Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer por la tarde a Borrell, quien ya había sido detenido el 25 de marzo por un delito similar. Tras declarar ante la jueza competente, ha quedado en libertad con cargos y medidas cautelares de alejamiento.

Esquerra Republicana manifestó su rechazo frontal «a cualquier muestra de violencia machista» y reafirmó su «compromiso con la erradicación del machismo de nuestra sociedad y con la lucha contra las violencias machistas de todo tipo».

Además, anunció que impedirá que Borrell repita como candidato a la Alcaldía de Miravet, cuyo ayuntamiento lleva dirigiendo desde 2007.

Esta ley modificaba la Ley 13/2008, de 5 de noviembre de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno. En consecuencia, la sentencia redactada por el magistrado Antonio Narváez, declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 1, que preveía que en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato/a (…) el Pleno del Parlamento de Cataluña pudiera autorizar, por mayoría absoluta, que el debate de investidura se celebrara sin la presencia o sin la intervención del candidato/a, que en ese caso podía presentar el programa y solicitar la confianza de la cámara por escrito o por cualquier otro medio previsto en el Reglamento.

El Tribunal recuerda que, según la doctrina establecida en la sentencia 19/2019, de 12 de febrero, (…) el candidato a la presidencia de la Generalitat debe comparecer de forma presencial ante la Cámara.

En efecto, “una investidura en la que el candidato no compareciera presencialmente ante la cámara para solicitar su confianza sería contraria al bloque de constitucionalidad al vulnerar los principios que derivan del artículo 99.2 de la Constitución y en el caso examinado también del artículo 67 del Estatuto de Cataluña y del artículo 149 del Reglamento del Parlament, pues aunque estas normas no establezcan expresamente el carácter presencial de la investidura, esta exigencia es inherente a la naturaleza de este procedimiento”, afirma la sentencia.

Entiende el tribunal que se vulneraría el derecho de los diputados a ejercer su cargo público sin perturbaciones ilegítimas y de conformidad con lo previsto en la ley y en los principios constitucionales contemplados en el artículo 23 de la Carta Magna.

Por conexión con este precepto también se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Disposición Adicional porque “prevé la modificación del Reglamento del Parlamento para regular una investidura no presencial, que es contraria a la Constitución y al Estatuto”.

También la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 2 de la Ley que introduce cuatro nuevos apartados (3 a 6) en el artículo 35, referido a los medios telemáticos. En concreto, el apartado 3 del citado artículo dice: “El Gobierno y los demás órganos colegiados (…) pueden constituirse, convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresamente y excepcionalmente lo contrario”.

El tribunal, aplicando la doctrina establecida por la sentencia 19/2019, recalca la importancia que reviste la interrelación directa e inmediata en los procesos deliberativos y decisorios que son propios de cualquier Ejecutivo, pues la separación física no permite conocer todo lo que está sucediendo en otro lugar.

Además, en una reunión a distancia puede que no estén debidamente protegidas las funciones de los miembros de un Gobierno como ejercer su cargo sin interferencias externas, su propia seguridad, la libertad con la que deban afrontar su participación en los debates y deliberaciones y el secreto que deban preservar de éstas.

CONTRARIO AL ESTATUTO

El tribunal analiza este apartado y destaca, como eje central de su argumentación, que, con la redacción del precepto, queda a la libre discrecionalidad del Gobierno de la Generalitat la posibilidad de celebrar sus sesiones, bien presencialmente, bien por vía telemática, pudiendo llegar a la posibilidad de que todas las sesiones se celebraran de la segunda de las formas, de tal manera que el presidente, todos o algunos de sus miembros, pudieran hallarse simultáneamente en diferentes lugares, ya sea dentro o fuera del ámbito territorial de Cataluña o, incluso, en el extranjero, cuando, de conformidad con lo que disponen los artículos 97 de la Constitución y 68.1 del Estatuto, en conexión con los artículos 10 y 67.8 de la más alta norma autonómica, la celebración no presencial de las sesiones del Ejecutivo catalán debe obedecer “a casos justificados, excepcionales y (con) las oportunas garantías”.

Por tanto, la sentencia declara inconstitucionales y nulos los términos “constituirse”, “y celebrar”, así como “adoptar acuerdos” de este apartado. En cambio, ninguna tacha merece al tribunal la previsión de que para “convocar” y “remitir actas” se empleen medios telemáticos, dado que se trata de funciones puramente documentales que no implican deliberación ni toma de acuerdos.

En el apartado 4 del artículo 35 se refiere a los medios telemáticos que los miembros del Gobierno pueden utilizar en las sesiones a distancia. Entre dichos medios, se permite el correo electrónico que no permite la oralidad.

El Tribunal aplica el mismo razonamiento que el apartado anterior para declarar su inconstitucionalidad y nulidad porque “tiene por objeto regular específicamente las sesiones a distancia sin el carácter excepcional que necesariamente deben tener”.

El apartado 5 regula el quorum exigible para las deliberaciones y decisiones del Gobierno permite que se compute “tanto la asistencia presencial como la participación a distancia”. Ello significa que el legislador autonómico equipara plenamente las reuniones presenciales y a distancia. La sentencia también considera que es inconstitucional y nulo por las mismas razones que los apartados 3 y 4 “visto el carácter absoluto e incondicionado con el que asimila la participación presencial y a distancia”.

Finalmente, el apartado 6 prevé que cuando los miembros del Gobierno emplean los medios telemáticos para despachar los asuntos y ejercer las funciones que les correspondan se entiende que no se da el supuesto de ausencia a que se refieren los artículos 6.1, 12.1 k, 14.5, 15.4 y 20.

El Tribunal entiende que “este apartado excluye en todo caso la sentencia de nombrar un suplente en los supuestos de ausencia, nuevamente sin establecer causa, motivo ni garantía de ninguna clase”.

Para concluir, el pleno del TC declara, al tratarse de una sentencia que tiene “plenos efectos frente a todos”, el deber que tienen las autoridades y cargos públicos de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir el fallo de esta sentencia”.

Ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del independentismo por el 1-O, este jefe de seguridad de la Guardia Civil relató que en el centro de votación de esta localidad “aproximadamente podía haber 200 personas […] gritando votarem, fuera fuerzas de ocupación e insultos”.

A su llegada, a las 10.40 horas, no lograron entrar al centro, “había unas 20 personas detrás de la puerta impidiendo la entrada”. “No le puedo decir si estaban organizadas o no”, aseguró.

