La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está "muy orgulloso" de presentar unas cuentas "anticíclicas y claramente expansivas" que contribuirán al crecimiento, la creación de empleo y la revitalización de servicios públicos", y ha defendido que la subida de impuestos está en el "punto de equilibrio" ante las críticas vertidas por el PP por el alza y las de la CUP por considerarla poco ambiciosa, y ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy subió los impuestos por 23.000 millones de euros.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Carolina España sobre las subidas de impuestos que ha "escondido" el Gobierno en el plan presupuestario y otra pregunta del diputado de la CUP Albert Botran sobre si la política fiscal del Gobierno pasará a ser más progresiva ante la "evidencia" de las necesidades con el nuevo Estado de alarma.

Montero ha defendido que los Presupuestos de 2021, cuyo proyecto fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros y ella misma llevará y presentará este miércoles al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, son "imprescindibles" para la transformación y recuperación de España.

"Este Ejecutivo está muy orgulloso de presentar unas cuentas anticíclicas, claramente expansivas, que contribuyan al crecimiento, la creación de empleo, la revitalización de servicios públicos y a proteger el interés general para que todos, al menos, en Sanidad, Educación, servicios sociales y oportunidades de empleo seamos iguales", ha apostillado.

Ante las críticas de España (PP) por la subida "masiva" de impuestos que afectará a "clases medias y trabajadoras" y las de la CUP por considerarla "poco ambiciosa", Montero ha considerado que la subida de impuestos está en el "punto de equilibrio" que se buscaba.

Los PGE prevén una recaudación récord de 222.107 millones, un 13% más, incluyen una subida del IRPF, Sociedades y Patrimonio a rentas altas, el alza del diésel, un nuevo impuesto a los envases de plástico, un IVA del 21% a las bebidas azucaradas, un incremento de las primas de seguros, una reducción de las exenciones de los planes de pensiones y un tipo del 15% para 'socimis', que se suman a las tasas 'Google' y 'Tobin'.

La ministra ha afeado a España (PP) sus críticas recordando que el Gobierno de Mariano Rajoy subió hasta "60 veces" los impuestos, con un alza de 23.000 millones que afecto a la clase media y trabajadora, además de "recortar" servicios públicos por 10.000 millones, "debilitando" la Sanidad y la Educación y aprobando una amnistía fiscal declarada inconstitucional que perdonaba deuda a los defraudadores.

A Botran (CUP) le ha respondido que el acuerdo programático del Gobierno que preveía una revisión fiscal en profundidad se irá acompasando para hacerlo "compatible" con el crecimiento, la creación de empleo y la igualdad de oportunidades.

Por ello, ha apuntado que ahora se ha presentado una batería de medidas y "ajustes" fiscales para incorporar más recursos a la tributación con el objetivo de "blindar" los servicios públicos y se incorporará una anualidad "muy importante" del fondo europeo para impulsar el crecimiento y la recuperación.

En todo caso, ha señalado que se va a crear un grupo de expertos para acometer esa revisión fiscal "en profundidad" del sistema tributario para ganar "progresividad" y que "cada uno contribuya según su capacidad y se reciba según sus necesidades".

Además, le ha preguntado si "por una vez (en la CUP) se van a tener a razones" y pactarán los PGE o seguirán en su postura de "estar contra todo", teniendo en cuenta que, según ha dicho, los PGE "respetan" el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aportan un mayor volumen de recursos al a comunidad y contribuye a recuperar el crecimiento, dar oportunidades a los jóvenes, proyectar infraestructuras y que llegue el ingreso mínimo vital, reforzando además los servicios públicos.

EL PP CRITICA LA SUBIDA PORQUE AFECTARÁ A LA CLASE MEDIA

Por su parte, la diputada 'popular' ha criticado que en un momento de "mayor deuda publica de la historia" el Gobierno suba los impuestos, siendo "el único país de Europa" que los eleva, y ha cuestionado que el Ejecutivo diga que se sube los impuestos a los "ricos" cuando el alza en el diésel afectará a 17 millones de españoles como autónomos con furgonetas, tractores en el campo, así como otras subidas como los planes de pensiones o los seguros.

"Los ricos van a pagar el 10% de la subida y el resto la clase media trabajadora, las familias, pymes y autónomos", ha afeado la diputada a la ministra, a la que le ha reprochado la "vergüenza" de que no se baje el IVA a las mascarillas y se eche la "culpa" a Europa.

