El PP ha asegurado este miércoles que acata la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Gürtel' pero ha recalcado a Pedro Sánchez que la moción de censura que promovió contra el Gobierno de Mariano Rajoy se basó en "fundamentos no acreditados", según han informado fuentes de la dirección nacional de la formación.

En concreto, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada en mayo de 2018 por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel', en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa.

Paralelamente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha calificado de excesivo que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) diera por acreditada en su sentencia la existencia de una caja 'B' en el PP.

Minutos después de hacerse público este fallo, el PP ha expresado su respeto a las decisiones judiciales. "Acatamos la sentencia como no podía ser de otra forma, los hechos son condenables y los hechos están ahí", ha agregado.

PÁRRAFOS QUE AHORA EL SUPREMO HA ELIMINADO

Eso sí, el PP ha subrayado que la moción de censura "se fundamentaba en unos párrafos que ahora el Supremo ha eliminado". "A Pedro Sánchez le será indiferente haber sido presidente del gobierno a través de una moción injusta y basada en unos fundamentos no acreditados", han recalcado las mismas fuentes.

El PP ha indicado que Pablo Casado ya ha recordado este mismo miércoles a Sánchez, en la sesión de control al Gobierno, que llegó al poder con una moción de censura "basada en una mentira" y "dando lecciones de ejemplaridad". "El compromiso del presidente Casado con la ejemplaridad es total", han destacado los 'populares'.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha constatado una recuperación de los flujos comerciales y ha precisado que los últimos datos disponibles sobre exportación, relativos al mes de julio, constatan que la economía española ha conseguido recuperar el 80% de todo lo perdido en comercio internacional con la pandemia.

"Es innegable que en los primeros meses de la pandemia, sobre todo marzo y abril, se observa una caída de las exportaciones importante", ha reconocido Méndez, quien ha destacado la importancia de los últimos datos del comercio exterior para constatar la recuperación "mes a mes" de los flujos comerciales, especialmente desde mayo, ha precisado.

Según ha asegurado la secretaria de Estado, España está "aumentando mucho" su nivel de exportación mes a mes, por delante incluso de otros países del entorno, lo que demuestra, según sus palabras, que en el momento en el que se han vuelto a abrir las economías, las empresas españolas estaban en disposición de aprovechar la oportunidad, "de adaptarse y de volver a salir de forma inmediata".

Dicho esto y tras reconocer la "situación tan excepcional" que viven los mercados internacionales como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la secretaria de Estado ha defendido la necesidad de trabajar para que no se paren ni las exportaciones ni la atracción de inversión desde el convencimiento de que el sector exterior tiene que seguir siendo "un motor de crecimiento y de recuperación" para la economía española.

"Hay que seguir apostando por los mercados internacionales, mantenerlos abiertos y por la competitividad internacional de la economía española", ha continuado Méndez.

La secretaria de Estado se ha referido también al "contexto especialmente favorable" que se ha abierto para España y para la Unión Europea tras la publicación ayer del panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) favorable a la UE y a los países miembros del Consorcio Airbus, que da derecho a imponer aranceles sobre algunas partidas americanas.

RESPUESTA DE FIRMEZA A EE.UU. TRAS PROPUESTA OMC

En su opinión, esta medida permitirá trasladar una "respuesta de firmeza" a Estados Unidos desde el convencimiento también de que es preciso negociar, si bien no ha dudado al afirmar que tanto la UE como España están dispuestos a ejercer los derechos que ha autorizado la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un llamamiento a contribuir a rebajar la tensión comercial para favorecer unas condiciones buenas para el sector exportador español.

Xiana Méndez ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita este miércoles en Valladolid a las instalaciones de Lingotes Especiales, a la que se ha referido como una empresa "pionera" en los mercados internacionales, incluso con una "trayectoria muy temprana" para lo que era la economía española.

Por su parte, el presidente de Lingotes Especiales, Vicente Garrido Capa, ha constatado la capacidad exportadora de esta empresa vallisoletana, que vende fuera el 78% de su producción, a lo que se suma el hecho de que el 22% que se vende en España es exportado a su vez por los fabricantes de automóviles.

El PP ha exigido este miércoles en el Congreso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que presente un plan de ajuste de las cuentas públicas con vistas a corregir el déficit y a reducir el volumen de deuda pública, mientras que la ministra ha criticado el "discurso desfasado" y "austericida" de los 'populares' que, a su juicio, no se corresponde con la política de estímulos que promueve el Gobierno y en la que trabaja la Unión Europea para superar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Así, en una interpelación dirigida en la sesión de control al Gobierno del Congreso por la portavoz fiscal del PP, Carolina España, la titular de Hacienda ha subrayado que España contará con 140.000 millones de euros "puestos a disposición" para afrontar esta crisis.

Asimismo, ha cuestionado que el PP afee un aumento de gasto en los próximos Presupuestos, cuando permitirá transferir 18.000 millones a la Seguridad Social, 13.000 millones a las comunidades y 25.000 millones para impulsar la recuperación económica.

"Habla de que el gasto público es un error. ¿Cuál de los decretos aprobados por la pandemia no comparte por el gasto? ¡Si cada vez que hemos traído uno decían que era poco!", ha exclamado Montero, tras asegurar que en el PP "están nerviosos" porque "están seguros de que el Gobierno va a sacar los Presupuestos con el resto de la Cámara".

En este sentido, le ha invitado directamente a "abandonar la bronca, arrimar el hombro" y "sentarse a dialogar" con propuestas concretas "para mejorar las cuentas" y así "estar a la altura de las circunstancias y de lo que el país necesita". "¿O van a estar instalados en la bronca, el ruido, la inutilidad de la oposición y en la pataleta que llevan sufriendo desde que este Gobierno se constituyó? Si es así, espabilen. Quedan cuatro años", ha aseverado.

"ANTES DE SUBIR LOS IMPUESTOS, AJÚSTENSE EL CINTURÓN"

Todo ello después de que la diputada Carolina España reclamara al Ejecutivo que "antes de subir los impuestos", "se ajusten el cinturón" en el Gobierno, mejore la eficiencia del gasto, reduzca la deuda, y aclare cómo piensa "cuadrar" las cuentas del próximo año, ante un desplome de los ingresos del 16%.

"¿Qué subida de impuestos están barajando que no se atreven ni a contarnos?", le ha inquirido, acusándole de "ocultismo" y advirtiéndole que, si busca centrarse en grandes patrimonios, "no hay tanto rico para tanto déficit".