A la salida de la comitiva, “tuvimos que reforzar el perímetro con 20 guardias civiles porque la agresividad por parte de la gente aumentaba”, fue ahí “cuando recibimos agresiones, patadas y esputos”. A este centro regresaron sobre las 13.18 “porque antes no se habían localizado las urnas”. Asimismo, detalló que había gente grabando “todos nuestros movimientos” con los teléfonos móviles de manera “constante”.

Además, al visualizar los videos, observó cómo “una persona con una sudadera de color rojo en el descansillo agrede a un guardia, le tira al suelo, el detenido cae encima y le aplica una técnica de estrangulamiento en el suelo”.

De hecho, en el suelo el guardia gritó “que me asfixio”, fue entonces cuando otros guardias lo detuvieron, según recordó. La actitud en principio “era un nivel medio de agresividad que fue aumentando, la gente estaba sentada en el suelo y en absoluto silencio”, reconoció a preguntas de las defensas.

EL REGISTRO DEL 20-S

Posteriormente, intervino un agente de la unidad orgánica de la Guardia Civil de criminalística que participó en la inspección de los vehículos de la Guardia Civil dañados el 20-S durante el registro de la conselleria de Economía.

Explicó que los tres Nissan Patrol presentaban “adhesivos en relación a la república, a la democracia y al referéndum”. Además, continuó, “tenían las ruedas pinchadas, habían vertido la basura de las papeleras, habían hecho pintadas, ponían todo tipo de frases, insultando, habían arrancado los espejos retrovisores, las tres ventanillas del lado derecho estaban rotas, todas la chapa estaba abollada y las luces de los rotativos estaban rotas”.

En este sentido, explicó que los daños se podían haber producido por “objetos corto punzantes, armas blancas o similares”. En relación a tres vehículos no logotipados, el testigo detalló que uno de ellos tenía “las ruedas pinchadas y el retrovisor arrancado”, otro “abolladuras en la chapa” y un tercero, el que menos desperfectos presentaba, “alguna abolladura”.

Sobre la recogida de muestras biológicas en uno de los vehículos, el agente aclaró que vieron una “mancha rojiza”, por lo que recogieron muestras, ya que no sabían si se había producido alguna reyerta o era producto de un corte con los cristales de las ventanas. La analítica arrojaba el perfil genético de dos varones, “pero no dio positivo”, de modo que no fueron identificados.

El último agente citado a declarar este miércoles también realizó la inspección ocular de los vehículos. A preguntas del fiscal Fidel Cadena, el guardia civil explicó que los vehículos «estaban llenos de basura, completamente destrozados. Habían sustraído los extintores, los equipos de comunicación, habían rajado los asientos… El sistema de control también había desaparecido». Respondiendo a la Abogacía del Estado, el agentes confirmó que “cortaron los asientos en trozos, literalmente». Con esta declaración, finalizó la sesión de este miércoles y el presidente del tribunal Manuel Marchena anunció el juicio se reanudará este jueves a las 9.30 horas.

Con la convalidación este miércoles de los últimos tres decretos aprobados por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, tras el decreto de convocatoria de elecciones (5 de marzo), se eleva de 26 a 29 el número de normas que la Cámara Baja ha convalidado con las Cortes ya disueltas e impulsadas por un Gobierno que ya ha llamado a las urnas.

Los reales decretos-ley son medidas que, aunque entran en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con solo la aprobación del Gobierno, preceptivamente, deben convalidarse o derogarse en la Diputación Permanente, que es el órgano que gobierna la Cámara cuando los periodos son inhábiles o cuando las Cortes no están operativas.

Felipe González, el presidente que más tiempo ha estado al frente del Ejecutivo, ha sido el que más ha usado esta situación, en 12 ocasiones en sus 14 años de presidente. Leopoldo Calvo-Sotelo lo usó 7 veces frente a las 5 de José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto José María Aznar como Mariano Rajoy sólo aprobaron un real decreto-ley con las Cortes ya disueltas.

Según datos facilitados a Servimedia por el Congreso, en la primera legislatura el Gobierno de Calvo-Sotelo elevó a la Diputación Permanente un total de siete reales decretos ley para ser convalidados después de que el 31 de agosto se disolvieran las Cortes. Se convalidaron medidas “urgentes” en la Seguridad Social, la fijación de la jubilación forzosa a los 65 años de los profesores de EGB o la aprobación de créditos para las elecciones generales de 1982.

Fue igual de activo que el fin de la cuarta legislatura, cuando el Gobierno de Felipe González en 1993 usó este instrumento en siete ocasiones, para paliar los daños por la rotura de la presa de Tous, los efectos de la sequía o ayudas para los afectados por el VIH.

González también recurrió a esta fórmula en el cierre de la Quinta legislatura y, con la convocatoria ya de las elecciones generales en 1996, aprobó cuatro reales decretos, entre los que estaban la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias o medidas urgentes para reparar daños por inundaciones.

Al final de la novena legislatura, según el informe de la Cámara que preside Ana Pastor, el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó cinco de estas medidas una vez ya estaban convocadas las generales y las envío a la Diputación Permanente para su convalidación. Entre ellas, cuestiones como la creación del Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de crédito. Rajoy también usó este instrumento con las Cortes ya disueltas en 2015 para convalidar un único real decreto ley con medidas urgentes para reparar daños por temporales de lluvia en Canarias.

LOS TRES DE SÁNCHEZ

En el caso de Sánchez, el Ejecutivo ha aprobado un RD-L sobre medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo; otro sobre la regulación del sector de la estiba; y un tercero sobre en el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales para inversiones financieramente.

En la Diputación Permanente de este miércoles, el Gobierno aprovechó también para cerrar la legislatura con los decretos que faltaban por convalidar y que aprobó en el Consejo de Ministros previo a la convocatoria de elecciones y por tanto disolución de Cortes.

A la salida de la Diputación, con la que se puede dar por concluida la legislatura, desde el PSOE expresaban su alivio porque, según confesaron a Servimedia, ha sido un final duro y de mucha tensión, como un “parto”.

Desde el Ejecutivo y el PSOE manifestaron a Servimedia sentirse orgullosos de lo logrado porque su grupo parlamentario sólo estaba formado por 84 diputados y en este tiempo ha conseguido lograr las mayorías necesarias para las convalidaciones, llegando para ello a necesarios acuerdos con los representantes de varias formaciones políticas.

Este órgano de la Cámara Baja que opera en periodos no ordinarios y con las Cortes disueltas tiene 65 miembros titulares, en proporción a los resultados electorales de las fuerzas políticas.

Tras la publicación de las listas con las que los partidos concurrirán a las elecciones legislativas, al menos el 34% de los que hoy configuran la Diputación Permanente está previsto que no vuelvan a ser diputados.

