El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha rogado este mediodía a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que apruebe el cierre perimetral de la región hasta el 9 de noviembre "para no generar más confusión y dudas" entre los madrileños.

"No como crítica, sino como ruego, pediría a la presidenta que, teniendo en cuenta que la mayoría de las comunidades ha decidido el cierre perimetral hasta el 9 de noviembre, sería bueno que la Comunidad actuase en consecuencia, en la misma línea, para no generar más confusión y dudas en los ciudadanos", ha indicado en redes sociales.

Además, el representante del Gobierno central en Madrid ha indicado que "confía mucho en el sentido de la responsabilidad de todos los ciudadanos" y se muestra seguro de que evitarán desplazamientos innecesarios en la víspera de varios días festivos que tenemos por delante en la Comunidad de Madrid y en resto España.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, debería estar en prisión por las decisiones que ha adoptado para hacer frente al coronavirus; pero también ha señalado responsabilidades penales en los responsables de que Simón siga en su puesto.

Así lo ha defendido Abascal desde la tribuna del Congreso durante el debate del estado de alarma, que su grupo parlamentario rechaza y cree que provocará "más enfermedad y más ruina". "No salvará vidas sino que provocará más hambre", ha avisado ante el Pleno.

En este contexto, el líder de Vox ha recordado diferentes declaraciones de Fernando Simón en el mes de febrero sobre el poco impacto que tendría el virus en España u otras posteriores respecto a la segunda ola de la pandemia. "Simón no está en la cárcel, pero lo que es peor aún, sigue en su puesto", ha censurado.

Después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha salido en defensa de Simón y ha calificado estas palabras de "amenazas". "¿Qué amenazas? -ha preguntado Abascal-. He manifestado mi convicción de que Simón tenía que asumir responsabilidades penales por las decisiones que ha tomado. Simón y quienes le mantienen en puesto".

Además, ha negado que se pueda calificar a Fernando Simón de doctor y ha reconocido que al menos él tuvo la "honradez" de reconocer que no había hecho el doctorado. "Al menos no va diciendo que es doctor, como el señor Sánchez", ha criticado.

Abascal también ha pedido al Gobierno que deje de "escudarse" en Europa y ha preguntado por qué los datos de España son "mucho peores" que los de otros países de la UE.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona considera que la Plataforma ProSeleccions Catalanes recibió del Gobierno catalán varias subvenciones concedidas con "arbitrariedad y partidismo", y destaca que la subvención que recibió en 2017 se empleó en las campañas 'El deporte por el sí' y 'Ganaremos', enfocadas a promocionar el 1-O y el independentismo.

Lo sostiene en el auto de registro de la sede de la Plataforma y del domicilio de su presidente, Xavier Vinyals, que se hizo el miércoles en el marco de un operativo de la Guardia Civil contra el presunto desvío de fondos públicos y en el que se hicieron una treintena de detenciones.

El auto del juez señala que la Plataforma recibió "concesiones directas de subvenciones" del Consejo Catalán del Deporte (CCE), que considera que son un ejemplo de la costumbre de conceder subvenciones de forma arbitraria a esta entidad.

También tacha de dudosa efectividad pagos hechos con fondos públicos a proveedores relacionados con Fòrum Crans Montana (CMF) celebrado en 2019 en Ginebra, del que el juez destaca que "situaba a (Carles) Puigdemont como exiliado y denunciaba la existencia de presos políticos, lo que demuestra que ese CMF se encuentra alineado con los intereses independentistas".

PRESUNTO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Relata que el foro originó un gasto de 828.093,53 euros, "de dudosa efectividad y realidad", y entre los proveedores señala al exconseller de ERC Xavier Vendrell y al ingeniero Jaume Cabaní, de quien afirma que a través de su factura se han conocido sus relaciones con CATGblobal, una asociación que recauda fondos para apoyar al expresidente Carles Puigdemont, lo que el juez indica que podría constituir un presunto delito de blanqueo de capitales.

También ve un presunto delito de malversación por la solicitud de la subvención del año 2017 para el CMF, ya que "fue realizada cuando ya se había firmado el contrato entre el Fòrum y el CCE" y considera que se aprobó por intereses políticos infringiendo supuestamente la normativa para emplearlos en el CMF.

El presidente de la Plataforma Proseleccions Catalanes, Xavier Vinyals, está investigado en esta causa por presunta malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha calificado de "paso histórico para la profesión y para la sanidad española" la validación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la 'Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros de heridas', aprobada por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 13 de octubre.

"Es un paso histórico para la profesión y para la Sanidad española, pero todavía hay nueve CCAA (y el Ingesa en el caso de Ceuta y Melilla) que siguen sin acreditar a las enfermeras como prescriptoras, tal y como establece dicta la Ley. Han sido más de 15 años de intensa lucha desigual por algo que, en esencia, solo repercute en el bienestar de los pacientes y agiliza y mejora la respuesta sanitaria ante todo tipo de problemas de salud. En este caso, hablamos de un terreno muy propio de las enfermeras, como son las heridas de todo tipo, así como las úlceras por presión", ha señalado Pérez Raya en un comunicado.

Los enfermeros resaltan que la situación de emergencia sanitaria había retrasado la aprobación de esta y otras guías pendientes de aprobación. Con el visto bueno a la guía de heridas, que nace de un "profundo consenso" entre las organizaciones colegiales de enfermeros y de médicos, CCAA, mutualidades y los ministerios de Sanidad y Defensa, "se sientan las bases a que los distintos servicios de salud regionales puedan acomodar a su práctica asistencial la prescripción, por parte de los enfermeros, en función de lo que recoge a esta resolución".

Según se recoge en el texto, el objetivo de estas guías es definir los medicamentos, sujetos a prescripción médica, que los enfermeros pueden indicar, usar y autorizar su dispensación en determinadas situaciones y de forma protocolizada, ya sea para iniciar su uso, modificar la pauta, prorrogar o suspender el tratamiento, en un trabajo colaborativo y/o complementario "con la finalidad de proporcionar una respuesta adecuada y eficiente a las necesidades de la ciudadanía".

Para la selección de los medicamentos del listado de estas guías, se han tenido en cuenta criterios técnicos basados en la evidencia científica disponible actualmente. Se incluyen las opciones de uso preferente en el tratamiento de los síntomas y situaciones de salud a los que estas guías se refiere de acuerdo con la bibliografía aportada y considerando criterios de uso racional del medicamento y la eficacia, seguridad y eficiencia de las diferentes alternativas disponibles.

Las comunidades autónomas y resto de entidades gestoras en el marco de los centros que prestan servicios en el SNS, y las organizaciones y centros en el marco de los centros que no prestan estos servicios, desarrollarán, a partir de los contenidos establecidos en esta guía, sus propios protocolos y/o guías de práctica clínica o asistencial específicas, que definan los contextos y criterios de aplicación concretos adaptados a su contexto.

