la lucha contra los ciberataques mediante diversos sistemas.

Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, el encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio, ha sido inaugurado por la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau.

Ambas secretarias han abordado «con detalle» los respectivos sistemas nacionales de resiliencia, protección de las infraestructuras críticas, lucha contra los ciberataques y los incidentes cibernéticos, así como la «represión de los usos malignos y criminales del ciberespacio», tal y como ha informado el Ministerio.

Por otra parte, han explicado que durante la reunión los participantes han acordado «coordinarse estrechamente» en los distintos foros multilaterales de gobernanza del uso de las tecnologías de telecomunicación e información, de las redes de Internet y del ciberespacio como bien común global.

Asimismo, en el encuentro bilateral han subrayado que debido al «actual contexto», «la unidad transatlántica cobra aún mayor importancia para hacer frente a la agresión rusa en Ucrania en todas sus vertientes».

La jornada ha contado con la participación de delegaciones formadas por miembros de la Administración, las empresas y la sociedad civil de ambos países. Además, el encuentro ha servido para que los grupos de expertos estadounidenses y españoles «hayan intercambiado información relevante y experiencias mutuas en asuntos relacionados con la ciberseguridad», han añadido.

Este seminario se ha celebrado en el marco de la primera visita a España de la vicesecretaria estadounidense, quien también se ha reunido con el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para tratar, entre otros temas, la crisis de Ucrania, la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid el próximo mes de junio y las relaciones bilaterales entre ambos países, según han indicado.

Finalmente, desde el Ministerio han puesto en valor dicho encuentro, ya que «es una indudable muestra de la buena coordinación en la materia que existe entre España y Estados Unidos, que ha servido para que ambas partes profundicen en su cooperación en materia de ciberseguridad, una prioridad de la acción exterior española».

Cientos de mujeres se manifestaron este domingo ante las catedrales de España, de cara al Día Internacional de la Mujer, que se celebra este martes 8 de marzo, para reclamar igualdad en la Iglesia católica y aprecian que algún obispo salió a escuchar sus reivindicaciones y dialogar.

«En la Catedral de Vitoria el acto fue dentro de la catedral, algo muy simbólico, la apertura puertas; y en Almería, el obispo salió a dialogar, estuvo conversando. Son dos novedades para nosotras en esta tercera convocatoria», ha explicado este lunes la portavoz de la Revuelta de Madrid, Teresa Casillas, en declaraciones.

La convocatoria, organizada por la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, consiguió reunir en 19 ciudades de toda España a cientos de mujeres y también a algunos hombres que apoyan sus reivindicaciones. En Madrid, por ejemplo, acudieron unas 200 personas a las puertas de la catedral de La Almudena, según las organizadoras. «Fue una convocatoria interesante», ha destacado Casillas.

Las mujeres se concentraron bajo el lema «En la Iglesia con voz y voto»; reclamaron «igualdad y dignidad» y recordaron que ellas son «el cambio». Además, construyeron una pirámide de cajas con los «antivalores de una Iglesia patriarcal» para después deconstruirla y pedir una Iglesia «más circular, sinodal y menos piramidal».

Se trata del tercer año que las mujeres católicas salen a las calles de diferentes ciudades españolas para exigir igualdad en la Iglesia, aunque el año pasado no pudieron convocar presencialmente en algunas ciudades debido a la pandemia de la Covid-19 y lo hicieron de forma online.

Si bien, después de tres años de reivindicaciones, desde la Revuelta de Mujeres no observan apenas cambios, aunque son conscientes de que es algo que va a tardar en llegar. «Ojalá fuera cuestión de tres años, esto es muy lento, es una estructura de siglos», reconoce Teresa Casillas.

En cuanto a los avances en favor de la igualdad desde la llegada del Papa Francisco, la portavoz de la Revuelta en Madrid asegura que están «muy contentas» con los nombramientos femeninos. Mientras, sobre el hecho de que, a partir de ahora, en el Sínodo de la Iglesia vaya a haber una mujer que vote, dicen que «es un paso, pero muy escaso».

«Entendemos que la velocidad de cambio es muchísimo más lenta. Aunque vemos pequeños pasos de cambio, las mujeres ya no estamos dispuestas a dar marcha atrás. Ese cambio no se va a dar en la jerarquía, lo tenemos que hacer nosotras, la Iglesia somos nosotras», ha zanjado Casillas.

