La Policía Nacional ha dado este domingo por desarticulada una presunta organización criminal dedicada, principalmente, a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en condiciones "muy extremas" e "infrahumanas", en el marco de una operación en la que 29 personas han sido detenidas en las provincias de Córdoba y Sevilla, acusadas de captar ciudadanos extranjeros para su explotación en distintas campañas de trabajo.

En un comunicado, la Policía Nacional ha puesto de relieve que esta actuación se conoce en el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, y ha explicado que las víctimas de la presunta organización criminal desarticulada acudían a España bajo la promesa de un trabajo digno y de unas condiciones de vida prósperas, pero los miembros del grupo "aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales".

Así, las investigaciones comenzaron durante los pasados meses de enero y febrero tras diversas inspecciones de trabajo realizadas en la localidad cordobesa de Palma del Río durante la recogida de la naranja.

Fue entonces, según ha detallado la Policía, cuando los agentes accedieron a diversos testimonios de los trabajadores, que manifestaron algunas de las condiciones a las que eran sometidos, como trabajar durante "interminables jornadas sin comida ni agua y cobrando cantidades muy por debajo de lo estipulado".

A raíz de estas informaciones se pudo comprobar las condiciones en las que los trabajadores eran trasladados a las fincas. En concreto, en vehículos aptos para ocho personas "metían hasta a 15 trabajadores, utilizando incluso el maletero para transportarlos", según ha señalado la Policía.

Igualmente, se pudo confirmar que, a pesar de las elevadas temperaturas durante los meses de julio y agosto en las provincias de Córdoba y Sevilla, trabajaban "en muchas ocasiones desde el mediodía hasta la puesta del sol, sin acceso ni siquiera a agua, por lo que algunos de ellos acababan sufriendo desvanecimientos, insolaciones o situaciones de deshidratación", según relata el comunicado de la Policía Nacional.

Tras una "exhaustiva" investigación, los agentes comprobaron que se trataba de una organización formada por ciudadanos de origen sudamericano, quienes, una vez que captaban a los trabajadores, presuntamente los movían entre algunas de sus empresas situadas en distintas localidades de las provincias de Córdoba y Sevilla.

Según aclara la Policía, esta organización estaba formada tanto por empresarios que utilizaban sus sociedades, como por "manijeros" que estaban a pie de trabajo "imponiéndoles las condiciones laborales y lucrándose de esa situación".

Los miembros de la organización supuestamente daban de alta de manera fraudulenta a los trabajadores en la Seguridad Social para lograr beneficios y poder darlos de alta en las empresas que ellos controlaban, si bien percibían un salario diario "sensiblemente inferior al percibido por las tareas agrícola".

De ese modo, según continúa el relato policial, los empresarios se aseguraban tener a todos los trabajadores dados de alta de cara a futuras inspecciones de trabajo, "defraudando a la Seguridad Social al generar futuras prestaciones sin tener los requisitos para poder trabajar".

UNA TREINTENA DE PERSONAS DURMIENDO "HACINADAS"

Con toda esta información, los agentes efectuaron cuatro registros en Sevilla capital y en el municipio sevillano Dos Hermanas. Dos de ellos se practicaron en domicilios de los investigados, donde se intervino diversa documentación, mientras que un tercer registro se realizó en la gestoría encargada de efectuar las altas en el Sistema de la Seguridad Social de las dos principales empresas investigadas, interviniendo numerosa documentación tanto en formato físico como digital.

El cuarto registro se llevó a cabo en una nave industrial de la capital sevillana, donde se encontraban "hacinados" varios de los trabajadores. Allí, según pone de relieve la Policía, se pudo comprobar las condiciones "infrahumanas" del lugar, que constaba de tres plantas, donde convivían más de 30 personas a pesar de contar con un solo aseo, durmiendo en el suelo y sin apenas comida.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración clandestina.

El Servicio Marítimo de Guardia Civil ha detectado este domingo, poco antes de las 10.00 horas, una patera con 13 migrantes a bordo a siete millas al sur de Cabrera. Esta embarcación es la tercera de este tipo interceptada en lo que va de jornada en aguas de Baleares.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares a la prensa, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha localizado poco antes de las 10.00 horas una embarcación tipo patera a siete millas al sur de Cabrera.

En la barca de tipo patera, que ha sido detectada por el radar del Sistema Integrado de Vigilancia (SIVE), viajaban alrededor de 13 ocupantes varones a bordo.

Se ha movilizado Salvamento Marítimo, con la embarcación Acrux, para proceder a su rescate.

LA PATERA LOCALIZADA SE SUMA A LAS OTRAS DOS DETECTADAS EN PITIUSAS

Cabe recordar que la patera hallada con alrededor de 13 migrantes a bordo en Cabrera es la tercera embarcación de este tipo detectada, por el momento, en este domingo en aguas de Baleares. Las otras dos barcas han sido interceptadas en Pitiusas.

En concreto, el primer avistamiento ha tenido lugar en la zona de Cala Figueretes, en la ciudad de Ibiza, donde la Policía Nacional y la Policía Local han interceptado a 10 migrantes, todos varones.

Mientras, el segundo ha ocurrido sobre las 07:45 horas, cuando los agentes de la Guardia Civil de Formentera y de Policía Local de la Isla han interceptado en la zona próxima a la playa de Es Codol de Foradat, en Formentera, a siete ocupantes de otra patera. La barca se encuentra en la playa de es Mitjorn (Formentera), según ha informado el Instituto Armado.

Los proyectos 'Esperanza' y 'Sicar cat' han reclamado políticas y actuaciones que tengan en cuenta a todas las víctimas de este delito y no sólo a aquellas que sufren trata con fines de explotación sexual, en el marco del Día Europeo Contra la Trata de seres humanos, este 18 de octubre.

La coordinadora de Incidencia Política de 'Sicar cat', Rosa María Cendón, ha señalado que España debe centrar "ahora más que nunca" sus esfuerzos en "garantizar que no existan víctimas de primera y segunda categoría según la finalidad de explotación a la que han sido sometidas".

"En España, a pesar de que el Código Penal tipifica todas las formas de trata, las políticas públicas que se han adoptado hasta ahora sólo dan respuesta a la trata con fines de explotación sexual, ha denunciado y, por ello, considera "necesario que se adopte un enfoque integral" que abarque todas las finalidades de explotación y que "asegure el acceso a derecho de todas las víctimas de este grave delito".

Este mensaje de protección contra la trata, que se produce en la semana en la que se celebra el Día Europeo contra esta lacra, se extiende a la UE.

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EN LA UE

En este sentido, las asociaciones piden que este objetivo esté presente en las acciones de la política europeo y no se olviden de este aspecto a la hora, por ejemplo de acordar el pacto de migración y asilo.

En este texto, denuncian 'Esperanza' y 'Sicar cat', se centra principalmente en el control de fronteras de la UE y en imponer limitaciones a la migración, y establecer un procedimiento acelerado en frontera. Estas decisiones, apuntan, "podría tener un impacto negativo en la capacidad de solicitar asilo y de detectar indicios de trata".

Tal y como recuerdan, en la actualidad de está realizando una evaluación de la Directiva Europea contra la Trata de 2011 en un 'examen' paralelo del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, en el que ambas asociaciones están participando "activamente".

En este sentido señalan que, según un estudio del Parlamento Europeo, en al menos siete Estados miembros (Bélgica, Irlanda, Croacia, Finlandia, Lituania, Portugal y Polonia), la mayoría de las víctimas identificadas fueron víctimas de trata con fines de explotación laboral.

NUEVA ESTRATEGIA

Además, el 18% de las víctimas de trata identificadas en Europa lo fueron para otras finalidades de explotación, especialmente la trata para la comisión de actividades delictivas, para matrimonios forzados y para mendicidad forzada.

Del mismo modo, señalan que la Comisión Europea trabaja ahora en una Nueva Estrategia contra la Trata que está previsto que se adopte en 2021 y que será un mecanismo complementario a la Directiva Europea.

Esta estrategia, explican, "se está construyendo sobre la base de consultas con actores clave y, entre sus prioridades, señalaron la necesidad de mejorar la identificación temprana y de garantizar apoyo y asistencia adecuada y especializada para todas las víctimas de trata con cualquier finalidad de explotación.

