El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido en que no es "entendible" que la Comunidad de Madrid no se sume a la región y a Castilla y León decretando un cierre perimetral de 14 días.

Así se ha pronunciado desde un acto con empresarios en Albacete minutos después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ordenara el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena.

Para el líder autonómico, no tiene sentido que a un paciente con positivo en COVID se le confine durante 14 días mientras se plantean "acuartelamientos de media hora" en la comunidad vecina.

Ha recordado que muchas comunidades autónomas, "del PSOE, del PP, nacionalistas o regionalistas" están tomando la decisión de cerrar durante al menos dos semanas, al tiempo que ha abundado en la contradicción de que para el PP esté bien visto "perimetrar España" y por el contrario no lo esté cerrar Madrid. Entones, en Madrid, ¿el jueves no puedes salir, el viernes sí, y el lunes otra vez en casa?", se ha preguntado.

Ha puesto como ejemplo que a diferencia de Madrid sí se ordenan cierres en Murcia, Castilla y León y Andalucía, también gobernadas por el PP, a lo que ha sumado que los confinamientos selectivos ordenados por Isabel Díaz Ayuso a varias localidades y barrios de la capital se establecieron para dos semanas.

"La situación exige seriedad. Todos tomamos medidas dolorosas. En Madrid, confinar un barrio vale para 14 días pero la autonomía no... Es inentendible", ha afirmado, agregando que tras la reunión de este miércoles entre los gobiernos de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha queda patente el giro entre lo que Díaz Ayuso expuso a sus homólogos y lo que trasladó posteriormente en rueda de prensa. "Salí de la reunión con una idea y me he levantado con otra. Igual es cosa de la edad, pero creo que a Mañueco le pasaba lo mismo", ha zanjado.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se han enzarzado este jueves en el Pleno de la Cámara Baja a cuenta de la disposición de la formación naranja a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante el debate en el que el Ejecutivo ha pedido el apoyo de la Cámara Baja a un nuevo estado de alarma para tomar medidas de contención del coronavirus, Echenique ha empleado sus dos intervenciones para arremeter contra el PP y Cs.

El portavoz parlamentario ha dicho que ve "imposible" contar con estos dos partidos para lograr la unidad en la lucha contra la pandemia porque Vox les mantiene "encerrados en la Plaza de Colón", donde rige el "¡a por ellos!" contra el Gobierno.

En relación con los Presupuestos, ha indicado que el proyecto presentado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos incrementa el gasto público, una política que antes a la formación naranja le parecía "socialcomunista", según ha señalado. En cambio, cree que ahora Cs afirma ver los PGE "con buenos ojos" porque trata "desesperadamente" de "escapar del mordisco de Vox".

ARRIMADAS CREE QUE EN PODEMOS ESTARÁN "CABREADOS"

Al responder a esta alusión de Echenique, Arrimadas le ha dicho que entiende que esté "enfadado" porque Podemos había prometido derogar la reforma laboral del PP, aplicar un 21% de IVA a la educación concertada y elevar al 15% el tipo efectivo mínimo al que tributarían las grandes empresas.

"Me imagino que están cabreados", ha comentado tras enumerar algunas de las cuestiones que Ciudadanos pidió al Gobierno que se reflejaran en el proyecto de Presupuestos.

Al constatar que sus condiciones se cumplen, Cs ha anunciado que votará a favor de la tramitación del proyecto en el Congreso y negociará las cuentas con el Ejecutivo, aunque aún no puede avanzar si los aprobará.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este jueves al juzgado de instrucción número 31 de Madrid que archive la investigación que lleva a cabo contra varios funcionarios por la escala que hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La parte del 'Delcygate' que se instruye en los juzgados de Madrid se basa en querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas por presuntos delitos de prevaricación contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.

En concreto, Vox se querelló contra Koldo García Izaguirre y otros funcionarios por cuatro delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y usurpación de atribuciones.

La Fiscalía ha indicado que "no existe duda" de que la 'número dos' del Gobierno de Nicolás Maduro "no debía entrar o transitar por España", debido a dicha prohibición.

Sin embargo, ha precisado que Rodríguez se limitó a permanecer en la sala de la terminal de aviación ejecutiva, "que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario", según se desprende del oficio remitido por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Además, ha esgrimido que la dirigente venezolana "no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional".

Sobre García Izaguirre, al que describe como "una de las personas que acompañaba a la autoridad de mayor grado que se encontraba esa noche en el aeropuerto", el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha valorado que requirió a la tripulación para que el vuelo despegase lo antes posible llevándose con ellos a los pasajeros.

A este respecto, ha apuntado que Julio San Miguel Mateos --otro funcionario-- contó ante notario cómo vio a García Izaguirre solicitar a la tripulación que el vuelo saliese cuanto antes y que le contestaron que no era posible antes de las 14:00 horas.

El Ministerio Público ha aclarado igualmente que, a pesar de que en las querellas y denuncias se hacía hincapié en lo irregular de que no se hubiesen sellado los documentos a Rodríguez y en que la misma no disponía de visado, lo cierto es que el Reglamento (CE) 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo incluye a Venezuela como país cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado.

ZONA DE TRÁNSITO

Con todo ello, la Fiscalía no ha apreciado el requisito de resultado materialmente injusto para imputar un delito de prevaricación porque le resulta "indiferente" que Rodríguez hubiese permanecido durante el tiempo indispensable en unas instalaciones del aeropuerto que tienen la consideración de zona de tránsito aeroportuario "o en otras".

Tampoco ha apreciado el delito de desobediencia porque se exige la existencia de un mandato directo "que, en el supuesto que nos ocupa, se nos oculta cuál podría ser y quién podría haberlo emitido".

Asimismo, ha descartado el delito de usurpación de atribuciones a las personas denunciadas porque "en el presente caso es palmario que no ha sido suspendida con carácter general ninguna disposición legal".

No obstante, ha recordado que el Ministerio Fiscal no puede investigar a personas aforadas, como Ábalos, "por lo que, constando la existencia de querellas interpuestas ante el órgano judicial competente para el conocimiento del presente asunto con las personas que resulten ser aforadas, corresponderá a éste la correspondiente resolución".

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este mediodía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tienen preparado, "aunque se lo comuniquen con cierto retraso", el dispositivo policial para controlar el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid que previsiblemente entrará en vigor mañana viernes.

"La Policía Nacional y la Guardia Civil siempre están preparadas para cualquier eventualidad. Estaban ya preparados no solo para el cierre perimetral, sino también para los cierres de las áreas de salud (establecidas por la Comunidad) y están de hecho colaborando en ello. En este aspecto no hay ningún problema", ha indicado en una entrevista en 'RNE'.

Como ya apuntó esta mañana en Twitter, Franco ha insistido en rogar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tome la misma decisión que sus homólogos cercanos y que otras comunidades y que extienda el cierre hasta acabado el puente de la Virgen de la Almudena, hasta el día 9 de noviembre incluido.

"Creo que lo más correcto, lógico y lo que generaría menos confusión y dudas entre los madrileños sería que se actuase hasta el día 9. No es una crítica, sino un ruego, porque ahora mismo el único enemigo es el virus. O trabajamos juntos o tardaremos en superarle, en ganarle la batalla", ha manifestado.

DUDAS A LA FÓRMULA DE AYUSO

El representante del Gobierno central en Madrid tiene dudas de que sea legalmente posible cerrar como quiere Ayuso, solo los días correspondientes a los dos puentes, y no todos seguidos. "Sería posible si en el Congreso se introdujese una enmienda al estado de alarma para que fuera por días aislados, pero como no han introducido ninguna enmienda sigue vigente con todas las condiciones en vigor", ha esgrimido.