Esta guía se centra en la atención de personas que presenten heridas, cualquiera que sea su entidad o etiología, y que precisen ser atendidas mediante indicaciones o directamente por un profesional de la salud. En concreto, lesiones por presión, por humedad, úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras neuropáticas, úlceras neoplásicas, otras enfermedades que pueden causar heridas en la piel por enfermedades infecciosas, epidermólisis bullosa, quemaduras, traumáticas, quirúrgicas, laceraciones o dolor.

Esta es la lista de medicamentos autorizados para el uso de enfermeros en la curación de heridas: heparinoides orgánicos, heparina, enzimas proteolíticas, bromelaina, combinaciones con colagenasa, ácido fusídico, neomicina, mupirocina, sulfadiazina de plata, combinaciones con sulfadiazina de plata, metronidazol, hidrocortisona, clobetasona, butirato de hidrocortisona, betametasona, acetónido de fluocinolona, diflucortolona, fluocinónida, diflorasona, mometasona, aceponato de metilprednisolona, beclometasona, aceponato de hidrocortisona, fluticasona, prednicarbato, clobetasol, hidrocortisona con antibióticos, triamcinolona con antibióticos, dexametasona con antibióticos, betametasona con antibióticos, fluocinolona con antibióticos, beclometasona con antibióticos, fluocinónida con antibióticos, nitrofural, nitrato de plata y combinaciones con tul con bálsamo de perú.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez "lo ha hecho muy mal" en la gestión de la pandemia y ha solicitado la dimisión del titular de Sanidad, Salvador Illa. "Señor ministro recapacite y si decide no dimitir, al menos dé una respuesta a la altura de esta gran nación en esta segunda oleada de la pandemia", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en su segunda intervención en el Pleno del Congreso que debate la prórroga del estado de alarma, en la que ha contrapuesto la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez con la que han hecho otros países como Grecia, Portugal o Japón, que tienen menos contagios y fallecidos.

"¿Y qué hace? Arremeter contra la oposición. ¿Por qué no dimite como el ministro de Nueva Zelanda, como el de Chile, como el de Panamá, como el de Ecuador, Holanda o República Checa? ¿Por qué no dimite tanta humildad que usted destila?", le ha preguntado.

Tras denunciar de nuevo la "ausencia" de Pedro Sánchez en el debate, ha pedido al Gobierno que "escuche" más a dirigentes socialistas como el expresidente Felipe González". "Lo que les pido, señores del Gobierno y señor presidente ausente Sánchez, es que hagan menos homilías dominicales y respeten más al Parlamento, menos cesarismo de ordeno y mando y más respeto a la Constitución", ha resaltado.

La Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS) y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) advierten de que, actualmente "hay una amplia amalgama de profesionales realizando las pruebas de antígenos, sobre todo en Atención Primaria (AP), clínicas odontológicas y farmacias", todo ello "sin las estrictas medidas de seguridad".

Así, recuerdan que el manejo de muestras clínicas se ha de realizar por los profesionales formados, capacitados y habilitados para ello; en instalaciones que reúnan las condiciones que garanticen la seguridad de los productos del diagnóstico 'in vitro' y la posterior gestión de los residuos generados, cumpliendo así con la normativa aplicable.

Por ello, anuncian que han vuelto a solicitar a los responsables en salud estatal y de las CCAA, que estas pruebas las realicen los técnicos superiores en laboratorios clínicos y biomédicos, bien en el propio laboratorio clínico o en centros de AP, adecuando áreas acordes a la normativa que garanticen la seguridad, trazabilidad y calidad.

Asimismo, destacan que las pruebas de antígenos que se están utilizando actualmente no son eficaces para conseguir controlar la segunda ola de coronavirus, ya que su eficacia, superior al 95 por ciento, es tal en algunos casos: cuando la carga viral es alta, cuando se realizan durante los cinco primeros días de la enfermedad y, sobre todo, cuando el paciente tiene síntomas.

"No solo se están realizando en todo tipo de situaciones; además, están suponiendo muchos falsos negativos que hacen que el virus se siga expandiendo por todo el país", expresan ambas organizaciones sindicales, y añaden que esto también supone una realización posterior de PCR, "lo que conlleva mayor gasto para el sistema sanitario".

Asimismo, advierten de que las PCRs deben ser realizadas por los técnicos superiores en laboratorios clínicos y biomédicos, ya que "esta función la están asumiendo otros profesionales sanitarios cuando no son los habilitados para ello". Por ello, exigen dotar "urgentemente" a los equipos con un mayor número de estos profesionales, para que así puedan aumentar el número de PCRs diarias.

Piden este aumento de profesionales precisamente por el contexto estacional de otoño e invierno, ya que "las habituales viriasis respiratorias con periodicidad epidémica estacional van a provocar una sintomatología inicial comparable en la población y, con ello, una mayor demanda de PCRs para discriminar entre ambas patologías".

RASTREADORES

Además, expresan que la presión asistencial que sufre la AP hace "imposible" que las tareas de rastreo recaigan en el personal médico, de enfermería o auxiliar por lo que "es necesario integrar a Técnicos Superiores en Documentación y Administración Sanitarias en los equipos que realizan las funciones de rastreo y tratamiento de datos".

Por su parte, el Secretario General de SIETeSS, Francisco Javier Montero, remarca también que "en el caso del Diagnóstico por la Imagen, tenemos que solicitar con premura que se organicen los servicios con los Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico (TSIDyMN) que pudiesen ser necesarios, así como la dotación de equipos portátiles de radiodiagnóstico y la renovación tecnológica en muchos casos". En este sentido, añade que "solo de esta forma se pueden diagnosticar rápidamente neumonías causadas por Covid-19, por ejemplo".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este jueves que el Gobierno solicitará la ejecución provisional de la sentencia que devuelve al Estado la propiedad del Pazo de Meirás.

La sentencia dictada el pasado 2 de septiembre por la magistrada Marta Canales, del juzgado de primera instancia número uno de La Coruña, declaró la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".

Además, condenó a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

Los Franco presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de La Coruña, que aún está pendiente de resolución. Este proceso podría dilatar la entrega efectiva del Pazo de Meirás al Estado uno o dos años, de ahí que se vaya a pedir la ejecución provisional.

Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y Canarias son por el momento las únicas autonomías que permiten la libre circulación entre sus territorios después de que el resto de Comunidades Autónomas decretaran el cierre perimetral en sus regiones para limitar los movimientos durante estos días. Por su parte, Madrid ha anunciado que cerrará la región tan sólo durante los dos puentes -el del 1 de noviembre y el del 9 del mismo mes-.

El cierre perimetral está ya en vigor desde este jueves en el País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja y Asturias. El viernes se sumarán a este confinamiento Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Cantabria, Cataluña, Murcia, Ceuta y Melilla.