Asimismo, le ha instado a presentar, como reclama la AIReF, un plan de ajuste para reequilibrar el desfase de las cuentas, asegurando que, sin él, "no hay credibilidad, no habrá inversiones y se pondrá en riesgo el Estado del Bienestar". "Los excesos del presente serán los recortes del futuro", ha espetado.

Para España, "no hay ninguna razón para el optimismo", el país "se está quedando atrás" y se presenta "como el enfermo de Europa, económicamente hablando". "Están hundiendo de nuevo a España", ha espetado, asegurando que "Zapatero es un angelito a su lado".

MONTERO: "MENOS MAL QUE ESTAMOS, DAN MIEDO"

"¿No le da vergüenza hacer la interpelación que ha hecho?", ha preguntado Montero en su réplica, acusando al PP de "intentar ahuyentar la inversión" y "aprovechar la pandemia para provocar un desgaste" a un Gobierno que, ha dicho, "se está dejando la piel para salvar la vida a los ciudadanos.

"Menos mal que estamos, dan miedo", ha abundado, asegurando que la actitud del PP "disparando a toda iniciativa que el Gobierno promueve" sirve para "hacer el trabajo a la ultraderecha" y "traer más ruina", provocando que "los ciudadanos se desapeguen de la política porque no les interesa para nada los debates".

El Gobierno no espera cuestionamiento alguno por parte de la UE sobre la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han presentado el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, según han señalado fuentes del Ejecutivo.

Las fuentes han puntualizado que la reforma se ha presentado conforme a la legalidad y a los procedimientos en vigor, de manera que no es un asunto que vaya a generar debate europeo.

El Gobierno no alberga ninguna preocupación sobre la visión de las instituciones europeas en torno al Estado de Derecho en España y esgrimen, precisamente, el informe que la Comisión Europea presentó el pasado 30 de septiembre, con una buena valoración en el caso español.

Es más, desde entonces, el Ejecutivo insiste en que ese informe destacaba la necesidad de renovar el CGPJ, que está en funciones desde 2018. El rechazo del PP a nombrar nuevos miembros de la institución es el motivo que el Gobierno alega para cambiar la ley y permitir que los vocales de procedencia judicial sean elegidos por mayoría absoluta de la Cámara si no es posible alcanzar los tres quintos.

Ese informe europeo es, por lo tanto, anterior a la propuesta de reforma. El texto en cuestión menciona como "desafío" la situación del CGPJ, precisamente por estar pendiente de renovación. Eso sí, también se remite al Consejo de Europa, que ha dejado claro que estos hechos confirman la importancia de asegurar que el Consejo no se percibe como vulnerable a la politización.

Para elaborar ese informe, el Ejecutivo comunitario contó con las aportaciones que envió el Gobierno español el pasado mes de abril, unas aportaciones en las que mencionaba la exigencia de mayoría de tres quintos como una de las garantías de la independencia del CGPJ -junto a otras como el mandato de cinco años, mientras que la legislatura dura cuatro-.

"Esta exigencia de mayoría cualificada de tres quintos garantiza", dice el informe enviado por el Gobierno, "la convergencia de fuerzas políticas diversas, y evita la conformación de un CGPJ que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político".

La reforma registrada por PSOE y Unidas Podemos prevé que, si no se alcanza la mayoría de tres quintos, los 12 vocales procedentes de la carrera judicial puedan ser elegidos por mayoría absoluta -seis en el Congreso y seis en el Senado-.

En cambio, los otros ocho vocales, que son elegidos entre "juristas de reconocido prestigio", seguirán siendo nombrados por mayoría de tres quintos -cuatro por cada Cámara- porque así lo establece la Constitución.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, las fuentes consultadas este miércoles han desvinculado completamente la propuesta de reforma del CGPJ de las discusiones que están teniendo lugar en Bruselas sobre cómo vincular los pagos del Fondo Europeo de Recuperación al respeto del Estado de Derecho.

La cláusula está diseñada con la vista puesta en Hungría y Polonia, que tratan de desligar las ayudas de este requisito. En el otro extremo, los países nórdicos, el Benelux y la Eurocámara quieren una supervisión más estricta de la que ha propuesto la Presidencia alemana de la UE y tiene el aval de los Gobiernos.

Esa propuesta, que se negocia ya con el Parlamento, pone el foco en controlar si hay violaciones flagrantes en el uso y la administración de los fondos europeos, mientras el Parlamento quiere ser más ambicioso y vigilar el respeto de los valores europeos.

España apoya la propuesta alemana porque cree que es necesario encontrar un acuerdo que desbloquee la entrada en vigor de un paquete de ayudas que es clave para España y a la vez un hito en la construcción europea.

El Gobierno Vasco comenzará este jueves en el vertedero de Zaldibar una fase "decisiva" para encontrar al trabajador Joaquín Beltrán, que todavía se encuentra sepultado entre los escombros de la escombrera que se derrumbó el 6 de febrero. En el mes de agosto, se localizaron los restos de Alberto Sololuze, el otro operario desaparecido, según ha recordado el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

En declaraciones a Onda Vasca Erkoreka ha destacado que, a partir de este 15 de octubre, se comenzará una etapa que ha calificado de "decisiva" en la búsqueda de Beltrán.

"Hemos identificado un lugar que, según las personas expertas, puede ser donde existe más alta probabilidad de que puedan encontrarse sus restos. Se piensa que, probablemente, el alud del desprendimiento le pilló en el lugar en el que fue visto por última vez", ha apuntado.

Por ello, mañana se iniciará en ese sitio la excavación y la búsqueda "directamente encaminada a la localización de sus restos". "Vamos a retirar material durante dos o tres semanas, y esperamos que en ese tiempo podamos alcanzar el objetivo podamos tener resultados positivos", ha manifestado.

De no ser así, ha señalado que todavía hay una segunda zona, contigua a la anterior, en la que también existe "una alta probabilidad" de que se pueda encontrar a Beltrán. "Pero ya tenemos perfectamente identificada la zona y un plan muy exhaustivo, muy meticuloso, para proseguir en la búsqueda con criterio científico", ha añadido.

El Gobierno de La Rioja ha acordado prorrogar las medidas preventivas hasta las 00,00 horas del 29 de octubre, debido a la alta incidencia del coronavirus, ya que la región "no está en una situación óptima", según ha apuntado la consejera de Salud, Sara Alba.

La también portavoz del Ejecutivo riojano ha dado a conocer está decisión adoptada tras la reunión del Consejo de Gobierno. Las restricciones, hoy prorrogadas, se acordaron el pasado 16 de septiembre, siendo una de las medidas más destacadas limitar a seis personas en las reuniones sociales o familiares.