El Partido Popular está centrado en el congreso extraordinario de Sevilla que elegirá previsiblemente a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido el 1 de abril, pero su intención es retomar cuanto antes los congresos regionales pendientes, como el de Madrid, donde dará vía libre a Isabel Díaz Ayuso para presidirlo, según han señalado fuentes de la formación.

Ayuso ha repetido numerosas veces que presentará su candidatura a presidir el PP de Madrid, en línea con lo que hacen otros presidentes autonómicos en sus respectivas comunidades. La fecha del cónclave madrileño fue uno de los asuntos que enfrentó a Ayuso y la dirección nacional del PP encabezada por Pablo Casado.

Aunque deberá ser la nueva dirección nacional que salga del congreso extraordinario de Sevilla –se celebra los días 1 y 2 de abril– la que se encargue de organizar los congresos pendientes, fuentes del comité organizador ya apuntan a que hay voluntad de que el cónclave madrileño se celebre cuánto antes.

Hasta ahora, y ante las reiteradas peticiones de Ayuso para adelantar el congreso madrileño, Casado y su mano derecha, Teodoro García Egea, defendían respetar el calendario aprobado en 2020 por la Junta Directiva del PP, que situaba en último lugar los congresos uniprovinciales como el de Madrid.

«Nosotros no adelantamos el congreso porque estamos pidiendo una información y porque, además, no tenemos por qué adelantarlo», dijo el pasado 18 de febrero Casado en una entrevista en la Cadena Cope, en la que señaló que el conclave madrileño era «secundario» porque lo prioritario era aclarar los contratos sanitarios que afectaban al hermano de Ayuso.

DIRIGIDO POR GARCÍA ESCUDERO DESDE 2018

El PP no está por retrasar más el cónclave de Madrid y ya pronostican que habrá voluntad de que ese congreso se celebre en cuanto lo desee la presidenta de la Comunidad de Madrid, según las mismas fuentes del comité organizador. Por lo tanto, si se convoca justo tras el congreso de Sevilla y se respeta el plazo de 45 días que marcan los estatutos, podría celebrarse desde mediados de mayo en adelante.

El PP de Madrid está dirigido desde 2018 por el expresidente del Senado Pío García Escudero, un veterano dirigente del PP madrileño al que designó Mariano Rajoy tras la dimisión de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes tras difundirse un vídeo sobre el robo de cremas en un híper y la polémica en ese momento en torno a su máster. A García Escudero le acompaña como secretaria general del PP madrileño Ana Camíns, muy cercana a Casado.

Aparte del cónclave madrileño, el PP tiene alrededor de una decena de cónclaves pendientes, como el de Extremadura, el de Asturias, el de Murcia, el de La Rioja, el de Cantabria o el de Cataluña, entre otros.

¿INVESTIGAR EL PRESUNTO ESPIONAJE?

En cuanto a si se deberían asumir responsabilidades en caso de que se demuestre el presunto espionaje a Ayuso y su familia, fuentes del comité organizador han señalado que el PP no se niega a ninguna investigación pero es algo que le corresponderá a la nueva dirección que salga del congreso de Sevilla.

Este lunes, en una entrevista en Antena 3, Feijóo ha asegurado que él no ha visto que Ayuso haya «pedido cabezas» en relación con este asunto y ha expresado «respeto hacia su persona» porque hay «algo tan elemental y constitucional como la presunción de inocencia».

«Estoy convencido de que lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid se aclarará porque estoy convencido de que no se ha hecho nada ilegal ni nada en contra del ordenamiento jurídico», ha manifestado, para subrayar que en los gobiernos son «muy importantes» los controles en la administración de material y también hay «intervenciones generales», «asesoría jurídica» y más órganos.

Por lo tanto, ha recalcado que «hay un blindaje desde el punto de vista legal y un presidente de una comunidad autónoma ni firma contratos ni tiene decisión en cuanto a proveedores». «Lo que está claro es que este asunto ya ha cicatrizado, estamos en un momento distinto y no me preocupa, se lo digo honradamente. No me preocupa esa cuestión», ha confesado.

La Comisión Europea ha reclamado este lunes a los gobiernos europeos «abolir» los programas con los que otorgan derechos de residencia o ciudadanía a extranjeros a cambio de inversiones, sistemas que tanto Bruselas como el Parlamento Europeo denuncian como un modo de «comprar» derechos como la libre circulación en la UE con fines ilícitos.

