Ya desde el principio de su mandato Pedro Sánchez dejó claro que una de sus preferencias sería la lucha contra “la desinformación”. Este mismo jueves esas intenciones se pusieron negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado. Aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad el pasado 6 de octubre, este “Procedimiento de actuación contra la desinformación” ya ha sido duramente criticado por medios de comunicación y asociaciones de prensa.
Al frente de esta “Comisión permanente contra la desinformación” estará controlada y dirigida por Iván Redondo, director de gabinete del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Aguilar, secretario de Estado de Comunicación. Aunque las fake news y las campañas de manipulación masivas son un serio problema para la estabilidad de las democracias occidentales, los medios y editores de prensa dudan de la eficacia y la pertinencia de esta comisión. Temen, con razones más que fundadas, que no sea más que una excusa para censurar y perseguir a los medios críticos.
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Una mordaza legal
El objetivo del Gobierno, según lo publicado en el BOE, sería “monitorizar y detener” las campañas de desinformación antes de que se difundan de forma masiva. El documento se escuda en que “los procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática, de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.
También se asegura allí que “los ciudadanos consideran que los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”. La estrategia para justificar esta mordaza legal a los medios de comunicación viene ya de atrás. Y es que Iván Redondo, el maquiavélico estratega a la sombra de Sánchez, no deja ningún detalle al azar.
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El CIS prepara el terreno
Nos remontamos al pasado mes de abril, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas debido a la pandemia. A mediados de mes se publicó la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en la que, por primera vez, se introdujo una pregunta que extrañó e indignó a partes iguales. “¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?».
Según el sondeo, un 66,7% de los encuestados «cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo solo una fuente oficial de información«, frente a un 30,8% que «cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información». Y de aquellos barros estos lodos. El Gobierno ya puede ampararse en un supuesto respaldo ciudadano a la censura institucionalizada. Jugada maestra.
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Usar al CNI contra la prensa
En resumen, este nuevo organismo tendrá la función de “monitorizar” la información publicada en los medios de comunicación para velar por su veracidad. Para ello el Gobierno ha diseñado una estructura que implica a las más altas instituciones del Estado. Además del ya citado Consejo de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Estado de Comunicación, participarán de dicha estructura la propia Presidencia del Gobierno e incluso el Centro Nacional de Inteligencia.
El documento establece asimismo que solicitará la colaboración del sector privado y la sociedad civil cuando lo considere “oportuno y relevante”. Su función no sería otra que la de ayudar “»con acciones como la identificación y no contribución a la difusión» de las llamadas “fake news”.
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¿Quién vigila al vigilante?
Como era de esperar, este organismo gubernamental encargado de «examinar la libertad y pluralismo de los medios de comunicación» no ha caído nada bien entre los empresarios y trabajadores de los medios. No es raro que así sea, sobre todo a la vista de que quien está al cargo es Iván Redondo, un hombre con larga experiencia en el control, la censura y manipulación de medios de comunicación. Algunos periódicos han recordado estos días los años en que Redondo fue jefe de gabinete de José Antonio Monago, expresidente de Extremadura, y manejaba con puño de hierro la televisión pública de la comunidad.
No solamente la gente del ramo, sino también la oposición ha manifestado su firme oposición a esta medida. “¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas?”, se preguntaba el Partido Popular a través de su cuenta en Twitter. “Pedro Sánchez se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera», denunciaba el diputado popular Pablo Montesinos. También la Asociación de Medios de Información ha manifestado su “profunda preocupación” por este organismo que “podría vulnerar el espíritu de la Constitución”.
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Niveles de actuación contra la desinformación
En el documento publicado en el BOE se detallan cuatro niveles de intervención para detectar y frenar dichas “campañas de desinformación”. En el nivel 1 se actuará solamente “a nivel técnico” para “realizar la alerta temprana”. Ahí estarían implicados en ello la Secretaría de Estado de Comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
El nivel 2 consistiría en “valuar las consecuencias y el impacto” y apuntaría ya a tomar “medidas de mitigación”. Un paso más arriba, en el nivel 3, se establecerán acciones de “carácter político-estratégico” para neutralizar dichas campañas de desinformación. En última instancia, en el nivel 4, se sitúa la “gestión política” como reacción a la desinformación. Ello se realizaría a través de una campaña de comunicación dirigida por el Consejo de Seguridad Nacional.
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