La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) señaló este jueves que los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera en la atención sanitaria en España son «extremadamente preocupantese».

La POP indicó que los primeros grandes afectados serán los pacientes con enfermedades crónicas, “quienes están sufriendo ya una de las peores caras de la crisis del coronavirus, porque son más vulnerables y están especialmente preocupados y confusos ante su situación personal en el nuevo escenario de desescalada”.

Así lo puso de manifiesto la presidenta de la plataforma, Carina Escobar, que afirnó que los últimos datos publicados sobre los tiempos de espera, “solo vienen a incrementar una situación que ya era muy compleja antes de la crisis del coronavirus, porque cada día que pasa sin que se normalice la atención sanitaria aumentan las muertes, se retrasan diagnósticos y empeoran los pacientes con patologías crónicas”.

Asimismo, Escobar reclamó al Ejecutivo la “inmediata puesta en marcha” de un plan de acción que “ayude a recuperar el tiempo perdido”.

Para la POP, es “fundamental abrir las listas de espera a la asistencia tanto por la mañana como por la tarde, manteniendo los conocidos ya como circuitos limpios -diferenciando los casos sospechosos de Covid-19 de otros pacientes- así como la pronta reanudación de pruebas, análisis y cirugías con toda la seguridad que necesitan y merecen los pacientes de riesgo”.

A juicio de Escobar, es también fundamental que el Ministerio de Sanidad, en coordinación con las diferentes comunidades autónomas, se comprometa a consensuar indicadores de seguimiento de cómo están afectando estos retrasos en las listas de espera por el impacto de la Covid-19, especialmente a los pacientes con patologías crónicas. “Somos una parte importante de la sociedad que, además, no tiene un perfil establecido. La cronicidad está presente en niños, personas mayores, hombres o mujeres, no tiene edad. Pero todos tenemos algo en común: estamos especialmente desprotegidos frente a toda esta situación”, alertó.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) advirtió este jueves de que “la pandemia ha evidenciado la necesidad de generar alianzas desde la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía”.

Así lo explicó el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante la reunión del Comité de Apoyo del Cermi para la Convención de la Discapacidad de Naciones Unidas, celebrada de forma telemática y que, en esta ocasión, puso su atención en las consecuencias que la pandemia tendrá para las personas con discapacidad y sus familias.

En línea con el luto oficial decretado por el Gobierno, se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida por la Covid-19.

Martín Blanco puso como ejemplo de buena práctica el Comité de Apoyo del Cermi para la Convención, ya que, en su opinión, se trata de “un espacio de diálogo, activismo y generación de conocimiento para proteger y promover la efectividad, todavía frágil, de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.

Durante el encuentro, se dio la bienvenida a las nuevas personas integrantes del Comité de Apoyo y se analizó el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, correspondiente al año 2019.

Igualmente, se prestó especial atención al informe realizado por el Cermi para estudiar con urgencia el impacto de la pandemia en los derechos de las personas con discapacidad, dado que se trata de una crisis de salud pública “que ha castigado de forma severa a esta parte de la ciudadanía”.

ESTERILIZACIONES FORZOSAS

Los avances parlamentarios para que se erradique de forma definitiva la práctica de esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren sobre todo mujeres y niñas, y los progresos para que se acometa la reforma del Derecho Civil para migrar de un modelo basado en incapacitaciones y supresión de la capacidad jurídica hacia otro centrado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones fueron ejes centrales también de la reunión.

Por otro lado, se abordaron temas como el tratamiento de la discapacidad en la futura regulación de la eutanasia; la importancia de legislar de modo adecuado la accesibilidad cognitiva; la urgencia de que la Ley de Libertad Sexual tenga en cuenta la variable de discapacidad, y la exigencia de que el 112 sea plenamente accesible para personas sordas.

También se expuso el trabajo realizado por Cermi con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas como la labor de las clínicas jurídicas puestas en marcha por esta entidad en colaboración con diferentes universidades para estudio de la dimensión de la discapacidad en los derechos humanos.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE APOYO

En el Comité de Apoyo del Cermi, además de diferentes miembros de distintas áreas de la entidad, está representada la Fundación Cermi Mujeres; el Canal Down 21; Plena Inclusión; Salud Mental España, y Cermi Aragón.

Más allá del ámbito específico de la discapacidad, están presentes representantes del Defensor del Pueblo; Cáritas; la Fundación Abogacía Española; la Fundación Secretariado Gitano; CESIDA; el Parlamento Europeo; el Senado de España; la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el Consejo General del Poder Judicial; la Fiscalía General del Estado; el Parlamento de Andalucía, y la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Ayuntamiento de Madrid; UGT; la Federación Estatal de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Feacem); Las Universidades Carlos III de Madrid, de Valencia y de Sevilla; el Observatorio Estatal de la Discapacidad; la Fundación Bequal, y Human Rights Watch también cuentan con un representante en el Comité de Apoyo del Cermi.

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Un total de 50 asociaciones provinciales de hostelería, con el apoyo de Hostelería de España, patronal del sector, han hecho entrega hoy al Gobierno de un manifiesto con todas sus reivindicaciones. Entre ellas, reclaman mayor concreción sobre los planes de promoción turística, claridad y transparencia para planificar las distintas fases de la reapertura y la creación de una mesa negociadora con el sector hostelero y turístico para definir la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El documento ha sido entregado en las subdelegaciones del Gobierno en las distintas ciudades, acto durante el cual se han dado a conocer las principales demandas que el sector viene reclamando desde que comenzó la crisis sanitaria en España.

Además, durante todo este jueves, miles de terrazas emblemáticas de las distintas ciudades han preparado una mesa con el cartel ‘Mesa reservada para el diálogo con el Gobierno’, como símbolo de la predisposición del sector a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo y en señal reivindicativa por las peticiones del sector que no se han concedido hasta ahora. Esta acción permanecerá el tiempo que sea necesario hasta que el Gobierno reciba al sector. #SiéntateConLaHostelería es el hashtag oficial donde se aglutina todo el contenido de la campaña de las ‘mesas vacías’.

Estos actos se han realizado como muestra de la unión del sector y para hacer más visibles sus reclamaciones. Una de sus principales demandas es la de la concreción de un plan estratégico de relanzamiento y reconversión sectorial, que se materializaría tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas y municipios.

A pesar de que el Ejecutivo anunciara el pasado fin de semana que se va a reactivar el turismo nacional a finales de junio y el internacional en julio, el sector denuncia que “es necesario diseñar campañas de promoción para la reactivación del consumo y promoción del turismo, al estilo de las medidas tomadas en otros países europeos, como los 18.000 millones de euros que el Gobierno francés va a destinar al rescate del sector o los bonos que va a entregar Italia entre sus habitantes para incentivar el turismo local o la exención de impuestos”.

Estos incentivos deben acompañarse, según las asociaciones, de campañas que trasladen confianza a los consumidores sobre la seguridad de los establecimientos frente al Covid-19. Por otro lado, reclaman que las medidas adoptadas para relanzar el sector se mantengan en el tiempo hasta lograr la total recuperación del sector.

Asimismo, desde las entidades se ha reclamado mayor claridad y transparencia al Gobierno para poder planificar la reapertura del sector. Y es que no quieren que se repitan situaciones que se dieron en semanas anteriores, en las que los hosteleros no pudieron tomar las decisiones adecuadas por no saber si podrían abrir sus negocios hasta unas horas antes. Por ello, para sucesivas fases de la desescalada, piden conocer con anticipación suficiente la situación de cada territorio y que esa toma de decisiones empresariales se ajuste a la realidad que les afectará a corto plazo.

Otra de las peticiones del sector es la de fijar la distancia de seguridad como criterio para determinar el aforo de los establecimientos, algo que se ha hecho en todos los países europeos en sus procesos de desescalada, excepto en España y Portugal, donde se han establecido aforos, sumados a la distancia mínima interpersonal.

