Ciudadanos quiere forzar al PSOE y a Podemos a pronunciarse este martes en el Pleno del Congreso sobre los permisos retribuidos para los padres que tengan a cargo a sus hijos o a sus padres dependientes por cuarentena, mientras esperan resultado de una PCR o por cierre de colegios o centros de día.

A tal fin, los naranjas han presentado una enmienda a la proposición no de ley socialista que se debate en la Cámara baja sobre la la profesionalización y el reconocimiento económico de las labores de cuidados.

El objetivo, según han explicado los de Inés Arrimadas, es que "el conjunto de grupos parlamentarios, especialmente los que dan apoyo al Ejecutivo, tengan que pronunciarse sobre una medida necesaria" con la que el equipo de Sánchez "lleva semanas rectificando".

CRITICA QUE EL PSOE ELUDA ESTE TEMA

A su juicio, es "del todo incomprensible" que el PSOE presente ante el Pleno una iniciativa "sobre cuidados familiares en la que elude esta necesidad perentoria, y más en plena vuelta a las aulas, de conciliación".

Ciudadanos denuncia que exista un permiso laboral retribuido para los padres cuyos hijos den positivo en PCR, pero no en el resto de los casos.

Por eso, quiere completar la propuesta socialista sobre cuidados con una enmienda que inste al Gobierno a aprobar este permiso laboral retribuido, ya sea mediante una prestación compensatoria a la jornada reducida o con cualquier otra fórmula que permita, sin coste para las pymes, autónomos y empresas, que los trabajadores puedan cuidar de sus familiares dependientes.

Eso sí, la enmienda de Ciudadanos sólo llegará a votarse en el Pleno del Congreso si los socialistas aceptan que ese punto se añada a su iniciativa sobre cuidados profesionales.

Seis provincias estarán este martes en riesgo por oleaje, lluvia y tormentas, en una jornada con chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes en Baleares, así como temperaturas altas en Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Cádiz, Girona y A Coruña estarán en riesgo por fuerte oleaje mientras que Menorca, Ibiza y Formentera estarán en el mismo nivel de alerta pero por lluvias y tormentas, que ascenderán a riesgo importante (naranja) en el caso de Mallorca.

Así, en Baleares, los cielos estarán nubosos, con chubascos y tormentas localmente fuertes, pudiendo llegar a ser muy fuertes y acompañadas de granizo. A partir de la tarde podrían extenderse a zonas del litoral y prelitoral catalán y del golfo de Valencia, sin descartar que también alcancen intensidad fuerte.

Habrá intervalos nubosos en el resto del área mediterránea, con probables lluvias débiles en Málaga, área del Estrecho y Melilla, y con baja probabilidad de algún chubasco disperso en el resto, acompañado de tormenta en el norte.

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con algunas nubes altas en el oeste peninsular y de Canarias, e intervalos de nubes bajas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico oriental y alto Ebro.

Las temperaturas irán en ascenso en Canarias, donde serán significativamente altas. De este modo, en zonas de medianías del sur y oeste de las islas de mayor relieve y en el interior sur de Lanzarote y de Fuerteventura, las máximas serán de entre 34 y 36ºC, mientras que las mínimas nocturnas se situarán entre 25 y los 30ºC, siendo más elevadas en medianías del sur de Gran Canaria.

Por el contrario, irán en descenso en la mitad sur peninsular, que será notable en el interior de Andalucía. Sin embargo, las diurnas subirán en la Comunidad Valenciana y mitad norte de la Península. No habrá cambios en Baleares.

Los vientos serán del nordeste en el cuadrante noroeste peninsular, litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, con intervalos de fuerte en el litoral noroeste de Galicia, litoral catalán, Baleares y Canarias. Del este en el litoral andaluz, con levante fuerte en el Estrecho. Predominio de vientos flojos en el resto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 1.845 nuevos contagios durante el fin de semana. Por provincias, Toledo ha registrado 795 casos, Ciudad Real 477, Albacete 269, Guadalajara 213 y Cuenca 91; y el total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia es 30.567. Por provincias, Ciudad Real acumula 9.757 casos, Toledo 9.103, Albacete 6.430, Guadalajara 3.273 y Cuenca 2.004.

Con estos datos, según recalca el Gobierno autonómico en nota de prensa, la región está por debajo de la media nacional en cuanto a incidencia en los últimos 14 días por 100.000 habitantes con 215,85, mientras la media nacional es 229,83. Respecto a la incidencia de los últimos 7 días, la media nacional es 105,72 por cada 100.000 habitantes y la incidencia regional es de 92,23.

El número de hospitalizados en cama convencional es 358, y el reparto entre provincias apunta que Toledo tiene 175 de estos pacientes (119 en el Hospital de Toledo y 56 en el Hospital de Talavera de la Reina); y Ciudad Real 75 (45 en el Hospital Universitario de Ciudad Real, 21 en el Hospital Mancha Centro, 3 en el Hospital de Manzanares, 3 en el Hospital de Valdepeñas, 2 en el Hospital de Puertollano y 1 en el Hospital de Tomelloso).

Hay 46 en Albacete (35 en el Hospital de Albacete, 5 en el Hospital de Hellín, 3 en el Hospital de Villarrobledo y 3 en el Hospital de Almansa); 43 en Guadalajara (todos ellos en el Hospital de Guadalajara); y 19 en Cuenca (todos ellos en el Hospital de la capital).

Por otra parte, hay 40 pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador. Por provincias, Toledo tiene 18 de estos pacientes, Ciudad Real 9, Albacete 6, Guadalajara 5 y Cuenca 2.

OCHO FALLECIDOS MÁS

Durante el fin de semana se han registrado 8 fallecimientos por COVID-19, 5 en la provincia de Albacete, y 3 en la provincia de Ciudad Real. Así, el número de fallecimientos por coronavirus desde el inicio de la pandemia asciende a 3.130, 1.135 en Ciudad Real, 818 en Toledo, 589 en Albacete, 318 en Cuenca y 270 en Guadalajara.

De otro lado, hay un total de 46 centros sociosanitarios con casos positivos. 24 de ellos se encuentran en Toledo, 10 en Albacete, 6 en Guadalajara y 6 en Ciudad Real. Los residentes de estos centros con caso positivo son 172 y el número de fallecidos son 1.347.

Los positivos en Covid-19 detectados en docentes han trastocado los planes de apertura previstos en algunos centros de la Comunitat Valenciana, aunque la normalidad ha presidido la jornada de la vuelta al cole en este territorio, donde ha abierto un 99,7% de los centros educativos para el 99,8% de alumnado.

Así, en la localidad de Albal (Valencia), el inicio del curso escolar se ha visto afectado por el positivo de una profesora en el colegio La Balaguera, lo que ha hecho que sus 390 alumnos no puedan incorporarse a las aulas hasta el próximo miércoles.

Desde el Ayuntamiento detallan que en la localidad todo estaba previsto para que el recibimiento de sus 2.650 estudiantes se produjera con normalidad, pero ayer domingo, el alcalde, Ramón Marí, tuvo conocimiento del contagio de una docente del CEIP La Balaguera, hecho que trasladó a la población a través de un comunicado por las redes sociales.

En coordinación con las conselleries de Sanidad y de Educación, el consistorio y la dirección de la escuela, decidieron posponer el inicio del curso lectivo únicamente en este centro.

La alcaldesa de la localidad valenciana de Paiporta, Isabel Martín y el regidor de Educación, Alejandro Sánchez, han visitado algunos de los centros educativos paiportinos, entre ellos el CEIP L'Horta, donde el pasado viernes se detectaba un caso positivo asintomático por coronavirus entre el profesorado.

Ambos han podido comprobar en primera persona como, también en L'Horta, han empezado las clases como estaba previsto "y con las máximas garantías de seguridad y la aplicación de todas las medidas de higiene y protección contra el virus".

MEDIDAS ADICIONALES

Por otra parte, cabe recordar que en el municipio de Benigànim, a causa de la incidencia del coronavirus, la Conselleria de Sanidad ha establecido medidas adicionales para controlar la evolución del virus, entre ellas la suspensión de la actividad educativa y formativa presencial en todos los centros y etapas de la enseñanza, así como en las escuelas infantiles.

En el IES Leonardo Da Vinci de Alicante se activó el protocolo Covid hace unos días y el equipo directivo y la secretaria quedaron confinados y relevados por parte del profesorado del centro. El propio entro informa en sus redes sociales de que las pruebas PCR realizadas a los docentes confinados y a las administrativas han resultado negativas.

"Las instalaciones son seguras, el protocolo ha demostrado ser eficaz y las administraciones están trabajando conjuntamente", subrayan los responsables del instituto, que esta mañana ha abierto sus puertas para preparar el inicio del curso, que se desarrollará durante los próximos días de manera gradual.

Asimismo, el CEIP de Daya Nueva abrirá este martes después de que un trabajador que se ha sometido a la prueba ha resultado negativo, según precisa la Conselleria.

Por su parte, en la ciudad de Gandia (Valencia), la concejala de Sanidad, Liduvina Gil, ha informado de que ayer se produjo una incidencia en un centro, ya que un profesor dio positivo y, por esta razón, Salud Pública y Educación activaron el protocolo de seguimiento y rastreo de los contactos del docente.

"Hemos de tener en cuenta que a lo largo del año estas situaciones se producirán pero la ciudadanía debe saber que hay planesestablecidos para estos casos", ha remarcado la edil.

Además, Liduvina Gil ha explicado que las 61 personas que componen el personal de la red municipal de 'escoletes' han superado favorablemente los PCR que se les han realizado antes del inicio del curso. "Todos los resultados han sido negativos y los tuvimos ayer por lo que reducimos el tiempo de posibles contagios", ha aseverado.

Según ha recalcado el conseller de Educación, Vicent Marzà, "el balance de la entrada a los centros educativos esta mañana ha sido positivo, y se ha cumplido al máximo, por todas las partes, la corresponsabilidad de asegurar la vuelta a las aulas de manera segura. Necesitamos continuar así, siguiendo las pautas marcadas para cumplir las medidas de seguridad, protección e higiene establecidas".

Por provincias, el 99,8% de los centros educativos de Alicante ha abierto y el 99,9% de los alumnos tiene clases presenciales; en Castellón, el 99,6 % de los centros educativos han abierto y el 99,8% de los alumnos acude a clases presenciales; en cuanto a Valencia, las cifras son: el 99,6% de los centros educativos están abiertos y el 99,6% de los alumnos tiene clases presenciales.

