Sanidade restringirá a un máximo de 10 personas, a partir de las 00,00 horas de este jueves, "cualquier evento familiar o social" que se celebre en cualquier punto de Galicia y endurecerá las medidas para frenar la covid-19 en la provincia de Ourense, sumando al de Ourense ciudad y Barbadás el confinamiento perimetral de O Carballiño, O Irixo y Boborás, y elevando las restricciones en Verín.

Así lo ha desarrollado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de las decisiones tomadas en el seno del comité clínico del martes, un acto en el que ha estado acompañado por el gerente del Sergas, José Flores, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, y por el secretario xeral técnico de la consellería, Alberto Fuentes Losada.

Durante la rueda, el conselleiro de Sanidade ha explicado que existe la "evidencia demoledora" de que un "porcentaje muy alto" de los contagios --"mayoritariamente", ha dicho-- se produce en contextos de reuniones familiares o sociales.

Por ello, el comité clínico ha considerado adecuado extender a toda Galicia la prohibición de reunir más de 10 personas no convivientes en "cualquier evento familiar o social", una medida que, ha recordado Comesaña, está reforzada en algunos municipios, donde "las limitaciones van mucho más allá" --por ejemplo, en Ourense, solo a convivientes--.

La medida, ha apuntado Fuentes Losada, regirá para "grupos de personas" y "no para aforos", que continuarán siendo los establecidos en cada lugar según las medidas vigentes.

Sin embargo "se restringirán los grupos de personas a 10" para "cualquier evento familiar o social", con excepción de las personas convivientes. Con ello, por ejemplo, no se podrán reunir más de 10 personas en academias u otras actividades formativas no regladas, como autoescuelas, en establecimientos de hostelería o en animación de hoteles.

Tampoco podrá haber grupos que superen la decena en las actividades de bibliotecas o archivos, como los clubes de lectura, o en los gimnasios o instalaciones deportivas, actividades turísticas o de tiempo libre, grupos en playas o piscinas, centros recreativos o locales de juego o apuestas. Además de las reuniones espontáneas, la limitación estará vigente también para "cualquier uso del espacio público", como, por ejemplo, una actividad de yoga en la calle.

Por el contrario, no se aplicará esta limitación en actividades laborales, educativas o de formación reglada, ocupacionales o administrativas. Tampoco para la celebración de reuniones profesionales, eventos o congresos, aunque, en este caso, cada actividad grupal sí será de un máximo de 10 personas al mismo tiempo.

MEDIDAS EN OURENSE

Dada la evolución epidemiológica en la provincia de Ourense, en particular en algunos de sus ayuntamientos, el comité clínico ha decidido implantar el confinamiento perimetral conjunto de O Carballiño, O Irixo y Boborás, de cuyo perímetro no se podrá salir ni entrar excepto por motivos laborales educativos o sanitarios. El pasado martes se adoptó este mismo confinamiento perimetral en los municipios de Ourense y Barbadás.

Además, se decidió elevar al nivel tres de medidas restrictivas al municipio de Verín, en el que está vigente la limitación de reuniones a grupos de convivientes. En este municipio, bares y cafeterías se limitarán a atender en las terrazas a grupos de personas convivientes y los restaurantes pueden servir también en el interior, con un aforo limitado al 50%.

No obstante, el Ayuntamiento de Verín y representantes de los hosteleros ya acordaron este martes que los bares y las terrazas cerrarán durante 10 días ante la propagación de los contagios por coronavirus.

Por otra parte, el comité clínico también acordó decretar el nivel dos en la comarca de Celanova, también en la provincia de Ourense. De esta forma, desde esta medianoche están limitados los aforos al 50% en los establecimientos comerciales, de restauración y hostelería -donde además estará prohibido el consumo en barra-, así como en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada, entre otros, así como la reducción de los aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto.

En esta misma situación --nivel 2 de restricciones-- se mantienen los ayuntamientos de Santiago, Lugo, Pontevedra, Ortigueira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Meis, Poio, Marín, Cambados, Sanxenxo y las comarcas de Allaríz, Ourense --excepto Ourense y Barbadás--, O Ribeiro, y Valdeorras, así como O Milladoiro, en Ames.

ACTUAR "LO ANTES POSIBLE"

En su intervención en la rueda de prensa, Carmen Durán ha destacado que, a pesar de que Galicia tiene una "incidencia acumulada muy por debajo de la media nacional", es positivo "actuar lo antes posible" para "cercenar" la "tendencia creciente" de casos.

En concreto, ha apuntado como "indicios que hacen reflexionar" la "tendencia creciente en el número de casos" en los últimos cuatro o cinco días, así como un índice reproductivo que está por encima de 1 en todas las provincias.

En el caso de la ciudad de Ourense, Durán Parrondo ha cifrado en 229 los casos nuevos en los últimos siete días y en 475 en 14 días, lo que eleva la incidencia "bastante por encima de la media de Galicia". No obstante, en el caso de esta ciudad, los expertos son "relativamente optimistas" con las medidas, que empiezan a dar resultados.

En O Carballiño, ha añadido, se ha detectado un "número de casos importante en una población pequeña": 51 casos nuevos en tres días, 92 en siete días y 148 en 14; mientras que en Celanova, donde había "cero casos", se han ido "incrementando paulatinamente" en los últimos días, unos datos que llevan a tomar medidas de "manera precoz" para adelantarse a "un brote de mayor importancia".

Finalmente, Carmen Durán se ha referido al caso de Verín, donde se impusieron medidas al tiempo que en O Barco. Sin embargo, se ha producido una "respuesta diferente", ya que, mientras que en O Barco hay una reducción de casos, especialmente en los últimos tres o cuatro días, en Verín "sigue habiendo casos, no un número elevado, pero si un goteo importante".

Las autoridades sanitarias han explicado que Galicia tiene una incidencia de coronavirus de 88,46 casos por 100.000 habitantes en siete días y de algo más de 133 a 14 días, por debajo de los 128 y los 263 de la media estatal, lo que sitúa a la gallega en "el rango bajo de las comunidades en incidencia acumulada".

Además, el gerente del Sergas ha destacado que está "garantizada la capacidad asistencial" del sistema gallego, con un 0,9% de pacientes en la UCI en toda Galicia y el 4,7% en hospitalización. De las 3.960 PCR realizadas este martes, dieron positivo el 6,41%, el 5,92% en las realizadas en los últimos siete días.

El Congreso de los Diputados ha aprobado por 308 votos a favor, 35 en contra y 6 abstenciones, una proposición de Ley presentada por Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común para mejorar la coordinación de la organización de los servicios de incendios y salvamento a nivel nacional y equiparar la categoría profesional de los bomberos, a los que además se conferirá el reconocimiento como agente de la autoridad.

La iniciativa ha contado con el apoyo de 308 diputados --los de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, PSOE, PP, Vox, Ciudadanos--, ha tenido los votos en contra del grupo parlamentario Republicano (ERC), Junts per Cataluña, Compromis, Mas País, BNG y EH-Bildu, así como la abstención de Foro Asturias, PRC, Coalición Canarias y Nueva Canarias.

La Proposición de Ley busca la coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil para garantizar la organización y funcionamiento de estos servicios de manera homogénea en el conjunto de España y para facilitar las labores de coordinación en gestión de emergencias, con un marco regulador común para los bomberos, tanto los del ámbito nacional como autonómico.

En concreto, apuesta por una ordenación general de los servicios públicos de extinción de incendios y salvamento en todo el territorio nacional así como que se establezcan los criterios básicos para la coordinación de la actuación de estos en el conjunto del país. También busca un régimen de funcionamiento básico de los servicios públicos en los respectivos ámbitos territoriales.

Otra de las propuestas de la iniciativa pasa por crear una Dirección General de Bomberos que dependa del Ministerio del Interior y que sea la encargada de coordinar a los múltiples cuerpos de Bomberos del Estado, sin perjuicio de competencias de comunidades autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones. Su director sería miembro del Consejo Nacional de Protección Civil.

Asimismo, plantea la creación de la Comisión Estatal de Coordinación de dichos servicios que estará compuerta por representantes de las comunidades autónomas, de los municipios, la Escuela Nacional de Protección Civil, sindicatos y asociaciones más representativos de cuerpos de bomberos para diseñar los protocolos de actuación conjunta ante emergencias que deban concurrir distintas administraciones.

Otra de las novedades de la Propuesta de Ley tomada en consideración atiende a la histórica reivindicación de estos servicios, tanto los de extinción de incendios como los de salvamento, para que se les reconozca su condición de agentes de la autoridad y que obtengan la categoría profesional de bombero C1 en todo el Estado.

Para ello, establece además que como principio, la gestión pública directa de los servicios de protección de extinción de incendios y salvamento deberán ser "en su totalidad" cubiertos por bomberos funcionarios de carrera.

La mayoría parlamentaria apoyó la iniciativa presentada por Unidas Podemos, excepto los grupos nacionalistas que votaron en contra, que alegaron que esta propuesta de ley invadía las competencias de sus comunidades autónomas, un aspecto que fue defendido especialmente por los diputados vascos y catalanes.

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha celebrado este miércoles su 20 aniversario en un acto telemático en el que el Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, se ha mostrado convencido de que el Gobierno autonómico tendrá "competencias sobre todas las aguas de Cataluña, de cuencas internas y de la cuenca del Ebro, Garona y Cenia" antes del 40 aniversario de la ACA, en 2040.

Junto al director de la ACA, Lluís Ridao, el consejero ha repasado los logros de la institución en sus 20 años de vida, y ha remarcado el compromiso de la Generalitat con la agencia y con el medio ambiente: "Si no mejoramos nuestros ríos, no sólo nos estamos perjudicando a nosotros mismos, sino también a las generaciones que vendrán", ha afirmado.

Por su parte, Ridao ha remarcado la importancia de abordar de manera transversal un modelo de futuro para gestionar los ríos y su entorno, en colaboración con las entidades locales, las instituciones y los operadores, especialmente ante "un contexto de emergencia climática que ya hoy nadie puede cuestionar".

MIRADA DE FUTURO

Calvet y Ridao han remarcado la apuesta del Govern y la ACA por la Agenda Verde, un plan que prevé inversiones de más de 3.000 millones de euros, a 15 años vista, con el objetivo de adaptarse a los efectos del cambio climático y que abordará especialmente el ámbito del agua.

"Si miramos al futuro, somos conscientes de que el coste para luchar contra la emergencia climática es grande, pero el coste de no hacerlo es aún superior", ha declarado el consejero, que ha recordado que el 33% del presupuesto de la ACA para el 2020 está vinculado a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

"Hemos hecho mucho, pero aún queda mucho por hacer", ha afirmado Calvet, que ha marcado como prioridades la consolidación de la desalinización, la modernización de las depuradoras para convertirlas en productoras de energía limpia y la adaptación de las estructuras de saneamiento a los impactos del cambio climático --sequías o lluvias--, entre otros.

INVERSIONES

Calvet ha anunciado una inversión de 291 millones de euros para ampliar la planta desalinizadora de Tordera (Barcelona) y la construcción de una nueva instalación en la cuenca del río Foix, algo que reducirá "la presión sobre ríos como el Llobregat y el Ter y las masas de agua subterráneas.