A las 13.00 horas de este jueves, la situación por Comunidades Autónomas es la siguiente:

ANDALUCÍA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado el cierre perimetral de la comunidad autónoma desde este viernes 30 de octubre y hasta el 9 de noviembre, con el objetivo de frenar los contagios por coronavirus.

También se incluye el cierre perimetral en las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, actualmente en nivel cuatro de alerta sanitaria. Asimismo, mantendrá el horario de la limitación general de la movilidad nocturna inicialmente fijado por el Gobierno de España para la franja de 23.00 a 6.00 horas.

ARAGÓN

El confinamiento perimetral en Aragón entró en vigor este martes y, en principio, se extenderá hasta el próximo 9 de noviembre. Las tres capitales de provincia -Huesca, Zaragoza y Teruel-- ya estaban cerradas desde la semana pasada, que se mantiene, de forma que los habitantes del resto de municipios pueden transitar libremente dentro de Aragón, pero no podrán entrar ni salir de la Comunidad salvo por causas justificadas.

ASTURIAS

En Asturias, el cierre perimetral de la comunidad autónoma entró en vigor este miércoles. Por otro lado, el toque de queda en la región será desde las 0.00 hasta las 6.00 horas.

BALEARES

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha descartado de momento el cierre perimetral de las islas, aunque se han tomado medidas como toque de queda nocturno o limitación a 6 personas en las reuniones sociales. Este miércoles ha comenzado el confinamiento perimetral en Manacor, que será de 15 días.

CANARIAS

Las Islas Canarias han quedado excluidas de este posible confinamiento perimetral y de la limitación horaria que se impone en todo el país y que establece la restricción de movimientos entre la 23.00 horas y las 06.00 horas, una medida de la que Canarias había solicitado quedar exenta por sus buenos datos epidemiológicos.

CASTILLA Y LEÓN

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado el cierre perimetral de la Comunidad a partir del viernes, 30 de octubre, hasta la finalización del "primer periodo" del estado de alarma, el 9 de noviembre a 14.00 horas.

CASTILLA-LA MANCHA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha sumado a la medida acordada por Castilla y León de cerrar la región para limitar los movimientos.

CANTABRIA

El Gobierno de Cantabria ha decidido cerrar la Comunidad Autónoma desde esta noche y hasta el lunes 9 de noviembre, además de modificar el calendario escolar y suspender la semana no lectiva del día 2 al 8 para evitar la movilidad de las familias.

CATALUÑA

El Govern decretará este jueves un confinamiento perimetral de los municipios para el fin de semana, de manera que no pueda haber movilidad entre ellos, y cerrará Cataluña para que no se pueda salir ni entrar del territorio catalán.

EXTREMADURA

El Ejecutivo extremeño ha indicado que probablemente en el próximo Consejo de Gobierno se tendrán que tomar decisiones que afectarán a grandes núcleos de población. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que el aislamiento perimetral no se ha mostrado eficaz en ninguna parte de Europa aunque sí en poblaciones pequeñas y ha abogado por controlar todos los factores que puedan generar "algún tipo de riesgo.

EUSKADI

El Gobierno vasco, uno de los primeros en pedir el estado de alarma, limitará la entrada y salida de personas en el territorio de Euskadi, así como los accesos y salidas de los municipios en los que las ciudadanos tengan fijada su residencia.

GALICIA

Las autoridades sanitarias de Galicia no se plantean de momento decretar el cierre perimetral de toda la comunidad y apuestan por vigilar "en detalle" la evolución de ciertas comarcas.

LA RIOJA

La comunidad riojana anunció el confinamiento perimetral de Logroño y Arnedo, además del cierre la hostelería y restauración durante un mes de estas localidades. Estas medidas se suman al cierre perimetral de la región que se decretó desde las 00.00 horas del pasado 23 de octubre hasta las 00.00 horas del 7 de noviembre y que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR lo ratificó el pasado lunes.

NAVARRA

Similar es el caso de Navarra, que inició el confinamiento de su territorio a las 00.00 horas del pasado 22 de octubre y hasta el 4 de noviembre, cuyo Tribunal Superior ratificó la orden foral por la que limita la entrada y salida de la Comunidad foral, salvo por motivos laborales o sanitarios, y que también ordena el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, medida que este martes ha sido avalada por el TSJN.

MURCIA

Por su parte, el gobierno murciano ha acordado el cierre perimetral de toda la Región de Murcia y de los 45 municipios de la Comunidad para poner freno a la expansión de los contagios por Covid-19. La medida entrará en vigor en la medianoche de este jueves, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y tendrá una duración de 14 días que podrán ser prorrogados.

MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena. Ha incidido en que pedirá de nuevo "diálogo" para que en la orden se puedan flexibilizar aperturas y cierres de las comunidades autónomas, tras haber pedido al Gobierno que le permitiera hacer el cierre por días.

COMUNIDAD VALENCIANA

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, dijo el pasado miércoles que en el Consell están "expectantes" ante las "decisiones que van a tomar otras comunidades autónomas, sobre todo aquellas limítrofes". "Si fuera necesario", aclaró, se cerrará la región antes del puente de Todos los Santos, pero primero dijo que se debe estudiar cómo evoluciona la pandemia y los efectos que tiene la implantación de la restricción de la movilidad nocturna y la limitación de las reuniones a seis personas.

CEUTA Y MELILLA

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), anunció un decreto con el que prohibirá salir o entrar en la ciudad autónoma "salvo causa debidamente justificada" durante los dos próximos fines de semana, desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre y entre los días 6 y 8 del mes próximo. Presume que será necesario sostener la medida "hasta mediados de diciembre".

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha establecido el toque de queda desde las 22.00 horas de la noche y ha restringido los viajes a la Península, tanto en barco como en avión, además del cierre de los establecimientos de alimentación a las 21.00 horas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido "respeto" tanto para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, como para el resto de profesionales de la sanidad pública, tras las críticas del presidente de Vox, Santiago Abascal.

En su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre el estado de alarma, Abascal ha lamentado que Simón "no esté en la cárcel" pese a los "50.000 muertos mal contados" por la pandemia de COVID-19. "Cincuenta mil muertos mal contados y Fernando Simón aún no está en la cárcel. El señor Simón no está en la cárcel pero, peor aún, sigue en su puesto", ha cargado duramente.

En contestación, Illa ha exigido "respeto" a los "servidores públicos". "No le acepto ningún tono amenazante contra ningún servidor público. Me hacen rectificar los argumentos, no las amenazas. Un respeto para el doctor Simón y todos los profesionales de la sanidad pública", ha argumentado con vehemencia.

Por otra parte, tal y como ha hecho en su discurso el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, el ministro ha defendido la importancia de la ciencia en la respuesta contra el COVID-19: "Si alguien quiere discutir sobre el terraplanismo y sobre si hemos ido o no a la Luna, esto no mata. Discutir sobre la utilidad de la ciencia en relación a las vacunas mata personas. Ahí hemos de ser implacables desde la ciencia y desde la política".