«Los ‘pasaportes dorados’ plantea riesgos serios en materia de corrupción blanqueo, evasión fiscal (…). La Comisión Europea comparte plenamente la preocupación y llama a tomar medidas para abolir estos programas de ciudadanía a cambio de inversiones en todos los Estados miembro y ello lo antes posible», ha indicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia).

La Eurocámara tiene previsto adoptar esta semana un informe crítico con este tipo de programas gracias a los que al menos 130.000 personas obtuvieron permisos de residencia o la ciudadanía de un Estado miembro a cambio de inversiones entre 2011 y 2019. Los eurodiputados denuncian los riesgos de seguridad que plantean, piden su abolición y también reglas comunes para el futuro en esta materia.

Reynders ha asegurado que el Ejecutivo comunitario comparte plenamente la preocupación de los eurodiputados y ha recordado que por ello tiene expedientados a Malta y Chipre, además de haber apercibido a Bulgaria, por las ventajas que ofrecen a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones «a veces de apenas 5.000 euros», «a veces con inversiones sin efecto en la economía real.

Estos programas son vistos con recelos en Bruselas desde hace tiempo –la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya alertó sobre la «venta» de valores europeos en 2020– pero con la invasión de Ucrania el debate se ha vuelto más urgente, según han avisado los eurodiputados en un debate este lunes antes de la votación.

No en vano, ha alertado la ponente del informe, la liberal holandesa Sophie in’t Veld, un tercio de los pasaportes o visados dorados están en manos de «oligarcas rusos» que ahora pueden «esquivar» las sanciones adoptadas por la UE contra los cómplices de la guerra gracias a que tienen un documento que les concede la ciudadanía o residencia en un país del bloque.

Reynders ha admitido que los inversores que reciben este tipo de pasaportes «compran la ciudadanía» de un Estado miembro de modo que se benefician de la «libre circulación» en todo el territorio comunitario y otros derechos como el del voto en elecciones europeas o locales,

Es algo que la Comisión no puede aceptar y decimos claramente que los Estados miembro deben abolir los programas de ciudadanía por inversión porque afecta a toda la UE», ha indicado Reynders, poco antes de que la comisaria de Interior, Ylva Johansson, asegurara que trabaja en una propuesta legislativa para acotar estos programas porque no es una preocupación puntual por el caso ruso sino más amplio, aunque no ha dado detalles de la línea en la que trabaja.

En la actualidad, Malta, Chipre y Bulgaria conceden la ciudadanía a extracomunitarios que invierten en su territorio, aunque Chipre ha tomado medidas para anularlo tras el expediente abierto por el Ejecutivo comunitario y Malta ha anunciado que los suspenderá para ciudadanos rusos y bielorrusos tras la guerra en Ucrania. Otros doce países de la UE ofrecen permiso de residencia a cambio de importantes inversiones de extranjeros.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento a la unidad de la Unión Europea, durante la Reunión Informal de Ministros de Cultura de la UE, para unir fuerzas «desde la cultura» y así «hacer frente a la barbarie» en Ucrania.

Según ha informado el Ministerio de Cultura y Deporte en un comunicado, durante la reunión, que ha comenzado este lunes en Angers (Francia), Iceta ha centrado su intervención en el apoyo de España a la declaración conjunta de solidaridad con Ucrania que se ha aprobado de forma unánime durante la sesión de trabajo.

«Hemos de trabajar todos juntos para defender los valores democráticos, que son el corazón de Europa: la libertad de creación, pensamiento, y expresión, la diversidad cultural, y el pluralismo, así como la soberanía e integridad territorial», ha declarado el ministro.

Asimismo, el dirigente de la cartera de Cultura ha asegurado que «España participará de forma coordinada en todas las iniciativas que se tomen para defender todo aquello que el arte encarna tan bien: la libertad, la independencia, la mirada crítica.

También, ha mencionado «unir fuerzas» para apoyar a los artistas e instituciones ucranianas, «para que continúen con su actividad, preservando su libertad de creación y expresión» y «para preservar el rico patrimonio cultural e histórico ucranio».

En este sentido, el Ministerio de Cultura ha explicado que en la declaración se muestra la solidaridad con el pueblo ucraniano, «su lucha por la libertad, la soberanía y la independencia y el trabajo coordinado para proteger el patrimonio cultural».