Este porcentaje puede variar ligeramente con algunos políticos que no están situados en puestos de salida en las candidaturas elaboradas por sus partidos. Sin embargo, se prevé que el 64% de miembros de la Diputación Permanente vuelvan a tener su escaño.

Ya dependerá de la dirección de sus partidos si vuelven a formar parte de este órgano, donde tradicionalmente se ubica a personas de confianza.

Este porcentaje de cambios se pone de manifiesto en la propia Mesa del Congreso, en la que la presidenta, Ana Pastor (PP), volverá al Congreso, al igual que Ignacio Prendes (Cs) y Gloria Elizo (UP). Sin embargo, no lo harán Micaela Navarro (PSOE), que encabeza una lista para el Senado; ni tampoco Alicia Sánchez-Camacho, al margen de las candidaturas electorales del PP.

La sesión de hoy de la Diputación Permanente en la que se han convalidado los seis reales decretosley presentados tiene todos los visos de ser la última de la XII legislatura.

Al finalizar la sesión, la ‘número dos’ de Pedro Sánchez en Ferraz consideró que hoy se ha convertido en un “gran día” para los españoles al convalidarse estos decretos del Gobierno, que son los últimos de la legislatura.

Destacó que el decreto que regula los planes de contingencia para el ‘Brexit’ era “central” a tenor de la deriva que en el Parlamento británico está tomando este asunto y para poder dar seguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas.

? Adriana Lastra (PSOE): «El PP ha dejado de ser un partido de Estado» https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/fU4lXRoNuD

— 24h (@24h_tve) 3 de abril de 2019

Además, resaltó que se ha trabajado en este aspecto con otras fuerzas políticas que han sido “partícipes” en su elaboración y que era “necesario” sacarlo precisamente por la seguridad jurídica. En concreto, por su voto contrario a este decreto, dictaminó que el PP “ha dejado de ser un partido de Estado”.

Lastra lamentó esta actitud y llegó a considerar “inexplicable” el comportamiento del PP. A su juicio, hoy el partido liderado por Pablo Casado ha roto la unidad que antaño había existido en torno a la política exterior.

La portavoz socialista, que no salía de su asombro, apuntó a que de esta forma el PP “ha casi intentado desamparar a estas personas” que se ven afectadas por el ‘Brexit’. Así, volvió a lamentar “la deriva del PP de Casado” y fue más allá al decir que “nada tiene que ver con el de Mariano Rajoy”.

En su opinión, los populares más bien se están “dejando arrastrar por la ultraderecha”, también en política exterior.

Finalmente, agradeció a los partidos que en su día facilitaron la moción de censura que hoy hayan posibilitado la convalidación de estos decretos y negó que haya habido transferencias al PNV para recabar su apoyo.

El real decreto fue convalidado por 40 votos a favor, fruto del apoyo de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDECat y Compromís, frente a los 25 votos en contra sumados por PP y un miembro del Grupo Mixto.

Durante la defensa del real decreto de ley, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que se trata de una prórroga de la capacidad de reinvertir en inversiones financieramente sostenibles en los mismos términos que la aprobada en años anteriores por el Gobierno del PP.

Según la ministra, con esta medida, que permite que las inversiones no se computen en la regla de gasto, “reducimos la incertidumbre y damos certeza al invertir en las políticas más cercanas a la ciudadanía”. Asimismo, destacó su importancia al tratarse “de inversiones fundamentales para el funcionamiento de la estructura municipal”.

En concreto, se permite reinvertir el superávit de 2018 en inversiones financieramente sostenibles dedicadas al transporte de viajeros, ordenación del tráfico, bibliotecas, abastecimiento de agua, recogida de residuos, investigación científica, seguridad, orden público, construcción de centros docentes, equipamientos culturales y rehabilitación de viviendas.

Además, Montero justificó la decisión de tramitar esta medida a través de un real decreto ley por la no aprobación del proyecto de Presupuestos de 2019 y por la urgencia de los gobiernos municipales y autonómicos para poder hacer sus previsiones de gasto.

Por su parte, Carlos Floriano, del PP, se expresó de acuerdo con el contenido de la medida, hasta el punto de señalar que se trata “de una copia” de lo hecho en 2018 por el Gobierno del PP, pero cuestionó que el Ejecutivo socialista lo haya tramitado vía real decreto ley. En este sentido, el diputado popular criticó que el Gobierno hubiera presentado seis reales decretos ley y aseguró que “no estamos ante una situación normal”.

Así, Floriano denunció que el Gobierno haya presentado estas medidas “con elecciones convocadas, en Diputación Permanente, en precampaña electoral”, al considerar que “se pervierte la capacidad legislativa del Congreso” al utilizarlo “como si fuera un banner de publicidad en un periódico”.

En cuanto a Unidos Podemos, la diputada Lucía Martín manifestó su voto a favor del real decreto a pesar de considerarlo “un parche insuficiente que no permite llevar a cabo ningún cambio estructural”. En esta línea, la diputada de la formación morada denunció “la asfixia y austeridad” impuestos por PP y PSOE y defendió la necesidad de reformar la regla de gasto y acusó al Gobierno de defender esa misma idea cuando estaba en la oposición pero no hacerlo una vez en la Moncloa.

Por parte de Ciudadanos, Francisco de la Torre también anunció el voto favorable de su grupo parlamentario, recordando que también votó a favor en 2018 y 2017, pero criticó que la medida supone “una metáfora de lo que está haciendo el Gobierno, al hacer lo fácil y en el último momento de la prórroga”.

Joan Tardá, portavoz de ERC, también valoró como positivo el real decreto ley, aunque a continuación consideró que “es insuficiente” y que “suena un poco a migajas” y denunció que los ayuntamientos “están asfixiados por la falta de financiación, el austericidio y la regla de gasto”.

También indicaron el voto a favor de la convalidación los portavoces de PNV, Mikel Legarda, y PDECat, Jordi Xuclá, quien aseguró que la medida supone “un remiendo más a una gran asignatura pendiente”, en referencia a “un sistema de financiación caducado desde 2014”.

En términos similares se manifestó, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, quien también anunció el apoyo de su formación al real decreto ley a pesar de destacar la necesidad de reformar el sistema de financiación de las entidades locales y autonomías. “Tenemos una mala financiación que no han resuelto ni PP ni PSOE”, aseguró, para añadir a continuación que “no hicimos a Pedro Sánchez presidente para que haga lo mismo que el PP”.

