El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a conocer este domingo los nombres de las once personas que le acompañarán en el Gobierno durante su cuarto mandato. Dentro de los principales cambios, destaca la creación de una Consellería de Empleo e Igualdad y los relevos de los conselleiros de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, y Educación, Carmen Pomar, que se producen a escasos días del inicio de curso en un contexto de pandemia.

Las competencias en educación se reagruparán ahora con el departamento de Cultura, como lo estaban antes de la última remodelación en 2018. Así, volverá a ser Román Rodríguez quien se ocupe de este área desde la rebautizada Consellería de Cultura, Educación e Universidad.

Además, habrá dos nuevas caras en el Consello de la Xunta. Una de ellas será, precisamente, la del nuevo conselleiro de Sanidad tras la destitución de Vázquez Almuiña. El encargado de este departamento clave en la gestión de la pandemia será Julio García Comesaña, hasta ahora gerente del área sanitaria de Vigo.

La segunda incorporación al Ejecutivo de Feijóo es la de María Jesús Lorenzana Somoza, la hasta este momento secretaria xeral técnica de la Consellería do Medio Rural, para la que crea una Consellería de Empleo e Igualdad.

El área laboral se desliga así de la de Economía, que se eleva a rango de Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación con Francisco Conde como titular.

Por su parte, Alfonso Rueda continuará como vicepresidente --antes era el único, ahora será el primero--, pero su departamento se rebautiza como Consellería de Presidencia, Justicia e Turismo. Esta última área se había sumado a Cultura en los cambios del 2018.

Valeriano Martínez continuará al frente de la cartera de Hacienda, que reunirá también las competencias en Administración Pública tras desligarse de Vicepresidencia.

En cuanto al resto de su gobierno, Feijóo ha optado por mantener las competencias intactas: Fabiola García como conselleira de Política Social; Ángeles Vázquez al frente de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda; Ethel Vázquez en Infraestructuras e Movilidad; José González en Medio Rural; y Rosa Quintana como conselleira do Mar.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, expondrá la estrategia de España contra el coronavirus la próxima semana en el primer 'Foro Ciudad de La Laguna', que se celebrará en el Teatro Leal.

Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento, la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales, y coordinadas por los profesores Basilio Valladares y José Gómez Soliño, tendrán una duración de dos días, en horario de 16.30 a 20.30 horas y con el lema 'El coronavirus en nuestras vidas'.

Tras la inauguración el miércoles, a cargo del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, la rectora de la ULL, Rosa Aguilar, y el resto de autoridades invitadas, está previsto que a las 17.00 horas, el doctor Fernando Simón explique las medidas a corto y largo plazo para luchar contra esta nueva epidemia.

Luis Yeray Gutiérrez destaca en una nota el "honor que supone para el municipio acoger un encuentro de tanta relevancia, en el que se darán cita varios de los expertos más importantes del panorama español para abordar la actual situación de emergencia sanitaria de preocupación internacional.

El regidor agradece tanto a los especialistas como a las administraciones e instituciones públicas implicadas la disposición a participar y apoyar esta cita "en un contexto en el que, ahora más que nunca, la colaboración y cooperación resultan claves, solo con unidad y responsabilidad colectiva saldremos de esta situación".

Además de la presencia de Fernando Simón, la primera sesión del foro, con el título 'Lecciones de la pandemia del coronavirus', también contará con la intervención del jefe de Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Domingo Núñez; la jefa del Servicio de Sanidad Exterior de Santa Cruz de Tenerife, Ana Guerra y el director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna, Jacob Lorenzo.

AFORO: 120 PERSONAS, COMO MÁXIMO

El jueves estará dedicado a la ciencia frente a la Covid-19 y en esta ocasión, participarán los profesores de Investigación del Centro de Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val y Luis Enjuanes, y el profesor de Investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, Vicente Larraga.

El foro concluirá con la celebración de una mesa redonda, prevista para las 18.45 horas, sobre el papel de la ciencia española en la lucha contra las pandemias.

El evento es abierto al público en general, si bien dadas las limitaciones de aforo, el número de personas que podrán asistir al acto será de unas 120.

Las entradas deberán recogerse exclusivamente en la taquilla del Teatro Leal el mismo miércoles, entre las 11.00 y las 13.00 horas y una hora antes del comienzo de las sesiones.

Todas las ponencias serán retransmitidas por streaming a través de las redes sociales institucionales del Ayuntamiento de La Laguna.

La Consejería de Salud ha confirmado 51 nuevos casos positivos de COVID-19, entre los que se encuentran contactos estrechos de casos conocidos. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa estudiando el resto para establecer el vínculo epidemiológico.

Excepto cuatro personas que han precisado hospitalización, el resto de los nuevos afectados están asintomáticos o presentan sintomatología leve y permanecen en aislamiento en sus domicilios. Respecto al brote declarado el miércoles en Avilés, el número de contagiados se eleva a 38 personas.

Por otra parte, el Sistema de Vigilancia de Contactos Estrechos (SVCE) de la Consejería de Salud está realizando en la actualidad el seguimiento de más de 1.400 personas por ser contactos de casos positivos.

Los profesionales de este sistema, constituido en mayo, lleva identificados 7.973 contactos estrechos, la mayoría, un total de 5.526, en agosto.

Dos guardias civiles han resultado heridos tras ser embestidos por un vehículo que transportaba droga en el municipio malagueño de Estepona. En la operación, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas pertenecientes a una organización criminal cuando alijaban hachís en la playa de Guadalobón, en la citada localidad.

Durante la madrugada de este domingo agentes de la Guardia Civil, dentro de la 'Operación Torcal', detectaron una embarcación de alta velocidad con dirección a las costas occidentales de la provincia de Málaga, han informado desde el instituto armado a través de un comunicado.

Esta embarcación arribó en la playa de Guadalobón donde aguardaban varios individuos que fueron sorprendidos por los agentes en el momento en que alijaban numerosos fardos de hachís.

Así, tal y como ocurrió el pasado día 3 en otra actuación de esta misma operación en una playa del mismo término municipal, tres de los delincuentes al verse rodeados intentaron huir, hecho que no lograron ya que fueron detenidos en la misma playa. Dos de estos delincuentes portaban sendas armas de fuego dispuesta para su utilización.

Otro de los detenidos huyó en un todoterreno de alta cilindrada, embistiendo en su camino con gran violencia a un vehículo de la Guardia Civil que le cortaba la huida. Como resultado de la colisión, los dos guardias civiles que se encontraban dentro del vehículo resultaron heridos de diversa consideración, siendo necesario su evacuación sanitaria al hospital.

Al respecto, según ha informado la Guardia Civil, en un mensaje en Twitter, consultado por Europa Press, la directora general, María Gámez, ha podido conversar con el guardia civil hospitalizado, transmitiéndole "su apoyo y ánimo en nombre de todos los guardias civiles". El otro agente herido fue dado de alta hospitalaria.

De igual modo, en el mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, la Guardia Civil también ha mandado "un fuerte abrazo y nuestro deseo de pronta recuperación" para los dos guardias civiles heridos.

Por otro lado, en el registro realizado posteriormente a este vehículo los agentes hallaron otra arma de fuego. La Guardia Civil ha logrado detener a cuatro personas de esta organización criminal, aprehendiendo aproximadamente 500 kilogramos de hachís, tres armas de fuego y un vehículo todoterreno de gran cilindrada que se encontraba sustraído.

En la operación han participado guardias civiles pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y Algeciras, al OCON-SUR y al Grupo de Acción Rápida (GAR).

Esta actuación es otra más de las últimas ocurridas en el Campo de Gibraltar y Málaga en la que en total se han intervenido tres toneladas de hachís, recuperado seis vehículos robados, tres armas de fuego y detenido a 12 personas en las localidades de La Línea de la Concepción, San Roque, los Barrios, Algeciras y Estepona. Además, es el cuarto incidente en que vehículos de la Guardia Civil son embestidos por otros vehículos que habían participado en alijos.

La comunidad autónoma de Extremadura ha notificado este domingo 108 nuevos casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, lo que supone casi la mitad respecto a los 223 del sábado, y ha declarado dos nuevos brotes, uno en Torremejía y otro en Zorita, al tiempo que ha cerrado otros dos, en Mérida y Villamiel.

En las últimas 24 horas la Dirección General de Salud Pública ha detectado 136 casos sospechosos y se han descartado 205. El último balance indica que en los hospitales extremeños hay 49 personas ingresadas, nueve de ellas en UCI. Desde el sábado se han dado 13 nuevas altas, con lo que ya son 5.238 los pacientes que ha superado la enfermedad.

