Las fiestas de La Mercè de Barcelona de este año, que se celebrarán del 23 al 27 de septiembre con actividades de "pequeño formato", contarán con más de un centenar de conciertos en los que será necesario reservar la entrada gratuita para asistir de público y tendrán aforo limitado para prevenir contagios de Covid-19.

Lo han anunciado este lunes en rueda de prensa el delegado de Derechos Culturales del Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Daniel Granados; el director artístico del Festival BAM, Marc Campillo; el director del Mercè Música, Jordi Turtós, y la co-coordinadora del programa BAM Cultura Viva, Anna Cerdá.

Las medidas de seguridad para hacer frente al Covid-19 también ha provocado que se dupliquen los escenarios con nuevos espacios emblemáticos de la ciudad como el Parc Güell, el recinto del Camp Nou, el Teatre Grec, los Jardins del Doctor Pla i Armengol y La Modelo, que acogerán parte de la programación musical.

En total, los conciertos se repartirán en 14 espacios de la ciudad con pases de mañana, mediodía y tarde para limitar el aforo y garantizar la desinfección de los espacios entre sesiones, y se establecerá el 30% de aforo.

Además, algunos de los conciertos se retransmitirán en directo a través de 'Betevé' y BcnCultura para que el público pueda verlos sin necesidad de moverse de casa.

RESERVA DE ENTRADAS

La reserva de entradas podrá hacerse a través de la página web de La Mercè (https://www.barcelona.cat/lamerce/ca), de la aplicación móvil de La Mercè 2020 y del teléfono 93 316 10 38, de 10 a 15 horas.

Para los conciertos del BAM se podrán reservar a partir de este martes: un total de dos entradas por día y por persona; para el BAM Cultura Viva se podrán reservar un máximo de cinco por día y por persona, mientras que las entradas de los conciertos del Música Mercè estarán disponibles a partir de este miércoles y se podrán reservar un máximo de dos entradas por día y persona.

ARTISTAS LOCALES

Entre los artistas que forman parte del cartel, destacan Maria del Mar Bonet, que se reencuentra con Toti Soler; Juanito Valderrama, Ray Colom, Rodrigo Cuevas, Califato, Lina_Raül Refree, Neue Grafik Ensemble, Novelist, Núria Graham o 12Twelve; y del total de los grupos programados, un 61% están liderados por mujeres.

Además, el festival BAM Cultura Viva se adapta al nuevo contexto en una cuarta edición que se celebrará los días 24, 26 y 27 de septiembre en el recinto Fabra i Coats, y que contará con 20 propuestas artísticas de proximidad.

Granados ha defendido que "la cultura debe continuar siempre que cumpla con los requisitos imprescindibles de seguridad" y ha asegurado que Barcelona seguirá trabajando con el tejido cultural de la ciudad para que se continúen desarrollando estas actividades.

El curso escolar 2020-2021, un ejercicio histórico y atípico al desarrollarse en el contexto de la pandemia de Covid-19, ha arrancado también en los municipios más despoblados de la Comunitat Valenciana, donde los alumnos han de trasladarse a otras localidades para cursar sus estudios.

Este es el caso de Palanques, municipio de Castellón con alrededor de una treintena de habitantes, de acuerdo a los datos de 2019. Los niños residentes en la población han retomado las clases después de meses sin ir a la escuela debido a la pandemia global.

A causa de la baja densidad de población, ya hace años que Palanques no cuenta con aulario y el alumno más pequeño de la localidad tiene que ir a la escuela de Forcall, que pertenece al Centro Rural Agrupado (CRA) Els Ports, explica el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a los más mayores, tres jóvenes acuden al IES Els Ports, el instituto de Morella, y un cuarto estudiante de Palanques se desplaza hasta Vinaròs para poder cursar la modalidad de Bachillerato que ha elegido.

Este lunes el transporte escolar ha vuelto a recoger a los jóvenes de Palanques para acercarlos hasta los centros educativos correspondientes, que han abierto, eso sí, de una manera muy peculiar, a causa de la situación actual.

Las escuelas siguen un protocolo de prevención y seguridad por la Covid-19, estableciendo grupos burbuja, para evitar la propagación del virus en caso de darse un caso positivo.

La escuela de Forcall, como tantos otros centros, ha designado un espacio como aula de aislamiento, que serviría para distanciar a un niño que presente síntomas del resto de la clase. Un profesor acompañaría al niño hasta que la familia pueda venir a buscarlo. Todas las medidas adoptadas han sido explicadas previamente en una reunión con las familias.

Desde el consistorio manifiestan que, "pese a las diferencias con las que se inicia este nuevo curso escolar, se espera poder evitar y controlar los posibles brotes y que las clases no se tengan que suspender para todo el centro educativo".

Igualmente, los niños de Ares del Maestrat empiezan este lunes un nuevo curso escolar teniendo que desplazarse hasta el colegio Alcalde Fabregat y el IES Pere-Enric Barreda Edo, de Benassal.

En total, son once los jóvenes de esta pequeña localidad castellonense en edad de estudiar: tres en educación infantil, tres en Primaria, tres en la ESO y dos en Bachillerato.

A causa de que la escuela y el instituto de Benassal reciben el alumnado de Ares y otros municipios próximos, el transporte escolar accederá al municipio por diferentes calles para evitaraglomeraciones al exterior de los centros.

La dirección de la escuela ha hecho públicas una serie de normas de cara la vuelta a las aulas, para "asegurar un ambiente seguro con todas las medidas de higiene y prevención necesarias", destacan fuentes municipales.

Entre las iniciativas adoptadas destacan la intensidad de las desinfecciones de los centros, así como el alta frecuencia de lavado de manso y la prohibición a las familias de acompañar a loshijos en el interior de los recintos. Además, cada curso entrará en un horario diferente y, partir de primer curso de Primaria, será obligatorio el uso de mascarilla.

UNIDAD DE CONCILIACIÓN FAMILIAR

Por lo que respecta al servicio de Unidad de Conciliación Familiar, ya hace un año que se ofrece a la localidad y hoy ha reabierto las puertas por el nuevo curso que empieza, siguiendo también un protocolopara la seguridad de los más pequeños del municipio.

A pesar de que la evolución de la situación causada por la Covid-19 es incierta, con la adopción de todas estas medidas, "se espera que el curso se desarrolle con normalidad y que los niños y niñas de Ares y del resto de municipios que estudien en Benassal puedan seguir las clases hasta final de curso", confían.

También en la provincia de Castellón se ubica Canet lo Roig, donde el inicio de curso cuenta con una novedad positiva: la incorporación de dos alumnos más, que eleva el número de escolares a 41, después de que una familia haya fijado su residencia en la localidad, informan desde la corporación municipal.

Las clases se imparten en las aulas prefabricadas, mientras avanzan "a buen ritmo" las obras del nuevo colegio. "Se han realizado intensas labores de desinfección y, además, el Ayuntamiento contratará más personal para atender las labores de limpieza y reforzar el protocolo anticovid tanto en el colegio como en otras instalaciones municipales", afirma la alcaldesa, María Ángeles Pallarés.

"Nos hemos reunido con la comunidad educativa y se van a seguir escrupulosamente todas las medidas sanitarias, como, entre otros, crear distintos espacios en los patios para la respetar las distancias de seguridad entre los alumnos; además, con el profesorado, estamos barajando la posibilidad de que la brigada de obras instale carpas a la entrada, en el exterior, para organizar el acceso a las aulas", añade la primera edil.

EXTRAESCOLARES

Otra de las novedades del curso 2020-2021 en esta localidad es que las actividades escolares no se llevarán a cabo en las instalaciones educativas, ya que se ha denegado el permiso para hacerlas en las aulas prefabricadas y será el Ayuntamiento el que asumirá este servicio poniendo a disposición de los alumnos distintas dependencias municipales", explica Pallarés.

Así pues, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) se encargará de llevar a cabo la Escola Matinera en un edificio municipal y se ha eliminado la sesión de la tarde.

Por otra parte, la alcaldesa ha avanzado que "los 3.900 euros otorgados por la Generalitat Valenciana para realizar actividades escolares, se destinarán a impartir clases de inglés de diferentes niveles, seis horas a la semana, para alumnos de Infantil, Primaria y ESO".

Y el aulario de Castellfort (Castellón), que pertenece al CRA Celumbres, ha abierto las puertas dando la bienvenida al nuevo curso escolar 2020-2021. Son 10 los niños y niñas de Castellfort que acuden a la escuela para continuar sus estudios divididos en un aula de infantil y otra de primaria.

Como novedad, este año la escuela ha incorporado alumnos a partir de los 2 años. Al tratarse de un número menor a 20 alumnos, todo el aulario es un grupo burbuja, por lo que no hace falta seguir horarios escalonados de entrada ni mantener la distancia de seguridad entre ellos, a pesar de que los mayores de 6 años deberán llevar mascarilla.Por lo que respecta los maestros itinerantes, sí que deberán mantener la distancia con el alumnado.