Con este mensaje, estas asociaciones continúan con un proyecto (#TambienEsTrata) que comenzó a 2019 y que pretende lograr que se garantice la aplicación de estándares de derechos humanos a todas las mujeres víctimas de trata de aquellas finalidades de explotación más invisibilizadas y que permanecen infradetectadas.

UNA LEY INTEGRAL

También Accem ha pedido, por su parte, un abordaje integral en la lucha contra la trata, a través de una ley que se defina por un enfoque interseccional y de derechos humanos, que abarque todas las formas de explotación y a todas las víctimas afectadas.

Una norma, señalan, que "abandone el enfoque puramente persecutorio y orientado al control de la inmigración irregular y que se centre en dar una respuesta efectiva a las necesidades individuales y de asistencia y protección de cualquier víctima, que garantice el acceso real a derechos y servicios básicos y que establezca un mecanismo estatal de identificación y derivación efectivo".

Por su parte, Cáritas quiere usar el Día Europeo de la Trata para alertar sobre los riesgos que la pandemia ha añadido sobre la extrema vulnerabilidad de las víctimas de este delito, y reclamar medidas urgentes que permitan su identificación y garanticen su protección.

Cáritas explica que, en la actualidad, cuenta con 15 proyectos de apoyo a mujeres en contexto de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual en diferentes lugares del país, una labor que se completa con programas de acompañamiento a víctimas de trata con fines de explotación laboral, principalmente en el sector agrícola.

La organización, recuerda que, anualmente, se estima que 2,45 millones de personas son víctimas de trata en todo el mundo, de las cuales cientos de miles tienen lugar en Europa o con el continente como destino.

"La indefensión ante factores como la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a derechos básicos, la desigualdad de género o los conflictos y desastres naturales se ve incrementada en momentos como el actual, lo que aumentan las condiciones de precariedad de muchas personas y, por tanto, el riesgo de ser captadas por parte de las mafias vinculadas a la trata de seres humanos", advierte Cáritas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que "lo que pone en riesgo la independencia del poder judicial es el bloqueo de su renovación" y lamenta la actitud "impeditiva" que, a su juicio, ofrece el Partido Popular.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Grande-Marlaska señala asimismo que el PNV es "un aliado muy solvente que tiene unos intereses comunes, que no son otros que los de poner en marcha medidas para salir de esta crisis que nos afecta todos".

Cuestionado por la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el ministro dice que si el PP se mantiene en una actitud "absolutamente obstruccionista e impeditiva, hay que buscar alternativas".

A su juicio, "lo que pone en riesgo la independencia del poder judicial es el bloqueo de su renovación" y subraya que "no va a haber ninguna reforma que no se adecúe al marco constitucional y a los principios internacionales".

"Hay que recordar que España es una de las veinte democracias denominadas plenas, con garantía de derechos y libertades. No se puede plantear que en España vaya a haber una reforma que ponga en tela de juicio la importancia de nuestra democracia", argumenta.

Por otro lado, y en lo que respecta al acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco, afirma que el Ejecutivo "cumple la legislación penitenciaria, que es buscar la reinserción de manera individualizada".

"Eso es lo que me marqué desde el primer momento cuando llegué al Gobierno y en eso me mantengo. No acercamos, ese término hay que desterrarlo, cumplimos la legislación penitenciaria. La dispersión era parte de la política antiterrorista cuando ETA asesinaba. Una vez que el Estado de Derecho ha vencido a la organización terrorista, ese mismo Estado de Derecho debe aplicar la ley en todos los ámbitos, también en el penitenciario", añade.

En este contexto, sostiene que "no hay política de dispersión", de tal forma que ETA fue "derrotada por el Estado de Derecho y lo que hacemos es cumplir la legislación penitenciaria". Además, rechaza que el Ejecutivo "pacte presos por Presupuestos" con EH Bildu y dice que se trata de "una absoluta falsedad".

Por último, recuerda que la transferencia de prisiones a Euskadi está "pendiente desde hace mucho tiempo", aunque matiza que "no se transfiere la política penitenciaria, sino la gestión, que es algo muy diferente".

El Tribunal Supremo celebrará el próximo miércoles 21 una vista pública para escuchar los argumentos de las defensas del expresident Carles Puigdemont y de los exconsejeros también huidos Antoni Comin y Clara Ponsatí contra una de las últimas decisiones que adoptó contra ellos el instructor de la causa del ''procés', el magistrado Pablo Llarena, relativas a la tramitación de un suplicatorio al Parlamento Europeo dirigido a levantar sus inmunidades como miembros de esta cámara.

El alto tribunal había acordado revisar estas cuestiones a puerta cerrada el pasado 24 de septiembre, si bien tras la queja de los abogados defensores de los líderes independentistas se celebrará un vista pública el próximo miércoles, 21 de octubre, según rezan las resoluciones del alto tribunal a las que ha tenido acceso Europa Press.

La defensa de Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, recurrió la decisión al considerar que Llarena no es competente para pedir el suplicatorio porque el líder independentista, huido en Bélgica y procesado por los delitos de sedición y malversación, renunció a su escaño en el Parlament, por lo que ya no es aforado ante el Supremo.

El expresident presentó su renuncia al escaño en el Parlamento de Cataluña el pasado 7 de enero, al igual que hizo el exconsejero catalán Toni Comín, también eurodiputado y procesado por el proceso independentista.

Para justificar esta alegación, la defensa de Puigdemont menciona en su recurso de apelación jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que, según dice, concluye que "no es competente para conocer de las causas contra los diputados al Parlamento Europeo" porque se ha establecido que "el aforamiento es una cuestión por completo independiente de las inmunidades".

No obstante, fuentes del alto tribunal han señalado a Europa Press que, a priori, el recurso tiene pocos visos de prosperar puesto que al ser reconocido como europarlamentario, función que ya está ejerciendo, continúa teniendo condición de aforado ante el alto tribunal.

En sendas resoluciones que dictó en pasado mes de enero, Llarena ratificó la orden de detención en territorio español, donde si los líderes independentistas fueran arrestados no les alcanzaría la inmunidad al estar ya procesados y no se requeriría suplicatorio. Asimismo, pidió a Bélgica que dejara sin efecto los plazos para resolver sobre las euroórdenes hasta que el Parlamento Europeo decida sobre los suplicatorios, algo que nueve meses después aún no se ha producido.

DELITOS SON ANTERIORES A SU ESTATUS EUROPEO

La resolución de LLarena argumentaba, para justificar que se alce la inmunidad que les reconoce su condición de europarlamentarios, que los hechos imputados a los líderes independentistas eran muy anteriores a su elección y no guardaban relación alguna con su actividad en la Eurocámara.

Adoptó sus decisiones después de estudiar los informes de las diferentes partes sobre la incidencia que debe tener en la instrucción de la causa del 'procés' y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, desde que fue proclamado eurodiputado el 13 de junio de 2019.

Así, Llarena reconoció que, de acuerdo a la sentencia del TJUE, los líderes independentistas procesados por sedición, disfrutan de la inmunidad reconocida por el artículo 9 del Protocolo número 7 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, señala que, a diferencia de Junqueras, que ya ha sido juzgado y condenado en firme, su "situación de prófugos de la justicia(...) conduce a que sus desplazamientos a las sesiones parlamentarias se verifiquen por sí mismos y al margen de cualquier restricción de libertad de este instructor".

Con respecto a la inmunidad que podría operar en territorio español, el juez explica que el Protocolo sobre inmunidades atribuye a los europarlamentarios los privilegios reconocidos a los miembros del parlamento nacional.

Por ello, el instructor ve la "viabilidad" de las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión adoptadas con posterioridad al procesamiento de los recurrentes y precisa que no están condicionadas a la petición de suplicatorio.

Son pocas las ocasiones en las que Isabel Pantoja ha entrado en los programas de televisión en directo para desmentir, informar u opinar sobre algo, pero lo cierto es que cuando lo hace, parece que todo se queda en un segundo plano y solamente su voz se escucha. Esto es lo que pasó anoche en el Deluxe, y es que tras oír el relato preocupante de su hijo Kiko Rivera, la tonadillera llamó para cortar la conversación que estaba teniendo el dj.