Ridao ha explicado que las inversiones de la ACA son posibles gracias al canon del agua, un impuesto que ha descrito como "uno de los grandes éxitos de la institución" y pionero en el ámbito más cercano, y que provee a la agencia de 470 millones de euros anuales para la gestión de más de 525 depuradoras, 250 potabilizadoras y dos desalinizadoras, entre otras infraestructuras.

Respecto al ámbito presupuestario, Calvet ha criticado la falta de inversión estatal: "No podemos obviar lo que nos condiciona como país y como sociedad, en negativo: el déficit fiscal, el déficit de inversión en infraestructuras, y el impago de los compromisos y convenios firmados por parte del Estado".

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha tildado de "hecho gravísimo" que el Tribunal Supremo ratifique que el PP es un "partido corrupto" al lucrarse con la trama Gürtel y ha recriminado que se dedicara a "secuestrar" las instituciones para ponerlas en manos de aquellos que les financiaban ilegalmente.

Así lo ha detallado en declaraciones en el Congreso de los Diputados tras conocer que el Supremo ha confirmado la sentencia dictada en mayo de 2018 por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel', en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa.

Errejón ha destacado que el fallo judicial acredita que ya no se trata de "manzanas podridas" o unos pocos casos en las filas populares sino que el PP es un partido "corrupto" y "tramposo".

TRATAN DE INCENDIAR PARA QUE EL HUMO TAPE SU CORRUPCIÓN

El diputado en la Cámara Baja ha reclamado explicaciones al líder popular, Pablo Casado, y al portavoz de la formación, José Luis Martínez-Almeida, tras una condena que confirma que el PP se dedica solo a "incendiar" en su labor de oposición para que el "humo tape su corrupción".

Para Errejón, España merece que el principal partido de oposición esté "libre de dudas" sobre la corrupción y ha lamentado que en el caso del PP no haya ya dudas sino una condena que lo certifica.

Finalmente, ha alertado de que España tiene un problema cuando unas siglas políticas, que en el caso del PP ha estado años gobernando, se dedica a "secuestrar las instituciones" para ponerlas "en manos de lo que les financiaban ilegalmente.

Unidas Podemos ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel pone "en evidencia" que el PP ha actuado como una "trama mafiosa" y ha reclamado al líder del partido, Pablo Casado, que "dé la cara", condene la corrupción en su partido y, de paso, ayude a aclarar "quién era M.Rajoy".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, tras conocer que el Supremo ha confirmado la sentencia dictada en mayo de 2018 por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel', en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa.

Al respecto, ha aseverado que la corrupción dentro de la formación ha sido "tan escandalosa" que ni el control de las instancias judiciales que aún mantiene el PP ha podido "taparla", apenas "maquillar" lo referente a la Caja B, con una ratificación que confirma lo que desde Unidas Podemos llevan diciendo años, que el PP utilizó las estructuras del estado como "una maquinaria para enriquecerse" de forma ilícita.

Por tanto, ha insistido en apelar al líder del PP para que ofrezca explicaciones y se desmarque de forma "contundente" con lo que ha pasado en su partido.

Asens también ha considerado que es "fundamental" que se regenere la cúpula del Poder Judicial con mandato ya caducado, tal y como pide la propia Comisión Europea, al sostener que la estrategia de los populares es "clara" y sustentada en utilizar el poder judicial para "tratar de tapar su corrupción".

Y es que Asens ha cargado contra la elección del magistrado Ángel Hurtado para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, una especie del "señor Lobo" (en alusión a un personaje de la película Pulp Fiction) y que fue el único que se opuso a condenar al PP en el caso Gürtel.

Además, la formación morada ha detallado en su cuenta de Twitter que esta sentencia ratifica "definitivamente la condena al PP por corrupción". "El PP ha traicionado a España y a la democracia", ha apostillado Podemos para augurar que el apoyo "cómplice" de Cs y Vox no le van a servir de nada porque "no van a volver a gobernar durante muchos años".

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha saludado este miércoles que el Tribunal Supremo haya ratificado lo que ya se sabía, "que el PP es un partido corrupto", y espera que en próximos juicios por el 'caso Gürtel' se acredite "la caja B" del partido.

Baldoví ha reaccionado así, en declaraciones a los periodistas, a la decisión del Alto Tribunal confirmando que el PP se lucró de las actividades de la red liderada por Francisco Correa. Eso sí en su resolución, el Supremo ve "excesivo" que la Audiencia Nacional diera por acredita la caja 'B' del partido.

El diputado valenciano sostiene que si algo ya es "indiscutible" es que el PP es "el primer partido de la democracia condenado por corrupción", algo que debería llevarles a "mirarse su propio ombligo" y abandonar el "barullo" que montan en cada Pleno del Congreso.

A VECES LOS TRIBUNALES HILAN MUY FINO

Aunque subraya que el Supremo apunta que no está suficientemente acreditada la 'caja B', Baldoví cree que lo que sí está acreditado es que "todos los tesoreros del PP han estado imputados y condenados por corrupción" lo que, a su juicio, evidencia que "en el PP había esa corrupción política y ese beneficiarse de la 'caja B'".

A veces los tribunales hilan muy fino pero cuando los empresarios recibían adjudicaciones de cargos del PP lo hacían a cambio de dinero, y espero que en los próximos juicios se acredite lo que todo el mundo" cree, que había "caja B", ha apostillado.

Preguntado sobre la reforma del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) promovida por el PSOE y Unidas Podemos, Baldoví ha señalado que "probablemente no sea lo más estético" pero entiende que es lo que había que hacer ante la "obstinación" del PP en no renovar un órgano que lleva caduco ya casi dos años. "El PP es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer", ha resumido.

La Comisión Europea ha publicado este miércoles su evaluación del plan climático y energético de España, en la que concluye que ha atajado en gran medida todas las deficiencias que habían identificado las autoridades comunitarias en el borrador anterior pero también identifica margen de mejora en renovables, eficiencia energética, investigación e innovación, cooperación regional, subsidios y transición justa.

La principal conclusión es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno envió a Bruselas a finales de marzo aborda "ampliamente" todas las sugerencias de mejora, pero sólo resuelve "parcialmente" una serie de cuestiones dentro de los capítulos anteriores.

Por ejemplo, en el capítulo de descarbonización e impulso de las renovables, el informe destaca que el plan definitivo es "más sólido y detallado" que el borrador, así como que se han fijado metas intermedias generales para 2022 y 2027, pero no incluye objetivos específicos para cada sector económico.

Con respecto a eficiencia energética, Bruselas considera que España ha planteado medidas que garantizarán el cumplimiento del objetivo de ahorro energético, pero echa en falta más detalles en relación al impacto que tendrán estas acciones sobre el consumo, así como información detallada sobre dichas iniciativas.

El Ejecutivo comunitario subraya que el PNIEC español identifica correctamente los objetivos en Investigación y Desarrollo, pero "sin un calendario específico ni objetivos cuantificables". Además, el plan incluye medidas de apoyo para una parte "importante" de los objetivos establecidos, pero "todavía no queda aclarado el calendario o los mecanismos de financiación de muchos de ellos".

En el apartado de cooperación, Bruselas valora la mayor concreción sobre proyectos entre regiones y con países vecinos (Francia y Portugal). Sin embargo, en el primer caso no ve un "foco específico" en las energías renovables y la eficiencia energética".

España también ha resuelto ampliamente las deficiencias en el capítulo de subsidos energéticos con una "significativa actualización" con respecto al borrador. En concreto, celebra los detalles para la retirada gradual de muchos de ellos, pero apunta que "las actuaciones y los planes para el resto (combustibles fósiles) parecen no estar presentes".

Por último, señala que el apartado sobre transición justa el PNIEC "sólo incluye una actualización de las cifras ya mencionadas en el borrador" sobre el impacto de las medidas previstas, que "únicamente se centran en los trabajadores afectados del sector de la minería del carbón y las centrales de carbón".

No obstante, más allá de estas cuestiones resueltas "parcialmente", el informe de la Comisión Europea destaca que se han atajado "totalmente" o "ampliamente" otras recomendaciones específicas sobre los capítulos anteriores y también con respecto a seguridad energética y mercado interior.

SUGERENCIAS PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN

El Ejecutivo comunitario ha aprovechado el informe sobre el plan climático y energético de cada país para lanzar una serie de recomendaciones sobre el uso de las ayudas procedentes del fondo europeo de recuperación en el ámbito climático.

En el caso de España, Bruselas sugiere al Gobierno impulsar la rehabilitación de edificios y extender en este ámbito el uso de energías renovables, en especial en la calefacción y refrigeración de los mismos. También recomienda adoptar medidas para "fortalecer expandir" la transmisión y distribución de energía, con una atención especial en las interconexiones eléctricas con países vecinos.

De la misma forma, la Comisión Europea cree que España debería canalizar las ayudas europeas para impulsar un transporte más sostenible. En este aspecto, apuesta por mejorar la infraestructura nacional de eléctrica y empujar hacia una transición del transporte de mercancías desde la carretera a la red ferroviaria.

Por último, el Ejecutivo comunitario pide acciones para extender la economía circular, mejorar la gestión del agua, prevenir potenciales inundaciones y avanzar en la reutilización de aguas.

Para llevar a cabo todas estas acciones, España cuenta con unos 59.000 millones de euros en ayudas no reembolsables del fondo de recuperación, así como con 790 millones del Fondo de Transición Justa para los próximos siete años, 35.400 millones de la Política de Cohesión y 42.000 millones de la Política Agrícola Común (PAC).

El recurso presentado a la adjudicación del contrato de redacción del proyecto para la rehabilitación del Palau de la Música de València por parte de uno de los aspirantes ha paralizado este proceso y supondrá, en consecuencia, un retraso de las obras.

Fuentes municipales han confirmado la presentación de dicho recurso por parte de una firma que concurrió a esta adjudicación y que no quedó en primera posición.

Asimismo, han detallado que el recurso está "centrado en juicios de valor", es decir, en criterios subjetivos del proceso y que su interposición paraliza la redacción y así el trámite para la ejecución de la reforma.

El Ayuntamiento de València acordó a mediados de septiembre la adjudicación del contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la adecuación del Palau de la Música. De este modo, se avanzaba en el proyecto para reformar las salas Iturbi y Joaquín Rodrigo y adecuar el auditorio para hacerlo más sostenible y energéticamente eficiente.

A partir de dicha adjudicación, hecha por un importe de 244.295,13 euros, se daba a la empresa adjudicataria tres meses para abordar la redacción del proyecto. La concejala de Gestión de Recursos, LuisaNotario, destacó entonces que los plazos administrativos se habían reducido al máximo gracias al trabajo realizado durante el confinamiento para acelerar todos los procedimientos que no se encontraran en una fase de plazos administrativos.

Así se quiso compensar el periodo del estado de alarma en que los plazos se suspendieron y también "el tiempo perdido" como consecuencia del recurso interpuesto por el Colegio de Arquitectos, que fue desestimado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Tras conocerse el recurso a la redacción del proyecto de las obras de rehabilitación del Palau de la Música, la concejala del PP Julia Climent ha lamentado que el inicio de esos trabajos "vaya a sufrir un nuevo retraso" y ha pedido que se informe "con claridad" sobre los plazos previstos.

Climent ha censurado, en un comunicado, que "después de quince meses desde que se produjo el desprendimiento en el techo de la sala Joaquín Rodrigo todavía no haya un cronograma preciso que marque cuándo podrá abrir de nuevo sus puertas el Palau de la Música".