Franco también ha enjuiciado que la Comunidad de Madrid permita ahora las reuniones nocturnas de no convivientes hasta 6 personas entre medianoche y las 6 de la mañana, en pleno toque de queda, siempre que no haya movilidad, pese a que antes de la declaración del estado de alarma el Gobierno regional había prohibido las reuniones de no convivientes tanto en lugares públicos como privados en dicha franja horaria.

"Las FCSE tienen que controlar que no exista movilidad a esas horas. No sé como pueden reunirse seis personas no convivientes, tendrán que desplazarse las que no vivan allí normalmente. Es bueno, conveniente e imprescindible que todas las administraciones implicadas demos instituciones claras, concretas y no generemos confusión. Porque si no llegará un momento en que los madrileños no sabrán a que atenerse y eso, sinceramente, no nos lo podemos permitir", ha apostillado el delegado.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han reclamado al Gobierno que ponga en manos de las autonomías herramientas jurídicas que permitan acometer un confinamiento domiciliarios si crece el número de contagios por COVID-19 y se produce un incremento de la presión hospitalaria que puede llevarla a un colapso.

Ambos dirigentes autonómicos han informado de esta petición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde Casado ha asegurado que le pidió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de forma "clara y rotunda" la puesta en marcha de este instrumento para poder actuar a partir del 9 de noviembre, fecha en la que se acaba el actual Estado de Alarma.

Casado ha explicado que el actual Estado de Alarma no contempla el confinamiento domiciliario programado, algo que sería necesario "si la tendencia" siguiera siendo mala. "Pedimos herramientas para que, si fuera el caso, utilizarlo", ha exigido la consejera, quien ha recordado las medidas adoptadas en Alemania con una incidencia media acumulada de 156,2 casos por 100.000 habitantes y Francia con 659,9 casos.

En concreto, tanto Casado como Igea han insistido en que no se trata de una decisión que ya se haya tomado en Castilla y León sino que ha sido una recomendación apuntada por el Comité de Expertos de la Comunidad, por lo que es necesario contar con esta herramienta para atajar el número de contagios si se mantiene la tendencia actual y la presión hospitalaria aumenta.

De este modo, el vicepresidente de la Junta ha señalado que actualmente Castilla y León, junto con La Rioja, Aragón, Cataluña y Navarra se colocan en situación de riesgo extremo con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

De este modo, Igea ha apuntado al confinamiento domiciliario programado como la última medida ante una situación en la que, la cifra de contagios y la presión hospitalaria provocara que "no hay otra manera de contraer la incidencia".

Así, ha insistido en la necesidad de que se impulsen medida homogéneas en el conjunto del país. "Hay que tomar decisiones, no podemos permitir que los hospitales se colapsen y que haya más muertes de las que ya va a haber", ha aseverado.

Por último, la consejera de Sanidad ha explicado que el confinamiento que propone la Comunidad no sería tan estricto como el que se vivió en marzo en el conjunto del país, sino algo similar a Francia o Alemania, donde se permiten hacer actividades esenciales para el mantenimiento del país.

RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS

Finalmente, Verónica Casado ha detallado las recomendaciones de los expertos en la última reunión con el Gobierno celebrada el pasado martes donde, además de abordar la cuestión de confinamiento domiciliario, se recomendó la concentración de los recursos asistenciales para dar respuesta a la patología Covid y no Covid, se respaldó el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas en la Comunidad y el confinamiento perimetral y se aconsejó mantener la actividad en colegios, FP y universidades.

Al mismo tiempo, para la hostelería, el Comité de Expertos pidió que se dé más visibilidad al aforo en los locales, incrementar las sanciones en casos de incumplimiento y mantener la actividad hostelera para evitar reuniones en las casas.

Por último, se pidió que se favorezca el deporte individual en el exterior y, ante la festividad de Todos los Santos, no cerrar cementerios y pedir el "confinamiento inteligente" de los ciudadanos para evitar reuniones posteriores con familiares o amigos tras estas visitas.

El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha manifestado su preocupación de que exista un "brazo policial" que actúe contra al Gobierno y ha cuestionado la "oportunidad" de emprender un operativo con varios detenidos de la órbita independentista catalana.

En declaraciones en el Congreso, Asens ha llamado la atención sobre el momento en que se despliega esta operación, que afecta a políticos y empresarios por el presunto desvío de fondos públicos y posibles vínculos con la plataforma Tsunami Democrátic, algo que se en pleno contexto negociador sobre los PGE y cuando existe una "voluntad clara" del Gobierno de "desjudicializar el conflicto en Cataluña".

También ha exigido explicaciones tras conocer que esta intervención se ha bautizado como 'operación Volhov', que hace referencia a una batalla de la Segunda Guerra Mundial en Rusia en la que participó la División Azul.

Al respecto, el dirigente de En Comú Podem ha demandado que se depuren las responsabilidades pertinentes al elegir una denominación del operativo que ofende a la lucha antifranquista y que es "impropia" de un país democrático.

Y es que lo ocurrido, a su juicio, es "preocupante" al poner un nombre a una operación judicial y policial que evoca a la División Azul, cuando España tiene un Gobierno de coalición "comprometido con la recuperación de la memoria democrática".

Somos el hazmerreír de Europa", ha recriminado el parlamentario de la formación morada al apuntar que la embajada Rusa ya ha reaccionado ante este episodio "delirante.

HAY ANTECEDENTES DE "SESGO IDEOLÓGICO" EN LA GUARDIA CIVIL

Asens ha insistido en su preocupación por la posible existencia de "un brazo policial, al igual que el judicial, que trabaje en contra del Gobierno" y ha enfatizado que existen "antecedentes" para sospechar de sectores con "sesgo político" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para ello, ha aludido a la "policía patriótica" y el caso Kitchen, que indaga sobre presunto espionaje a rivales políticos durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

Por tanto, apela a la responsabilidad del teniente coronel que es instructor de esta investigación para que se disculpe con todos los españoles por la elección del nombre del operativo, especialmente a los que tienen "familiares en las cunetas" o los que "lucharon contra el fransquismo".

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que la fórmula del Gobierno regional para cumplir con los siete días de plazo mínimo de la aplicación obligatoria del confinamiento perimetral de la comunidad autónoma es dividirlos entre los dos próximos puentes, de manera que "lógicamente serán 4 y 3 días" respectivamente.

En una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press, Escudero ha destacado que es una decisión "jurídica", que "están estudiándolo los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid", y que va "asociado a un decreto que firma la presidenta".

"Entendiendo que son dos puentes, lógicamente serán 4 y tres días, pero exactamente, como todavía no está cerrado, no quiero pronunciarme al detalle, pero va a ser así", ha manifestado.

Asimismo, ha apostillado que "el decreto saldrá hoy y hoy será cuando se marque exactamente cuáles son los días de cada uno de los puentes".

"También hay que dejar claro que la recomendación que hemos establecido en las últimas órdenes siempre era de hacer los desplazamientos cuando sea absolutamente necesario", ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en la recomendación de "evitar los desplazamientos al máximo", pero ha agregado que "hay una realidad y en este caso a esa realidad hay que darle solución".

Escudero ha dicho que el planteamiento de Madrid "es una interpretación del Estado de alarma que ya han hecho otras comunidades autónomas", así como que le consta que lo han estudiado los servicios jurídicos del Ministerio.

Según Escudero, ese planteamiento de "esos 7 días que son de aplicación obligatoria dividirlos en los dos puentes", va en la línea del plan de la Comunidad de Madrid de "actuar en los momentos que realmente uno tenga rendimiento en el sentido de disminuir el número de contactos".

