La Comisión de Interior del Congreso ha exigido al Gobierno que en las negociaciones relacionadas con la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) rechace políticas migratorias que impliquen detenciones o procesos acelerados en frontera.
Lo ha hecho a través de una proposición no de ley impulsada por ERC y transaccionada con el PSOE, que también ha apoyado Unidas Podemos, y que incluye media docena de medidas relacionadas con este tema.
Así, la iniciativa llama al Ejecutivo a apoyar la petición de responsabilidad compartida y justa y el desarrollo de un mecanismo solidario que supere el principio de primera entrada, que establece que el primer país de llegada de los solicitantes de asilo es el responsable de su asistencia y protección. Además, les llama a promover la reunificación familiar y los vínculos estrechos de los solicitantes de asilo con determinados Estados miembros.
El texto recoge también una petición para que el Gobierno apueste «por un modelo de política migratoria a nivel de la UE» priorizando «las vías legales y seguras y la rendición de cuentas a través de mecanismos de supervisión de las violaciones de derechos humanos en todo el territorio español».
Adoptar de manera proactiva políticas de salvamento y rescate, facilitando la participación de ONG; revisar la legislación para garantizar que los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado son ágiles, eficientes y justos; garantizar una acogida adecuada a todas las personas desde el primer momento de la solicitud o garantizar la libre circulación por el territorio español de quienes hayan realizado una solicitud de asilo, son otras de las medidas reclamadas.
CRÍTICAS DE PP Y VOX
La portavoz de ERC en materia migratoria, María Carvalho, ha señalado la necesidad de legislar y trabajar en políticas de «derechos humanos» para «proteger a las personas de la violencia» que sufren a su llegada a Europa.
También el PSOE ha defendido aquellas políticas destinadas a evitar la detención de los migrantes. Además, tal como ha explicado la portavoz socialista en este debate, María Gemma Araújo, han planteado modificaciones en la iniciativa inicial porque incluía medidas que no afectan solo al Ministerio del Interior, sino también al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Tanto PP como Vox han votado en contra de esta proposició no de ley. Los de Pablo Casado, según ha indicado su portavoz en la comisión, Teresa Jiménez Becerril, porque las propuestas de la izquierda se realizan desde la «demagogia arriesgada». A su juicio, no se puede pedir a los migrantes que vengan a Europa «para que caigan en manos de las mafias y la pobreza».
Los de Santiago Abascal, por su parte, han acusado, a través de su portavoz en el debate, Luis Gestoso, de llevar a cabo políticas que «favorecen la invasión de ilegales» en las costas españolas «con total impunidad» y ha defendido la utilización de medios económicos para dotar «de medios policiales y antidusturbios» a Policía y Guardia Civil, así como para «ampliar» los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que los migrantes sean «interceptados, detenidos e inmediatamente deportados».