La Consejería de Educación y Deporte ha reiterado que todos los centros públicos y concertados de Andalucía "disponen ya de un coordinador Covid asignado" para el curso 20-21, después de que la semana pasada más de 6.700 docentes llevaran a cabo el curso de formación pertinente en las aulas virtuales puestas a su disposición.

El departamento que dirige Javier Imbroda ha respondido así a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien ha denunciado este lunes que no todos los colegios públicos andaluces contarán con profesores Covid de refuerzo y ha insistido en que hay que bajar de manera urgente la ratio en las aulas a 20 alumnos.

En un comunicado remitido a Europa Press, la Consejería ha insistido, a tres días del inicio de un curso "tan excepcional" por la situación provocada por la pandemia, en la necesidad de la colaboración y la responsabilidad de todos "para llevar adelante un curso con una gran complejidad, donde no caben informaciones falsas que generen confusión e intranquilidad a las familias".

Así, ha recordado que, en colaboración con la Consejería de Salud y Familias, organizó entre el 2 y el 4 de septiembre un curso sobre coronavirus para coordinadores Covid destinado a los docentes de todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos y centros de educación infantil, así como escuelas hogar y residencias escolares, de tal manera que "más de 6.700 docentes andaluces recibieron esta formación con el objetivo de hacer la vuelta presencial a las aulas más segura.

Ha añadido que el curso, que se desarrolló en el Aula Virtual de Formación del Profesorado, contó además con la tutorización de técnicos de prevención de riesgos laborales para resolver dudas y apoyar la formación de los coordinadores Covid-19.

En cuanto a los refuerzos de plantilla docente previstos, con un total de 6.419 maestros y profesores, Educación ha destacado que "existe tanto un incremento excepcional para este curso como un incremento neto de plantilla". "El primero va dirigido a los centros educativos con mayor número de alumnos, y tras un análisis de necesidades, para poder realizar desdobles", ha añadido.

Así, ha recordado que los criterios son que en el caso de Educación Primaria, los centros que cuenten con entre cinco y diez aulas con más de 20 alumnos contará con un maestro adicional de apoyo al alumnado, mientras que los que cuenten con once o más aulas con ese mismo números de alumnos tendrán dos maestros adicionales.

En Educación Secundaria, ha señalado que los centros que cuenten con entre cuatro y ocho aulas con más de 22 alumnos tendrán un docente adicional, mientras que en los centros que haya entre nueve y doce aulas habrá una docente y medio adicional, repartiendo la dedicación horaria entre el área sociolingüística y la científico tecnológica. A partir de tres o más aulas con más de 22 alumnos, los docentes adicionales serán dos.

Por último, la Consejería de Educación ha indicado que los refuerzos serán 4.014 para centros públicos --1.864 maestros y 2.150 profesores--; 970 para la concertada --674 maestros y 296 profesores--; 826 docentes para cubrir equipos Covid; 450 docentes ya previstos en el presupuesto de 2020 por aumento de unidades; y 159 profesores de Formación profesional. Además, habrá 152 Ptis (Personal técnico de integración social) y 1.600 trabajadores de limpieza para institutos públicos, con los que "más de 8.000 profesionales adicionales se incorporarán al sistema educativo para este curso 2020-21 excepcional", ha remarcado.

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo se reúne este martes con los sindicatos CC.OO. y UGT y con las patronales CEOE y Cepyme, y tiene previsto celebrar el miércoles la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Las reuniones con los agentes sociales y la comparecencia del ministro forman parte de la ronda de contactos que la Comisión ha programado para las dos primeras semanas de septiembre, tras la solicitud de Vox de celebrar una veintena de comparecencias para recabar opinión sobre el futuro del sistema público de pensiones.

Sin embargo, los grupos decidieron limitar estas a reuniones a puerta cerrada de Mesa y Portavoces con el Banco de España, la AIReF y los agentes sociales, y cerrar esta ronda de contactos con la comparecencia, ya en Comisión, del ministro responsable de la Seguridad Social.

Todo ello para cerrar una fase que hasta el mes de julio llevó a los grupos a repasar junto con el director general de la Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, el borrador de las recomendaciones preacordado antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales en la última legislatura efectiva.

LOS GRUPOS ENCARAN EL DEBATE PARA FIJAR POSICIONES

A partir de ahí, los grupos se enfrentan a la tarea de entrar en detalle de las recomendaciones del borrador e incluso fijar ya posicionamientos pues, tal y como comentan fuentes de la Comisión ya ha planteado al inicio de las reuniones de este mes 'mojarse' para no demorar la renovación del Pacto y no parar el ritmo de reuniones durante este mes.

Un brío que, por otro lado, otras formaciones como PP y Vox enfrían, habiendo solicitado un resumen ejecutivo de las recomendaciones, ante la compleja redacción de algunas de ellas para alcanzar consensos; el grado de ejecución de las recomendaciones anteriores, y también un mayor detalle de las partidas que deben traspasarse de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado.

PLAZO Y ALCANCE PARA TRASPASAR GASTOS Y SANEAR EL SISTEMA

Este traspaso, uno de los principales avances de la anterior Comisión para descargar el déficit del sistema público de pensiones y compensar gastos que históricamente venía asumiendo, de forma impropia incluso, estaba previsto que se hiciera de forma gradual y en un plazo hasta 2025.

Esta vía de saneamiento fue uno de los puntos abordados en las reuniones con el Banco de España y la AIReF, si bien desde la Comisión aclaran que estas instituciones no buscaron orientar posicionamientos políticos.

Según estas fuentes, los organismos plantearon diferentes escenarios y alertaron de la necesidad de adoptar medidas adicionales, sin olvidar tampoco el déficit estructural del Estado, que además se vería ahondado por este aumento de los gastos, cuestión en la que incidió en su encuentro con los diputados el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Por su parte, según fuentes de la Comisión, la nueva presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, respaldó el informe de su predecesor --y hoy ministro titular de la Seguridad Social-- que abogaba por este traspaso para reordenar gastos y ajustar la estructura de la Seguridad Social al pago de las pensiones.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha viajado este lunes a Libia para reunirse con los distintos actores políticos del alto el fuego y apoyar una paz sin vencedores y ni vencidos y, además, sin injerencias externas.

González Laya se ha reunido en Trípoli con el presidente del Consejo Supremo del Estado, Jaled al Mashri; con el presidente del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), Fayez Serraj y con el ministro de Exteriores, Mohamed Tamer Siala. Esta tarde viaja a Tobruk para ver al presidente de la Cámara de Representantes, Aguila Saleh

Fuentes diplomáticas han señalado que el análisis de la delegación española es, pese a la fragilidad de la situación, de cierto grado de optimismo y de apuesta por la política. Las dos administraciones rivales en Libia se reúnen desde este domingo en Marruecos para tratar de acercar posturas.

"Es urgente consolidar el alto el fuego y dar ímpetu a un proceso político entre libio, no hay solución militar y no hay tiempo que perder", ha escrito González Laya en su cuenta de Twitter. Se trata de que los libios sean los protagonistas del proceso político, sin injerencias extranjeras, para formar un gobierno unitario y celebrar elecciones.

La ministra también ha expresado la intención de España de cooperar "con una Libia estable y en paz" en los ámbitos cultural, económico, humanitario y sanitario", tras reunirse con su homólogo en Trípoli.

González Laya se ha reunido asimismo con representantes de colectivos de mujeres libias para analizar cómo promover la paz y el desarrollo en el país.

El Gobierno de Reino Unido ha asegurado que durante los próximos meses llevará a cabo una "intensa" campaña de información con las empresas de los sectores "más relevantes" de España para ayudarlas a prepararse para el nuevo entorno comercial de 2021, ya que el 31 de diciembre de este año finaliza el periodo de transición tras el Brexit y Londres abandonará el mercado único y la unión aduanera.

Como parte de esta campaña, que también se dirigirá a empresas del resto de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, el Ejecutivo de Boris Johnson ha preparado una web dedicada a la situación aduanera. En ella, las empresas encontrarán información sobre todos los procedimientos necesarios para seguir comerciando sin problemas con Reino Unido y se irá actualizando en las próximas semanas y meses, dependiendo de a qué acuerdos se llegue con el bloque comunitario.

"Con nuestra salida de la UE el 1 de enero las normas van a cambiar. Por supuesto queremos un acuerdo, y estamos negociando de un modo constructivo. Pero, haya o no haya un acuerdo de libre comercio sobre nuestra relación futura con la UE, es muy importante que las empresas españolas continúen preparándose. Esta campaña quiere ayudarlas", ha indicado el embajador británico en España, Hugh Elliott.

La nueva campaña, llamada 'Keep Business Moving', se difundirá a través de diferentes canales. Entre ellos, una campaña de publicidad impresa en periódicos paneuropeos y de cada país, publicidad exterior, y promoción en redes sociales como LinkedIn, Facebook e Instagram.

La campaña también incluye cartas conjuntas de los embajadores británicos en cada país de la UE y del comisario de Comercio del Reino Unido para Europa, Richard Burn, que se remitirán a patronales y empresas clave de los Estados miembros "para garantizar que todo el mundo conozca la campaña.

"Con esta campaña apoyamos a las empresas para ayudarlas a preparase a lo largo de las próximas semanas y meses y ante los cambios que vendrán a partir de enero, asegurándonos así que las empresas tanto en el Reino Unido como en la UE continúan con su actividad sin problemas en el contexto de un nuevo entorno comercial", ha agregado el secretario de Estado británico de Política Comercial, Greg Hands.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que las autoridades sanitarias españolas están estudiando la posibilidad de reducir el periodo de cuarentena por Covid-19 de 14 a 10 días, si bien ha descartado que, por ahora, se vaya a reducir a los 5 o 7 días como lo ha planteado Alemania.

En rueda de prensa, Simón ha recordado que actualmente en España no es necesario guardar 14 días de cuarentena si se cumplen algunas condiciones como, por ejemplo, dar negativo en una prueba de PCR a los 10 días.

"Se está debatiendo la posibilidad de dejar la cuarentena durante 10 días, si bien creo que reducirla a cinco o a siete días va a llevar más tiempo", ha dicho Simón, para recordar que cada vez hay más países europeos que están estudiando la posibilidad de reducir los periodos de aislamiento.

VACUNAR A LOS MÁS VULNERABLES Y A SANITARIOS

Dicho esto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha comentado, como también lo ha hecho este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que a finales de año podrían estar ya disponibles las primeras dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y AstraZeneca.