Y es que Isabel Pantoja se quedaba muy sorprendida con el testimonio que daba su hijo en televisión, afirmando que le ocurría algo que no podía poner nombre, pero que llevaba mucho tiempo de bajón. La reina de la copla no pudo más y llamó: "Me acabo de enterar. Quiero que sepas que, además de la familia que has formado con Irene y tu hijo Francisco, tienes tu familia entera. Que te adoramos, nunca te hemos dejado solo y por nada del mundo lo haremos. Igual que le diría a mi nuera Irene, no soy una suegra al uso, pesada, sino que cuando me necesitáis estoy".

ISABEL PANTOJA: "NO QUIERO QUE SIGAS HABLANDO DE ESOS TEMAS"

Y es que la Pantoja tenía un mensaje muy directo: "Quiero que sepas que jamás en tu vida vas a estar en el suelo, nada más que cuando te toque, mientras tengas a tu madre viva. Tienes a tu mujer que siente adoración por ti, también a tu familia, que nos morimos por ti. No quiero que sigas hablando de esos temas, Francisco, por favor, eso te hace mal y me hace mal. Quiero a mi hijo, al de siempre, al contento y al alegre".

La madre de Isa Pantoja quiso animar a su hijo y también trató el tema de la pandemia, algo que ha afectado mucho a Kiko Rivera por el tema del trabajo: "Estamos sanos. Hay una pandemia. Lo que tú estás pasando no es importante, han muerto millones de personas, eso es importante. Tú te puedes curar. Tienes que tener el valor de decirnos que no estás bien. Casi nadie está trabajando en el mundo de la cultura, tienes que rezar diariamente por la salud de todo el mundo y, cuando esto acabe y se normalice, saldremos adelante los que estemos vivos.

ISABEL PANTOJA: "POR MÍ NO HABRÍAS IDO AL PROGRAMA"

Isabel Pantoja le recriminó, de alguna forma, que tenía que habérselo contado antes de hacerlo público: "Tienes un corazón impresionante, eres una persona noble y buena, y quien no haya hecho lo que tú has hecho* que tire el primero que pueda la primera piedra. Tenemos que pensar en tener salud para soportar lo que está soportando el mundo entero. Por mí no habrías ido al programa, tendrías que haber venido a contármelo antes. Me he quedado trastornada, eres mi vida junto con tu hermana".

Minutos más tardes, la cantante se relajó y le mandó unas palabras cariñosas a su hijo para que este se tranquilizara porque también se estaba quedando atónico con el relato de su madre: "Hazlo primero por ti, por tu mujer, por tus hijos* lo demás da igual, lo único que quiero es que estés bien, que seas un hombre. No tienes que estar triste, tenemos un plato de lentejas, no te vas a quedar sin comer. Tienes que estar muy orgulloso de Irene. Mañana cojo el coche y te doy los besos más grandes del mundo, tú ya has pedido perdón. Nunca dejaré que estés en el suelo ni triste. No te lo voy a permitir, no tienes derecho, te haces daño y a las personas que te queremos, nos haces sufrir".

El secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, considera que la actuación en el exterior de la Generalitat y de sus delegaciones está siendo "mayoritariamente razonable y adecuada" y asegura que "no ha habido actuaciones concretas o específicas muy reseñables" de manera que el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, no ha tenido que "tomar medidas contundentes".

En una entrevista con Europa Press, ha afirmado que no le consta "ninguna actuación particular" de las delegaciones catalanas en el exterior que "requiera respuesta" como consecuencia de la instrucción que les dio el consejero catalán de Acción Exterior, Bernat Solé, que les pidió que denunciasen internacionalmente la inhabilitación judicial del ya ex presidente de la Generalitat Quim Torra.

A juicio de Muñiz, aquellas palabras de Solé fueron una "declaración de intenciones, aparentemente" pero no le consta que esa instrucción se haya traducido en acciones concretas por parte de las delegaciones.

En este contexto, ha afirmado que Exteriores no ha tenido motivos para no autorizar las tres nuevas delegaciones que ha creado la Generalitat, en Senegal, Japón y Australia. "Han solicitado un informe que se ha expedido como favorable en relación a competencias y actuaciones de las delegaciones y por lo tanto eso no nos ha supuesto un problema", ha zanjado.

Además, se ha mostrado convencido de que la Generalitat se ha dado por informada de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula parte del Plan de Acción Exterior de la Generalitat y que está "en un proceso de análisis de qué implica eso para sus actividades". A su juicio, "están dentro de los plazos razonables para dar acuse de recibo la sentencia".

LA SENTENCIA DEL TC DELIMITA COMPETENCIAS

En opinión de Muñiz, la Generalitat no da por hecho que la situación pueda continuar sin cambios. Eso sí, no cree que aplicar la sentencia quiera decir que se deban cerrar instituciones -como el consorcio Diplocat--, sino más bien adoptar la delimitación de competencias de la acción exterior de la Generalitat. Por eso, cree que la sentencia es "sana" y "positiva".

"La sentencia lo que hace es que perimetra las competencias de la Generalitat en el ámbito exterior y establece unas líneas claras entre las nuestras, las competencias del Estado y del Gobierno central, y las de la Generalitat", ha detallado.

Ahora, corresponde a la Generalitat "tomar esa sentencia, interpretarla adecuadamente e implementarla" y por eso la ministra, Arancha González Laya, ha hecho lo que puede hacer, que es "ofrecerles diálogo y animarles a que la implementen en su totalidad, que es lo que tienen que hacer".

La limitación de reuniones sociales a seis personas en Extremadura, tanto en el ámbito público como privado, ha entrado en vigor a las 00,00 horas de este domingo, 18 de octubre, y durante un plazo de 14 días.

Tras su entrada en vigor, las Fuerzas de Seguridad realizan durante este domingo labores de vigilancia, control e información a los ciudadanos sobre las nuevas limitaciones de reuniones sociales, en las que no podrán juntarse más de seis personas tanto en el ámbito público como en el privado.

Así, a partir de este lunes, 19 de octubre, el incumplimiento de esta norma podrá ser sancionado por la autoridad competente, según señala el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.

Cabe recordar que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales publicó este pasado sábado una resolución en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), sobre las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno extraordinario para contener los contagios de coronavirus.

Así, según se establece en esta resolución, recogida por Europa Press, a partir de este domingo en Extremadura no podrán celebrarse reuniones de más de seis personas en la vía pública y en espaciospúblicos o privados, aunque se establecen excepciones, como en el caso de que la reunión esté integrada por personas convivientes, cuando se trate a reuniones relativas a actividades laborales o institucionales, o reuniones de órganos de gobierno o deliberación.

En cualquier caso, en las reuniones de actividades laborales, institucionales o de órganos de gobierno, se recomienda, cuando sea posible, el empleo de medios telemáticos para su celebración.

Respecto a las celebraciones derivadas de ceremonias civiles y religiosas celebradas en espacios privados que no sean organizadas por servicios de hostelería y restauración, se establece un límite máximo de 100 personas al aire libre y de 50 en espacios cerrados.

Por su parte, en el caso de los bautizos y comuniones el límite máximo será de quince personas, mientras que en los establecimientos de hostelería y restauración, el límite máximo de personas por mesa o agrupaciones de mesas será de seis.

Destaca la resolución que esta medida se implementa en un momento en el que la incidencia acumulada para el conjunto de Extremadura se sitúa en 258 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un dato que sitúa a la región en "un nivel de riesgo extremo".

El Pleno de esta semana en el Senado debatirá y votará una proposición de ley presentada por ERC para modificar la Ley del Régimen Electoral General para establecer la edad mínima para votar en los 16 años.

ERC registró el pasado mes de enero esta iniciativa de manera simultánea en el Congreso y en el Senado, y finalmente su debate y votación tendrá lugar en la Cámara Alta durante la sesión plenaria de este miércoles. El encargado de defenderla será el portavoz adjunto del grupo republicano, Bernat Picornell.