Para hacer frente aspectos derivados de la Covid-19, el CRA ha recibido una dotación económica mayor, así como más profesorado contratado. Además, la limpieza y desinfección del edificio es a cargo del Ayuntamiento, que realizará trabajos de desinfección cada mañana, mediodía y tarde. De esta manera, se espera que el curso pueda transcurrir con "normalidad" y que los niños y niñas de Castellfort sean los menos afectados por la peculiar situación, concluyen desde el consistorio.

El grupo parlamentario de Vox quiere que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, comparezca en el Congreso para aclarar el "presunto" hackeo sufrido el mes pasado en la cuenta den Twitter del Ministerio, desde que la se publicó un tuit contra el presidente andaluz, Juanma Moreno.

El pasado 30 de agosto, el citado Ministerio informó de que su perfil en Twitter había sido hackeado y que alguien había hecho "maliciosamente" un uso fraudulento de la misma para dañar la imagen del Ministerio.

"Procederemos a hacer las investigaciones pertinentes", se aseguró desde el departamento que dirige Ábalos antes de pedir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sus más "sinceras disculpas" por el mensaje en su contra publicado horas antes desde la cuenta pirateada del Ministerio.

En concreto, en ese mensaje se denunciaba la actuación de Moreno en los incendios que afectaron a Huelva a finales del pasado mes de agosto. "Ha tardado varios días en aparecer. ¿Dónde ha estado metido Juanma Moreno mientras Huelva ardía? ¿De vacaciones con su superpresi o tratándose cosas inconfesables?, rezaba el comentario, que ya fue borrado de la citada red social.

Los de Santiago Abascal parecen tener dudas sobre esta versión y pretenden ahora que el ministro dé las explicaciones pertinentes en torno a ese "presunto" hackeo de su cuenta en Twitter, así como las consecuencias y el origen del mismo.

Las asociaciones de padres y madres, agrupadas en la Confederación Anpas Galegas y en Confapa, junto a los sindicatos estudiantiles Erguer y Anega han cargado este lunes contra la "nefasta gestión" de la Xunta ante un inicio de curso marcado por la COVID-19, por lo que han manifestado su apoyo a la huelga convocada por los sindicatos CIG, CC.OO., CSIF y STEG para los días 10 y 16 de septiembre.

En una intervención ante los medios de comunicación frente a la Consellería de Educación, en las dependencias de la Xunta en San Caetano, el presidente de Confapa Galicia, Rogelio Carballo, y la vicepresidenta de Anpas Galegas, Isabel Calvente, han leído un manifiesto que aseveraba que la enseñanza pública gallega "se tiene que readaptar, reorganizar" y "adquirir otras competencias".

Y tiene que hacerlo favoreciendo la presencialidad en las aulas, que es tanto como favorecer la equidad y la inclusión de las niñas y niños gallegos", versa el texto, que también señala que eso "no puede hacerse al precio de la salud de la sociedad" ni "de la seguridad" de los niños.

Precisamente, la lectura de este manifiesto se ha celebrado minutos después de la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Xunta, del que ha sido sustituida Carmen Pomar como titular de Educación. Desde este lunes, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade vuelve a ser Román Rodríguez, quien ya lo fue hasta hace casi dos años.

Así, los sindicatos y las asociaciones de padres y de alumnos le han puesto 'deberes' al nuevo responsable del área educativa de la Xunta y le han pedido "eliminar las desigualdades" entre los alumnos de Primaria y Secundaria, de modo que la distancia de metro y medio para evitar contagios por coronavirus "se implante para todo el alumnado" en todas y cada una de las etapas.

"MÁS AULAS Y MÁS DOCENTES"

"La necesidad sanitaria, pero sobre todo la educativa, recomienda grupos pequeños. Las aulas sirven, el problema es la cantidad de alumnado que hay en su interior. Precisamos más aulas y más docentes", han proclamado, a través del manifiesto.

Además, han señalado que debe ser "personal profesional" en el ámbito sanitario el que "se encargue de todas las limpiezas necesarias" y del cumplimiento del protocolo, puesto que los equipos docentes y directivos "ni tienen conocimientos ni formación necesaria".

En este sentido, han exigido que los centros "dispongan de la financiación suficiente" para adaptarse a la realidad de la COVID-19, en lo que la Xunta "tiene que responsabilizarse" al proveer los medios y a la hora de garantizar la enseñanza no presencial de los profesores y alumnos que, por ser personas de "riesgo", tengan que prescindir de acudir al aula.

COMEDORES DE LAS ANPA

Asimismo, las federaciones de ANPA de Galicia se han referido a aquellos servicios de comedores escolares que gestionan directamente las asociaciones de padres, que se encuentran en una situación en la que ellas mismas "siguen siendo responsables" cuando no son "ni agentes ni autoridades sanitarios".

Por eso, en palabras del presidente de Confapa Galicia, Rogelio Carballo, lo que exigen a la Consellería es que "asuma la competencia que tiene" en cuanto al protocolo sanitario de los centros, además del "sobrecoste" que supone para cumplir las medidas en estos espacios.

A ello ha añadido que los padres quedan ahora "obligados a hacer nuevos turnos" y a "estirar los horarios" del comedor para hacerlo compatible con la entrada escalonada de los niños. "Todo eso son recursos necesarios y, por lo que se ve, la única posibilidad que queda es que los pongan las familias", ha criticado.

Finalmente, el portavoz nacional del sindicato CIG-Ensino, Suso Bermello, ha quero "agradecer" el apoyo de los colectivos de padres, madres y alumnos a la huelga que pide "una vuelta a las aulas segura", algo que "dista mucho" del protocolo establecido desde el pasado lunes.

CAMBIO DE CONSELLEIRO

Por otra parte, las asociaciones de padres han aprovechado para pronunciarse, al ser preguntados por los medios, sobre la reciente sustitución de Carmen Pomar por Román Rodríguez al frente de la Consellería de Educación.

El presidente de Anpas Galegas, Fernando Lacaci, cree que la vuelta de Rodríguez --ya dirigió el departamento de Cultura e Educación hasta 2018-- supone "un no cambio" y "un retroceso", si bien "todo el mundo entiende que la destitución de Carmen Pomar es un ajuste de cuentas" por una gestión "inútil e ineficaz" de la pandemia.

Eso sí, Lacaci ha quitado importancia al cambio de conselleiro apuntando que los "responsables" son el resto de altos cargos de la Consellería, como secretarios y directores xerais, puesto que son "las mismas personas" desde que Feijóo tomó el poder en 2009.

A esto mismo se ha referido el presidente de Confapa Galicia, Rogelio Carballo, quien se ha preguntado "por qué" alguien como Carmen Pomar llegó a la cartera educativa "y no pudo introducir su equipo propio".

ANPA DE CULLEREDO

Por otra parte, las ANPA del municipio de Culleredo (A Coruña) han remitido a la Xunta, a través del Ayuntamiento, un escrito con demandas de cara a "incrementar las condiciones de protección y seguridad" del alumnado en el inicio de curso.

Las dos principales propuestas, según trasladan los progenitores, versan sobre la reducción de las ratios de alumnos a un máximo de 20 en Educación Infantil y, por esto mismo, demandan que "no se elimine" un aula de 3 años en el CEIP Sofía Casanova, que "se reabran" las aulas de 3 y 4 años en el CEIP Isaac Díaz Pardo y que "se implante una línea más" de 4 años en el CEIP Ría do Burgo.

La concejala de Educación de Culleredo, Jéssica Méndez, suscribe las peticiones de las madres y padres "ante la situación extraordinaria" actual y dada la "preocupación lógica" que supone el inicio de curso.

La comunidad autónoma de Extremadura ha contabilizado este lunes 114 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, así como nueve brotes nuevos y una mujer de 90 años fallecida en el área de Salud de Cáceres, y que no pertenecía a ningún brote.

En estos momentos, los hospitales extremeños cuentan con 54 personas ingresadas con coronavirus, 9 de ellas en UCI, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En total, la Dirección General de Salud Pública ha detectado 159 casos sospechosos y se han descartado 138, y se han dado 31 altas, lo que eleva a 5.269 los pacientes curados desde el inicio de la pandemia.

Se ha registrado una persona fallecida en el Área de Salud de Cáceres sin pertenencia a brote, una mujer de 90 años que llevaba ingresada desde el 27 de agosto. Desde el inicio de la pandemia se han producido 533 víctimas mortales por covid-19.

En concreto, los 9 brotes que se han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad son dos en Badajoz, uno de ellos con tres positivos y 23 contactos y otro con 15 positivos y 2 contactos; uno en Jerez de los Caballeros, con 3 positivos y 23 contactos; uno en Plasencia (10 positivos y 10 contactos), y uno en La Garganta (9 positivos y 25 contactos).

Además, se ha notificado un brote en Malpartida de Cáceres (4 positivos y 123 contactos); uno en Navalvillar de Pela (6 positivos y 36 contactos); uno en Coria (3 positivos y 14 contactos), y uno en la residencia Felipe Trigo de Villanueva de la Serena, donde un trabajador positivo, por lo que se hará PCR a todos los residentes y donde ya se han suspendido las visitas.