Alba ha recordado que estas recomendaciones están orientadas a "reducir los contagios en las actividades en las que coinciden agrupaciones de personas, que son las que sabemos suponen mayor riesgo de transmisión de COVID-19".

La consejera de Salud ha insistido en que "no estamos en una situación óptima, ni lo estaremos mientras no alcancemos una incidencia acumulada de 60 casos por cada 100.000 habitantes, tal y como recomienda Europa, o mientras no podamos distribuir universalmente la vacuna".

Ha apuntado que "estamos en una pandemia y no podemos relajarnos, sobre todo cuando estemos con otras personas con las que no convivimos", de ahí que se haga necesario el uso de la mascarilla, así como guardar la distancia de seguridad, y hacer un buen lavado manos.

La portavoz del Gobierno ha asegurado que "no nos gusta tener que tomar estas medidas, pero la situación de la pandemia no nos deja otra opción para proteger a todos los riojanos", al tiempo que no descartan tomar otras medidas "más duras" en caso de que la evolución sea negativa.

Ha señalado que se cuenta con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "realizar una vigilancia intensiva de estas medidas, sobre todo, en los entornos considerados de mayor riesgo como espacios cerrados donde concurren muchas personas".

No obstante, Alba ha apuntado que la situación del COVID-19 en La Rioja "se mantiene estable, con una denominada meseta de la incidencia", así como ha apuntado que "gran parte de la transmisión se está haciendo en el ámbito domiciliario, y los brotes se están dando, en gran parte, en el ámbito social y familiar".

La consejera ha hecho un llamamiento a "seguir extremando la prudencia ante el coronavirus", y "muy especialmente los mayores, porque son los que más duramente padecen las consecuencias de la enfermedad".

La pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres y la pandemia ha agravado esta situación ya que "hay más pobres y son más pobres", según las conclusiones del décimo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), con datos de 2019.

El estudio, titulado 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2019' y presentado este miércoles, revela que en 2019 en España había 6,2 millones de mujeres en situación de pobreza y exclusión social en el país (26%) frente a 5,6 millones de hombres (24,6%). Es decir, que en España hay unas 640.000 mujeres más que hombres en situación de pobreza y exclusión social.

Además, el informe pone de relieve que ya antes de la crisis de la Covid-19, había más personas pobres en España y que la situación de pobreza se agrava.

En concreto, el 20,7% de la población española, es decir, unos 9,7 millones de personas, estaban en riesgo de pobreza en 2019, sin contar por lo tanto a las personas que hayan caído en esta situación a causa de la pandemia.

"No solamente hay más pobres sino que son más pobres, no solo es de cantidad sino de cualidad, la gente pobre es más pobre y estamos hablando sin contar la Covid-19", ha indicado el presidente de EAPN España y de EAPN Europa, Carlos Susías.

Ya es parte de nuestra vida cotidiana, y parece que la cosa va para largo. El teletrabajo ha venido para quedarse, y no nos quedará más remedio que adaptarnos y hacerlo de la forma más indolora y justa posible. A finales de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ley que regula el teletrabajo y que acaba de entrar en vigor. Tras una larga negociación, el Consejo de Ministros alcanzó un acuerdo con sindicatos y patronal.

“Esta norma nos coloca a la vanguardia de las legislaciones europeas”, según se felicitó Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Precisamente uno de los aspectos que regula la nueva ley del teletrabajo es el relativo a los gastos asociados a trabajar desde casa.

¿Qué dice la ley?

La nueva legislación es bastante clara al respecto. Se resuelve que la empresa está en la obligación de “sufragar o compensar obligatoriamente” al trabajador por los gastos que le genere trabajar a distancia”. Cuando empresa y trabajador firmen un acuerdo para implantar el teletrabajo, dicho documento debe incluir un “inventario de los medios, los equipos y herramientas” necesarias.

A eso se le acompañará con una “enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora” y la “forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa”, así como “el momento y forma” para realizarla. Esto último vendrá recogido “por medio de convenio colectivo o de acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras”.

El texto no deja entonces lugar a dudas. La empresa debe correr con los gastos directamente derivados del teletrabajo. Esto supone un gran alivio para el trabajador y la cobertura de un vacío legal que confundió a miles de personas en los meses duros del confinamiento: ¿quién se va a hacer cargo de esto?

Factura de la luz

Esta es la primera cuestión a dirimir. Los trabajos que se pueden hacer a distancia son, en su práctica totalidad, trabajos de ordenador. Durante un mínimo de ocho horas al día, debemos sentar el trasero en la silla y teclear, mandar correos electrónicos, leer informes…

Es perfectamente posible que, debido al teletrabajo, se duplique o al menos aumente considerablemente el importe de la factura de la luz. Si es, por ejemplo, un matrimonio el que teletrabaja, la cosa se puede ir aún más de madre. 

De hecho, esta está siendo una de las batallas más difíciles de acotar. ¿Qué porcentaje de la factura de luz de un hogar le corresponde pagar a la empresa? Atendiendo a la nueva ley, deberá ser el convenio del sector el que regule este aspecto.

Aire acondicionado

Ahora, a mediados de octubre, cuando empieza a apretar el frío, esta es ya una cuestión olvidada. Pero fue un problema más que relevante durante el verano para muchos trabajadores. En una casa pequeña, en una ciudad del sur o del centro de la península, no debe de ser sencillo sentarse frente al ordenador sin nada que te refresque. Y este pasado verano, quien pagó la factura fue el trabajador.

Según los datos de Selectra, una empresa especializada en ahorro energético, este cada hogar utilizará el aire acondicionado una media de 224 horas al mes. Un aumento respecto a años anteriores que, según explican, se debe en buena medida a la implantación del teletrabajo. 

Desde Spectra han calculado que la factura de la luz subirá hasta un 18% debido al aire acondicionado. A nivel energético, supone un aumento del consumo de energía del 6% respecto a 2019. Este último verano, sostiene Selectra, hemos pagado hasta 7,50 euros de más que en los meses de julio y agosto de 2019. 

Internet

El de la conexión a Internet es un caso peculiar. La factura del wifi es fija y no depende del consumo que haga uno todos los meses. Además, se supone que no es un servicio que el trabajador contrata única y exclusivamente para desempeñar su labor. Cualquier persona tiene Internet independientemente de su trabajo

Entonces, ¿la empresa debe desentenderse de este gasto?, ¿es obligación suya abonárselo al trabajador? Dadas sus peculiaridades, podría tomarse por un gasto que queda exento y recae exclusivamente sobre el trabajador.