"Esa es la estrategia que se ha marcado y en ese sentido es en el que vamos a actuar", ha apostillado.

Escudero ha reiterado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le llamó después de la reunión de Ávila y le expresó "que se podía aplicar en los días que eran festivos", y que "cuando hace esa recomendación, lógicamente se puede hacer, y de hecho hay estudios por parte de los servicios jurídicos tanto del Ministerio como de otras comunidades autónomas, no solo de Madrid".

CONFINAMIENTO PERIMETRAL "EN DÍAS QUE SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO"

Además, ha asegurado que Ayuso en la reunión con los presidentes de Castilla y León y Casilla La Mancha, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page, "fue bastante clara".

"Dijo que iba a enviar esa carta al presidente del Gobierno en el sentido de decir que nosotros creemos que lo mejor para los madrileños y sobre todo por la repercusión que tiene a nivel nacional para los españoles es que si tenemos que hacer ese confinamiento perimetral lo hagamos los días que sea estrictamente necesario", ha detallado.

Asimismo, ha precisado que "la llamada del ministro fue posterior al envío de la carta por parte de la presidenta", y que entendieron que contaban con el "aval" de Illa para hacer lo que creen que es "lo mejor para disminuir el número de contagios, siempre contando que esa perimetración de toda la Comunidad a nivel interno, fruto de la experiencia del puente del 12 de Octubre, produjo un aumento de la movilidad".

Por otro lado, Escudero ha apuntado que no hubiesen tenido la necesidad de celebrar la reunión de Ávila si el Ministerio de Sanidad hubiese liderado las decisiones sobre la movilidad, para agregar que "una vez que no se ha producido ese liderazgo del Ministerio" la Comunidad ha tomado una decisión con "un respaldo técnico", en alusión al confinamiento por días, y se pronunció en ese sentido.

Agentes de la Policía Nacional han intervenido recientemente a Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, teléfonos móviles y un pendrive en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Kitchen', han informado fuentes de la investigación.

La intervención de este material se llevó a cabo hace unos 15 días y ya obra en poder del juez instructor del 'caso Kitchen', una de las piezas de la macrocausa del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional abierta a raíz de la detención del excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde su arresto en noviembre de 2017.

El juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, ha tomado declaración este jueves al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ha señalado que el entonces ministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz le preguntó por Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas que era confidente en la operación 'Kitchen' y que luego ingresó en la Policía Nacional.

Francisco Martínez, que aportó a la causa mensajes de Fernández Díaz, ha manifestado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que el exministro le pidió que se interesara por el asunto del confidente y que trató sobre este asunto con el director Adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino, según han señalado fuentes jurídicas.

La intervención de este material de Sergio Ríos se suma a las últimas diligencias practicadas en otra de las piezas del 'caso Villarejo', y que llevaron a la detención de cinco personas, entre ellas la mujer del excomisario, Gemma Alcalá, en relación con un supuesto intento de vender información confidencial.

El sumario del 'caso Kitchen' acredita que se utilizaron fondos reservados en un operativo parapolicial para espiar en 2013 tanto al extesorero del PP como a su mujer, con el objetivo de sustraer, al margen de las causas judiciales ya abiertas entonces, documentación sensible que afectaba a la cúpula 'popular' presidida por Mariano Rajoy.

La provincia de Granada ha registrado este jueves sus peores cifras desde el inicio de la pandemia con 1.382 nuevos positivos en coronavirus en las últimas 24 horas y 17 fallecidos, lo que la sitúa a la cabeza de Andalucía en ambos parámetros y también en nuevas hospitalizaciones, tras haber sumado otras 34, según los últimos datos actualizados de la Consejería de Salud y Familias, consultados por Europa Press.

El mayor número de contagios hasta ahora se contabilizó el pasado domingo, con 1.361 en un solo día, sin embargo hacía meses que no se registraba un número tan elevado de fallecidos, desde que el pasado 28 de marzo se produjeran 15 muertes.

La presión hospitalaria sigue creciendo en los hospitales del conjunto de la provincia, donde hasta este jueves se han contabilizado 569 pacientes con Covid-19, de los que 74 están en la Unidad de Cuidados Intensivos. Solo la provincia de Sevilla supera estas cifras dentro de la comunidad.

En la última semana se han declarado en la provincia de Granada 21 brotes que suman 139 casos en los diferentes distritos sanitarios. La capital acumula la mayor parte de ellos, un total de doce. De la pasada semana siguen activos otros 34 y este mismo jueves la Consejería de Salud y Familias informa de uno nuevo declarado en la residencia Camino de Santiago de Alhendín, con once casos confirmados.

En la Residencia N.S. Misericordia de Loja los casos ya se elevan a 77 (51 residentes y 26 trabajadores) y se han notificado dos muertes en las últimas 24 horas, con lo que ya han fallecido tres personas residentes en estas instalaciones. En la Residencia San Jaime de Huéscar se mantienen 62 casos y se ha notificado un fallecimiento, por lo que en total ya ha sumado cuatro.

Los datos acumulados desde el inicio de la pandemia arrojan 22.621 positivos en la provincia de Granada, 2.116 hospitalizados --175 de ellos en UCI de los que dos se han sumado este jueves--, 441 fallecidos y 5.709 personas recuperadas, de ellas 269 lo han hecho en las últimas 24 horas.

La prórroga del estado de alarma que se vota este jueves en el Congreso va a provocar, por primera vez, que los independentistas catalanes de Junts y el PDeCAT voten distinto, ya que, mientras los cuatro diputados de la formación del expresidente Carles Puigdemont han decidido abstenerse, los cuatro del PDeCAT apoyarán al Gobierno.

El PDeCAT, la formación heredera de la antigua Convergència, ya anunció su voto a favor el pasado lunes y los de Laura Borràs han concretado que se abstendrán durante el debate que está teniendo lugar en el Congreso, consumando así la división.

El PDeCAT y Junts rompieron el pasado mes de septiembre, cuanto el todavía presidente catalán Quim Torra destituyó a los consejeros del PDeCAT. Poco después, las dos formaciones anunciaron que concurrirían por separado a las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.

Ambas formaciones sí continuaron compartiendo grupo en el Congreso y, aunque tenían libertad de voto, han venido manteniendo las mismas posiciones hasta este jueves. Está por ver si también se dividen durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

POR RESPONSABILIDAD

Desde la tribuna del hemiciclo, Borràs ha justificado la abstención de los suyos alegando que el decreto del estado de alarma no se aprobó en los términos que habían hablado con el Gobierno y que finalmente no incluye las medidas de apoyo a la actividad económica y laboral que reclamaban desde su formación.

"Por responsabilidad nos abstendremos, pero no dejaremos de exigir las herramientas que necesitamos", ha dicho, denunciando por ejemplo que la norma no recoja la posibilidad de que las comunidades "regulen el teletrabajo" para limitar al máximo la movilidad o que se puedan tomar "medidas asimétricas" en los territorios o incluso levantar la alarma si la situación mejora.

De su lado, en declaraciones ante los medios, el diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha explicado que también su formación habló con el Ejecutivo antes de la aprobación del decreto y que, más allá de las críticas que se le pueden hacer, decidió votar a favor "por responsabilidad".

A su juicio, la situación de los catalanes va a ser "mejor" y el margen de la Generalitat para luchar contra la pandemia va a ser más amplio, con estado de alarma que sin él. "De eso se trata esta votación y no ha lugar a otro voto que no sea el afirmativo", ha dicho, protestando por la decisión de Sánchez de delegar en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la defensa de la prórroga en el Pleno.