En este sentido, Simón ha recordado que se está planteando vacunar primero a los grupos más vulnerables, como por ejemplo los mayores o las personas con patologías previas de riesgo, y a aquellos que trabajan en los servicios esenciales como los profesionales sanitarios.

Por otra parte, y preguntado por la presión hospitalaria, Simón ha señalado que se mantiene a nivel general en el siete por ciento, si bien ha reconocido que hay comunidades autónomas en las que la carga es mayor e, incluso, entre hospitales de una misma región.

En estos casos, ha abogado por analizar medidas para reducir la presión asistencial como, por ejemplo, derivando a pacientes o aumentando el número de camas hospitalarias.

Finalmente, y respecto a los test rápidos de detección del coronavirus, Simón ha avisado de que la interpretación de los mismos cambia según la incidencia de enfermedad que haya en la zona donde la persona ha estado expuesta al virus. "La interpretación de estas pruebas, mientras no tengan un cien por cien de sensibilidad, no es sencilla", ha avisado.

La Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León han establecido una estrategia común frente al coronavirus, que se basa en compartir datos en materia sanitaria, tales como estudios de seroprevalencia y de rastreo para analizar la movilidad entre las tres regiones, además de mantener reuniones periódicas con el compromiso de alcanzar decisiones conjuntas.

Así lo han acordado, y desgranado posteriormente en una comparecencia pública, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En la mantenida este lunes, que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, las tres comunidades limítrofes han mostrado su disposición a "hacer un esfuerzo conjunto y solidario" para luchar contra el coronavirus.

En este sentido, a través de un comunicado conjunto, han precisado que mantendrán próximas reuniones, junto con los consejeros, en Castilla y León y Castilla-La Mancha en materia de Transporte, Empleo y Economía así como que continuarán a través de grupos de trabajo la coordinación para que las normativas serológicas anticovid vayan coordinadas.

En este sentido, han acordado que se organizarán encuentros, a través de las nuevas tecnologías, entre responsables Covid de los centros educativos, para compartir experiencias. También habrá este trasvase de información en otros ámbitos.

Asimismo, han establecido que facilitarán el intercambio de prácticas para los alumnos de FP entre empresas de las tres autonomías, ya que el virus "ha perjudicado la celebración" de las mismas.

Además, se han comprometido a compartir estudios de seroprevalencia y de rastreo, en especial para analizar la movilidad entre las tres regiones y a realizar sistemas de evaluación diaria e intercambio de información sobre la evolución de la epidemia.

"No puede ser una barrera administrativa la frontera", ha subrayado la presidenta madrileña, al comienzo de su intervención. Asimismo, ha remarcado que esta cita ha sido "un nuevo paso en la lucha por la pandemia".

La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) ha propuesto que el futuro Plan de rehabilitación proyectado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluya un fondo de garantías para ayudar a las familias más vulnerables y afectadas por la crisis a financiar las obras de mejora y mantenimiento que requieran sus viviendas.

Andimac cree que este requisito es necesario para que las comunidades de propietarios puedan mejorar sus edificios y, así, fomentar una economía más sostenible y la creación de empleo.

La patronal reitera que los 2.000 millones de euros que se movilizarían durante los próximos dos años gracias a este plan evitarían el previsible desplome de la actividad en construcción y ayudarían a contener el empleo, fomentarían la confianza en la economía y equilibrarían el volumen de negocio del sector de los materiales de construcción.

Según sus previsiones, avanzado el otoño y en el próximo año se espera un "fuerte debilitamiento de la demanda de obra nueva, tensiones de impagos como adelantan las aseguradoras de riesgo y una caída de las actuaciones de rehabilitación".

Además, Andimac sostiene que el futuro plan representa una "gran oportunidad" para fomentar un urbanismo sostenible al actuar de forma decidida sobre el patrimonio construido "muy envejecido y con grandes deficiencias habitacionales".

PIDE REJUVENECER EL PARQUE A UN RITMO DEL 1,8% ANUAL

Por ello, insta al Gobierno a rejuvenecer un parque que avejenta a un ritmo del 1,8% anual, mientras la rehabilitación edificatoria afecta únicamente al 0,15% del mismo.

De acuerdo con Seopan en relación al estudio de inversión en rehabilitación en Alemania, los fondos públicos aportados para la rehabilitación edificatoria en eficiencia energética promueven una actividad económica que los multiplica por 6,5, generan 18 puestos de trabajo por millón de euros invertido, reducen los costes de desempleo un 95% del valor de la subvención, y producen un retorno fiscal que los multiplica por 1,9.

En este sentido, Andimac defiende que este programa, enmarcado en el Plan de Inversiones y Reformas 2020-2022 que el Ejecutivo diseña para canalizar los fondos de recuperación que espera recibir de la UE, contribuirá a reactivar la economía tras la crisis del coronavirus, y reitera que la reforma y la rehabilitación representan más del 40% del valor de los materiales del conjunto de la construcción.

De forma paralela, la patronal remarca que el envejecimiento de las viviendas es uno de los principales agravantes del cambio climático, en la medida en que hasta un 40% de las emisiones que se registran en las ciudades proceden del consumo de energía en hogares y edificios que son "una fuente inagotable y peligrosa de contaminación.

Finalmente, en el marco de la reforma fiscal que ha defendido Sánchez, Andimac estima que recuperar la deducción en el IRPF por reformar la vivienda habitual beneficiaría a unos 270.000 contribuyentes, que podrían deducirse unos 100 millones de euros.

"Ese ahorro incrementaría el número de obras de mantenimiento y mejora, y tendría un mayor retorno para las arcas públicas vía IVA", asegura, al tiempo que señala que serviría para acabar con la competencia desleal y supondría un incentivo para aflorar unos 8.000 millones de euros de economía sumergida.

Otra medida de corte fiscal que podría tener un importante efecto en el sector de la reforma y, por ende, en el de la construcción sería la rebaja al 10% del IVA de los materiales para profesionales. Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, "la reforma y la rehabilitación serán determinantes para lograr un modelo de negocio más sostenido y sostenible para el sector de la construcción y la economía del país en su conjunto".

Andorra ha diagnosticado 46 nuevos casos de COVID-19 en los últimos tres días, desde la última actualización de los datos epidemiológicos el viernes por la tarde.

El total acumulado de afectados desde el inicio de la emergencia sanitaria asciende a 1.261 personas, según ha informado este lunes el Gobierno de Andorra a través de su portal web.

Desde el viernes han recibido el alta médica seis personas que se habían infectado de coronavirus SARS-CoV-2 y que ya están curadas, y el total de pacientes que ha superado la enfermedad desde el marzo es de 934.

Este lunes hay 274 casos de infección de coronavirus SARS-CoV-2 en activo, lo que son 40 pacientes más que el viernes, cuando había 234.

De los casos activos hay 4 ingresados en el Hospital Nostra Senyora de Meritxell, pero ninguno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni requiere ventilación mecánica.

Un total de 53 personas han muerto con Covid-19 desde el inicio de la pandemia, la última de ellas el pasado 10 de agosto: se trataba de un paciente que, a pesar de superar la infección, no sobrevivió a sus secuelas.

TESTS

El ministro de Salud, Joan Martínez Benazet, informó el pasado viernes que a fecha de 31 de agosto se habían realizado en Andorra un total de 46.546 pruebas diagnósticas --sumando PCR y TMA-- para detectar el virus, y cerca de 140.000 pruebas serológicas para detectar anticuerpos.

Según el titular de la cartera de Salud, se está diagnosticando la base de la pandemia, llegando a aquellos casos que al inicio pasaron desapercibidos, ya que en Andorra se ha establecido un sistema para facilitar el cribado de aquellos que sin tener síntomas puedan sospechar de un contagio.

Andalucía ha registrado este lunes nueve muertes por coronavirus --la mayor cifra desde principios de agosto-- y un incremento de 661 nuevos casos de Covid-19 confirmados por PCR, con lo que sigue bajando el ritmo de contagios, después de que este domingo se incrementasen en 680 los nuevos casos tras tres días consecutivos superando los 1.000 en 24 horas, según ha informado la Consejería de Salud y Familias, que ha anotado 52 hospitalizados más.

La provincia que suma mayor número de positivos en 24 horas es Sevilla con 131, seguida de Málaga con 126, Almería con 125, Cádiz con 98, Granada con 71, Córdoba con 54, Jaén con 49 y Huelva con siete.

La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 4.728 casos diagnosticados por PCR, con 344 hospitalizados, 22 ingresados en UCI y 38 fallecidos en toda Andalucía.

La Consejería ha informado también en relación con el brote declarado en la Residencia El Zapillo de Almería que el número de casos positivos sigue siendo el mismo --116)-- en las últimas 24 horas, pero se ha producido una nueva defunción, con lo que en total son once, mientras que no hay cambios en el brote de la Residencia El Manantial de Terque (Almería), ni en el de la residencia de mayores Fardes de Benalúa (Granada).

Por su parte, en el brote de la Residencia Vitalia de Mairena del Aljarafe (Sevilla) hay 25 positivos --20 residentes y 5 trabajadores-- y en el de la residencia de Luque (Córdoba) también hay 25 confirmados --18 residentes y 7 trabajadores--. En cuanto al brote de la residencia de discapacitados Prodicco de Coín (Málaga) se ha producido un fallecimiento y hay 47 positivos --26 residentes y 21 trabajadores--.

En el brote de la residencia de discapacitados Mater et Magistra, también en de Mairena del Aljarafe, se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas, con lo que en total son dos, y el número de casos positivos asciende a 39, 28 residentes y 11 trabajadores.

Con respecto al brote en la residencia Centro Puerto Luz Resort, de El Puerto de Santa María (Cádiz), Salud ha indicado que hay 127 casos confirmados --104 residentes y 23 trabajadores-- y que no haycambios en el del Centro de Discapacitados Afanas-Santa Beatriz de esta misma localidad gaditana. Finalmente, en el brote en la residencia Vitalia Teatinos de Málaga hay 33 casos confirmados --27 residentes y 6 trabajadores--.

Además, este lunes hay 52 nuevos hospitalizados, al sumar 16 en Málaga, siete en Sevilla, once en Cádiz, nueve en Córdoba, seis en Almería, cuatro en Granada y ninguno en Jaén y restar uno en Huelva. Respecto a las personas que han pasado por una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se han sumado cuatro en 24 horas.