Pero pueden darse casos diferentes. Por ejemplo, si el trabajador no tenía antes Internet en su casa y lo contrata expresamente para trabajar. Otra opción es que tenga que ampliar su servicio de Internet para desempeñar su trabajo. En ese caso, será responsabilidad de la empresa abonar los gastos. 

Teléfono

También en la factura del teléfono es muy complicado separar lo que se destina al trabajo y lo que es un uso personal. No lo será en el caso de las personas que tengan un teléfono específico de la empresa, pero no sucede eso en la inmensa mayoría de los casos.

Una vez más podrá recurrirse al reparto de porcentajes. El X% corre a cuenta de la empresa y el resto es cosa del trabajador. Será necesariamente una medida inexacta y poco rigurosa, pero es difícil afinar más. Dependerá también de los convenios específicos del sector y cómo regulen este aspecto. 

La ergonomía

Por ejemplo, una silla adecuada para trabajar o una mesa en condiciones. No todo el mundo dispone en su casa de estos objetos, tal vez ni siquiera del espacio donde colocarlos. No vale cualquier silla para estar trabajando durante un mínimo de ocho diarias.

Sentarse durante todo ese tiempo en una silla inadecuada acarreará problemas de salud y dolencias musculares en el trabajador. En la mayoría de los casos es el trabajador quien está haciendo estas inversiones por su cuenta sin esperar a que la empresa pueda sufragarle un porcentaje. 

Los equipos de enfermería de hospitales y centros sanitarios privados ganan entre un 20 y un 25 por ciento menos que la enfermería de la sanidad pública y atienden a una media de cinco pacientes más en su jornada laboral, según un estudio realizado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. en la Comunidad de Madrid.

Además, otra de las principales conclusiones del estudio, que se basa en una encuesta 'online' realizada en una muestra de 1.108 profesionales de la Enfermería (Diplomados Universitarios de Enfermería DUEs y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería TCAEs) durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero de este año, es que el 82 por ciento considera que el número de profesionales no es suficiente para desarrollar un trabajo de calidad.

El 52 por ciento del equipo de enfermería en sanidad privada de la Comunidad de Madrid atiende a 15 o más pacientes en su turno habitual (43% enfermeras y 62% TCAEs). Este porcentaje asciende al 56 por ciento en turnos de noche, vacaciones y festivos (49% enfermeras y 62% TCAEs). El tanto por ciento aumenta, al 82 por ciento, si se toma como referencia la atención a más de 10 pacientes (78% de enfermeras y 85% de TCAEs). El 30 por ciento refiere que se refuerza su Unidad según la carga de trabajo.

El exceso de ratio pacientes/equipo de enfermería favorece el mayor número de lesiones músculo-esqueléticas y bajas por estrés laboral y tiene relación con la percepción del aumento de agresiones por parte de pacientes, familiares y resto de trabajadores, ha constatado la organización sindical.

En concreto, el 24 por ciento dice haber tenido una baja laboral física o psicológica que relaciona con el estrés laboral, mientras el 57 por ciento ha padecido lesiones musculo-esqueléticas y el 36 por ciento asegura que no puede desconectar del trabajo.

El 70 por ciento ha sufrido agresiones verbales, físicas o psíquicas por parte de los pacientes/familiares, mientras el 96 por ciento se ha enfrentado alguna vez en su trabajo situaciones emocionalmente intensas/estresantes.

EL 80% REALIZA TAREAS QUE NO LE CORRESPONDE

En lo que respecta a la carga de trabajo, un 33 por ciento considera que le dedica más tiempo del necesario al trabajo administrativo, y además, pese a tener claras sus competencias (77%), el 80 por ciento realiza funciones que no les corresponden (80%).

El 99 por ciento reconoce que se interrumpe su trabajo por múltiples causas, la mayoría ocasionadas por demandas excesivas de cuidados por parte de los pacientes (68%), los familiares (66%), la falta de material (58%) y la visita médica no programada (48%).

Los problemas organizativos afectan a su tiempo libre, sufriendo problemas de planificación (54%), dificultad para disfrutar los permisos retribuidos (44%) y para la conciliación de su vida laboral y familiar (47%).

Asimismo, sienten una baja valoración por parte de la Dirección de Enfermería (70%) y la figura del Supervisor (46%), y casi la mitad (48%)piensa que su trabajo no es valorado por los pacientes y familiares.

Por otro lado, un 47 por ciento de los encuestados refieren no tener suficiente material para trabajar ni participar en la elección de material para su trabajo, y el 39 por ciento considera que las instalaciones de su unidad no son adecuadas para realizar su trabajo diario.

La 'número dos' del PSOE y portavoz de Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha achacado las constantes broncas en el hemiciclo a que "la derecha insulta e interrumpe sistemáticamente". "Así es imposible", admite.

El último episodio se ha producido en la sesión de control de este miércoles, cuando la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha acusado de "machismo" a Pablo Iglesias, lo que ha sido replicado con protestas desde la izquierda. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que pedir silencio en numerosas ocasiones, mientras se escuchaba decir al secretario general del PP, Teodoro García Egea: "Poca moderación veo aquí".

"Señoría, es que..." ha intentado explicar Gamarra ante los rumores, a lo que Batet le ha replicado que en el hemiciclo ya había suficiente silencio para continuar. Ahí han sido los del PP los que han protestado, provocando una nueva llamada de atención desde la Presidencia.

Preguntada por el clima en el hemiciclo, la portavoz del PSOE ha asegurado que la Cámara lleva así desde la moción de censura, "aguantando esto pleno tras pleno". "La derecha insulta e interrumpe constantemente, y hoy una parte de la izquierda les ha respondido cuando interrumpían", ha justificado.

Lastra ha recomendado ver en el Diario de Sesiones del Congreso "los insultos, calumnias, difamaciones e interrupciones constantes dirigidas al presidente y a sus ministros" y ha pedido al PP volver "a la moderación", pues a su juicio sólo están ahí cuando gobiernan. "Dejen de interrumpir e insultar, que así es imposible", ha remachado.

La Policía Nacional ha aprobado el protocolo interno por el que distribuirá "próximamente" las primeras 300 pistolas eléctricas para su uso "eminentemente disuasorio", aunque de forma restringida a aquellos agentes que hayan superado previamente la formación teórico-práctica necesaria para su tenencia, uso y manejo. Su uso exige "porporcionalidad" y queda supeditado a que se "agoten todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles".