ERA PREVISIBLE, NO PASA NADA

Rodeado de sus compañeros Sergi Miquel, Genís Boadella y Concep Cañadell, Bel ha quitado importancia al hecho de haber votado distinto de Junts, recordando que esto ya ha pasado en el Parlament y que, tras la decisión "unilateral" de sacarles del Govern, ya habían avisado de que no tenían por qué coincidir siempre.

En este contexto, ha negado que esa disparidad en el voto se pueda interpretar como una "ruptura del subgrupo" que tienen con Junts dentro del Grupo Plural y ha indicado que su relación con sus compañeros o con ERC "se va a mantener" como en las últimas semanas.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha aplazado la declaración en calidad de investigado del exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó prevista para este viernes al próximo 3 de noviembre en relación al presunto blanqueo de capitales en pequeñas cantidades del partido que se investiga dentro del caso conocido como '3 por ciento', según han informado fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó el pasado 23 de octubre imputar a Gordó después de que el extesorero del partido Daniel Osàcar le apuntara como el responsable que controlaba el sistema de blanqueo en pequeñas cantidades.

Así, aceptó la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la declaración de Osàcar puso de manifiesto que "el sistema de afloramiento de dinero en efectivo", que ya se había descrito en anteriores informes de la Fiscalía en esta pieza separada, "fue ideado por Germà Gordó".

Para conocer su versión de los hechos, el juez le emplaza al próximo 3 de noviembre, a las 11.00 horas, para que comparezca por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona.

VÍAS DE "ALLEGAMIENTO DE RECURSOS"

En la resolución, el juez explica que en esta causa se investiga la presunta estructura puesta en marcha y las distintas vías ilegales de "allegamiento de recursos". Una primera vía serían los pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona.

La segunda forma, sería mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido.

"Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras", indica el magistrado.

Añade el auto que mediante esos manejos CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido.

EL 'PITUFEO' CON SUPUESTOS DONANTES

Dado que esas cantidades de dinero debían aflorar de alguna manera, señala de la Mata que los directivos del partido buscaron la colaboración de personas próximas a CDC, y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de 'pitufeo' que, aplicado al caso, consistiría en que cada una estas personas ingresaba en la cuenta del partido político CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito.

"Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos 'donantes' realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido", concluye el instructor.

En su escrito, De la Mata destaca también que, tal y como indica el fiscal, en las declaraciones de las personas investigadas se ha expuesto de manera coincidente que las donaciones se realizaron a solicitud tanto de Osàcar como de Viloca, quienes ostentaban la condición de tesoreros de CDC.

Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC, procedente del delito.

Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían una "sorprendente homogeneidad", de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

OSÀCAR, DECLARACIÓN CLAVE

El instructor apunta que a todo esto se añade la declaración de Osàcar, quien efectivamente confirma que "la operativa descrita correspondía a una operativa diseñada con la finalidad de lavar dinero generado por CDC de forma ilícita".

De esta forma, gracias a las donaciones conseguidas, lograban "cuadrar los déficits presupuestarios que cada año se generaban por la diferencia existente entre los ingresos previstos con los realmente generados por el partido".

"Afirma en su declaración que la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación fue el entonces Gerente del Partido, Gordó Aurabell", añade el juez.

Explica además el magistrado que Osàcar contó que con este afán, Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales "donantes" de entre miembros y simpatizantes de CDC, y le encomendó que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de tres mil euros al partido CDC mediante cheque bancario nominativo, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de procedencia ilícita, que les entregaría en mano el propio Osàcar.

LISTA DE PARTICIPANTES EN LA OPERATIVA

Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar, por una persona del Departamento de Contabilidad y Finanzas de CDC, que no ha sido por el momento identificada, una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista.

Una vez recibida esta cantidad, el tesorero procedió conforme a lo ordenado por Gordó a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques nominativos por importe de tres mil euros de aquellas que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, tres mil euros en efectivo.

Se extendieron y firmaron recibos por la entrega del cheque nominativo y no se hizo lo mismo con la entrega de la cantidad en metálico, que no se documentó en forma alguna. Seguidamente, Osàcar entregó personalmente y en mano la cantidad sobrante a Gordó, según el auto.

La declaración de Gordó tendrá lugar una semana después de que el sucesor de Osàcar en la tesorería, Andreu Viloca --también investigado en esta causa--, declarase ante el juez que no tenía constancia de ningún sistema de blanqueo de capitales, al menos desde 2011, año en el que accedió al cargo.

Las asociaciones de mujeres se encuentran divididas entre la expectación y el escepticismo en cuanto al incremento previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para políticas de Igualdad. El ministerio que dirige Irene Montero es, según el proyecto aprobado, el que registra un mayor incremento del gasto después del de Trabajo, con un presupuesto que asciende a 451 millones de euros.

Algunos de los colectivos de mujeres consideran que este aumento de las partidas económicas es "una buena noticia", pero creen que debe consolidarse en el futuro. Así, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, se ha mostrado prudente ante el proyecto presupuestario que ahora tendrá que negociarse y pasar por el Congreso, aunque ha celebrado el incremento de las partidas destinadas a Igualdad.

"El proyecto presupuestario es una buena noticia, porque consolida el compromiso del Gobierno por la Igualdad y viene acompañado de recursos necesarios", ha indicado Soleto, aunque también ha expresado sus dudas de que dentro de ese gasto estén incluidas partidas que ya se están ejecutando como las relativas al Pacto de Estado por la Violencia de Género.

Asimismo, Soleto ha admitido carecer de información suficiente para valorar la participación de las políticas de igualdad en los fondos europeos. "Durante la negociación del plan de reconstrucción se puso mucho acento en la posición de las mujeres, que es más débil, y los datos de pérdida de empleo están ahí, sin olvidarnos de temas muy sensibles como la digitalización o las estructuras del cuidado", ha indicado Soleto, quien ha reclamado que se "concreten estas políticas en la estrategia de reconstrucción".

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, comparte que el incremento presupuestario es una "noticia positiva", pero apunta la necesidad de que este aumento del gasto se afiance en los próximos años. "Tiene que haber una previsión de futuro; no sirve un esfuerzo un año si no se continua", ha explicado Besteiro.

En su opinión, "en materia de igualdad se necesitan muchos recursos para conseguir resultados y el presupuesto actual era notablemente insuficiente; este tiene que ser el inicio de una senda y que lo que se diga se haga".

Besteiro ha fijado prioridades como las actuaciones dirigidas a la lucha para la erradicación de la violencia de género y considera "imprescindible" las inversiones "en el ámbito de la información y la educación en la escuela para conseguir una auténtica coeducación", así como inversiones dirigidas a romper el techo de cristal y medidas para obtener la corresponsabilidad y una igualdad efectiva".

La presidenta de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María del Campo, se ha mostrado, sin embargo, muy escéptica en cuanto al reparto de los fondos del Ministerio de Igualdad para 2021 y ha acusado a la ministra, Irene Montero, de recortar las subvenciones a las organizaciones feministas y evitar reunirse con ellas.

Podemos no representa a las mujeres, estamos en el peor de los momentos de los que yo he podido vivir, y lo que se está haciendo no es feminismo", ha indicado Del Campo en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha denunciado haber sufrido un recorte de 70.000 euros en la subvención pública para el centro de recuperación integral de la mujer que dirige la asociación.

"Es un centro imprescindible, porque no es una casa de acogida, sino un centro para la recuperación integral de las mujeres y de sus hijos", ha indicado la presidenta de la entidad, quien ha asegurado haber pedido ya una reunión urgente con Montero a la que no ha obtenido respuesta.