Asimismo, el ministro ha coincidido con Echenique en la situación epidemiológica actual es "muy grave", así como en la necesidad de trasladarle este escenario a los ciudadanos. "Con este conjunto de medidas estamos intentando evitar un confinamiento como el que tuvimos en marzo. Vienen 15 días decisivos en este sentido", ha añadido en respuesta al portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, quien ha instado a "parar" el país para frenar al virus.

En respuesta a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el ministro de Sanidad ha reivindicado que su departamento sí ha trabajado en la prevención de la segunda ola de COVID-19, pese a los altos datos de contagios actualmente. "Un plan contra rebrotes y segunda ola sí lo hay. Mejorable, seguro, pero sí lo hay", ha sostenido en relación a las medidas coordinadas con las comunidades autónomas en julio que la semana pasada se actualizaron con restricciones más concretas y completas.

Andalucía suma este jueves 29 de octubre 5.202 casos de coronavirus confirmados por pruebas PCR y test de antígenos, nuevo récord diario en la segunda ola de la pandemia muy por encima de los 3.503 registrados el pasado viernes 23, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 31 muertes en 24 horas, dos menos que la víspera pero sexta mayor cifra de la segunda ola de la pandemia.

Este nuevo récord diario de contagios por Covid-19 se alcanza precisamente en vísperas de que la Junta active el cierre perimetral de la comunidad y el confinamiento de 450 municipios a partir de las 00.00 horas de este viernes. Hasta ahora, las mayores cifras diarias de positivos no habían superado los 4.000 casos, con 3.503 el viernes 23; 3.442 el martes 21; 3.378 el sábado 24 y 3.149 el domingo 25.

Las provincias de Granada, con 1.382 casos, y de Sevilla, con 1.220, también registran récords diarios de contagios, seguidas de Córdoba, con 649; Jaén, con 566; Cádiz, con 520; Málaga, con 339; Almería, con 299; y Huelva, con 227.

Granada concentra además más de la mitad de los decesos de la jornada, con 17, seguida a gran distancia por Cádiz, con cuatro; Jaén, con tres; Almería, Córdoba y Málaga, con dos; y Sevilla, con uno. La provincia de Huelva no suma fallecidos este jueves.

Por su parte, los hospitales andaluces registran una nueva jornada de aumento de su presión asistencial con 2.345 pacientes ingresados por Covid-19, 33 más en 24 horas y 670 más que hace una semana, mientras que el número de ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sube hasta los 296, tres más que este miércoles y 95 más que hace siete días.

Los jóvenes menores de 25 años han perdido 244.000 empleos en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 23,9%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recogidos por Adecco Group Institute en su Anuario sobre el Mercado de Trabajo 2020.

En concreto, Adecco ha puesto de relieve que, aunque la pandemia ha puesto "en jaque" todos los aspectos de la vida, los jóvenes "son los que están sufriendo el impacto más grave".

Teniendo en cuenta el sexo, los hombres menores de 25 años son los que más empleo perdieron en el segundo trimestre, con un descenso del 22,1% interanual (126.300 puestos), mientras que el descenso en el caso de las mujeres fue del 26,1%, con una pérdida de 117.700 plazas.

En el caso de las personas entre 25 y 39 años, el número de parados creció un 17,7% (189.800 desocupados más), mientras que en el caso de los que tienen entre 40 y 59 años ser registró un descenso del 3,7% (54.400 desempleados menos).

Los jóvenes también ocuparon puestos de trabajo con jornada a tiempo parcial en una proporción "sensiblemente superior a la media". De hecho, en el primer semestre de 2020 esta proporción ha sido del 39,1% y sigue siendo "muy superior" al 14,5% del conjunto de la población. Para los jóvenes de hasta 29 años, es del 26,1%.

En el caso de los jóvenes y autónomos, el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) presentaba un descenso interanual del 4,1%, con 10.448 jóvenes menos, a 31 de marzo.

El director general de Adecco España, Iker Barricat, ha afirmado que España tiene "enormes retos relacionados con el empleo, pero quizás uno de los más importantes es reducir la sangrante tasa de desempleo juvenil, colectivo que además viene sufriendo con mayor intensidad los efectos en el empleo de la pandemia".

"Actualmente tenemos la fuerza laboral mejor formada de la historia, nuestros jóvenes tienen un nivel de formación muy por encima del resto de países de la Unión Europea, el número de alumnos matriculados en FP alcanza un nuevo máximo histórico, y sin embargo, nuestra tasa de desempleo juvenil es la segunda más alta de Europa", ha resaltado Barricat.

Desde su punto de vista, es "vital" que se trabaje en mejorar la conexión entre la oferta de candidatos que salen de los centros educativos y las necesidades de las empresas y empleadores.

Adecco también ha apuntado que la tendencia de creación de empleo se rompió con la pandemia, que "derivó en una caída del empleo y una subida del paro, cosas que no ocurrían desde 2013".

Asimismo, ha puesto de relieve que el empleo femenino sufre más la pandemia. De hecho, ha resaltado que el colectivo de mujeres ocupadas en 2019 alcanzó un nuevo máximo histórico, y superaba en más de 500.000 el dato de 2007 (justo antes de la crisis de 2008), pero que la irrupción de la Covid está alterando esta tendencia, ya que en el segundo trimestre cayó proporcionalmente más el empleo de mujeres que el de varones.

Por otro lado, ha incidido en que el salario ordinario bruto creció más del 2% anual por primera vez desde 2019 y que, además, por primera vez en diez años, el aumento del salario ordinario medio superó el incremento de los precios al consumo.

"La aparición de la pandemia alteró por completo la tendencia ascendente del salario", dice Adecco, que resalta que en el segundo trimestre de 2020, la remuneración media ordinaria cayó un 11% interanual, el mayor descenso del salario nominal desde 1909.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido un plazo de diez 10 días a los seis condenados a penas graves en el caso Gürtel, entre los que se encuentra Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, para su ingreso voluntario en prisión.

Además de a Iglesias, la decisión afecta al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, el contable José Luis Izquierdo, María del Carmen Rodríguez Quijano -exmujer del líder de la trama, Francisco Correa- , y el exviceconsejero Carlos Clemente.

El Tribunal adopta esta decisión en una providencia notificada este jueves, una vez recibidos los informes del Ministerio Fiscal en los que no se opone a la concesión de plazo para el ingreso voluntario de los condenados a penas graves, en ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo que confirmó la condena inicial de la Audiencia Nacional.

El pasado día 20, la Fiscalía Anticorrupción solicito que Iglesias entrara ya en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses de cárcel que le impuso el Supremo tras ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). El Ministerio Fiscal pidió la misma medida para otros 10 condenados cuyas penas oscilan entre tres y 17 años de cárcel.