En términos económicos, el sector hostelero y turístico viene reclamando al Ejecutivo desde hace semanas la creación de una mesa negociadora para definir la flexibilización de los ERTE, con el objetivo de conseguir una prórroga para el sector, dada la lenta recuperación que van a experimentar sus negocios.

Por otro lado, el sector solicita el establecimiento de microcréditos, en torno a 25.000 de rápida concesión, así como nuevas líneas de financiación, puesto que “las líneas ICO no son suficientes para el perfil de establecimiento hostelero que impera en nuestro país, compuesto principalmente por pequeñas empresas, micro pymes y autónomos”. En este sentido, solicitan la ampliación de las líneas de avales y préstamos al 0% o 0,25% sin condiciones.

Para aliviar la presión económica a la que están sujetos los empresarios hosteleros, también exigen la suspensión de los alquileres o rentas de los arrendamientos de los locales de negocio por causas de fuerza mayor desde la fecha de entrada en vigor del estado de alarma y que se adecúe una renta variable y ajustada en función de las fases de reincorporación a la actividad al menos hasta diciembre de 2020. Además, solicitan la prórroga en el pago de las hipotecas.

Las exenciones fiscales y de tasas municipales por el periodo de inactividad son otras de las demandas más repetidas desde el comienzo de la crisis, así como la del IVA súper reducido, siguiendo el ejemplo de otros países, como Alemania, donde se ha reducido del 19% al 7%.

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se jactó este jueves de que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya “está desmontando” la reforma laboral del PP “sin romper el diálogo social” y garantizó: “Lo vamos a seguir haciendo”.

Iglesias respondió de esta forma al diputado del PP Mario Garcés en su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso, cuando éste le preguntó si el Gobierno derogaría íntegramente la reforma laboral del PP.

La semana pasada, el acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para una derogación “íntegra” fue precisado horas después por los socialistas remitiéndose al acuerdo de gobierno entre las dos primeras fuerzas, que no incluye ese adjetivo. Pero a la mañana siguiente Iglesias interpretó que, al no hablarse de derogación parcial, “derogación de la la reforma laboral” implica su anulación total.

Esta vez, el vicepresidente insistió en que esa derogación “está en el programa de gobierno”, y luego precisó que, de hecho, Yolanda Díaz “ya la está desmontando sin romper el diálogo social”. Y garantizó: “Lo vamos a seguir haciendo”.

También a Garcés, le contestó sus preguntas respecto a si va a respetar la Constitución en su integridad, incluyendo el artículo 135 que sanciona la estabilidad presupuestaria, y la economía de mercado que queda consagrada en todo el texto.

“Bien sabe lo que pienso del artículo 135”, comenzó Iglesias, si bien reconoció que éste ofrece en cualquier caso algunas “posibilidades interesantes” y seguidamente indicó que asume «la legalidad que hay en mi país, lo que me gusta más y lo que me gusta menos. Espero que ustedes también”.

En esa línea, abundó que a él le “gustaría que la Constitución cambiara en algunas cosas”, sin descartar así cambios hacia la república o incluso el comunismo, pero atestiguó que “eso dependerá de los consensos y los acuerdos que se alcancen”.

En particular, volvió a defender que las medidas económicas de carácter keynesiano, con inversión agregada del Estado, en realidad lo que hacen es “proteger las condiciones de posibilidad de la economía de mercado”. Por tanto, “que llamen comunismo a construir la base de sostenibilidad de los sistemas de bienestar en el marco de la economía de mercado revela hasta qué punto” los populares, por seguir a Vox, “se colocan en un planeta extraño”.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso, asistió este jueves en la imprenta de la ONCE, también conocida como la ‘Fábrica de la Ilusión’, a la elaboración de los que serán los primeros cupones tras el confinamiento por el Covid-19 y que estarán en a calle el próximo 15 de junio.

Según informó la ONCE, el director general de esta organización, Ángel Sánchez Cánovas, acompañó a Ayuso en su visita a la imprenta, donde se están confeccionando los primeros 5,5 millones de cupones para la vuelta del sorteo a mediados del mes que viene.

La ONCE explicó que estos primeros cupones tras el confinamiento llevarán como mensaje ‘Volvemos…los iguales’, en referencia al regreso de los 19.000 vendedores a sus puestos de trabajo tras tres meses sin sorteos y a los tradicionales cupones que se conocen históricamente como ‘iguales’, un mensaje también que demuestra que todos debemos ser iguales siempre y más en esta situación.

Una vez que se proceda a la impresión, el preparado y el empaquetado, los cupones se distribuirán mediante una detallada operación logística por todos los rincones de la geografía. Volverá así a las calles la normalidad que supone la presencia de los cupones, que no habían faltado a su cita con la ciudadanía en los casi 82 años de existencia de la ONCE y sus sorteos.

TRAZABILIDAD DEL CUPÓN

La ‘Fábrica de la Ilusión’, cuyo nombre técnico es Centro Logístico y de Producción de la ONCE, ha estado casi dos meses y medio parada. Se encuentra situada en un polígono industrial del madrileño barrio de Vallecas y en ella trabajan 100 personas y ha arrancado esta mañana con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La imprenta tiene que surtir la venta de los cupones de la ONCE en todo el territorio, lo que significa la impresión de 5,5 millones de cupones del sorteo del cupón diario y de los cupones de fin de semana y de 13,5 millones del “cuponazo” de los viernes.

Una vez que los cupones han sido esbozado y el equipo de diseño ha establecido cada uno de los cupones de cada día (dedicados siempre a temas cercanos a la ciudadanía y a solicitud de muchas entidades y organizaciones), el cupón entra en la zona de fotomecánica, donde se procesan los millones de bits que componen las imágenes que llegan al prisma láser que, girando a 45.000 rpm (revoluciones por minuto) formará la imagen de las planchas “offset” a introducir después en las rotativas.

Esas dos grandes rotativas arrancan con sus más de 170 rodillos, millares de engranajes, correas y árboles de transmisión, todos conjuntados para imprimir 300 kilómetros de banda de papel con 200 kilogramos de tinta (papel respetuoso con el medio ambiente procedente de bosques certificados y tintas base agua o sin alcohol), cumpliendo así todas las medidas de responsabilidad.

De ahí, las bobinas, ya impresas, pasan a seis líneas de acabado, que las convertirán en ‘topes’ o paquetes asignados a los vendedores de la ONCE y puntos de venta autorizados. Cada línea de acabado se alarga 25 metros de longitud y se compone de diversas maquinas alemanas, suizas, italianas y japonesas, que hablan un idioma común para trabajar juntas.

REVISIÓN FINAL

En este proceso será cuando la banda de papel se revise, inspeccionando que cada código y número impreso en el cupón concuerda con el complejo fichero de numeración, analizando cerca de 2.500 dígitos por segundo.

Ya sólo queda que las cuchillas de la cortadora seccionen la banda de papel con suma precisión cada 20 cupones, enviando cada pliego cortado al acumulador hasta componer el paquete o tope correspondiente a un vendedor. Revisiones finales y a formar parte, junto con otros, de los paquetes que recorren España para llegar a cada vendedor y, de su mano, a cada cliente. Hasta ese momento, se conoce el lugar donde está cada cupón y su estado.

Tras estar parada durante estas semanas, la ‘Fábrica de la ilusión’ se pone en marcha para poder llenar las calles con los tradicionales cupones de la ONCE que, desde el 15 de junio, volverán a llevar la suerte a muchas personas de manos de la red de vendedoras y vendedores de la organización.

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este jueves que el levantamiento de las restricciones y las medidas aplicadas en las fases de la desescalada no han tenido «por ahora» un impacto negativo en la evolución de la epidemia.