La edil 'popular' ha criticado que se vaya "a tener el Palau de la Música cerrado hasta 2023" por una "mala gestión" que ha achacado al alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís), y a su socio de gobierno, el PSPV.

Julia Climent ha acusado a los miembros del ejecutivo municipal de "no ser capaces de buscar fórmulas administrativas que permitieran una intervención más rápida".

La concejala ha destacado que el PP pide a las titulares de Recursos Culturales y presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, y de Servicios Centrales Técnicos, Luisa Notario, que "informen con claridad a los valencianos de cuál es la situación actual y de cuándo estiman que podrá retomarse la actividad del auditorio principal y del resto de salas".

CIERRE "DRAMÁTICO"

El cierre del Palau de la Música no solo es dramático para la actividad y difusión de la música y la cultura, sino que también supone un varapalo para la proyección internacional de la ciudad", ha agregado Climent.

En esta línea, la representante del PP ha manifestado que la reapertura del Palau de la Música "debería ser prioritaria para el Ayuntamiento", teniendo en cuenta que se trata de "un dinamizador cultural", de "un emblema de València" y, "cuando está en pleno funcionamiento, un motor económico de la ciudad".

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha confirmado 183 nuevos positivos de COVID-19 registrados este martes. Por otra parte, se registró el fallecimiento de dos varones de 100 y 90 años, y de dos mujeres de 85 y 89 años. Dos de estas personas vivían en un centro residencial sociosanitario.

Por otro lado, respecto a los nuevos positivos, las personas afectadas presentan síntomas leves o están asintomáticas y permanecen aisladas en sus domicilios, excepto seis que han precisado ingreso hospitalario. También se produjeron otras 12 hospitalizaciones de personas diagnosticadas en días anteriores.

Los servicios sanitarios realizaron en la jornada de ayer un total de 3.117 pruebas PCR. Según ha avanzado la Consejería de Salud, con las pruebas realizadas ayer, la tasa de positividad se ha situado en el 5,87%.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa con las investigaciones para determinar los vínculos de los contagios detectados. La Consejería de Salud recuerda que permanecen activos los llamamientos a la clientela de los gimnasios AltaFit-Natahoyo y MacFit, de Gijón, y Quirinal 14 Sport, de Avilés; así como a la de los establecimientos hosteleros La Panoya de Cenera (Mieres), Casa Eliseo (El Entrego) y El Duende de Trubia (Oviedo).

Las personas que hayan visitado estos locales deben rellenen el formulario disponible en el siguiente enlace de Astursalud (https://www.astursalud.es/en/formulario-pcr) o llamar al teléfono 984 100 400.

El Sespa contactará con los afectados para valorar la indicación de una prueba PCR. Mientras tanto, estas personas deben limitar su vida social, vigilar su estado y cumplir rigurosamente las medidas de protección: lavado frecuente de mano, uso correcto de la mascarilla y mantenimiento de la distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio.

Las autoridades sanitarias insisten en que, aun siendo importante la realización de la prueba en estos términos, lo fundamental son los protocolos de prevención.

El Tribunal Supremo ha rebajado las penas de cárcel que deberán cumplir tanto el extesorero del PP Luis Bárcenas como su mujer Rosalía Iglesias tras ser condenados por la primera época de las actividades de la trama Gürtel. Así, Bárcenas es condenado a la pena de 29 años y un mes de cárcel frente a los 33 años y cuatro meses que fijó la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018.

Su mujer, Rosalía Iglesias, que fue condenada por el tribunal de la Audiencia Nacional a 15 años y un mes de cárcel, ha visto reducida su pena de prisión a 12 años y 11 meses. Esta rebaja de más de dos años no evitaría sin embargo que entrara en prisión a la espera de lo que resolviera el Tribunal Constitucional (TC) ante un probable recurso de amparo.

En la sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, la Sala concluye que hay indicios plurales y acreditados de que Iglesias conocía la procedencia delictiva del dinero y el incremento del patrimonio de su marido no justificado con sus ingresos ordinarios, y destaca la conducta activa de la condenada.

"No sólo en la elaboración de tal documentación falsa relativa a operaciones inexistentes, sino también en su efectiva gestión de las cuentas bancarias abiertas a su nombre, en los ingresos mismos por ella verificados de esas cantidades de dinero que posteriormente se reflejaban en las declaraciones tributarias o en la operación relacionada con la compra de acciones de la entidad Libertad Digital para la apropiación de 149.600 euros de la 'Caja B' del PP, con cuyo importe emitió un cheque para la compra de un inmueble", señala.

Por todo esto, los magistrados concluyen que Iglesias conocía el origen delictivo empleado en estas operaciones. "Resulta lógica y razonable, siendo igualmente correctos, con arreglo a la jurisprudencia de esta Sala, cuantos argumentos se exponen por el Tribunal de instancia en orden a concluir que las alegaciones defensivas de la acusada lo que revelan, a lo sumo, es la existencia de un claro caso de ignorancia deliberada, incapaz de justificar la irrelevancia penal de su conducta que se postula", añaden.

ARTIFICIOS INCOMPATIBLES CON LA IGNORANCIA

Así, la Sala considera que la sentencia de la Audiencia Nacional describe y motiva todas las actuaciones realizadas por Rosalía Iglesias en la dinámica de ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por su esposo, "dando paralelamente, respuesta a cuantos alegatos defensivos fueron esgrimidos por la defensa, los cuales fueron descartados de forma motivada".

Y ahonda en que la defraudación atribuida a la mujer de Bárcenas se articuló a través de una serie de artificios (como apertura de cuentas bancarias o la consignación en el IRPF de unas inexistentes operaciones de compraventa de arte) en los que fue fundamental su intervención y de suyo incompatibles con la ignorancia o el desconocimiento invocados por la acusada.

En este sentido, la Sala rechaza la invocación de otros procedimientos donde se acordó la absolución de las esposas de los encartados al no tratarse de casos "idénticos", y subraya que la esposa del que fuera tesorero del PP "tenía pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las que el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular".

Sobre la rebaja de la pena, los magistrados explican que es debido a que estiman parte de los recursos tanto de Bárcenas como de Iglesias, y les absuelve del delito de estafa procesal intentado y les reduce las condenas por delito de blanqueo de capitales al excluir del mismo el concurso de un delito continuado de falsedad documental.

LUIS BÁRCENAS, SE LUCRÓ ILÍCITAMENTE POR SU CUENTA

Sobre el extesorero, la sentencia indica que estima probada su participación en la trama y recuerda que la Audiencia Nacional no vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como éste denunciaba en su recurso.

Añade que de los hechos probados la Sala de instancia infirió de forma lógica y racional que "desde al menos el año 2000, Luis Bárcenas, al margen de la actividad delictiva que en común llevó a cabo con otros acusados, desarrolló por su cuenta, y cuando lo precisaba en colaboración con su mujer, otra actividad dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en otras adjudicaciones de obras o apropiándose de fondos del PP".

Suma a esto que fruto de sus ilícitas actividades logró acumular un importante patrimonio que ocultó a través de un entramado financiero en entidades bancarias suizas, a través del cual invirtió en distintos valores y productos financieros, y afloró fondos cuyo origen no se correspondía con su declarada actividad ni con su ahorro.

SINEQUANON, TESEDUL Y GRANDA LOCAL, TODAS ERAN BÁRCENAS

Sobre la ocultación de rentas a la Hacienda Pública, la Sala afirma que el tribunal de instancia analiza detalladamente las distintas cuentas que el extesorero del PP tenía en Suiza, inicialmente para ocultar las ganancias generadas por sus ilícitas actividades, su posterior cambio de titularidad a nombre de la Fundación Sinequanon y los sucesivos traspasos de sus fondos, primero a la entidad TESEDUL y, después, desde ésta a GRANDA LOCAL.

Así, indica que estas entidades no tenían existencia real sino que, simplemente, ocultaban el patrimonio de Luis Bárcenas por el que no había tributado. Eran auténticas sociedades 'pantalla', creadas como una maniobra más, dentro de una permanente actitud defraudatoria.

En definitiva, dice la sentencia, Bárcenas y su esposa ocultaron pagos al fisco, simularon operaciones de compraventa de cuadros y, finalmente, presentaron una Declaración Tributaria Especial en nombre de TESEDUL, en la que reflejaron de modo incompleto las cantidades omitidas en las correspondientes declaraciones de IRPF de los años 2007 a 2010, ingresando por tal concepto la cantidad de 1.098.804 euros.

En cuanto a la condena de Bárcenas, a título de autor, y de Rosalía Iglesias, como cooperadora necesaria, por un delito de apropiación indebida por la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la 'caja B' del PP, la Sala subraya que la Audiencia Nacional contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir "tanto la existencia de una 'caja B', o contabilidad 'extracontable', del PP -sobre la que el recurrente ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad-, como los distintos actos de apoderamiento verificados por éste".

Por último, en relación con la simulación de operaciones de compraventa de obras de arte, la Sala agrega que en la sentencia recurrida se exponen detalladamente las pruebas que permiten concluir que los contratos en cuestión eran "simulados".

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo ratifica por otro lado, con ligeros ajustes, las condenas de prisión para otros 27 acusados que fijó la Audiencia Nacional, y la responsabilidad civil a título lucrativo del PP, y la exministra Ana Mato. Once de los acusados son condenados a más de 12 años de prisión.

El PSOE considera que la resolución del Tribunal Supremo de este miércoles sobre la trama 'Gürtel' supone la ratificación de la moción de censura que en 2018 sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa, y que impulsaron entonces los socialistas tras hacerse pública esa sentencia, confirmada ahora, en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa.

En este sentido, los socialistas recalcan que la resolución emitida este miércoles, confirmando esa sentencia de 2018, es una constatación de lo que ya se sabía, que es que el PP "es un partido que ha sufrido y sufre una corrupción sistémica", según fuentes del PSOE consultadas por Europa Press. Por todo ello, esperan que el líder de los 'populares' dé explicaciones.

Tras conocerse la resolución del Supremo, han sido muchos los dirigentes socialistas los que se han hecho eco de la noticia en las redes sociales. "Dicho de otra forma: el Supremo ratifica la Moción de Censura a Rajoy", ha zanjado el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, en un mensaje en Twitter. "Ooooooh!! Sorpresa!", ha comentado por su parte la diputada y dirigente Pilar Cancela, tirando de ironía.

En su cuenta oficial de Twitter, el PSOE ha señalado que "la Gürtel no deja de alargar su sombra sobre el PP". "El confetti, los payasos, los bolsos de lujo, los mariachis, la financiación ilegal de campañas... El Supremo confirma la condena del PP por beneficiarse de Gürtel. No hay más preguntas, señoría", afirma el partido que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dramaturgo Mario Gas, que dirige el estreno absoluto de 'Pedro Páramo' desde este viernes 16 de octubre en la Sala Fernando Arrabal de Naves del Español en Matadero, ha alertado de los "tiempos difíciles" que está viviendo la cultura por la crisis del coronavirus y ha alertado de que "la Administración, sea del color que sea, podría hacer más".

"No quisiera que esto se convirtiera en un alegato, pero la situación es lo suficientemente dura y compleja. Sea del color que sea la Administración y salvando excepciones personales, creo que como diagnóstico general se podría hacer más", ha señalado Gas durante la rueda de prensa de presentación.