Es la tercera vez que el grupo independendista catalán presenta esta "reivindicación histórica" en las Cortes Generales. En 2016, el Congreso tomó en consideración esta iniciativa de los republicanos, aunque no llegó a iniciar su trámite parlamentario ante la disolución de las Cámaras al no conformarse Gobierno.

En esta ocasión, ERC necesita la mayoría absoluta de la Cámara Alta para lograr pasar el primer corte y que sea remitida al Congreso. Los grupos del Senado consultados por Europa Press aún no han decidido su sentido del voto a esta propuesta.

Si la iniciativa consigue ser aprobada esta semana en el Senado, entra en período de enmiendas en la Comisión correspondiente. Cuando acaba, pasaría a debate en Comisión y luego iría al Pleno del Congreso. Posteriormente volvería al Senado, un nuevo período de enmiendas por si algún grupo presentara, y sino iría directamente a Pleno para su aprobación.

Esta propuesta para rebajar la edad electoral a los 16 años es también una reivindicación histórica de Unidas Podemos y Más País, que incluyeron esta medida en sus respectivos programas electorales. En el Senado, estas dos formaciones tan sólo tienen un parlamentario por partido: Sara Vilà, de los comuns, y Eduardo Rubiño, de Más País.

En su escrito, ERC pide rebajar la edad electoral a los 16 años para cumplir así con una resolución europea que exigía a los países miembros ampliar la participación de personas en el proceso político y en la toma de decisiones.

En este sentido, recuerdan que Austria fue el primer miembro de la Unión Europea en establecer el voto a los 16 años y que, posteriormente, le han seguido Estados como Hungría, Eslovenia, Noruega y algunos estados de Alemania.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quiere llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000, para lo que cree que "tal vez sea necesario hacer una parada, un 'stop and go', como dicen en la Fórmula 1, durante unos días definidos".

En esos días "todos" tendrían que hacer la parada para bajar la curva y llegar a la Navidad "con más garantías". Si no, habrá más pacientes en camas UCI, "con la gripe, con más ingresos. No podrán venir turistas, habrá más restricciones, se perjudicará a los comerciantes, no habrá campaña de Navidad" y será "muy complicado levantar la mano para que las familias se reagrupen", ha advertido en una entrevista en El País, recogida Europa Press.

Aguado ha destacado que no es partidario de abrir los locales de ocio hasta la 1 horas de la madrugada "sino de adaptar la estrategia en base a cómo vayan los acontecimientos". Y ha apuntado que la explicación que les ha dado Sanidad para esa ampliación de horas pasa por no prolongar las reuniones trasladándolas a las viviendas.

"Para que no se lleve la fiesta a casa. Los contagios se producen fundamentalmente en casas porque pensamos que nuestro entorno no nos puede contagiar", ha indicado el vicepresidente regional.

"TENEMOS QUE SEGUIR CON LAS RESTRICCIONES"

Confía en que desde la semana próxima, cuando podría levantarse el estado de alarma, Aguado espera contar con una orden de carácter autonómico.

"No vamos a poder acabar con las restricciones y tenemos que seguir con ellas. Tenemos que llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000. Ese es el reto, ambicioso, pero si somos capaces de llegar a esos niveles habremos salvado la campaña de Navidad y la salud. Hay que apostar por medidas contundentes que hagan bajar de manera drástica la curva", ha insistido.

"Lo primero que tenemos que entender es que la división entre administraciones causa muertes. La unión salva vidas. Tenemos que dejar de lado la crispación. Los políticos tenemos que marcarnos unos objetivos políticos. Yo lo pongo: 25 casos por cada 100.000. Luego los expertos nos dirán cómo alcanzarlos. Yo no soy médico, ni experto. Tienen que ser ellos", ha señalado el vicepresidente.

"SOMOS SOCIOS DE GOBIERNO, NO SÚBDITOS DE NADIE"

Sobre distintas medidas implementadas por el Gobierno regional, Aguado ha recordado que es un Ejecutivo de coalición en el que el PP es mayoritario. "Nosotros somos socios de gobierno, no súbditos de nadie", ha lanzado.

"Aquí el PP tiene la mayoría. Si las cosas hubieran sido al revés, las cosas habrían sido distintas pero la realidad es esta. Somos socios de gobierno, no somos un ejército", ha remachado.

Cataluña ha registrado hasta este domingo 199.979 casos confirmados acumulados de coronavirus --172.924 con una prueba PCR--, 2.835 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.602, 16 más que los registrados el sábado: 8.282 en hospital o centro sociosanitario, 4.199 en residencia, 850 en domicilio y 271 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.218, lo que supone un aumento de 115 respecto al último recuento.

Un total de 213 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 22 más que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido y ya supera los 400 puntos: el sábado alcanzaba un nivel de 392,06, y 24 horas después está en 406,93, mientras que la velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se ha situado en 1,30.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 19.331 personas que han dado positivo, de las que 6.642 han muerto y 82 se encuentran actualmente ingresadas, ninguna en la UCI.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 72.105 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.608 muertes, mientras que actualmente hay 343 pacientes ingresados --62 de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 453,28.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 4.969 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 386 muertes, mientras que actualmente hay 40 pacientes ingresados --8 de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 1.008,27.

En el Gironès (Girona) se han registrado 6.023 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 224 muertes; actualmente hay 27 pacientes ingresados, de los que 8 están en la UCI, mientras que el riesgo de rebrote es de 471,57.

Respecto a la comarca de la Cerdanya (Girona), desde el inicio de la pandemia ha habido 482 casos confirmados acumulados de coronavirus, de los que 6 han muerto, mientras que actualmente hay 4 pacientes ingresados --uno de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 271,01.

En el Baix Ebre (Tarragona), desde el inicio de la pandemia ha habido 1.383 casos confirmados acumulados, de los que 36 han muerto, mientras que actualmente hay 7 pacientes ingresados --uno de ellos en la UCI--, y el riesgo de rebrote es de 610,64.

Vox afronta esta semana con el debate en el Congreso de su moción de censura una de las citas más importantes de su corta trayectoria, con la que busca dar notoriedad a su rechazo frontal al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y a la vez desbancar al PP como líder de la oposición.

El líder del partido, Santiago Abascal, fue quien anunció en el mes de julio que presentarían una moción de censura contra Pedro Sánchez. Pero explicó que no la registrarían hasta septiembre para dar tiempo al diálogo con otros partidos e incluso pactar un candidato de consenso que suscitara más apoyos.

Pese a ello, finalmente será el propio Abascal el candidato y la moción llega a su debate con el único apoyo asegurado de los 52 diputados de Vox. Ciudadanos ha confirmado su voto en contra mientras que el PP mantiene en el aire si votará 'no' u optará por la abstención.

Esta postura de los 'populares' ha llevado al partido de Abascal a presumir durante las últimas semanas de ejercer una oposición "sin complejos" al Gobierno "socialcomunista" del Palacio de la Moncloa. "Si no quieren dar la batalla, no molesten", repiten algunos dirigentes del partido sobre la postura del PP de Pablo Casado.

El propio Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso, verbalizó este desafío la pasada semana en rueda de prensa en la Cámara Baja. "Los que quieran unirse a nuestra moción de censura, será bienvenidos. Pero los que no quieran contribuir a ejercer la oposición, que al menos no molesten", dijo ante los ataques recibidos por algunos dirigentes del PP como su secretario general, Teodoro García Egea.

Vox amplía esta labor de la oposición a la denominada "batalla de las ideas", y ello ha llevado al partido a confrontar al Gobierno también en los tribunales, con numerosos recursos e iniciativas judiciales, y en la calle. El último llamamiento a la movilización ciudadana tuvo lugar el pasado día 12 con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional, cuando llamó a la gente a manifestarse con banderas de España en contra del Gobierno y su gestión de la pandemia.

PERDER EN EL PARLAMENTO, GANAR EN LA CALLE

El partido de Abascal es consciente de que la moción de censura está prácticamente abocada al fracaso parlamentario, pero defiende que el resultado de la votación es indiferente porque "ya está ganada en la calle", según aseguran algunos de sus dirigentes.