Respecto a la mujer fallecida en el Área de Salud de Cáceres, de 90 años, cabe destacar que llevaba ingresada desde el 27 de agosto y no pertenecía a ningún brote, con la que el número de víctimas mortales por Covid-19 en la región se eleva a 533 desde el inicio de la pandemia.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

Respecto a los datos por áreas de salud, cabe destacar que la de Badajoz ha notificado 36 casos positivos de coronavirus confirmados, y cuenta en estos momentos con 12 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Ha detectado 27 casos sospechosos y descarta 11, mientras que en total acumula 35 fallecidos y se han curado 858 pacientes.

Por su parte, el Área de Salud de Cáceres declara 15 casos positivos, y cuenta con 13 pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Ha notificado 27 casos sospechosos y ha descartado 19.

Así, el Área de Salud de Mérida tiene 18 positivos confirmados, y hay 9 pacientes hospitalizados, 1 de ellos en UCI. Ha notificado 34 casos sospechosos y ha descartado 60, mientras que desde el inicio de la pandemia ha registrado 32 fallecidos y 479 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 6 casos positivos y cuenta con 4 pacientes ingresados, 3 de ellos en UCI. Ha detectado 20 casos sospechosos y ha descartado 21, y desde el inicio de la pandemia acumula 78 víctimas mortales y 651 pacientes curados.

Respecto al Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, ha declarado 27 casos positivos y tiene 11 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha detectado 23 casos sospechosos y descartado 23, y ha registrado un total de 26 fallecidos. Tiene 547 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado tres casos positivos, y tiene 1 paciente ingresado. Ha registrado 8 casos sospechosos y descartado cuatro, y acumula 60 personas fallecidas y 396 pacientes curados.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado dos positivos y no tiene pacientes ingresados por covid, mientras que el de Llerena-Zafra ha registrado 7 casos positivos, y cuenta con cuatro 4 pacientes hospitalizados.

Propietarios de salas de conciertos gallegas han llamado la atención sobre la situación del sector dadas las restricciones existentes en relación a la pandemia de COVID-19 y han alertado de que, si se mantiene esta progresión, la "mayor parte" de los establecimientos se verán abocados a cerrar sus puertas antes de final de año.

Tal y como ha señalado la asociación de salas de música en vivo de Galicia Clubtura en un comunicado, las salas de conciertos permanecen cerradas en toda la Comunidad desde el pasado 15 de agosto, una decisión tomada por la Xunta para frenar los índices de contagio del coronavirus.

Sin embargo, el sector critica que esta orden "equipare las salas de concierto y los cafés concierto a los locales de ocio nocturno", a pesar de que la propia Ley de Espectáculos circunscribe su actividad al ámbito cultural.

Así, con un 2020 "en el que el confinamiento obligó al sector a permanecer cerrado de marzo a junio", época de más actividad, y "sin una fecha posible de reapertura ni la posibilidad de una apertura parcial en horario diurno", Clubtura ha decidido pedir una reunión con los responsables de los departamentos implicados: Interior, Sanidade y Cultura.

La solicitud busca "encontrar soluciones viables para evitar, en la medida de lo posible, la pérdida de empleo y actividad cultural" en Galicia y apoyar al sector de la música en vivo, "abocado a la desaparición paulatina e irreversible ante el obligado cierre de las salas y cafés concierto" de la comunidad.

Para el presidente de la Asociación, Alberto Grandío, la situación de estas salas es "absolutamente demoledora". "O encontramos una solución para que se permita la actividad cultura en las salas, del mismo modo que se permite en otros recintos culturales, o Galicia se quedará sin salas de conciertos en menos de seis meses", ha alertado.

El portavoz parlamentario de IU y responsable de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, defenderá este jueves en la Comisión del ramo del Congreso una iniciativa para mejorar la situación de la sanidad del conjunto de trabajadores que prestan servicio en las cárceles, así como de la población reclusa.

Esta proposición no de ley se suma a otras propuestas registradas en los últimos meses por Unidas Podemos en la Cámara Baja planteando alternativas a problemas detectados en sectores específicos (centros de enseñanza, residencias, centros de salud), muchos de ellos agravados por la crisis sanitaria, económica y social originada por el Covid-19.

MÁS MÉDICOS E IGUALDAD SALARIAL

Entre sus medidas, IU propone que se aumente paulatinamente el personal médico, mediante oferta pública de empleo, para atajar "las deficiencias detectadas" y lograr una atención "continua y de calidad", respetando siempre las condiciones del sistema de salud público.

Esto pasa también, entre otras cuestiones, por que se establezca una igualdad retributiva entre el personal médico penitenciario respecto del personal médico de atención primaria de los servicios públicos de salud.

El texto de la proposición, que recoge Europa Press, reconoce el trabajo realizado por el Gobierno desde el inicio de la pandemia en el ámbito penitenciario, si bien recuerda el retraso de "más de tres lustros" que existe para aplicar la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003.

La disposición adicional sexta de esa norma, recuerda, establecía ya hace 17 años que "los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud", todo ello siempre "conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía".

Por ello, Unidas Podemos insta al Gobierno en su iniciativa a dar los pasos necesarios para cumplir con lo que marca la ley con el fin de conseguir su "plena integración" en los correspondientes servicios autonómicos de salud.

OTRAS 'RECETAS'

La proposición aborda también otras cuestiones más específicas a partir de las recomendaciones de diversos informes y trabajos especializados. En concreto, plantea que se garantice la atención psiquiátrica de las personas privadas de libertad "que lo necesiten con mayor frecuencia, incluso si ello implica la visita de psiquiatras externos.

Pero, además, se pide atender "especialmente al favorecimiento de una perspectiva interseccional prestando especial atención a la salud mental de las mujeres en prisión", respondiendo así al empeoramiento en esta materia que se constata en el 'Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía'.

La presidenta del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, ha anunciado este lunes que su grupo en el Parlamento presentará una iniciativa solicitando el cese del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, por su "incapacidad" para gestionar el "grave problema" de la inmigración irregular que desde hace meses afecta al archipiélago.

Para Australia Navarro, ante las actuales y preocupantes circunstancias, el Gobierno de Pedro Sánchez solo tiene dos opciones, "o Anselmo Pestana dimite de inmediato, o es cesado de manera fulminante para poner en su lugar a alguien competente que pueda aportar soluciones a una situación lamentable que afecta a Canarias en su conjunto y que representa al mismo tiempo un auténtico drama para quienes llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor".

En su opinión, "la falta de previsión y la improvisación constante mostrada en los últimos meses por el delegado del Gobierno en las islas es más que evidente y es inadmisible su pasividad ante uno de los problemas más acuciantes que tiene Canarias y mucho más su capacidad de reacción".

Pedro Sánchez, con la complicidad de Pestana y de Ángel Víctor Torres, prosigue Navarro, "son los responsables de esta alarmante situación que ha desbordado por completo a unos gobiernos ausentes, ensimismados y distraídos, ante el aumento constante de inmigrantes irregulares que llegan a nuestras islas".

En esa línea, apunta que como máximo representante del Gobierno de España en las islas, "Anselmo Pestana ha estado ausente, no ha sido capaz de hacer frente a la situación, mostrando día tras día descoordinación, falta de liderazgo, previsión y organización de protocolos ante la llegada de pateras y en la atención a los inmigrantes".

Todo ello, destaca, "unido a la falta de responsabilidad en el ejercicio de sus competencias, ha suscitado que desde el PP consideremos que si el delegado del Gobierno no es capaz de asumir sus responsabilidades y ejercer sus competencias debería poner su cargo a disposición o bien que Sánchez lo cese de inmediato".

Australia Navarro recordó que desde el pasado mes de diciembre apremiaron a Torres en el Parlamento autonómico a que tomara "medidas urgentes" ante el preocupante repunte de pateras que llegaban a las costas y ante el inicio de una nueva crisis migratoria.

"En aquella ocasión, Ángel Víctor Torres nos acusó de hacer partidismo con la inmigración irregular", subraya, pero la "falta de interés y compromiso" del Gobierno canario y del Estado ha quedado patente.

"Hemos sido testigos de una absoluta dejadez que solo ha conseguido acrecentar la tremenda situación que padece Canarias", señala.

"DEJADEZ" DE GRANDE-MARLASKA

Navarro indica que la "dejadez" del Gobierno central quedó reflejada en la visita realizada a Canarias por el ministro Grande-Marlaska en febrero, "donde afirmó sin complejo alguno que la situación estaba controlada", cuando los canarios asistían "como testigos" al preocupante aumento de pateras que llegaban al archipiélago.

La dirigente popular también recuerda que el pasado mes de julio su grupo en la Cámara regional logró el pronunciamiento unánime del Parlamento a favor de un paquete de medidas ante el fenómeno de la inmigración irregular y para combatir el tráfico ilegal de personas que, hasta el momento, "todo indica que ha caído en saco roto".