"Todos los ministros nos han recibido menos esta, se comporta como el peor de los hombres; tendrá figura de mujer pero feminista no es", ha indicado indignada Del Campo, quien ha cuestionado el reparto que se pueda realizar Montero de los 451 millones de presupuesto del Ministerio de Igualdad y ha pedido a su titular "que no haga tonterías".

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este jueves el cierre perimetral de Cataluña durante al menos 15 días y un confinamiento perimetral de los municipios los fines de semana para hacer frente a la segunda ola de coronavirus.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática junto a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, la consellera de Salud, Alba Vergés, y el de Interior, Miquel Sàmper, tras la reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán para aprobar estas nuevas restricciones.

Entre las medidas se incluye el cierre de centros comerciales y reducción del aforo del resto de locales comerciales y la suspensión de la apertura al público de actividades culturales, actividades de ocio infantil y juvenil, deporte escolar y actividades extraescolares, mientras que el cierre de restaurantes y bares decretado hace dos semanas se mantienen.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha mantenido un 'rifirrafe' dialéctico con el líder de Vox, Santiago Abascal, durante el debate sobre el estado de alarma ante el Covid-19 al replicarle lo siguiente: "yo a los matones le mantengo la mirada".

En el segundo turno de intervención para los grupos parlamentarios, Abascal se ha dirigido al diputado de la formación morada, apuntando que en esos momentos no estaba en el hemiciclo, para asegurar que se había convertido en el "campeón de la desvergüenza", dado que previamente que "algunos querían libertad para evadir impuestos".

Unas palabras contra las que ha cargado duramente el presidente de Vox al subrayar que lo que conoce precisamente Echenique es "la libertad para no pagar las cotizaciones sociales".

Con ello hacía referencia a la condena en firme sobre el portavoz de Unidas Podemos a pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente, después de haber desistido de su recurso de casación en el Tribunal Supremo.

Por tanto, ha cuestionado a la formación morada si van a aplicar su propio código ético para que Echenique dimitiera: "¿A qué están esperando?", se ha cuestionado.

Posteriormente, Echenique ha intervenido para aclararle a Abascal, con cierta ironía, que estaba escuchando "atentamente escuchando su constructiva" pero se había apartado para quitarse un momento la mascarilla, porque no lo podía hacer por sí mismo.

"Tenga dura de que no me he ido a ningún sitio. Yo a los matones les mantengo la mirada", ha zanjado el portavoz de Unidas Podemos.

ENTIENDE QUE CS BUSQUE DESMARCARSE DE VOX Y COLÓN

Echenique también ha interpelado a la líder de Ciudadanos (Cs), a la que ha apreciado "nerviosa" en su réplica, algo que entiende porque conoce que la "foto de Colón" con Vox no le gustó y "trata de salirse de ella".

Tras valorar su "coherencia" por apoyar el estado de alarma, pues es lo que tocaba hacer, sí ha subrayado su sorpresa al constatar que su formación ve "con buenos ojos" los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que aumentan de forma histórica el gasto público y sube los impuestos a las empresas del Ibex, algo que le parece "contrario a la ideología" que abandera el partido naranja.

Finalmente, Echenique ha considerado "legítimo" ese cambio de rumbo de Ciudadanos en su afán de "salirse de la foto de Colón" pero le ha aconsejado que en ese esfuerzo "no se deje atrás su programa electoral".

PIDE ALIGERAR LA CARGA ECONÓMICA POR LA COMPRA DE MASCARILLAS

Sobre la cuestión del estado de alarma, Echenique ha animado a fomentar mayores descargas de la aplicación de Radar Covid, fomentar el refuerzo de la sanidad en las distintas comunidades y ha apelado a trabajar para "encontrar alguna solución" para "aligerar las cargas económicas" para comprar mascarillas y geles hidroalcohólicos.

También ha preguntado al ministro sobre si van a actualizarse los datos sobre test de seroprevalencia, pues parece claro que en la segunda ola se ha producido transmisión comunitaria.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado a definitivas sus conclusiones en el juicio que se ha celebrado durante dos días contra el etarra José Ignacio Guridi Lasa, alias 'Xabi', y pide penas de cárcel que suman 52 años por dos delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas en grado de tentativa.

Al etarra, que se negó a declarar, se le juzgaba por haber colocado en noviembre de 2000 un artefacto explosivo en la jardinera ubicada en el alfeizar de la ventana de una vivienda, creyendo que en el domicilio, en la localidad navarra de Cintruénigo, vivía un agente de la Guardia Civil.

Guridi Lasa sí que ha hecho uso del turno de última palabra, cuando ha reconocido el daño causado como miembro de la banda terrorista ETA, ha mostrado su respeto a las víctimas y ha mostrado su compromiso con las vías democráticas.

EL ATENTADO FALLIDO

Según constaba en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y han confirmado los diferentes testigos que han declarado, Guridi, que formaba parte del comando 'Totto' de ETA, junto con otros dos componentes del mismo y siguiendo las órdenes del responsable del mismo, colocaron el artefacto en la ventana que daba al salón comedor de la vivienda, en la primera planta, "con el objetivo de causar la muerte de un miembro de la Guardia Civil que residió en la misma en régimen de alquiler hasta el mes de marzo de 1996".

Los etarras desconocían que el agente se había trasladado a otra localidad, y que la casa estaba habitada en esa fecha por una mujer -que no era de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado- y su hijo de cuatro años.

En el escrito de calificación de Fiscalía se explica que el artefacto estaba en una fiambrera de plástico que colocaron dentro de la jardinera. Dentro de la maceta ubicaron también dos chapas metálicas, para que sirvieran de metralla al estallar, y 10,4 kilogramos de explosivo 'titadyne'.

El montaje, que camuflaron poniendo tierra en la parte superior y las plantas habituales de dicho macetero, begoñas, disponía de un sistema de retardo por relojería que contaba con un reloj Casio a modo de interruptor.

Pero la bomba no llegó a explotar debido a la interrupción del fluido eléctrico del circuito, ocasionado por la rotura de los hilos conductores del cableado. El artefacto fue hallado a los pocos meses, en 2001, y los especialistas del GEDEX de la Guardia Civil de Navarra lo desactivaron.

Dada la potencia del mismo, habría causado la muerte a cuantas personas se encontraran en la vivienda y hubiera ocasionado la destrucción tanto de la fachada lateral como posterior de la vivienda y daños estructurales a otras casas adosadas a la misma, según uno de los peritos que declararon.

EL COMANDO 'TOTTO'

El acto fue reivindicado en diciembre de 2000 en un boletín interno de la organización terrorista (Zutabe) ETA y posteriormente mediante un comunicado en Gara en enero de 2001. También fue reivindicado en 2004 en la publicación de ETA denominada Zuzen.

Guridi Lasa ya ha sido condenado previamente por un delito de atentado y daños terroristas en 2000, por subversión del orden constitucional o alterar la paz pública en 2002, por estragos terroristas y detención ilegal en 2004, por delitos de atentado terrorista y estragos terroristas en 2004, por delito de colaboración con terroristas, falsedad documental con fines terroristas, robo de vehículo, detención ilegal y tenencia ilícita de armas en 2005, y por estragos y lesiones de carácter terrorista también en 2005.

Los otros miembros del comando 'Totto' así como su responsable en la organización no son juzgados en esta causa al estar pendiente la resolución de la orden europea de detención (OEDE) por las autoridades francesas.

Los contagios por covid-19 siguen al alza en Euskadi, con 1.226 positivos más detectados a lo largo de este pasado miércoles, la cifra más alta de la pandemia, lo que supone 62 contagios más. Los pacientes en UCI aumentan en cuatro, hasta las 79 personas, pero la tasa de positividad desciende al 7,14%.