Respecto a los nuevos brotes, el de Torremejía tiene 11 positivos y 40 contactos, y el de Zorita 3 positivos y 6 contactos. En los 108 nuevos casos hay una trazabilidad epidemiológica del 96%.

El Área de Salud de Badajoz detecta 31 casos sospechosos y descarta 60. Ha notificado 12 casos positivos confirmados y tiene once pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Se han curado 850 pacientes.

El de Cáceres ha notificado 25 casos sospechosos y ha descartado 25. En este área de salud se han declara 26 casos positivos y tiene 14 pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Contabiliza 2.036 pacientes curados.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida notifica 23 casos sospechosos y ha descartado 70. Tiene 19 positivos confirmados y acumula ocho pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha dado 478 altas.

A su vez, el Área de Salud de Plasencia detecta 13 casos sospechosos y ha descartado 27, mientras que notifica 15 casos positivos. Tiene cuatro pacientes ingresados, tres de ellos en UCI, y acumula desde el inicio de la pandemia 651 pacientes curados.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena detecta 24 casos sospechosos y ha descartado 17. Notifica 15 casos positivos y tiene 11 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 529 altas.

Navalmoral de la Mata ha registrado cinco casos sospechosos y descarta cuatro. Notifica ocho casos positivos y tiene un paciente ingresado. Hay 396 pacientes curados.

Finalmente, el Área de Salud de Coria notifica un caso sospechoso y notifica dos casos positivos. No tiene pacientes ingresados por covid y se han dado 217 altas; mientras que el de Llerena-Zafra notifica 14 casos sospechosos y 11 casos positivos. No tiene ingresos hospitalarios y acumula 81 pacientes curados.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, se ha mostrado muy crítica este domingo con la ministra de Educación, Isabel Celaá, en todo lo referente a la gestión de la vuelta al colegio de los niños. Pastor ha dicho que el Gobierno central "se ha quitado de en medio" y "ha abandonado a su suerte" a las comunidades autónomas.

En el acto 'La educación en tiempos Covid' celebrado en Oviedo, Pastor ha dicho que aunque la gestión de la educación está transferida a las comunidades autónomas, la estrategia para luchar contra una pandemia es algo que corresponde al Gobierno de España.

"Echan la culpa a otros de lo que ellos no hacen", ha lamentado, en referencia al Gobierno socialista. Ha criticado que no exista un protocolo coordinado y con criterios claros. Ante la falta del mismo, ha dicho que las comunidades han tenido que tomar sus propias decisiones.

El resultado, según Pastor, se traduce en "intranquilidad" para los padres y en "desigualdad". En este punto Ana Pastor ha reconocido sentirse preocupada por que exista en España 17 sistemas educativos diferentes, uno por cada comunidad autónoma.

"Es fundamental que existan criterios comunes para toda España, porque el virus no entiende de diferencias entre comunidades autónomas", ha dicho.

La dirigente del PP ha lamentado, además, que no se hayan solucionado las carencias de conectividad que muchos niños han sufrido en el periodo de confinamiento. En este sentido ha avanzado que su partido va a presentar en el Congreso de los Diputados un plan nacional de acceso a la digitalización para niños y jóvenes.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha realizado una "llamada de entendimiento" a todos los grupos políticos, en especial al PP, para lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

Carolina Darias ha hecho este llamamiento este domingo en su visita institucional al Ayuntamiento de Ferrol, en la que ha afirmado que los Presupuestos son "necesarios para el proyecto de reconstrucción del país", como también para poder disponer "de las ayudas de la Unión Europea" dentro del marco 'Next Generation'.

La ministra ha querido hacer esta "llamada de entendimiento", debido a que el país está "ante su mayor reto y nadie debe quedar fuera", sobre todo tras conocer la negativa del PP a apoyar las cuentas, y ha querido recordar que la formación popular, presidida por Pablo Casado, ha sido "partido de gobierno".

DECRETO CONTRA LAS CATÁSTROFES NATURALES

Carolina Darias ha aprovechado su visita al Ayuntamiento de Ferrol para reunirse con el alcalde, Ángel Mato, y con los portavoces de los grupos municipales, además de querer dar a conocer el contenido del Real Decreto 778/2020, el cual está destinado "a dar respuesta a los daños causados por las catástrofes naturales", como pueden ser los vientos, mareas o temporales.

En este sentido, ha reconocido que, hasta ahora, el procedimiento para que las ayudas llegasen a los ayuntamientos "eran muy lentos", por lo que el Ejecutivo estatal las ha ampliado para todas las catástrofes naturales producidas entre abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

Así, ha puesto como ejemplo todos los temporales que sufrió Ferrol en los meses de noviembre y diciembre de 2019, los cuales causaron daños importantes en el alumbrado público de la ciudad, en los pabellones deportivos de A Malata, Ensanche, Santa Mariña y Caranza, en el parque Reina Sofía y en las instalaciones de FIMO.

Está previsto que estas ayudas puedan ser convocadas por los ayuntamientos en el mes de octubre, donde todas las empresas que presenten proyectos para la reparación de estas instalaciones podrían conseguir el 50 por cierto de financiación por parte del Estado.

LA COGOBERNANZA "HA VENIDO PARA QUEDARSE"

Darias también ha querido agradecer la labor realizada por los ayuntamientos durante la pandemia de la COVID-19, en la que las administraciones locales han sido "las que han tenido el contacto directo con los ciudadanos".

La ministra ha reconocido que la cogobernanza "ha venido para quedarse", no solo con las comunidades autónomas, sino también con los ayuntamientos, principalmente con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMO).

Al mismo tiempo ha afirmado que en la 'nueva normalidad' se necesita "unidad para dar respuestas compartidas y proyectos de país con todas las administraciones", por lo que desde el gobierno están "interesados" por el trabajo de las administraciones locales "y reconocerles su trabajo."

AGRADECIMIENTO DEL ALCALDE

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha querido agradecer la visita institucional a la ciudad de la ministra de Política Territorial y Función Pública, de la que ha destacado su "gran sensibilidad" con las administraciones locales y con contribuir "a mejorar el bienestar de los ciudadanos y de la reconstrucción económica."

En la reunión que ha mantenido Darias con el alcalde y los portavoces de los grupos municipales, se han tratado "asuntos clave para la ciudad", por lo que estaba "orgulloso" de tener a la ministra "con lealtad institucional y diálogo."

Asimismo, Mato ha recordado la ayuda prestada por el Gobierno central durante la pandemia, con la entrega de 17.000 equipos de protección para Navantia, las intervenciones de la UME en la limpieza de la ciudad, en especial en los centros hospitalarios y en las residencias de mayores, o la ayuda del Ministerio de Fomento para realizar una residencia de mayores y de víctimas de violencia de género.

Al mismo tiempo, el alcalde de Ferrol ha querido pedirle la misma "lealtad" al Gobierno autonómico de la Xunta, sobre todo en la próxima vuelta a las aulas "para que los niños puedan empezar el curso con seguridad."

Castilla y León contabiliza un total de 38.422 positivos por coronavirus, 445 más que en los datos de este sábado, de ellos 49 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, según datos ofrecidos este sábado por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas registran, asimismo, cinco nuevos fallecimientos en hospitales, de manera que el número de decesos actual en este ámbito es de 2.144, mientras que el número de altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanza ya las 9.298, once más que en la jornada anterior.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 202 y el número total de casos de la COVID-19 a ellos vinculados es de 1.417 más.

Del total de brotes, 25 corresponden a Ávila --los mismos que ayer--, 43 a Burgos --dos menos--, 16 a León --uno menos--, 25 a Palencia --los mismos que el sábado--, 32 a Salamanca --idéntica cifra a la de ayer--, 13 a Segovia --uno más--, 12 a Soria --uno menos--, 20 a Valladolid --tres menos-- y 16 a Zamora --uno más--.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 38.422 positivos por COVID-19 en los distintos tipos de pruebas y según los datos de la Administración regional, 31.961 lo han sido en test PCR.

Por provincias y en total, Ávila suma 52 positivos más, con un total de 2.868; Burgos suma 79 positivos, con 5.626 en total; León 35 más, hasta 4.732; Palencia 34 más, con 1.981; Salamanca suma 116 más hasta un total de 6.355; Segovia incorpora 48 nuevos positivos hasta los 4.398 en total; Soria añade 12 más hasta 3.165; Valladolid incorpora 39 positivos, hasta 7.676 y Zamora suma 30, hasta los 1.621.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.144, cinco más. La mayor parte continúa registrándose en la provincia leonesa, con 428, seguida de Valladolid, con 413; Salamanca, 391 (uno más); Burgos, con 226 (dos más); Segovia con 217; Ávila con 158 (uno más); Soria, con 124; Zamora, con 97 (uno más), y Palencia, con 90.