Navarro señala que "ahora más que nunca, Canarias necesita de la previsión, organización y liderazgo de la Delegación del Gobierno, en sintonía con el Ejecutivo autonómico, que hasta el momento han pasado de puntillas ante un grave problema que se acrecienta día a día".

La directora del instituto de Moralzarzal ha dimitido por "agotamiento físico y mental" y el "poco apoyo recibido por la administración" durante la pandemia.

La que fuera hasta hace días directora del IES Carmen Martín Gaite de Moralzarzal, Raquel Pérez Cayuela, lo ha expresado así un escrito remitido a las familias donde explica los motivos de su renuncia que se ha difundido a través de las redes sociales.

Desde la Consejería de Educación y Juventud han confirmado a Europa Press que ya se ha procedido al reemplazo de la directora, y han asegurado que el inicio de curso en el centro no está comprometido, "puesto que detrás de este proceso hay un trabajo de todo el equipo directivo y la comunidad educativa del centro".

Precisamente, en su carta Pérez informa a las familias de que a partir del 1 de septiembre ha dejado de ser directora del IES Carmen Martín Gaite y que desde ese momento asume la dirección el anterior jefe de estudios, Antonio Tijera Carrión.

Asimismo, expone que los motivos que le han llevado a tomar la decisión son "el agotamiento físico y mental del esfuerzo mantenido durante los meses de confinamiento debido a la tensión de tener que sacar el curso adelante y el poco apoyo recibido por la administración durante el confinamiento".

"Confiaba en que una vez terminada la alarma la administración empezaría a trabajar con los centros para preparar el inicio de curso y nos dotaría de la infraestructura necesaria, pero no fue así", continúa.

Así, detalla que en julio el principio de curso se presentaba con "ratios por encima de lo legal" e "imposibilidad" con el cupo asignado "de hacer el programa de refuerzo y los apoyos a los alumnos vulnerables que se descolgaron durante el confinamiento".

Igualmente, tenía que asumir la "pérdida de un jefe de estudios y el que quedaba tenía que ser coordinador Covid, restando tiempo para realizar las tareas de jefe de estudios y asumir una responsabilidad añadida".

"No se podían cumplir las medidas sanitarias en el IES con los medios de los que disponíamos", asegura, al tiempo que señala que no contaban con ningún especialista en seguridad e higiene que colaborase en la organización del centro.

Tampoco había un plan de formación para profesores, alumnos y familias en las herramientas tecnológicas, ni dotación de recursos tecnológicos a los alumnos que desde abril se había informado a la Consejería que carecen de ellos.

Igualmente, no se dotó al personal de administración, a los profesores ni al centro de los recursos tecnológicos que "ya tenían que estar instalados en las aulas para poder empezar en septiembre".

"No teníamos más dotación económica para hacer frente a todas las necesidades (dosificadores, mamparas, comprar mascarillas, papeleras con pedal)", agrega, para añadir que "no había modificación de los contratos de limpieza".

Aunque reconoce que, "por suerte, a día de hoy, la mayoría de estas situaciones han mejorado y se han tomado bastantes medidas de las exigidas", ha señalado que llegan "tan tarde que ha hecho que el trabajo que hicimos durante el mes de julio sirva de muy poco y que ahora haya que volver lo hacerlo con mucha rapidez".

Por su parte, desde el departamento que dirige Ossorio han manifestado su agradecimiento a todos los docentes y equipos directivos de los colegios e institutos madrileños por "su gran labor y el esfuerzo realizado para adoptar las medidas necesarias y lograr un inicio de curso lo más seguro posible".

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha destacado este lunes la "muy buena disposición" de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para acordar una fórmula gestión mixta para el Museo Íbero de Jaén que permita incorporar las piezas estatales.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre la reunión que la propia consejera anunció para este mes con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, para avanzar en la citada cuestión sobre un espacio cultural inaugurado en diciembre de 2017 con una exposición temporal y que sigue a la espera de verse dotado de contenido en su totalidad con una colección permanente que incluya tanto piezas de titularidad autonómica como estatal.

"Va a haber un encuentro en los próximos días, muy prontito, en este mes de septiembre", ha señalado Del Pozo, aunque sin concretar fecha. Ha hecho hincapié en que el objetivo es "abordar esa fórmula para convertir el Museo Íbero en el referente nacional de arte íbero".

Para ello, hay que buscar una fórmula de gestión conjunta "para compatibilizar" la titularidad del propio Museo Íbero, que es autonómica, y el carácter estatal de algunas de las principales piezas del legado íbero. Sin embargo y tras apuntar que "se viene trabajando desde hace tiempo" en este asunto, ha preferido no entrar en la que se prefiere desde la Junta de Andalucía.

Hay varias fórmulas encima de la mesa, pero me van a permitir que sea prudente porque hay muchas cuestiones jurídicas que tenemos que analizar ambos equipos", ha manifestado la titular de Cultura, quien ha recalcado la "muy buena disposición" que existe por ambas partes para llegar a un acuerdo y "dotar de contenido como se merece al Museo Íbero, con su permanente. Al respecto, ha considerado que se va "en muy buena dirección".

Ha añadido, además, que hasta que no se alcance el acuerdo para esa gestión mixta no se puede concretar el plan museológico, tras el que se elabora el proyecto museográfico, "que tiene que responder al museológico".

"El proyecto que nos encontramos que se estaba redactando y que hemos continuado es integrador de esas piezas. El plan museológico que tenemos en estos momentos preparado para el Museo Íbero contempla la incorporación de las piezas de arte íbero de titularidad nacional", ha explicado para insistir en que se necesita, por tanto, ese acuerdo.

La Fiscalía Especial Antidroga ha abierto durante 2019 casi 18.500 procedimientos por tráfico de drogas, lo que supone un incremento del 6,5 por ciento respecto a 2018. Lideran en número de casos las provincias de Madrid, Barcelona, Cádiz, Málaga y Valencia, mientras que en porcentaje de crecimiento de casos respecto a 2018, lideran Soria, Pontevedra, Cuenca, Badajoz y Álava.

Según la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente al año 2019, se ha detectado un repunte de procedimientos, si bien en la Audiencia Nacional hay una progresiva disminución de los mismos en los juzgados centrales de instrucción con un total de 80, cifra que contrasta con los 121 que se dieron en 2010.

Según detalla la Fiscalía, también se reducen los procesos incoados por blanqueo de capitales (4) en la Audiencia Nacional, todos procedentes del tráfico de drogas. Y en el documento se explica que la diferencia entre casos de tráfico y de blanqueo se debe a que los decomisos se realizan en el propio proceso por tráfico de drogas sin que ello implique un delito de blanqueo. Esa diferencia también se explica porque cuando el blanqueo no es especialmente complejo, este se tramita en el mismo proceso el tráfico de drogas.

Por otro lado, Fiscalía detalla que durante 2019 la Audiencia Nacional se ha pronunciado en procedimientos penales competencia de esta Fiscalía Especial Antidroga con un total de 33 sentencia.

En cuanto a las Órdenes europeas de Detención y Entrega (OEDES), desde la Fiscalía Antidroga apuntan que se ha realizado 209 entregas, siendo Francia e Italia los que más han demandado. Y en cuanto a las extradiciones --instrumento para estados que no pertenecen a la Unión Europea-- se han producido hasta 6 entregas en 2019.

El movimiento feminista de Vitoria-Gasteiz ha convocado una concentración para este lunes a las siete de la tarde con el objetivo de denunciar la presunta violación grupal sufrida el mes pasado por una menor de edad.

La movilización, que se celebrará en la Plaza de la Virgen Blanca de la capital alavesa, se desarrollará con el lema 'Aski Da! Erasorik ez erantzunik gabe!' (¡Ya Basta! ¡Ninguna Agresión sin respuesta!'), según se recoge en la convocatoria difundida por el Movimiento Feminista.

La presunta agresión se produjo a principios del mes de agosto, aunque no trascendió hasta el pasado sábado. Al parecer, hay siete chicos menores de edad relacionados con los hechos, que están siendo investigados por la Fiscalía de Menores.

Además de la concentración convocada por el Movimiento Feminista, el Consejo de la Juventud de Euskadi ha emitido un comunicado de condena y ha expresado su solidaridad con la mujer agredida, cuya valentía por denunciar lo ocurrido ha destacado.

Este organismo ha advertido de que resulta "inadmisible" que la violencia machista siga produciéndose entre los jóvenes, y ha recordado que luchar contra este problema "es responsabilidad de toda la sociedad".

A lo largo de 2019 fue Rumanía el país que más reclamaciones de personas solicitó a la Audiencia Nacional, con un total de 139 peticiones, , siguiéndole Alemania con 102 y Francia con 93, siendo el cuarto Portugal con 75 (delante de Italia con 64 y Polonia con 60), según los datos de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2019, dados a conocer este lunes.

A lo largo del pasado año la Sala de lo Penal de este órgano dictó 228 resoluciones que resolvieron recursos de apelación contra autos de los jueces centrales de instrucción a la entrega de las personas reclamadas. Por su parte, los juzgados centrales de instrucción dictaron en el citado periodo 541 Autos favorables a la entrega al tramitarse el procedimiento de forma simplificada, por haberse manifestado el consentimiento por la persona reclamada.