Por último, Marian Beitialarrangoitia, de Bildu, criticó que las comunidades autónomas y corporaciones locales sólo puedan gastar “en lo que Madrid permite” y reivindicó que el superávit que se permitirá reinvertir es fruto de la actuación de los gobiernos municipales y autonómicos, “y no de la tutela del Gobierno central”. En este sentido, criticó al PSOE por “ser tan centralista como el PP” y limitar el derecho de ayuntamientos y comunidades autónomas a decidir sus políticas.

Así se pronunció Esteban, en declaraciones a los periodistas al término de la Diputación Permanente de la Cámara Baja que ha convalidado los seis reales decretos que ha presentado el Ejecutivo.

El portavoz del PNV en el Congreso explicó que su apoyo no se ha producido a cambio de “ningún euro” para el País Vasco y puso de manifiesto la “desconfianza” que les despertaba la actitud del Ejecutivo, que ha provocado que “atascaran” asuntos que consideraban importantes.

Expuso que el Gobierno les ha empujado a “votar sí o no, a pesar de que los reales decretos no nos gustaban en su totalidad” y aclaró que la negociación de las transferencias que quedan pendientes es un asunto que se está tratando entre La Moncloa y la Lehendakaritza.

Defendió que el PNV “una vez más” ha actuado con “responsabilidad pensando en que el clima mejorará” y presumió de que no ha necesitado hablar con el presidente del Gobierno para tomar esta decisión.

Previamente, el Grupo Parlamentario Vasco aclaró en un mensaje publicado en su perfil de Twitter que ha apoyado los seis reales decretos “porque son positivos en líneas generales, por responsabilidad y porque hemos apreciado síntomas de activación y compromiso en el Gobierno español que confiamos se traducirán en breve en acciones concretas”.

Fuentes parlamentarias indicaron a Servimedia que las “negociaciones” con el PNV son continuas y que lo ocurrido en las últimas horas responde al clima “electoral” vigente y pensando en mantener a “futuro” ese clima de “confianza” entre el PSOE, con visos a su continuidad en el Gobierno, y la formación ‘jeltzale’.

A la salida de la Diputación, con la que se puede dar por concluida la legislatura, desde el PSOE expresaban su alivio porque, según confesaron a Servimedia, ha sido un final duro y de mucha tensión, como un “parto”.

Ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del independentismo por la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O, el capitán de la Guardia Civil, jefe de seguridad del dispositivo en los centros de votación de Sant Iscle de Vallalta y de Sant Cebrià de Vallalta, explicó que la gente que había allí concentrada impedía el paso a los cuerpos de seguridad.

En concreto, en Sant Cebrià de Vallalta, la gente estaba colocada en un rampa impidiendo la entrada de la Guardia Civil, “la congregación era bastante homogénea”, afirmó, el capitán de la Guardia Civil, aunque no pudo identificar a una persona encargada de la organización, tan solo “se acercó una persona de ANC que estuvo allí mediando”, agregó.

Las personas congregadas les gritaban “hijos de puta, fascistas sois los terroristas…” y consignas como “votaremos”. La intervención fue “complicada” porque las personas estuvieron “hostigando, acompañando” hasta su retirada “a una distancia de 10 centímetros”, apuntó. Durante toda la intervención, subrayó el capitán de la Guardia Civil, hubo “zarandeos y golpes” por parte de los concentrados que “oponían resistencia” a la actuación policial, algo que sucedió tanto en Sant Cebrià de Vallalta como en Sant Iscle de Vallalta, detalló.

Precisamente, sobre el momento del repliegue fue preguntado por el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde. “¿Les arrojaron una bola de acero?”. “Me parece que cuando nos estábamos replegando apareció una bola de acero, vino rodando, me parece que desde un macetero”, explicó. Entonces, continuó, el letrado “¿por qué en el atestado dice que les arrojan la bola?”. “No lo sé, yo no vi que arrojaran la bola”. “¿Sabe usted si hay una maceta que los agentes mueven y un agente la chuta hacia atrás?”, insistió el abogado. “No lo sé porque no lo he visto”. En este mismo sentido, se pronunció el cabo de la Guardia Civil que testificó después. “Lo desconozco”, respondió a las preguntas de Van den Eynde.

Posteriormente, ante las preguntas del abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, el capitán de la Guardia Civil rechazó que su cadena de mando le comunicase que debían actuar con carácter subsidiario a los mossos, y a requerimiento de estos, que era preferente actuar entre las 7 y las 7.30 de la mañana, así como que la seguridad de los efectivos y de los ciudadanos debía primar a la eficacia.

En cuanto a la presencia de un binomio de mossos, el testigo apuntó que “la componente femenina de los mossos intentaba mediar”, pero desconocía lo que hacia el otro mosso. Sobre este asunto, el cabo de la Guardia Civil manifestó que no vio la intervención de los mossos, subrayó que cuando llegó al centro de votación “estaban en actitud pasiva”, pero aseguró que desconocía si se intentó mediar.

Durante su declaración, el cabo relató que le golpearon “con algo rígido” en la mano, por lo que sufrió una fractura en el dedo meñique. En la comandancia manifestó que su lesión era fruto de una agresión, pero en el centro de salud “puede que no lo dijera”, admitió a preguntas del abogado de Junqueras.

Marchena intervino para aclarar si el testigo había escuchado la declaración de sus compañeros, ya que cuando explicaba los “puñetazos, patadas y goles” que recibieron afirmó: “Como ya se ha dicho”. Posteriormente aclaró que no se refería a las declaraciones que le habían precedido sino “a otros días”.

En la reunión de la Diputación Permanente se convalidó este decreto pero se rechazó tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, y por ende, introducir modificaciones.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, defendió que esta norma supone una “inversión social” de 700 millones de euros para más de dos millones de personas.

Valerio señaló que, ante las “dudas”, el megadecreto laboral del mes de diciembre, que recogía entre otras medidas la revalorización de las pensiones con el IPC, el incremento de las cuotas a los autónomos o el recargo para contratos de muy corta duración, ha generado un incremento en los ingresos por cotizaciones sociales de 3.184 millones de euros. Valerio destacó que esta partida ya crece a un ritmo cercano al 7%, lo que calificó de “buena noticia para ir mejorando las arcas de la Seguridad Social”.

La ministra incidió en que los principios de cohesión, justicia e inversión social han inspirado al decreto que se pretende convalidar y que incluye el subsidio para parados mayores de 52 años, el registro de jornada laboral, bonificaciones en contratos fijos-discontinuos ligados al sector turístico, en contratos temporales en el sector agrario y en los que se realicen a parados de larga duración y la conformación del grupo de expertos para la elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Durante la defensa, Valerio se refirió al subsidio para parados mayores de 52 años que han agotado la prestación contributiva y la polémica por los casos que aún no se han resuelto. “En absoluto está paralizada la tramitación del reconocimiento de este subsidio, donde existen dudas es obligación de la Administración el estudiar en profundidad esos casos porque estamos jugando con dinero público”, resaltó.