También se ha destacado el apoyo a los artistas, periodistas y profesionales de la cultura y de los medios de comunicación ucranianos, al tiempo que se ha mostrado la «disposición a ayudarles junto con sus socios internacionales.

Igualmente, dicha declaración expresa el apoyo a los medios y a los periodistas que cubren «la agresión militar contra Ucrania de forma independiente e imparcial» y se destaca la necesidad de garantizar su protección física, según ha informado el Ministerio. Además, ha subrayado la necesidad de «la defensa de la libertad de expresión e información, así como de la libertad y pluralidad de los medios de comunicación».

Así, en la declaración firmada de forma unánime por los ministros de Cultura de la UE, se denuncia «la manipulación de la información y las campañas de desinformación, de las que se debe proteger a los ciudadanos afectados por esta agresión militar».

Por otra parte, el ministro participará en la segunda sesión de trabajo durante la tarde de este lunes, que estará enfocada en «el futuro de los medios de comunicación en Europa y el fortalecimiento de la diversidad cultural en internet», según han indicado.

Finalmente, desde el Ministerio han aclarado que las sesiones de trabajo de mañana se centrarán en la protección del patrimonio y la lucha contra el tráfico ilícito y, por último, la valoración del patrimonio.

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha anunciado su intención de «incorporar al Gobierno eclesial a laicos y, por lo tanto, a mujeres para que tengan voz y voto» dentro del proceso de renovación de la Diócesis. Además, ha pedido que el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, se rece por «las valientes mujeres ucranianas que huyen del horror de la guerra, salvando la vida de niños y ancianos».

Elizalde ha escrito una carta por el 8M, en la que resalta «la voz, participación y presencia femenina en la Iglesia de Vitoria», como muestra de la «rica pluralidad diocesana».

El prelado ha afirmado que se está «reconociendo la pluralidad de la Iglesia, donde nadie sobra, como una riqueza y signo de progreso». En este sentido, ha puesto en valor la «igualdad y la complementariedad» entre el hombre y la mujer, «llamados ambos a sentirse protagonistas de la historia de la salvación».

Haciéndose eco de las reflexiones del Papa Francisco sobre la figura de la mujer en el seno de la Iglesia, ha apostado por «escuchar y apoyar todas las iniciativas que en la Diócesis se lleven a cabo para dar más presencia a la mujer en la vida de la Iglesia». «La mujer ha demostrado con creces su energía y su capacidad en la sociedad y por supuesto en la Iglesia», ha asegurado.

Con motivo del 8 de marzo, ha querido recordar «a todas esas mujeres que están cargando a sus hijos y a sus mayores, huyendo del horror provocado por la invasión militar de la segunda potencia militar del mundo».

MUJERES UCRANIANAS

El obispo de Vitoria ha recordado la guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa y ha invitado a «mirar a estas mujeres valientes y heroicas de Ucrania», para emplazar a la ciudadanía a «seguir rezando por ellas».

En este sentido, ha destacado el papel de la mujer en los conflictos bélicos como «un oasis de paz y esperanza donde las familias pueden descansar y ver luz en medio de tanta oscuridad».

«Ante las imágenes que nos llegan del éxodo de ucranianos, vemos mujeres al frente de sus familias desplazándose a Polonia, Hungría o Eslovaquia con el objetivo de no morir y salvar a sus hijos y a sus ancianos», ha añadido.

Por ello, ha recordado que en la Diócesis alavesa «serán también recibidas para impulsar esa esperanza de la que ellas son portadoras». Además, se ha referido también a la pobreza que afecta especialmente a las mujeres migrantes a las que hay que «seguir ayudando cada uno desde sus posibilidades».

Sobre la violencia contra la mujer «tanto de manera directa como vicaria», ha rescatado las palabras del Papa Francisco cuando denunció que «herir a una mujer es ultrajar a Dios». «Desde la Santa Sede se está impulsando la presencia y voz de la mujer en estamentos eclesiales» y también aquí.