El debate del próximo miércoles permitirá a Vox tener el protagonismo de la oposición al Gobierno y el partido lo ve como una oportunidad para capitalizar en las Cortes Generales el "descontento" con el Ejecutivo que existe entre la ciudadanía.

De hecho, ya ha empezado a amplificar su mensaje en las redes sociales, su principal canal de comunicación con sus simpatizantes, y esta semana lanzó una campaña bajo el título 'Comienza la cuenta atrás contra la mafia'.

Con imágenes de la manifestación del 8-M, reparto de alimentos entre personas desfavorecidas o miles de ataúdes, la campaña asimila la coalición PSOE-Unidos Podemos con la "ruina económica" o "la peor gestión del Covid-19 del mundo".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la trama 'Kitchen', inicia este jueves una ronda de declaraciones para indagar sobre la operación montada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para obtener la información sensible que guardaba el extesorero del PP Luis Bárcenas sobre el partido. Así, cita a declarar como testigo al sacerdote que reenvió unos mensajes del que fuera 'número dos' del Ministerio del Interior Francisco Martínez al comisario Enrique García Castaño.

El titular del Juzgado Central número 6 le llama a declarar en relación a tres 'whatsapps' que el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño mostró y leyó voluntariamente en su declaración judicial como investigado en marzo de 2019.

Según consta en el auto del pasado 30 de septiembre en el que el juez cita a Nieto y otros testigos, así como al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como investigado para el próximo 30 de octubre, el sacerdote trasladó al comisario unos mensajes en los que Francisco Martínez comentaba que, según le había indicado su abogado, debía "entregar en el juzgado unas actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013-2014, con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos 'operativos policiales' de las que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conlleva la situación de Jorge y probablemente Rajoy. Desde luego nada más lejos de mi deseo".

Por ello, el magistrado considera necesario que Nieto, que se encontraba con García Castaño en el momento que éste fue detenido el 11 de julio de 2018 en el marco del caso 'Tándem', esclarezca qué sabe de la 'Operación Kitchen', "atendida la cercanía con Francisco Martínez y el contenido de los mensajes que reenvió".

"PROFUNDIZAR" EN EL PAPEL QUE JUGÓ FRANCISCO MARTÍNEZ

Con esta testifical, el juez quiere "profundizar" en el papel que jugó Martínez, ya que "al parecer y de las diligencias practicadas, éste pudiera haber tenido una posición preeminente en la planificación y puesta en marcha de la operación investigada". Con este fin, el próximo 26 de octubre también tomará declaración en calidad de testigos al director de Gabinete del exsecretario de Estado de Seguridad, Jorge Sanchís Bordetas, y a su asistente Icíar Castro Álvarez.

Martínez fue el primer cargo político que se imputó, el pasado mes de enero, en la pieza 7 del conocido como caso Villarejo, después de que varios investigados señalaran en sus declaraciones que el exsecretario de Estado tenía conocimiento del operativo policial secreto, sin control judicial y sufragado con fondos reservados, organizado en 2013 para espiar a Bárcenas y su mujer.

Entre ellos, García Castaño aseguró que volcó el contenido sustraído al extesorero del PP de dos móviles en un ordenador portátil adquirido ex profeso para poder mostrar la información a Francisco Martínez.

El ex 'número dos' de Interior está citado a declarar el próximo 29 de octubre, un día antes que el exministro Jorge Fernández Díaz, cuya imputación ha sido confirmada por el juez al considerar que hay "indicios que claramente le incriminan", como que el departamento que dirigía fue "el centro desde el que se desarrolló la misma".

Además, el juez ha rechazado las alegaciones esgrimidas por Fernández Díaz acerca de que su imputación se basa en conjeturas y justifica su citación en los mensajes que constan en la causa y que se enviaron entre el ministro y su Martínez, cuya autenticidad cuestiona. Se trata de unos textos que fueron guardados por el entonces secretario de Estado de Seguridad, sobre los que incluso levantó acta notarial.

Una comisión integrada por responsables municipales y representantes vecinales ha aprobado los proyectos de actividades ajustadas a la situación Covid con las que los locales sociales podrán reabrirse a partir de la semana que viene.

La comisión ha revisado las fichas de cada una de las actividades para comprobar que se respetan aforos, distanciamiento y permiten el cumplimiento de todos los requisitos y recomendaciones de las autoridades sanitarias.

La apertura de los locales se hace por iniciativa de las asociaciones que la usan -de hecho, tres de ellas han renunciado expresamente a retomar actividades- y serán miembros de las asociaciones quienes se hagan responsables de vigilar el cumplimiento de las normas impuestas a las actividades, en las que solo podrán participar personas previamente identificadas e inscritas en cada actividad y solo menores de 65 años, evitando así la presencia de los grupos de edad más vulnerables.

"Hay que agradecer a las asociaciones de vecinos y a la federación la responsabilidad que han demostrado durante los cierres de locales que hemos tenido que ordenar y su colaboración para diseñar una vuelta a las actividades en la que es esencial el respeto a las medidas de seguridad. Ellos han participado en el diseño de las medidas y serán los encargados de vigilar que se cumplan", según ha explicado la vicealcaldesa y responsable del área de Atención Social, Noelia Arroyo.

La comisión mixta ha estado compuesta por los concejales de Descentralización, Diego Ortega y Cultura, David Martínez, el presidente de la federación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Leandro Sánchez, y técnicos de las concejalías de Servicios Sociales e Igualdad, presidenta y técnicos de la federación de mujeres,

La vicealcaldesa ha informado de que la comisión ha decidido prohibir las rifas para mantener aforos, no habrá juegos de mesa, ni bailes con contacto físico, y en todo momento deberán respetarse las medidas higiénicas de rigor, como distancia y uso de mascarilla. Los asistentes no podrán compartir los materiales personales que usen para sus actividades y los utensilios y las salas deberán ser desinfectadas después de cada uso.

Todas las actividades aprobadas están descritas en fichas elaboradas por las asociaciones de vecinos que las han propuesto y en las que se describe su contenido y su cumplimiento de las normas de seguridad para prevenir contagios.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentará esta semana ante el Pleno del Congreso la quinta moción de censura que se debate desde la recuperación de la democracia en 1978, una iniciativa con la que busca sustituir a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, pero que nace abocada al fracaso. De hecho, es la que menos apoyos suscita de todas las que se han debatido hasta ahora. A priori el partido sólo cuenta con el respaldo de sus 52 diputados, menos incluso que los que cosechó Pablo Iglesias en 2017 y muy lejos de los 176 que necesitaría para prosperar.

El debate comenzará el miércoles a las nueve de la mañana y se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución, y el 177 del Reglamento del Congreso. Así, el primero en subir a la tribuna será el diputado por Barcelona y candidato del partido a las futuras elecciones en Cataluña, Ignacio Garriga, quien se encargará de defender la moción, sin límite de tiempo.

Ejercerá así el mismo papel que desempeñaron el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en 2018 en la moción de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, y la 'número dos' de Podemos, Irene Montero, con Pablo Iglesias en 2017 también contra el entonces líder del PP.

A lo largo de todo el debate, el Gobierno puede intervenir cuando le plazca. Es decir, algún miembro del Gabinete podrá replicar a Garriga si lo ve oportuno. Si nadie lo hace, tras el diputado catalán intervendrá Abascal, en su papel de candidato, para exponer durante el tiempo que necesite el programa político del Gobierno que pretende formar.

En las dos últimas mociones de censura fue el propio presidente, entonces Rajoy, quien replicó al candidato. Ahora Sánchez deberá decir si sigue el mismo modelo o delega en alguno de sus vicepresidentes o de sus ministros.

BATET INTERRUMPIRÁ LA SESIÓN

Tras el discurso de Abascal, si no hay réplica por parte del Gobierno, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, interrumpirá la sesión y, cuando ésta se reanude, será el turno de los grupos parlamentarios.

Los portavoces que lo soliciten irán pasando por la tribuna, en orden de menor a mayor número de escaños, por un tiempo de treinta minutos. Es decir, empezará el Grupo Mixto, presumiblemnete por boca de Tomás Guitarte, de Teruel Existe, y cerrará el PSOE. Abascal podrá ir contestando uno por uno y ellos tendrán derecho a una réplica de diez minutos.