Según ha informado la Policía, a los 300 dispositivos electrónicos adquiridos para este año se sumarán otros 700 en los dos siguientes ejercicios. La distribución y asignación a diversas unidades y servicios, "principalmente uniformados", se enclava en un uso "eminentemente disuasorio" y "restringido" a aquellos agentes que hayan superado la formación teórico-práctica.

Los dispositivos se encuentran regulados en el vigente Reglamento de Armas como arma de uso policial cuya utilización estará reservada, previa dotación, al personal expresamente habilitado de la Policía Nacional. La asignación y supervisón de formación la asume la División Económica y Técnica y personal docente de la División de Formación y Perfeccionamiento.

Durante el mes de noviembre se va a formar en la Escuela Nacional de Policía a 66 agentes, que se encargarán a su vez de impartir los conocimientos sobre el manejo de los dispositivos electrónicos de control en las diferentes plantillas policiales.

La Policía Nacional ha elaborado un protocolo que recoge las condiciones de utilización, así como las normas básicas de seguridad o las revisiones periódicas de los dispositivos para, entre otros objetivos, "realizar un uso efectivo y garante de los derechos del sujeto pasivo".

Así, los agentes únicamente podrán recurrir al uso del dispositivo electrónico de control cuando resulte pertinente "de acuerdo con los criterios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance, y una vez agotadas todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) ha recomendado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que compense a Adif por los menores ingresos que recibe como consecuencia del hundimiento de la demanda del transporte de viajeros por el coronavirus.

Así lo ha trasladado el regulador en una resolución para valorar la propuesta para el ejercicio 2021 de aumento de los cánones que tanto Adif como Adif Alta Velocidad (AV) cobran a Renfe por la utilización de las líneas ferroviarias, un concepto que debería cubrir el coste directo de operar la red.

En este sentido, Competencia ha recomendado posponer estos incrementos, al menos, hasta que el tráfico se haya recuperado de la crisis del Covid-19, por lo que considera que el gestor debería percibir una compensación por parte del Gobierno, como recuerda que se ha hecho en otros países europeos como Italia.

Para la CNMC, esta compensación también evitaría seguir incrementando el "elevado endeudamiento" de Adif AV que, según su último balance de resultados relativo a 2019, sobrepasaba la cota de los 16.000 millones, tras crecer un 4% en el último año.

PROBLEMA POLÍTICO

Pese a todo, el organismo valora positivamente que el gestor ferroviario no haya trasladado durante 2020 el incremento de los cánones que propuso el año pasado para compensar el aumento del 20% de sus costes directos durante 2019. De hecho, Adif ha propuesto recientemente una rebaja de los cánones provisional para lo que queda de año, con el objetivo de incentivar la actividad.

A todo ello se suma otro problema, el político, ya que todos los incrementos de los cánones propuestos desde 2018 no se han podido llevar a cabo como consecuencia de la falta de consenso entre los partidos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Actualmente, los cánones ferroviarios están vinculados a la ley de PGE de cada año, algo que la CNMC cree que se debe de modificar, ya que limita la independencia de Adif de fijar estos precios, dificultando así la adopción de medidas de alivio en función de la evolución de la demanda.

OBJETIVO: BAJAR LOS PRECIOS

Por otra parte, a los cánones también se les pueden añadir una 'adición', que es un importe que Adif puede imponer por la utilización de las líneas ferroviarias, siempre y cuando el mercado pueda aceptarla.

Por ello, ante la situación de caída de la demanda, Competencia cree que la propuesta del gestor de aumentar también esta adición "desborda los límites razonables de su margen de apreciación", ya que supondría un incremento de los costes para Renfe y los futuros operadores.

Por el contrario, cree que la reducción tanto de los cánones como de esta 'adición' facilitará una bajada de los precios finales de los servicios de viajeros y, con ello, la recuperación del tráfico, sobre todo cuando el próximo mes de marzo entre en servicio Ouigo, la Alta Velocidad de bajo coste de la francesa SNCF, un hecho que la CNMC cree que "reforzará" esta bajada de precios.

La Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, han desmantelado tres fábricas ilegales de tabaco ubicadas en las provincias de Madrid, Murcia y Alicante que, en conjunto, contaban con una capacidad de producción de cerca de 18.000 cigarrillos por minuto. Con esta actuación son ya 23 las fábricas ilegales de cigarrillos desactivadas hasta la fecha en España.

En la que se ha denominado operación 'TERVEL-CENTINELA', se ha procedido a la detención de 38 personas, con lo que se considera desarticulada la estructura en España de una organización altamente especializada y con una gran capacidad logística que, bajo la dirección de ciudadanos búlgaros, abastecía el mercado negro nacional e internacional con hasta 14 marcas distintas de tabaco falsificado.

De la misma manera, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han procedido a la aprehensión de 43.160 kilos de picadura de tabaco y 1.443.000 cajetillas, todo ello con una valoración estimada de más de nueve millones de euros, así como a la incautación de seis vehículos, una cabeza tractora, dos camiones-remolque y diversa maquinaria dispuesta para realizar el proceso completo de fabricación y empaquetado.

La labor previa de los investigadores, desarrollada durante meses, había puesto de manifiesto la existencia de una serie de instalaciones clandestinas vinculadas a una organización criminal integrada mayoritariamente por ciudadanos búlgaros y ucranianos, contando varios de ellos con antecedentes por hechos similares, según informaron fuentes de los tres Cuerpos actuantes en un comunicado.

Los agentes han detectado, además de las tres fábricas, varias "naves de seguridad" para el almacenaje de la mercancía y maquinaria hasta su traslado a las cadenas de producción. También han desmantelado una estructura estable de transporte por carretera, tanto de las materias primas para el aprovisionamiento de las fábricas, como de las cajetillas de cigarrillos para su distribución en el mercado de contrabando, sirviéndose para ello de camiones de gran tonelaje.

Dado el elevado número de marcas de cigarrillos falsificadas, se sospecha que la organización fabricaba bajo demanda, produciendo tanto marcas e consumo en el mercado nacional, caso de 'Fortuna', 'Wiston', 'L&M' o 'Chesterfield', como otras de consumo en mercados de otros países de la Unión Europea.

DESMANTELAMIENTO SIMULTÁNEO EN MADRID, MURCIA Y ALICANTE

La fase de explotación de la operación se realizó simultáneamente en los distintos centros de fabricación y almacenaje a finales del pasado mes de septiembre, cuando la organización se encontraba a punto de iniciar la producción en la tercera de sus fábricas, situada concretamente en Albatera (Alicante).