«En nuestra Diócesis de Vitoria son muchas las mujeres que ocupan profesionalmente puestos de dirección con distintos grupos a su responsabilidad», ha apuntado, para asegurar que su intención es, en el proceso de renovación de la Diócesis, «incorporar al Gobierno eclesial a laicos y, por lo tanto, a mujeres para que tengan voz y voto».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes la colaboración de patronal y sindicatos para impulsar el ‘PlanNacional’ de respuesta al impacto de la guerra provocada por Rusia y ha insistido en la necesidad de alcanzar un «pacto de rentas» para evitar caer en una espiral inflacionista.

Así lo ha trasladado el presidente del Gobierno a los líderes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y a los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, durante un encuentro en el Palacio de la Moncloa en el que también han participado las tres vicepresidentas y de varios ministros del Gobierno.

Según ha informado Moncloa a través de un comunicado, el jefe del Ejecutivo ha coincidido con los agentes sociales en la necesidad de responder con la «máxima unidad» al impacto que la invasión de Ucrania tendrá sobre el crecimiento y la actividad.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que los mecanismos del diálogo social pueden ayudar a distribuir el impacto del conflicto y permitir una recuperación más rápida.

Así, Sánchez ha planteado a los agentes sociales la necesidad de alcanzar un «pacto de rentas», con el fin de proporcionar estabilidad y confianza al conjunto de la sociedad, evitando una espiral inflacionista y reforzando la recuperación económica, la creación de empleo y el poder adquisitivo de los salarios.

Sánchez ha reconocido la labor realizada por la patronal y los sindicatos en la reciente reforma laboral y les ha animado a alcanzar un «acuerdo tripartito» para superar la actual situación.

El presidente del Gobierno ha transmitido a los agentes sociales su preocupación por la actual escalada de precios energéticos por el impacto que supone sobre los hogares y las empresas. Durante el encuentro se han abordado las consecuencias sobre la economía española del conflicto.

Por un lado, el Ejecutivo ha reconocido que el impacto se manifestará a través de la reducción de los flujos comerciales con Rusia o terceros países vinculados a dicho país y, sobre todo, por el aumento de los precios de la energía y las materias primas.

Para mitigar el impacto del encarecimiento de los productos energéticos sobre la economía española, Sánchez ha resaltado que se va a trabajar en dos ámbitos: el europeo y el nacional. El Ejecutivo ha trasladado ya a la Comisión Europea la urgencia de adoptar medidas eficaces para reducir la volatilidad y desacoplar de forma temporal los precios del gas y la electricidad.

En el plano nacional, Sánchez ha detallado alguna de las nuevas medidas que se van a poner en marcha para mitigar el impacto de los altos precios de la energía.

Además, el presidente ha pedido a los agentes sociales su ayuda y colaboración para agilizar la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsando la transición energética y reforzando así la autonomía estratégica de cara al futuro. En el primer semestre del año, se resolverán más de 24.000 millones de euros de convocatorias ligadas a los fondos europeos, tanto a través de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas.

AGENTES SOCIALES REIVINDICAN SU AUTONOMÍA

Los agentes sociales han mostrado su apoyo al Gobierno en la respuesta a la agresión de Rusia y su disposición a mantener un intenso diálogo social, con el fin de amortiguar el impacto económico e impulsar el despliegue efectivo de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación.

No obstante, tras su reunión en el Palacio de La Moncloa, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, han reivindicado su autonomía para acordar las subidas salariales en el marco de los convenios colectivos.

Sobre el pacto de rentas, los líderes sindicales han incidido en que aún hay que definir los temas que podrían formar parte de él, pues históricamente estos pactos han estado ligados a otras cuestiones, como la fiscalidad.

Sordo, por ejemplo, se ha mostrado partidario de «contener» la distribución de dividendos y de los beneficios de las empresas, y de actuar sobre el Impuesto sobre Sociedades, cuyo margen de recaudación aún es muy amplio, pues apenas sirve para ingresar un 10% de los beneficios empresariales.

De su lado, el presidente de los empresarios ha señalado que se está avanzando «en el camino inverso» y ha comparado este «pacto de rentas» con una película de la que «tienes el título pero todavía no tienes el argumento».

Junto a él también ha comparecido el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que ha pedido «crear una senda de certeza y certidumbre» y se ha mostrado contrario a repercutir la situación actual en las empresas.

«Perjudica al trabajador, al consumidor, pero también lo hace de forma agresiva sobre la empresa. La pyme no puede trasladar eso a los precios porque saldríamos de los mercados», ha agregado Cuerva en la rueda de prensa.