Illa hizo esta afirmación en su décima comparecencia a petición propia durante el estado de alarma en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para informar de la evolución de la pandemia y del plan de transición hacia una nueva normalidad.

Tras guardar un minuto de silencio por las víctimas del Covid-19, el titular de Sanidad destacó que los datos dados a conocer ayer indican «una tendencia sostenida en las últimas semanas». Por ello, «vamos consolidando de forma segura los pasos que vamos dando».

Además, «podemos observar, porque hacemos un seguimiento estrecho de los indicadores en todos los territorios junto con las Comunidades Autónomas, que el levantamiento de las restricciones y las medidas aplicadas en las distintas fases, no han tenido por ahora un impacto negativo en la evolución de la epidemia, insisto, por ahora. Ya han pasado casi dos meses y medio desde que se decretó el estado de alarma».

A este respecto, recordó que durante este periodo había un incremento en el número de casos del 35% diario y se alcanzaban incidencias acumuladas durante 14 días de más de 200 casos por 100.000 habitantes. Ahora, «los incrementos no superan el 0,2% y la incidencia acumulada de 14 días por fecha de diagnóstico es de 14,6 por 100.000 habitantes».

CIFRAS MÁS BAJAS

Durante su intervención en la Comisión de Sanidad y Consumo, Illa añadió que este mismo valor estimado por la fecha de inicio de síntomas, «dato que representa mejor la situación a día de hoy a criterio de los epidemiólogos, es de 2,7 casos por cada 100.000 personas. Son las cifras más bajas de los últimos dos meses».

«Vamos, por tanto, por buen camino, incluso más rápido que otros países, pero debemos conservar la prudencia porque no podemos dar ningún paso atrás que nos pueda poner de nuevo en riesgo e impida seguir avanzando hacia la nueva normalidad».

FOTO ACTUAL

Por ello, el ministro señaló que la foto actual de la epidemia en España se puede resumir en tres puntos: Las restricciones a la movilidad y las medidas de distanciamiento social han conseguido reducir la transmisión del virus hasta las bajas incidencias actuales. En segundo lugar, toda la crisis sanitaria está asociada con una inmunización de solo el 5% de la ciudadanía según los datos preliminares de la primera oleada del estudio de seroprevalencia.

Y en tercer lugar, «la incidencia del virus ha sido muy diferente en unas zonas y otras. Esta imagen nos obliga a seguir siendo muy prudentes. Estamos avanzando en la recuperación de la movilidad pero tenemos que ir con tiento, siguiendo y consolidando las fases de forma segura y prudente».

NIVEL INTERNACIONAL

A NIVEL INTERNACIONAL, Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de infectados a nivel global, con 1.662.414 casos, seguido por Brasil, con 391.222 casos. En Europa, el país con más casos confirmados es Rusia con 370.680 casos seguido de Reino Unido, Italia, Alemania, Turquía y Francia, todos con más de 140.000 casos.

«Es importante incluir otros países con menor número absoluto de casos por su menor población, pero con altas incidencias, similares o superiores a las observadas en España en los últimos 14 días, como son Suecia, Irlanda, Bielorrusia, Bélgica o Portugal», señaló el ministro. En el resto del mundo, además de Estados Unidos y Brasil, Canadá, India y otros países de América Latina y Asia están en una fase de ascenso rápido de la epidemia y cada vez más países notifican transmisión comunitaria y nuevos casos con niveles importantes de incremento diario.

Hasta el día de hoy, según la OMS, en todo el mundo se han confirmado al menos 5.451.532 casos de coronavirus con 345.752 fallecidos.

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La colaboración entre todos los agentes sociales es clave para la recuperación económica y social del país tras la crisis generada por la pandemia de Covid-19, según coincidieron en señalar los expertos que participaron en la mesa redonda ‘Los Centros Especiales de Empleo ante la Covid-19. Análisis y tendencias’ organizada por la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem).

Durante el debate que mantuvieron en la mesa redonda, celebrado en formato webinar, pusieron de manifiesto que la crisis ha traído consigo un panorama sanitario, social y económico sin precedentes.

En concreto, el ámbito laboral, y con él los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, se han visto inmersos en una «vorágine» que, por un lado, ha supuesto un notable impacto negativo en muchos sectores, mientras que ha obligado a otros tantos a adaptar sus equipos de trabajo viviendo, incluso, un repunte en su actividad.

En la mesa participaron Rafael Doménech (responsable de Análisis Económico de BBVA), Adela Carrió (secretaria confederal de UGT), Lola Santillana Vallejo (secretaría de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO), Gerardo Gutiérrez Ardoy (director general del SEPE) y Daniel-Aníbal García (presidente de Feacem).

Rafael Doménech expuso la situación económica actual y manifestó que “la economía global va a experimentar en 2020 la mayor recesión desde el final de la II Guerra Mundial”.

En este sentido, indicó que “en España, el PIB podría caer más de un 10% en 2020 y la tasa de paro superar el 20%”. Puso en valor la implantación de los ERTE, “ya que si al paro que ya teníamos, le añadimos la destrucción de empleo actual más los ERTE, un 33% de la población podría verse afectada”.

Así mismo, y con la vista puesta en una recuperación que, según indicó, se prevé cercana al 2022, Doménech incidió en la “necesidad de un amplio consenso para tomar medidas que ayuden a superar cuanto antes la emergencia sanitaria, protejan el tejido productivo y minimicen el impacto económico, en particular, sobre los colectivos más vulnerables”.

Por su parte, Adela Carrió puso sobre esta mesa virtual las “evidencias de una crisis como la que vivimos en la que queda patente que la vulnerabilidad de las personas con discapacidad es mucho mayor”, e insistió, ante esto, en la necesidad de “concienciar a la ciudadanía a fin de tener una sociedad inclusiva con la que reincorporar social y laboralmente a las personas con discapacidad de forma gradual y con las garantías necesarias”.

Desde UGT, apuntó Carrió, se están “poniendo las herramientas para la vuelta a la normalidad trabajando en guías, medidas y protocolos. Pedimos políticas para defender la igualdad, que Gobierno y administraciones públicas trabajen para erradicar lo que ahora se pone de manifiesto” y finalizó lanzando un mensaje de fortaleza ante el futuro próximo.

“Aprovechemos las debilidades que llegan con esta crisis para fortalecernos en el futuro. Hay que trabajar todos y tener consenso en normativa laboral y social”, apuntó.

Por su parte, Lola Santillana puso el foco de su reflexión desde CCOO en la “consideración del diálogo social como vía indispensable para tomar medidas que salvaguarden los empleos. Era crucial el acuerdo en materia de ERTE y era fundamental la prolongación de los mismos. Es evidente que aquello que se consigue a través del diálogo social está demostrado que es lo que revierte de forma positiva en los trabajadores y las trabajadoras y en el desarrollo de la economía”.

RESPONSABILIDAD

Añadió que “desde CCOO hacemos un llamamiento a las patronales porque es responsabilidad de las empresas, Gobierno y sindicatos velar por las condiciones de quienes trabajan. La mejor protección a los trabajadores y las trabajadoras es el acuerdo entre las empresas y el conjunto de quienes trabajan en las mismas. Es imprescindible la firma de convenios colectivos que les protejan”.

Daniel-Aníbal García destacó la importancia de la economía social y, con ella, de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, los cuales, explicó, “reinvierten sus beneficios en la creación de empleo, son la única tipología de centro especial de empleo que es de Economía Social, al cumplirse la primacía de la persona y del fin social sobre el capital y el principio de aplicación de beneficios al fin social”.