En el caso de las altas, un total de 9.298, se han computado 2.039 en Valladolid; 1.769 en León; en Salamanca 1.440; en Burgos 1.086; en Segovia 967; en Ávila 725; en Soria 467; en Palencia 406, y en Zamora 399.

DOS INGRESOS MÁS EN CRÍTICOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 335 personas, 296 de ellas en planta --32 más que ayer-- y 39 en unidades de críticos, tres más que en la jornada anterior.

Los pacientes en UCI se encuentran ocho en el Clínico de Valladolid y en el Universitario de Burgos, seis en el Río Hortega de Valladolid y en el Universitario de Salamanca, tres en los complejos de Soria y Zamora, dos en Ávila y Segovia y uno en Palencia.

Euskadi ha realizado, desde el 6 de julio y hasta el 3 de septiembre, 332.991 pruebas PCR, en las que se han detectado 19.158 casos positivos. Además, han fallecido en este periodo de tiempo 96 personas con covid, en función de los datos aportados por el Departamento vasco de Salud y Osakidetza.

Estas cifras de fallecimientos corresponden a personas con infección en los últimos dos meses antes de su muerte, "por lo que el covid no ha tenido por qué ser la causa directa de su muerte", ha precisado la Consejería.

Salud ha hecho público este domingo el informe elaborado sobre la situación epidemiológica y evolución del covid en esta segunda ola epidémica, hasta este pasado miércoles, y que refleja "un descenso en la tasa de incidencia de los últimos 7 días de los tres territorios históricos, con una estabilización en las tres capitales vascas, si bien en otros municipios la incidencia sigue creciendo".

Asimismo, ha destacado que, entre las conclusiones del informe, se encuentra una disminución del porcentaje de positivos detectados en los últimos días, hasta un 6,6% del total de PCR realizadas.

RÉCORD DE 886 CASOS

Entre otros datos, el estudio recoge que el número máximo de PCR diarios realizados fueron 9.983 pruebas, validadas el 28 de agosto, y el de positivos de 886 casos, también ese día.

El porcentaje de positivos por PRC validada ha ido subiendo desde 0,8% en la primera semana estudiada hasta alcanzar el 8,4% en la semana del 24 al 30 de agosto, aunque en la última semana ha bajado al 6,6%. Por su parte, la tasa de personas mayores de 60 años contagiadas se sitúa, al término del periodo estudiado, en el 20% del total.

Un 51% de los positivos de la última semana se detectaron a personas asintomáticas por ser contactos de otros positivos, un 30% eran personas con síntomas de covid que acuden a Osakidetza y un 19% mediante protocolos covid (como cribados, screening, pacientes ingresados, profesionales sanitarios, profesionales y residentes de centros sociosanitarios y otras personas de alto riesgo en atención primaria). Por contra, al inicio del periodo estudiado los contactos suponían el 28% de los positivos, las personas sintomáticas el 20% y los positivos detectados en protocolos el 52%.

La tasa de letalidad, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, alcanza el 4,3% de media. No obstante, se eleva al 28,2% entre los paciente mayores de 90 años y al 20,9% en la franja de 80 a 89 años, mientras que es de 10,2% para la población de 70 a 79 años y del 2,9% entre 60 y 69. En el resto de edades es menor al 1%.

En los hospitales vascos, el periodo estudiado comenzó con 13 hospitalizaciones el 6 de julio y ha ido oscilando hasta terminar en 47. El máximo diario ha sido 67. Por su parte, las personas ingresadas en UCI han ido creciendo hasta terminar el periodo analizado en 48.

Miles de personas se han manifestado este domingo por las calles de Bilbao para denunciar que la muerte del preso de ETA Igor González Sola --ocurrida este pasado viernes en su celda de la prisión de Martutene-- "nunca debió suceder" y advertir de que "la política de excepción mata".

A la marcha, convocada por la red ciudadana Sare, se han adherido formaciones políticas como EH Bildu y Sortu, los sindicatos ELA, LAB y ESK, así como la asociación de familiares de presos Etxerat y Foro Social, entre otras.

Entre los asistentes se ha podido ver a la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, así como a la diputada Mertxe Aizpurua y a representantes de la coalición soberanista en el Parlamento vasco como Jasone Agirre, Iker Casanova, Mikel Otero o el también secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez.

Tras dos grandes pancartas en las que se podía leer "los queremos en casa" y "la política de excepción mata", y escoltados por varias furgonetas de la Ertzaintza, los participantes, entre gritos de recuerdo al recluso fallecido, han arrancado pasadas las 12.00 horas desde la Plaza Elíptica para concluir en la Plaza Nueva.

A su finalización, desde Sare se ha leído un comunicado en el que han sostenido que el "terrible suceso" que supone la muerte de González Sola "nunca debió suceder", hecho que han atribuido a la actual y "cruel política penitenciaria".

"Su muerte no es la única, la legislación de excepción lleva años sumando a su lista muertes de presos vascos", han señalado, para añadir que González Sola "debería estar en casa, libre y vivo porque tenía cumplidas 3/4 partes de su condena".

Asimismo, han denunciado la "política de alejamiento" que padecía desde su ingreso en prisión, en el año 2005, y el hecho de que "era un preso enfermo que estaba en tratamiento".

"Queremos poner en valor los acuerdos entre la mayoría de las fuerzas políticas alcanzados en los Parlamentos de Vitoria y Pamplona, en Juntas Generales y en numerosos ayuntamientos, así como la unanimidad del sindicalismo vasco en favor de una reforma profunda de la actual política penitenciaria", han incidido, al tiempo que han reclamado a todos ellos que den "un paso más en este compromiso".

Por último, han solicitado el fin de la política de alejamiento y el traslado a cárceles vascas de todos los presos que lo soliciten, la libertad de los reclusos con enfermedades graves, así como que se les aplique la progresión de grado.

En declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del inicio, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha mostrado su apoyo y solidaridad a la familia del preso fallecido y ha reclamado que finalice la actual política penitencia "de venganza y violenta".

"Se debe acabar con la dispersión, con la posibilidad de que los presos enfermos, quienes hayan cumplido 3/4 partes de la condena o tengan edad avanzada puedan volver a sus casas", ha solicitado.

Asimismo, ha apostado por "trabajar en una hoja de ruta" para que "todos los presos puedan volver a casa" y ha incidido en que la coalición soberanista seguirá apostando por ello.

Por su parte, el secretario general de Sortu y parlamentario esta legislatura de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha indicado que la muerte de González Sola "no ha sido natural, sino que era perfectamente evitable" ya que "debía estar en la calle".

"Los responsables de su muerte tienen nombre y apellidos: el Gobierno español, la actual política penitencia y todas aquellas fuerzas políticas que continúan sosteniéndola", ha acusado.

"VIOLENCIA PRESENTE"

Asimismo, ha afirmado que la "única violencia que persiste en este pueblo es la de los estados" español y francés, una "violencia presente y no pasada como otras, que genera sufrimiento y muertes".

"Les exigimos que también ellos retiren su violencia de la ecuación política vasca y opten por dar una solución política y democrática al conflicto vasco, al igual que al conflicto catalán", ha reivindicado, para añadir que "la paz y la convivencia no son posibles mientras centenares de presos y sus familiares ven conculcados sus derechos y en las cárceles permanecen centenares de presos políticos".

ELA Y LAB

Desde ELA, su secretaria general adjunta, Amaia Muñoa, ha condenado también la actual política penitenciaria, que "no se entiende de ninguna manera" al "seguirse vulnerando los derechos de los presos".

"No se entiende que a estas alturas de la historia el Estado español torpedee de esta manera un proceso de paz que todavía tiene mucho que recorrer", ha finalizado.

Por último, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha recordado que existen "consensos muy amplios" para que se modifique la actual política penitencia "cruel e inhumana".

La Junta de Castilla y León y el Gobierno de Castilla-La Mancha han suscrito un protocolo sectorial que tiene por objeto establecer los procedimientos de trabajo en común de sus respectivos centros de emergencia 112 para asegurar una respuesta rápida y eficaz en aquellos incidentes que se produzcan en zonas limítrofes entre ambas comunidades autónomas.