Vox ha propuesto formalmente en las Cortes Generales la supresión de las subvenciones publicas a los partidos, incluyendo las que se pagan para afrontar gastos de campaña, con el fin de que toda financiación de las formaciones políticas provenga de particulares y ya no sea necesario que sus cuentas sean revisadas cada año por el Tribunal de Cuentas.

Así lo recoge en sus propuestas de resolución sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo al año 2016, que se someterán a votación próximamente en la Comisión Mixta (Congreso-Senado).

En concreto, y según el texto, Vox quiere que el Parlamento inste al Gobierno a presentar sendas reformas de la Ley Electoral y de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos con el fin de «eliminar las subvenciones públicas a los partidos políticos, fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos».

55 MILLONES EN 2022 SOLO EN SUBVENCIONES ANUALES

Los partidos políticos con representación parlamentaria reciben cada año subvenciones para su funcionamiento ordinario y para inversiones destinadas a cubrir gastos frente a la amenaza terrorista. Para este año, y según los Presupuestos Generales en curso, se prevé repartir alrededor de 55 millones de euros (52,7 millones para funcionamiento ordinario y 2,70 para gastos de seguridad).

Vox pretende acabar con esos dos tipos de subvenciones anuales, pero también quiere eliminar las otorgadas para costear gastos electorales en cada proceso electoral.

Su objetivo es que se promueva y facilite la financiación privada de los partidos y sus fundaciones, garantizando la transparencia pública de las aportaciones recibidas. Y en ese contexto, entiende que ya no sería preciso que el Tribunal de Cuentas examine la contabilidad de los partidos.

Por ello, en sus propuestas Vox también pide que el Tribunal de Cuentas cuantifique los costes de las subvenciones públicas que reciben los partidos para determinar el ahorro que supondría para el Estado, y que calcule la reducción de costes que supondría para la institución dejar de examinar los estados contables de las formaciones políticas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de la instrucción del ‘caso Popular’, ha acordado este mismo lunes la creación de una pieza separada y secreta para investigar la posible financiación ofertada por el Banco Popular a determinados clientes a fin de que participaran en la ampliación de capital del año 2016.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 declara el secreto de esta nueva pieza por espacio de un mes y justifica su decisión asegurando que, de ser conocido el contenido de las pesquisas, la investigación «podría quedar» comprometida. De esta forma, añade, se asegura que no haya «interferencias que afectaran negativamente al buen fin» de la misma.

Calama asegura que la creación de la pieza se produce por «el devenir de la presente instrucción», en la que «se ha abierto una línea de investigación relacionada con la posible financiación ofertada por el Banco Popular a ciertos clientes a fin de que participaran en la ampliación de capital ofertada por la entidad en el año 2016». «Con carácter interino, podemos afirmar que las cantidades financiadas no se restaban del capital del Banco Popular», sostiene.

Se trata de una de las dos principales ramas de este caso, en el que el magistrado investiga por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

A RAÍZ DEL INFORME DE LOS PERITOS DE LA AN

Esta nueva decisión llega, como él mismo recuerda, después de que los peritos de la Audiencia Nacional le entregasen el pasado 9 de febrero un informe en el que validaban el trabajo que el departamento de Auditoría Interna del extinto Banco Popular realizó acerca de la ampliación de capital de ese año.

En el mismo, apunta el magistrado, se concluía que hubo clientes que «suscribieron acciones por 702 millones de euros y que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, incrementaron su financiación dispuesta».

«Tras el trabajo realizado, llegamos a totalizar que 14.229 clientes recibieron financiación en el periodo por 2.366 millones de euros y suscribieron acciones por 702 millones. No obstante, esta cifra de 702 millones no se puede tomar como el importe que Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables y que no realizó hasta el análisis que dio lugar al hecho relevante de 3 de abril 2017», señalaba el informe.

A este respecto, los peritos explicaban que esos 702 millones son «la simple agregación del importe de acciones suscritas por clientes que incrementaron su financiación, sin tener en cuenta si esta era de importe igual o superior a la compra, con independencia de la fecha de formalización y sin haber analizado si la misma se destinó a otras finalidades».

De esta forma el juez se da un mes para «cerrar la investigación acordando la práctica de las últimas diligencias posibles, salvo que de su resultado se haga preciso completar con alguna otra», formando así pieza separada y secreta.