Ha avisado de que la mayor presión fiscal en España pondrá "en riesgo" la recuperación y el empleo y, en su lugar, ha pedido una bajada del IVA del turismo en la línea de Reino Unido y Alemania y una disminución del gasto.

"Han querido subir el sueldo de los diputados y les hemos tenido que parar, abróchense el cinturón como hacen todos los españoles", ha añadido, para calificar al Gobierno del "más caro e ineficaz de la historia" y e "irresponsables".

LA CUP CREE QUE LAS MEDIDAS "QUEDAN LEJOS DE LO NECESARIO"

Por el contrario, Botran (CUP) ha señalado que la creación de la comisión de expertos suele ser "sinónimo de dilatar decisiones" y ha cuestionado la subida al considerar que es poco ambiciosa respecto a lo previsto inicialmente.

Así, ha recordado que frente al lema de que "el 99% v a contra la concentración del poder económico y político del 1%", las medidas fiscales no afectan al 1% y "mucha gente" de la asistente a la "famosa cena del lunes" no se verá afectada.

En concreto, ha apuntado que el alza del IRPF afectará al 0,17% de contribuyentes, Patrimonio a un 0,1% y las tasas 'Google' y 'Tobin' ya venían de 2019, así como Sociedades, que estaba previsto en los fallidos PGE de 2019, a lo que se suma que no se ha concretado nada sobre el tipo mínimo del 15% en Sociedades.

"Las medidas quedan lejos de lo necesario y de su propuesta en el m arco e la comisión de Reconstrucción", ya que, ha recordado, Unidas Podemos planteaba un impuesto a la riqueza que afectaba a un 0,5% de contribuyentes, con una recaudación de 9.800 millones, aunque quedaba aún lejos e la propuesta de la CUP, con una tasa 'Covid' para gravar fortunas de más de un millón de empresa y a empresas con beneficios de más de 5 millones.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha disculpado este miércoles por acudir a una gala de entrega de premios en la noche del lunes, junto a otros políticos y ministros, pese al establecimiento del toque de queda, la recomendación de evitar grandes reuniones y el estado de alarma por el alza de la segunda ola del COVID-19. Al respecto, ha reconocido que los ciudadanos "tienen razón" por sus críticas.

Antes de comenzar su respuesta a una interpelación de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, el ministro ha dedicado unos minutos a pedir perdón, aunque también ha argumentado que estuvo en el acto "el tiempo estrictamente necesario".

"Estuve como muchos otros. Tan solo como representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados, las Fuerzas Armadas que tan buen trabajo han hecho durante la pandemia. Tras la entrega del galardón, me fui, no me quedé a cenar", ha señalado.

En cualquier caso, ha comprendido por qué "muchos ciudadanos no lo han entendido". "Tienen razón. Es verdad que el evento cumplía con las reglas y las distancias, pero tienen razón. Hasta en los actos en los que se cumplen todos los requisitos, hasta en estos casos, es mejor evitarlos. El camino es solo uno, la mejor distancia es no estar. Los ciudadanos tienen razón", ha apostillado.

Podemos Andalucía ha reclamado en el Parlamento, a través de IU Andalucía, que la presidenta de Adelante Andalucía, otrora coordinadora general del partido morado y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, y otros siete diputados afines a ella, salgan del grupo parlamentario pues están "en situación de transfuguismo" dado que abandonaron Podemos, formación por la que lograron sus escaños dentro de la confluencia andaluza que comparte con IU y dos formaciones andalucistas.

En el escrito que ha elevado la portavoz parlamentaria de Adelante, Inmaculada Nieto, a la Mesa de la Cámara, adelantado por Diario de Sevilla, la también dirigente de IU se hace eco de una comunicación del secretario de Organización de Podemos Andalucía, Jesús de Manuel, en el que le traslada que "ocho diputados de Adelante han causado baja como afiliados en su formación política -Podemos-, quedando en situación de transfuguismo".

Podemos Andalucía ha registrado este documento mediante IU dado no cuenta con ningún diputado en la Cámara andaluza. Si bien Teresa Rodríguez y los otro siete diputados a los que la dirección de Martina Velarde quiere expulsar del grupo entraron en el Parlamento bajo las siglas de Podemos, su salida de la formación de Pablo Iglesias ha dejado a ésta sin representantes en la institución.