En esta nave industrial estaban dispuestas dos líneas de producción de cigarrillos, completamente instaladas para su entrada en funcionamiento inmediato, hasta el punto de que ya se encontraban los trabajadores en la fábrica, con todos los elementos necesarios para comenzar la producción ilícita de cigarrillos y toda la maquinaria instalada.

En esta nave se procedió a la detención de 11 personas, 5 de ellos de nacionalidad búlgara, 5 ucraniana y 1 rusa, interviniéndose la maquinaria y el cartonaje necesario para envasado de cigarrillos de distintas marcas, abundante material de empaquetado, así como 12.960 kilos de hoja de tabaco y picadura, además de varios vehículos.

Las otras dos fábricas desmanteladas se encontraban en pleno funcionamiento, ambas con doble línea de producción, una situada en la localidad de Blanca (Murcia), donde se detuvo a 14 personas (8 ciudadanos búlgaros y 6 ucranianos) y en la que se intervinieron 41.840 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, 1.800 kilos de hoja de tabaco picada, y diverso material de fabricación.

La restante actuación y más significativa en cuanto a capacidad de producción, se llevó a cabo en el municipio de Villanueva de Perales (Madrid), donde se procedió a la detención de otras 12 personas, también de nacionalidades búlgara y ucraniana, y en la que se llegaron a intervenir un total de 462.533 cajetillas de cigarrillos ya elaborados, 4.900 kilos de hoja de tabaco picada y el correspondiente material de fabricación. Entre estos detenidos destacan los cabecillas de la organización criminal en España, habiéndose decretado prisión provisional para sus 3 máximos responsables.

"NAVES DE SEGURIDAD" Y APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE CAMIÓN

Una característica de esta organización, según las mismas fuentes, era su cautela y capacidad de reacción ante cualquier eventualidad desde el punto de vista logístico. Por un lado, contaban con diversas naves que los investigadores denominan 'de seguridad', dado que su papel era almacenar los materiales y la materia prima hasta el momento en que era necesario su traslado a la cadena de producción en las fábricas.

Durante la explotación de la operación se han registrado varias naves de estas características en las localidades de Illescas (Toledo) y Alcalá de Henares (Madrid). En Illescas se detuvo a la persona que controlaba una de las naves, de nacionalidad búlgara, interviniéndose abundante material de fabricación, 4.800 kilos de hoja de tabaco 'strips', cuatro vehículos y un camión remolque. En la nave de Alcalá de Henares se procedió a la incautación de 439.290 cajetillas de diferentes marcas.

Pero, además de estas naves, la organización utilizaba también remolques-tráiler para el almacenamiento de cigarrillos y materiales, remolques que mantenían en aparcamientos públicos destinados al estacionamiento de camiones en general. En uno de estos aparcamientos, situado en la localidad de Móstoles (Madrid), se han intervenido 500.000 cajetillas y 18.700 kilos de hoja de tabaco picada que se encontraban ocultas en dos remolques, según las mismas fuentes.

Con el desmantelamiento de la estructura en España de esta organización y sus fábricas ilegales se evita un importante perjuicio económico a la Hacienda Pública y también la competencia desleal que la actividad ilícita ocasiona a los operadores legalmente establecidos, así como un perjuicio sanitario a los consumidores, dado el nulo control sanitario al que están sometidos los cigarrillos producidos ilegalmente.

Las investigaciones, iniciadas bajo el amparo de la Fiscalía de Elche, se instruyen actualmente en los juzgados de Instrucción de Orihuela (Alicante), Cieza (Murcia), Navalcarnero (Madrid) e Illescas (Toledo).

En la fase de investigación y posterior explotación operativa ha participado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Unidades de la Comandancia de Murcia, la Subdirección de Operaciones de Vigilancia Aduanera (V.A.) y las áreas regionales de VA de Barcelona, Alicante, Murcia, Toledo y Madrid de la Agencia Tributaria, así como la UDEV de la Policía Nacional.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra mantendrá el sueldo y los honores de expresidente después de que, en la vista de ejecución de la condena de inhabilitación de este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía no se ha opuesto a que los conserve.

Fuentes presentes en la sala han explicado que la sentencia del TSJC especifica los cargos por los que se inhabilita a Torra, pero no los honores, y el Ministerio Público no se ha opuesto a que conserve el sueldo de expresidente.

Las fuentes consultadas han explicado que el fiscal considera que el salario de expresidente no se puede entender como un honor, sino una forma de evitar que quienes han ocupado el cargo pasen a trabajar en la empresa privada.

Así, la defensa de Torra, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, y la Fiscalía han coincidido en que Torra mantenga las condiciones como expresidente, incluyendo la oficina de expresidente, a pesar de la condena a 18 meses de inhabilitación, aunque las partes han disentido en cómo computar el tiempo de inhabilitación fijado en la sentencia.

Por una parte, el fiscal sostiene que deben contarse los 18 meses a partir del día en que Torra fue condenado y cesado como presidente: la sentencia del Supremo que avaló la condena fue el 28 de septiembre de 2020, y el Diario Oficial de la Generalitat (Dogc) publicó la sustitución de Torra por el vicepresidente Pere Aragonès dos días después, por lo que en este escenario la inhabilitación terminaría a finales de marzo de 2022.

En cambio, la defensa ha esgrimido que debe tenerse en cuenta el tiempo desde que Torra no tiene escaño en el Parlament -a raíz de una resolución de la Junta Electoral Central (JEC) del 3 de enero de 2020-, porque ya ocho meses antes de la sentencia se le privó de uno de sus dos cargos públicos.

En este escenario, fuentes presentes en la sala han explicado que el tribunal también estudiará, a petición de la defensa de Torra, la posibilidad de que estos ocho meses desde que dejó el escaño hasta la sentencia puedan contabilizarse en parte, al menos en un 50%, como cumplimiento de la condena, ya que durante ese tiempo solo ejerció la mitad de sus cargos públicos.

La condena de Torra también implica una multa de 30.000 euros en total, y su letrado presentará en los próximos días el tribunal un documento con una propuesta sobre cómo pagarla, y después los magistrados de la Sala Civil y Penal decidirán los detalles sobre el cumplimiento de la condena.

CONDICIONES DE EXPRESIDENTE

Las atribuciones a los expresidentes de la Generalitat las fija la Ley del estatuto de los expresidentes, de 2003, que establece que quienes salgan del cargo "tienen derecho a percibir, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80%" del sueldo que tenían como presidente, y una pensión vitalicia del 60% del sueldo de presidente a partir de los 65 años.

Cobrar el sueldo o la pensión de expresidente es incompatible con cargos públicos o cualquier trabajo en el ámbito público o privado así como con la participación en consejos de administración.