Respecto al registro de jornada, la titular de Trabajo defendió que esta medida tendrá consecuencia en la retribución de las personas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, en las cotizaciones y en el sistema de Seguridad Social. “Su adopción no admite demora, nos lo está demandando de manera insistente la Inspección”, justificó, dado que “existen indicios de muchas personas” con un contrato a tiempo parcial que terminan trabajando a tiempo completo de manera fraudulenta.

Valerio subrayó que son medidas “de suma trascendencia para muchas personas” y que aunque España “va mejorando significativamente en términos cuantitativos y cualitativos, aún queda mucho camino por recorrer”.

CRÍTICAS

Desde la oposición, la mayoría de los grupos manifestaron su voto favorable aunque lanzaron críticas acusando el carácter electoral de las medidas en la recta final de la legislatura.

En el PP, Carlos Rojas afirmó que “el señor Sánchez pretende hacernos creer a todos que es social lo que sencillamente es propaganda electoral” y trasladó el voto negativo a esta norma. “Estamos ante un auténtico populismo electoral”, incidió Rojas, quien agregó que “los viernes negros solo traerán más lunes al sol”.

Por parte de Unidos Podemos, Yolanda Díaz quiso responder primero a las palabras del diputado del PDCat Carles Campuzano, que lamentó que “hemos estado a punto de revertir algunos aspectos nocivos” de la reforma laboral y “la ausencia de coraje político de algunos grupos de la Cámara no ha permitido revertir”. A estas palabras, Díaz contestó que se ha demostrado que “las excusas del PDCat han sido falsas”.

La diputada de Unidos Podemos echó en cara al Gobierno que no haya derogado la reforma laboral porque “no quieren hacerlo”. Díaz criticó que “el PSOE deroga leyes cuando hace mítines y está en campaña electoral, cuando pasa a gobernar la CEOE manda”.

No obstante, desde Unidos Podemos se manifestó su voto favorable únicamente porque se incluye el subsidio para parados mayores de 52 años y reprochó que en el Gobierno “se van como han venido, dejando a los trabajadores a la intemperie, y su relato de que quieren pero no pueden no es real, pueden pero no quieren”.

Desde Ciudadanos, Francisco de la Torre consideró un “abuso en periodo electoral y de una constitucionalidad más que dudosa” las medidas debatidas este miércoles. A juicio de este diputado, el real decreto es reflejo de “un fracaso” porque contiene un subsidio en lugar de políticas activas de empleo en un momento de crecimiento económico. Consideró que la política de Sánchez en suma “está llevando a España al fracaso”.

Así quedó de manifiesto en la votación sobre el Real Decreto–ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la UE sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que defendió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y que se saldó con 40 votos a favor y 25 en contra.

Durante el debate de convalidación de este real decreto Calvo comentó que el Gobierno hubiese preferido no desarrollar una norma de estas características, ya que está “firmemente comprometido” con el proyecto europeísta.

No obstante, destacó que el real decreto contempla “cualquier situación que se tengan que afrontar en los días venideros” y defendió que ha trabajado “raudo desde el primer momento” para “identificar” los intereses de España, los de los españoles radicados en Reino Unido y los de los británicos afincados en España, así como los intereses comerciales, económicos y turísticos del país.

Explicó que del real decreto emana una “actitud constructiva” preservando las “buenas relaciones” con Reino Unido a partir de dos criterios: la temporalidad y la unilateralidad, un precepto éste que condiciona el contenido de las medidas a una reciprocidad por parte del Reino Unido.

Subrayó que su contenido afecta a los derechos de los ciudadanos y a las actividades económicas. En el primero de los casos, dijo Calvo, se garantizan los derechos de los trabajadores transfronterizos en la comarca del Campo de Gibraltar –que cifró en 14.000, de los que 9.000 son españoles-, mientras que el segundo se contemplan medidas en materia de servicios financieros, aduanas, contratos en el sector público, autorizaciones y licencias, material de defensa y doble uso, armas y explosivos, transporte terrestre y permisos de conducir.

Añadió que la expedición de los nuevos documentos de residencia es un proceso complejo pues se calcula que afectará en torno a 400.000 personas, que requiere de un plazo relativamente amplio que ha sido fijado en 21 meses desde la fecha de retirada.

También se incluyen medidas para garantizar a los españoles o nacionales de otros Estados miembros la continuidad de su actividad profesional en España, cuando obtuvieron el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en Reino Unido, con la finalidad de que no tengan que volver a obtener el reconocimiento.

A su vez, se reconoce su cualificación a los británicos residentes en España para que puedan seguir ejerciendo su profesión o actividad profesional. En el ámbito del empleo público, se prevé el mantenimiento de la condición de funcionario de la función pública española de los británicos que ostenten tal condición en el momento de la retirada.

Por su parte, se aclara cuál va a ser el régimen transitorio aplicable a las empresas establecidas en España que, a la fecha de retirada, tengan trabajadores desplazados temporalmente a Reino Unido, y se garantiza el mantenimiento de los comités de empresa europeos en empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria con Reino Unido que se hayan constituido o acordado con anterioridad a la fecha de retirada del Reino Unido.

Por último, los planes de contingencia desarrollan medidas de protección de los derechos de seguridad social, la asistencia sanitaria de los británicos en España, el acceso a la universidad, la cooperación policial y judicial internacional, los servicios financieros, las aduanas, la contratación pública, las autorizaciones y licencias, el transporte y los servicios aeroportuarios.

Por todo ello, apeló a la “responsabilidad” de los grupos para que convaliden una “herramienta fundamental e imprescindible para afrontar una situación inédita no solamente en el marco de la UE sino en la historia de España”.

Remachó su intervención presumiendo de que el acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido es el primero rubricado sobre Gibraltar desde el Tratado de Utrecht (1713).

OPOSICIÓN

Javier Zaragoza (PSOE) reprochó al PP que “traicione a Europa y a España” por su “competencia con Voz por la radicalidad en la extrema derecha”, mientras que Belén Hoyo (PP) dijo que el Gobierno “no se toma en serio” el ‘Brexit’, ironizando con el hecho de que “sólo les ha faltado meter (en el real decreto) la exhumación de Franco”, y censuró al Gobierno que haya perdido una “oportunidad histórica” de hacer valer los intereses de España respecto de Gibraltar.