Este protocolo sectorial desarrolla las bases sentadas en el Protocolo General de Actuación que los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, firmaron el pasado 26 de junio para la actuación conjunta en situaciones de emergencia, ha informado la Junta en nota de prensa.

De esta forma, en el ámbito concreto de la coordinación funcional entre los centros 112 de ambas comunidades autónomas, el protocolo contempla las actuaciones a llevar a cabo cuando una llamada de emergencia se realiza desde una de estas dos comunidades autónomas pero es recibida por el centro 112 de la región limítrofe o cuando un ciudadano avisa al servicio de emergencias de su comunidad autónoma de una emergencia que está teniendo curso en la otra región limítrofe.

El objetivo de este protocolo, que ha sido firmado por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Macha, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, es, por tanto, atender de forma inmediata, con independencia del centro 112 que reciba la llamada, las situaciones de emergencia que se den en las zonas limítrofes de ambas comunidades autónomas, garantizando que los servicios que deben intervenir en la resolución de los incidentes reciben toda la información necesaria y que pueden así realizar una actuación eficiente.

El protocolo sectorial establece que, con carácter general, las llamadas de emergencias en las zonas limítrofes serán atendidas por el centro de emergencias 112 de la comunidad autónoma en la que se localizan. De esta forma, cuando se reciba una llamada de emergencia en uno de los dos centros del 112 de estas comunidades autónomas y tengan la certeza de que el incidente se localiza en la región limítrofe, ese centro trasladará al centro de la otra comunidad autónoma toda la información que haya recabado en la llamada y, si es posible, transferirá al llamante.

También se determina que con carácter general el centro de emergencia 112 responsable de la gestión de la llamada será el que trasladará los avisos a los organismos competentes de su comunidad para dar respuesta a la emergencia.

SOLICITUDES DE COLABORACIÓN

Por otra parte, los centros de emergencia 112 podrán canalizarán las solicitudes de colaboración de los servicios de emergencia de una comunidad autónoma a los servicios de emergencia de la región limítrofe. También serán los encargados de canalizar los ofrecimientos de colaboración de los servicios de emergencias de una región en un incidente localizado en la comunidad autónoma limítrofe.

Cuando haya dudas en cuanto a la localización del incidente o en emergencias graves, el centro 112 receptor de la llamada gestionará y trasladará la misma a los servicios de emergencia de su región, comunicando de mantera inmediata al centro de emergencias 112 de la comunidad autónoma vecina la recepción de la llamada y las gestiones que ha realizado, para que se valore el envío del recurso competente que pueda llegar más rápido.

En caso de que ambas comunidades autónomas reciban llamadas sobre un mismo incidente y las dos hayan activado recursos por su parte, comunicarán esta circunstancia a los servicios de emergencias alertados para que los mismos valoren la procedencia de continuar con la activación y, en cualquier caso, se coordinen entre ellos.

Para garantizar el efectivo cumplimiento de este protocolo sectorial, se constituirá una comisión de seguimiento paritaria, que estará integrada como mínimo por dos representantes de cada una de las dos comunidades autónomas y que, al menos, se reunirá una vez al año para hacer un seguimiento y control del protocolo, interpretar las posibles dudas que su aplicación pudiera suscitar y promover las modificaciones y actualizaciones que se estimen oportunas.

Galicia ha detectado 252 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas y el total de casos activos se ha incrementado en 38, hasta situarse en 4.175, de acuerdo con los datos de este domingo de la Consellería de Sanidade, tomados en la tarde de ayer.

El último parte recoge que se han curado en la Comunidad gallega un total de 13.649 personas, que son 211 más de las que constaban el sábado.

El número de muertos es de 659, tres más de los que figuraban en la actualización anterior, tras informarse en la tarde de ayer del fallecimiento de tres personas que estaban ingresadas en el Hospital Lucus Augusti, en Lugo, dos de ellas relacionadas con la residencia de mayores de O Incio.

Por áreas sanitarias, la de A Coruña se mantiene como la que registra un mayor número de casos activos, con 1.424. No obstante, es la única en la que se registra un descenso, puesto que son 22 menos que ayer. En Lugo, en donde el número de pacientes que están pasando actualmente la infección es de 810, la cifra sube en seis con respecto al sábado.

En el caso de Santiago, el incremento es de 11 casos activos, hasta un total de 688; mientras que en Ourense se alcanzan los 429 --12 más--; en Vigo son 344 --siete más--; en Pontevedra se sitúan en 323 --15 más, la subida más acusada entre las áreas--; y en Ferrol suben hasta 157 --nueve más--.

Los datos facilitados por la Xunta señalan que se han realizado un total de 363.957 pruebas PCR en la Comunidad hasta el momento, cifra que supera en 4.902 la de este sábado.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se ha mostrado en contra de usar "el Código Penal" como "un instrumento válido para que los padres confíen en la vuelta" a las aulas, sino a favor de generar "circunstancias que den seguridad para tranquilizar a las familias".

"Y en eso ha estado trabajando la Comunidad de Madrid", ha subrayado López en una entrevista con Europa Press, en la que se ha mostrado contrario a lanzar a la ciudadanía mensajes de temor a la sanción penal. "La sociedad tiene que tener temor al virus y no a una respuesta penal", ha aseverado.

Las clases arrancaron el pasado viernes con los más pequeños iniciándose en las aulas y esta semana se incorporarán los alumnos de Infantil, ESO y Bachillerato. El Gobierno regional apuesta por el escenario de semipresencialidad en Secundaria y Bachillerato y grupos burbuja en Infantil y Primaria.

López ha recalcado que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Sanidad, ha hecho "todo lo posible" para dar "una sensación real y efectiva de seguridad", por lo que no es necesario, a su juicio, acudir "al temor de la aplicación del Código Penal".

Su posición respecto a las sanciones penales se produce después de que la Fiscalía haya recordado que se iniciarán acciones penales contra aquellos padres o tutores que permitan el absentismo escolar presencial de sus hijos al colegio de forma repetida y sin justificación clara.

EL PROTOCOLO YA RECOGE LOS PASOS A SEGUIR ANTE BROTES EN COLEGIOS

Además, ha incidido en que "no hay que especular" sobre posibles cierres de colegios, dado que el protocolo prevé los pasos a seguir cuando se produzcan casos de positivos en centros educativos de la región.

"Se trata de ir conteniendo el virus y tomar medidas en función de la evolución de la pandemia. No se debe alarmar ni asustar a la población, sino que se debe generar un compromiso de cumplimiento de las normas", ha reseñado.

También se ha pronunciado el consejero madrileño sobre las críticas del PSOE que apuntan a una nueva "improvisación" por parte del Ejecutivo autonómico en las PCR hechas a los docentes, a lo que López ha señalado que estos test no se podían realizar en el periodo vacacional de los profesores ni mucho antes del regreso a las aulas ante la posibilidad de que no fueran efectivas.

El PSOE no ha propuesto ninguna alternativa solo hace crítica destructiva en la gestión", ha censurado recordando cuando el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, animó a cargos del PSOE a "retorcer" la crisis de las residencias para atacar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En esta línea, ha insistido en que el plan para la 'vuelta al cole' se preparó el pasado mes de junio, a diferencia del Plan presentado por la ministra de Educación, el pasado viernes. "Lo único que busca es destruir un gobierno tan valioso como el de Madrid", ha remachado.

El Pleno del Congreso vota len el Pleno de la próxima semana las dos enmiendas a la totalidad que PP y Vox han registrado como alternativa a la regulación de la eutanasia del PSOE, y que la Cámara tomó en consideración en el mes de febrero. Las dos formaciones coinciden en proponer como alternativa una regulación de los cuidados paliativos.

El texto socialista busca reconocer el derecho a morir a las personas que padezcan una enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y respaldados por informes médicos, acabar con su vida e incluir esta práctica entre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar el acceso a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Además, establece la posibilidad a los profesionales de la salud de apelar objeción de conciencia en caso de no querer realizar esta práctica.

La iniciativa ya pasó el corte del Congreso en 2018, donde obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios ha excepción del PP, que votó en contra. Tras un años de tramitación, la norma decayó con la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones de abril de 2019, antes de poder aprobarse. El pasado mes de febrero, el PSOE volvía a llevarla al Pleno de la Cámara baja, según ha explicado, con los cambios que ya habían acordado con los partidos durante el periodo de sesiones anterior. En esta ocasión, el texto obtuvo, además del de los 'populares', el voto contrario de Vox.