Aprovechó Daniel-Aníbal este encuentro para poner en valor la gran capacidad de adaptación que han demostrado los CEEIS. “Hemos sufrido un gran parón pero también hay que agradecer a los trabajadores y los empresarios sociales que han seguido dando lo mejor de sí. Es necesario poner de manifiesto cómo siendo empresas sociales hemos tenido capacidad de readaptación. Rápidamente los CEEIS se reconvirtieron y se pusieron a hacer otras cosas para aportar a la sociedad lo que podían que era su conocimiento y sus empleados”.

Y concluyó reivindicando la “necesidad de contar con un fondo de contingencia para poder asegurar la subsistencia de los CEEIS. El empleo tiene que ser decente, digno e inclusivo. El fin debe de ser dar la libertad y posibilidades a las personas para que se encuentren en el sistema productivo en el que más cómodo se encuentren”.

Cerró este encuentro Gerardo Gutiérrez uniéndose a las palabras de Daniel-Aníbal en esta puesta en valor de la economía social, que, a través de su diversidad, ha demostrado un gran esfuerzo.

Aludió, igualmente a la ya citada medida del ERTE, una medida, que aseguraba Gutiérrez Ardoy “ha venido para quedarse” y ponía de manifiesto que: “es la primera vez que el empleo se destruye de forma más lenta que la economía”.

Además, reflexionó sobre la “fortuna de contar con los servicios públicos, partiendo del sanitario y hasta el de Empleo Estatal, así como las políticas expansivas que se están ejerciendo desde el Estado y la Unión Europea” y aludió al “esfuerzo que se está haciendo desde el estado para compensar gastos de las comunidades autónomas.” “Se ha aprobado la transferencia de 16.000 millones de euros, el SEPE en abril abonó 4.000 millones de euros a más de 5 millones de personas. Así mismo, este mes de junio se abonarán más de 4 mil millones de euros y esto no sería posible si no hubiera detrás un estado capaz de financiarlo y sostenerlo”.

Concluyó Gutiérrez Ardoy mostrando el apoyo del SEPE a la inclusión laboral a pesar de la situación de crisis económica: “el SEPE transfirió a través de conferencia sectorial mil cuarenta y cinco millones de euros a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, donde se incluye la financiación para los CEE. Con esto, los CEE pueden beneficiarse de los ERTE asegurando su renta y cotización a la seguridad social y además tienen asegurada la misma financiación que el año pasado, incluido el 5% adicional para aquellos trabajadores con especial dificultad”.

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Las organizaciones católicas de Enlázate por la Justicia reclaman estilos de vida más simples y hábitos más sostenibles en nuestro consumo de moda para minimizar el impacto medioambiental y social.

Así lo dicen en el nuevo informe ‘Conecta Pobreza’, publicado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), y que recuerda que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo después de la petrolífera. El algodón utiliza el 10% de todos los pesticidas que afectan al planeta y el 2,4% de las superficies cultivables. Confeccionar unos pantalones vaqueros requiere 7.500 litros de agua y el 20% de los tóxicos que se vierten al agua proceden de la industria textil.

Estos son algunos de los datos recogidos en el nuevo y último informe ‘Conecta Pobreza’ de Enlázate por la Justicia (Cáritas, Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario).

Las organizaciones indican que el 80% del personal laboral en la industria textil son mujeres. Suelen comenzar el trabajo con catorce años, tienen jornadas de trabajo entre 12 y 14 horas y con suerte disponen de un día libre a la semana o una semana de vacaciones al año. Sus sueldos no permiten cubrir las necesidades básicas y además se exponen al riesgo de sufrir distintas afecciones de salud por el uso de los tintes utilizados en los procesos de confección.

«Bangladesh junto con la India y Camboya son los mayores exportadores de textil del mundo. La consecuencia de esta deslocalización de la producción, desde el punto de vista medioambiental, es el incremento en los requerimientos del transporte, lo que supone un aumento de las infraestructuras y de la contaminación, haciendo que, por ejemplo, las camisetas que llegan cada día para su venta en la Unión Europeaa recorran un camino que las lleva a pasar hasta por siete países emitiendo millones de toneladas de CO2 en el transporte de las mismas», denuncian.

MODA RÁPIDA

Además, el modelo de “moda rápida” que ofrece el sector, favorece cambios constantes de colecciones a bajos precios y alienta a comprar y desechar ropa frecuentemente. «Es un negocio que incentiva un consumismo de necesidades desproporcionadas, haciendo que compremos hasta 13 veces al año y que el 40% de lo que compramos no lleguemos a utilizarlo nunca», lamentan.

Por último, este modo de consumo de moda aumenta la generación de residuos. En este punto recuerdan que en España, cada persona se desprende de siete kilos de ropa por año, lo que supone el 10-15% de los residuos de los vertederos.

Así, entre numerosas propuestas, apuntan que «es urgente» conseguir una Ley de Diligencia Debida en España. «Esta ley obligará a las empresas a prevenir el riesgo de contaminación de agua y a respetar los derechos humanos y laborales en los países donde se deslocaliza la producción de ropa. Asimismo contribuiría a un Tratado Vinculante en el marco de las Naciones Unidas para el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas transnacionales», aseguran.

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, conjeturó este jueves que a Vox “le gustaría dar un golpe de Estado pero no se atreve”, palabras que hicieron que el portavoz de esta formación, Iván Espinosa de los Monteros, volviera a abandonar la sesión de la comisión de reconstrucción.

En su turno de réplica a los grupos durante su comparecencia en dicha comisión, Iglesias se declaró dispuesto a dialogar con líderes independentistas como el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por haber sido votado por muchos “españoles”, igual que lo está a hacerlo con Vox, “aunque a veces parece que más quieran dar un golpe de Estado que proteger la democracia española”.

Estas palabras motivaron la queja de Espinosa de los Monteros, quien pidió al presidente de la comisión, Patxi López, que tomara “cartas en el asunto” ante una “manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y es absolutamente ofensiva”, y pidiera a Iglesias “una rectificación”.

Sin embargo, López precisó que Iglesias había dicho que Vox “parece” que quiera dar un golpe de Estado, no que lo fuera realmente a dar, lo cual “no tiene la misma categoría” y enmarcó estas palabras en la libertad de expresión, enjuiciando en referencia a Espinosa de los Monteros que “alguno tiene la piel muy fina”.

Con todo, el presidente dijo que daba al compareciente la oportunidad de retirar esta denuncia. Pero, lejos de hacerlo, Iglesias quiso ser “todavía más preciso” y afirmó: “Creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado pero no se atreven, porque además de desearlo y pedirlo hay que atreverse”.

En este punto, Espinosa de los Monteros se levantó de su puesto protestando: “Esto no es una comisión de reconstrucción, es una vergüenza”. Afeó a Iglesias su “espectáculo lamentable, propio de un marxista-leninista que no conoce lo que es el consenso y no tiene voluntad de reconstruir nada” y le instó a continuar con “sus diatribas” porque él no lo iba a “tolerar”.

Iglesias quiso preguntarle en voz alta “en qué se traduce que no lo va a tolerar”, insinuando otra vez su supuesto deseo de dar un golpe de Estado, pero López no le permitió continuar el desafío. Aun así, el vicepresidente no se privó de espetar al diputado de Vox que abandonaba la sala: “Cierre cuando salga”.

Antes, Iglesias ya había contestado a la diputada María de la Cabeza Ruiz Solás sus reproches a las muertes de ancianos en las residencias por el coronavirus citando la orden de la Comunidad de Madrid de no trasladarlos a hospitales, cosa que hasta ahora Vox había recriminado a la Vicepresidencia. “Ustedes son los responsables y tienen la desfachatez de venir a decir que la responsabilidad es nuestra”, protestó, apuntando que, pese a todo, él no les acusaría de haber “asesinado a nadie” como hizo Vox con el Ejecutivo central, y finalmente concluyendo: “La mentira, incluso en política, tiene las patas muy cortas”.