Para el dramaturgo es necesario que el Estado "invierta más dinero para ayudar a los colectivos" y ha criticado la percepción en algunos sectores respecto a las ayudas a la cultura. "¿Por qué se subvenciona por ejemplo la fruta pero cuando es con la cultura, se habla de esa subvención en términos peyorativos?", ha cuestionado.

"Hay algo dentro de los políticos de ver la cultura como un arte pequeño-burgués. Y hay mucha reacción en este país y mucha gente que no quiere a la cultura y está deseando que se vaya a otro lado. Hay que borrar estas lacras y más ahora que hay una acuciante necesidad de respirar", ha señalado Gas.

La actriz Vicky Peña, que participa en esta obra junto a Pablo Derqui en el papel de oficiante que relata la acción hasta llegar a Comala, también ha lamentado la actual situación de los teatros por el coronavirus. "Hay muchas deficiencias y todas las líneas de actuación van por detrás de la realidad", ha señalado.

No obstante, ha defendido que resulta "imposible de prever algo de estas dimensiones" y ha instado a seguir tomando medidas para ayudar a un sector necesitado. "Se tomaron medidas pero seguro que son insuficientes: es todo tan tremendo e imprevisible...", ha añadido la actriz.

"Esto es un sector de jornaleros que vivimos al día y cuando se descabalgan las previsiones, nos quedamos tiritando. Hay gente que lo está pasando muy mal, sin perspectiva de futuro y es necesario tomar medidas y empujar desde las administraciones. Pero también que no se deje caer a la cultura por parte del público", ha defendido.

'Pedro Páramo', adaptación de Pau Miró de la mítica obra de Juan Rulfo con la que se dio el pistoletazo de salida al realismo mágico, estará en cartel hasta el próximo 8 de noviembre. En este trabajo, que contará con videoescenas y en el que el espectador "tendrá que imaginar su propia Comala", según el propio Gas.

"Es evidente que esta obra habla de la corrupción, pero también de los olvidados, los muertos, los oprimidos y de cómo uno se aposenta en el poder a costa de expoliar a los demás. Hay un juego con la vida y la muerte, con la apariencia y la realidad", ha destacado.

La obra se vertebra a través de la figura de Pedro Páramo, un hombre humilde que llega a convertirse en el cacique de su pueblo, Comala, un lugar que él exprimirá y arrasará hasta convertirlo en un pueblo fantasma. Allí llegará, años después, su hijo, Juan Preciado, que volverá al pueblo y se cruzará con los fantasmas de los que vivieron.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, 14 de octubre, la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Santa María, perteneciente a la editorial SM, para el desarrollo del proyecto 'Volver a clase', un estudio sobre el impacto de la situación de confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus en el alumnado y en el profesorado de los centros docentes de Aragón.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el estudio se va a realizar a través de cuestionarios al profesorado y a alumnos desde cuarto de Primaria para conocer cómo han vivido la pandemia por cursos y etapas educativas.

Según ha detallado, el estudio se va realizar este curso 2020-2021 y comenzará una vez que se haya suscrito el convenio. A su entender, "serán interesantes los resultado que puede arrojar para incorporarlos en estrategias futuras".

Pérez ha aclarado que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte se compromete en virtud de este acuerdo a difundir el estudio entre los centros que quieran participar para proceder a su inscripción, mientras la fundación procederá al análisis y estudio de las respuestas a las encuestas.

El Gobierno de Aragón colabora así con la Fundación Santa María de la editorial SM que, a través del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, está desarrollando este proyecto. Esta fundación tiene entre sus finalidades desarrollar proyectos educativos, de investigación, de formación de educadores y de intervención en contextos sociales vulnerables.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos interpuestos contra la sentencia condenatoria a 21 años y medio de prisión al hombre de 38 años al que un jurado popular consideró culpable de haber matado a un socio con el que tenía una plantación de marihuana cuyo cuerpo sin vida apareció en el maletero de su coche, abandonado en un aparcamiento de Huelva.

De este modo, el Alto Tribunal andaluz, en una sentencia consultada por Europa Press, ha confirmado esta pena y las que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, que enjuició los hechos, impuso por dos años y tres meses de prisión a dos amigos del condenado principal por encubrir el crimen. Las tres defensas habían recurrido ante el TSJA.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Supremo, confirma el fallo, que se produjo después de que el jurado popular declarara el 20 de octubre de 2019 culpables a los tres acusados, el primero de delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas, y los otros dos, de 57 y 35 años, de delitos de encubrimiento.

En su lectura del veredicto, el jurado consideró probado que el principal acusado de este juicio mató con alevosía a quien había sido su amigo y socio en un negocio de cultivo de una plantación de marihuana que tenían en una nave en el polígono industrial Los Álamos de Atarfe, en el área metropolitana de Granada.

La víctima y el asesino eran amigos desde la infancia y mantenían además una relación comercial por el cultivo de una plantación de marihuana que tenían en una nave en el polígono de Atarfe.

Tras hacer las primeras cuentas del negocio, según hizo constar la Audiencia de Granada en su sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, "surgieron fuertes discrepancias" entre el condenado por asesinato y su socio "sobre el reparto de beneficios" al no estar de acuerdo el primero "con las condiciones" que el otro "le imponía", por lo que su amistad se fue transformando en "animadversión.

Ambos se habían citado en la nave el día del crimen, el 6 de abril de 2016, cuando el ahora condenado aprovechó que su amigo viajaba solo para esperarle dentro de la nave y acecharle con la intención de acabar con su vida.

El condenado por asesinato y otra u otras personas no determinadas, entre las que la juez señala que no consta que estuviera uno de los supuestos encubridores, "se abalanzaron" sobre el luego fallecido, "le asestaron uno o varios golpes en la cabeza que le dejaron aturdido, lo que aprovecharon para colocarle sobre la cabeza una bolsa de plástico", y le siguieron golpeando.

Posteriormente, utilizando un revólver del calibre 38 u otra arma de fuego similar, efectuó varios disparos los cuales alcanzaron a la víctima "en la cabeza y otras partes del cuerpo".

"CHARCO DE SANGRE"

Tras caer mortalmente herido en el suelo de hormigón de la nave, quedó tendido en un "gran charco de sangre" para luego fallecer. El asesino comentó lo ocurrido con sus dos principales amigos y socios en el negocio de la marihuana y les "solicitó su colaboración para hacer todo lo necesario para eliminar los vestigios" del crimen.

En cuanto al traslado del cadáver en el maletero de su automóvil hasta Huelva fue el propio condenado por asesinato "o alguien no identificado a su encargo" quien lo hizo, especifica la sentencia.

Después de que los vecinos denunciaran el fuerte olor que provenía del coche, que no reconocían como habitual en la zona, agentes de la Policía descubrieron el cadáver del hombre en el maletero.

El Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) ha convocado la vigésima edición de los Premios de Investigación Juan María Parés, cuyo objetivo principal es destacar anualmente la actividad realizada por investigadores en activo que estén o hayan estado vinculados a la UC y que cuenta con dos modalidades: a la actividad investigadora y a la modalidad de tesis doctoral, en cada una de las áreas de conocimiento.

Según ha explicado el presidente del organismo, José Luis Zárate, la UC tiene "un punto fuerte en la investigación", tanto básica como aplicada, y lo se pretende "reforzar aún más" esta actividad.

La primera categoría establece un premio a un trabajo de investigación desarrollado en los últimos años por una persona o grupo de la universidad que tenga incidencia social, calidad contrastada y que abra vías de futuro para la universidad.

Según Zárate, se tiene en cuenta que sea un proyecto maduro y consolidado, que esté dando resultados y favorezca la repercusión de la UC a nivel internacional, se trate de investigación básica o aplicada.

Dotado con 7.000 euros, el premio también puede ser otorgado a una trayectoria científica meritoria, llevada a cabo por algún profesor o investigador ligado a la universidad.

La segunda modalidad destaca las cinco mejores tesis doctorales realizadas en los últimos tres años, una por cada área de conocimiento (Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Experimentales y Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías).

Su propósito es "motivar a los jóvenes investigadores", ha indicado Zárate, que ha precisado que en este caso se premian "la originalidad, aplicabilidad de los trabajos y su calidad contrastada". Una misma tesis podrá presentar su candidatura a este premio únicamente en dos ocasiones, optando a una cantidad de 1.400 euros.

Cada año la UC recibe entre 20 y 30 trabajos de estos investigadores noveles "de altísima calidad", ha destacado Zárate, que ha recordado que se han premiado un total de 101 trabajos.

Las candidaturas se presentarán hasta el 18 de diciembre en la sede del Consejo Social (edificio de Derecho y Económicas, campus de Las Llamas) mediante impreso disponible en la página web https://web.unican.es/orp/consejo-social/premios-de-investigacion.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado este miércoles que la entidad bancaria estaba preparada "para ataques terroristas y nucleares, pero no para esta pandemia".

Así se ha referido en alusión a la crisis por el coronavirus durante su intervención en el IV Foro El Económico, celebrado en el Palacio de Congresos de Palma, donde también ha apuntado que la situación actual es "única" para enfrentarse a los retos estructurales de la economía de España y ha dicho que "no hay economía más sobredefinida que la española".

"Nunca jamás he visto una oportunidad tan extraordinaria para transformar un país", ha manifestado Goirigolzarri, que cree que, por las características de la economía española, el país va a salir de la crisis económica de una manera más lenta que las zonas del norte de Europa.

Goirigolzarri ha indicado que las "claves" para superar la crisis económica pasan por apoyar al tejido empresarial, ayudar a aquellas personas más necesitadas y facilitar a los ciudadanos que tengan las habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral.

También ha hecho hincapié en la importancia de organizar correctamente las prioridades a corto plazo de la sociedad, así como "valorar lo que une a los ciudadanos, evitar la crispación y mantener la transparencia económica y política".

FUTURO ECONÓMICO DE BALEARES Y FUSIÓN CON CAIXABANK

Además, ha realizado una valoración sobre el futuro económico de Baleares y ha dicho que el turismo es un sector que tiene "capacidad de salida rápida", por lo que considera que las Islas volverán a recibir viajeros mucho más rápido que otras áreas.

El presidente de Bankia también ha asegurado que la fusión de su entidad bancaria con CaixaBank "se ha precipitado" debido al coronavirus y ha manifestado que "anticiparse es fundamental", porque eso permite "elegir mejor" y realizar un proceso de integración desde una posición de "mayor fortaleza".

Goirigolzarri también ha explicado que la baja rentabilidad de la banca europea, los nuevos retos estratégicos a los que está sometida la banca y algunas innovaciones como la revolución tecnológica fueron los tres principales motivos por los que se decidió realizar esta integración.

En relación a la rentabilidad de la banca europea, que desde 2016 marca cifras por debajo del coste de capitalización, Goirigolzarri ha destacado que su entidad pensaba que estos números se iban a corregir en pocos meses, pero que ya hace cuatro años que siguen en la misma línea.

Además, ha manifestado que el coronavirus ha sido "un catalizador" de todas estas variables, lo que hará que la banca mantenga periodos negativos por un largo periodo de tiempo y, como consecuencia, también tendrá un impacto en las cuentas de resultados de Bankia.

La valoración que ha realizado Goirigolzarri de la fusión de CaixaBank y Bankia ha sido positiva, pues ha remarcado que tendrá un impacto positivo en los empleados y la cotización de ambos bancos.