Entre los casos más relevantes de 2019 en cuanto a entregas, la memoria de la Fiscalía General detalla la extradición acordada por el juez José de la Mata de unapersona reclamada por su presunta implicación en el secuestro de ciudadanos ecuatorianos en Colombia, al parecer ordenada por el Servicio Nacional de Inteligencia bajo la dirección del reclamado. La entrega a Ecuador se acordó por el Consejo de Ministros el pasado 6 de febrero.

PETRÓLEOS DE VENEZUELA

También se detalla otro asutno tramitado por el Juzgado Central de Instrucción número 4, en el que el reclamado, Javier Alvarado Ochoa, lo fue por los Estados Unidos de América por un delito de banqueo de capitales. Se trataría, presuntamente, de la ocultación y posterior integración en el mercado financiero de cantidades que, supuestamente, provendrían de comisiones ilegales abonadas por entidades en tratos comerciales con PDVESA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima).

Actualmente está pendiente de resolución por el Pleno de la Sala de lo Penal. Esta persona tiene, a su vez, causa abierta en España por hechos que la Fiscalía española considera no son los mismos por los cuales está siendo reclamado, mientras que la Sala ha apreciado su identidad, según detalla la Fiscalía en su Memoria.

Además, a lo largo de 2019 Se han incoado en 2019 un total de 251 expedientes de extradición pasiva frente a los 275 que se incoaron en 2018, lo que supone un descenso de 24 asuntos.

Los países que más reclamaciones extradicionales han efectuado a España han sido Perú con 30 extradiciones, seguido de Suiza y Estados Unidos de Norteamérica, ambos con 16 y después Rusia con 15.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha ordenado el cierre de los clubes de alterne de la comunidad autónoma, con independencia de la licencia bajo la que desarrollen su actividad, ante el elevado riesgo de contagio por COVID19 y las dificultades derastreo que "harían imposible el control de focos y brotes".

Así consta en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicada este lunes y consultada por Europa Press. Se trata de la cuarta modificación de la resolución de la Consejería de Sanidad de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en Cantabria durante el período de nueva normalidad.

El cierre al público de los denominados clubes de alterne o prostíbulos, ya en vigor, se basa en un informe del Servicio de Salud Pública en el que se destaca la necesidad de aplicar iniciativas dirigidas a la prevención del contagio COVID en este ámbito de actividad y de relaciones interpersonales, dada "la dificultad o imposibilidad de identificar casos y contactos estrechos por parte de los equipos de rastreadores, habida cuenta de la condición de desregulación de esta actividad basada, en la práctica totalidad de los casos, en el anonimato de las personas implicadas en tales relaciones.

Igualmente, considera que se generan unas condiciones de "elevado riesgo de contagio" en el que la aplicación de las medidas de prevención frente al propio contagio y a la transmisión del SARS-CoV "son prácticamente de imposible adopción".

Por tal motivo, "la probabilidad de producirse casos en personas relacionadas con estos establecimientos es elevada y, en caso de producirse, los estudios a llevar a cabo por los equipos de rastreadores para identificar a los contactos estrechos, resultarían enormemente dificultosos o realmente infructuosos por la alta probabilidad de ocultación de la información o simplemente por el desconocimiento de la identidad de tales contactos estrechos, lo que haría imposible el control de los focos y brotes".

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha valorado esta medida "necesaria más allá del COVID" y ha destacado que el Ejecutivo "tiene recursos y plazas disponibles para dar una respuesta y atender a estas mujeres en situación de vulnerabilidad".

Desde IU han mostrado "satisfacción" por una medida que "siendo positiva, resulta insuficiente si se quiere que la decisión sea totalmente efectiva e inclusiva". Así, destaca la "urgente" protección de las mujeres relacionadas con esta actividad e insta al Gobierno a que active "sin demora" medidas como recursos habitacionales, atención sanitaria e inserción laboral.

"La reivindicación de fondo debe seguir siendo la erradicación de la prostitución como forma de explotación y violencia hacia las mujeres", subraya la coordinadora de IU, Leticia Martínez, que recuerda que la coalición de izquierdas pidió el cierre de los prostíbulos en agosto, dada la dificultad para poder rastrear los contagios que se produjeran en estos establecimientos.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido al constitucionalismo catalán que reaccione ante un "separatismo que está más dividido que nunca", y ha hecho un llamamiento a las formaciones constitucionalistas de Cataluña para unirse de cara a las próximas elecciones catalanas.

En rueda de prensa en el Parlament este lunes, Arrimadas ha pedido al PSC y al PP dejar a un lado las diferencias y dar "una alternativa para todos los catalanes y preparada para gestionar Cataluña".

"¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tienen que hacer los separatistas para que no dejemos de lado nuestras diferencias? ¿Qué más tiene que pasar en nuestra Comunidad Autónoma para que volvamos a ser esa tierra admirada, respetada y seguida por el resto de España?", ha dicho.

Arrimadas ha querido recordar los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se produjo el pleno del Parlament sobre la independencia de Cataluña, como "tristes y de miedo" y ha reivindicado que Cs fue la fuerza --dice-- que se enfrentó al separatismo en esos días.

"Hace tres años vivimos el episodio más lamentable de la historia de este Parlament. Ese día escucharon una voz firme: la de Cs, que nunca nos hemos achantado y mucho menos en esos días tan negros. Defendimos con dignidad y valentía la voz de los catalanes que vimos cómo se vulneraban nuestros derechos", ha dicho.

Y ha criticado que el pasado viernes la expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell fuera recibida con aplausos de diputados y trabajadores del Parlament, cuando "en 40 años de democracia, ella fue la presidenta que permitió que se atacara al Parlament y que el Parlament tuviera menos legitimidad".

CARLOS CARRIZOSA

Por su parte, en la misma rueda de prensa, el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado que "una de las fórmulas para hacer frente a la persistencia de aquellos que retan las leyes" es la unión de las fuerzas constitucionalistas, y pide al PSC y al PP unirse a Cs igual que durante el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 sobre la independencia de Cataluña.

"La unión que tuvimos hace tres años en este Parlament tiene que reflejarse en estos momentos, ahora que el 'procés' ha terminado pero sus protagonistas no lo quieren reconocer", ha sostenido.

Cree que lo importante es dar a la sociedad catalana una alternativa de gobierno que, a su juicio, gestione y una a los catalanes: "Eso es lo que tenemos que conseguir con esa unión: no solo gobernar, sino entrar en una nueva etapa, superar el 'procés' y ganar al Covid-19".

40 ANIVERSARIO DEL PARLAMENT

Carrizosa ha anunciado que este lunes Cs ha planteado una queja en el Parlament porque, a su juicio, la celebración con motivo del 40 aniversario de la Cámara catalana "se ha dispuesto de manera que el primer grupo no pudiera tener palabra".

Ha lamentado que --según él-- unilateralmente Torrent rindiera homenaje a Forcadell: "Nosotros nunca vamos a participar en homenajes a aquellos que pisotearon nuestros derechos. En nuestro aniversario traemos aquí a las personas que se distinguen por su respeto, nosotros estamos con Inés Arrimadas".

El fabricante alemán de componentes para automóviles ha iniciado el proceso de negociación con la representación de los trabajadores para proceder al potencial cierre en 2021 de su planta de Castellet (Barcelona), debido a una reestructuración del negocio de limpiaparabrisas de la división Electrical Drives.

Dichas fuentes señalaron que la decisión de finalizar la actividad productiva en este centro de producción de limpiaparabrisas, con una plantilla formada por unas 300 personas, responde a la imposibilidad de encontrar medidas que mejoren su rentabilidad.

En este sentido, indicaron que en los últimos años ha crecido la competencia en el sector de fabricación de limpiaparabrisas para el sector del automóvil, en la que también se ha visto inmersa la división Electrical Drives de Bosch.

"Esta situación se ha agravado en el pasado año, debido a la caída en la producción mundial de vehículos. El negocio de equipo original en Europa se ha visto afectado significativamente", explicaron desde la firma alemana.

Con motivo de esta situación, Bosch inició hace "mucho tiempo" los análisis para mejorar la competitividad para reorientar su negocio y lograr una "rentabilidad sostenible", con el foco puesto en el mercado europeo.

No obstante, al no encontrar una solución que permitiese incrementar la competitividad del centro y mejorar la rentabilidad, ha decidido iniciar un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores para el potencial cierre de la planta de Castellet, "lo antes posible en 2021".

"Desafortunadamente, todas las medidas examinadas para continuar la producción en Castellet no son suficientes para restablecer la competitividad de la localización y alcanzar costes objetivos competitivos. Además, desde 2016 se ha impulsado intensamente la adquisición de negocios alternativos. Lamentablemente, el resultado tan solo ha mostrado un efecto mínimo sobre el empleo y, por lo tanto, no se puede considerar una alternativa realista", explicaron desde la empresa.