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, afirmó este jueves que las nacionalizaciones “son perfectamente posibles con la Constitución en la mano y no son necesariamente de izquierdas”, después de que ERC y el BNG plantearan hacerlo con las plantas que van a cerrar Nissan y Alcoa en Cataluña y Galicia.

Lo hizo en sus respuestas a los grupos parlamentarios dentro de su comparecencia en la comisión que aborda la reconstrucción social y económica tras la crisis causada por el Covid-19, donde recordó que quien nacionalizó Bankia fue el Gobierno del PP.

Objetó que se socialicen pérdidas para luego privatizar los beneficios pero defendió que el Gobierno “tiene que encontrar los instrumentos jurídicos para defender los intereses de los ciudadanos”. “Los instrumentos que prevé la Constitución están ahí”, reiteró después.

Iglesias también dijo constatar el “fracaso del modelo de deslocalizaciones”, porque si las epidemias van a ser una realidad, una democracia debe poderse enfrentar con instrumentos propios a ellas sin sufrir las “acciones de piratería inaceptables” que se han dado en el mercado de material sanitario contra el coronavirus.

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El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, negó este viernes que las ONG de Acción Social vayan a recibir menos financiación de la ‘X Solidaria’, ya que “lejos de recortar el presupuesto, vamos a destinar más dinero” al haber recaudado 131 millones más con la casilla del 0,7% del IRPF para fines sociales.

“Parece que se afirma que nosotros hemos querido recortar el presupuesto de la Plataforma del Tercer Sector y reducir el tramo estatal de la recaudación del 0,7% del IRPF. No es así en absoluto”, declaró el líder de Podemos en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, donde comparece esta mañana.

Según su versión, “lejos de recortar el presupuesto, vamos destinar más dinero” porque “este año se han recaudado 395 millones de euros para fines sociales, 131 millones más que en 2019”.

Sin embargo, las organizaciones de acción social organizadas en la Plataforma del Tercer Sector -que incluye a entidades de la discapacidad como el Cermi o la ONCE y de lucha contra la pobreza como Cruz Roja, Cáritas o la EAPN- denuncian que las entidades estatales sólo podrán gestionar el 14% de lo recaudado en el IRPF, una cifra que no se corresponde con el 20% fijado sobre el total para acción social, que asciende a 283 millones de euros.

Esta reducción del 20% al 14% supondría para las ONG de acción social una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas más vulnerables, sobre todo tras la pandemia.

Según Pablo Iglesias, “la novedad es que esa recaudación, que va obviamente destinada de forma íntegra al Tercer Sector, va a incluir también a entidades ecologistas y de cooperación, que son fundamentales para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”, declaró.

Dijo que “no se ha creado en este país una Vicepresidencia con competencias específicas para la Agenda 2030 y que esto no se vaya a traducir en nada”. El enfado de las entidades sociales está relacionado con que ahora son más organizaciones las que tienen que repartirse ese dinero, pero Iglesias defendió la modificación. “Claro que las organizaciones ecologistas y de cooperación van a estar”, concluyó.

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Minsait, la compañía de transformación digital de Indra, ha incorporado la inteligencia artificial a sus herramientas tecnológicas para los bancos, lo que permitirá a las oficinas analizar en tiempo real el comportamiento de los clientes en el espacio físico y reforzar las medidas de seguridad vinculadas a la distancia social, temperatura física, uso de mascarillas y flujo de personas.

Minsait ha firmado un acuerdo con Beabloo, empresa especializada en Digital Signage, Analítica e Inteligencia Artificial, para integrar su tecnología en el ecosistema de soluciones de Next Gen Branches, la nueva generación de sucursales bancarias de la filial de Indra que fusiona los canales físicos con los digitales.

Minsait ofrecerá a las entidades financieras una propuesta que combina sus soluciones de cajeros automáticos ‘contactless’ con movilidad, el alta digital, la cita previa y la gestión del ‘journey’ específico para cada cliente con tecnología de última generación para el control inteligente de la afluencia, interacción y distribución de las personas en los espacios físicos.

La filial de Indra facilita así a las sucursales detectar y analizar en tiempo real todas las interacciones relacionadas con el comportamiento de los clientes, fuera y dentro de la oficina, gracias a la unión de inteligencia artificial, analítica y cartelería digital, siempre respetando los estándares de privacidad. Además de los parámetros relacionados con COVID-19, las entidades financieras podrán obtener información de calidad sobre la naturaleza y comportamiento de los clientes en la sucursal a través de la utilización de tecnologías de vídeo y ‘wifi analytics’.

La emisión de avisos por cartelería digital cuando no se esté cumpliendo la distancia de seguridad, las recomendaciones sobre un área de interacción o la programación de citas de forma dinámica, en caso de que el aforo sea excesivo o se trate un cliente que requiera una atención especial, son algunas de las medidas más relevantes. Además, los clientes podrán interactuar tanto con los agentes físicos como con los dispositivos self-service, si prefieren evitar el contacto humano.

Es el caso de TAPP, la solución que integra los canales de banca móvil y autoservicio de Minsait para retirar dinero en efectivo en solo cinco segundos sin tocar el cajero; o del alta digital por video-identificación, que facilita el acceso a los productos y servicios de las entidades financiera de manera rápida, segura y sencilla desde cualquier dispositivo conectado a Internet mediante un’ selfie’.

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La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha exigido este jueves al Gobierno que el sector pueda beneficiarse de las mismas medidas extraordinarias aprobadas para otras actividades económicas, como el turismo o el ocio, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

De esta forma, el sector solicita, a través de un comunicado, que el Ejecutivo lo incluya dentro de los beneficiarios de las distintas medidas previstas en la Orden ISM/371/2020 del 24 de abril, entre las que se encuentra la moratoria del pago de las cotizaciones sociales recogidas en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 11/2020.

Según indican desde el sector, desde que el pasado 29 de abril la Dirección General de la Seguridad Social cambiase el criterio de regulación de prestaciones complementarias, las mutuas concertadas están solicitando modificaciones en las solicitudes de la prestación extraordinaria a los autónomos de sector, provocando “gran incertidumbre”.

“Este cambio de criterio produce un alto grado de incertidumbre en los más de 65.000 autónomos del sector del taxi que desde que se decretase el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, se enfrentan a una complicadísima situación”, alertó el presidente de Antaxi, Julio Sanz, al tiempo que evidencio “la falta de empatía de los responsables políticos con la situación de los autónomos que componen nuestro colectivo”.

Por este motivo, Antaxi solicita al Gobierno “empatía y que se muestre receptivo” ante esta solicitud de un sector “fuertemente afectado por la pandemia y por las consecuencias del necesario confinamiento de los ciudadanos para mitigar la expansión de la Covid-19”, añadió Sanz.

En este sentido, desde la asociación ponen en valor las medidas adoptadas por el Ejecutivo para aliviar la crisis de los autónomos del taxi durante la pandemia, pero muestran la intranquilidad que supone para el colectivo “el cambio recurrente” de criterios y normativa en relación a la solicitud de la prestación extraordinaria recogida en el Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo.

“La movilidad es la razón de ser del taxi. Sin ella, nuestra función es prescindible. El taxi ha garantizado la movilidad en entornos urbanos y rurales de la geografía española, y esperamos que la normativa nos ampare para garantizar la supervivencia del sector”, zanjó Sanz.

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El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán y el presidente ejecutivo de ISS Iberia, Jesús Javier Urbiola, han renovado por tercera vez el Convenio Inserta que suscribieron por vez primera en el año 2011 y que supondrá la contratación de 300 personas con discapacidad durante los próximos cinco años, llegando así a las 1.300 contrataciones desde el inicio de la colaboración.

En un momento en el que solamente una de cada cuatro personas adultas con discapacidad encuentra empleo, ISS realiza una decidida apuesta por continuar impulsando una estrategia inclusiva a todos los niveles de su organización. Desde la compañía, continúan promoviendo decisiones de Responsabilidad Social Corporativa que fomenten la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social como lo es el de las personas con discapacidad.