ROSALÍA, REHABILITACIÓN EN PRISIÓN

En su decisión de este jueves, los magistrados que juzgaron el caso rechazan las peticiones de suspensión de entrada en la cárcel que habían hecho las defensas de los condenados José Luis Izquierdo, Carmen Rodríguez Quijano y Rosalía Iglesias. En el caso de esta última, el Tribunal explica que no existe impedimento alguno para seguir tratamiento de rehabilitación en el centro penitenciario.

En su escrito, la Fiscalía alegaba para justificar los ingresos en prisión la existencia de riesgo de fuga en los condenas tras conocer la sentencia firme del alto tribunal, pese a que éste ha rebajado levemente las penas impuestas en la primera sentencia.

Así, pidió a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como tribunal sentenciado el inmediato ingreso en prisión de Iglesias y también de Rodríguez Quijano, que fue jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, (17 años y ocho meses de prisión); del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (13 años y 10 meses); del exconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (siete años y nueve meses); y del exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses).

También pidió el ingreso en prisión del concejal de Majadahonda (Madrid) Juan José Moreno (17 años y dos meses) y de la a que fuera administradora de las empresas del Grupo Correa Isabel Jordán (14 años y 11 meses), aunque respecto a ambos el tribunal no ha adoptado un plazo para su ingreso en prisión.

Tampoco se pronuncia el tribunal sobre el abogado Antonio Villaverde (tres años y 11 meses); el exdiputado Jesús Merino (tres años y siete meses); el que fuera asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres años).

Quienes ya se encuentran cumpliendo condena desde entonces son el extesorero del PP (condenado a 29 años y 1 mes de prisión); el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses) y el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo (27 años y 10 meses). El tribunal de 'Gürtel' sí estimó la petición de Anticorrupción de entrada inmediata en prisión al considerar que existía riesgo de fuga.

Por su parte, Bárcenas ha iniciado los trámites para solicitar el traslado desde la cárcel de Soto del Real, en la que se encuentra desde entonces, a la prisión de Alcalá Meco donde previsiblemente ingresaría en los próximos días su mujer.

En cuanto a los líderes de la Gürtel, Francisco Correa (condenado a 51 años de cárcel) y el que fuera su 'número dos', Pablo Crespo (36 años y 8 meses), ya estaban en prisión en ese momento, pues entraron en febrero de 2017 -cuando aún se estaba celebrando el juicio por los primeros años de la trama corrupta- tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las irregularidades en el montaje del 'stand' institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena.

"Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación", ha trasladado en un acto de Educación en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Por ello, ha pedido "flexibilidad normativa".

Así, ha indicado que esta mañana ha decidido ordenar el cierre durante el puente de Todos los Santos, pero solo los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente puente.

"Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y espero que se nos escuche para que podamos tomar otras medidas intermedias y de esa manera evitar desplazamientos masivos", ha declarado. De esta manera, según la presidenta colaborarán con otras regiones porque se tienen que apoyar entre ellas.

En este punto, ha incidido que pedirá de nuevo "diálogo" para que en la orden se pueda flexibilizar aperturas y cierres de las comunidades autónomas porque "la pandemia" va a estar un tiempo activa y en ocasiones hará falta "cerrar un día, cerrar tres o no hacerlo".

La prórroga del estado de alarma que se vota este jueves en el Congreso va a provocar, por primera vez, que los independentistas catalanes de Junts y el PDeCAT voten distinto, ya que, mientras los cuatro diputados de la formación del expresidente Carles Puigdemont han decidido abstenerse, los cuatro del PDeCAT apoyarán al Gobierno.

El PDeCAT, la fomación heredera de la antigua Convergència, ya anunció su voto a favor el pasado lunes y los de Laura Borràs han concretado que se abstendrán durante el debate que está teniendo lugar en el Congreso, consumando así la división.

El PDeCAT y Junts rompieron el pasado mes de septiembre, cuanto el todavía presidente catalán Quim Torra destituyó a los consejeros del PDeCAT. Poco después, las dos formaciones anunciaron que concurrirían por separado a las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.

Ambas formaciones sí continuaron compartiendo grupo en el Congreso y, aunque tenían libertad de voto, han venido manteniendo las mismas posiciones hasta este jueves. Está por ver si también se dividen durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El Consejo de Gobierno ha aceptado este jueves la petición de los alcaldes de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, y de Gijón, la socialita Ana González, para que el cierre perimetral decretado no se limite solamente a los núcleos urbanos, sino que se amplíe a toda la superficie del concejo.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha destacado que el Ejecutivo autonómico es un Gobierno "que escucha y dialoga".

Fue el pasado viernes cuando el Gobierno asturiano decretó el cierre perimetral de las tres grandes ciudades asturianas: Oviedo, Gijón y Avilés. En esta última ya se aplica el cierre a todo el concejo por petición de su alcaldesa, Mariví Monteserín.

El lunes, el alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, y la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, solicitaron también que el cierre se extienda a todo el concejo.

Además de esos cierres perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés, las salidas y entradas de Asturias se encuentran prohibidas, salvo que exista causa justificada.

Guardia Civil y Policía Nacional en Almería han localizado tanto en tierra como en alta mar a 73 personas cuando intentaban en las últimas horas llegar en patera a España.

Cruz Roja ha activado en el puerto de la capital varios equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) que han prestado auxilio humanitario a 46 personas.

Fuentes de la ONG han indicado que se han realizado seis atenciones en grupos de tres, 15, seis, nueve y 13 inmigrantes.

Por otro lado, la Policía Nacional ha localizado a 27 varones de origen magrebí tras arribar a la playa de El Zapillo de la capital de Almería.

La patera, que habría salido de Nador (Marruecos), estuvo siendo buscada en el mar de Alborán por un dispositivo de Salvamento Marítimo después de que fuese alertado el centro coordinador de Almería por una ONG.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que este miércoles ordenó una treintena de detenciones en la investigación de supuestos desvíos de fondos públicos al proceso independentista, atribuye al exconseller de ERC Xavier Vendrell "la actividad de dirección y participación directa" en las acciones del Tsunami Democràtic el otoño de 2019.

En el auto de entrada y registro, el magistrado afirma que Vendrell aseguró que enviaría "a gente para proteger plaza Urquinaona", que explicó que habían montado un escenario en la autopista, que pidió no hacer protestas solo en Barcelona y que también se refirió a la protesta del 18 de diciembre en los alrededores del Camp Nou.

La instrucción es una pieza separada de la causa que investiga el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona y parte de dos conversaciones grabadas en el móvil del presidente de la Fundación Catmón, Víctor Tarradellas.

Con estos indicios, el juez sostiene que "se alcanza la presunción de que Vendrell no sólo participa en el movimiento de Tsunami, sino que da instrucciones de las acciones que se han de realizar".

