Un socio del despacho de abogados Balder, que habría estado entre los objetivos de José Manuel Villarejo, ha asegurado este miércoles, durante el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por los negocios privados del comisario, que se siente «totalmente perjudicado» porque tanto él como su empresa fueron espiados en 2013 por el ahora policía jubilado.
En esta nueva sesión han tomado la palabra miembros de Balder, un bufete especializado en patentes y marcas creado en 2012 por antiguos socios de Herrero&Asociados. Este último despacho habría contratado al grupo empresarial de Villarejo, CENYT, en 2013 para investigar a su nuevo competidor ante la sospecha de que les había robado la base de datos, en lo que el comisario denominó proyecto ‘Iron’.
«Me siento totalmente perjudicado, desde un punto de vista moral y personal, porque he sido espiado, he sido acusado y hemos estado en boca de todos en la profesión (…) Es un milagro que hoy por hoy sigamos existiendo», ha sostenido Óscar García, que ha comparecido como perjudicado.
García ha contado que esta salida de trabajadores se produjo tras unos años de malestar en Herrero&Asociados porque los socios mayoritarios decidieron «ofrecer la sociedad en venta a otras compañías». Aunque «el ambiente se enrareció», ha afirmado que la partida fue cordial, hasta le desearon «mucha suerte».
Olof Fickert, otro socio que dio el salto de un despacho a otro, ha indicado que esta pérdida de «integrantes valiosos» generó «preocupación» en Herrero&Asociados, por lo que podía hablar con sus «amigos» y antiguos compañeros.
De acuerdo con García, el punto de inflexión fue el lanzamiento de la página de web de Balder. Quizá porque entonces su antiguo empleador fue consciente de que tenía un «nuevo competidor», ha valorado. Y, a partir de ahí se dieron cuenta de que «algo raro estaba pasando». «Se estaban orquestando diferentes actuaciones contra nosotros», ha dicho.
En su caso, ha recordado un episodio que vivió cuando una noche salió de su casa a tirar la basura. Observó que había una persona dentro de un coche que le pareció que le vigilaba. Para probar su teoría, condujo a fin de comprobar si le seguía. «Y, efectivamente, me siguió», ha subrayado.
Ellos y Patricia Koch, socia de Herrero&Asociados que fundó Balder, han narrado un segundo suceso que tuvo lugar en la sede del nuevo bufete. En ese momento ya había «una cierta psicosis» y decidieron contratar a una detective para que hiciera un barrido en la sala de juntas con el objetivo de anular posibles aparatos de escucha.
Esa investigadora privada, que también ha comparecido este miércoles, ha testificado que advirtió la presencia de otros detectives sentados en un banco de un parque situado justo enfrente de Balder. Se lo comentó al bufete y bajó a hablar con ellos, que le confirmaron que «estaban siguiendo a alguien de esa empresa».
Koch ha añadido una tercera escena. La experta en propiedad industrial ha relatado que un hombre identificado como Javier Hidalgo se presentó en Balder con la intención de obtener información sobre su funcionamiento interno, «una visita rarísima». Esa persona resultó ser el socio de Villarejo, Rafael Redondo, según pudo saber después.
Con todo, Fickert ha manifestado igualmente que se siente «tremendamente perjudicado». «Sentirte seguido, vigilado y espiado, aunque no teníamos nada que ocultar, no es nada agradable», ha expuesto.
DATOS PERSONALES
Además, los tres han verificado los datos de clientes, proveedores, empleados, gastos e ingresos, e incluso DNIs, teléfonos y cuentas de carácter personal, así como movimientos bancarios, recogidos en documentos de CENYT que aparecieron en los registro realizados en noviembre de 2017 en las casas de Villarejo y Redondo.
A preguntas del fiscal anticorrupción César de Rivas, han aclarado que algunos de esos datos podían estar disponibles en fuentes abiertas, tales como oficinas de patentes y marcas o registros mercantiles, pero otros no.
En este sentido, Fickert ha detallado que era «imposible» que clientes con los que trabajaban en América Latina, y que figuran en el listado elaborado por CENYT, fueran de conocimiento público.
De hecho, ha puesto de relieve que se sintió «indignado» cuando vio que en la demanda de arbitraje formulada por Herrero&Asociados contra Balder a mediados de 2013 constaba el listado de clientes del segundo bufete. «Me parecía imposible que alguien tuviera acceso a una información que es confidencial», ha recalcado.
En la misma línea, han señalado que, si bien en la página web solían publicar «casi todos» los trabajadores que iban contratando —«Queríamos dar imagen de que éramos más importantes de lo que realmente éramos», ha admitido García–, algunos se omitían para destacar solamente «los más impactantes por su CV y experiencia profesional».
Asimismo, han reconocido sus números de identidad y cuentas bancarias, así como sus teléfonos personales escritos a mano, en otro documento manejado por CENYT que se les ha exhibido durante la vista oral.
UN CIBERATAQUE «MASIVO» Y VARIOS PROCESOS JUDICIALES
Entre las acciones emprendidas por Herrera&Asociados que habrían provocado «un estado de auténtico pánico» en Balder, en palabras de García, éste último ha resaltado también «un ataque muy masivo y muy continuado en el tiempo» que habría sufrido el sistema de gestión de expedientes del bufete, destinado al uso de sus propios clientes pero que en realidad constituía «una puerta de entrada» a su base de datos.
En este punto, y a preguntas ahora de la acusación particular, los tres han sido tajantes a la hora de negar que se llevaran consigo una copia de la base de datos de Herrero&Asociados o que pidieran a Mario Capitán, un informático que trabajó para ambos despachos hasta acabar definitivamente en Balder, que lo hiciera.
Han mencionado también, entre los presuntos movimientos hostiles de su antiguo despacho, una reseña en Internet de una persona que decía ser cliente de Balder que les «puso a caldo» y perjudicó su posicionamiento en Google. García y Fickert han enfatizado que posteriormente comprobaron que no era cliente suyo.
Por último, los tres han identificado como un perjuicio claro los procesos que surgieron por el pulso entre ambos bufetes: un arbitraje, que se resolvió a favor de Herrero&Asociados con una indemnización a su favor de 460.000 euros por «colusión»; una investigación penal por el supuesto robo de la base de datos, que acabó cerrándose; y esta pieza separada número 2 del ‘caso Villarejo’.
Para Koch, a pesar del «daño tremendo» causado a Balder, «el más grave es el tema moral». «Ha sido muy desagradable», ha expresado, haciendo hincapié en que en su caso, además de que «ser espiada es muy molesto», se habló de su vida íntima. «Era absolutamente vomitivo», ha zanjado.