Euskadi se mantiene en 'alerta roja' tras alcanzar este pasado miércoles una tasa de contagios de 607,03 por cada 100.000 habitantes. Destaca por encima de esa media Gipuzkoa, con 847,47 contagios por cada 100.000 habitantes, mientras Bizkaia mantiene una cifra de 499,19 y Álava de 408,27 por cada 100.000 habitantes.

Según ha informado el Departamento Vasco de Salud, a lo largo del día de ayer se hicieron 17.159 test diagnósticos, frente a los 15.509 del martes, de los que 1.226 fueron positivos.

Por territorios, Guipúzcoa registró el mayor número de contagios y también el mayor incremento, 564 frente a los 511 del día precedente, seguida de Vizcaya, con 524 (24 más), y Álava, con 125 (18 menos). 13 casos correspondieron a residentes fuera de Euskadi, tres más.

En Vizcaya, Bilbao es el municipio que más positivos registra en las últimas 24 horas, 145 frente a los 69 del día precedente, seguido de Santurtzi, con un total de 48 (seis más), y Amorebieta, que contabiliza 31 nuevos infectados frente a los 18 de la jornada precedente.

En Guipúzcoa, San Sebastián destaca con el mayor número de infectados, un total de 124 frente a los 89 de un día antes, y los 35 nuevos positivos de Irun (23 en la jornada anterior). También en Álava el mayor número de contagios lo registra la capital, Vitoria, con 102, seis menos que 24 horas antes.

Respecto a la situación en los hospitales, durante este miércoles, ingresaron por covid en planta un total de 57 personas (16 menos que el día anterior) y permanecen en UCI en la actualidad 79 pacientes infectados, cuatro más.

GUIPÚZCOA

En el territorio guipuzcoano, este miércoles Hondarribia se sumó municipios que están en 'rojo', al superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, y que ya se elevan a 30, con Andoain, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, San Sebastián, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zumaia y Zumarraga.

En el territorio vizcaíno, Salud también mantiene en 'rojo' a Abadiño, Abanto y Zierbena, Amorebieta-Etxano, Durango, Ermua, Galdakao, Lekeitio, Muskiz, Ondarroa, Ortuella y Santurtzi, e incorpora a Sestao, Berango y Erandio, en las últimas 24 horas. Elorrio abandona esa franja al bajar a los 483,81 contagios por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, en territorio alavés, solo Agurain, se mantiene en 'alerta roja' con una tasa de incidencia de 547,58 contagios por cada 100.000 habitantes.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de no asumir su responsabilidad y derivar a las comunidades autónomas la gestión de la crisis del coronavirus para evitar que la imagen del presidente, Pedro Sánchez, se desgaste, tras lo cual le ha çdo que se preocupe menos por la comunicación y más por los profesionales sanitarios y las familias.

En el Pleno del Congreso, donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido el apoyo de los diputados al estado de alarma para un periodo de seis meses, Arrimadas ha instado al Gobierno a liderar la gestión de la pandemia y no dejarla en manos de "un experto en comunicación", en referencia al jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo.

"Están muy centrados en que no se desgaste la imagen de Pedro Sánchez, pero no en que no se desgasten los sanitarios en los hospitales o las familias en sus casas", ha criticado, añadiendo que "la única razón" por la que el Ejecutivo central "deriva la responsabilidad a las comunidades autónomas" en la gestión de la crisis sanitaria es para evitar ese desgaste.

En su opinión, que el Gobierno del PSOE y Unidas podemos "se lave las manos" y que el presidente no defienda el estado de alarma ante el Congreso "no es serio" y producirá "un problema de eficacia" en la adopción de medidas que frenen los contagios.

SE LLEGARÁ "TARDE OTRA VEZ" AL CONTROL DE LA PANDEMIA

Al final se va a "llegar tarde otra vez" al control de la epidemia y el Ejecutivo tendrá que acudir de nuevo al Congreso para plantear "medidas más drásticas", ha augurado, para después dirigir una petición a Illa: "Estamos a tiempo de salvar muchas vidas y muchos empleos. Rectifiquen y asuman su responsabilidad".

Además, la líder de Cs ha calificado de "vergüenza democrática" que Sánchez no asuma en primera persona la aplicación del estado de alarma y que haya tenido que ser "obligado" por los grupos parlamentarios a comparecer tres veces en los próximos seis meses, ya que él pretendía no rendir cuentas en relación con este instrumento excepcional que restringe derechos fundamentales.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este jueves que el Gobierno solicitará la ejecución provisional de la sentencia que devuelve al Estado la propiedad del Pazo de Meirás para saldar una "deuda histórica".

"Hace un año tuvimos la exhumación del dictador y ahora instamos la ejecución provisional de la devolución a los españoles del Pazo de Meirás. Creo que es el camino adecuado", ha dicho Campo a la prensa, tras una videoconferencia con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, la Abogada General del Estado, Chelo Castro, y el jefe de la Abogacía en Galicia, Javier Suárez.

Campo no ha precisado qué uso dará Estado al Pazo de Meirás, al considerar que aún es pronto, incidiendo en que "lo verdaderamente importante es que sea el Estado el que tenga la gestión, y no la Fundación Francisco Franco", "una cuestión que reclama toda la ciudadanía

La sentencia dictada el pasado 2 de septiembre por la magistrada Marta Canales declaró la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".

Además, la titular del juzgado de primera instancia número uno de A Coruña condenó a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

Los Franco presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña que aún está pendiente de resolución. Este proceso podría dilatar la entrega efectiva del Pazo de Meirás al Estado uno o dos años, de ahí que se vaya a pedir la ejecución provisional.

Campo ha defendido que, "sin perjuicio de las resoluciones judiciales" que quedan por conocerse, la ejecución provisional es "un instrumento absolutamente legal y normal en el mundo jurisdiccional".

Interrogado sobre cuándo podría haber una sentencia firme, ha rehusado avanzar "términos temporales", pero ha confiado en que el fallo en primera instancia se acabe confirmando "porque son los intereses del Estado".

"DEUDA HISTÓRICA"

Campo ha esgrimido que, a pesar de que "es cierto que la sentencia todavía no es firme", "era necesario cumplir con un deber histórico, con una deuda histórica", aludiendo a "la obligación que tiene el Estado de fomentar la reconciliación".

"Era necesario que se hiciera la reconciliación verdadera, que es la que nace del recuerdo, no del olvido, y en ese sentido queremos que el Pazo de Meirás se devuelva al ciudadano y que todos lo sintamos un referente", ha señalado.

El ministro ha aprovechado para destacar el compromiso del Gobierno con la "memoria democrática", indicando que "así es como eliminamos esos conceptos de dos Españas". "Solo hay una España que se une en la armonía de una convivencia que se abrió paso en la Transición pero todavía tenemos que seguir esforzándonos", ha reivindicado.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves modificar el decreto de prórroga del estado de alarma para establecer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá rendir cuentas sobre su aplicación cada dos meses en sede parlamentaria y que, en función de la evolución de la pandemia, esta medida se podrá revisar e incluso levantar en el mes de marzo.

Este es el contenido de la enmienda que ERC había pactado con el PSOE, una de las dos que han sido aprobadas por el Pleno. La otra es una propuesta del PNV, que también se aceptó en el estado de alarma anterior, para que los enclaves como el Condado de Treviño, situado en territorio alavés pero perteneciente a Burgos, tenga que aplicar las medidas que se aprueben para Álava.

LAS COMUNIDADES VERÁN SI SE LLEGA A MAYO

El Ejecutivo planteaba en su decreto extender el estado de alarma hasta el 9 mayo, si bien ya este miércoles Sánchez ofreció revisar la vigencia de esta medida excepcional dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, y que fuera el Consejo Interterritorial de Salud el que tome una decisión al respecto en función de la evolución de la pandemia.