El auto también explica que Vendrell supuestamente afirmó que el editor Oriol Soler estaba a sus órdenes, y que hablaba con el editor Eduard Voltas sobre "algún tipo de proyecto audiovisual que están elaborando para reclamar la independencia de Cataluña y denunciar lo que consideran abusos del Estado".

La investigación atribuye a Vendrell los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos, y el auto sostiene que "la inhabilitación de Quim Torra ha supuesto para Xavier Vendrell y ERC un punto de inflexión en su camino a obtener la presidencia de la Generalitat, por lo que aun reforzando el discurso de la represión por parte del Estado no han mostrado interés alguno en activar Tsunami Democràtic".

El Gobierno de Navarra restringirá el paso por la variante este de la entrada del Camino de Santiago en Navarra, que transcurre por Huntto, Orisson y el collado de Lepoeder hasta Roncesvalles.

A través de una resolución de la Dirección General de Interior, se establece que desde el próximo 1 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2021 se restringe el paso por este tramo y se deberá transitar de forma obligatoria por la variante oeste del Camino de Santiago.

Desde 2015, el Ejecutivo foral viene adoptando esta medida, que pretende garantizar la seguridad de los peregrinos y los equipos de emergencia por la peligrosidad que presenta este tramo en época invernal, que supone superar más de 1.200 de desnivel, teniendo en cuenta los 154 metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra Saint Jean Pied de Port y los 1.432 del puerto de Lepoeder, además de los pequeños desniveles intermedios.

"Para superar este desnivel, los peregrinos deben tener una preparación física adecuada, condición que no se da en un alto porcentaje de ellos, según se ha comprobado. Además, la nieve y las adversas condiciones climatológicas propias del invierno exigen un esfuerzo aún mayor, a lo que se suma que a menudo el equipamiento material que llevan no es el más adecuado", ha señalado en un comunicado el Gobierno foral.

El tramo este entra en Navarra a una gran altura, 1.288 metros, y no tiene escapatoria hasta el collado de Lepoeder, 5 kilómetros después de haber entrado en Navarra. En esta ruta, se han realizado continuas acciones de mejora de la señalización y una comprobación periódica de su validez.

"Sin embargo, persisten las intervenciones en esta zona del personal de rescate motivadas en muchas ocasiones por el desfallecimiento o la falta de información y preparación de las personas que peregrinan, dada la dureza de la ruta este", ha destacado el Ejecutivo navarro.

La situación resulta "especialmente grave en época invernal, con condiciones muy complejas para los rescates, dada la orografía y climatología de la zona y las graves dificultades de acceso, localización y evacuación".

Así pues, el Gobierno de Navarra ha indicado que "la experiencia de los últimos años ha demostrado la conveniencia de mantener en los mismos términos la restricción de paso por la variante este del Camino de Santiago en su primera etapa a la entrada en Navarra".

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este jueves que los cementerios de la ciudad estarán abiertos el próximo fin de semana y especialmente el domingo, Día de Todos los Santos, "si no hay una orden expresa" para cerrarlos. Así, ha mostrado su voluntad de transmitir un mensaje de "tranquilidad" respecto a la apertura de estas instalaciones aunque ha hecho un llamamiento para que quienes accedan a ellas lo hagan de forma escalonada para no concentrarse el domingo.

El primer edil se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar el pleno ordinario de octubre en el Ayuntamiento, al pedir a todos los vecinos de la capital valenciana "prudencia" e instarles a mostrar "respeto escrupuloso" a las normas marcadas por las autoridades sanitaria para evitar la expansión de la Covid-19.

Ribó ha hecho estas declaraciones después de que el edil de Cementerios y Servicios Funerarios, Alejandro Ramón, señalara este miércoles que el consistorio no descartaba cerrar los cementerios el fin de semana si la situación epidemiológica empeoraba y desaconsejara, en caso de que se mantuvieran abiertos, que personas mayores y otra población de riesgo acudieran el sábado y domingo. Ramón invitó a adelantar las visitas.

"Quiero mantener la tranquilidad. Si no hay una orden expresa, los cementerios van a estar abiertos porque hemos estado trabajando de una manera muy clara en esta dirección", ha manifestado el alcalde esta jornada. "Nuestra voluntad es que continúen abiertos. Por eso, hemos puesto desde medidas de aforo hasta circuitos: todos los mecanismos para garantizar" la seguridad, ha agregado.

Joan Ribó ha hecho, en general, "un llamamiento a la disciplina de todas las personas que viven en València" para atender y cumplir las normas sanitarias dirigidas a frenar la pandemia. "Estamos en un momento complicado aunque València, si miramos los mapas, es de las zonas con menos nivel de contagio. Pero si miramos las gráficas, el crecimiento es muy grande", ha matizado.

En consecuencia, el responsable municipal ha insistido en su llamamiento para que los valencianos tengan "respeto escrupuloso" a "las normas que ha planteado la Conselleria de Sanidad" y que "todos tenemos que respetar a todos los niveles".

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le preguntó por Sergio Rios, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas que era confidente en la operación 'Kitchen', y que le pidió que se interesase por el asunto.

Según fuentes jurídicas, durante su declaración, que aun prosigue, Martínez ha explicado que con ese nombre que le dio Fernández Díaz, él fue al director Adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino para indagar sobre Ríos.

Asimismo, ha apuntado que en un momento dado decide protocolizar los mensajes recibidos por Fernández Díaz ante notario porque se siente dolido por las declaraciones que éste hace diciendo que desconocía la operación 'Kitchen'.

Esta operación parapolicial, organizada para espiar tanto al extesorero como a su mujer en 2013, fue sufragada con fondos reservados y al margen del control judicial para sustraer a Bárcenas la información sensible del PP que guardaba y así poder ocultársela a la justicia.

Con todo, Martínez ha subrayado ante el juez que el hecho de que el exministro manifestase que no sabía nada de ese operativo, algo que ha reiterado que es falso, no significa que las actuaciones fueran ilegales.

La de hoy es la tercera vez que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le llama a declarar por estos hechos desde que le imputó el pasado mes de enero por su posible implicación en el operativo.

La Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia ha aprobado una proposición no de ley impulsada por Esquerra Republicana (ERC) en la que instan al Gobierno a agilizar la gestión y concesión de permisos de trabajo y residencia para los jóvenes migrantes que abandonan los servicios de tutela del Estado al cumplir al mayoría de edad.

En concreto, la iniciativa pide que se establezcan los mecanismos de coordinación necesarios para una efectiva colaboración entre los departamentos y administraciones implicadas en estos procedimientos, con el objetivo de "automatizar, agilizar y facilitar" los trámites.

El texto ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, la abstención de PP y Foro Asturias y el voto en contra de Vox.

La propuesta votada en la comisión ha contado con aportaciones de socialistas y naranjas. Así, ERC ha aceptado una enmienda de Ciudadanos en el segundo punto de la iniciativa.