Desde Bosch explicaron que, a pesar de esta decisión sobre la factoría de Castellet, continúan manteniendo el compromiso con España, donde emplea a alrededor de 8.400 personas en sus diferentes instalaciones y áreas de negocio.

La Fiscalía Especial Antidroga ha detectado que en 2019 se produjo un aumento "muy importante" en el número de plantaciones de cánnabis, especialmente 'indoor', con instalaciones muy sofisticadas y en las que se consigue un importante incremento del porcentaje de THC --su principal psicoactivo--. Destaca también que estas plantaciones en determinadas zonas va a aparejada a la explotación laboral o a la trata de personas de nacionalidad extranjera.

Según refleja la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) también se ha dado un incremento y extensión de asociaciones o clubes cannábicos, y se ha detectado un mayor tráfico de drogas de todo tipo a través de puertos como el de Barcelona o Cantabria y de los aeropuertos de Madrid, Málaga y Barcelona.

En el informe anual, se destaca un cuarto punto en auge durante 2019, y son los conocidos como 'narcopisos', donde se vende y consume droga. Apuntan que el fenómeno se extiende en el centro de ciudades como Madrid, y en barrios con un tráfico intenso de drogas en Barcelona.

DESTRUCCIÓN DE DROGA

Por otro lado, señalan que en 2019, según datos de la comisión de seguimiento de la destrucción de drogas, se eliminaron 507.923 kilogramos, lo que supone una reducción en el total de droga destruida que puede cifrarse en el 17,41 por ciento respecto de 2018.

En todo caso, destaca el Ministerio Público que el tiempo que media desde la incautación hasta la efectiva destrucción oscila entre el mes y medio y los tres meses, y que se ha generalizado la destrucción mediante decisión judicial, siendo "muy excepcional la destrucción administrativa de las sustancias".

Al hilo, en la memoria se destaca el problema que supone la destrucción de las plantas de cánnabis incautadas --que sufre un aumento sustancial--, y apuntan que se debe dar preferencia a su envío a vertederos de basura y a dependencias distintas a los hornos tradicionales ya que al ser seres vivos generan insalubridad.

A la par, indican que se realiza un programa sistemático de análisis de hojas de plantas de cánnabis diferentes de las correspondientes a las sumidades floridas, "con vistas a que se pueda aprobar una Orden Ministerial que las declare sustancias fiscalizables".

La Fiscalía ha alertado de que "las incertidumbres reinantes y la inseguridad" ante el contagio pueden conducir a la potenciación del uso de los automóviles en detrimento del transporte colectivo, "con el riesgo de volver a los niveles de contaminación, ahora drásticamente reducidos como consecuencia del confinamiento".

Así lo indica el órgano en su Memoria Anual, correspondiente a 2019, donde insiste en la aplicación de la normativa europea sobre emisiones contaminantes y apoya un "imprescindible" transporte colectivo destinado a las personas vulnerables por razones económicas, de salud, de discapacidad y de edad.

En este sentido, considera "necesaria" la anunciada Ley Estatal de Movilidad, que aborde las cuestiones básicas de la gestión de la circulación en las ciudades y complemente el Proyecto de cambio climático.

En el documento, hecho público este lunes y recogido por Europa Press, se señala que la Unidad de Seguridad Vial valora la necesidad de una reestructuración futura, pasando a constituir la Especialidad de 'Seguridad en los Transportes y la Movilidad', sobre lo que se formula propuesta de reforma legal.

Respecto a la movilidad desde la perspectiva de género, la Fiscalía constata que hay señales de tráfico que representan a un hombre como peatón o como conductor, y en otras la mujer aparece en una situación de dependencia y subordinación; por ejemplo, una "mujer que sigue a un hombre senderista o, incluso, en caso de niños, niño que lleva de la mano a la niña, que va detrás del niño, ambos al colegio".

Asimismo, el órgano detalla que en las señales relativas al cuidado de personas o al ámbito doméstico es una mujer la representada. "Aun cuando se han hecho progresos, todavía perviven las señalizaciones contrarias a los principios de igualdad", ha avisado.

En relación con la estadística, en el año 2019 se han formulado 86.958 escritos de acusación del Ministerio Fiscal por los delitos contra la seguridad vial, que representan algo más del 31% del total de las 277.014 acusaciones presentadas por la Fiscalía en todo tipo de procesos por cualesquiera delitos.

Al mismo tiempo se han dictado 80.480 condenas en el mismo ámbito delincuencial, que suponen prácticamente el 31% del total de las 260.430 recaídas por toda clase de delitos.

"Ambos porcentajes, si bien ligeramente inferiores, son similares a los de años precedentes, por lo que se insiste en la importancia de la actividad judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la delincuencia vial, hasta el punto de que, al igual que en años anteriores, se puede seguir afirmando que prácticamente un tercio de las acusaciones y condenas en España lo son por delitos viales de peligro", explica.

En este contexto, la Fiscalía señala que "un muy importante" porcentaje de esa actividad judicial se produce en el ámbito de los llamados juicios rápidos y es que más del 83% de las acusaciones del Ministerio Fiscal se han formulado por este trámite de diligencias urgentes.

RESPUESTA PENAL "RÁPIDA" Y "EFICAZ"

A su juicio, "la delincuencia de tráfico tiene en España una respuesta penal especialmente rápida y, por tanto, muy eficaz a los efectos de prevención especial del penado, pero también de prevención general para la sociedad".

A este respecto, ha añadido que "en los breves plazos" de las diligencias urgentes de la guardia se formula acusación que, en un porcentaje estimado cercano al 90%, acaba en sentencia condenatoria de conformidad, lo que permite la ejecución "prácticamente instantánea" de las 52.028 penas de privación del derecho a conducir y 1.922 pérdidas de vigencia del permiso impuestas este año, y la pronta ejecución de aproximadamente 55.000 penas estimadas de multa y 24.001 penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

En relación con los procedimientos incoados, desgrana que se mantiene la tendencia al incremento iniciada en 2018. Así, en 2019 vuelve a ampliarse, aunque de forma más moderada, el volumen de los incoados en alrededor de 4.000 respecto del año precedente, lo que supone un 3% de aumento.

La Fiscalía matiza que el incremento se aprecia en todas las tipologías delictivas, salvo en el delito de conducción bajo la influencia del alcohol o drogas.

Así, a pesar del incremento de los controles de alcoholemia en más de un millón respecto de 2018 en el ámbito de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con una cifra global de 6.598.675 --la más alta desde 2014--, experimenta un descenso de aproximadamente mil procedimientos, "absorbido por la notable subida en el número de procesos por los tres tipos de conducción sin permiso, donde se produce un aumento de más de 4.000 procedimientos, el mayor en valores absolutos".

En 2019 las cifras de escritos de acusación formulados se mantienen muy similares, aunque con un ligero aumento, a las de 2018, después del notable incremento experimentado el año pasado. En 2019 se han presentado alrededor de 500 acusaciones más que en 2018 (+0,5%), hasta las 86.958.

Por el contrario, en cuanto a las sentencias de condena, en 2019 se ha producido el fenómeno inverso al del año anterior, ya que se han reducido en más de 8.000 las sentencias condenatorias dictadas en relación con las de 2018 hasta las 80.480(casi un 10% menos), volviendo aproximadamente a los niveles de 2017.

Ahora bien, aclara que este fenómeno se limita sólo a Cataluña, que absorbe en su totalidad la disminución en el volumen de sentencias condenatorias, mientras que en el resto de territorios se producen incrementos o las cifras permanecen más o menos estables.

La Consejería de Salud ha confirmado este lunes 58 positivos por coronavirus diagnosticados en la jornada del domingo, entre los que se encuentran contactos estrechos de otros ya conocidos. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa estudiando el resto de casos para establecer el vínculo epidemiológico.

Siete personas han precisado hospitalización, una de ellas en UCI; mientras que el resto de los nuevos afectados son asintomáticos o presentan sintomatología leve y permanecen en aislamiento en sus domicilios.

Actualmente en el Principado hay 36 casos hospitalizados en planta y 7 en la UCI. El total acumulado de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en Asturias asciende a 3.677 personas y el total de fallecidos confirmados por PCR se sitúa en 343 personas.

Respecto al brote declarado el miércoles en Avilés, el número de contagiados se eleva actualmente a 42. Durante los últimos días, el personal de enfermería del área sanitaria III (con cabecera en Avilés) ha tomado en torno a 1.400 muestras a clientes de la cafetería Valsa y los bares Piol y Don Pelayo en el autocovid instalado en el aparcamiento del Pabellón de Exposiciones de La Magdalena.

Continúa habilitado el formulario en el siguiente enlace de Astursalud (https://www.astursalud.es/en/formulario-pcr) para los clientes que acudieron entre el 17 y 30 de agosto a alguno de los citados establecimientos. También se puede llamar al teléfono 984 100 400. El servicio CovidResponde atiende las consultas de la ciudadanía sobre el coronavirus y redirige las llamadas si se precisa asistencia sanitaria.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) recuerda, además, que la Dirección General de Salud Pública es la autoridad sanitaria con competencia para realizar un llamamiento público relacionado con pruebas PCR. Estos llamamientos sirven para la realización de estudios ampliados de contactos que complementan la investigación del Sistema de Vigilancia de Contactos Estrechos (SVCE) cuando se considera que existen criterios epidemiológicos que aconsejan su realización para detectar casos asintomáticos y evitar una posible trasmisión comunitaria. El Sespa comunica los resultados negativos por SMS y los positivos a través de una llamada telefónica.