Tras la firma, Alberto Durán aseguro que, «aunque es verdad que tenemos que crear empleo en todos los sectores, concretamente en el de servicios hay que hacerlo de la mano de quien sabe, como es el caso de ISS, una empresa con la que llevamos colaborando muchos años con éxito”.

Asimismo, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE destacó el papel social que tienen las empresas, tal y como se ha demostrado en este momento de crisis sanitaria en el que han mostrado su lado más solidario y su capacidad para hacer una sociedad mejor.

Por su parte, Jesús Javier Urbiola explicó que “gran parte» de su «éxito como compañía recae sobre una política de Responsabilidad Social Corporativa totalmente orientada a las personas”. Además, el presidente ejecutivo de ISS Iberia también afirmó que la «diversidad en el workplace no sólo genera un valor diferencial, sino también una mejora en la motivación de nuestros equipos humanos y del clima laboral». «Es importante que todos los agentes laborales sigamos luchando por normalizar la inclusión y proyectar el impacto social que ésta tiene”, agregó.

ISS Iberia contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la firma, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.

El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.

ISS Iberia, presente en España y Portugal desde hace más de 25 años, apuesta por la creación de entornos de trabajo más eficientes con la misión de contribuir al bienestar de sus empleados y adaptándose a sus necesidades. Con un equipo humano de más de 39.000 colaboradores, la compañía es líder en la integración de servicios generales, ofreciendo servicios de restauración, mantenimiento, servicios auxiliares, limpieza, jardinería, seguridad, Facility Management e IFS (Integrated Facility Services) a clientes de diferentes sectores públicos y privados a través de sus 29 oficinas.  

En 2019, ISS participó en un estudio promovido por la Fundación ONCE sobre el impacto generado en la contratación de personas con discapacidad. A través de entrevistas personales y telefónicas con personas que se han beneficiado del programa y que actualmente continúan trabajando en ISS o en alguno de sus Centros Especiales de Empleo (Gelim), el estudio destacaba que antes de su incorporación a la empresa registraban un nivel de inclusión social de 68,2 puntos en una escala sobre 100. Tras pasar a formar parte del equipo de ISS Iberia estas personas alcanzaron un nivel de 85 puntos, lo que implica una reducción del 16,8% de su nivel de exclusión inicial.

La actividad de Inserta se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

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El PP y Vox reprocharon este jueves de nuevo al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, los fallecimientos de mayores en residencias por el coronavirus.

En su respuesta a la comparecencia de Iglesias en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso, el diputado del PP Mario Garcés lamentó que los héroes de la posguerra estén muriendo ahora, y por otra parte rechazó que la nueva normalidad se convierta en “normalización” de una determinada ideología. Le afeó personalmente que Iglesias ya forme parte de la élite que criticó en sus orígenes y le pidió que diga “las cosas claras, nítidas y sin falacias”.

Respondió así a las críticas del vicepresidente en su intervención inicial a los recortes del PP recordando que el Gobierno de Mariano Rajoy se encontró con una deuda ingente y preguntando cómo se pagará ahora “la fiesta” de las ayudas públicas. Le preguntó también por los trabajadores de Nissan, si está dispuesto a aceptar la economía de mercado y el artículo 135 de la Constitución, si se va a derogar íntegramente la reforma laboral, y si se va a mantener la igualdad entre todas las comunidades o se va a privilegiar al País Vasco.

La diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás, comenzó diciendo que la comisión es “una estrategia de marketing” para terminar imponiendo el programa del Gobierno, y dijo que hay cosas imposibles de reconstruir, como a los mayores fallecidos en las residencias, tema por el que ella misma interpeló ya en dos ocasiones a Iglesias y del que hoy volvió a afear el “comportamiento indecente” que no reconoce el Gobierno y por el que no pide disculpas.

“Si no han aprendido nada es imposible que puedan reconstruir nada”, le espetó, desdeñando que Unidas Podemos culpe a las residencias privadas. “Nuestros mayores no han muerto por los recortes ni porque los profesionales trabajaran en malas condiciones”, negó. “Han muerto porque los 300 millones que envió usted a las comunidades autónomos no eran para curar, porque no se les ha llevado a los hospitales”.

El diputado del PRC, José María Mazón, pidió a Iglesias que “se olvide” del impuesto a las grandes fortunas, que “suena muy bien pero no se va a hacer”, y consiga lo mismo modificando el Impuesto de Patrimonio, corrigiendo la escala e igualándolo en todas las comunidades para evitar competencia entre ellas. También le pidió que el ingreso mínimo sea compatible con el trabajo, para evitar la economía sumergida.

Desde Coalición Canaria, Ana Oramas reprochó al vicepresidente que dijera más lo que tienen que hacer otros ministros que rendir cuentas él mismo, y le llamó la atención sobre temas canarios como la situación de miles de exiliados venezolanos. Le preguntó si va a agilizar sus permisos de residencia o trabajo. Finalmente, le retó a pensar qué habría pasado si hubiera aceptado para Unidas Podemos el Ministerio de Sanidad, cosa que no hizo en julio en la negociación con el PSOE.

La portavoz de EH BIldu, Mertxe Aizpurua, comenzó expresando su respeto por el padre de Iglesias, Javier, por su lucha contra el franquismo desde el FRAP, por el que ayer la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, le catalogó como terrorista. Además, aun declarándose de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas, preguntó “cómo va a desarrollar estos consensos”, dado que “son materia urgente”. También preguntó, como ayer el diputado de la formación Oskar Matute, si mantendrá el escudo social más allá del estado de alarma.

El diputado del PNV Aitor Barandiaran criticó lo que le pareció una intervención demasiado “generalista” de Iglesias, subrayó la importancia de la UE y pidió que el llamamiento del vicepresidente a una posición de país y no de Gobierno ante Bruselas se haga extensivo a otras políticas. En concreto, le pidió más respeto a la descentralización, por ejemplo en Sanidad, cuya competencia es autonómica, y reivindicó que en el País Vasco sí ha funcionado el sistema que Iglesias quiso mejorar.

La diputada de Ciudadanos Sara Giménez denuncio el “lamentable espectáculo” que se vio ayer en la interpelación entre Álvarez de Toledo e Iglesias, porque “hablar del pasado de nuestros padres está fuera de lugar”. Pidió también tomar medidas de prevención en las residencias de mayores de cara a un posible rebrote del virus, y respuestas para los sectores más vulnerables, porque las “colas del hambre” revelan que el sistema de ayudas no está siendo suficiente.

Por su parte, diputado del BNG, Néstor Rego, coincidió en la necesidad de movilizar recursos públicos y preguntó si el impuesto a las grandes fortunas va a ser medida de Gobierno o sólo opinión de Unidas Podemos. Además, defendió nacionalizar Alcoa, que ha cerrado hoy una de sus plantas, y le preguntó al vicepresidente su opinión al respecto. Propuso también, como Mazón, que el ingreso mínimo sea compatible con percepción de salario, y le afeó la recentralización que supone su gestión cuando ya hay prestaciones autonómicas similares, que el País Vasco y Navarra van a gestionar pero otras regiones no.

El de Compromís, Joan Baldoví, expresó su “vergüenza” por el espectáculo de ayer, del que acusó a “la derecha y la extrema derecha”. Como Rego, preguntó por qué sólo el País Vasco y Navarra van a gestionar el ingreso mínimo en sus respectivos territorios.