Los de Pablo Casado ya anunciaron sus intenciones durante el debate parlamentario sobre la propuesta de ley. El portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echaniz, acusó al partido en el Gobierno de usar esta iniciativa para "ahorrar" el gasto en sanidad y pensiones, mientras que los de Santiago Abascal hablaron de que se quiere "obligar al Estado" a convertirse "en una máquina de matar". Ahora, estos dos partidos han presentado cada uno sus leyes alternativas a la legalización de la eutanasia que pretenden los socialistas. En ambos casos, la propuesta que se hace es regular los cuidados paliativos en el momento final de la vida de los pacientes.

PALIATIVOS, AUNQUE ACORTEN LA VIDA

La propuesta del PP propone para los pacientes que se enfrentan a un final "próximo e irreversible", "eventualmente doloroso y potencialmente lesivo para la dignidad" una regulación de los cuidados paliativos como asistencia sanitaria "más adecuada para velar por el bienestar" del paciente y "la más humana", incluso "cuando aquello pueda acortar o incluso poner en peligro inminente su vida".

Entre sus derechos, la ley incluye los cuidados paliativos integrales, el tratamiento del dolor, previendo específicamente el derecho a la sedación paliativa, el derecho a recibir estos cuidados en el domicilio o en otro lugar que designe el paciente, al acompañamiento de sus familiares o allegados y el auxilio religioso que deseen, entre otros.

Además, recogen que se facilitará a las personas en el proceso final de su vida el acompañamiento de su entorno familiar, así como auxilio religioso conforme a sus convicciones, y la participación del voluntariado adscrito a ONG en el acompañamiento de paciente y familiares. El PP también propone que aquellos que no soliciten la aplicación de estos cuidados en su domicilio, o en el que caso de que tengan que ser hospitalizados por su situación médica, deben ser atendidos en una habitación individual, "con el nivel de atención, cuidado e intimidad que requiere su estado de salud.

Del mismo modo, indican que, cuando existan discrepancias entre profesionales médicos y paciente, que no se puedan solucionar con un acuerdo entre las partes, las instituciones sanitarias "solicitarán asesoramiento al Comité de Ética Asistencial correspondiente", que "podrá proponer alternativas o soluciones éticas" a las "decisiones médicas controvertidas".

EN LA CARTERA DE DEPENDENCIA

Por su parte, Vox recurre a la Constitución para señalar que en el artículo 15 se protege y defiende el derecho a la vida y a la integridad física y moral, un derecho que, a su juicio, no se acata con la ley que propone el PSOE. Además, en el texto registrado, se señala que la regulación de los cuidados paliativos es una reclamación que les llega del sector sanitario.

Como los 'populares', los de Santiago Abascal recogen en su propuesta el derecho a unos cuidados paliativos integrales y de calidad por profesionales perfectamente formados en la materia, el derecho a una información asistencial clara y comprensible para el paciente, al acompañamiento y a la intimidad del mismo, así como ha recibir la asistencia espiritual que solicite.

Además, Vox busca reconocer con esta ley los permisos laborales otorgados a los familiares de aquellas personas que estén en cuidados paliativos y propone reducir la burocracia administrativa para la solicitud de ayudas a la dependencia, incluyendo los cuidaos paliativos en el catálogo de dichas ayudas.

El Consell de Govern prevé aprobar este lunes una nueva normativa que permitirá a la Conselleria de Salud endurecer las restricciones en determinados barrios y municipios con alta incidencia de casos de COVID-19, ante el aumento de contagios en Baleares durante las últimas semanas.

Así lo anunció este pasado jueves la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, en una rueda de prensa en la que explicó que se están planteando medidas como reducir aún más los aforos, rebajar el máximo personas en reuniones sociales o restringir las salidas del domicilio por la noche.

Estas medidas, que se aplicarían de forma específica para cada zona -es decir, no tienen por qué ser las mismas restricciones para todas las áreas señaladas como "zonas calientes"- tendrían una vigencia de 15 días.

Esta nueva normativa se aprobará en el primer Consell de Govern que se celebra un lunes en lugar de un viernes, puesto que a partir de este mes de septiembre cambia el día de la semana en que se producirán las reuniones del equipo de gobierno autonómico.

Así lo anunció el pasado 28 de agosto la portavoz del Ejecutivo balear y consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, quien añadió que el Govern seguirá explicando los acuerdos aprobados en la rueda de prensa habitual de las 12.00 horas.

El cantante y exdiputado de JxSí en el Parlament Lluís Llach ha afirmado que la división entre JxCat y el PDeCAT beneficiará al independentismo porque "aumentará la oferta" y cree que clarificará posiciones para los votantes del centroderecha.

En una entrevista a raíz de la publicación su novela 'Escac al destí' (editorial Univers), Llach ha afirmado que le preocuparía más que el contexto histórico provocara una "oportunidad para el independentismo y no la aprovechara porque no estuviera preparado".

"En los momentos difíciles surgen rendijas. Y si la democracia --en el mundo-- sobrevive, la independencia es inexorable", ha afirmado, y ha añadido que, en el debate soberanista, es más partidario de la confrontación que de la espera.

Llach considera que el independentismo fracasó hace tres años pero opina que ha servido para tener más claro "el mapa de carreteras" para un futuro intento.

"La desmoralización la provoca el enfado. El día que tengamos que volver a salir a la calle, lo haremos", ha añadido.

SU LITERATURA

Llach ha publicado una nueva novela, 'Escac al destí', en la que aborda por primera vez la época medieval, que le atrajo por los paralelismos con el momento actual en Occidente.

"Es un momento de colapso total. Se hunde el Imperio Romano y Europa se queda sin moneda, sin estructura. La gente vivía en un esclavismo perpetuo bajo la fuerza de los poderes de la cruz y de la espada", ha explicado.

LA CRUZ Y LA ESPADA HOY

Para Llach, esa fuerza de la cruz es hoy la economía prometiendo bienestar y consumo, y las redes sociales ejerciendo el control social "por dentro y por fuera a través del remordimiento.

Y considera que el poder de la espada lo representa un auge de los nuevos autoritarismos en el mundo, que, según él, representan el presidente de EE.UU., Donald Trump; el de Rusia, Vladimir Putin. y el de China, Xi Jinping, que cree que amenazan la democracia liberal: "O tocamos fondo y subimos o en Europa deberíamos ir pensando quién es nuestro Putin.

USO DE LA LENGUA

La novela está escrita en un catalán arcaico que Llach quiso usar por placer, y que pretende aportar veracidad al relato medieval y mejorar la "fonética de la escritura", algo que considera importantísimo.

LA "HECATOMBE" DEL DESUSO DEL CATALÁN

En el debate sobre la hipercorreción del catalán o la transigencia con un uso menos normativo, Llach ha asegurado que no le importaría que el catalán perdiera su pureza "si va en favor de un uso más multitudinario".

"Lo que me cuesta más es pagar este abaratamiento de la lengua si resulta en un desuso social. Sería una hecatombe, y creo que es lo que está pasando", y cree que alguien está haciendo algo mal para que eso ocurra.

Un menor del Centro de Educación Infantil (CEI) Fernando de los Ríos de Santa Fe y una maestra del Bernard Van Leer del mismo municipio han dado positivo en coronavirus este sábado, tras lo cual se ha puesto en marcha el protocolo establecido en las instrucciones recibidas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para esta situación.

Según detalla el Ayuntamiento de Santa Fe en dos publicaciones de Facebook, consultadas por Europa Press, ha sido la familia del propio alumno quien les ha informado del positivo. En el segundo caso, la comunicación la ha hecho la dirección de la escuela.

En el caso del centro Fernando de los Ríos, la directora se ha puesto en contacto telefónico con todas las familias de la clase del menor, incidiendo en que desde el centro se han seguido todos los protocolos establecidos.

El 'grupo-clase' al que pertenece el alumno afectado está conformado como 'grupo-burbuja', por lo que el menor sólo ha mantenido contacto estrecho con un grupo "muy reducido" de alumnos del centro.

Desde Epidemiología se ha solicitado al Ayuntamiento una relación de contactos tanto del grupo-clase como de los familiares directos del alumno que ha dado positivo para proceder, a la mayor brevedad posible, a realizarles los test PCR correspondientes. El Consistorio señala que la Junta de Andalucía les ha dicho que "con toda seguridad" se realizarán este domingo.