De este modo, además de a Teresa Rodríguez, el partido morado quiere, mediante el escrito, "causar la baja de Adelante y solicita dar traslado a la Mesa para que adquieran la condición de diputados no adscritos a los portavoces adjuntos de Adelante, Ángela Aguilera y José Ignacio García, así como a Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Nacho Molina y Diego Crespo; todos dado que "ya no pertenecen al partido político/coalición electoral en cuya candidatura" concurrieron a las elecciones andaluzas del 2018.

"RETIENEN EL ACTA"

En concreto, en el documento que Manuel de Jesús remitió a Inmaculada Nieto, recuerda que Podemos se sumó a IU y dos formaciones de corte andalucista para concurrir bajo Adelante Andalucía a los comicios regionales del 2018, de modo que el partido morado obtuvo once representantes en el Parlamento e IU, seis.

No obstante, lamenta que ocho de esos once diputados del partido morado "han causado baja en el partido político, separándose de la afiliación, los acuerdos de sus órganos, sus estatutos, reglamentos y código ético, sin que a su vez hayan procedido a dimitir de sus cargos". "Esa retención del acta sin el consentimiento o tolerancia de Podemos Andalucía les coloca en una situación de transfugismo", apostilla De Manuel.

En esta línea, argumenta que "es una posición consensuada entre las fuerzas políticas democráticas que el transfugismo es una patología que pervierte el mandato popular y un fraude a la ciudadanía", recordando que para hacer frente a esa situación existe la figura del diputado no adscrito, como solicita a la Mesa que ocurra con estos ocho parlamentarios de Adelante.

Si bien fueron once los diputados que adquirieron el acta bajo el paraguas de Podemos, se quedan fuera de esta reclamación que hace la dirección de Martina Velarde, Maribel Mora, Mari García Bueno y Ana Villaverde.

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 244.972 casos confirmados acumulados de coronavirus -216.945 con una prueba PCR-, 4.854 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.896, 38 más que los registrados el martes: 8.490 en hospital o centro sociosanitario, 4.216 en residencia, 864 en domicilio y 326 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.208, lo que supone un aumento de 67 respecto al último recuento.

Un total de 398 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 30 más que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha baja: el martes alcanzaba un nivel de 887, y 24 horas después está en 840, la velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) ha descendido a 1,38 y la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 634,42 por cada 100.000 habitantes.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 20.794 personas que han dado positivo, de las que 6.720 han muerto y 129 se encuentran actualmente ingresadas, 4 de ellas en la UCI.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 84.714 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.713 muertes, mientras que actualmente hay 601 pacientes ingresados -126 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 756.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 6.473 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 393 muertes, mientras que actualmente hay 61 pacientes ingresados -12 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 1.580.

En el Gironès (Girona) se han registrado 7.517 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 224 muertes; actualmente hay 42 pacientes ingresados, de los que 18 están en la UCI, mientras que el riesgo de rebrote es de 1.019.

Respecto a la comarca de la Cerdaña (Girona), desde el inicio de la pandemia ha habido 548 casos confirmados acumulados de coronavirus, de los que 8 han muerto, mientras que actualmente hay 4 pacientes ingresados -ninguno en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 541.

En el Bajo Ebro (Tarragona), desde el inicio de la pandemia ha habido 1.875 casos confirmados acumulados, de los que 36 han muerto, mientras que actualmente hay 14 pacientes ingresados -cinco de ellos en la UCI-, y el riesgo de rebrote es de 1.225.

En la comarca Les Garrigues (Lleida), desde el inicio de la pandemia ha habido 658 casos confirmados acumulados, de los que 8 han muerto, mientras que actualmente hay 11 pacientes ingresados -3 de ellos en la UCI-, y el riesgo de rebrote es de 713.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reprochado a la diputada 'popular' Carmen Riolobos Regadera que insista en pedir su dimisión por su "nefasta" gestión de la pandemia de COVID-19, alegando que la prioridad del PP "parece ser derrocar al Gobierno", mientras que la suya es "derrotar al virus".