Uno de los supuestos que la Ley recoge para revocar las prerrogativas de expresidentes es una condena penal firme, para lo que es necesario una mayoría de dos tercios en el Parlament.

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), ha convocado la contratación de 50 personas con diversidad funcional para colaborar en la revisión de la accesibilidad de las áreas de juego infantil de la ciudad.

En un comunicado este miércoles, el consistorio ha detallado que las plazas ofertadas son de técnico auxiliar y de ayudante, y prevé que las contrataciones sean efectivas a partir de este mes de noviembre.

El objetivo de las personas contratadas en el Plan de Ocupación 2020, llamado Pla Diversem, es colaborar en la elaboración de un mapa y una base de datos del estado de la accesibilidad de los espacios de juego infantil, que incluye parques, zonas verdes y 'supermanzanas', entre otros.

El concejal y presidente del IMPD, Joan Ramon Riera, ha destacado que este programa permite la inclusión laboral de las personas con discapacidad, "uno de los colectivos más afectados laboralmente por la situación sanitaria".

INCORPORACIÓN ESCALONADA

El Ayuntamiento ha detallado que las 50 personas seleccionadas se incorporarán de manera escalonada con contratos de seis meses, a excepción del personal técnico que coordinará los proyectos y será contratado por siete meses.

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán disponer del reconocimiento de grado de discapacidad igual o superior al 33%, de incapacitación permanente o bien de reconocimiento médico de un trastorno de salud mental.

También se deben encontrar en situación de desempleo y estar inscritas en el Servicio de Ocupación de Catalunya, no estar cotizando a ninguno de los regímenes de la Seguridad Social y aceptar la asistencia a formación y tutorías propuestas por la IMPD durante el período de contratación.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de octubre llenando la solicitud de participación que se encuentra en la Oficina Virtual de Trámites del Ayuntamiento de Barcelona.

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 189.194 casos confirmados acumulados de coronavirus -162.660 con una prueba PCR-, 1.620 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.536, 23 más que los registrados el martes: 8.237 en hospital o centro sociosanitario, 4.194 en residencia, 847 en domicilio y 258 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.024, lo que supone un aumento de 40 respecto al último recuento.

Un total de 189 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 17 más que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el martes alcanzaba un nivel de 338,49 y, 24 horas después, está en 362,16, mientras que la velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se ha situado en 1,37.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 19.131 personas que han dado positivo, de las que 6.620 han muerto y 68 se encuentran actualmente ingresadas, una en la UCI.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 69.001 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.584 muertes, mientras que actualmente hay 302 pacientes ingresados -62 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 431,11.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 4.577 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 386 muertes, mientras que actualmente hay 35 pacientes ingresados -ocho de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 981,31.

En el Gironès (Girona) se han registrado 5.720 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 223 muertes; actualmente hay 23 pacientes ingresados, de los que cuatro están en la UCI, mientras que el riesgo de rebrote es de 432,64.

Respecto a la comarca de la Cerdaña (Girona), desde el inicio de la pandemia ha habido 460 casos confirmados acumulados de coronavirus, de los que seis han muerto, mientras que actualmente hay dos pacientes ingresados -ninguno de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 372,11.

En el Bajo Ebro (Tarragona), desde el inicio de la pandemia ha habido 1.242 casos confirmados acumulados, de los que 36 han muerto, mientras que actualmente hay cuatro pacientes ingresados -ninguno de ellos en la UCI-, y el riesgo de rebrote es de 580,67.

La Policía Nacional desarrolla desde primeras horas de este miércoles una operación antiterrorista en el barrio del Tiro Nacional de Melilla relacionada con un presunto caso de adoctrinamiento yihadista.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, la intervención ha comenzado de madrugada en una vivienda de la urbanización Averroes, donde agentes de la Comisaría General de Información apoyados por efectivos de la Jefatura Superior de Policía de Melilla actúan en una vivienda.

El Ministerio del Interior aún no ofrecido detalles sobre esta intervención contra el terrorismo internacional ni el número de detenidos y la operación continúa abierta, con agentes que llevan más de cinco horas de registro y otro tipo labores de seguridad en esta zona del extrarradio de la ciudad española del norte de África.

Según datos oficiales del Gobierno de la Nación, esta sería la operación antiyihadista número 19 en Melilla desde el año 2012 y que se han saldado hasta el momento con 33 detenidos, a los que habrá que sumar al menos un detenido en la jornada de este miércoles, a la espera de la información oficial del Ministerio del Interior. Melilla es la tercera región española con más actuaciones de este tipo, solo por detrás de Cataluña (67 operaciones) y Madrid (31) y por delante de Ceuta (16).

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha subrayado este miércoles que la previsión de crecimiento de España para 2021 del Fondo Monetario Internacional (FMI) es "exactamente la misma" que la del Gobierno, al augurar un crecimiento "notable" del 7,2%, y ha defendido los principios de "rigor, prudencia, seriedad y responsabilidad" del cuadro macroeconómico del Ejecutivo, que está "alineado" con las previsiones de los principales organismos.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado 'popular' Mario Garcés, sobre los principios que han regido para elaborar el cuadro macroeconómico, Calviño ha apuntado que la situación actual está "muy marcada" por la incertidumbre, lo que hace "más difícil que nunca" realizar previsiones, si bien ha defendido el "rigor y la prudencia" del cuadro macroeconómico, que recoge una previsión de caída del PIB del 11,2% este año y un alza del 7,2% en 2021.

Por su parte, el FMI estima que la economía española se hundirá este año un 12,8%, mientras confía en un rebote del 7,2% en 2021, lo que haría de España el país de la eurozona que más crecerá el próximo año.

Así, Calviño ha subrayado que la previsión del FMI es "exactamente la misma" que la del Gobierno para el próximo año y ha pedido "no cerrar los ojos a la realidad", ya que la pandemia no es un fenómeno español, sino global, y las medidas adoptadas por el Gobierno están "absolutamente alineadas" con el resto de países y la recomendaciones de los distintos organismos.

Eso sí, ha subrayado que el Plan de Recuperación es "fundamental" para impulsar la recuperación económica y la transformación, si bien ha enfatizado en la necesidad de contar con los Presupuestos de 2021 para abordar las necesarias reformas e inversiones y canalizar los fondos europeos.

A nadie se le escapa que salud y economía van de la mano, por eso es tan importante atajar los brotes de forma eficaz para seguir en la senda positiva iniciada al término de la hibernación", ha apostillado Calviño, recordando que los organismos prevén un crecimiento del PIB español de en torno al 13% en el tercer trimestre, lo que sería una "base", si se atajan los brotes, para tener un crecimiento "notable" en 2021.