Actualmente, 698 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 110 se encuentran en UCI. Málaga continúa como la provincia andaluza con más hospitalizados con 212, de los que 30 están en UCI también la provincia con más hospitalizados en este Unidad--, seguida de Sevilla que tiene 116, 13 en UCI; Cádiz con 94 hospitalizados, 17 en UCI; Córdoba con 85, once en UCI; Almería con 84, 18 en UCI; Granada con 77 pacientes, 14 en UCI; Jaén con 27, seis en UCI; y Huelva con tres, uno en UCI.

De acuerdo con los datos acumulados de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado 36.081 casos confirmados por PCR, 661 casos en 24 horas, después de sumar 680 este domingo, 1.030 este sábado, 1.021 este viernes, 1.038 el jueves, 884 el miércoles, 955 el martes y 592 el lunes. La comunidad alcanza las 1.553 muertes por Covid-19, tras sumar nueve fallecidos en 24 horas, cuatro en Cádiz, dos en Granada y uno en Almería, Málaga y Sevilla.

Por su parte, la cifra de hospitalizados sube hasta los 7.730, 52 más en 24 horas, después de subir en 41 el domingo, 105 el sábado, 72 el viernes, 57 el jueves, 70 el miércoles, 76 el martes y 19 el lunes. La cifra de pacientes que han pasado por UCI se sitúa en los 896 tras sumar cuatro en 24 horas y el número de curados llega a los 19.318, 147 más en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.553 muertes en Andalucía, Málaga se sitúa como la provincia con más fallecidos con 303 --uno más--, seguida de Granada con 302 --dos más--, Sevilla con 300 --uno más--, Jaén con 194, Cádiz con 190 --cuatro más--, Córdoba con 124, Almería con 88 --uno más-- y Huelva con 52.

SEVILLA SUMA 131 PCR POSITIVOS

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR alcanzan los 36.081 desde el inicio de la pandemia --661 más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 9.291 --126 más--, seguida por Almería con 5.656 --125 más--, Sevilla con 5.536 --131 más--, Granada con 4.783 --71 más--, Cádiz con 3.882 --98 más--, Córdoba con 3.546 --54 más--, Jaén con 2.590 --49 más-- y Huelva con 797 --siete más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan 7.730 en Andalucía --52 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 1.876 --16 más--, seguida por Sevilla con 1.398 --siete más--, Granada con 1.360 --cuatro más--, Jaén con 831, Cádiz con 742 --once más--, Córdoba con 682 --nueve más--, Almería con 606 --seis más-- y Huelva con 235 --uno menos--.

De ellos, 896 han pasado por la UCI en toda Andalucía --suma cuatro casos en 24 horas--, con la provincia de Málaga a la cabeza con 187, seguida de Sevilla con 168, Granada con 142, Jaén con 98, Cádiz con 95, Córdoba con 88, Almería con 85, y Huelva con 33.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 19.318 en toda la comunidad tras sumar 147 en 24 horas --lejos de los 564 de este sábado--, con Málaga a la cabeza con 4.385 --tres más--, seguida de Sevilla con 3.205 --28 más--, Granada con 3.047, Jaén con 2.036, Córdoba con 1.866, Cádiz con 1.828 --25 más--, Almería con 2.432 --91más-- y Huelva con 519.

SEGUNDA MENOR INCIDENCIA NACIONAL EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS

El Ministerio de Sanidad detalla los casos confirmados por PCR en la última semana y en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes y sitúa a Andalucía en la mitad inferior del ranking en ambas variables, con la quinta y segunda menor incidencia de toda España, respectivamente.

Andalucía sumó la víspera 250 casos confirmados por PCR, registró 10.442 en los últimos 14 días con una tasa de 124,10 por cada 100.000 habitantes --inferior al 229,83 nacional-- y 4.734 en los últimos siete días con una tasa de 56,26 --por debajo del 105,72 nacional--. Además, 2.976 personas han iniciado síntomas en los últimos 14 días y 757 en los últimos siete, con la quinta y octava menor tasa por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

El Ministerio también informa sobre la situación de la capacidad asistencial y la actividad relacionada con el Covid-19 por comunidades autónomas y apunta que Andalucía contabiliza 800 pacientes ingresados por esta enfermedad, 120 de ellos en UCI, lo que supone que el 5% de camas están ocupadas por pacientes con Covid-19. Además, registra 113 ingresos y 41 altas relacionadas con la enfermedad en las últimas 24 horas.

EPES RECIBE MÁS DE 32.000 LLAMADAS ESTE DOMINGO

Salud ha apuntado también que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo hasta el 6 de septiembre 13.189.534 llamadas por todas las líneas, recibiendo 32.253 este domingo.

De ellas, los ocho Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaronel 29,7% de llamadas, el 63,4% fueron atendidas desde el 955 54 50 60 de Salud Responde y a través del 900 40 00 61, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 6,9% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 428.080 llamadas.

El Gobierno y los agentes sociales (patronal y sindicatos) han fijado para este jueves la primera reunión de negociación para la nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre con el objetivo de alcanzar un acuerdo la próxima semana, según han informado fuentes sindicales.

Así lo han acordado en la reunión técnica que se ha celebrado este lunes por la tarde para la prórroga de los ERTE, en la que las partes han consensuado fijar el jueves para la primera reunión de la negociación de esta nueva etapa de los ERTE.

Para ello, el Ministerio de Trabajo y Economía Social trasladará previamente un texto a la patronal y los sindicatos para debatirlo, según han indicado las mismas fuentes, que explican que el objetivo es alcanzar un acuerdo para la semana que arranca el 14 de septiembre.

Precisamente, este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que en el Gobierno están "dispuestos" a extender la duración de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mecanismo que actualmente afecta a 700.000 trabajadores, si bien ha indicado que lo "importante" es continuar con la reactivación de los puestos de trabajo, para lo que se están estudiando determinados incentivos.

La reunión de la mesa técnica de este lunes se ha producido después de que el viernes pasado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abrieran junto a los principales representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO la comisión tripartita de diálogo sobre ERTEs en Palma de Mallorca.

Tanto Escrivá como Díaz confiaron en alcanzar un acuerdo definitivo para prorrogar esta herramienta más allá de finales de mes y "sin dejar a nadie atrás". Díaz destacó que este lunes arrancan "con fuerza" los trabajos técnicos para concretar la prórroga de los ERTEs, y apuntó que todas las partes se han comprometido "a no agotar los tiempos de negociación" de los que disponen.

En el encuentro celebrado en Palma de Mallorca, los agentes sociales pusieron encima de la mesa multitud de propuestas y los ministros se comprometieron a debatir y estudiar todas y cada una de ellas. "Seguramente todos vamos a trabajar en una única dirección, que es salvar a nuestro país", apostilló Díaz.

Junto con la incógnita de saber hasta cuándo se prorrogan los ERTE, una de las cuestiones que estarán encima de la mesa este jueves será evitar que se rebaje la cuantía que se percibe de prestación del 70% al 50% pasados 180 días. No obstante, el viernes pasado quedó claro que parece haber consenso entre todas las partes y que están a favor de esta petición de los sindicatos.

Para UGT y CC.OO., es absolutamente necesario renovar la regulación de los ERTE para que sean la "alternativa" a los despidos, así como mantener los ERTE de rebrotes para aquellas actividades que han tenido que volver a echar el cierre por las nuevas restricciones.

De su lado, los empresarios defenderán la necesidad de focalizar las exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social en aquellas empresas que están cerradas, planteamiento que fue visto con buenos ojos por parte del Gobierno en el encuentro del viernes.

La naturaleza de los hechos delictivos de los que conoce la Audiencia Nacional provoca que aquellas personas que deben participar en el procedimiento, tales como testigos y peritos, estén expuestas a represalias por los imputados o su entorno, según advierte la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la última Memoria del Ministerio Público, conocida este lunes. Por ello, los fiscales de este órgano reclaman una reforma urgente de la Ley Orgánicade Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, que data de 1994.

La norma, que en su momento supuso un avance importante, está según la Fiscalía "necesitada de una reforma urgente, más amplia y detallada que abarque todas las situaciones que se han producido con el avance de la delincuencia y de los grupos organizados".

Entre los requisitos de la reforma, los fiscales apuntan el establecimiento de un programa de seguridad personal elaborado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o Cuerpos Policiales Autonómicos análogos adscritos a este tipo de Servicio y especializados en la materia; así como asistencia íntegral y especializada al testigo.

TERAPIA PSICOLÓGICA Y ACOMPAÑAMIENTO

Esta asistencia debería icluir, según los fiscales, terapia psicológica continuada, facilitación de recursos para un alojamiento seguro, apoyo para la reinserción laboral, social y familiar y ayuda y acompañamiento en todo tipo de gestiones administrativas (empadronamiento del testigo, gestión de las tarjetas de residencia y sanitaria, tramitación de demandas de empleo etc.).

También debería facilitarse a los colaboradores con la justicia cualquier cambio de identidad que sea necesario practicar como consecuencia de su condición de protegido, asegurando que las resoluciones judiciales que así lo acuerden sirvan para realizar cualquier cambio u asiento en el registro correspondiente.

Otro punto pasa por dotarles de información acerca de las ayudas económicas que pudieran corresponder, así como su solicitud ante el Ministerio de Economía y Hacienda o el órgano administrativo que corresponda en cada situación. El acompañamiento al testigo, según detalla la Memoria, debería extendersea sus comparecencias en dependencias policiales y órganos judiciales para la práctica de diligencias y en la celebración de la vista oral.

Además, los fiscales señalan la necesidad de activar alertas penitenciarias que permitan conocer, con antelación, las salidas de los autores del delito como consecuencia de permisos penitenciarios o por licenciamiento definitivo y reforzar las medidas de seguridad adoptadas, en caso de ser preciso.

ENFOQUE EN LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Al igual que viene ocurriendo en los últimos años, la Memoria de la Fiscalía correspondiente a la Audiencia Nacional vuelve a insistir en la necesidad de redefinir este órgano judicial para convertirlo en una institución judicial "especializada no solo en la represión y persecución del terrorismo, sino también de la delincuencia organizada de todo tipo y finalidad y de la delincuencia económico-financiera de mayor gravedad, del crimen organizado nacional y transnacional.

En particular, los fiscales de la Audiencia se refieren a la actividad de las redes organizadas dedicadas a los tráficos ilícitos de personas en sus diferentes modalidades (prostitución y trata de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral, etc.), el tráfico ilegal de armas, explosivos, material nuclear, biológico, químico, el blanqueo de dinero procedente de cualquier tipo de delito; de los ataques más graves contra la Constitución y el orden público, rebelión, sedición, contra la Corona, contra las instituciones del Estado, de los delitos contra la seguridad exterior del Estado y los relativos a la defensa nacional y de la delincuencia organizada de alto nivel.