Tras esa oferta, el PSOE y ERC pactaron un texto para que sea la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la que formule al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma transcurridos cuatro meses, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.

Esa enmienda, que ha sido apoyada por el PSOE y Unidas Podemos, también establece que Sánchez comparezca en el Pleno cada dos meses y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acuda con carácter mensual a la Comisión de Sanidad, para informar, sin votaciones, de la aplicación del estado de alarma y su incidencia en la evolución epidemiológica.

SIN SÁNCHEZ HASTA EL 9 DE ENERO

Eso supone que el presidente del Gobierno no estará obligado a rendir explicaciones sobre el estado de alarma hasta pasadas las Navidades, en torno al 9 de enero. En el estado de alarma de primavera, Sánchez comparecía cada 15 días y tras cada debate había votación.

También ha salido adelante, como ya ocurrió durante el estado de alarma que estuvo vigente entre marzo y junio, una enmienda del PNV para que enclaves encajados en provincias de las que no dependen administrativamente se ajusten a las medidas que se aprueben para la provincia circundante.

Todas las enmiendas presentadas por el resto de formaciones han sido rechazadas. En ellas la oposición planteaba otras fórmulas para controlar parlamentariamente el estado de alarma. El PP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) pedían que Sánchez compareciera cada 15 días, mientras que Ciudadanos, Más País y Compromís abogaban por que lo hiciera de manera mensual.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha alertado de la "sensación de falsa seguridad" que puede provocar entre los ciudadanos el cierre perimetral de las comunidades, cuando según ha recordado, "el problema de los contagios" en las últimas semanas "no viene de unas comunidades a otras".

El problema "viene porque nos estamos contagiando nosotros a nosotros mismos", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha apuntado esa "falsa seguridad que se puede tener" al creer que "cerrando tu región ya estás tranquilito", cuando "tranquilito no", ha dicho.

En ese sentido, Vara ha reiterado que no tiene previsto cerrar perimetralmente la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que por una parte, los técnicos de Salud Pública "no nos lo han recomendado", y por otra parte ha defendido que "se puede cerrar un país, porque tiene fronteras, porque tiene puertos y aeropuertos, pero no se puede cerrar lo que está solo en los mapas, no en el territorio", ha dicho.

"Nosotros no tenemos límites en el territorio, los límites están en los mapas", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha considerado que en la situación actual, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben estar "ayudando y contribuyendo a que se cumplan las restricciones a la movilidad" que se han establecido en Extremadura de 00,00 a 6,00 horas.

Unas restricciones ante las que "hace falta que alguien vele para que eso se cumpla", ha defendido el presidente extremeño, quien ha señalado que "hay que elegir" si se quiere a los agentes policiales "patrullando las ciudades" para que se cumpla las restricciones de movilidad nocturna o "contando coches en las carreteras".

En ese sentido, Vara ha defendido que "aquí no se trata de hacer lo que más guste, sino lo que sea más útil" en la situación actual, ha señalado a preguntas de los periodistas este jueves sobre si prevé aislar perimentralmente la comunidad extremeña como están haciendo la mayoría de las regiones del país.

En ese sentido, el presidente extremeño ha abogado por que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén "patrullando las calles para hacer posible que se cumplan las restricciones de movilidad que están establecidas".

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este jueves a preguntas de los periodistas durante la visita que ha realizado Hospital Ribera Salud 'Santa Justa' de la localidad pacense de Villanueva de la Serena.

La ya diputada no adscrita, líder de Anticapitalista y hasta ayer presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado este jueves que espera que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le dé una explicación tras su expulsión y la de otros siete compañeros del grupo parlamentario de la confluencia andaluza, de lo que ha responsabilizado a IU Andalucía porque "está preparando el terreno para un cogobierno con el PSOE-A de Susana Díaz".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Teresa Rodríguez ha reconocido que no se esperaba la "jugada" que, a su juicio, le hizo la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, cuando registró un escrito en el Parlamento en nombre de Podemos en el que se les acusaba de tránsfugas y que ha terminado obteniendo el visto bueno de la mayoría de la Mesa de la Cámara, que ha respaldado la salida de estos ocho diputados del grupo de Adelante para situarlos como no adscritos.

Rodríguez ha explicado que ha intentado contactar sin éxito con Iglesias, aunque entiende que en la circunstancia en la que está el país el vicepresidente segundo del Gobierno "no dedique mucho tiempo a la interna de la organización", si bien espera una explicación porque fue "su palabra la que me traje de Madrid" tras su salida de Podemos y para saber "qué ha pasado para que el acuerdo que alcanzamos se rompa de forma unilateral porque le conviene al aparato del PCE de Andalucía".

La líder de Anticapitalistas, otrora coordinadora general de Podemos Andalucía, ha rechazado todo lo acontecido porque, como ha recordado, "en febrero llegamos a un acuerdo con Pablo Iglesias para encontrar una separación amistosa y dejar una batalla interna desgastante para todas las partes". "Decidimos abandonar esa pelea interna, no presentarnos a la siguiente Asamblea andaluza y, a cambio, había un respeto muto a las posiciones, tanto políticas como institucionales, y lo hicimos con cámara, luz y sonido para que todo el mundo supiera que había otra forma de separarse cuando hay discrepancias políticas", ha explicado.

A su juicio, la "jugada" que han hecho a ella y a otros siete diputados de sus filas, entiende que ha sido obra fundamentalmente de IU que "se ha aprovechado de que la portavoz parlamentaria, que está en minoría y que sigue en esa posición porque respetamos los acuerdos, presentó unilateralmente y sin acuerdo del grupo, una petición a la Mesa para que se nos expulse del grupo", toda vez que ve "surrealista que seis diputados -los de IU- expulsen a once -los que llegaron por Podemos pero que ya no forman parte del partido morado- de un grupo de 17, y encima con el criterio en contra de los servicios jurídicos de la Cámara".

"IU Andalucía ha decidido utilizar a Podemos y a su dirección para quitarnos de en medio porque están preparando el terreno para un cogobierno con Susana Díaz, este asunto es la madre del cordero y el motivo central y político del conflicto en la izquierda andaluza", ha abundado Teresa Rodríguez, que también advierte del rechazo que hay para que se constituya una "fuerza política andaluza independiente del Gobierno central que, apoyando las medidas positivas, también sea crítica con el tratamiento que Andalucía tiene, por ejemplo, en la financiación autonómica".

Tras lamentar la "inquina" de que IU y Podemos haya propiciado todo esto durante su permiso por maternidad, la líder anticapitalistas ha explicado que recurrirán el acuerdo de la Mesa a nivel institucional y judicial y "se va a caer en Tribunal Constitucional (TC) probablemente en cuatro años".

Lo que ha ocurrido, para Rodríguez, "es una barbaridad a nivel democrático", toda vez que ha hecho hincapié en que el PSOE-A "está muy interesado en que esto ocurra porque quiere eliminar todos los escollos para un nuevo gobierno con una izquierda sumisa y sometida a los intereses del PSOE más corrupto de España". Se ganará en los tribunales pero IU y Podemos han aprovechado la argucia y el acuerdo con la derecha, que le interesa una izquierda dividida, y con la ultraderecha de Vox para quitar de en medio a 11 de 17", ha lamentado la política gaditana.

"LAS MENTIRAS DE IU"

Asimismo, preguntada por acusaciones de IU por el reparto de los fondos que obtiene el grupo de Adelante del Parlamento, Teresa Rodríguez ha incidido en que "en una guerra la propaganda es fundamental y esta es una guerra que no hemos querido, queríamos el acuerdo, pero las mentiras son fundamentales".