Concluido el debate, que previsiblemente se prolongará hasta el jueves, se anunciará la hora de la votación. El Reglamento establece que ésta será pública y por llamamiento, pero sólo podrán decir su voto de viva voz los presentes en el hemiciclo.

Para esta sesión, y dadas las restricciones por motivos sanitarios, se mantiene la recomendación de que los grupos no envíen cómo máximo a la mitad de sus diputados, aunque está por vez qué hacen los 52 de Vox.

PARTE DE LOS VOTOS SERÁN TELEMÁTICOS

La Mesa del Congreso ha decidido que los que no acudan a la Cámara puedan emitir su voto telemáticamente, que después será leído por el secretario de la Mesa. Así, se alternará la votación presencial y 'delegada' cuando se vaya nombrando uno a uno a los diputados para que comuniquen su 'sí', su 'no' o su 'abstención'. La Mesa elegirá por sorteo quién empieza.

En el hipotético caso de que Abascal obtuviera el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, se consideraría "investido de la confianza de la Cámara" a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Pero si, como sucederá, la moción es rechazada, los diputados que la han suscrito no podrán firmar otra durante el mismo periodo de sesiones, es decir, antes de febrero.

Abascal no tiene ninguna posibilidad de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y, de hecho, su moción es la que parte con menos apoyos de las debatidas hasta la fecha.

La primera moción de censura data de 1980, cuando el PSOE de Felipe González intentó sacar de La Moncloa a Adolfo Suárez, y, la segunda, llegó siete años después, en 1987, cuando la Alianza Popular de Antonio Hernández Mancha hizo lo propio contra González. Ninguna de las dos prosperó, como tampoco lo hizo la que, 20 años más tarde, impulsó Pablo Iglesias en 2017 contra Rajoy.

SÓLO HA PROSPERADO UNA

En 1980, Felipe González logró el respaldo de 152 diputados (socialistas, comunistas, andalucistas y tres representantes del Grupo Mixto), frente al rechazo de 166 y la abstención de otros 21 --en la sesión se registraron 11 ausencias--. Es decir, el PSOE se quedó entonces a 24 votos de conseguir la aprobación de la moción de censura, lo que catapultó a González, que dos años después logró una holgada mayoría absoluta.

HASTA AHORA, LA MOCIÓN MENOS VOTADA LOGRÓ 67 VOTOS

Más lejos de la mayoría se quedaron las mociones de Pablo Iglesias, que recabó 82 a favor (Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu), y de Antonio Hernández Mancha (67 votos de la entones Alianza Popular, antecedente del PP).

La última moción, la que permitió a Sánchez acceder a La Moncloa en junio de 2018, fue la única que prosperó al reunir 180 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu y Nueva Canarias) frente a 169 en contra (PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias) y una abstención, la de Coalición Canaria.

El líder del PP, Pablo Casado, mantiene en vilo a sus diputados ante la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque en la bancada 'popular' muchos creen que se inclinará por el "no", según diferentes fuentes consultadas por Europa Press. El secretismo sobre el sentido del voto se mantendrá "previsiblemente hasta el final del debate".

Aunque oficialmente la cúpula del PP intenta quitar hierro a la moción alegando que solo servirá para "reforzar" a Pedro Sánchez, la iniciativa de los de Santiago Abascal --que llega al Pleno casi tres meses después de su anuncio-- ha abierto un intenso debate en las filas del partido, que no sabe calibrar en este momento si este "escaparate mediático" puede ayudar a dar impulso a Vox en detrimento del PP.

En las últimas semanas, Casado ha recabado opiniones de cargos territoriales y parlamentarios pero mantendrá la incógnita sobre su voto hasta el final para no dar bazas a los rivales políticos antes del debate de la moción de censura, que arrancará el miércoles a las 9 en el Pleno del Congreso.

HACER PEDAGOGÍA SOBRE LA UTILIDAD DE ESTA MOCIÓN

No obstante, el PP sí que desplegará estos días previos una campaña pedagógica --sobre todo en redes sociales-- para dejar claro ante la ciudadanía que no dan los números para poder desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, según han señalado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

El PP también afeará a Vox que quiera acaparar el foco mediático con esta moción fallida desperdiciando así una semana clave que debería estar centrada en hablar de los "problemas y preocupaciones reales" que afectan a los ciudadanos, como la pandemia y la situación económica derivada del Covid-19, añaden las fuentes consultadas.

Numerosos cargos del PP consideran que Casado y la dirección del PP están "más cerca del no". Los partidarios de votar en contra creen que no valen las medias tintas y, entre otras razones, aducen que la abstención supondría otorgar a Vox un papel protagonista mayor del que tiene ahora en la escena política.

Sin embargo, algunos parlamentarios consultados temen que el "no" se interprete en el electorado más conservador del PP como una "salvación" a Sánchez, que lidera el "peor gobierno de la historia de España". "En mi circunscripción tengo más fácil explicar la abstención que el no", confiesa en privado un veterano diputado.

En lo que sí coinciden la mayoría de los consultados es en apoyar la estrategia de Casado de mantener la incógnita sobre el sentido del voto del PP y no dar argumentos ni a Vox ni a Sánchez, quien, según los 'populares', está interesado en tapar su gestión en la pandemia con esta moción de censura. "Decir desde el primer momento lo que vamos a votar solo lleva a que tanto Vox como PSOE nos den todos los días hasta en el carné de identidad", resume un diputado.

El jefe del Ejecutivo ya intentó provocar a Casado esta semana en la sesión de control y le acusó de liderar una oposición "crispadora" en línea con lo que "está haciendo la ultraderecha". "Tanto es así que a días de la moción de censura del señor Abascal no sabemos lo que va a hacer el PP, votar a favor, en contra o ponerse de perfil", espetó al líder de los 'populares'.

Y Vox, por su parte, ha presionando al PP para que apoye su moción. De hecho, esta semana ya avisó a Casado que la moción "ya se ha ganado en la calle" como, a su juicio, se visualizó el Día de la Fiesta Nacional cuando "cientos de miles" de ciudadanos respaldaron su llamamiento a movilizarse contra el Gobierno.

En la cúpula del PP son conscientes de que la tribuna de oradores del Congreso será utilizada tanto por Pedro Sánchez como por Santiago Abascal para atacar con dureza a Casado, que tiene que decidir si opta por entrar en el cuerpo a cuerpo o apuesta por un perfil más moderado para presentar a su partido como alternativa política al Gobierno de coalición. "Es evidente que los números no dan para que la moción salga adelante y nosotros lo que pretendemos es ofrecer una alternativa que sea constructiva y posible", sostiene un dirigente 'popular'.

LAS OPINIONES DE AZNAR, ÁLVAREZ DE TOLEDO Y ESPERANZA AGUIRRE

Algunas voces del PP ya han expresado públicamente cuál debería ser el camino que siga Pablo Casado. Así, el expresidente José María Aznar ha asegurado que él votaría "no" y que no tiene la "menor duda al respecto". A su entender, esta "inoportuna" moción solo va a servir para "consolidar el proceso de fragmentación en el centro-derecha en España" y para "consolidar a la coalición existente en el Gobierno".

Sin embargo, la diputada del PP y exportavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido la abstención en esa moción de censura por considerarla "la alternativa más razonable". A su juicio, el PP no puede "apoyar al presidente" del Gobierno pero tampoco puede prestar su apoyo "al candidato Santiago Abascal" para ser jefe del Ejecutivo.

También la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha rechazado públicamente que el Partido Popular vote 'no' en la moción de censura, ya que, según ha dicho, "no hay gobierno más censurable en todo el mundo" que el de Pedro Sánchez.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 9 años de prisión por un presunto delito de organización terrorista para el imán *Hesham Shashaa, en prisión provisional desde que fue detenido en 2017 en Teulada (Alicante) y acusado de crear una organización asentada en dicha provincial desde donde habría extendido un ideario radical islámico y que servía de refugio a otros radicales del Estado Islámico retornados de Siria o Irak.