A su juicio, el actual marco jurídico regulador de las competencias de la Audiencia Nacional ha sido sobrepasado por la propia realidad. "Examinado el panorama nacional y el de los países que componen nuestro entorno jurídico y cultural, podemos ver cuáles son las formas de criminalidad más importantes de estos últimos años y sobre cuáles de ellas se pone el foco de manera recurrente", añade la Memoria.

CIBERTERRORISMO, LA "AMENAZA HÍBRIDA"

Se trataría, según abunda el documento el terrorismo en todas sus facetas (nacional, internacional y ciber), las amenazas híbridas, que no dejan de ser una nueva forma de ataque a los estados aprovechándose de las nuevas tecnologías, la trata de seres humanos con todas sus finalidades (de explotación laboral, sexual, etc.), la explotación sexual y la pornografía infantil (hayan tenido lugar en territorio nacional o en el extranjero e independiente de la nacionalidad de sus autores), la delincuencia económica y la ciber-criminalidad, entre otras.

En todos estos supuestos y en otros muchos que no son competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, es obvio que la existencia de una jurisdicción centralizada y única, se convierte en un elemento de primer orden para combatir esta criminalidad, según la Fiscalía.

La suspensión de las mismas había sido solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado este lunes un auto por el que deniega la suspensión de la medida de limitación de aforos en los lugares de culto, ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles establecidas por la Junta de Castilla y León como medida sanitaria preventiva para la contención de la COVID-19 en Valladolid. Esta suspensión había sido solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos.

El auto conocido hoy señala que, frente al interés que alega esta asociación, la medida recurrida, como han argumentado los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, no impide ni el ejercicio de la libertad de culto, ni el derecho de reunión, según ha indicado la Junta a través de un comunicado.

Asimismo, añade que las medidas adoptadas por la Administración autonómica tienen una duración temporal de siete días, por lo que no se pueden considerar ni arbitrarias, ni desproporcionadas.

En cualquier caso, el auto refleja que, frente a las demandas de la Asociación de Abogados Cristianos, se debe tener en cuenta el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, ya que las medidas acordadas por la Junta de Castilla y León tienen por objeto evitar la propagación de la enfermedad, al entender insuficientes las medidas que ya estaban en vigor.

Otro de los argumentos aportados por la sala de lo Contencioso está el hecho de que para adoptar medidas cautelares es necesaria la existencia de daños imposible o difícil reparación, algo que no ha sido demostrado por los demandantes.

De tal manera, una vez pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se mantiene en vigor la medida aprobada por la Junta de Castilla y León que establece que en los lugares de culto, ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles deberá respetarse un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 en espacios cerrados, sin superar en ningún caso un tercio del aforo máximo permitido.

Medida que forma parte, entre otras, del anexo de la Orden de la Consejería de Sanidad aprobada el pasado 1 de septiembre para la prevención y contención de la COVID-19 en el municipio de Valladolid.

La banda terrorista Resistencia Galega está considerada "desarticulada casi al completo" por la Fiscalía General del Estado, después de que en todo el año 2019 "no se han registrado acciones terroristas" por parte de este grupo. Es más, según se desprende del Informe Anual del Ministerio Público publicado este lunes, no ha cometido ningún atentado desde el artefacto explosivo detonado en el Ayuntamiento de Baralla (Lugo) en 2014.

De acuerdo con el documento de Fiscalía, dado a conocer con motivo de la apertura del año judicial 2020/2021, la labor policial y judicial "ha producido una importante merma" en las "estructuras operativas" de Resistencia Galega, que se dio a conocer en el 2005.

No obstante, en el mismo Informe Anual, recogido por Europa Press, se señala que "a pesar de la debilidad mostrada" por la organización, esta "continúa representando una amenaza". Así, recuerda las detenciones de los "máximos responsables" del grupo, que se produjeron en Vigo el 15 de junio de 2019 --tres por un delito de pertenencia a organización terrorista, uno por colaboración con organización terrorista y otro por daños a vehículos--.

"Tras esta operación se da por desarticulada casi al completo la organización", añade la Fiscalía General del Estado.

Actualmente, hay ocho personas --dos más que en el informe del año anterior-- que cumplen penas de prisión por su vinculación a Resistencia Galega, de los que cinco se consideran integrantes del denominado Colectivo de Presos Independentistas Galegos (CPIF).

Cabe resaltar, señala también Fiscalía, que el grupo no ha emitido ningún comunicado ni ha editado ningún número de su revista, 'A Guerrilheira', desde 2016. En esta publicación, recoge el documento, se trataba de "concienciar al independentismo radical de que la lucha armada era un instrumento necesario para alcanzar una Galicia independiente".

TERRORISMO ANARQUISTA

Aparte de la acción de Resistencia Galega, el Informe Anual de la Fiscalía General del Estado recoge la detención de una persona en Lugo por un delito de atentado contra agentes de la autoridad dentro del llamado "terrorismo anarquista", que en toda España opera a través de acciones individuales y grupos adheridos a la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI).

Los objetivos atacados en 2019 en todo el Estado fueron principalmente cajeros automáticos, entidades bancarias, vehículos de inmobiliarias y empresas de seguridad, así como vehículos y motos eléctricas de alquiler de empresas dedicadas a ello, sedes de partidos políticos e iglesias.

Aunque la actividad violenta el año pasado, destaca Fiscalía, "se focalizó en Madrid y Barcelona", hay otras áreas geográficas donde se hallan actualmente "los principales focos de activistas insurreccionales, teniendo incidencia en cinco ocasiones en A Coruña".

Concretamente, además de una persona detenida en Lugo, se registraron en la Comunidad gallega cuatro acciones contra la propiedad --tres en Santiago y una en A Coruña--, y una quinta contra la propiedad pública en Santiago.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada destaca que en 2019 se ha dado un incremento en el número de procedimientos penales incoados y un descenso en el de diligencias de investigación. Así, los primeros han pasado de 678 en 2018 a 746 en 2019, mientras que se iniciaron 26 investigaciones penales en 2019 frente a las 38 de 2018.

Según refleja la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2019, a esa cifra se debe añadir 46 diligencias de investigación que se encontraban en trámite a 31 de diciembre de 2018, lo que implica que durante el 2019 se estuvieron tramitando un total de 72 diligencias de investigación.

Por otro lado, sobre el número de escritos de acusación, la cifra (40) es similar a la de 2018. Apuntan que han crecido las sentencias condenatorias dictadas en primera instancia en procedimientos en los que ha intervenido Anticorrupción (39), frente a las 28 del año pasado.

Además, desde Anticorrupción destacan que en 2019 se registraron 2.828 escritos y denuncias ante la Fiscalía frente a 2.736 del año 2018. Sobre los registros de salida, apuntan que fueron 7.323, frente a los 8.179 del año 2018.

ESCRITOS DE ACUSACIÓN

En cuanto a los escritos de acusación, indican que en 2019 se formularon hasta 40, uno menos de los presentados en 2018. "Es de resaltar que los tipos penales por los que se formuló más frecuentemente una acusación fueron los delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y el contrabando (33), los de malversación de caudales públicos (28), los de prevaricación administrativa (25), los de blanqueo de capitales (17), fraude contra la Administración (9), cohecho (9) y los de defraudaciones (8)", añaden.

En el apartado de recomendaciones de la Fiscalía Especial, destacan la necesidad de contar con un nuevo marco procesal en el que los fiscales asuman la investigación de as causas penales y ven imprescindible que se dé una mejora de los cauces de detección de la corrupción en España. Lamentan que las peticiones al respecto de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la OCDE o de organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional "siguen sin ser atendidas por el legislador.

También insisten como en memorias de años anteriores en que los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción estén aforados ante el Tribunal Supremo, y que asuman además nuevas funciones en materia de cooperación internacional, concretamente sobre las extradiciones y las órdenes europeas de detención y entrega.

En este orden de cosas, reclaman también la tipificación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito ya que "colmaría las pocas lagunas punitivas que todavía en materia de corrupción quedan en el Código Penal".

PROTECCIÓN DE INFORMANTES

Por otro lado, celebran que haya visto la luz la Directiva del Parlamento Europeo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Apuntan que garantizará una protección en toda la UE para los informantes que notifiquen infracciones de la legislación de la UE entre otras, en materia de contratación pública, servicios financieros y blanqueo de capitales.

Recuerdan al hilo, que esta directiva se aplicará a todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros, las cuales deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades.

"La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés público. Por lo tanto, contempla salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación", añaden.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha sentado este lunes con sus once conselleiros en el primer Consello de la Xunta de un cuarto mandato que, según ha ratificado el propio mandatario autonómico, tendrá combatir la COVID-19 en su perspectiva sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales como "prioridad" transversal.

La reunión de esta jornada, habitual tras cada toma de posesión, tiene un carácter sobre todo simbólico. Fuentes de la Xunta consultadas, como es habitual, habrá que esperar a la próxima reunión ordinaria del Consello que tocaría el próximo jueves para que se cierren los primeros acuerdos.

En esta coyuntura, la cita de este lunes ha servido como toma de contacto, aunque Feijóo advirtió en la toma de posesión de los conselleiros que la coyuntura de la pandemia pone la mesa tareas "urgentes" y no habrá "cien días" de margen, como es habitual.

Así, al margen del reto global de la pandemia "en todas sus vertientes", el presidente ya ha marcado algunas prioridades para su nuevo equipo, al que ha advertido de que ser conselleiro "no es un regalo, ni un premio, ni un cheque en blanco", sino una responsabilidad. Este mismo lunes insistió, por ejemplo, en que el diálogo será fundamental.

Al respecto, ya ha anunciado su intención de impulsar en el Parlamento una comisión para tratar de sentar las bases, entre todas las fuerzas políticas, de un pacto por la reactivación de Galicia. Y ha dicho que entre sus primeras medidas estará convocar la Mesa del Diálogo Social.

PRESUPUESTOS, REGRESO A LAS AULAS Y LA "RENOVACIÓN" DEL SERGAS

Tras la salida de Jesús Vázquez Almuiña y Carmen Pomar del Ejecutivo, el nuevo responsable de la cartera de Sanidade, Julio García Comesaña, y Román Rodríguez, que vuelve a ocuparse de las competencias educativas reagrupadas con las culturales, tendrán los focos sobre su gestión.