«Ello, sin perjuicio de que tales medidas y su resultado puedan ser conocidas posteriormente, evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida tal efectividad el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna», recuerda.

El aumento de la brecha laboral durante de la pandemia se concentró en las mujeres con hijos, según un estudio del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol).

Este incremento está vinculado a las políticas implementadas para contener la propagación del virus, como los cierres escolares y de los centros de trabajo, y los efectos negativos sobre la economía, como el apoyo financiero a los trabajadores en suspensión de empleo, según un comunicado de la escuela de negocios este lunes.

El documento ha analizado los mercados laborales de España, Reino Unido y Estados Unidos: la evolución del empleo, la incidencia de suspensiones temporales (Erte) y la inactividad de mujeres y hombres con y sin hijos.

El informe pone de manifiesto que en España y Reino Unido las brechas de género se registraron principalmente entre hombres y mujeres con hijos menores de 16 años y tuvieron una extensión limitada en el tiempo, mientras que en Estados Unidos han sido mucho más pronunciadas, con una pérdida de empleo y actividad entre las mujeres trabajadoras más persistente.

En España, el documento no detecta «grandes brechas» en cuanto a pérdida de empleo, aunque sí que las mujeres fueron más propensas a pasar a la inactividad económica debido a su sobrerrepresentación en el sector servicios.

En todo caso, las diferencias más notables se concentraron en los hogares con hijos menores de 16 años y tendieron a coincidir en el tiempo con los momentos de cierre de las escuelas.

Los autores del documento alertan que «hay un riesgo en que este aumento en la brecha de genero en el cuidado de los hijos se atrinchere», revirtiendo décadas de progreso en este ámbito.

Por este motivo han pedido tener en cuenta nuevos formatos de trabajo flexibles, como el teletrabajo, para impulsar la igualdad de género a largo plazo.

El Gobierno ha defendido la aprobación durante las pasadas Navidades de la pulsera telemática para Juana Rivas tras cumplir en noviembre una sanción de 30 días de privación de permisos impuesta por el Centro de Inserción Social (CIS) de Granada donde cumplía condena por la sustracción de sus hijos. Además, ha revelado que otros 10.778 internos han disfrutado de la misma modalidad de control telemático en 2021, lo que supone más del doble que en 2018.

En sendas respuestas por escrito, que da el Gobierno a una batería de preguntas registradas por Vox en el Congreso se detalla el expediente penitenciario de Juana Rivas y la concesión de la pulsera telemática en aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que se aprobó una vez «cumplidas las sanciones disciplinarias impuestas».

Los principales partidos de la oposición denunciaron un supuesto «trato de favor» hacia Juana Rivas al no ejecutar Instituciones Penitenciarias –dependiente del Ministerio del Interior– tres partes de sanción en los seis meses que estuvo interna en régimen de semilibertad en el CIS Matilde Cantos de Granada, previo a la autorización de la pulsera telemática para que pasara la Navidad con sus dos hijos.

30 DÍAS DE PRIVACIÓN DE PERMISOS

Las sanciones derivadas del uso del teléfono móvil fueron tramitadas por la Comisión Disciplinaria del CIS granadino el 21 de septiembre de 2021, castigando a Juana Rivas a 30 días de privación de permisos: 15 días por la falta disciplinaria del artículo 109.a y otros 15 días por la falta disciplinaria del artículo 109.b.

«Las dos sanciones impuestas adquieren firmeza el 26 de octubre de 2021 y se ejecutan durante el mes de noviembre», según especifica el Gobierno, que también recuerda que, previamente, Juana Rivas recurrió la decisión al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Andalucía. «A la vista de lo anterior», alega, «cabe señalar que ningún parte fue archivado».

El Ejecutivo defiende, asimismo, el proceso de concesión del tercer grado para Juana Rivas, cuya pena quedó reducida de dos años y medio a un año y tres meses de prisión, tras la concesión de un indulto parcial por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre pasado.

Tras el tercer grado, en diciembre se acordó otorgarle una pulsera de control telemático «con ocasión de la revisión de grado ordinaria» que se realiza cada seis meses a todos los internos. Al tratarse de un cambio en la modalidad de vida en este caso con aplicación de las previsiones que contempla el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, tal decisión no requirió resolución posterior del Centro Directivo.