Desde Salud se pondrán en contacto con cada una de las familias para realizar dichas pruebas. Asimismo, la Junta pide que los niños y familias del grupo-clase mantengan cuarentena voluntaria hasta que se determinen los resultados de las pruebas PCR y/o reciban instrucciones directas desde Salud.

Por otro lado, y como medida inmediata, se va a proceder durante este fin de semana a una desinfección completa (L+D) de todo el centro educativo, para garantizar la vuelta normal a clase del resto del alumnado y docentes del centro infantil.

En el caso de la Escuela Infantil Bernard Van Leer, Epidemiología también ha solicitado una relación de contactos que ha tenido la maestra que ha dado positivo para proceder a realizarles los test PCR; se les pide a estas personas que guarden cuarentena voluntaria hasta tener los resultados; y el Ayuntamiento hará igualmente una desinfección completa del centro.

Foment del Treball ha rechazado aprobar en el Parlament la proposición de ley de regulación de los alquileres, una norma que ve inconstitucional y contraria al Estatut, y que considera que "hundirá a medio plazo" el mercado del alquiler.

En un comunicado este domingo, la patronal ha sostenido que "el actual mercado del alquiler no es suficiente y, por lo tanto, se debe ampliar sobre todo la oferta de viviendas asequibles, la gran abandonada desde la crisis del 2008", en lugar de limitar su precio.

También ha criticado que "la inacción de determinadas políticas perjudique el parque de viviendas privadas. La proposición de ley lo hace, y perjudica tanto a los propietarios como a los inquilinos".

Además, Foment asegura que "el patrimonio inmobiliario de los catalanes reducirá su valor" y recuerda que en 2019 ya defendió revertir la política de viviendas para atender a las necesidades sociales.

"No todo vale, ni las finalidades justifican los medios. Democracia y Estado de derecho van de la mano", ha sostenido.

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS

Foment critica que la proposición de ley se tramitará por el procedimiento acelerado de lectura única, "a pesar del dictamen en contra del Consejo de Garantías Estatutarias", que consideró que la regulación caía fuera del ámbito competencial del Parlament por afectar a las bases de las obligaciones contractuales.

Para la patronal, la proposición de ley "vulnera la Constitución y el Estatuto en 18 puntos de su articulado".

LÍMITES AL ALQUILER

Además, prevén una bajada de la oferta "por la dificultad de que los inversores consideren interesante el mercado inmobiliario catalán", lo que supondrá el riesgo de que dejen de invertir en el mercado en un futuro próximo y que los inversores quieran vender sus propiedades inmobiliarias en Catalunya para invertirlas en otros sitios, mantienen.

"Las limitaciones de precios harán que la oferta sea más pequeña, que los posibles inquilinos queden insatisfechos y, por lo tanto, perjudicará a las personas que quieren o solo pueden alquilar", añadiendo diferencias significativas que pueden llevar a mercados opacos que afecten a la recaudación impositiva.

Foment pide no olvidar que "una parte significativa de las viviendas de alquiler" en catalunya corresponden a particulares que verán afectada la renta de su inmueble, y que en muchos casos pueden querer hacer líquida su inversión con la venta de sus patrimonios inmobiliarios.

"En un mercado globalizado, con bastante libertad de capitales, las restricciones a su rendimiento en algún tipo de activo harán que los inversores busquen otros activos o bien otras localidades", algo que dejará sin sentido el objetivo de la norma porque supondrá el descenso de la oferta a medio plazo, sostienen.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha trasladado un contundente mensaje al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la "nueva escalada de agresividad mostrada por los miembros de las mafias del contrabando", en relación al agente de la Policía Nacional herido grave al embestir su coche patrulla un vehículo cargado de droga que intentaba interceptar.

Landaluce critica la "insuficiente atención" que el ministro está prestando a la seguridad de Algeciras y la comarca, ya que en los últimos días se han producido varios enfrentamientos entre agentes y presuntos delincuentes o traficantes y "lo único que hemos tenido es su callada por respuesta".

El primer edil recuerda unas declaraciones que realizó recientemente y en las que aseguraba que "gracias al Plan de Seguridad en el Campo de Gibraltar, la situación ha mejorado, pero aún queda muchísimo por hacer, nuestra comarca necesita más medios y más agentes para acabar con una lacra como la del narcotráfico".

"Nadie parece escucharnos y de unas declaraciones pasamos ahora a tener que lamentarnos por agentes heridos gravemente en el ejercicio de sus funciones", señala ahora Landaluce, añadiendo que "si el ministro tuviera a bien reforzar el número de agentes y los medios de los que disponen, que tantas veces hemos reclamado, el cuerpo nacional podría enfrentarse a los narcotraficantes de mejor manera".

El alcalde asegura que los agentes están "cansados, completamente desmoralizados ante la peligrosidad a la que deben enfrentarse con medios precarios en muchas ocasiones y lo que es peor, abatidos por las consecuencias que la desidia del Ministerio de Interior está teniendo en la integridad física y mental de muchos miembros del cuerpo". "Se gana el triple en otras zonas de España realizando el mismo trabajo, por lo que debería primarse a los destinados al campo de Gibraltar de alguna manera".

"No es suficiente con la visita a las puertas del centro hospitalario del subdelegado del Gobierno José Pacheco, cuando el agente ya está herido, de gravedad y en un quirófano, aunque lógicamente es de valorar y de agradecer", ha agregado.

"El inspector herido debería estar hoy en su casa, con su familia, celebrando con sus compañeros el éxito de una nueva operación contra el narcotráfico, no postrado en una cama recibiendo visitas que poco pueden hacer ya", recalca el primer edil, que asegurando que sigue teniendo la esperanza de que el ministro escuche a las numerosas voces que desde la comarca reclaman más agentes y mejores medios para poder hacer frente a esta nueva escalada.

"Espero que la triste noticia de ayer haga reflexionar al ministro Marlaska sobre lo poco que está preocupándose por nuestra zona y de una vez por todas el gobierno de Sánchez le dé al Campo de Gibraltar lo que tanto estamos reclamando, lo que nos merecemos y lo que no vamos a dejar de exigirle al ejecutivo nacional".

Concluye el alcalde algecireño recordando algunas de estas reclamaciones como son "la falta de personal para cubrir las vacantes y turnos de vacaciones de verano de la Policía Nacional y la Guardia Civil, modernizar equipos e instalaciones, apostar por la cooperación y trabajo conjunto entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como implantar la equiparación salarial entre los mismos".

Landaluce quiso reiterar su mensaje de pronta recuperación para los agentes heridos: Francisco Javier, que es muy querido por los policías locales de Algeciras con los que ha trabajado frecuentemente, y Santiago, policía en prácticas dado de alta poco después de los hechos al haber resultado sólo herido leve.

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo se reúne este lunes con los sindicatos CC.OO. y UGT y con las patronales CEOE y Cepyme, y tiene previsto celebrar el miércoles la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Las reuniones con los agentes sociales y la comparecencia del ministro forman parte de la ronda de contactos que la Comisión ha programado para las dos primeras semanas de septiembre, tras la solicitud de Vox de celebrar una veintena de comparecencias para recabar opinión sobre el futuro del sistema público de pensiones.

Sin embargo, los grupos decidieron limitar estas a reuniones a puerta cerrada de Mesa y Portavoces con el Banco de España, la AIReF y los agentes sociales, y cerrar esta ronda de contactos con la comparecencia, ya en Comisión, del ministro responsable de la Seguridad Social.

Todo ello para cerrar una fase que hasta el mes de julio llevó a los grupos a repasar junto con el director general de la Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, el borrador de las recomendaciones preacordado antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales en la última legislatura efectiva.

LOS GRUPOS ENCARAN EL DEBATE PARA FIJAR POSICIONES

A partir de ahí, los grupos se enfrentan a la tarea de entrar en detalle de las recomendaciones del borrador e incluso fijar ya posicionamientos pues, tal y como comentan fuentes de la Comisión a Europa Press, el PSOE ya ha planteado al inicio de las reuniones de este mes 'mojarse' para no demorar la renovación del Pacto y no parar el ritmo de reuniones durante este mes.

Un brío que, por otro lado, formaciones como PP y Vox enfrían, habiendo solicitado un resumen ejecutivo de las recomendaciones, ante la compleja redacción de algunas de ellas para alcanzar consensos; el grado de ejecución de las recomendaciones anteriores, y también un mayor detalle de las partidas que deben traspasarse de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado.