Antón Gómez Reino (Unidos Podemos) subrayó su apoyo al proyecto por responsabilidad “con nuestros pueblos” y solicitó al Gobierno que “no cargue las responsabilidades de las instituciones y de la economía sobre nuestros pueblos”.

Melisa Rodríguez (Cs) censuró al Gobierno que carezca de “proyecto real” para España debido a “su alianza con los movimientos populistas y nacionalistas”, si bien explicó su apoyo al real decreto por “lealtad al Estado, por nuestros jóvenes, nuestros agricultores, nuesteas pymes y nuestros autónomos”.

Jordi Xuclà (PDECat) lamentó que la cuestión del ‘Brexit’ no cope la agenda política ni el debate social y reprochó al Gobierno que no haya permitido al resto de grupos parlamentarios participar en un debate sesudo sobre esta cuestión. No obstante, justificó el apoyo de su grupo ante la trascendencia de la salida del Reino Unido de la UE.

Aitor Esteban (PNV) consideró un “churro” la posibilidad de discutir sobre reales decretos en un periodo próximo a la celebración de unas elecciones generales. A pesar de ello, se refugió en la importancia del ‘Brexit’ para apoyar este real decreto.

El real decreto prospera por 33 votos a favor -de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, EH-Bildu y PDeCAT- y los 31 en contra de PP y Ciudadanos, además de la abstención de UPN.

Su convalidación ha sido una incógnita hasta el último minuto ante la decisión de PNV de mantener en secreto un voto que podría haber hecho fracasar la normativa de nuevo tras el revés que recibió su primera versión de la norma el pasado mes de diciembre por el rechazo de Unido Podemos, haciendo que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pidiese el respaldo de una norma que defendió de necesaria para paliar un grave problema social.

Durante el debate del texto, Ábalos subrayó que el decreto busca ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta de vivienda de alquiler dando seguridad a los arrendadores y poniendo coto a los fondos especulativos; dar además apoyo a los grupos más vulnerables y reducir el gasto financiero que soportan las familias.

Ábalos justificó la urgencia del decreto por el grave problema existente en España como se ha constatado en estudios recientes como el que revela que más del 42% de las familias que viven en régimen de alquiler deben destinar «más del 40% de su ingresos» a su pago.

Otro estudio, en este caso de Eurostat, sitúa el precio en España «17 puntos porcentuales por encima del valor medio» de la Unión Europea, argumentó el ministro, quien afirmó que esta norma atacará el problema en el corto plazo, pero deberá ser completada a largo plazo con más medidas como la ley de vivienda.

Otros datos que expuso sobre la necesidad de actuar es que el parque de viviendas social es inferior al 2,5% de los hogares, frente al 15% que alcanza en algunos países de nuestro entorno como Francia, Reino Unidos, Suecia, Austria o Dinamarca; que el 53% de los jóvenes mayores de 25 años aún viven con sus padres ante las dificultades para emanciparse; que dicha cuota haya aumentado más del 4% en los últimos cinco años; o que los desahucios estén creciendo a un ritmo anual «muy próximo al 5%».

Para encarar esta situación, indicó que el decreto ataca el problema desde tres ópticas: ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta y apoyar el acceso a las rentas a los colectivos más vulnerables.

Entre las medidas para «aumentar la estabilidad del arrendatario» refirió la ampliación de la prórroga obligatoria de tres a cinco años en los contratos en caso de que el arrendador sea una persona física y a siete años en caso de que sea una persona jurídica, o extender de uno a dos meses el plazo de preaviso cuando el arrendador necesite recuperar su vivienda y que esa opción se encuentre expresamente recogida en el contrato.

Para incentivar la oferta refirió que se aumenta la transparencia en la información, se regula la información mínima que deberán recoger los depósitos que se efectúen en las comunidades autónomas o se da un mandato al Gobierno para diseñar en un plazo máximo de ocho meses un sistema estatal de índices de referencia del alquiler de vivienda que servirá también de soporte para medidas de carácter fiscal.

En el mismo sentido, indicó que se facilitan también bonificaciones en el impuesto del IBI para incentivar a los dueños de inmuebles que los pongan en alquiler y capacita a las comunidades de vecinos para limitar o vetar la actividad del alquiler vacacional en sus edificios si lo apoyan tres quintas partes de los propietarios de la finca.

En cuanto a las familias más vulnerables, refirió que se amplía la protección en caso de desahucio al obligar a que se comuniquen estos procesos a los servicios sociales de los ayuntamientos para evitar que se queden sin techo; se rebaja la carga económica que «en ocasiones supone una barrea al acceso» limitando a dos las mensuales exigibles como garantía de la renta.

En el mismo sentido, destacó que se limita cualquier revalorización de los precios a la evolución del IPC durante la duración del contrato, y que «facilita» las obras para promover la accesibilidad en los inmuebles, al exigir que su ejecución sea obligatoria si el 75% del coste lo sufragan ayudas públicas.

También se amplía la prórroga tácita de uno a tres años y se amplía el plazo de preaviso de no continuar con el contrato una vez concluya, estableciéndolo en cuatro meses para el arrendador y dos para el arrendatario.

EL PP VE UN USO ELECTORAL

Desde la oposición, la mayoría de los grupos manifestaron su voto favorable, salvo el PP, aunque lanzaron críticas a que no resuelve el problema ante el fuerte déficit de viviendas sociales existentes en el país y afearon su tramitación por decreto, impidiendo introducir enmiendas.

El diputado del PP Eloy Suárez acusó al Gobierno de buscar una rentabilidad en las elecciones con su urgente tramitación. «La urgencia de este decreto se llama conseguir votos (..) Es un engaño electoral más del Partido Socialista», afirmó convencido de que debería haberse tramitado como proyecto de ley para permitir a los grupos introducir enmiendas. Además, reprochó al Ejecutivo abusar de esta fórmula normativa, hasta el punto de haber aprobado «más leyes» que el Parlamento.

Entrando en el fondo de la norma el diputado del PP criticó que sea «muy similar» a la que ya tumbó el Congreso a finales de 2018 y que tachó de «inconstitucional», y alertó sobre su semejanza a una norma aprobada por Alemania que «en tres meses duplicó el incremento de los precios de los alquileres» obligando al Ejecutivo de Ángela Merkel a rectificar.

En este sentido, dijo que encarecerá la oferta y «va a expulsar» del alquiler a los más vulnerables en alusión a los jóvenes menores de 30 años, mayores de 50 con bajos ingresos, personas con contratos temporales y mileuristas.