Respecto a la incidencia del virus en Asturias, los datos se van actualizando de manera continuada, por lo que las cifras acumuladas desde el inicio de la pandemia sufren variaciones independientemente de los casos notificados diariamente al ministerio. Esto se debe a que en ocasiones se pueden incorporar positivos confirmados de fechas anteriores a su comunicación o se eliminan duplicados.

RECOMENDACIONES

Las autoridades piden a la ciudadanía a que cumpla con rigor las medidas de prevención para frenar la circulación del virus. La Dirección General de Salud Pública insta a las personas que esperan el resultado de una PCR, bien sea por sospecha de caso o por estudio de contactos estrechos, a guardar rigurosamente la cuarentena y restringir su vida social para evitar la trasmisión del virus y proteger a la población más vulnerable.

El uso de la mascarilla es obligatorio en Asturias para mayores de seis años en las vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados; en este último caso cuando los ocupantes no residan en el mismo hogar.

Además, se recuerda la importancia del lavado frecuente de manos y el mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad de un metro y medio, como mínimo, con personas con las que no se conviva.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha confirmado el archivo de la investigación abierta por la compra de la empresa Valmor Sports SL --encargada de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia-- por un euro por parte de la entidad pública Circuito del Motor, dependiente de la Generalitat Valenciana, con lo que ratifica una decisión que adoptó el pasado mes de mayo y contra la que ahora cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Con la operación de la compra de Valmor, las arcas públicas de la Generalitat asumieron una deuda de la mercantil de 20 millones de euros y lograron sacar adelante el evento deportivo. Se trata de la pieza 2 del procedimiento, relativa a las negociaciones para la organización del Gran Premio a través de Valmor y la posterior absorción de esta sociedad por parte de Circuito del Motor. En la misma ya se sobreseyeron las actuaciones con respecto al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la exconsellera de Turismo y Deporte Lola Johnson, entre otros.

El juzgado adoptó en mayo el archivo, ahora confirmado, al considerar que no parece que la solución jurídico/económica que se adoptó para la compra fuera "pura y simplemente" producto de la voluntad del funcionario o político correspondiente, ni parece "irrazonable" visto desde el punto de vista de lo concluido por el Tribunal de Cuentas, que analizó los aspectos económicos y financieros de la operación sin ver responsabilidad en ella.

La Fiscalía Anticorrupción también había solicitado el archivo, en oposición a la Abogacía de la Generalitat, que presentó recurso de reforma contra esa decisión y en el que, según recoge la nueva resolución judicial, reiteró los argumentos utilizados para oponerse al sobresemiento.

NO VIO INTERÉS EN SEGUIR LA INVESTIGACIÓN

En primer lugar, argumentó cuál es la naturaleza de la actividad instructora y los requisitos para su conclusión anticipada mediante el sobreseimiento. Al respecto, la instructora le señala en este nuevo auto que en el plazo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se propuso por ninguna de las acusaciones diligencias de prueba concretas a realizar "motivo que lleva a pensar que no existía interés por las partes acusadoras, en este caso, en proseguir activamente con la investigación", según consta en esta resolución, de fecha 1 de septiembre, consultada por Europa Press y que publica este lunes Las Provincias.

En segundo lugar, alegaba que la sentencia de 12/19 del 11 de junio del Tribunal de Cuentas que desestimó la demanda de reintegro por alcance no es firme, al haberse interpuesto y admitido el recurso de apelación ante la sala de justicia de este órgano. No obstante, según la magistrada, en estos momentos no consta en el expediente si esa sala de justicia del TC ha dictado ya sentencia definitiva sobre este asunto.

La instructora señala que no quiere decir con ello que la única solución propuesta y llevada a cabo respecto a la organización del Gran premio de Valencia de F1 fuera la "única posible" pero sí que la solución propiciada "no parecía ni ilegal ni arbitraria conforme a la jurisprudencia reiterada" y que ya expuso en el auto de sobreseimiento en cuanto al delito de prevaricación. Por ello, confirma la decisión al no ver argumentos distintos que le lleven al convencimiento para dictar una resolución diferente.

En junio de 2019, el Tribunal de Cuentas rechazó la demanda de la Generalitat Valenciana contra la exconsellera de Cultura y Deportes con el PP Lola Johnson; su sucesora en el cargo, Trini Miró, y otros cuatro directivos de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD) por presuntas irregularidades en la compra de Valmor y no considero acreditado que con esta adquisición se hubiera ocasionado perjuicio a los fondos públicos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha nombrado nuevo delegado especial en el Campo de Gibraltar a Juan José Sanz Aparicio, un diplomático que ya se ocupó de asuntos relacionados con el Peñón entre 2008 y 2011, como subdirector General-Jefe de la Oficina de Asuntos de Gibraltar entre 2008 y 2011.

Sanz se incorporó a su puesto el pasado 28 de agosto, según han informado fuentes de Exteriores. Las fuentes han destacado que Sanz es un buen conocedor de la comarca y que tiene experiencia profesional en diversos puestos del Ministerio con competencias en el asunto de Gibraltar: en la Asesoría Jurídica Internacional, en la Subdirección General de Asuntos de Justicia e Interior de la UE y, sobre todo, en la mencionada Oficina de Asuntos de Gibraltar.

En esos años, desde 2006 hasta finales de 2010, estuvo operativo el Foro de Diálogo tripartito impulsado por el entonces ministro Miguel Ángel Moratinos para tratar problemas de cooperación práctica con Londres y Gibraltar al margen de la cuestión de la soberanía. Desde su puesto en la Oficina para Asuntos de Gibraltar, Sanz estuvo en contacto con los alcaldes de la comarca.

El foro dejó de reunirse en otoño de 2010 (ya con Trinidad Jiménez como ministra de Exteriores) tras varios incidentes por las aguas de la bahía y posteriormente fue abandonado por el Gobierno del PP, que siempre rechazó toda interlocución con el Peñón.

Sanz Aparicio es licenciado en Derecho (Especialidad Derecho Público) por la Universidad de Sevilla e ingresó en la Carrera Diplomática en 1995. Además de desempeñar puestos en el Ministerio, ha estado destinado en Embajadas y Consulados de España en Zimbabue, Marruecos, Suecia, Alemania y la República Checa.

Castilla y León contabiliza un total de 38.871 positivos por coronavirus, 448 más que en los datos de la última estadítica, de ellos 49 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, según datos ofrecidos este lunes por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas registran, asimismo, cinco nuevos fallecimientos en hospitales, de manera que el número de decesos actual en este ámbito es de 2.149, mientras que el número de altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanza ya las 9.311, 13 más que en la jornada anterior.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 190 y el número total de casos de la COVID-19 a ellos vinculados es de 1.408 más.

Del total de brotes, 24 corresponden a Ávila --uno menos--, 35 a Burgos --ocho menos--, 14 a León --dos menos--, 23 a Palencia --dos menos--, 32 a Salamanca --idéntica cifra--, 16 a Segovia --tres más--, 12 a Soria --los mismos--, 18 a Valladolid --dos menos-- y 16 a Zamora --sin variación--.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 38.871 positivos por COVID-19 en los distintos tipos de pruebas y según los datos de la Administración regional, 32.409 lo han sido en test PCR.

Por provincias y en total, Ávila suma 34 positivos más, con un total de 2.902; Burgos suma 63 positivos, con 5.689 en total; León 51 más, hasta 4.783; Palencia 34 más, con 2.015; Salamanca suma 93 más hasta un total de 6.448; Segovia incorpora 61 nuevos positivos hasta los 4.460 en total; Soria añade 25 más hasta 3.190; Valladolid incorpora 56 positivos, hasta 7.732 y Zamora suma 31, hasta los 1.652.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.149, cinco más. La mayor parte continúa registrándose en la provincia leonesa, con 429 (uno más), seguida de Valladolid, con 414 (uno más); Salamanca, 393 (dos más); Burgos, con 226; Segovia con 217; Ávila con 159 (uno más); Soria, con 124; Zamora, con 97, y Palencia, con 90.

En el caso de las altas, un total de 9.311, se han computado 2.043 en Valladolid; 1.770 en León; en Salamanca 1.445; en Burgos 1.086; en Segovia 968; en Ávila 726; en Soria 467; en Palencia 406, y en Zamora 400.

DOS INGRESOS MÁS EN CRÍTICOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 361 personas, 319 de ellas en planta --23 más que ayer-- y 42 en unidades de críticos, tres más que en la jornada anterior.