De cualquier forma, ha apuntado que la acción temprana es "clave", por lo que ve "incomprensible" que en el PP "no lo vean claro" cuando incluso se da en algunas CC.AA. gobernadas por el partido de Pablo Casado. Por ello, ve "fundamental" evitar "conflictos políticos artificiales" pues dañan la confianza de ciudadanos e inversores internacionales, algo "absolutamente fundamental" para seguir teniendo un entorno de financiación adecuado y contar con inversiones imprescindibles para el país.

La vicepresidenta tercera ha instado al diputado 'popular' a no generar confusión y utilizar "sin ton ni son" datos "deslabazados" y algunos "absolutamente incorrectos", de forma que "dejen de ser un freno y contribuyan de forma constructiva a la recuperación y la transformación del tejido productivo". "Actúen como una oposición responsable, que es lo que los ciudadanos españoles merecen", le ha reclamado.

PP: "ESPAÑA ESTÁ A LA COLA EN TODOS LOS RANKINGS ECONÓMICOS DE LA UE"

De su lado, Garcés (PP) ha denunciado que hay 3,8 millones de desempleados, 820.000 personas en ERTE, 1,5 millones en cese de actividad y 6 millones en "precariedad", al tiempo que España ocupa "la cola en todas las clasificaciones posibles en materia económica en la UE y la OCDE", siendo el país que destruye más riqueza, empleo y que presenta mayores desequilibrios.

Además, ha lamentado que el FMI haya revisado al alza las previsiones de todos los países desarrollados en la OCDE menos de España, y ha pedido a Calviño que no se tome sus críticas como una "injuria personal", sino que asuma su responsabilidad política, ya que "los atacados son los 6 millones de personas en precariedad".

El diputado ha cuestionado que Calviño hable de "rigor y diálogo" y le ha preguntado si es riguroso que se incorpore un incremento de gasto público de 69.000 millones "sin explicar cómo se financiará", que no se presente un plan de reequilibrio, que los 20 principales organismos de análisis económico vean "infladas" las previsiones del Gobierno, que la AIReF pida prudencia, o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estime la "ironía histórica" de una creación de 800.000 empleos que "recuerda a Solbes, González o Largo Caballero".

También ha afeado que se hable con Bildu sobre presos para obtener apoyo en los Presupuestos y ha opinado que el "único interés" por parte del "general y del comandante Ché Pablo Iglesias" es que Sánchez "siga en el puesto".

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuenta con su "absoluta confianza" y ha recalcado que en su Gobierno, "a diferencia" de lo que ocurría cuando gobernaba el PP, no hay ministros "imputados", "condenados" o "procesados".

De esta forma ha respondido -en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso- al líder del PP, Pablo Casado, quien ha pedido de nuevo al jefe del Ejecutivo que cese a su vicepresidente después de que el juez del llamado 'caso Dina' haya pedido investigarlo.

Casado ha asegurado que Sánchez llegó al poder "con una moción de censura" contra Mariano Rajoy "basada en una mentira y dando lecciones de ejemplaridad", pero ahora la Audiencia Nacional pide investigar a su vicepresidente por "tres graves delitos con agravante de género". "¿Por qué no le cesa en vez de protegerle a través de una Fiscal General del Estado socialista?", le ha preguntado.

SÁNCHEZ LE PIDE QUE DEFIENDA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En su turno, Sánchez le ha contestado pidiendo al PP que defienda la presunción de inocencia y ha echado en cara a Casado que "una semana más" acuda al Congreso de los Diputados con una "retahíla de insultos y de provocaciones".

Sobre si confía o no en el vicepresidente segundo, ha recalcado que tanto Pablo Iglesias como "todos" los miembros del Gobierno tienen su "más y absoluta confianza". "La mayor y absoluta confianza por parte de la Presidencia del Gobierno", ha apostillado.

A renglón seguido, ha comparado la situación de su gabinete con el de su antecesor. "Este es un Gobierno que no tiene ni procesados, ni condenados ni imputados, a diferencia de cuando ustedes gobernaban, con siete ministros procesados y tres ministros condenados", ha proclamado.

CASADO LE RECUERDA LOS CASOS DE SU EQUIPO

Ante esas aseveraciones, el presidente del PP ha recordado entonces que Pedro Sánchez "tuvo que cesar" a los ministros Carmen Montón y Maxim Huerta "apenas semanas después" de llegar al Palacio de la Moncloa.

"Y tiene en el Gobierno a Calviño, a Duque y Celáa con sociedades patrimoniales instrumentales para evadir impuestos. Y usted tiene a tres consejeros de los ERE, a la señora Calvo, a la señora Montero y al señor Planas", le ha espetado.

Es más, Casado ha afirmado que en este momento el secretario de Estado de Turismo está "imputado por corrupción" y ahora "al vicepresidente se le acusa de tres graves delitos". "Pero usted siempre tira la piedra y esconde la mano", he ha recriminado.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha adelantado este miércoles en el Pleno del Congreso que su partido denunciará ante la Comisión Europea el "atropello" del PSOE y Unidas Podemos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su proposición de ley para modificar el sistema de selección de sus miembros, a lo que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha respondido que, según la Constitución, la función de las Cortes Generales es legislar.

Durante la sesión de control al Ejecutivo, Arrimadas ha calificado de "indignidad" que los socialistas y el partido morado planteen una reforma para reducir la mayoría parlamentaria que se precisa para designar a doce de los veinte vocales del CGPJ.

"Solo hay una idea peor que el hecho de que ustedes se repartan a los jueces en el Congreso por amplísima mayoría, y es que se lo repartan solamente los del Gobierno con sus socios, que en su caso son filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados por la Justicia que q atacan cada día a los jueces", ha señalado. A continuación, ha advertido a Calvo: "Si no rectifican, lo vamos a llevar a Europa, donde sabe que no se toleran estas prácticas.

La vicepresidenta segunda ha preguntado a Arrimadas si es que "se ha modificado la Constitución esta mañana" y si ya no son las Cortes Generales las que, como sede de la soberanía popular, "elaboran y votan las leyes, obligando a todos los poderes, al Ejecutivo, al judicial y a todos los órganos del Estado".

"Porque si eso no se ha modificado, rectifique usted lo que está diciendo sobre el poder judicial, porque entonces está faltando usted el respeto a la Constitución y a quienes nos la hemos leído más de una vez", ha manifestado.