Dentro del organigrama de la organización, Shashaa sería un miembro asentado lejos de zonas de conflicto para poder acceder a las diferentes comunidades musulmanas que habitan en Europa.

El escrito de acusación provisional solicita concretamente para el presunto yihadista 9 años de prisión e inhabilitaicon especial para empleo o cargo público por 9 años, a los que se sumaría una pena de inhabilitación absoluta para honores, empleos y cargos públicos e inhabilitación especial para ejercer en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por diez años.

Tras cumplir esta condena el Fiscal pide que se someta a Shashaa a 6 años de libertad vigilada para procdeder a su "reeducación y alejamiento de posiciones extremistas que evite una retiteración delictiva". Se reclama asimismo el comiso de los bienes que fueron intervenidos a raíz de su detención.

REFUGIADO EN RUMANÍA

El escrito de acusación se remonta a las actividades del acusado antes de su llegada a España en 2011, en especial su paso por Rumanía, donde le fue concedido el estatuto de refugiado en 1996 y donde se casó tras obtener el divorcio de su mujer jordana. Fue expulsado de Rumanía por formar parte de un grupo que buscaba la captación de jóvenes para enviarlos a entrenamientos a Afganistán y por actividades de espionaje.

Tras su expulsión llegó a Alemania en 2000, donde según la fiscal fue procurándose u currículum que le ayudó a ir progresando en la jerarquía islámica. Para ello acudió a la mezquita de Darul Quran en Munich, donde comenzó a labrarse un nombre como imán, concedía entrevistas televisivas, obtuvo tres esposas y se le relacionaba con personas de gran poder económico de Emiratos Árabes y Arabia Saudita.

La presión policial que despertaron sus actividades le obligaron a viajar a España, donde comenzó a invertir dinero en mezquitas como las de Almoradí, Teulada o Calpe (Alicante) y Torrente en Valencia.

Entre las actividades ilícitas cometidas por Shashaa en nuestro país, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cita su aparición en mezquita actuando como "un gran sheikh" (jeque) participando en conferencias laudatorias de los grupos terroristas y extendiendo un ideario islamista radical.

Entre los vídeos que publicitaba, la Fiscalía destaca uno subido a la red social Facebook en el que enaltece a personas del Estado Islámico, menosprecia a las víctimas del yihadismo e incita a la comisión de delitos dictados por el Estado Islámico, además de defender la Sharia como modelo para regir todos los aspectos de la vida.

Otros indicios apuntados en el extenso escrito de acusación contra el acusados son su relación con una menor de edad alemana llamada Amina, a quien conminó a unirse Estado Islámico y casarse en Siria.

Según la acusación, los contactos del acusado con yihadistas del estado islámico quedan acreditados en las conversaciones intervenidas, donde presenta a España como un país idóneo donde poder conseguir los objetivos de la organización.

FINANCIACIÓN DE MEZQUITAS

Gran parte de la acusación contra el imán pivota en su actividad de compra y financiación de mezquitas, no solo en España sino también en el resto de Europa, disponiendo de grandes medios económicos para ello.

Recibió además según la investigación elevadas sumas de dinero, que le permitían mantener un elevado nivel de vida en nuestro país y que procederían de Alemania y de Emiratos Árabes. En este último caso parte del dinero provendría de un lado de la fundación Al Maktoum, que habría realizado aportaciones mensuales; mientras que desde Alemania destacarían dos cauces, la asociación islámica Darul Qurán y la Notaría Nietzsche.

En el registro de su domicilio se le intervinieron infinidad de evidencias relacionadas con su actividad, en su mayor parte documentos en formato audio, vídeo y texto acumulados en múltiples dispositivos de almacenamiento digital en idioma árabe y alemán en su mayoría.

El Gobierno garantiza que con la futura Ley de Memoria Democrática se podrán investigar delitos cometidos entre el inicio de la Guerra Civil, en julio de 1936, y la entrada en vigor de la Constitución, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1978, pero no aclara si está en sus planes retocar la Ley de Amnistía de 1977, que hasta ahora han esgrimido los tribunales para frenar esas investigaciones que han intentado impulsar víctimas de la represión franquista.

El líder de Más País, Iñigo Errejón, preguntó al Gobierno si se van a garantizar los derechos de estas víctimas también en el ámbito de la Justicia para "dejar de incurrir en una violación de los Derechos Humanos por omisión" y si se va a modificar la Ley de Amnistía, dado que ahora impide que se investiguen "los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos ocurridos entre el inicio de la contienda y el 15 de junio de 1977".

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno no menciona la Ley de Amnistía, y se limita a detallar a Errejón algunos de los puntos del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado el pasado 15 de septiembre.

Esa norma, recalca el Gobierno, establece que el Estado"garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la guerra civil y la dictadura, así como del periodo desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución.

FISCALÍA ESPECIAL

A estos efectos, se creará una Fiscalía de Sala, a la que también se le atribuirán "funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados", en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, con el objetivo de "lograr su debida identificación y localización".

Asimismo, se modificará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para atribuir a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, entre otras funciones, la de practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

El Ministerio Público también podrá "ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones, exigiendo las responsabilidades que procedan cuando se refiera a hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura y las violaciones de Derechos Humanos".

En su escrito, el Ejecutivo recalca que se podrán pedir responsabilidades por hechos que tuvieron lugar "hasta la entrada en vigor de la Constitución, siempre que pudieran ser constitutivos de delito", y que se facultará a la Fiscalía a "facilitar o coordinar los instrumentos de cooperación internacional para la reparación de las víctimas".

REFORMA DE LA LECRIM

Además, el Gobierno explica a Errejón que el Ministerio de Justicia tiene el compromiso de presentar para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de final de año la actualización del proceso penal, una nueva norma, llamada a sustituir a la vigente ley de enjuiciamiento criminal vigente de 1882, que tiene entre sus objetivos reforzar la actuación del Ministerio Fiscal.

En cualquier caso, el Gobierno recalca al líder de Más País que "la actuación de los órganos jurisdiccionales se limita a las atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico constitucional, conforme al principio de legalidad reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución" y que "el Gobierno respeta la independencia del Poder Judicial", consagrada en el artículo 117.

El Gobierno no se plantea dejar de aplicar el impuesto a los servicios digitales que acaba de ser aprobado pese al fracaso en la OCDE para acordar una fiscalidad global, aunque se someterá a ese marco global en el momento en que se apruebe.

Así lo ha explicado, en una entrevista con Europa Press, el secretario de Estado de España Global, que ha explicado que la pandemia de Covid "incrementa la urgencia" de este tipo de medida, porque se ha demostrado que una parte importante de la actividad se ha desplazado al espacio digital y España tiene "falta de tracción fiscal" en ese ámbito.

"Pero hasta que ese marco global exista nosotros nos reservamos el derecho, en base a nuestra soberanía fiscal, de gravar las actividades que se producen en nuestro territorio, incluidas las digitales", ha señalado.

Preguntado por las posibles represalias de Estados Unidos, que ha advertido reiteradamente a varios países europeos contra sus planes de gravar las actividades digitales, ha respondido que habrá que ver que sucede en las "conversaciones" con este país, pero que se trata, para España, "de una prioridad no menor" para construir una economía más equitativa.

La fiscalidad digital es solo un punto de la Estrategia sobre Tecnología y Orden Global que prepara el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación para principios de 2021, según ha explicado Muñiz.

Tendrá un capítulo sobre derechos y libertades en el ámbito digital, otro sobre seguridad, incluyendo ciberseguridad y inteligencia artificial y armas autónomas; geopolítica y tecnología; economía en la era digital incluyendo las normas de competencia, el acceso al talento, la fiscalidad y el acceso a los mercados. Un cuarto capítulo está dedicado a las ciencias de la vida y la salud y la biotecnología.

La estrategia abordará qué puede hacer España en estos ámbitos, como país y como miembro de la UE, con asuntos como completar el mercado digital común, mejorar la interconexión entre los nodos de conocimiento, de investigación y de transferencia tecnológica europeos, el establecimiento de una política industrial digital europea o que España pertenezca a las alianzas europeas de tecnología.