De los pacientes en UCI, se encuentran nueve en el Clínico de Valladolid y en el Universitario de Burgos, seis en el Río Hortega de Valladolid y en el Universitario de Salamanca, cuatro en el Complejo Asistencial de Zamora, dos en los complejos de Soria, Ávila y Segovia y uno en Palencia y León.

RESIDENCIAS

Por su parte, la cifra de fallecidos en residencias, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúan en 2.628 en las 1.214 residencias de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.523 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 y otros 1.105, a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 2.628 finados, 1.728 personas han perdido la vida en su residencia o centro, los mismos, mientras que otras 900 han fallecido en el hospital, tres más.

Un total de 38 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, los mismos; y 423 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 47 más que en la última estadística.

En cuanto a los centros bajo la tutela de Castilla y León, los datos de fallecidos se mantienen desde el pasado 3 de julio, con 252, de ellos 135 con positivo confirmado y 117 con síntomas compatibles. Además, hay 24 residentes hospitalizados --dos menos--, mientras que se contabilizan 652 usuarios con diagnóstico confirmado en estos meses.

Por otro lado, hay un residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que otros 130 --tres más-- están aislados de forma preventiva sin síntomas.

La llegada en pateras o embarcaciones similares de menores extranjeros no acompañados durante el año 2019 ha descendido "considerablemente" en relación con el año 2018, según se desprende del Informe Anual de la Fiscalía. En concreto, se ha pasado de los 7.026 menores contabilizados en 2018 a los 2.873 del año pasado, es decir, un 59,1% menos.

El Ministerio Fiscal recoge en el informe, hecho público este lunes y recogido por Europa Press, las cifras de estos menores llegados al país en embarcaciones peligrosas. Estas cifras no incluyen, por tanto, a quienes se han introducido en España de manera clandestina a través de Ceuta y Melilla, ocultos en vehículos a motor, desde Francia o por vía aérea con documentación falseada.

Así, el perfil medio del menor que llega solo a España es de sexo masculino (el 93,3%), y procede de Marruecos (60%). Pero también es significativa la representación de niños argelinos (12,2%), guineanos (9,6%), costamarfileños (6,3%) y malienses (5,5%).

Desde la Fiscalía destacan la bajada de llegadas de estos menores no acompañados a las costas del país, que en 2018 habia registrado un ascenso "excepcional". No obstante, ese año se registró una subida de más de un 3.000%, con respecto a 2017.

Según señala el departamento que dirige Dolores Delgado, a fecha de 31 de diciembre de 2019, el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, tenía inscritos un total de 12.417 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, de los que 11.329 son niños y 1.088 niñas. Esta cifra supone un descenso del 17,8% respecto de los 13.796 inscritos un año antes.

MEJORAR EN LA EFICACIA DEL REGISTRO

Por comunidades, Andalucía es la región que más menores acoge, con 4.617 registrados; seguida de Cataluña, con 1.977; Melilla, con 1.398; País Vasco con 777; la Comunidad Valenciana con 691; Ceuta con 712; la Comunidad de Madrid con 489; la Región de Murcia con 262; y Canarias con 421 Canarias.

Desde la Fiscalía ponen en valor la labor de la Policía Nacional en este ámbito, ya que es la encargada de realizar las pruebas de ADN para determinar el vínculo familiar entre los menores y adultos que manifiestan ser familia sin pruebas fehacientes. En este sentido, señala que se han practicado 650 pruebas en 2019, de las que 574 dieron un resultado positivo, confirmando el vínculo de filiación y 36 están pendientes.

Sobre este tema, el documento reconoce que se han localizado nuevas fórmulas irregulares o ilícitas que están dilatando y distorsionando el sistema, que han dado lugar a la presentación de denuncias penales. Como ejemplo, pone el caso recogido por la Fiscalía de Jaén, en el que algunos extranjeros alegan ser menores para ir a un centro y solicitar allí el asilo, desvelando después que son mayores de edad, una vez que ya se les ha otorgado. "Lo hacen así porque en los centros de menores les consiguen el pasaporte y otra documentación con mayor agilidad, al contar con asesoramiento", apunta la Fiscalía.

Más graves, apunta, fueron los casos denunciado por la Fiscalía de Las Palmas, tras observar que personas mayores de edad, que incluso estuvieron condenadas a penas privadas de libertad en España y cuya pena fue sustituida por expulsión, regresaban a España en patera y manifestaban ser menores de edad. En estos casos, la reseña no se hace de manera inmediata, puesto que no hay personal suficiente para cotejar las huellas.

Con este documento, la Fiscalía quiere mostrar la importancia del registro de estos menores no acompañados, como "un instrumento fundamental en la protección, identificación y documentación de los menores". Sin embargo, reconoce que, "para que logre su plena eficacia" es necesario que "quienes deben alimentarlo transmitan con la celeridad adecuada los hechos o actos inscribibles".

"Así se hace, normalmente, cuando el dato relevante depende de los miembros del Ministerio Fiscal", se defiende el organismo, que denuncia, sin embargo, que en ocasiones "se producen déficits" de información cuando este procedimiento se asume por parte de "otras instituciones", como entes autonómicos, que "no comunican con el rigor preciso y sin retrasos" los datos obtenidos del menor, "a pesar de que son trascendentes", explica la Fiscalía, para "ubicarlo".

FALTA DE COOPERACIÓN CON ONG

Saber dónde y en qué situación se encuentra el menor no solo es una condición necesaria para el debido funcionamiento registral, sino también es un presupuesto indispensable para su protección efectiva y para evitar situaciones de peligro", apunta el Ministerio Fiscal, que señala como uno de sus objetivos para 2020 el establecimiento de mecanismos de supervisión transversal que mejoren la comunicación entre administraciones y organismos implicados.

En este sentido, también se refiere a "la negativa a facilitar la debida información a la Policía Nacional por parte de ONG dedicadas a gestionar centros de acogida de madres extranjeras con sus hijos", que alegan que debe existir un mandato judicial o requerimiento expreso del fiscal individual y específico para hacerlo.

Desde la Fiscalía recuerdan que "el interés de la Policía en conocer el paradero de las madres y los menores deriva, no sólo en la necesidad de actualizar el Registro de Menores, sino también para evitar que puedan ser convertidos en víctimas de redes de trata".

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido al constitucionalismo catalán que reaccione ante un "separatismo que está más dividido que nunca", y ha hecho un llamamiento a las formaciones constitucionalistas de Cataluña para unirse de cara a las próximas elecciones catalanas.

En rueda de prensa en el Parlament este lunes, Arrimadas ha pedido al PSC y al PP dejar a un lado las diferencias y dar "una alternativa para todos los catalanes y preparada para gestionar Cataluña".

"¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tienen que hacer los separatistas para que no dejemos de lado nuestras diferencias? ¿Qué más tiene que pasar en nuestra Comunidad Autónoma para que volvamos a ser esa tierra admirada, respetada y seguida por el resto de España?", ha dicho.

Arrimadas ha querido recordar los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se produjo el pleno del Parlament sobre la independencia de Cataluña, como "tristes y de miedo" y ha reivindicado que Cs fue la fuerza --dice-- que se enfrentó al separatismo en esos días.

"Hace tres años vivimos el episodio más lamentable de la historia de este Parlament. Ese día escucharon una voz firme: la de Cs, que nunca nos hemos achantado y mucho menos en esos días tan negros. Defendimos con dignidad y valentía la voz de los catalanes que vimos cómo se vulneraban nuestros derechos", ha dicho.

Y ha criticado que el pasado viernes la expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell fuera recibida con aplausos de diputados y trabajadores del Parlament, cuando "en 40 años de democracia, ella fue la presidenta que permitió que se atacara al Parlament y que el Parlament tuviera menos legitimidad".

CARLOS CARRIZOSA

Por su parte, en la misma rueda de prensa, el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado que "una de las fórmulas para hacer frente a la persistencia de aquellos que retan las leyes" es la unión de las fuerzas constitucionalistas, y pide al PSC y al PP unirse a Cs igual que durante el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 sobre la independencia de Cataluña.

"La unión que tuvimos hace tres años en este Parlament tiene que reflejarse en estos momentos, ahora que el 'procés' ha terminado pero sus protagonistas no lo quieren reconocer", ha sostenido.

Cree que lo importante es dar a la sociedad catalana una alternativa de gobierno que, a su juicio, gestione y una a los catalanes: "Eso es lo que tenemos que conseguir con esa unión: no solo gobernar, sino entrar en una nueva etapa, superar el 'procés' y ganar al COVID-19".

40 ANIVERSARIO DEL PARLAMENT

Carrizosa ha anunciado que este lunes Cs ha planteado una queja en el Parlament porque, a su juicio, la celebración con motivo del 40 aniversario de la Cámara catalana "se ha dispuesto de manera que el primer grupo no pudiera tener palabra".

Ha lamentado que --según él-- unilateralmente Torrent rindiera homenaje a Forcadell: "Nosotros nunca vamos a participar en homenajes a aquellos que pisotearon nuestros derechos. En nuestro aniversario traemos aquí a las personas que se distinguen por su respeto, nosotros estamos con Inés Arrimadas".