"Estamos en medio de una segunda ola en toda Europa. Tenemos prioridades distintas. Su prioridad parece ser derrocar al Gobierno, la mía es derrotar al virus. Para ello, tenemos que seguir trabajando y, si es posible, todos juntos", ha argumentado el ministro en respuesta a la diputada del PP en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Riolobos ha criticado a Illa que "pasará a la historia como el incompetente e irresponsable ministro" de la historia de la democracia. "Les doy un cero en prevención, en atención, en protección. Las cifras son pavorosas. Se fueron de vacaciones durante tres meses, dejando solas a las CCAA luchando contra el virus. Si tuviera la más mínima decencia y honorabilidad se habría marchado a su casa", ha indicado.

Por su parte, Illa ha insistido en que el PP también tiene un papel que jugar en la lucha contra el virus, ya que gobierna en cinco comunidades autónomas y, además, es el principal partido de la oposición. "Desde el 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia en el mundo, no se han dado cuenta de esto, que el PP tiene también una responsabilidad. Se empeñan en hacer un discurso de derribo del Gobierno, pero no es lo que piden los ciudadanos", ha señalado.

Al respecto, ha recordado que España se encuentra en "una situación muy preocupante de incremento de casos, que puede poner en riesgo otra vez la capacidad asistencial". "Expresen sus ideas convenientemente pero, por favor, centren la prioridad y objetivo en estos meses complicados que vienen por la llegada del invierno en derrotar al virus. A ver si conseguimos esto en las próximas semanas", ha remachado.

El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha acusado este miércoles al Gobierno de "blanquear" a los "herederos de ETA", en alusión a Bildu, para "mendigar" su apoyo, a lo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha replicando recordándole que, cuando formaba parte del PP, avalaba los contactos del expresidente José María Aznar con "el Movimiento Vasco de Liberación", como se refirió en su día a la banda terrorista.

Durante la sesión de control al Gobierno, Gil Lázaro ha cargado una semana más contra Marlaska, al que ha censurado que "dé crédito" en materia de derechos humanos a Bildu y que incluso firmen con ellos un manifiesto contra los discursos de la "extrema derecha".

"El Gobierno, de nuevo, blanqueando a los herederos de ETA para mendigar un apoyo manchado de la sangre de los crímenes etarras que Bildu continúa sin condenar mientras organizar homenajes a asesinos que salen de prisión y usted lo consiente", ha denunciado el diputado de Vox, para quien esta forma de actuar supone un "insulto" a las víctimas y a la dignidad nacional.

En su réplica, el ministro ha defendido que se puede hablar de derechos humanos "con todo el mundo", incluso con la "extrema derecha" y ha restregado a Gil Lázaro que, siendo portavoz de Interior del PP con Aznar, no dijera nada al expresidente cuando informó en 1998 de que había autorizado contactos con el "Movimiento Vasco de Liberación", cuando aseguró que "tomar posesión de un escaño era preferible a empuñar las armas" o cuando apuntó que el proceso de normalización correspondía en primer término a las instituciones y fuerzas políticas vascas "sin ningún tipo de excepción".

"Y ¿sabe cuántas veces Gil Lázaro le refirió al Gobierno de Aznar que estaba acusando de traición a las víctimas, a la unidad de España o a la Constitución? Ninguna. ¿Sabe cuántas veces ustedes exigieron firmeza al Gobierno contra el brazo político de ETA? Cero", ha planteado.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se marche si va a delegar finalmente la gestión del estado de alarma ante el coronavirus en las Comunidades Autónomas. "Si delegan sus competencias en las autonomías y las del Parlamento en el Consejo Interritorial. ¿Usted para qué está? Váyase y acabamos antes", le ha reprochado.

En su intervención durante la sesión de control al Gobierno durante una pregunta al vicepresidente Pablo Iglesias, el 'número dos' del PP ha reprochado el planteamiento del Ejecutivo de volcar el peso de la gestión del estado de alarma en los gobierno autonómicos.

De hecho, ha recriminado a Sánchez el plantear un estado de alarma de seis meses de duración y "sustituir" el control del Parlamento por el Consejo Interterritorial de Sanidad, órgano en el que tiene mayoría el PSOE.

En esta línea, el diputado del PP ha invitado al presidente del Gobierno que se "quite los complejos" y las decisiones se tomen directamente "en la calle Ferraz".

"Si delegan sus competencias en las Comunidades Autónomas y las del Parlamento en el Consejo Interritorial. ¿Usted para qué está? Váyase y acabamos antes", ha lanzado Egea al jefe del Ejecutivo.

Además, le ha exigido explicaciones de por qué acelera la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no recoge la "mano tendida" del líder del PP, Pablo Casado, para tramitar una nueva ley de pandemias que proteja la salud de los ciudadanos.