ARMENGOL PIDE NO COMPARAR BALEARES CON OTROS TERRITORIOS

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha realizado la clausura del acto, ha manifestado que, por el modelo económico de la comunidad autónoma, no se deben comparar las islas "con Madrid o con otros territorios.

Tenemos que ser conscientes de que, para tener economía, se tiene que garantizar la salud individual y colectiva", ha recordado la presidenta.

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, ha instado al Gobierno a revisar la regulación de la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las Recomendaciones del Pacto de Toledo, para equiparar los requisitos en el acceso a la misma.

La moción, presentada por el Grupo Socialista, ha sido aprobada este miércoles 14 de octubre con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido.

En el texto se explica que a las personas registradas oficialmente como uniones de hecho que sobreviven a su pareja "se les exigen diferentes requisitos en el acceso a la percepción de la pensión de viudedad" respecto a los que están casados, lo que, "en ocasiones, puede provocar una gran desprotección y, en consecuencia, penalizar las rentas del hogar familiar".

Entre los requisitos, se supedita el acceso a la pensión a la situación económica en el momento del fallecimiento, sin tener en cuenta que dicha situación puede ser puramente circunstancial, según señala el texto de la moción. Así, si se superan dichos ingresos, aunque fuera en un euro, se le denegaría la pensión de viudedad.

Lo verdaderamente discriminatorio es que a las parejas de hecho se les deniega la pensión de por vida por el hecho de tener mayores ingresos el sobreviviente que el fallecido, aunque sea solo un euro, castigando a esta persona y mermando la economía familiar e, indirectamente, penalizando a los posibles hijos menores", ha subrayado el senador del PSOE Alfonso Muñoz.

Según el INE, en el año 2018 había en España registradas 1,6 millones de parejas de hecho frente a 9,7 millones de parejas con vínculo matrimonial. Esto supone que un 14,4% de las parejas optan por esta nueva forma de familia. Dicha cifra ha disminuido en 23.000 parejas con respecto al año 2017, algo que el PSOE achaca a la diferencia en la protección.

Durante el debate de la moción, la senadora del PP María Mercedes Fernández ha asegurado su apoyo a la moción porque consideran que hay que "erradicar todas las desigualdades" pero ha pedido hacerlo "con rigor" pues va a ser, a su juicio, "una legislación de desarrollo complejo".

Por su parte, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha calificado de "desigualdad inaceptable" la situación actual en cuanto a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho. A su juicio, supone una "gran desprotección y una discriminación" y, por ello, pide "adaptar la normativa a las nuevas realidades".

En la misma línea, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha indicado que no les parece "de hecho ni de derecho" que los derechos de las familias dependan de que el vínculo sea matrimonial o no y tampoco entiende que la pensión de viudedad "pueda depender en unos casos de lo cotizado y en otros de la situación económica en el momento del fallecimiento. "Es una cuestión de no discriminación, es una cuestión de justicia", ha enfatizado.

Igualmente, la senadora de Ciudadanos Carlota Santiago ha subrayado que "es necesario un proyecto de ley estatal de parejas de hecho" que contemple la "equiparación" de derechos a nivel social, en temas fiscales y de la Seguridad Social. También ha apuntado otras situaciones "discriminatorias" como que las parejas de hecho no puedan acceder al reconocimiento de familia numerosa.

Por su parte, la senadora de Catalunya En Comú Podem Sara Vilà ha dicho que "ya era hora" de equiparar los derechos de las parejas de hecho y los matrimonios convencionales porque lo que ocurre supone "un castigo" que "no tiene cabida". También el senador de Junts Per Catalunya Josep María Cervera ha mostrado su apoyo a la moción asegurando que la situación actual es "una injusticia".

Aixa de la Cruz, Idoia Santamaría, Uxue Alberdi y Borja Barragué completan los Premios Euskadi de Literatura 2020 en las categorías de Literatura en Castellano, Traducción Literaria al Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano, respectivamente, según ha dado a conocer este miércoles el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, en el Museo San Telmo de San Sebastián.

En el apartado de Literatura en Castellano el premio ha sido para Aixa de la Cruz Regúlez por la obra 'Cambiar de idea'. En la categoría Traducción Literaria al Euskera la ganadora ha sido Idoia Santamaría Urkaregi por 'Aldibereko (Ingeborg Bachmann)'.

En Ensayo en Euskera el galardón ha sido para Uxue Alberdi Estibaritz por 'Kontrako eztarritik', mientras que en Ensayo en Castellano ha recaído en Borja Barragué Calvo por la obra 'Larga vida social a la democracia'.

A los galardonados dados a conocer este miércoles se suman los tres premios anunciados la semana pasada, -Karmele Jaio en Literatura en Euskera por 'Aitaren etxea', Iñigo Astiz en Literatura Infantil y Juvenil en Euskera por 'Joemak eta Polasak' y Miren Asiain en Ilustración de Obra Literaria por 'Un millón de ostras en lo alto de la montaña'-, que completan las siete personas ganadoras de los Premios Euskadi de Literatura de este año.

Durante su intervención, el consejero de Cultura y Política Lingüística ha deseado que "los valores literarios que, género por género, cada jurado ha destacado de las obras premiadas, contribuyan a su conocimiento a través de los lectores que a buen seguro disfrutarán de las creaciones y contribuirán a su difusión.

Cada premio tiene una dotación de 18.000 euros, que puede aumentar en 4.000 euros más si la obra es publicada en otra lengua. La ganadora en la categoría Traducción Literaria al Euskera recibirá 18.000 euros.

Los Premios Euskadi de Literatura de este año se entregarán el próximo 19 de noviembre en un acto celebrado en Azkuna Zentroa, en el que estarán presentes las personas premiadas en las siete modalidades.

La acusada por participar en la exhibición pública, a modo de procesión, de la imagen de una vagina de plástico ataviada como si fuera una virgen durante la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo de 2013 en Málaga se ha declarado inocente y ha dicho que no pensó que pudiera ofender a los católicos y que no era su intención hacerlo, sino que pretendía defender los derechos de las mujeres.

El juicio ha quedado este miércoles visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 10. La denuncia la presentó la Asociación de Abogados Cristianos, que acusa por un delito de provocación a la discriminación, odio y violencia por motivos referentes a la religión y por otro contra la libertad de conciencia religiosa, pidiendo 12 meses de prisión y multa. La Fiscalía acusa por un delito contra los sentimientos religiosos y pide una multa de 3.000 euros.

La acusada ha explicado que fue a la manifestación del 8M en general y luego se quedó con el colectivo que llevaba la vulva de plástico, pero ha dicho que no hubo un acuerdo previo. Así, ha manifestado que la mantilla, la peineta y otros objetos se los dieron allí el grupo que llevaba esa imagen y que también le pasaron un móvil con frases que leyó, pero que no había visto previamente ni se sabía de memoria.

La procesada ha precisado que la manifestación de ese año incidía contra la reforma del aborto, el retraso en los derechos de las mujeres que suponía según los colectivos feministas y se protestaba contra determinadas instituciones, como la Conferencia Episcopal, que defendían esa reforma del Ministerio de Justicia. Así, ha reiterado que no tiene vinculación con la organización y que nadie daba órdenes de quién cogía la imagen o quién leía: "Era todo muy fluido".

"Entiendo que puede resultar ofensivo, pero jamás fue mi intención", ha asegurado, apuntando que "en ese momento no me planteo, no veo que puede ser ofensivo, puede ser soez pero no ofensivo". "En su momento, no pienso que esté faltando al respeto a los católicos, es una forma performática de protesta", ha reiterado, señalando que no llevó todo el rato la vulva a hombro y que tampoco cogió el megáfono, estando en algunos casos callada.

En su derecho a la última palabra, la acusada ha asegurado que "no es verdad que se quisiera ofender, se trataba de dignificar lo que las feministas hemos hecho", insistiendo en enmarcar esta performance "en una reivindicación de la libertad sexual y reproductiva de la mujer".

En el juicio también han declarado un policía nacional, que ha ratificado la identificación de la acusada por el vídeo y que ha dicho que tuvo el material bruto, sino lo que se colgó en una plataforma; y un representante legal de la Asociación de Abogados Cristianos, que ha confirmado ese sentimiento de ofensa y que recibieron llamadas de quejas de numerosas personas.

También ha comparecido dos de las organizadoras habituales de la manifestación del 8M en Málaga, que han corroborado que la acusada no participó en la organización de esa manifestación general que cada año recorre las calles, apuntando que normalmente llevan el mismo recorrido y se pasaba siempre por la plaza donde se encuentra el Obispado.

LAS PARTES

Según el escrito del ministerio fiscal, la acusada participó en compañía de otras personas no identificadas en esa exhibición pública durante dos horas por las calles del centro de la capital. Se trataba de una vagina de látex de grandes dimensiones bajo el nombre de 'Gran procesión del Santo Chumino Rebelde', procesión convocada, señala la acusación pública, por quienes se hacían llamar la Hermandad del Coño Insumiso.

Para la fiscal, "se pretendía hacer mofa de los símbolos y dogmas más sagrados para quienes profesan la religión católica". "Es la única finalidad que se ve, la ofensa", ha dicho en su informe final, apuntando que "se atenta contra el mismo corazón de las creencias, como es el credo, al parodiarlo". La representante de la acusación pública ha considerado que la participación de la acusada fue "protagonista" y que "no se puede entender que pasara por allí".

Esta estructura de la vagina, detalla la Fiscalía, estaba acompañada de ornamentos que usualmente distinguen a las imágenes de la virgen en los tronos de Semana Santa, como un manto y flores; y ha reiterado que la acusada y sus acompañantes "profirieron a lo largo del recorrido proclamas en las que, utilizando expresiones de diverso contenido, trataban de atacar la base de la fe católica", como 'Vamos a quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal".

Por su parte, desde la Asociación de Abogados Cristianos han considerado probado que se recreó una procesión "escenificada en tono de burla" y se realizaron proclamas y "se pregonaron versiones vejatorias de oraciones cristianas". La abogada Polonia Castellanos, que ha ejercido como acusación particular en representación del colectivo que preside, ha incidido en que "para celebrar el Día de la Mujer no es necesario arremeter contra los católicos".

En declaraciones a los periodistas, Castellanos ha indicado que si los mismos hechos, "en lugar de realizarse contra los católicos, se hubiesen realizado contra otro colectivo, sin duda alguna habría una repulsa generalizada de la sociedad y hubiesen sido ya condenados". "Pedimos igualdad con respecto al resto de colectivos, respeto y que se cumpla la ley", ha aseverado, considerando que este tipo de actos "lo único que hacen es enfrentar a las mujeres".

Así, se ha mostrado convencida de que en el juicio ha quedado "más que probado el contenido humillante y ofensivo" y ha hecho hincapié en que "no es un hecho puntual por parte de la acusada", añadiendo que también ha quedado probado "la innecesaridad y la gratuidad", así como "la preparación previa". Ha explicado que la acusada argumenta que pretendía ir a favor del aborto, "pero en contra del aborto no estamos solos los católicos, sino también los protestantes, los musulmanes y los judíos, pero contra ellos no se va", ha dicho.

Por su parte, para la defensa "solo cabe sentencia absolutoria", al entender que la performance se produjo en el contexto de la manifestación del Día de la Mujer y "se ha acreditado que se hizo en un contexto político en contra de la contrarreforma del aborto, que las alusiones que podían hacerse a la utilización metafórica de un credo como a elementos de la Semana Santa no tenían el objeto de injuriar u ofender, sino que forman parte de una cultura popular que trasciende la cuestión religiosa", ha dicho la abogada Amanda Romero.