ESTRATEGIA DE ACCIÓN EXTERIOR

Este documento es, a su vez, paralelo a la nueva Estrategia de Acción Exterior para los próximos cuatro años que prepara el Ministerio de Exteriores, y que la ministra prevé presentar en el Congreso y en el Senado a finales de este periodo de sesiones o principios del próximo tras recabar sugerencias de todos los ministerios, las altas instituciones del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.

La Estrategia tendrá un apartado sobre Covid y sus efectos, incluida la necesidad de un Plan de Acción de Salud Global e iniciativas de autonomía estratégica, a partir de los estudios que la Dirección General de Prospectiva y Estrategia hizo ya en marzo a raíz de la pandemia.

Su objetivo era "construir una política exterior algo anticipatoria" y entre sus hallazgos están el que la pandemia aumentaría la brecha social --y por eso en la desescalada se incluyeron medidas como el ingreso mínimo vital o la estrategia de compra de vacunas--, una crisis de movilidad, un acortamiento de las cadenas de producción --en parte por los problemas de movilidad-- que ha despertado el debate sobre la llamada "autonomía estratégica" y una tensión en el sistema de gobernanza global.

En lo relativo a la autonomía estratégica, la conclusión es que, a medio plazo, los materiales estratégicos o críticos se produzcan en países más cercanos a la UE, incluso en territorio europeo.

A juicio de Muñiz, ahí puede haber una oportunidad importante para los países de la ribera sur del Mediterráneo, que podrían atraer capacidad de producción, y por tanto para España que, con una mejora de las infraestructuras --el puerto de Algeciras y otras en el sur del país-- puede ser puerta de entrada para esas cadenas de producción.

DIPLOMACIA ECONÓMICA

Ahí entra en juego la diplomacia económica, que es, incluso desde antes de la pandemia, uno de los mandatos de España Global. Según explica, uno de los aspectos del plan de diplomacia económica ha sido tratar de mantener la movilidad, incluida la creación de una plataforma, 'Conecta', para informar a las empresas.

El Gobierno español, ha explicado además, ha insistido en que las fronteras exteriores de Schengen sigan abiertas para ciertas categorías de personas como los trabajadores altamente cualificados y los estudiantes internacionales.

El segundo aspecto es la internacionalización, junto al Ministerio de Comercio, que prevé que el Plan de Recuperación que se enviará a Bruselas tenga una partida importante de apoyo. La tercera 'pata' es el "talento y la ciudadanía española global", con el fin de maximizar la conexión con los españoles en el exterior y la atracción de talento internacional a España.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no descarta volverse a presentar a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones para culminar su programa municipal: "Es verdad que me planteé una temporalidad, pero nos ha tocado un tiempo excepcional".

"Teníamos una serie de proyectos que ha costado arrancar porque hemos vivido el 'procés', un atentado en La Rambla y ahora la pandemia", ha explicado en una entrevista en 'El País' este domingo recogida por Europa Press.

Por eso no descarta un tercer mandato si fuera necesario --ha dicho-- porque "lo importante del compromiso es que el programa de transformación de Barcelona hacia una ciudad más sostenible, justa y democrática y líder en innovación social, se pueda materializar".

MEDIDAS FRENTE A LA PANDEMIA

Preguntada por las nuevas restricciones de la Generalitat para contener la pandemia en Cataluña, ha dicho: "Estamos en emergencia sanitaria y hay que contener la velocidad de contagio. No voy a entrar a cuestionar, pero sí exijo medidas igual de drásticas de apoyo a este sector, para que no sea una víctima".

Ha defendido resolver discrepancias "desde el trabajo discreto y colaborativo", como sostiene que hizo el consistorio con la Generalitat respecto a la gestión de las residencias de ancianos durante el estado de alarma.

"Estoy orgullosa de que el Ayuntamiento de Barcelona es la Administración pública de todo el Estado que está haciendo más política de vivienda: en cantidad, en presupuesto que se destina y en innovación. Lo hacemos solos, la Generalitat ha abdicado", ha dicho.

CALLES PACIFICADAS

Ha defendido que la pacificación de calles en Barcelona para ampliar la zona peatonal no es definitiva, sino que se adoptó para conseguir más espacio público en un momento en que era necesario. "¿Se van a quedar las vallas Jersey de cemento que no nos gustan a nadie? Es evidente que no".

"Claro que no me gustan, no creo que sean el mejor elemento para intervenir en el espacio público. Eran las disponibles y las más seguras. En una segunda fase se hará más bonito", ha asegurado.

El Gobierno ve con "preocupación" la existencia de campamentos de verano para niños de temática militar y pedirá su revisión a las comunidades autónomas, las encargadas de la regulación de las actividades de ocio y tiempo libre para la infancia y la juventud.

Los campamentos militares son de carácter privado y no tienen ningún vínculo con las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Defensa, aunque en la mayoría de la ocasiones sus responsables son militares o exmilitares, guardias civiles o personas relacionadas con la seguridad privada.

El Instituto de la Juventud (Injuve) "deplora" estas actividades, según reconoce en una respuesta parlamentaria al diputado de Más País Íñigo Errejón, recogida por Europa Press, y además considera que su temática conculca "el espíritu o la letra" de numerosas disposiciones legales nacionales e internacionales.

Entre ellas cita la Convención sobre los Derechos del Niño, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o los Objetivos Europeos de Juventud, todos ellos orientados hacia una educación en valores, por la paz y la convivencia.

En este sentido, el Injuve --dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige el vicepresidente Pablo Iglesias--, apunta que la regulación de las condiciones en que se pueden desarrollar los campamentos y actividades de ocio y tiempo libre educativo dirigidos a la infancia y la juventud es una competencia plena de las Comunidades Autónomas. Y por tanto correspondería a ellas subsanar las "deficiencias" que se detecten en los campamentos infantiles.

Sin embargo, asume que el Injuve "no puede quedar al margen de las referidas actividades" y por tanto trasladará su preocupación a las autonomías en próximas convocatorias del Consejo Interterritorial de Juventud.

PROMUEVE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

El Injuve explica que uno de los ejes "esenciales" de su misión es promover una sociedad cohesionada, justa e inclusiva, "donde todas las personas jóvenes tengan las mismas oportunidades y se sientan parte de ella haciéndola suya y contribuyendo a su construcción".

Y por tanto considera que las actividades de tiempo libre para los menores de edad deben promover el análisis, la reflexión crítica y el compromiso con la transformación social entre los jóvenes.

El Injuve defiende así que, lejos de la temática de los campamentos militares, estos centros deben fomentar actividades relacionadas con la educación ambiental, la educación para el desarrollo, la educación para la igualdad, la educación intercultural o la educación para la paz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidirá mañana domingo, junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, un homenaje a las víctimas del Covid-19 dedicado, especialmente, en memoria de aquellas que fallecieron sin que fueran reclamadas por sus familiares.

Díaz Ayuso descubrirá al mediodía una placa en la fachada principal del edificio de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y depositará una corona de laurel en memoria de todos los fallecidos por coronavirus, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Así, acompañada por los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, guardará en la Puerta del Sol un minuto de silencio por las víctimas del Covid-19 y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) interpretará 'Lascia ch'io pianga', de la ópera Rinaldo, de Haendel.

El pasado mes de julio, más de medio centenar de fallecidos por coronavirus fueron inhumados por el Gobierno regional al no haber sido reclamados por sus familiares. Estos madrileños perecieron con síntomas compatibles con el virus y soportaron "una doble soledad de esta enfermedad: fallecieron solos en cumplimiento del protocolo fijado por la autoridad sanitaria, que impedía la presencia de familiares para evitar contagios y la propagación del virus y, pasados los meses, sus restos no fueron reclamados".

Ante esta situación, el Ejecutivo madrileño, a través de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, decidió inhumar los cuerpos, que permanecían en el Instituto de Medicina Legal, uno de los depósitos provisionales de cadáveres que el Ejecutivo regional tuvo que poner en marcha en la primera ola de la pandemia.

Fueron los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias los encargados de recogerlos de hospitales y residencias de la región, velándolos en todo momento para darles la máxima dignidad en medio de la tragedia.