En esta última decisión, según especifica el Gobierno, se tuvo en cuenta la actividad laboral como autónoma de Juana Rivas, así como la «evaluación positiva del psicólogo» según el tratamiento impuesto por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la finalización del cumplimiento de las sanciones impuestas.

TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO

Ante las dudas planteadas por Vox, el Gobierno especifica en otra respuesta con fecha de 23 de febrero que el tratamiento penitenciario es individualizado. «Cada persona privada de libertad tiene, y ha de tener, su propio itinerario tratamental», señala, recordando que en la supervisión participan «equipos cualificados de especialistas».

En este sentido, aporta los datos sobre los internos que disfrutan de dispositivos de control telemático por la vía del artículo 86.4, mostrando la evolución al alza desde 2018 –el primer año del Gobierno de Pedro Sánchez–, cuando había 4.982 presos con esta pulsera que facilita poder pernoctar fuera del establecimiento penitenciario, frente a los 10.778 en 2021. En 2019 había 5.657 pulseras y en 2020 fueron 10.196.

«En el caso de las clasificaciones y revisiones de grado, no existe ninguna exigencia legal o normativa que las vincule directamente y/o de forma inexorable a la existencia, o no, de sanciones. La valoración conductual y comportamental en cada caso es absolutamente libérrima en todos los y las profesionales que intervienen en las mismas», concluye el Ejecutivo.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha abogado este lunes por hacer del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una «lucha cotidiana» y ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo catalán con el movimiento feminista.

Lo ha dicho durante el acto institucional de la Generalitat que han conducido las humoristas Ana Polo y Maria Rovira –conocida como Oye Sherman– y que ha contado con actuaciones musicales del grupo catalán Roba Estesa.

El presidente catalán ha defendido que para construir un mundo mejor se debe «avanzar hacia la normalidad feminista» y ha sostenido que no se tendrá plena libertad hasta que todas las personas sean libres.

Así, considera que se deben dejar de normalizar aquellas situaciones que son «totalmente injustificables» como que se excluya a mujeres de posiciones de poder, la brecha salarial y la sobreexposición de los hombres, entre otras.

Con todo, ha reiterado el compromiso del Govern con la lucha feminista, que ha descrito como una de las «banderas» del Ejecutivo con la creación del departamento de Igualdad y Feminismos, al argumentar que son las instituciones y los poderes públicos los responsables de garantizar los derechos de todas las personas.

VERGE

La consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, ha coincidido con Aragonès a la hora de reivindicar el compromiso del Govern de construir la «normalidad feminista» y dejar atrás, así, la normalidad patriarcal para que la igualdad sea efectiva, en sus palabras.

Verge ha celebrado que será su primer Día Internacional de las Mujeres como consellera, al ser un departamento de nueva creación en esta legislatura, una fecha que le hace «especial ilusión» y ha reivindicado el papel de las mujeres que la han precedido en la lucha feminista.

BENEDÍ

La presidenta del Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí, ha lamentado que las «injusticias de género interaccionan con otras» como el racismo, el clasismo y el edadismo, entre otras, y a su parecer producen formas específicas y agravadas de la subordinación de las mujeres, en sus palabras.

Benedí ha sostenido que la «transformación feminista ya ha empezado y es imparable», ha defendido que no es una utopía ni puede ser una promesa para las generaciones futuras y ha asegurado textualmente que tiene que hacerse realidad hoy porque no puede esperar más, a su juicio.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La declaración institucional «pone sobre la mesa la urgencia de garantizar los derechos de las mujeres y de hacerlo ya», porque a pesar de los avances conseguidos, el Govern cree que los derechos de las mujeres no están plenamente garantizados y están sujetos a retrocesos.

El Govern ha dicho que el «reclamo histórico de justicia, equidad y libertad tiene que hacerse realidad hoy», por lo que ha planteado dos cambios: la respuesta institucional feminista con políticas públicas transversales, interseccionales y globales, y la implicación de los hombres para actuar frente al machismo, en sus palabras.

El acto también ha contado con la participación de la activista y comunicadora Desirée Bela-Lobedde; la exdiputada y profesora Maria Olivares; la exjugadora de hockey patines Anna Romero; la delineante y activista trans Clara Palau; y las estudiantes Leire Palacios y Anna Ferré, que han hablado de algunas de las actitudes machistas que han sufrido así como de su relación con el movimiento feminista.