Así, ha insistido en que hay pruebas suficientes para acreditar que se hizo para reivindicar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. "Más allá de que pueda parecer provocativa, vulgar, soez o valiente, se trata de una intervención protegida por el ejercicio de la libertad de expresión", ha señalado, considerando que es "sumamente peligroso, como ya advertía el Constitucional, que el procedimiento penal se use como un elemento disuasorio de la libertad de expresión".

"La libertad de expresión se tiene que llevar a cabo de la manera más extensa posible. No es absoluto o ilimitado, tiene sus límites en otros derechos fundamentales, pero hay que tener especial celo para establecer sus límites", ha explicado Romero, quien ha incidido en la importancia de la contextualización porque "no es lo mismo que yo, porque sí, salga a la calle a proferir ciertas consignas u opiniones, a que se haga en el contexto de una manifestación con una serie de reivindicaciones".

La presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, ha pedido con motivo de la celebración de la jornada 'Las Mujeres Rurales impulsando su futuro', que las administraciones pongan en marcha más iniciativas y se destinen partidas presupuestarias destinadas a la formación y al desarrollo de las mujeres rurales.

Ante la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, y el director de la Konrad Adenauer en España y Portugal, Whilhlelm Hofmeister, Quintanilla ha defendido que las mujeres rurales son "la fuerza que impulsa y da vida a los pueblos", según ha informado en nota de prensa la asociación.

"En Afammer durante nuestros 38 años de vida siempre hemos sabido que para que las mujeres puedan emprender y desarrollar más proyectos de vida en los pueblos tenemos que darles las herramientas necesarias", ha defendido Quintanilla, que también ha destacado el éxito de los programas de formación impartidos por la asociación que preside a lo largo de los años.

"Al menos el 60% de las mujeres que se han formado con Afammer a lo largo de nuestra historia han encontrado empleo o han emprendido sus propias iniciativas empresariales", ha incidido.

LA MUJER RURAL, IMPRESCINDIBLE

De su lado, la consejera de Igualdad y portavoz ha puesto de manifiesto el papel "imprescindible y protagonista" que deben tener las mujeres rurales en España y en Castilla-La Mancha en los próximos años para el mantenimiento del medio rural.

"Una tierra como la nuestra, no se podría comprender sin las zonas rurales. Y los pequeños pueblos de nuestra región no tendrían futuro si las mujeres no tenemos futuro en los pueblos", ha dicho Fernández en la jornada de Afammer, donde ha precisado que la mitad de la población de Castilla-La Mancha vive en el ámbito rural, lo que implica que la mitad de las mujeres de la región, aproximadamente medio millón, viven en pueblos. Una realidad ante la que el Gobierno regional es sensible "y tiene claro que su papel es irrenunciable".

La consejera ha puesto de manifiesto que, a pesar de que las mujeres rurales han sido y son la columna vertebral de las zonas rurales, del sector primario y el agroalimentario, suponen solo el 24% de la base social de las cooperativas y el 9% de las directivas de los consejos rectores, una realidad que "tiene que cambiar porque somos el cincuenta por ciento de la población y porque es el momento de que se visibilice un trabajo que se ha hecho históricamente".

APOYANDO A LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL

Para conseguir este fin, la titular de Igualdad ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha medidas como la aprobación del Estatuto de las Mujeres Rurales, que contempla obligaciones a cumplir en dos años como la consecución de la paridad en los consejos rectores y en puestos directivos de empresas ubicadas en el medio rural, para tener mejor puntuación en materia de acceso a las ayudas.

Unas decisiones "necesarias" ya que, por ejemplo, en estos momentos, en Castilla-La Mancha hay 194 explotaciones de titularidad compartida, "y aunque pueden parecer pocas, son cinco veces más que las que había cuando se abrió el registro de titularidad compartida".

Tras aludir a otras medidas del Gobierno regional titular en favor de las mujeres rurales, la consejera de Igualdad ha apuntado que, aunque aún queda mucho por hacer, "es indudable que la acción positiva hacia mujeres que lideran proyectos empresariales es importante, porque si queremos que nuestros pueblos tengan futuro, tienen que dar un espacio a las mujeres jóvenes, porque si no van a emigrar y con su abandono, la masculinización provoca envejecimiento y desaparición de las zonas rurales".

APUESTA POR LAS INFRAESTRUCTURAS

De igual modo, la Blanca Fernández que el despliegue de infraestructuras forma parte del esfuerzo del Gobierno regional para atender a la población en su territorio, un esfuerzo que, ha reivindicado la consejera, tiene que estar acompañado por parte del Gobierno de España porque prestar servicios en regiones rurales tiene un coste más alto que en otros territorios donde se concentra la población.

"En definitiva, hay cosas que tienen mucho valor, pero no demos poner precio. Y de eso se trata, de dar el impulso a las zonas rurales de Castilla-La Mancha y de trabajar en la Ley contra el Despoblamiento con esa perspectiva feminista para que la mujer en esta ocasión no sea una gran olvidada, porque en definitiva es el cincuenta por ciento de la población que vive en la zona rurales de Castilla-La Mancha", ha concluido.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho alusión a la proposición de ley que el PSOE mantiene en el Parlamento autonómico para legislar contra la okupación de viviendas, una normativa que espera que salga "por consenso" pese a que en estos momentos comparte trámite parlamentario con una propuesta similar elevada por el Partido Popular, si bien los 'populares' también han abierto la puerta a estudiar la tramitación conjunta.

Durante su intervención en un foro empresarial, ha defendido que en Castilla-La Mancha existe el "empeño" de que se pueden cambiar las leyes "para mejorarlas", y por eso en esta región "se está tramitando antes que nadie" un texto legislativo con este trasfondo.

Esta proposición de ley, que implica retocar varias leyes de ámbito estatal y que requeriría del visto bueno del Gobierno de la nación o del Congreso de los Diputados, nacerá en Castilla-La Mancha con la intención de "proponer" a instancias nacionales que se impliquen en la materia, "que es quien tiene que hacerlo".

Por ello, ha asegurado, el titular del Ejecutivo regional confía en lograr ese consenso como paso previo a desarrollar la norma a nivel estatal, y a partir de ahí "se empezará a cambiar el problema".

"Las autonomías somos una parte del Estado y tenemos la capacidad de proponer y elaborar. Y en Castilla-La Mancha tenemos suficiente tranquilidad política para redactar leyes que en Madrid no tienen. No tienen ni tiempo ni tranquilidad. Ellos están en el mañana, pero nosotros podemos pensar en el pasado mañana", ha afirmado.

El segundo intento de reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los ceses como el del coronel Diego Pérez de los Cobos ha derivado en un cruce de reproches por coincidir el debate en el Congreso de los Diputados con la sentencia del Tribunal Supremo que confirma las condenas por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel', en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa.

Sin la presencia del ministro en el Congreso, Ciudadanos ha defendido su moción para reprobar a Grande-Marlaska tras el fallido intento anterior del Partido Popular. Tanto estos dos partidos como Vox han respaldado la censura del titular del Interior con alusiones al acercamiento de los presos de ETA o la falta de respuesta a los "ataques" que reciben las Fuerzas de Seguridad del Estado o la figura del Rey, lo que han relacionado con la necesidad de contentar a los socios de Gobierno.

"El ministro ha mentido en sede parlamentaria, quizás en imitación de un Gobierno instalado en la 'mentirocracia", ha defendido el diputado de Ciudadanos y policía en excedencia Pablo Cambronero, disconforme con las explicaciones dadas por Grande-Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos y otros altos cargos, entre ellos el jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía, durante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

LA REPROBACIÓN, UN TEATRILLO

La tesis del partido naranja, que no ha aceptado la moción planteada por Vox para pedir el cese inmediato del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha sido censurada por PSOE y Unidas Podemos, que han aprovechado la coincidencia del debate en el Congreso -- y su previsible rechazo-- con la publicación de la sentencia del Supremo sobre el 'caso Gürtel' para acusar a Cs, PP y Vox de montar un "teatrillo".

"No hay caso", ha señalado el diputado del PSOE David Serrada sobre el cese de cargos de confianza en las Fuerzas de Seguridad del Estado, recordando --al igual que antes Enrique Santiago, de Unidas Podemos-- que el Gobierno del PP a tres comisarios de la Policía cuando investigaban el 'caso Gürtel'. "No van a conseguir que dimita algún miembro del Gobierno", ha sostenido el portavoz socialista, que también ha aludido a la Operación Kitchen y la imputación del exministro 'popular' Jorge Fernández Díaz por el plan para sustraer información de Luis Bárcenas por afectar al PP. CASTIGO A MADRE VÍCTIMA DEL TERRORISMO

La diputada del PP Ana Vázquez ha lamentado que Grande-Marlaska se haya convertido en un "hooligan del Gobierno", censurando que diera salvoconductos para permitir la visita a las cárceles de familiares de presos de ETA. Ignacio Gil Lázaro ha defendido la moción de censura y, tras criticar un programa "basura" en la TV pública vasca contra la Guardia Civil, ha cuestionado el acercamiento de los etarras a prisiones más próximas al País Vasco.

En concreto, el diputado de Vox ha citado el caso de Andoni Otegi Eraso, que mató a una niña en un atentado en la casa-cuartel de Santa Pola, lo que ve una "vileza" porque la decisión de Interior se adopta, según ha dicho, "días después" de que la madre criticara al presidente del Gobierno por su pésame por el suicidio de un etarra. Por este motivo se ha preguntado si se trata de un "castigo añadido" a la madre de la menor por "atreverse a levantar la voz".

Unidas Podemos, sin embargo, ha cargado contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a quien ha acusado de filtrar el informe con "mentiras" en el marco de la investigación judicial por la presunta relación entre la manifestación del 8M y el inicio de los contagios de coronavirus en Madrid. Enrique Santiago ha aludido a un delito del Código Penal Militar y ha relacionado al alto mando del Instituto Armado con los fondos reservados de la Operación Kitchen por su etapa en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, también ha sostenido que Pérez de los Cobos fue el "pagador" de los fondos reservados durante la Operación Kitchen, añadiendo que tanto él como su "compinche" Manuel Sánchez Corbí --exjefe de la UCO-- deberían estar expulsados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mencionando las torturas en la lucha contra ETA.

Desde Junts la crítica se ha dirigido contra la actuación durante el referéndum del 1-O de Pérez de los Cobos, "un personaje" que la diputada Miriam Nogueras cree que debería estar sentado en el banquillo de los acusados.

El Vicerrectorado de Igualdad de la Universitat de València (UV) lanza 'Block al machismo' contra el acoso a las mujeres en redes sociales, una campaña enfocada en prevenir y abordar el machismo y las relaciones no respetuosas entre mujeres y hombres en entornos digitales.

'Block al machismo' pretende denunciar el trato irrespetuoso y abusivo hacia las mujeres en redes. Arranca este miércoles con el estreno de un video institucional que escenifica un caso de acoso a través de dispositivos móviles con una pareja joven como protagonista.

La campaña sigue con la etiqueta '#blockalmasclisme' y la inserción en redes sociales de píldoras audiovisuales y testigos de ciberacoso vividos por estudiantes en los últimos meses, informa la institución académica en un comunicado.