UNA PARTIDA EN LOS PGE

Este texto pedía "transferir a las administraciones competentes los recursos necesarios para una adecuada atención al fenómeno de los menores y jóvenes migrantes para garantizar un proceso de integración efectivo".

Ciudadanos ha añadido a esta medida la petición de promover un reparto de responsabilidades y equilibrado respecto a estos menores entre las comunidades, y reclama que se tenga en cuenta el número de estos menores que necesitan atención y los recursos disponibles en el ámbito de cada administración.

Mientras, el PSOE ha aportado un nuevo punto por el que se llama al Ejecutivo a incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 una partida específica que garantice un proceso de integración social efectivo de este colectivo.

UNA POLÍTICA DE "BUENISMO"

También PP y Foro Asturias presentaron sendas enmiendas, en las que proponen medidas contra el riesgo de exclusión social de estos niños, antes de que cumplan la mayoría de edad y llaman a afrontar en el plazo de tres meses una amplia reforma de la normativa en materia de extranjería, respectivamente. Ninguna ha sido aceptada.

La única formación que ha votado en contra ha sido Vox, cuya portavoz en esta comisión, María Teresa López, ha criticado las "políticas disfrazadas de buenismo" del resto de grupos. La diputada ha señalado que su partido es "rebelde con una causa que les apasiona" y que es "España" y que no apoyarán "a pesar de la persistencia" este tipo de propuestas.

López ha asegurado que estos niños llegan de la mano de sus padres al país y estos les dejan después solos. "A mi nunca se me ocurriría cruzar ninguna frontera y dejar a mi hijo sólo para que se busque la vida", ha declarado, antes de indicar que se la buscan "en sitios poco apropiados para niños" y con conductas "aún menos apropiadas".

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha defendido este jueves que el estado de alarma se pueda prolongar durante seis meses como plantea el Gobierno porque, según ha asegurado, respeta los marcos competenciales de las Comunidades Autónomas, y ha cargado contra el líder del PP, Pablo Casado, por actuar como "correveidile" al anunciar que denunciará ante Europa que sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que rinda cuentas de la alarma y no el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso que debate la prolongación del estado de alarma, Esteban ha reivindicado esta norma de la Constitución como un marco que otorga "seguridad jurídica" a las autonomías a la hora de tomar decisiones para controlar la segunda ola del coronavirus.

En este sentido, ha rechazado que los ciudadanos tengan que estar pendientes de lo que decidan los tribunales superiores de justicia de ratificar o derogar las medidas restrictivas que tomaran los gobiernos autonómicos.

Por ello, ha defendido el planteamiento que realiza el Gobierno de ampliarlo durante seis meses porque considera que se trata de un marco normativo para tomar medidas de manera ágil, y ha recordado que se podrán ir levantando ciertas restricciones conforme vaya mejorando la situación epidemiológica.

"SI LO VAN A DENUNCIAR A EUROPA, VOTEN QUE NO"

Con todo, Aitor Esteban ha arremetido contra el Partido Popular y su decisión de abstenerse en la prórroga de este estado de alarma. El portavoz vasco ha censurado que los 'populares' se abstengan y luego vayan a denunciar a Europa que sea Illa el que rinda cuentas de la alarma y no el jefe del Ejecutivo: "Pues entonces voten que no".

Según ha dicho, Europa está "más preocupada" de que se tomen medidas efectivas contra el Covid-19 y estará "extrañada" de que haya alguna Comunidad Autónoma, en referencia a Madrid, de que "actúe como si el coronavirus no fuese con ellos". "Eso sí que desequilibra el sistema de las Comunidades Autónomas", ha agregado.

Así, Esteban ha rechazado que el estado de alarma se tenga que estar aprobando cada quince días, como sucedió durante la primera ola porque se convertiría, según sus palabras, en un "pim pam pum" contra el Gobierno y generaría tensiones a la ciudadanía.

"Esto va para largo, creo que es lo que le tenemos que decir a la ciudadanía y no se pueden dar fechas porque creo que todos tenemos la convicción de que las medidas se retirarán cuando puedan ser retiradas", ha finalizado el portavoz vasco.

El 53% de los trabajadores españoles sigue recibiendo el mismo salario que antes de la crisis sanitaria provocada por la pandemia covid-19, mientras que un 17% ha sufrido una reducción salarial, según una encuesta a más de 2.000 asalariados en septiembre realizada de Hays, que prevé "muchos despidos" y que los sueldos de la recuperación sean "mucho más bajos" que antes de la pandemia.

El sondeo muestra que dos de cada diez empleados (18%) han sido despedidos, el 17% ha sufrido una reducción salarial y solo al 12% les han aumentado el sueldo. El resto, el 53%, sigue con un salario "exactamente igual" que antes de la pandemia.

Ante el aumento de la incertidumbre derivado de la pandemia, la encuesta muestra que el 34% de los asalariados no sabe si recuperará su sueldo y, del 40% que se muestra optimista, solo el 16% confía en recuperarlo en los próximos meses.

La directora comercial de Hays, Noelia de Lucas, asegura que será "difícil" que se produzca una rápida recuperación conforme a la experiencia de la crisis de 2008, en la que los salarios tardaron prácticamente doce años en recuperarse.

HAYS PREVÉ "MUCHOS DESPIDOS" Y SUELDOS "MUCHO MÁS BAJOS"

Con la crisis actual, "se van a destruir muchos empleos, sobre todo puestos no cualificados, y cuando sea el momento de reconstruir, los sueldos van a ser muchos más bajos que antes de la pandemia", apunta.

Según su valoración, esto no pasará para perfiles muy específicos de áreas concretas como expertos en Big data, profesionales técnicos y de investigación de la industria farmacéutica, y en sectores como logística y bienes de equipo.

EL 76% DE ESPAÑOLES PIENSA EN CAMBIAR DE TRABAJO

Por otra parte, la encuesta de Hays muestra que el 76% de los encuestados está pensando en cambiar de trabajo. De ellos, el 20% se encuentra en el paro, el 23% busca mejores condiciones salariales y el 32% restante lo hace por otros motivos.

De igual forma, el 80% de los españoles confía en medidas como los incentivos salariales y los beneficios sociales, que suman un plus "muy interesante" en la propuesta de valor de la empresa.

De Lucas subraya que las compañías tienen que trabajar tanto los incentivos tangibles (bonos o comisiones) como los intangibles. "Hay que demostrar a los empleados que la empresa vela por su seguridad y que su bienestar es igual o más importante que los resultados de final de año", añade.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este jueves que su formación apoyará en el Congreso el nuevo estado de alarma por "responsabilidad" y "sentido de estado" frente a la "falta de liderazgo" del Gobierno y la lucha partidista de otros partidos de la oposición.

En su discurso desde la tribuna de la Cámara Baja, Arrimadas ha defendido el estado de alarma como el mecanismo adecuado para adoptar medidas extraordinarias que restrinjan derechos y libertades fundamentales.