El de Junts Ferran Bel rechazó también la referencia de Álvarez de Toledo a su padre, se reafirmó en que las comparecencias de miembros del Gobierno en esta comisión son poco útiles y le preguntó su opinión sobre el informe de Amnistía Internacional que insta a liberar a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Por último, dudó de que se el Ejecutivo se jacte de haber prohibido los despidos cuando Nissan va a despedir a sus 3.000 trabajadores y preguntó, como Rego y Baldoví, si la gestión del ingreso mínimo se cederá a todas las comunidades.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, expresó su solidaridad con el padre de Iglesias y lo vinculó con que la derecha llama “golpistas” a los independentistas, en lo que interpretó como una “operación de blanqueo del fascismo”. También planteó la cuestión de Nissan, que anunció hoy que cerrará sus tres plantas después de haber recibido 170 millones de recursos públicos y sugirió nacionalizarlas, y preguntó en primera persona del plural “qué podemos hacer”.

La exministra de Sanidad socialista Luisa Carcedo y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, hicieron defensas genéricas de la necesidad de consensuar juntos salidas a la crisis del coronavirus sin entrar en ninguna confrontación o siquiera matiz con el vicepresidente.

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El tratamiento con fisioterapia será una herramienta esencial para revertir los posibles “retrocesos” que puedan tener algunos pacientes con esclerosis múltiple tras el confinamiento como consecuencia del cierre temporal de los servicios de rehabilitación, según explicó este jueves el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm).

En una nota de prensa enviada con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple que se celebra el próximo sábado, 30 de mayo, y que este año se vuelca en derribar las barreras sociales que generan soledad y aislamiento entre estas personas, el Cpfcm reivindica la importancia de la fisioterapia, especialmente en la situación actual en la que las necesidades sanitarias de la pandemia han propiciado, en muchos casos, el cierre temporal de los servicios de rehabilitación que, entre otros, atienden a pacientes con esclerosis múltiple.

Según explicó la fisioterapeuta y portavoz del Cpfcm, Patricia Moreno, “estos cierres afectan de manera significativa a los pacientes con esclerosis múltiple, pues es importante que tengan un seguimiento para poder ir adaptando las pautas de tratamiento a su evolución”.

Sin embargo, Moreno también subrayó que “por suerte, y gracias a la implantación de medios telemáticos, en muchas ocasiones los seguimientos han podido ser sustituidos por citas telefónicas o por videollamadas en las que se han ofrecido pautas a los pacientes para que no perdiesen en su evolución”.

En este sentido, recordó que el objetivo fundamental de la fisioterapia en el tratamiento de esta enfermedad es el de “ayudar a la persona a mantener el máximo nivel de calidad de vida posible, contribuyendo a paliar las secuelas de la enfermedad y a recuperar también algunas de las capacidades perdidas en cada brote”.

Por este motivo, el papel del fisioterapeuta en el equipo de profesionales que tratan a estos pacientes es fundamental, pues puede actuar desde el inicio de la enfermedad, tratando de minimizar al máximo las secuelas y ayudando a frenar el deterioro; así como en fases más avanzadas en las que se busca mantener en todo momento el mayor grado de autonomía de la persona.

Además, los fisioterapeutas inciden en la importancia del ejercicio terapéutico en los pacientes con esclerosis múltiple, pues en muchos casos será incluso el pilar básico de su entrenamiento ya que el mantenimiento de la fuerza, la movilidad o el equilibrio, “son objetivos que solo puede conseguir esta herramienta”, concluyó Moreno.

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El número de profesionales sanitarios colegiados en España se situó el año pasado en 877.361, un 2,9% más que en el año anterior y un nuevo récord histórico de la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), que comienza en 1952. Por sexo, 278.371 eran hombres (un 2,3% más) y 598.990 mujeres (un 3,2% más).

El colectivo mayoritario fue el de enfermeros (316.094, un 36,03% del total), seguido del de médicos (267.995, un 30,55%) y el de farmacéuticos (75.260, un 8,58%). Por su parte, los de menor representación son los físicos, los químicos y los biólogos con especialidad sanitaria (270, 303 y 530 profesionales, respectivamente), según datos del INE dados a conocer este jueves.

El número de médicos colegiados en España aumentó en 7.407 personas (un 2,8%) y el de los enfermeros colegiados se incrementó en 8.332 profesionales (un 2,7% más); dentro de este último colectivo, 9.536 personas estaban registradas como matronas (un 3,2% más que en 2018).

El número de colegiados del resto de profesiones sanitarias también aumentó el año pasado, sobre todo los terapeutas ocupacionales (21,8%), los dietistas nutricionistas (14,5%) y los físicos con especialidad sanitaria (13,4%). Por su parte, los menores incrementos se registraron en los protésicos dentales (0,7%), los químicos con especialidad sanitaria (1,3%), los farmacéuticos y los veterinarios (1,6% en ambos).

La serie histórica del INE, analizada por Servimedia, indica que España superó la barrera de los 800.000 profesionales sanitarios por primera vez en 2016 (809.342) y esa cifra fue aumentando en 2017 (831.115), 2018 (852.481) y 2019 (877.361).

TASAS

El número de profesionales sanitarios colegiados por cada 1.000 habitantes difiere según el colectivo. El de enfermeros presentó el año pasado la mayor tasa (6,68 por cada 1.000 habitantes), seguido de médicos (5,66) y farmacéuticos (1,59). Por el contrario, las más bajas se alcanzaron en los colectivos de terapeutas ocupacionales (0,10), dietistas nutricionistas (0,11) y protésicos dentales (0,16); en el caso particular de los enfermeros con especialidad de matrona, la tasa fue de 0,91 profesionales por cada 1.000 mujeres en edad fértil.

Las tasas por 1.000 habitantes de ópticos-optometristas, logopedas, podólogos y protésicos dentales no variaron respecto a 2018. En el resto de profesionales sanitarios aumentaron. Las de enfermeros (0,13), médicos (0,11) y fisioterapeutas (0,06) presentaron los mayores incrementos.

SEXO, EDAD Y SITUACIÓN LABORAL

La profesión sanitaria tiene una presencia mayoritariamente femenina. En 14 de las 16 profesiones analizadas había más mujeres colegiadas que hombres en 2019. Los colectivos con mayor porcentaje femenino fueron los de logopedas (el 93,7% eran mujeres), terapeutas ocupacionales (91,3%) y dietistas nutricionistas (85,9%).

Por el contrario, las profesiones que presentaron los menores índices de feminidad fueron protésicos dentales (29,3%), físicos con especialidad sanitaria (34,8%) y veterinarios (50,1%).

Los mayores porcentajes de profesionales sanitarios menores de 45 años se encontraron en terapeutas ocupacionales (91,6%), dietistas nutricionistas (88,9%) y fisioterapeutas (84,7%). Los menores en este grupo de edad lo presentaron los colectivos de médicos (37,4%), protésicos dentales (42,9%) y biólogos con especialidad sanitaria (43,6%).

Según la situación laboral, los menores porcentajes de profesionales colegiados no jubilados se dieron en médicos (85,0%), enfermeros (89,5%) y veterinarios (93,8%). Y los mayores en químicos con especialidad sanitaria (100%), terapeutas ocupacionales (99,8%) y dietistas nutricionistas (99,7%).

COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

Por otro lado, la cifra de médicos colegiados aumentó en todas las comunidades autónomas en 2019, y sólo se redujo en la ciudad autónoma de Ceuta (–0,6%). Los mayores incrementos se dieron en la ciudad autónoma de Melilla (9,1%), Canarias (3,9%), y Andalucía (3,8%). Por el contrario, los menores se registraron en Cantabria (0,7%), Galicia (1,2%) y Castilla y León (1,6%).

Las comunidades con mayores tasas de médicos colegiados fueron Aragón (6,89 por cada 1.000 habitantes), Comunidad de Madrid (6,81) y Asturias (6,54). Por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla (3,79) y Ceuta (3,94), y Castilla–La Mancha (4,47) presentaron las tasas más bajas.