Finaliza el 24 de noviembre con el acto institucional de la UV con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con una mesa redonda, en formato virtual y las intervenciones de periodistas y juezas expertas en la materia.

Con esta iniciativa, la Universitat quiere poner de relieve que varios estudios y medios de comunicación se han hecho eco del aumento del ciberacoso durante el confinamiento.

Que controlen las llamadas del móvil, que miren el contenido y las conexiones o que presionen para obtener las contraseñas de las cuentas de redes sociales son algunos de los ejemplos recogidos entre estudiantes en los meses de cuarentena. "Ejemplos de violencias machistas que ya se daban y que la pandemia ha acentuado".

Varias voces de la UV ponen cara a esta campaña de denuncia para ofrecer pautas claras de comportamiento con ejemplos de conductas que no son tolerables en la relación entre mujeres y hombres, como recoge el 'Código de buenas prácticas en las relaciones de género' de esta universidad.

Según este código, en la Universitat no tienen cabida los comportamientos de acoso sexual ni por razón de sexo y se exige un trato respetuoso y simétrico entre hombres y mujeres, salvaguardando su dignidad e intimidad.

Docentes, investigadores y personal de administración y servicios no deben así hacer afirmaciones discriminatorias sobre personas, especialmente sobre la mujer con comentarios sexistas, de exclusión e incluso intimidatorios.

La meta de 'Block al machismo' es resaltar los testimonios de jóvenes durante los últimos meses ante las dinámicas de violencia machista en redes, para dar a conocer "esas prácticas que mucha gente considera normales y que tenemos normalizadas y poner el foco en la prevención y sensibilización. Sobre todo, en las estudiantes de la universidad.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral ha citado para el próximo 20 de octubre a las 11.00 horas al diputado de Unidas Podemos y secretario de organización de la formación 'morada', Alberto Rodríguez, en calidad de investigado para que preste declaración voluntaria en relación con la causa en la que investiga un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.

La Sala de lo Penal del Supremo acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él, entre otros, en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Sobre estos hechos el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto Rodríguez al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y había solicitado la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de diputado, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.

PROTESTA POR LA LEY WERT

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Según los atestados la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como 'pancartazos' y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

El comité de empresa del Palau de la Música de València ha lamentado que se relacione el robo de algo más e 5.000 euros cometido en este auditorio con alguien de la plantilla y ha defendido la "profesionalidad" y "honradez" de los trabajadores. Así, han censurado, en un comunicado, que se lance sobre ellos "la sospecha" de esta sustracción.

Los representantes de los empleados se han pronunciado de este modo después de que la presidenta del Palau de la Música y concejala de Patrimonio y Recursos Culturales en el Ayuntamiento de València, Glòria Tello, insistiera este martes en que el robo ha sido presuntamente cometido por alguien de dentro.

"Aquí no ha venido un ladrón de fuera a robar. Eso es evidente", afirmó la edil, que destacó que la investigación policial sigue abierta y que no hay novedades. Asimismo, a finales de septiembre, tras conocerse la sustracción de ese dinero correspondiente a una parte de las devoluciones de los conciertos cancelados por la Covid-19, Tello pidió "prudencia" y dijo que se apunta a que el robo se produjera "por parte de un miembro de la plantilla".

El comité de empresa ha lamentado esas palabras de la responsable municipal y ha criticado que "un hecho aislado del que se desconoce prácticamente todo y que se encuentra en manos de la investigación policial se trate con la sospecha sobre sus trabajadores". El comunicado lo firman los representantes de UGT, CCOO, Intersindical Valenciana y CGT.

Los representantes de los trabajadores han manifestado su intención de dejar "clara" su "profesionalidad y honradez" y han pedido a la dirección del Palau de la Música "discreción" como se pidió a los empleados tras el robo. "Se nos pidió la máxima discreción en este asunto, practiquen con el ejemplo", han planteado.

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Maica Larriba, ha informado de que la mancha de fuel detectada en la jornada del martes en la ría de Arosa ha sido controlada.

Así lo ha asegurado tras una reunión en la que han participado los responsables de la Capitanía Marítima de Villagarcía de Arosa, de la demarcación de Costas de Pontevedra, Guardia Civil y Protección Civil.

Cuatro embarcaciones trabajan desde primera hora de la mañana en la zona en la que se detectó la mancha. Se trata de tres patrulleras del servicio de Guardacostas de Galicia y el remolcador Don Inda, de Salvamento Marítimo.

La labores de estos barcos, que se realizan en las cercanías de punta Touro, en Ribeira, se centran en la colocación de barreras anticontaminación para contener el vertido y en tareas de recogida del fuel mediante sistemas de aspiración y elementos absorbentes.

Además, se han realizado trabajos de extracción junto a la Ila de Ons, si bien en este caso se trata de "una mancha más diluida y deescaso impacto", según ha explicado Maica Larriba.

PUDO PROCEDER DE TIERRA

Tanto la Capitanía Marítima de Vilagarcía como el Seprona de la Guardia Civil tienen abiertas sendas investigaciones respecto al origen de la mancha. Precisamente, Maica Larriba ha adelantado que "el vertido pudo haber llegado desde tierra".

Por el momento continúa activado el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación marina, en fase de emergencia 1, que es la que corresponde a casos en los que la contaminación no se sitúa en las inmediaciones de los puertos.

La subdelegada ha revelado que ante el riesgo de que la mancha llegara a la costa, durante la jornada del martes se valoró la posibilidad de activar también el plan Ribeira de lucha contra la contaminación por hidrocarburos.

Con todo, tras la favorable evolución de los trabajos de contención del vertido esa opción ya ha sido desestimada.

NORMALIDAD EN LA PESCA

La Xunta mantiene cerrado el polígono de bateas Ribeira B. "Se trata de un cierre preventivo ya que la mancha en ningún momento le ha llegado a afectar", explican desde la consellería do Mar.

Ante la favorable evolución de los trabajos de contención y de recogida del fuel derramado, la Administración autonómica ha desestimado este miércoles la opción de desplegar barreras anticontaminación en torno al polígono de bateas, posibilidad que se barajó en un primer momento.

La consejería del Mar ha confirmado que, excepto en la zona concreta afectada por le vertido, en el resto de la ría de Arousa "se está faenando con normalidad".

La octava edición del programa Gira Jóvenes de Coca-Cola se ha adaptado este año al nuevo panorama digital y ha premiado con Becas Changemaker de 1.000 euros a cinco participantes para que desempeñen un proyecto social en una entidad ambiental o social.

Según ha informado la compañía, en total, 859 jóvenes de las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Huelva, Cáceres, Badajoz y Ciudad Real han participado en esta edición y se han impartido 19.286 horas formativas. Los dos itinerarios del programa son 'Construye tu pasión', que ha alcanzado la octava edición, e 'Impulsa el cambio', que ha arrancado este año.

El primero, permite a jóvenes con menos oportunidades vivir un primer contacto con el mundo laboral, y el segundo, que se puso en marcha en 2019, orientado a estudiantes de Formación Profesional de la España menos poblada, busca que los participantes puedan contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de sus comunidades.

De este modo, Gira Jóvenes ha contado con la participación de 5.518 chicos y chicas desde que arrancó en 2012 y la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia, Ana Gascón, ha ensalzado que el compromiso con la capacitación es "histórico" de modo que Gira Jóvenes lleva ya casi diez años "trabajando para contribuir al futuro de los jóvenes a través de este programa de formación y empleabilidad que ofrece a chicos y chicas de entre 16 y 23 años vivir una experiencia transformadora, ayudándoles a conocerse a sí mismos, el mundo laboral, ganar habilidades para el trabajo y para la vida e impulsar su papel como agentes de transformación social".

"Coca-Cola y las entidades colaboradoras que participan en el programa han seguido trabajando para ayudar a los participantes a descubrir su talento y adaptar sus habilidades profesionales a la nueva realidad, bajo la premisa de que todos tenemos el mismo talento, pero no las mismas oportunidades", ha añadido la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners, Carmen Gómez-Acebo.

Las becadas en esta ocasión, todas ellas chicas, son Nerea Núñez, del IES Ramón Carande; Macarena Corchado, del IES Sotero Hernández; Irene Juidías, del IES Suárez de Figueroa; Inmaculada Calzado, del IES Antonio Calvín; y María Ángel Rivera, del IES Don Bosco; y de ellas se ha destacado su nivel de involucración y participación durante el Encuentro Changemaker y su destacada puntuación en las competencias desarrolladas a lo largo del itinerario.

Con la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, el programa Gira Jóvenes se ha adaptado y ha innovado en nuevos formatos digitales para cubrir las necesidades generadas por la brecha digital, con el objetivo de que los participantes del programa puedan seguir aprendiendo y desarrollándose a través de las formaciones online.

El Campus Digitalízate ha ofrecido una "formación" híbrida a los participantes, entre el formato online y lo presencial, que les ha permitido seguir interactuando entre ellos, conocer el ámbito audiovisual y desarrollar sus competencias profesionales y laborales "en esta nueva realidad" fuertemente marcada por el panorama digital.

En este sentido, a lo largo de este año ha incentivado la creatividad de los participantes con el objetivo de ayudar a otros mediante soluciones digitales. Así dentro de su programa TECH4Good, de la mano de la ONG Creática, un grupo de jóvenes han desarrollado, con la ayuda de la herramienta Watson Assistant de IBM, un bot para ayudar a jóvenes de su entorno a lidiar con problemas generados por la pandemia como el confinamiento, soledad, angustia, aburrimiento, falta de información o fake news.

NUEVA EDICIÓN

El programa comenzará una nueva edición en 2021 con la participación de mil jóvenes que accederán a formaciones semi-presenciales, con una parte muy importante de contenidos digitales, con el objetivo de reforzar sus competencias tecnológicas.

En el itinerario de 'Construye tu pasión' los chicos tendrán la oportunidad de tener experiencias formativas que les ayudaran a mejorar su empleabilidad en distintos ámbitos laborales como el audiovisual, las redes sociales, así como en la producción de eventos y la hostelería.

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la sentencia dictada en mayo de 2018 por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel' (1999-2005) en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa. No obstante, el alto tribunal califica de exceso que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los hechos hablara en su sentencia la existencia de una caja 'B' en el PP.

La resolución supone rechazar en su mayor parte los más de 400 motivos expuestos en los 42 recursos de los condenados --tanto personas físicas como jurídicas-- y la Fiscalía, e impone penas que suman 51 años de cárcel para un total de 29 personas.

Así, ratifica con ligeros ajustes a la baja las condenas de prisión que fijó la Audiencia Nacional para encausados como Correa, su número 2 en la trama Pedro Crespo y también para el extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, si bien confirma a responsabilidad civil a título lucrativo del PP y de la exministra Ana Mato.

La sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, confirma la comisión en esta causa de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales

En su recurso, el PP alegaba vulneración de los derechos al honor, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia al considerar que la Audiencia Nacional había incluido de forma innecesaria afirmaciones relacionadas con la existencia de una caja B en el PP, atribuyendo a la formación política un delito que no se enjuiciaba.

NO PARTICIPÓ EN EL DELITO, PERO DEBE DEVOLVER EL LUCRO

Sobre este asunto, la Sala considera acertado en parte, el voto particular de la sentencia recurrida, redactado por Ángel Hurtado, recientemente nombrado magistrado del alto tribunal, que valoró esas afirmaciones como excesivas y expresivas de una técnica irregular en la redacción de la sentencia. Argumenta que no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa y recuerda que el Partido Popular fue traído al proceso como partícipe a título lucrativo, lo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión.