La diputada del PSOE María del Mar Rominguera pidió apoyar el decreto para «poner fin a la problemática» generada por la reforma normativa del PP de 2013 que perjudicó el acceso al alquiler y para dar respuesta a las necesidades precisamente de los jóvenes o familias en riesgo de exclusión social. «Va de justicia social, por eso le pedimos el voto favorable», comentó alentando a los grupos parlamentarios a decantarte por «avanzar» en favor del derecho a la vivienda o «volver a las cavernas neandertales».

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral manifestó que el nuevo texto cuenta con el apoyo de su formación porque incorpora mecanismos para intervenir en los precios. Sin embargo, dijo que la norma mantiene «muchísimas deficiencias» por «falta de valentía política» para hacer frente a los fondos especulativos y evitar la «injusticia social» de las Socimis, cuya baja tributación asimiló a la de los paraísos fiscales. «Sigue sin poner el cascabel al gato», criticó, asegurando que hasta Naciones Unidas ha «señalado con el dedo» la «actividad antisocial» de fondos como Blackstone.

El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta coincidió con el ministro en la necesidad de buscar soluciones a la escalada del precio del alquiler, pero alertó sobre un potencial abuso con el IBI. A su juicio, permitir cambiar dicha tasa es «gravísimo» porque «puede suponer una subida del 50% para los ayuntamientos» que, por ejemplo, estén en zonas costeras y quieran gravar pisos vacíos que las familias tienen como segunda residencia o residencia vacacional. Según sus cálculos, dicho riesgo compromete a seis millones de personas y supone riesgo cero para los ayuntamientos si suben la tasa a ciudadanos que no votan en sus municipios.

Girauta alertó además sobre la limitación de precios indicando que algunos economistas han considerado tal medida como «la mejor manera de destruir una ciudad además de bombardearla». «El Gobierno va lograr lo contrario que se propone», avisó, criticando que se tomen tales medidas sin hacer previamente un estudio de la situación del mercado y sin detectar los problemas para ponerles remedio.

Desde el Grupo Mixto y el PNV pusieron el acento, sobre todo, en que no resuelve el alto déficit de viviendas sociales en alquiler y por no movilizar la vivienda vacía. El diputado del PNV Mikel Legarda dijo que tal carencia «tensiona enormemente el mercado» y atribuyó la baja oferta privada también a lo «penoso, largo y costoso» que puede resultar desahuciar a un inquilino moroso por lo que pidió modificar la ley de Enjuiciamiento Civil para que dichos procesos sean «sumarios, preferentes y mucho más baratos», y no desincentiven.

En el mismo sentido, el diputado de ERC Joan Tardà dijo que se ha «perdido una oportunidad» de ampliar el parque público de inmuebles con las viviendas de los bancos rescatados.

En primer lugar declaró un guardia civil que actuó el 1-O en la escuela pública Juventut de Callús, una población situada a unos 80 kilómetros de Barcelona. El agente relató que «había unas 300 o 400 personas rodeando el colegio, mientras que otros estaban sentados en la puerta de acceso al centro».

Estaba integrado en un segundo grupo de apoyo, que tuvo que actuar ante la dificultad que tuvo el primero para llegar hasta la puerta del centro. Relató que resultó “lesionado” con “una patada en los genitales. (…) Hubo de todo, hubo agarrones, empujones, patadas, hubo mucha resistencia…”.

El guardia civil fue asistido por la patada, “tuve una inflamación del testículo izquierdo y durante cuatro o cinco días tuve molestias, primero tuve dolores y luego molestias, pero no estuve de baja”.

Preguntado por las defensas por si vio como un agente derribó al alcalde de Callús, que es un hombre de más de 60 años, aseguró que “no”. Explicó que en su grupo no se usaron las defensas, pero sí los escudos, “para protegernos”.

“NO RECUERDO VER A NADIE LLORANDO”

El abogado de Jordi Cuixart preguntó entonces al agente si recuerda ver a personas «llorando» por la intervención de la Guardia Civil en Callús. «No recuerdo ver a nadie llorando», respondió, “gritando sí”. “¿Recuerda usted gritos de `Somos gente pacífica´?”, insistió el letrado. “Sí, si, ese grito se repetía”, admitió.

Un segundo guardia civil que intervino en el colegio El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta también resultó herido durante la jornada del 1-O. Relató cómo recibieron insultos «en catalán» de un grupo nutrido de manifestantes que les esperaba con actitud «hostil».

«Me tocó evacuar a la gente que estaba en la rampa de acceso. Un señor cogió el escudo con violencia, traccionó hacia dentro y me tiró, me quitaron el escudo, me quitaron la defensa. El resultado final es que acabé en el suelo y recibiendo patadas y puñetazos de todos los que estaban allí. Llegué a perder el casco», recordó.

El agente quedó aislado y cuando pudo rehacerse y trataba de reunirse de nuevo con su unidad recibió un puñetazo en la nuca y una patada en la espalda. Según explicó, recibió atención médica: «Tuve contusiones en los brazos y en las piernas. Había una pareja de Mossos, que no ayudaron», indicó.

Las defensas trataron con sus interrogatorios restar importancia a las lesiones de los agentes poniendo el acento en la levedad de las lesiones descritas en los informes médicos. En un momento, una de las defensas preguntó que se “arrastró y lanzó» a ciudadanos durante la intervención. «Ese no es el proceder de la Guardia Civil», contestó el agente, que negó haber utilizado su defensa: «Yo no usé la defensa, yo no vi si mis compañeros la usaban”, explicó.

En ese mismo colegio, estuvo el siguiente de los testigos, otro guardia civil que acudió al colegio El Pi Gros “a apoyar a una primera unidad que había ido a actuar al CEIP. Había unas 2.000 personas».

Relató que los manifestantes “tenían una actitud tranquila. Pero al irnos acercando se volvió hostil. Les pedimos que salieran voluntariamente, pero empezaron a silbarnos. Quisieron quitarme el escudo y me hice daño en la muñeca. Al día siguiente fui al Hospital para que me miraran la muñeca derecha».

Explicó también que «cuando llegamos había una pareja de Mossos en el centro. No nos ayudaron”. Durante toda la intervención, aseguró que la gente chillaba “hijos de puta, asesinos”. «Recibí golpes en el antebrazo derecho al ir a levantar a una persona que se echó al suelo”, continuó relatando. “Alguien por detrás me golpeó en el brazo, supongo que con la intención de que la soltara. Se me hinchó el brazo».