Ha sentenciado que "es mentira" que IU no haya recibido su parte correspondiente de los fondos que recibe Adelante del Parlamento y, de hecho, ha avanzado que harán públicas las transferencias "que rigurosamente se han ido haciendo a cuentas de IU para que pague a sus trabajadores porque si no ha pagado no será porque no ha recibido el dinero del grupo puntualmente".

"¿ES TRÁNSFUGA YOLANDA DÍAZ?"

Igualmente, ante las acusaciones de tránsfuga que han recibido, Teresa Rodríguez ha incidido en que es un argumento que "se desmonta fácilmente" por un lado por el acuerdo que alcanzaron con Pablo Iglesias en febrero y, por otro, porque "si a IU le parece que una persona que deja de formarte de una organización pero sigue formando parte de una confluencia es tránsfuga, supongo que habrá presentado un escrito en el Congreso pidiendo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sea declarada tránsfuga y se la expulse de Unidas Podemos".

"No lo harán, y me parece bien, pero en IU hay dos varas de medir", ha recalcado la líder andaluza, que ha pedido explicaciones a la coalición de izquierda porque su caso y el de Yolanda Díaz "son exactamente el mismo".

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han obligado a la Consejería de Educación a cerrar 26 nuevas aulas en la Comunidad, en todas las provincias excepto en Segovia.

La medida afecta este jueves afecta hoy a un grupo en Ávila, nueve aulas de Burgos, cuatro en León, dos de Palencia, dos en Salamanca, una en Soria, seis de Valladolid y una en Zamora.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 156 aulas en cuarentena en Castilla y León.

En concreto, de las 156 aulas cuarentenadas 14 son de Ávila; 29 de Burgos; 29 de la provincia de León; 15 de Palencia; 13 de Salamanca; seis de Segovia; siete de Soria; 36 de la provincia de Valladolid y siete de Zamora.

En cuanto a los resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena, desde que empezara el curso se han confirmado 176 casos de alumnos y 23 de trabajadores con PCR positiva. Cinco de esas confirmaciones se han producido en la última jornada y corresponden a alumnos.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

El Gobierno de Cantabria ha decidido cerrar la Comunidad Autónoma desde las 00.00 horas de esta noche y hasta el lunes 9 de noviembre, además de modificar el calendario escolar y suspender la semana no lectiva del día 2 al 8 para evitar la movilidad de las familias.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa para informar de nuevas medidas frente al coronavirus el presidente, Miguel Ángel Revilla, que firmará un decreto para que entre en aplicación este cierre perimetral, sumándose así al resto de comunidades que ya lo han puesto en marcha en los últimos días.

Según ha explicado, la otra opción propuesta por Sanidad era cerrar todos los municipios de la región para evitar el trasiego de familias llevando a sus niños a casa de familiares para poder continuar su actividad laboral, por lo que suspender la semana de vacaciones escolares es "la única manera" de evitar ese aislamiento.

Revilla ha reconocido que es una medida "dolorosa" para quienes ya tenían planificada la semana, pero se toma ante una situación "muy grave" en la que "todos tenemos que estar a la altura" y "teniendo en cuenta que el lugar más seguro es el colegio".

También ha destacado que algunas de las partes implicadas -sindicatos, AMPAS o Consejo Escolar- no están de acuerdo con la medida, pero ha dicho que "en esta vida hay que hay que tomar decisiones y este Gobierno, con el informe favorable de Sanidad, entiende que ésta es la mejor opción para preservar que los niños acudiendo a clase esta semana no estén circulando por la región de casa en casa".

Al mismo tiempo, se mantiene el "equilibrio" de poder combatir el virus y no paralizar de manera absoluta la actividad económica cerrando todos los ayuntamientos, ha explicado el presidente, que ha dicho que entiende las protestas que puedan surgir tras este tipo de decisiones, pero ha asegurado que "se han tomado con todo el rigor del mundo y tienen el aval de Sanidad".

También ha indicado que los días de vacaciones suspendidos "no van a ser días perdidos" y se está negociando que se recuperen en otro momento para respetar las horas lectivas fijadas en el calendario escolar.

POSIBLES CIERRES DE MUNICIPIOS

Y aunque la suspensión de las vacaciones se ha decidido para evitar el cierre de todos los municipios, el presidente ha advertido que "no excluye" que no se planteen confinar algunos ayuntamientos que tienen una incidencia del Covid "muy alta".

La línea de crecimiento en algunos lugares es "muy preocupante", ha dicho, y si a lo largo de esta semana continúan aumentando los casos, Sanidad "tomará medidas de posibles cierres perimetrales de municipios".

Revilla ha ofrecido la rueda de prensa junto al vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, y los consejeros de Sanidad y Educación, Miguel Rodríguez y Marina Lombó, respectivamente.

El consejero de Sanidad ha preferido "ser prudente" con respecto al cierre de los municipios y ha esperado que en los próximos días la incidencia baje por el efecto de las medidas tomadas, como el toque de queda o el límite de las reuniones a seis personas. Si no, "nos plantearemos cerrar", ha dicho.

Con ello y con la suspensión de la semana no lectiva en los colegios se pretende, según ha explicado, que el Covid no llegue al 64% de municipios cántabros que tienen menos de diez casos, que son sobre todo zonas rurales y con gran cantidad de población mayor.

Así, ha destacado que la movilidad aumentaría si la próxima semana no se modifica el calendario escolar, ya que habría "más de 100.000 personas" de vacaciones y sin poder salir de Cantabria por el cierre perimetral.

Por otro lado, a preguntas de la prensa sobre la vacuna frente al virus, Rodríguez ha explicado que el estudio que se lleva a cabo a nivel mundial se ha reanudado tras conocer que la complicación que tuvo uno de los pacientes "no tuvo nada que ver con la vacuna" y por tanto siguen en marcha todos los pasos previstos en el Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL).

Por su parte, el vicepresidente ha destacado el "esfuerzo" que se está haciendo en los hospitales, "respaldado por el esfuerzo inversor del Gobierno", así como las decisiones tomadas en la región, gracias a las cuales "llegó a enlazar cuatro semanas de descenso de los contagios".

Pero la realidad se impone" y "la presión hospitalaria no para de aumentar", ha dicho Zuloaga para argumentar las decisiones tomadas por el Gobierno regional desde que se decretó este segundo estado de alarma, como implantar el toque de queda de 00.00 a 6.00 horas, reducir los grupos a seis personas, el cierre perimetral, la suspensión de la semana no lectiva y del deporte escolar o la limitación de la presencia de publico a los espectáculos deportivos.

DEPORTE

En este sentido, ha destacado que, tal y como ha anunciado Salud Pública, no se admitirá la presencia de público en los eventos deportivos las próximas semanas, como es el caso del partido del Racing de este domingo en los Campos de Sport.

Así, Zuloaga ha insistido en que es "fundamental reducir la movilidad y limitarla al máximo", ya que este estado de alarma busca evitar un confinamiento total. En "esta línea es en la que trabaja Cantabria", ha asegurado, con medidas como la suspensión de las vacaciones escolares y el cierre perimetral de la región acordadas hoy en el consejo de Gobierno.

"EXTREMAR" CASTIGOS

Para que se respete esta última medida, Revilla mantendrá este próximo lunes, 2 de noviembre, una reunión con la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, con el fin de coordinar la seguridad y "extremar con dureza" la vigilancia y los castigos a quienes no cumplan las normas.

Así, Policia Local, Policía Nacional y Guardia Civil intensificarán los controles desde esta noche.