García Comesaña dirigirá Sanidade en un escenario de pandemia. Para hacerlo, previsiblemente se adaptará la estructura sanitaria de la Administración. Entre otras cuestiones, Feijóo anunció su intención de "reforzar" el área de Saúde Pública. Y tendrá un reto a cuatro años vista: acabar la "renovación integral" del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

En el apartado de tareas "urgentes" está también el arranque del nuevo curso escolar, con la comunidad educativa muy crítica y preocupada ante la incertidumbre de una vuelta a las aulas marcada por la COVID, y una huelga ya anunciada.

Además, entre otros retos inmediatos, está también la elaboración de los presupuestos para el año próximo, cuestión en relación a la que Feijóo se ha quejado reiteradamente de la falta de "información" sobre los recursos de los que dispone por parte del Gobierno central.

Los españoles mayores de 18 años consumieron en julio 2020 un total de 4 horas y 37 minutos (277 minutos) de contenidos audiovisuales, ya sea por televisión o internet, desde el ordenador o el móvil, un descenso de 33 minutos (-11%) con respecto al mes de junio.

Así se desprende del 'Informe TV: El Rosco del Consumo Audiovisual', correspondiente al mes de julio de 2020 de Barlovento Comunicación, con datos de Kantar y Comscore.

Asimismo, el estudio apunta el 86% del consumo total se refiere a tiempo dedicado a televisión y el 14% a Internet. Youtube representa el 12% de todo el consumo audiovisual, con 33 minutos por persona al día.

Por edades, los jóvenes de entre 18 a 24 años, dedicaron 3 horas y 5 minutos (185 minutos) a consumir contenido audiovisual en el mes de julio, lo que supone un descenso de 20 minutos (-10%) en la comparativa con el mes anterior. En este grupo, la cuota de Youtube asciende al 38%, con 71 minutos de consumo diarios por persona.

Respecto a los adultos de 25 a 44 años, el estudio muestra que el consumo audiovisual diario en julio 2020 fue de 3 horas y 40 minutos (220 minutos) de promedio por persona, 31 minutos menos (-12%) que en el mes de junio. El consumo de Youtube fue de 51 minutos, lo que supone el 23% del total.

En el caso de los maduros de 45 a 54 años, el consumo audiovisual diario registrado en julio fue de 4 horas y 35 minutos (275 minutos) de promedio por persona, 32 minutos menos que en junio. El consumo de Youtube es de 30 minutos, el 11% del total.

Sobre los mayores de 55 años, el consumo audiovisual diario fue de 5 horas y 40 minutos (340 minutos) de promedio por persona, merma de 40 minutos en relación al mes de junio. El visionado a través del televisor supone el 96% del total, mientras que el restante 4% es a través del ordenador o el móvil. El consumo de Youtube es de 12 minutos, lo que representa el 4% del total.

A lo largo de 2019 se han producido un total de 695 accidentes laborales mortales, de los cuales 542 fueron en jornada de trabajo y 153*''in itinere' según refleja la última memoria de la Fiscalía General del Estado, dada a conocer este lunes.

Sin embargo, a efectos de cómputo de fallecidos que, potencialmente pudieran dar lugar a infracciones penales relacionadas con la siniestralidad laboral, el número sería de 281, aunque a esa cifra habría que detraerle una cifra indeterminada sobre los 84 accidentes de tráfico que no tendrían esta consideración.

Según el análisis de la Fiscalía en el año 2015 se producían 3,6 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes dados de alta en la Seguridad Social y con las contingencias por accidentes laborales cubiertas, en el año 2019 han sido 3,08 por los 3,59 acaecidos en el año 2018. Hay que tener en cuenta que, mientras en el año 2018 la población afiliada a la Seguridad Social fue de 15.635.806 trabajadores, en el año 2019 a fecha de diciembre eran 16.125.196.

No obstante en cifras globales, esto es, sumando los accidentes mortales, los que han ocasionado lesiones graves y aquellos que únicamente han dado lugar a lesiones leves, se está en presencia del mayor número de accidentes del último lustro, culminando una secuencia ascendente iniciada en el año 2015.

Así, en el año 2019 se han producido 517.404 accidentes laborales en total, por los 508.960 del año 2018 y los 458.023 del 2015, un dato que para la fiscalía es "ciertamente ciertamente preocupante". Por el contrario, si nos atenemos a las cifras que suponen los accidentes que ocasionan lesiones de mayor gravedad, observamos una cierta disminución que, en el caso de los accidentes mortales, se podría calificar de "sensible", a juicio de la Fiscalía.

A lo largo de 2019 las citadas estadísticas presentan una modificación significativa, ya que se ha dado un nuevo enfoque a la definición del accidente mortal, contabilizándose como tales todos los fallecimientos que se hayan producido en el plazo de un año a contar desde la fecha del accidente, con independencia de la gravedad inicial.

NUEVO CÓMPUTO POR RECOMENDACIONES DE OIT

El motivo de esta modificación deriva de una mejor adaptación a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la par que esta definición es la que se maneja en la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo.

Con anterioridad, tenía la consideración de accidente mortal aquel que constaba como tal en el parte de accidente de trabajo. Este cambio de valoración afecta al estudio comparativo que se realiza entre los años 2018 y 2019, porque las cifras del año 2018 se han modificado, en relación a las que constaban en el anterior ejercicio, para que coincidan con las directrices del nuevo cómputo.

Así, por los 540 accidentes mortales ocurridos en el año 2018 --con el anterior cómputo fueron 506--, en el año 2019 han sido 475 los trabajadores fallecidos en jornada de trabajo, es decir, 65 menos que el año anterior, o lo que es lo mismo un -12 % menos. Por su parte, los accidentes graves contabilizados en el año 2018 fueron 3.573, por los 3.449 del año 2019, lo que supone una disminución de 124 accidentes, es decir un descenso del 3,5 %.

EL SECTOR SERVICIOS, EL MÁS ACCIDENTADO

También resulta de interés para la Fiscalía el conocimiento de cuál de los sectores productivos alcanza un mayor índice de accidentes mortales y, sobre todo, determinar si estos sufren alteraciones significativas en los sucesivos años.

La comparativa entre los dos últimos años nos muestra como en el año 2018 el sector servicios fue el que más accidentes mortales presentó con 284, el segundo fue la industria con 102 fallecidos, a continuación, el sector construcción con 95 óbitos y, finalmente, el agrario con 59.

Por su parte, el año 2019 muestra la siguiente panorámica: el sector servicios mantiene el primer lugar con 228 fallecidos, le sigue la industria con 103 muertes, el sector de la construcción con 99 accidentes mortales, ocupando el último peldaño el agrario con 45 fallecidos.

Sin embargo, lo realmente significativo para la Fiscalia es el potente descenso de fallecidos en el sector servicios, disminuyendo en 56 (-19,7 %). El segundo peldaño lo ocupa nuevamente el sector industria con 103 accidentes morales, incrementándose en un trabajador fallecido (+1 %); mientras El tercer escalón lo ocupa, otra vez, la construcción con 99 decesos, esto es, se incrementan en 4 los fallecidos (+4,2 %) respecto al último ejercicio..

En último lugar, un año más se encuentra el sector agrario, que en el año 2018 sufrió 59 fallecidos, mientras que en el 2018 han sido 45, un descenso de 14 muertes (-23,7 %).

La observación del anterior cuadro pone de manifiesto cómo, a pesar de que, en cifras globales, tanto la industria como la construcción habían incrementado el número de fallecidos respecto del 2018, a la hora de trasponer dichos números con su incidencia respecto de la población afiliada a la Seguridad Social con las contingencias por accidentes de trabajo específicamente cubiertas, todos los sectores disminuyen dicha incidencia, según analiza la Fiscalía

Por otra parte, la Memoria de la Fiscalía hace nuevamente hincapié sobre los problemas jurídicos que plantean los procedimientos de enfermedad profesional, lo que supuso que las jornadas de especialistas del año 2019 tuvieran como eje central del estudio de estos.

En convocatoria extraordinaria celebrada a primera hora de la tarde, el Consejo de Gobierno se ha reunido por videoconferencia para aprobar medidas específicas de prevención sanitaria en Alfaro ante la evolución del COVID-19 en la localidad en las últimas semanas. Ante ello, se ha restringido durante siete días la movilidad en Alfaro para interrumpir la transmisión del coronavirus.

Con 264 casos activos, el municipio concentra aproximadamente un 27,5 por ciento del total de casos activos de COVID-19 que hay actualmente en La Rioja, tras haberse detectado 233 nuevos positivos en la Campaña de Cribado Perimetral realizada la semana pasada en la localidad.

La principal medida acordada hace referencia a la restricción de movimientos de entrada y salida de personas de Alfaro, salvo en los desplazamientos debidamente justificados, como causas laborales o profesionales, cuidado de personas vulnerables, asistencia a centros sanitarios o de enseñanza obligatoria u otros motivos de fuerza mayor, además del retorno al lugar de residencia habitual.

Asimismo, y teniendo en cuenta el riesgo de contagio de la enfermedad en las actividades en las que coinciden agrupaciones de personas, se establecen las siguientes medidas en el municipio:

Se suspenden todas las actividades en los establecimientos de hostelería y restauración, excepto aquéllas de alojamiento, preparación y distribución de comida a domicilio y de servicio en terrazas.

El cierre de las zonas comunes de los alojamientos.

Se suspende todas las actividades deportivas colectivas.

Se suspenden todas las actividades en centros y establecimientos deportivos, culturales, artísticos, recreativos, de espectáculos y ocio que concurran en espacios cerrados.

Se suspenden las actividades en las academias que imparten enseñanza no reglada.

También se restringe a un máximo de 10 personas el número de asistentes en bodas, bautizos, comuniones, velatorios, funerales, entierros y celebraciones religiosas.

Además, se recomienda a los vecinos de la localidad limitar sus contactos sociales al mínimo imprescindible.

Está previsto que estas medidas entren en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del 8 de septiembre, y estén vigentes durante los próximos siete días. El Acuerdo de Gobierno también contempla su prórroga si la situación epidemiológica en la localidad no mejora.

Para la consejera de Salud y portavoz del Gobierno, Sara Alba, "ante la situación excepcional y preocupante que se vive en Alfaro, ha sido imprescindible actuar de manera localizada. Es una medida imprescindible para responder contundentemente al avance del coronavirus en toda la comunidad en las últimas semanas. Ahora está sucediendo en Alfaro, pero es una situación que puede reproducirse en otras localidades. Si no nos anticipamos y atajamos con determinación estas situaciones concretas en cualquier localidad en la que puedan llegar a producirse, está en peligro la reconstrucción de toda la comunidad y eso es algo que los riojanos no nos podemos permitir".

FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS

En esta reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, también se ha acordado ampliar algunas de las medidas aprobadas el pasado 1 de septiembre para facilitar su implantación en determinados sectores de actividad y armonizar la recuperación de la actividad económica, el bienestar social y la imprescindible prevención sanitaria.

Principalmente, estas modificaciones hacen referencia al número máximo de asistentes y aforos permitidos en algunas actividades concretas, siempre que se garantice la distancia interpersonal de 1,5 metros, las medidas de higienes, la ventilación adecuada y el uso de la mascarilla.

Estas son sus principales modificaciones:

No habrá un número máximo de personas que puedan concurrir en espacios abiertos o cerrados destinados a hostelería y en cualquier otro establecimiento que ofrezca servicios de restauración. Además, los baños y aseos de estos locales deberán ser limpiados y desinfectados al menos cuatro veces al día.

Tampoco habrá número máximo de asistentes en las celebraciones tras las ceremonias religiosas o civiles, siempre que no se supere el aforo máximo del 50% establecido el 1 de septiembre.

Para homogeneizar sus medidas de prevención sanitaria con las implantadas en los centros de formación reglada, se eliminan las limitaciones de aforo en las actividades presenciales de academias, autoescuelas y otros centros de formación.

Se eliminan también las restricciones del número de asistentes en los locales de juegos y apuestas y en los congresos, encuentros o reuniones de negocio, manteniendo sus respectivos aforos máximos en el 50% y 75%, respectivamente.

Por otra parte, se amplía al 50 por ciento el aforo máximo en los lugares de culto y en los velatorios y entierros que se realizan en espacios cerrados.

También se incrementa a un máximo de 30 personas el número máximo de las personas que pueden realizar entrenamientos de actividades deportivas federadas de competencia autonómica en espacios deportivos.

En plazas de toros, recintos e instalaciones se sustituye el aforo máximo del 50 por ciento por la asistencia de un máximo de 1.000 personas.

La Memoria del Ministerio Público repasa operaciones contra los CDR y empleados públicos que buscan el "control efectivo del territorio"

La Memoria de la Fiscalía de 2020 incluye al "movimiento violento independentista catalán" entre las amenazas terroristas del último año en un repaso a diferentes operaciones de la Audiencia Nacional contra los Comités de Defensa de la República (CDR) o las indagaciones sobre una "organización clandestina liderada por empleados públicos, denominada CNI catalán", que tiene como fin la movilización para "obtener y mantener el control efectivo del territorio y conseguir la proclamación efectiva de la república en Cataluña".

En el documento, presentado este lunes durante la apertura del año judicial se repasa la situación del terrorismo nacional mencionando a ETA y otras organizaciones como el GRAPO o el anarquismo insurreccional, deteniéndose a continuación en las diferentes "actuaciones contra el independentismo violento en Cataluña".

La Fiscalía que dirige Dolores Delgado, exministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, repasa la operación del pasado septiembre con nueve detenidos por su vinculación a los Comités de Defensa de la República (CDR), y más concretamente con el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos.

De ellos dice que "presuntamente estaban en fase de preparar acciones violentas", usando para ello sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos. También se menciona los "graves disturbios" derivados por la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en octubre en la que se condenó por sedición y malversación a los líderes del 'procés'.

"Dentro de ciertos sectores del independentismo se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes dinámicas, especialmente a través de la plataforma Tsunami Democràtic, sirviéndose de la inmediatez, alcance y privacidad de los canales de mensajería instantánea (fundamentalmente Telegram)", recoge la Memoria, que recuerda el intento de paralizar el aeropuerto de Barcelona y los ataques a edificios públicos y policiales.

DE LA OPERACIÓN CADERA A JUDASCAT

En concreto, se cita diferentes operaciones contra el independentismo violento en Cataluña como la 'Operación Cadera', centrada en la relación de los CDR con otros "grupos, organismos e instituciones que buscan la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña fuera de las vías constitucionales".

Se les relaciona con diferentes altercados y la Fiscalía remite al resultado del equipo de análisis coordinado, bajo el Juzgado Central número 6 que dirige Manuel García-Castellón, integrado por la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra para analizar todas las pesquisas sobre los altercados más relevantes desde 2017, año en el que se llevó a cabo la consulta ilegal.

A continuación se cita la 'Operación Apóstolcat' que, dice la Memoria, "investiga la existencia de una organización clandestina liderada por empleados públicos catalanes, denominada CNI catalán, que estaría dinamizando varias iniciativas tendentes a la desconexión del 'estado catalán' mediante la creación/regeneración de estructuras paralelas de Estado de una república catalana digital".

De este llamado CNI catalán dice la Fiscalía que se encargaría además de "planificar y, llegado el caso, ejecutar ciertas acciones multitudinarias y otras acciones con la finalidad de tomar el control del territorio".

La investigación, también del Juzgado Central número 6, ha permitido según el Ministerio Público "observar y detectar los contactos y reuniones entre distintos sectores del movimiento independentista, de los que se infiere una intensa actividad con el fin de movilizarlos para obtener y mantener el control efectivo del territorio y conseguir la proclamación efectiva de la república de Cataluña".

La Fiscalía continúa citando la 'Operación Judascat', la de los nueve CDR detenidos, de la que dice que "en la actualidad se continúa investigando a varios individuos que se encontraban directamente implicados en las actividades investigadas y cuya participación trascendió de la mera vinculación".

La 'Operación Tadeo', como las otras del Juzgado Central número 6, indaga finalmente la "composición e implicación de un grupo de individuos que habrían sido señalados por la investigación llevaba a cabo a raíz de las detenciones de 'Judascat' como un segundo núcleo productor de la sustancia denominada Termita".

La Memoria de 2020 también destaca el nacimiento en el País Vasco de grupos como "ANC de Euskalerría y los CDR de Gasteiz y Gipuzkoa", de los que dicen que son "principales dinamizadores de actos en apoyo al proceso secesionista catalán y a sus presos".

La Fiscalía General del Estado ha constatado el cambio de tendencia iniciado el año pasado respecto a la reducción de la ocupación ilegal de viviendas, un dato que considera que "contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación".

Así consta en su memoria anual correspondiente al ejercicio 2019, en la que explica que sigue produciéndose una línea descendente, aunque muy leve, en las incoaciones de este delito, con una disminución el año pasado del 0,75%.

No obstante, admite que las calificaciones por ocupación sí se elevaron "un poco", con un aumento del 4,5% respecto al anterior ejercicio, aunque afirma que "se puede constatar la consolidación de un cambio en la tendencia".

Asimismo, en cuanto a la proporción entre ambas cifras, en el último año se observó un "levísimo" aumento que va del 2% del año anterior, hasta el 2,2% a finales de 2019, en los procedimientos incoados que son calificados por el fiscal.

Pese a que defiende que estos datos confirman la tendencia de reducción iniciada en 2018 respecto a los delitos de ocupación, sí señala que este dato "contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación", que en las últimas semanas ha irrumpido en el ámbito mediático.

En cuanto a la distribución de las calificaciones por estos delitos en los distintos procedimientos, los urgentes representaron el 14% del total, mientras que los abreviados coparon el 85%. El resto, tan solo un 1%, derivó en sumarios.

AUMENTAN LOS ALLANAMIENTOS DE MORADA

Al margen de las ocupaciones, la memoria aporta datos sobre los allanamientos de morada, que es lo que más preocupa al grueso de la población, ya que supone la entrada de personas ajenas en cualquier vivienda --sea primera o no--, contra la voluntad de su propietario, un delito que derivaría en una expulsión inmediata.

Dentro de los delitos que dieron lugar a la calificación del Ministerio Fiscal en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado el año pasado, y más en concreto en las calificaciones formuladas, la delitos contra la inviolabilidad del domicilio, entre los que se incluye el allanamiento de morada, supusieron el 17% del total, cinco puntos más que el año previo.

El grupo más relevante fue el relativo a los delitos contra la vida e integridad física, que dio lugar al 40% de acusaciones, frente al 54% en 2018, y, dentro de ellos, los más numerosos fueron los de homicidio y asesinato, con 68 y 126 calificaciones, respectivamente.

Según un epígrafe incluido en la memoria del Ministerio Fiscal respecto a las calificaciones según el delito relacionadas con la violencia doméstica, de los 8.888 procedimientos que hubo el año pasado, 77 se refieren a allanamientos de morada, limitándose el número de sentencias a nueve.

El 10 de septiembre llega a Netflix 'Memorias de Idhún', la adaptación en formato anime de la exitosa trilogía literaria de Laura Gallego que se estrena tras la polémica desatada en redes sociales ante el descontento de algunos fans por la elección de los actores que ponen voz a algunos de los personajes protagonistas. Sin embargo, los creadores defienden la labor de los actores, asegurando que "se han vaciado y han hecho un trabajo muy bueno".

"Estas cosas suceden", asegura la directora Maite Ruiz de Austri en una entrevista concedida a Europa Press junto al productor Alex Barroso al preguntarle sobre la polémica que envuelve al elenco de voces principales de la serie que, salvo en el caso de Michelle Jenner, actriz con gran experiencia en el mundo del doblaje, no ha sido bien recibido por los seguidores de la saga.

"Hemos trabajado con Laura Gallego codo a codo desde el primer momento, durante dos años y cuatro meses de trabajo, en el que hemos pasado por decisiones de todo tipo".

"Desde la imagen hasta el sonido, hemos trabajado en conjunto. No se puede coincidir en todo", añade en alusión al comunicado publicado hace unos días por la propia autora en el que Gallego aseguraba que no eran las voces que ella se había imaginado para sus personajes.

"Ha sido un proceso en el que hemos hecho muchísimas pruebas y finalmente hemos decidido que esta era la mejor opción", apunta.

Eso sí, pese al descontento de algunos fans, la directora lo tiene claro. "Los actores se han vaciado", asegura refiriéndose a la pasión con la que Itzan Escamilla, Michelle Jenner, Sergio Mur y el resto de actores han abordado a los personajes de Memorias de Idhún. "Han hecho un trabajo serio y muy bueno y yo creo que están muy bien. Y que van a gustar, en cuanto la gente tenga la oportunidad de ver su trabajo", promete.

Por otro lado, y pese al comunicado publicado por Laura Gallego en su página web, en el que se refería a otros actores como una primera y consensuado elección, el productor de la serie, Alex Barroso, ha explicado que en realidad nunca hubo un primer equipo de dobladores profesionales, sino que hubo "un proceso de casting muy largo, en el que se valoraron muchas voces, entre ellas las de actores profesionales de doblaje, y otras de actores que no suelen hacer doblaje".