El cuarto de los testigos que declaró este miércoles también intervino en el colegio El Pi Gros. Éste sí reconoció haber utilizado la defensa y el escudo. Puntualizó que no la usó durante toda la intervención, pero el presidente de la sala, Manuel Marchena, le advirtió que la pregunta sólo pretendía conocer si la empleó o no. El agente explicó que recibió un golpe en el brazo. Preguntado por las defensas por si sus compañeros portaron cámara de grabación durante la intervención, dijo desconocer ese extremo.

El testigo dijo que los concentrados le llamaron «hijos de puta, asesinos, fascistas» durante toda su actuación y que en todo el tiempo que duró su presencia en el colegio no recibieron el apoyo de los Mossos.

RESISTENCIA

El siguiente testigo, otro guardia civil que estuvo en el mismo colegio, explicó que «entre la gente” que bloqueaba la entrada al colegio “había personas que se levantaron de forma voluntaria, y otras que opusieron mucha resistencia”, por lo que, «procedimos a evacuar a la gente». «En un momento recibí un golpe en el brazo, no sé cómo me dieron porque estaba girado. Creo que fue una patada porque sentí mucho dolor. Me atendieron al día siguiente en un centro de Sant Andreu. Tomé antiinflamatorios», explicó.

El sexto de los agentes que declaró protagonizó en ese mismo colegio de Sant Cebrià de Vallalta un intento de arrebarle la pistola. Explicó que en un primer momento hablaron con los congregados para intentar que se marcharan de forma voluntaria, y a partir de ese momento empezaron a recibir «patadas y puñetazos».

La tensión fue creciendo hasta el punto de que «intentaron arrebatarme el arma». «Una persona tiró del cable antihurto que va unido a la pistola y al cinturón. Me lo arrancaron, aunque hay que hacer bastante fuerza para romperlo. Después asieron el arma por la empuñadura intentando tirar de ella», pero no consiguieron sacarla porque no encontraron el «mecanismo»

Este agente fue atendido más tarde de “un hematoma del hombro al codo”. “Nos llamaron ‘fascistas, terroristas, robots, hijos de puta, somos gente pacífica'», rememoró el agente que dio cuenta de “forcejeos constantes”. Al final, “algunas personas salieron voluntariamente pero el resto a la fuerza». Durante la actuación los agentes fueron grabados con móviles por los manifestantes.

La convalidación del decreto salió adelante con el respaldo de todos los grupos salvo el PP y Ciudadanos, que defendieron el voto en contra y la abstención, respectivamente.

En la defensa del texto, que abre el sector de la estiba a las ETT pero con limitaciones, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo que el decreto consensuado con patronal y sindicatos y avalado por la Comisión Europea es necesario para garantizar la paz social en el sector y darle certidumbre jurídica tras cinco años de conflicto, ofreciéndole estabilidad en el empleo y sin menoscabo de derechos.

El diputado del PP Miguel Barrachina manifestó que su formación no puede apoyar un decreto que “residencia la contratación y la formación en los centros portuarios de empleo», y cabe el riesgo de que Bruselas “nos abra otro procedimiento infractor”.

Miguel Ángel Gutiérrez, de Ciudadanos, justificó la abstención de su grupo porque aunque están de acuerdo con el fondo, no lo están con las formas, ya que “no han contado con la opinión de las empresas de trabajo temporal, ni con la CEOE y tampoco ha sido objeto de consulta pública”.

Rafael Simancas, del PSOE, criticó a los grupos con miras “cortoplacistas” y electoralistas que buscan excusas para no sumarse con su voto a favor a un decreto que tiene el apoyo de sindicatos y patronal.

En representación de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, dio la enhorabuena a los trabajadores “por esta victoria” que han logrado con la aprobación de este real decreto y por el “ejemplo” que supone para otros sectores la consecución de unos logros que se consiguen con movilizaciones.

Jordi Salvador, de ERC, felicitó a los trabajadores portuarios por esta “victoria” que han conseguido tras movilizaciones y protestas.

Por Compromís, Joan Baldoví señaló que el decreto cuenta con el visto bueno de sindicatos y empresas del sector y arregla un problema que no solucionó el PP. Ante ese panorama, dijo que los demás tenemos que limitarnos a bendecir ese acuerdo.

Desde el PdeCat, Carles Campuzano, indicó que el decreto convalidado culmina una reforma que inició el PP con apoyo de su grupo.

Mikel Legarda, del PNV, valoró que el decreto complete la regulación pendiente del sector de la estiba, y Marian Beitialarrangoitia, de Bildu, señaló que estamos ante “un acuerdo de mínimos que apoyamos como mal menor”.

En la jornada de hoy, prácticamente todos los valores terminaron en verde. Banco Sabadell (+4,65%), IAG (+4,46%), Siemens Gamesa (+3,45%) y Arcelor (+2,96%) lograron las subidas más pronunciadas.

Únicamente Viscofan (-2,24%) y Grifols (-1,33%) cerraron con pérdidas. Por su parte, Endesa acabó en tablas.

Entre los grandes valores del selectivo español, el Santander se apuntó un avance del 2,01%, las acciones de BBVA se revalorizaron un 1,6%, Iberdrola creció un 1,44%, Inditex ganó un 1,29% y Telefónica un 0,91%.

Por otra parte, la prima de riesgo oscilaba en el entorno de los 114 puntos.

Según informó a través de su cuenta oficial de Twitter, su decisión es abandonar la política para comenzar con ilusión una nueva etapa de su vida.

“Marcho con el orgullo de haber defendido en Europa y el País Vasco, bajo la siglas de mi partido PP, la unidad de España, combatido al nacionalismo, luchado contra el terrorismo y haber defendido a las víctimas”, explica Iturgaiz.

Así lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien recuerda que sobre él pesa una imputación inicial de la supuesta comisión de un delito de homicidio y otro delito de homicidio en grado de tentativa.

Cabe recordar que el pasado 28 de marzo, la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para ‘El Chule’.

El joven se entregó un día antes en dependencias policiales tras la muerte de un hombre de 64 años el pasado 17 de marzo tras recibir un navajazo en el cuello tras una discusión en el distrito de Puente de Vallecas.

Durante la comparecencia judicial, el detenido sólo ha respondido a las preguntas formuladas por su letrado. Al término de la misma, ha sido conducido de nuevo al recinto penitenciario.

El joven se entregó ayer en dependencias policiales tras la muerte de un hombre de 64 años el pasado 17 de marzo en el barrio de El Pozo del Tío Raimundo, en el madrileño distrito de Puente de Vallecas.

Dicha muerte provocó una escalada de violencia en el barrio, donde los vecinos quemaron camiones y furgonetas de la familia del detenido, demandando además que abandonasen el barrio.