PLAZO Y ALCANCE PARA TRASPASAR GASTOS Y SANEAR EL SISTEMA

Este traspaso, uno de los principales avances de la anterior Comisión para descargar el déficit del sistema público de pensiones y compensar gastos que históricamente venía asumiendo, de forma impropia incluso, estaba previsto que se hiciera de forma gradual y en un plazo hasta 2025.

Esta vía de saneamiento fue uno de los puntos abordados en las reuniones con el Banco de España y la AIReF, si bien desde la Comisión aclaran que estas instituciones no buscaron orientar posicionamientos políticos.

Según estas fuentes, los organismos plantearon diferentes escenarios y alertaron de la necesidad de adoptar medidas adicionales, sin olvidar tampoco el déficit estructural del Estado, que además se vería ahondado por este aumento de los gastos, cuestión en la que incidió en su encuentro con los diputados el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Por su parte, según fuentes de la Comisión, la nueva presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, respaldó el informe de su predecesor --y hoy ministro titular de la Seguridad Social-- que abogaba por este traspaso para reordenar gastos y ajustar la estructura de la Seguridad Social al pago de las pensiones.

El secretario de Justicia del PP y consejero en la Comunidad de Madrid Enrique López atribuye directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dificultad existente para que el PP y el PSOE alcancen los acuerdos parlamentarios necesarios que permitan renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones. "El problema lo ha generado Sánchez y el problema lo tiene que solucionar Sánchez", ha afirmado López en una entrevista concedida a Europa Press.

"Quien ha creado el problema que está dificultando alcanzar acuerdos parlamentarios es el presidente Sánchez, creando un Gobierno imposible con la presencia ineludible de un partido radical que está cuestionando el orden Constitucional en España y que además está radicalizando por desgracia al partido socialista", ha añadido el responsable de Justicia de la formación liderada por Casado.

López ha reconocido que los contactos con el PSOE para renovar los citados órganos comenzaron a partir de enero, cuando ya había un Gobierno asentado. "Pero lo primero con lo que nos encontramos de este Gobierno, vamos a llamarlo su sentido de Estado, de respeto a las normas democráticas, fue el nombramiento de su hasta ese momento ministra de Justicia y diputada socialista como fiscal general del Estado (Dolores Delgado), lo cual es algo sin precedentes en un Estado europeo, lo cual empezó a hacer muy difícil cualquier tipo de acuerdo".

A ello le siguió, según ha recordado López en la entrevista, la presencia de un partido radical en el Gobierno, un problema que "ha generado Sánchez". "Me gustaría conocer el fármaco del presidente Sánchez que le permite dormir en esta nueva andadura, y que antes se lo impedía", ha añadido, en alusión a las palabras utilizadas por el propio presidente del Ejecutivo para rechazar antes de las últimas elecciones generales que pudiera existir un Gobierno de coalición con la formación morada.

Esos dos puntos ya señalados generaron en el PP "una preocupación y una sospecha de que este Gobierno iba a ser un Gobierno imposible y muy difícil", algo que con el tiempo han ido "comprobando".

"La parte radical del Gobierno cuestiona la Constitución, pide la abdicación del Rey, su vicepresidente insulta a los jueces, cuestiona la independencia del Poder Judicial de forma permanente -añade el secretario de Justicia del PP- . Y es un Gobierno que es indisoluble, lo que no vale es que venga a negociar Sánchez sólo con el PSOE y aparte a Podemos".

LOS JUECES EXIGEN RENOVACIÓN

Ante las críticas vertidas estos últimos días por asociaciones de jueces y fiscales, que reclaman el cumplimiento de los plazos constitucionales -el CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018--, López subraya que "el PP tiene muy claro que tiene que cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales".

"La Constitución establece que tiene que haber un acuerdo parlamentario para renovar estos órganos, y lo que tiene que hacer Sánchez es remover los obstáculos que impiden este acuerdo", ha insistido. "La forma, yo no se la voy a decir, pero él ha creado el problema, el tiene que solucionar el problema", insiste

Respecto al llamamiento por parte de la organizaciones profesionales, López señala que "nadie va a recordar al Partido Popular cuáles son sus obligaciones, puesto que el PP las ha cumplido a lo largo de la historia democrática de este país".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el conocido como 'caso Villarejo', ha modificado la citación del que fuera coordinador del equipo legal de Podemos José Manuel Calvente y la ha programado para el jueves 10 de septiembre.

Fuentes jurídicas consultadas  señalan que el abogado responderá a las preguntas del magistrado relacionadas con la pieza 10, denominada 'Dina', y lo hará por videoconferencia desde Barcelona. En esa pieza separada se investiga el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de sus datos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, decidió citarle como testigo después que se publicara en El Confidencial y El Mundo parte de una conversación entre letrados de Podemos en la que se ponía de manifiesto que Calvente cuestionaba la estrategia jurídica emprendida por el partido a raíz de la apertura de la pieza.

En concreto, y según ha explicado el propio Calvente, él advirtió en el partido de que la exasesora había hecho capturas de pantalla de conversaciones que meses después, y tras el robo del terminal, aparecieron publicadas en medios de comunicación, por lo que en aquel momento no se podía asegurar que Podemos hubiese sido víctima de las "cloacas".

Así pues, y dado que cuando se abrió la pieza 'Dina', en marzo de 2019, Calvente aún dirigía los servicios jurídicos del partido morado, y él mismo se ha pronunciado en medios de comunicación sobre su oposición a que se utilizara políticamente esta causa judicial, el magistrado ha decidido citarle para escuchar su versión de los hechos.

Calvente fue despedido de Podemos en diciembre de 2019 tras la acusación de Marta Flor, otra de las letradas del partido y asimismo representante de Bousselham --y hasta hace unas semanas de Pablo Iglesias-- en la pieza 10 del 'caso Villarejo', por acoso sexual y laboral, justo cuando Calvente investigaba posibles irregularidades contables en el partido.

Un juez de Madrid archivó recientemente la denuncia de Flor al no detectar indicios de acoso. Paralelamente, el abogado ha denunciado las supuestas irregularidades contables, que están en manos de otro magistrado en los juzgados de Plaza de Castilla de la capital.

Ciudadanos propondrá a los demás partidos acordar cambios legislativos para que se cumplan las medidas del Pacto Antitransfuguismo, tras los casos de Santa Cruz de Tenerife, Málaga, La Coruña y otros municipios donde concejales o exconcejales de Cs han apoyado mociones de censura o alterado las mayorías de gobierno incumpliendo las directrices de su partido.

En algunos casos, los ediles decidieron abandonar la formación naranja por discrepancias con las líneas marcadas por sus dirigentes, y en otras ocasiones fue el partido el que los expulsó por desobedecer instrucciones. El problema para Cs surge cuando estos concejales se niegan a entregar su acta.

En los últimos meses, Ciudadanos ha visto cómo los votos de sus exconcejales en varios municipios han servido para cambiar a un alcalde por otro o para modificar las mayorías políticas. Ha ocurrido en La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Málaga, y también en localidades más pequeñas como Cartaya (Huelva), Huércal-Overa (Almería), Benicàssim (Castellón) y Colmenarejo (Madrid).

En estos lugares, el PSOE o el PP han llegado a acuerdos con ediles o exediles de Cs para, gracias a sus votos, hacerse con el poder en un Ayuntamiento o una Diputación Provincial. A cambio, los tránsfugas suelen obtener un cargo, garantizarse un sueldo o conseguir otro tipo de ventajas.

REUNIÓN EL 21 DE SEPTIEMBRE

Para poner fin a estas situaciones, Ciudadanos solicitará su adhesión al Pacto Antitransfuguismo y llevará varias propuestas a la reunión que la Comisión de Seguimiento celebrará el próximo 21 de septiembre, diez años después de su último encuentro.

Esta reunión ha sido convocada por el Gobierno, tras un encuentro en julio con todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales excepto el PP y Vox, que se ausentaron. Previamente, el partido liderado por Inés Arrimadas se había citado con el PP y el PSOE para convencerlos de la necesidad de reforzar el acuerdo.

Los partidos tienen de plazo hasta el 14 de septiembre para remitir al Ministerio sus propuestas para actualizar y mejorar el Pacto Antitransfuguismo, suscrito en 1998 y modificado posteriormente en 2000 y 2006.

Lo que pedirá Ciudadanos es que se consensúen iniciativas legislativas que "obliguen a cumplir" el acuerdo "penalizando" el transfuguismo.

Concretamente, el partido naranja apuesta por cambiar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para que "quien incurra en transfuguismo pueda seguir siendo concejal" --ya que el Tribunal Constitucional establece que el acta es de la persona, no del partido--, pero "no pueda tener ni un privilegio".