"Y al final la decisión fue la que ha acabado siendo, pero nunca hubo un primer y luego un segundo casting", argumenta Barroso.

"Como decía Maite, no siempre se puede estar al 100% de acuerdo en todo, y hemos tenido la suerte de que éste ha sido casi el único tema en el que hemos tenido una diferencia de opinión con Laura.

Yo espero que la gente vea la serie, que les puede gustar o no, porque hay cosas que son gustos personales, pero los actores han trabajado muy duro, se lo han tomado muy en serio, y ha habido un trabajo de muchos profesionales detrás", sentencia el productor.

¿POR QUÉ ANIME Y NO IMAGEN REAL?

En cuanto a por qué llevar esta historia a la pantalla en una serie de animación y no imagen real, la idea que más pesó "es que ya había un trabajo previo", argumenta la directora. "Ya hay un cómic de Estudio Fénix en el que ya se había concretado como eran los personajes y los decorados, tanto en el mundo real como en Idhún o Limbhad. El siguiente paso era hacer una serie de animación, mover a esos personajes que se habían diseñado", recuerda.

Maite Ruiz continúa explicando que, pese a que ya existía un trabajo previo adaptando las novelas de Laura Gallego, han hecho un segundo "trabajo de adaptación" en cuanto a que han desarrollado la personalidad y los movimientos de todos los protagonistas.

"Nos hemos basado en los diseños del cómic, y a partir de ahí hemos creado algo completamente distinto, más anime. Pero ese es el motivo", sentencia la directora. Un argumento que el productor complementa recordando que "desde un principio ya tenían la idea de una serie de animación en formato anime". "Era lo que queríamos hacer", zanja.

FIEL A LAS NOVELAS

Por supuesto, adaptar una saga de fantasía tan ambiciosa como es 'Memorias de Idhún' no es tarea fácil, pero Maite Ruiz agradece haber contado siempre con la colaboración de Laura Gallego. "Yo conozco bien el mundo de Idhún, porque soy fan, pero siempre había cosas que ella te comentaba y te ampliaba la visión. No puedo hablar de dificultades", dice la directora, agradecida de la labor de la autora.

"Ha sido muy interesante trabajar con alguien que previamente ha creado a los personajes y su mundo", añade antes de asegurar que la serie de Netflix es "una adaptación fiel hasta el punto de que todo lo que aparece en los libros sale en la serie". "Pero Laura se ha tomado algunas licencias con el guion. Pequeñas sorpresas que, si eres fan de 'Memorias de Idhún', te van a gustar", promete.

La primera temporada de Memorias de Idhún se estrena en Netflix el jueves 10 de septiembre, con un total de cinco episodios que adaptan 'La Resistencia', primero de los tres libros de Laura Gallego.

Una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono proviene de las cadenas de suministro globales de las empresas multinacionales.

según un nuevo estudio dirigido por el University College de Londres (UCL) y la Universidad de Tianjin, en China, que muestra el alcance de la influencia de las multinacionales en el cambio climático.

El estudio, publicado en 'Nature Climate Change', mapea las emisiones generadas por los activos y proveedores de multinacionales en el exterior, y encuentra que el flujo de inversión es típicamente de países desarrollados a países en desarrollo, lo que significa que las emisiones se subcontratan de hecho a las partes más pobres del mundo.

La investigación muestra el impacto que pueden tener las multinacionales fomentando una mayor eficiencia energética entre los proveedores o eligiendo proveedores que sean más eficientes en carbono. Los autores propusieron que las emisiones se asignen a los países de donde proviene la inversión, en lugar de a los países donde se generan las emisiones.

El profesor Dabo Guan, de la Bartlett School of Construction & Project Management del University College de Londres, explica que "las empresas multinacionales tienen una enorme influencia que se extiende mucho más allá de las fronteras nacionales. Si las principales empresas del mundo ejercieran su liderazgo en materia de cambio climático, por ejemplo exigiendo eficiencia energética en sus cadenas de suministro podrían tener un efecto transformador en los esfuerzos globales para reducir las emisiones", asegura.

"Sin embargo, las políticas de cambio climático de las empresas a menudo tienen poco efecto cuando se trata de grandes decisiones de inversión, como dónde construir cadenas de suministro --prosigue--. Asignar emisiones al país inversor significa que las multinacionales son más responsables de las emisiones que generan como resultado de estas decisiones".

El estudio encontró que las emisiones de carbono de la inversión extranjera de las multinacionales cayeron de un pico del 22% de todas las emisiones en 2011 al 18,7% en 2016. Los investigadores dijeron que esto era el resultado de una tendencia de "desglobalización", con el volumen de reducción de la inversión directa, así como nuevas tecnologías y procesos que hacen que las industrias sean más eficientes en carbono.

Al trazar un mapa del flujo global de inversión, los investigadores encontraron aumentos constantes en la inversión de los países desarrollados a los países en desarrollo.

Por ejemplo, entre 2011 y 2016 las emisiones generadas a través de la inversión de Estados Unidos a la India aumentaron casi a la mitad (de 48,3 millones de toneladas a 70,7 millones de toneladas), mientras que en los mismos años las emisiones generadas a través de la inversión de China en el sudeste asiático se multiplicaron por diez (de 0,7 millones de toneladas a 8,2 millones de toneladas).

El autor principal, el doctor Zengkai Zhang, de la Universidad de Tianjin, señala que "las multinacionales están transfiriendo cada vez más inversiones de los países desarrollados a los países en desarrollo. Esto tiene el efecto de reducir las emisiones de los países desarrollados al tiempo que coloca una mayor carga de emisiones en los países más pobres. Al mismo tiempo, es probable que genere mayores emisiones en general, ya que la inversión se traslada a regiones más 'intensivas en carbono'".

La Fiscalía General del Estado ha advertido en su Memoria de 2019, publicada este lunes 7 de septiembre, de un "alarmante incremento" de la violencia entre los menores en el ámbito sexual y, en concreto de las conductas realizadas en grupo.

"Se viene detectando un alarmante incremento de las ideas sexistas y de la violencia entre los menores y adolescentes en el entorno familiar, pero también y especialmente en el ámbito sexual, conductas realizadas en grupo y a menudo grabadas y difundidas a terceros", señala la Fiscalía.

Esta práctica, según precisa la Fiscalía, citando a expertos, está "anudada al uso de la pornografía a través de las redes desde tempranas edades, donde se representa a la mujer cosificada".

Se trata de un escenario que, según añade, "hay que abordar principalmente desde el ámbito educacional, donde madres, padres y administraciones deben unirse en un frente común para asegurar la transmisión de los valores de la igualdad, la dignidad, el respeto a uno mismo y al otro y la no discriminación".

En concreto, sobre los menores de 14 años, para la Fiscalía, resulta "verdaderamente preocupante" la implicación creciente en delitos de violencia filio parental y, más aún, en delitos contra la libertad sexual.

CASI 2.000 PROCEDIMIENTOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

En líneas generales, los delitos contra la libertad sexual, según ha destacado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, han registrado un "importante incremento".

En concreto, el año pasado se incoaron 1.934 procedimientos frente a los 1.833 de 2018; los 1.386 de 2017; los 1.271 de 2016 y los 1.081 de 2015. Diferenciando por tipos, el incremento apreciado se debe, apunta el informe, a la subida de los abusos sexuales, puesto que las agresiones sexuales contabilizadas han descendido.

Así, en 2019 las agresiones sexuales contabilizadas son 564, por las 648 de 2018; por las 451 de 2017; o las 476 de 2016.; mientras que los abusos sexuales siguen ascendiendo: 664 (2015); 795 (2016); 935 (2017); 1.185 (2018) y 1.370 de 2019. El Ministerio Fiscal señala que este aumento se debe a la reforma del Código Penal que elevó de trece a dieciséis años la edad para prestar consentimiento en las relaciones sexuales.

Del mismo modo, el departamento de Delgado trae a colación las observaciones de la Fiscal Delegada de Navarra, que incide en que tal aumento de denuncias no se corresponde con un correlativo incremento de sentencias condenatorias. Y ofrece datos: de las 45 diligencias preliminares incoadas terminaron 27 en expediente y se condenó a medidas en 3, estando otros 4 más en trámite.

Del resto, diez denuncias se archivaron pues los denunciados tenían menos de catorce años. En cuanto a los casos restantes que también se archivaron, la mayoría fue por aplicación de la excusa absolutoria del Código Penal, "al ser denunciados y víctimas menores de 16 años".

EL AÑO DE LA RESOLUCIÓN DE 'LA MANADA'

Para los expertos en esta materia, el fenómeno resulta "muy preocupante", que consideran "un problema educativo en su origen". La Fiscal Delegada de Sevilla advierte de que, fuera de los casos de delitos contra la libertad sexual claramente violentos, en el resto de menores denunciados se aprecian graves carencias de formación en materia sexual, más allá del simple aprendizaje sobre reproducción humana y prevención de embarazos o enfermedades de transmisión sexual.

Finalmente, el Ministerio Fiscal destaca que estas cifras se registran en el año en el que se resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal en el caso conocido públicamente como de 'La Manada', que reiteró la petición que presentó la Fiscalía de Navarra en el sentido de solicitar una condena para cada uno de los acusados de 18 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual recogido en los artículos 178, 179, 180.1 y 74 del Código Penal, inhabilitación absoluta, así como 10 años de libertad vigilada y prohibición de acercamiento a la víctima durante 20 años.

"El Ministerio Fiscal había sostenido siempre que los hechos enjuiciados se realizaron mediante una intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima, de donde se concluía que la calificación jurídica correcta era la de agresión sexual", apunta la Fiscalía.

Del mismo modo, recuerda que la Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencia dictada con fecha 4 de julio de 2020 acogió esta tesis en una sentencia que ha calificado de "suma trascendencia", por cuanto "revaloriza el testimonio de la víctima frente a la pretensión de que esta haya de reforzar su palabra con actos o actitudes" que "no pueden sino poner en riesgo su integridad física, consolidando así de manera clara el concepto de consentimiento defendido por la Fiscalía".

En lo que se refiere a la jurisdicción de menores, la Fiscalía propone reformar la Ley de responsabilidad penal del menor con el objetivo de atribuir a la sección de menores de la Fiscalía General del Estado todos aquellos delitos en los que la Audiencia Nacional ejerce su función y no solamente los de terrorismo. También recomienda reformar la Ley de Extradición Pasiva.