Así, el Supremo explica que nadie acusó porque no se podía y este punto contradicción en la que entró la sentencia de la Audiencia Nacional es evidente, porque "considerar que el Partido Popular era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales, de modo que sería imposible aplicar la norma utilizada para imputar civilmente a dicho partido en el proceso penal".

Ahora bien, la Sala añade que "en modo alguno resulta reprochable que para configurar el contexto en que los hechos enjuiciados suceden, se mencione el resultado de los diferentes medios de prueba practicados relacionados con el Partido Popular, cuando precisamente es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados".

La condena a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última, si bien obliga a la restitución de lo recibido a título gratuito.

La Audiencia Nacional sentenció este caso el 17 de mayo de 2018 y afirmó, tras un juicio que se celebró a lo largo algo más de un año que había quedado acreditado que entre 1999 y 2005 (primera época de 'Gürtel') se tejió entre el grupo de Correa y el PP una estructura de colaboración estable y consistente.

La red corrupta, según confirma ahora el Supremo, consistió en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.

LEVE REBAJA DE PENAS

De este modo, en la sentencia del Supremo se confirman el grueso de las pena de cárcel del 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años - se le rebajan11 meses de prisión-- y del que fuera su 'número dos', Pablo Crespo, cuya condena pasa e los 37 años y medio de cárcel a los 36 años y ocho meses de cárcel.

También sufre rebaja pena de cárcel el extesorero del PP Luis Bárcenas --en prisión provisional-- de 33 años y 4 meses que le impuso la Audiencia Nacional a un total 29 años y un mes; al mismo tiempo que se da firmeza a la condena al PP por haberse lucrado de los actos electorales de 2003 que sufragaron las empresas del grupo Correa en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, donde se presentaban los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda (también condenados), por lo que le obligó a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.

En la lista de condenados se encuentran la mujer del extesorero 'popular', Rosalía Iglesias, penada con 15 años y un mes de cárcel por la Audiencia Nacional y que ahora es condenada por el Supremo a 12 años y 11 meses de cárcel --lo que puede suponer su ingreso en prisión--; y la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato, que ve confirmada su multa de 27.857 en la misma condición que el PP por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Correa.

Algunas de las penas se elevan al castigarse ahora de forma separada el fraude y la malversación que fueron cometidos en concurso de delitos, tal como pidió la Fiscalía en su recurso, a quien también se estima la elevación de la cuantía de determinadas multas. Las reducciones vienen dadas por apreciación de atenuantes (como la de colaboración en el caso de Francisco Correa por su declaración en el juicio), absolución de algunos de los delitos cometidos o nuevas individualizaciones de penas que se consideran más correctas.

AVALA LAS GRABACIONES DE PEÑAS

Algunas defensas en sus recursos alegaban la nulidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal Jose Luis Peñas y se basaban en la reciente doctrina de la Sala, en el llamado caso Falciani.

No obstante Sala concluye que no se ha vulnerado el secreto de las comunicaciones porque Las reuniones de los particulares fueron libres y espontáneas y la decisión de uno de ellos ( Peñas) de grabar las conversaciones no fue provocada por la policía u otra institución pública de investigación, por lo que aun cuando moral y éticamente pueda ser cuestionada su actuación, no supuso infracción del derecho a un procedimiento con todas las garantías y del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable

Además, el tribunal no aprecia la existencia de la atenuante de dilaciones indebidas invocada por algunos recurrentes debido a que transcurrieron diez años desde que se inició el procedimiento en agosto de 2008 hasta que se dictó la sentencia de primera instancia en julio de 2018.

Así, afirma que el tiempo de tramitación podría considerarse excesivo en este procedimiento, pero no debe servir de cobertura a la atenuante postulada, ni siquiera como ordinaria toda vez que tal duración ha sido motivada por la naturaleza de los delitos investigados, delitos económicos de una gran complejidad, que motivó la división en diferentes piezas separadas, todas ellas con múltiples acusados y un ingente caudal probatorio, testifical, pericial y documental.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha manifestado su preocupación ante la reforma legislativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha apostado por explorar alternativas, dado que "dos errores no hacen un acierto".

Así lo ha indicado en relación a la reforma de la ley orgánica que regula el CGPJ, registrada ayer en el Congreso por los dos grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno, y que rebaja a mayoría absoluta la elección de 12 vocales del organismo designados por las Cortes Generales en caso de que en primera votación no fuera posible un consenso de tres quintos de las cámaras legislativa.

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, el diputado ha asegurado que el PP no tiene derecho a bloquear esta renovación, sobre todo tras la sentencia que confirma que se lucró en el caso Gürtel, y ha afeado su actitud, propia de la "pataleta de un niño pequeño", que cuando "va perdiendo", "secuestra el tablero de juego".

"El PP no tiene la menor legitimidad democrática para seguir secuestrando el CGPJ", ha recriminado Errejón para avisar, no obstante, de los problemas "a largo plazo" que puede suponer la reforma 'exprés' impulsada por PSOE y Unidas Podemos.

ADVIERTE DE LOS RIESGOS DE LIMITAR LOS CONTRAPESOS

Y es que el parlamentario de Más País que se puedan limitar los "contrapesos" para la elección de miembros de la institución por una visión "a corto plazo", detallando que suponen una "garantía" cuando se está en la oposición porque las "mayorías van y vienen".

Por tanto, ha apelado a los partidos políticos a pensar también en los gobiernos que vendrán y ha explicado que, en su caso, van a consultar a diversos juristas, algunos de los cuales indican ya que hay vías alternativas al texto presentado.

En consecuencia y tras reconocer que la reforma ha generado "polémica", Errejón ha señalado que van a estudiar la propuesta pero primero van a consultar a los expertos. "Estoy convencido de que hay alternativas y las vamos a estudiar", ha zanjado.

Asociaciones de mujeres han celebrado este miércoles la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al Ministerio del Interior por no proteger a una mujer que solicitó una orden de protección como víctima de violencia de género y que fue asesinada un mes más tarde por su marido, pero lamentan que haya tenido que ser "a costa de un sufrimiento tremendo".

Así opina la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, quien ha asegurado que la sentencia de la Audiencia Nacional "es una noticia positiva porque permitirá reforzar la protección de las víctimas", pero ha lamentado que "el derecho sea a consta de sangre y que los hijos de esta mujer hayan tenido que quedarse huérfanos".

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima en su sentencia que la Benemérita es responsable dado que en la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer, la mínima protección policial que se asignó resultó inadecuada, habida cuenta del asesinato de la denunciante por su marido un mes después de interponer la denuncia.

Según ha indicado la abogada, la sentencia aplica "la obligación de cumplir los convenios internacionales suscritos por España como el de Estambul que habla de la diligencia debida que deben seguir las actuaciones de los poderes públicos" y, a su juicio, "llama la atención "la exigencia de una exhaustividad en la investigación de los actores implicados".

En su opinión, la resolución judicial es "una importante referencia a la hora de determinar el alcance de la responsabilidad" y considera que debe llevar "a la revisión de los protocolos y pautas existentes de actuación de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

En esta misma línea se ha posicionado la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, quien ha puesto también en cuestión la aplicación automática de los protocolos del sistema VioGén de protección a las mujeres y ha defendido la necesidad de formación del personal que atiende a las víctimas de violencia machista.

"Hace falta personal con preparación, sensibilidad y empatía que recoja las denuncias, para que sean capaces de traslucir, más allá de lo que la víctima cuenta, de cuál es el verdadero riesgo, que ha sido lo que ha fallado en este caso", ha indicado Besteiro en declaraciones.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas confía en que la sentencia de la Audiencia Nacional sirva para "hacer reflexionar sobre los protocolos en los que se marcan cruces, sino que hay que ir más allá de lo que cuenta la víctima cuando las únicas pruebas son su testimonio y el de un maltratador que lo va a negar todo".

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron en 2016, cuando en la madrugada del 17 de septiembre la mujer solicitó una orden de protección frente a su marido en el puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), donde se presentó aportando además un parte médico de urgencias de esa misma noche.

Esa orden fue denegada horas después por el juzgado de primera instancia número 2 de la localidad porque existían versiones contradictorias, porque el denunciado carecía de antecedentes y porque los agentes calificaron el riesgo para la mujer como 'no apreciado'. El Ministerio Fiscal emitió también informe interesando la desestimación de la medida solicitada por la mujer.

Pero la mujer fue asesinada un mes después por su marido con un arma blanca y el tribunal entiende ahora que debe estimarse una responsabilidad directa y objetiva del Estado "a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a os daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera moral, del servicio público".

El PP que dirige Pablo Casado ha asegurado este miércoles que acata la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Gürtel' pero ha recalcado a Pedro Sánchez que la moción de censura que promovió contra el Gobierno de Mariano Rajoy se basó en "fundamentos no acreditados".

En concreto, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada en mayo de 2018 por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel', en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa.

Paralelamente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha calificado de excesivo que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) diera por acreditada en su sentencia la existencia de una caja 'B' en el PP.

Minutos después de hacerse público este fallo, el PP ha expresado su respeto a las decisiones judiciales. "Acatamos la sentencia como no podía ser de otra forma, los hechos son condenables y los hechos están ahí", han agregado fuentes de la dirección nacional del partido.

PÁRRAFOS QUE AHORA EL SUPREMO HA ELIMINADO

Eso sí, el PP ha subrayado que la moción de censura "se fundamentaba en unos párrafos que ahora el Supremo ha eliminado". De hecho, ha destacado que la sentencia dice literalmente que "no puede afirmarse la autoría del partido como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular".

"A Pedro Sánchez le será indiferente haber sido presidente del gobierno a través de una moción injusta y basada en unos fundamentos no acreditados", han recalcado las mismas fuentes del PP ante ese pronunciamiento del Supremo.

Tras asegurar que el "compromiso" de Casado con la ejemplaridad "es total", el PP ha recalcado que "el único trato que tuvo la nueva dirección del PP con Luis Bárcenas es una amenaza de querella a Javier Maroto y a Pablo Casado por llamarle delincuente".

CASADO: LLEGÓ AL PODER CON UNA MOCIÓN "BASADA EN UNA MENTIRA"

Este mismo miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Casado ha acusado a Sánchez de llegar al poder con una moción de censura "basada en una mentira" y "dando lecciones de ejemplaridad".

Casado, que ha pedido a Sánchez que cese a Pablo Iglesias tras pedir el juez del 'caso Dina' investigarle, ha recordado además en su intervención que Pedro Sánchez "tuvo que cesar" a los ministros Carmen Montón y Maxim Huerta poco después de llegar al Palacio de la Moncloa.

"Y tiene en el Gobierno a Calviño, a Duque y Celáa con sociedades patrimoniales instrumentales para evadir impuestos. Y usted tiene a tres consejeros de los ERE, a la señora Calvo, a la señora Montero y al señor Planas", ha espetado Casado a Sáchez.

Es más, el líder del PP ha afirmado que en este momento el secretario de Estado de Turismo está "imputado por corrupción" y ahora "al vicepresidente se le acusa de tres graves delitos". "Pero usted siempre tira la piedra y esconde la mano", he ha recriminado.