"UNA FORMA DE CORRUPCIÓN"

Así lo ha explicado a Europa Press el vicesecretario adjunto de Cs, José María Espejo-Saavedra, que sostiene que los partidos deben empezar a tomarse en serio las medidas del Pacto Antitransfuguismo, porque "está clarísimo que se ha ido incumpliendo reiteradamente por unos y por otros.

A su juicio, los tránsfugas "traicionan la voluntad de los votantes" cuando van en contra de las directrices del partido con el que fueron elegidos en las urnas. Para Ciudadanos, esta es "una forma de corrupción", ya que el tránsfuga "vende su voto" a cambio de "un puesto en un gobierno o en un chiringuito político" u otro tipo de "privilegios o prebendas".

Espejo cree que "el transfuguismo se reduciría" si se eliminaran esos incentivos y que solo hace falta voluntad política para legislar en ese sentido. "Sería en beneficio de todos, porque es una práctica que sufren todos los partidos", ha apuntado.

En Cs están satisfechos con la actitud que está mostrando el PSOE, aunque será en la reunión del día 21 donde comprueben si hay un "interés real" por resolver el problema. En cambio, no ven "ningún interés" por parte del PP, "protagonista" de algunos de los casos de transfuguismo que más preocupan a los 'naranjas', según Espejo.

CASOS EN LOS QUE EL PP SE HA BENEFICIADO

Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, donde el 'popular' José Manuel Bermúdez se convirtió a mediados de julio en el nuevo alcalde al prosperar la moción de censura presentada por Coalición Canaria, el PP y la concejal Evelyn Alonso --expulsada de Cs por este motivo-- contra la socialista Patricia Hernández.

Gracias al pacto que Alonso alcanzó con el PP y CC, se ha convertido en segunda teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente.

En el caso de Málaga, Juan Cassá, diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de la capital, dejó Ciudadanos en mayo para después pactar con el PP y entrar en el Gobierno de la Diputación como portavoz y delegado de Relaciones Institucionales.

Los 'populares' gobernaban en minoría en la Diputación, con 15 representantes, y ahora con Cassá han alcanzado los 16. En la ciudad de Málaga, el PP y Cs gobiernan en coalición y el voto de Cassá es esencial para el Ejecutivo de Francisco de la Torre.

En Huércal-Overa (Almería), el concejal de Cs José López rompió el pacto de gobierno con el PSOE y en junio respaldó una moción de censura contra la alcaldesa, Francisca Fernández, llevando a la Alcaldía a Domingo Hernández, del PP. López, que fue expulsado de la formación naranja, se integró en el nuevo equipo de gobierno.

EL PSOE TAMBIÉN HA TRATADO CON TRÁNSFUGAS

En otros casos, ha sido el PSOE el que ha pactado con tránsfugas de Ciudadanos, como en La Coruña. Allí, la concejal Mónica Martínez decidió abandonar Cs en junio, dejando al partido sin representación en el Ayuntamiento, y el 1 de septiembre se incorporó al Gobierno local de la socialista Inés Rey, asumiendo las competencias de Deportes y Cultura.

O en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), donde el edil de Cs Israel Medina ignoró las indicaciones de su partido y apoyó una moción de censura contra el alcalde, Manuel Barroso (PP), permitiendo su sustitución por Alexis Landero (PSOE) el pasado julio. Actualmente, Medina es segundo teniente de alcalde y responsable de varias áreas en el Ejecutivo local.

En el municipio madrileño de Colmenarejo, el concejal de Cs Juan José Díez negoció de manera unilateral su entrada en el Gobierno municipal, liderado por la socialista Miriam Polo; mientras que en Benicàssim (Castellón), Domingo Lorenzo salió del partido naranja y solicitó su baja en el equipo de gobierno para pasar a ser edil no adscrito, dejando en minoría al Ejecutivo del PP y Cs.

Otro lugar donde concejales de Ciudadanos han creado problemas al partido es Móstoles. En este Ayuntamiento madrileño, César Ballesteros Ferrero y Sara Isabel Pino Rosado anunciaron hace varios meses que dejaban el grupo de Cs con la intención de pasarse al mixto, aunque finalmente acabaron como ediles no adscritos.

Posteriormente, el Pleno del consistorio aprobó un acuerdo de la alcaldesa, la socialista Noelia Posse, con los votos del PSOE, Podemos y uno de los concejales tránsfugas, para que los concejales que participen en un mínimo de tres comisiones puedan ejercer su cargo en régimen de dedicación parcial. La oposición acusó entonces a Posse de haber hecho "un traje a medida" a los dos exediles de Cs para que pudiesen mantener sus retribuciones.

LAS MEDIDAS DEL PACTO ANTITRANSFUGUISMO

En el Pacto Antitransfuguismo, los partidos firmantes apuestan por combatir el transfuguismo en las entidades locales, comprometiéndose a rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original.

Asimismo, acuerdan impedir la utilización de tránsfugas para "constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno" de las instituciones y no ofrecerles mejorar sus derechos económicos y políticos ni integrarlos en los equipos de gobierno.

UGT ha instado al Gobierno a ampliar el plazo de tres meses de silencio administrativo del Ingreso Mínimo Vital ante el "colapso", para que las solicitudes no decaigan, y demanda que se considere la fecha de petición de cita como la fecha efectiva de presentación de la solicitud en todas las instancias.

Asimismo, pide que se amplíe el periodo de carencia que vence el próximo 15 de septiembre, para que todas las personas beneficiarias puedan finalmente recibir la prestación con efecto al 1 de junio.

"El colapso en la gestión del Ingreso Mínimo Vital hace que el plazo de silencio administrativo (que se entiende negativo si a los tres meses no hay respuesta) puede hacer que la mayoría de las 740.000 solicitudes que se han presentado puedan decaer, pues actualmente han sido tramitadas menos de 40.000, y el resto continúan a la espera", indica el sindicato.

Según señala, se trata de dar "tranquilidad" a las personas demandantes del IMV que pueden temer que, superados estos tres meses sin respuesta a su solicitud, esta fuera desestimada, por superación del plazo legal de silencio administrativo sin haber recibido una respuesta.

El sindicato ha puesto en marcha un servicio de reclamación a través de su página web 'https://www.ugt.es/'. En cuatro días, desde el 1 de septiembre hasta el viernes 4 de septiembre, se habían rellenado más de 8.000 formularios para reclamar la falta de respuesta o de cobro del Ingreso Mínimo Vital.

"Es prioritario que el IMV se pague ya y que todas las personas demandantes guarden el derecho a percibirlo desde el 1 de junio de este año, subraya el sindicato. Además, UGT considera la posibilidad de plantear futuras movilizaciones, si esta situación no se soluciona.

UGT ya demandó tanto en la Comisión Ejecutiva como en el Consejo General del INSS, una solución urgente para aquellas personas demandantes del IMV cuyas solicitudes de cita están siendo asignadas fuera del plazo de carencia, hasta el 15 de septiembre, lo que les deja sin el reconocimiento de la prestación a fecha 1 de junio, perdiendo hasta 3 meses de prestación en la práctica.

CITAS PARA OCTUBRE

"En UGT hemos tenido conocimiento de que muchas personas que carecen de medios telemáticos y acuden a ayuntamientos para que les tramiten la solicitud, ya en junio estaban siendo citadas para este trámite en octubre", indica.

Para UGT es urgente dar una respuesta "ya", pues las personas solicitantes del IMV "no pueden esperar más". Por ello, ha planteado como solución ampliar el período transitorio o considerar la fecha real de petición de cita como fecha de presentación de la solicitud en todas las instancias, incluidos ayuntamientos, pues "los retrasos en la gestión no son responsabilidad de las personas demandantes".

Además, dada la situación de "bloqueo", cree que sería también deseable que se ampliara el periodo de carencia que vence el 15 de septiembre, para que todas las personas beneficiarias puedan finalmente recibir la prestación con efecto al 1 de junio.

El sindicato reitera la necesidad de incrementar los medios del INSS y que se establezca una nueva estructura que permita reordenar y racionalizar los medios humanos disponibles pues, según precisa, "se han perdido en torno a 6.000 efectivos y los restantes tienen una media de edad de 56 años".

El sindicato reclama además, la puesta en marcha de las mesas de Diálogo Social para que se puedan negociar con los Agentes Sociales los reglamentos de desarrollo y considera fundamental que se logren acuerdos con administraciones locales y autonómicas para facilitar y agilizar la gestión del IMV.