En el caso de enfermeros, el número de colegiados aumentó respecto al año anterior en todas las zonas, salvo en la ciudad autónoma de Ceuta (–5,8%) y en Castilla y León (–0,6%). Los mayores incrementos se dieron en Andalucía (5,8%), Canarias (5,0%) y Murcia (4,5%), y los menores, en Galicia (1,0%), Comunidad de Madrid (1,3%) y País Vasco (1,4%).

Las comunidades con mayores tasas de enfermeros colegiados fueron Navarra (10,48 por cada 1.000 habitantes), Cantabria (8,41) y Comunidad de Madrid (7,91). Por su parte, las menores tasas se dieron en Murcia (con 4,59), Galicia (5,42) e Illes Balears (5,45).

En cuanto al resto de profesiones, la Comunidad de Madrid tuvo las ratios más elevados de fisioterapeutas por cada 1.000 habitantes (1,64), dentistas (1,27) y psicólogos con especialidad sanitaria (1,67), así como Navarra en farmacéuticos (2,30) y dietistas nutricionistas (0,40), Murcia en ópticos-optometristas (0,43) y logopedas (0,43), Extremadura en podólogos (0,29) y terapeutas ocupacionales (0,59), y Cantabria en protésicos dentales (0,26).

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha remitido a Naciones Unidas una batería de propuestas para que se avance hacia una transición ecológica que sea también inclusiva con las personas con discapacidad, de forma que esta parte de la ciudadanía no quede atrás.

En concreto, el documento del Cermi, titulado ‘Por una transición justa e inclusiva para las personas con discapacidad’, ha sido elaborado para que sea tenido en cuenta por parte del relator especial sobre la Extrema pobreza y los Derechos Humanos de la ONU, en su informe de transición justa.

La entidad alerta del mayor impacto del cambio climático en las personas con discapacidad, dado que pueden tener dificultades añadidas para actuar ante situaciones de catástrofe; no son tenidas en cuenta en el diseño de programas de rescate, y cuentan con menos ingresos para acceder a energías limpias.

Por ello, el Cermi defiende que este proceso hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles requiere de la participación directa de las personas con discapacidad, en cuanto a la toma de decisiones o la planificación de procesos comunitarios de gestión, que permita establecer unas metas “más ambiciosas” en materia climática.

“Una transición no será justa si su aplicación no tiene en cuenta la marginación persistente de este colectivo en el mundo del trabajo y los impactos desproporcionadamente adversos que provoca el cambio climático”, advierte el documento.

TRABAJO DECENTE

Asimismo, el Cermi incide en la necesidad de combinar normas jurídicas, protección social, programas de desarrollo de competencias y un cambio en las actitudes que “sirva para crear un entorno propicio para que se conserven los empleos verdes y proliferen las oportunidades de trabajo decente para las personas con discapacidad”.

De llevarse a cabo este proceso, la plataforma representativa de la discapacidad en España augura que será “una oportunidad única para crear un futuro para todas las personas”, ya que se podrán alcanzar objetivos como la justicia social, el trabajo decente, la inclusión social y la erradicación de la pobreza.

Para lograrlo, el Cermi considera que la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París de 2015 y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 deberían estar permanentemente en el horizonte de este compromiso.

De este modo, con el soporte de directrices internacionales e instrumentos nacionales y regionales, la entidad propone acciones dirigidas tanto al sector institucional, empresarial y sindical como a organizaciones ecologistas y de la sociedad civil.

En este punto, el Cermi plantea formular planes nacionales para una transición justa, creando trabajo decente y empleos verdes alineados con la Convención de la Discapacidad y la Agenda 2030. Asimismo, pide garantizar condiciones de salubridad y eficiencia energética en los hogares de las personas con discapacidad e incorporar la accesibilidad universal en todas las actuaciones de transición justa para que puedan beneficiar por igual a las personas con discapacidad, incluidas las oportunidades laborales, reservando puestos de trabajo para estas personas en los distintos proyectos.

Recopilar datos desglosados por discapacidad que incluyan la dimensión de género en los mercados laborales, incluidos los nuevos y emergentes sectores verdes, así como promover desde las empresas alianzas con el tejido asociativo de la discapacidad son otras propuestas del Cermi.

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El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, centró su comparecencia en la comisión parlamentaria para la reconstrucción del país en reproches al PP por haber “debilitado” a España en su capacidad para afrontar crisis como la del coronavirus, al tiempo que le pidió un “arrepentimiento” por los “recortes”.

“Hoy todo el mundo tiene claro que los recortes de más de siete mil millones de euros en la sanidad pública, las privatizaciones y la precarización que ustedes perpetraron fueron decisiones absolutamente equivocadas que nos han debilitado como país”, afeó el líder de Podemos en el Congreso de los Diputados.

Previamente, Iglesias aseguró haber sostenido “muchas veces” que “no era momento de reproches ni de análisis”, pero quiso aprovechar su comparecencia para pedir expresamente al PP un “arrepentimiento” por los recortes en sanidad y dependencia, pues “reconocer esta evidencia sería un ejercicio de enorme dignidad” para “muchísima gente”.

Y es que, continuó, “todo el mundo, también sus votantes, tiene claro que jamás se pueden repetir los ataques a la sanidad pública”. Por tanto, insistió en que deben “reconocer que se equivocaron” y que “nunca debieron recortar y privatizar la sanidad pública y deteriorar las condiciones de trabajo de sus profesionales”,

Todo ello, sostuvo Iglesias, “ha supuesto quitarle herramientas a España para enfrentar una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo”.

El vicepresidente segundo también afeó a los populares “recortes de más de 5.000 millones de euros” en el Sistema de Atención a la Dependencia que, a su juicio, “han colocado a nuestros mayores en una situación de vulnerabilidad”.

También puso de relieve el conocido como “escudo social” del Gobierno para ayudar a los más vulnerables y perjudicados por las consecuencias económicas del coronavirus y se mostró partidario de “luchar contra uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, que es la desigualdad”.

Y es que “a nadie le parece sensato que el 10% más rico de la población española concentre más riqueza que todo el 90% restante”, por lo que también reclamó medidas de justicia social.

Por último, pidió tejer alianzas con todas las fuerzas políticas, gobiernos regionales y organizaciones del Tercer Sector o sindicatos para “llevar adelante una reconstrucción que no es una tarea de un Gobierno, sino de un país, y que requiere el concurso de todos”.

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El 28% de mujeres con daño cerebral tiene menos de 65 años, según los datos que facilitó este jueves la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) en el marco del Día internacional por la Salud de las Mujeres, que se celebra el 28 de mayo.

La entidad se refiere a las más de 220.000 mujeres con daño cerebral, lo que supone el 52,5% de la población total con esta discapacidad. Según un estudio realizado por Fedace, el 72% de estas mujeres está por encima de los 65 años y el 81% de los casos tuvo su origen en un accidente cerebrovascular.

Las personas con daño cerebral tienen grandes dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria. La aparición de esta lesión en el sistema nervioso central ocasiona “una salida masiva del mercado de trabajo”, alerta la organización.

Casi un tercio de las mujeres con esta discapacidad perdió su empleo a raíz de la lesión. Aparte de la situación laboral; el estado de salud físico, las relaciones sociales y el bienestar emocional son también aspectos en los que las mujeres consultadas consideran que les ha afectado el daño cerebral.

Sobre estos datos, Fedace organiza el próximo 17 de junio a las 10.00 horas un desayuno online en el que se presentará el resumen ejecutivo del informe ‘La situación de las mujeres con Daño Cerebral en España’.

Participarán el director general de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada; la directora de Fedace, Mar Barbero; y Amalia Diéguez y Ana Aznar, presidenta y neuropsicóloga, respectivamente, de la asociación-fundación de atención al daño cerebral Ateneu Castellón. El encuentro estará moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

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