Pero ha avisado de que el estado de alarma se puede aplicar de muchas maneras y ha criticado la gestión que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y ha puesto como ejemplo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, o la canciller de Alemania, Angela Merkel. "¿No les da vergüenza esa comparativa?", ha preguntado.

El Gobierno ha establecido en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021 un salario máximo de 109.494,57 euros al año para los alcaldes de las ciudades con más de medio millón de habitantes, lo que supone un 21% más del sueldo que percibirá el año que viene el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que cobrará 85.608,72 euros en doce meses y sin pagas extras.

Según el escrito de las cuentas públicas presentadas este miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estos 109.494,57 euros al año es el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las entidades locales que superan los 500.000 habitantes por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales.

En el Presupuesto prorrogado para este año 2020, los miembros de las corporaciones locales cuya población superara los 500.000 habitantes, podrían percibir un máximo equivalente al establecido para los secretarios de Estado del Gobierno.

Así el Ejecutivo central fija en este Presupuesto para 2021 un límite máximo para los miembros de los ayuntamientos atendiendo a su población. De este modo, los miembros de las entidades locales de 300.001 a 500.000 habitantes tendrán un límite de 98.545,10 euros, mientras que para los de las ciudades de 150.001 a 300.000 se fija un máximo de 87.595,64 euros.

En el caso de las entidades locales de entre 70.001 habitantes a 150.000 disponen de un máximo de 92.121,45 euros, mientras que para las ciudades de 50.001 a 75.000 euros se establece que los miembros de su corporación tendrán un salario máximo de 71.172,02 euros. Por su parte, las de 20.001 a 50.000 habitantes, podrán contar con una rebribución máxima de 60.222,56 euros.

CIUDADES DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

Los alcaldes de las ciudades que tengan entre 10.001 a 20.000 habitantes no podrán ganar más de 53.747,30 euros, y los regidores de las ciudades que tengan entre 5.001 a 10.000 habitantes percibirán un salario máximo de 49.273, 11 euros. En el caso de los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, sus ediles podrán ganar un máximo de 45.797,83 euros.

El Ejecutivo central ha elaborado otra tabla para las ciudades de menos de 1.000 habitantes. Así, para los alcaldes con dedicación parcial al 75% podrán percibir un máximo de 32.848,41 euros; los de dedicación parcial al 50%, un máximo de 24.088,65 euros; y los dedicación parcial al 25%, un máximo de 16.424,78 euros.

La Fiscalía mantiene la petición de penas en el crimen de Patraix que se saldó con un fallecido de seis puñaladas en agosto de 2017: pide 22 años para la mujer de la víctima, María Jesús, conocida como Maje, y otros 18 para uno de sus amantes, Salva.

Por su parte, la defensa de Maje reclama la absolución para su representada, mientras que la de Salva reconoce el delito de asesinato pero pide aplicarle dos circunstancias atenuantes para rebajar la pena: la confesión tardía y la reparación del daño. De aplicarse, solicita que la condena para su cliente sea de siete años y medio de prisión.

La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, mantiene su petición de 25 años de cárcel para Maje mientras que ha rebajado lo solicitado para Salva de los 20 años iniciales a 16.

El crimen tuvo lugar el 16 de agosto de 2017 en un garaje del barrio valenciano de Patraix. Los dos acusados, compañeros de trabajo en un hospital, han mostrado versiones distintas: mientras Salva ha reconocido el asesinato y ha incriminado a Maje, a la que ha apuntado como ideóloga, la mujer lo ha negado y ha asegurado que "jamás" planificó nada, solo encubrió.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apelado a la responsabilidad de PP y Ciudadanos para lograr la unidad en la lucha contra la pandemia del Covid-19 pero ve "imposible" contar con ellos para esta tarea porque Vox les mantiene "encerrados en la Plaza de Colón" donde rige el "¡a por ellos!" contra el Gobierno.

En su intervención ante la Cámara Baja para defender la pertinencia del estado de alarma y dirigiéndose al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el representante de la formación morada ha recalcado que no ve posible tener la colaboración de ambas fuerzas políticas, dado que una de la certeza de la crisis del Covid-19 es que están "encerrados con la ultraderecha" para "vergüenza y horror" de las familias conservadora y liberal en Europa.

Singularmente se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado, que puede "reinventarse" con un discurso "moderado" cuando hay miembros de su partido que en redes sociales llaman dictador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De igual modo ha apelado a su homóloga en Cs, Inés Arrimadas, cuando apela a "acabar con la crispación" pero el dirigente de su partido, Toni Cantó, llama "tonto" a Sánchez.

En consecuencia, ambos pueden reivindicar el centro político pero, en su opinión, "están atrapados por Vox" y "no pueden dejar de ser socios de la ultraderecha", pues dependen del apoyo de sus diputados autonómicos para los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia.

HAN AFICIONADO A SUS VOTANTES A LAS TESIS DE VOX

Pero además ha apuntado a un motivo discursivo, pues llevan años diciendo tesis similares a las del partido de Santiago Abascal, aunque con formas "más suaves" y "sibilinas". Como ejemplo, ha citado la "confrontación territorial con Cataluña, el antifeminismo o el usar a la extinta banda terrorista ETA para todo".

"Todo esto no lo inventó Vox. Este café ya lo servían PP y Ciudadanos a sus votantes, los aficionaron al café y ahora prefieren el solo, bien cargado, doble y sin azúcar que les pone Abascal.

Por otro lado, Echenique ha incidido en que España está inmersa en una "segunda ola" de la "peor epidemia en un siglo", cuyos efectos sobre la salud y la economía son "terribles" y a la que se añade también la "epidemia de odio, de mentiras y de ruido" que busca de forma "irresponsable" sembrar "zozobra y confusión.

Por tanto, ha asegurado que es "una ineludible obligación moral" decir "la verdad" sobre la pandemia. Y es que la realidad es que la situación epidemiológico es "grave" con datos "elocuentes" de aumento de ingresos hospitalarios.

"INCALIFICABLE" ACTITUD CONTRA EL GOBIERNO

En consecuencia, Echenique ha opinado que empeñarse en "hacerle la guerra" al Gobierno a cuenta de la epidemia resulta "incalificable", pues el conjunto de los países de la Unión Europea también están en situación de alerta, algunos con una duración mayor.

Además, ha destacado que las restricciones de movilidad que permite el estado de alarma sirven para frenar la pandemia, pero a ese objetivo no contribuyen ni "los hospitales sin médico", en referencia al centro Isabel Zendal que promueve la Comunidad de Madrid, o "las fiestas de lujo en el Casino de Madrid".

Echenique también ha enfatizado que una cosa son las medidas y otra los instrumentos jurídicos que se usan para implementarlas, lo que se comprueba al analizar los cierres perimetrales ya decididos por diversas autonomías.