El Área de Coordinación de Protección Civil del Gobierno de Ceuta ha acordado este miércoles pasar la ciudad autónoma al nivel 2 de su Plan Territorial de Emergencias con el fin de poder pedir y contar con medios estatales para contener la propagación de la pandemia de la enfermedad del coronavirus en la localidad española norteafricana.

El departamento, que está adscrito a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales que dirige Mabel Deu (PP), ha justificado esta decisión en que "tras decretarse un nuevo estado de alarma por parte del Gobierno de la Nación a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 es preciso poder contar con los medios necesarios para afrontar las actuales circunstancias".

El Plan Territorial de Emergencias de Ceuta (Platerce) establece que en su nivel 2, declarado durante los últimos años solo en el primer estado de alarma y para sofocar grandes incendios forestales, se reserva para "cuando la situación de emergencia evoluciona desfavorablemente, teniéndose que recurrir a la solicitud de medios estatales".

El escalón superior se limita a "aquellas emergencias en las que la situación provocada es declarada de interés nacional por el Ministro del Interior".

La ciudad autónoma ha registrado cuatro fallecidos por la enfermedad del coronavirus desde el pasado viernes, tantos como durante todo el primer estado de alarma, y ya suma 19 víctimas mortales por la COVID-19, quince desde finales de agosto.

El número de casos activos ha marcado un nuevo récord este martes con 424 y el de pacientes ingresados en el Hospital se eleva a 39, siete en la UCI que tiene un 41% de sus camas ocupadas por contagiados de la pandemia.

La incidencia acumulada en Ceuta durante las dos últimas semanas se eleva a casi 600 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de positividad de las pruebas PCR que se realizan alcanza un 36%, muy por encima de las ratios que el Ministerio de Sanidad ha establecido como indicadores para declarar una situación de "riesgo extremo".

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, lleva solicitando desde hace un mes al Ministerio, competente en materia asistencial en las dos ciudades autónomas, que "intensifique" los recursos humanos y materiales disponibles en la UCI del Hospital y que "refuerce" los servicios de Atención Primaria y Urgencias "porque en estos momentos ahí también está la clave".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido al vicepresidente segundo durante el pleno de control del Congreso de los Diputados de que con la gestión del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez y el propio Pablo Iglesias "no va a quedar nadie en pie" tras la crisis de la pandemia.

Por su parte el vicepresidente segundo le ha respondido que el discurso moderado que abanderó el líder popular, Pablo Casado, en la pasada moción de censura para desmarcarse de Vox "ha quedado en nada", pues siguen compitiendo por decir "la mayor barbaridad".

Y todo ello porque, a juicio de Iglesias, el PP está "atrapado" estructuralmente a Vox, pues dependen de su apoyo para gobernar en varias comunidades y ayuntamientos, y ha pronosticado que el "monstruo" que han alimentado con un discurso "hipernacionalista irresponsable" va a terminar devorándoles tanto a Cs como a los populares.

En su intervención, García Egea ha relatado que la crisis deja un millón de hogares con todos sus miembros en paro y ha criticado que España sea líder en paro juvenil, junto a miles de personas que no reciben el Ingreso Mínimo Vital.

EGEA: "USTED NO ES PEPE MÚJICA, PARECE MÁS UN ZAR RUSO"

Con estas cifras, ha reclamado una valoración de Iglesias de estos "logros", para afear al vicepresidente que se "siente cómodo siendo un privilegiado". "Usted no es Pepe Mújica (expresidente de Uruguay), de hecho, se parece más a un zar ruso", ha apostillado.

En sus reproches al vicepresidente, el diputado popular ha acusado a Iglesias de ser "hipócrita" por "sumar asesores y coches oficiales" en los ministerios que lidera Unidas Podemos mientras que la pandemia sigue cobrándose víctimas y contagiados.

"Ustedes han mentido a todos pero no engaña a nadie. De hecho, los jueces le investigan por mentir", ha proseguido García Egea para recriminar a Iglesias que "no le importa la gente" y que se moleste por recordarle que "miles" de mujeres están en el paro por sus políticas.

Finalmente, ha concluido que la culpa de todo la tiene Sánchez por nombrarle, mantenerle y defenderle de sus "escándalos judiciales. "No es que vayan a dejar nadie atrás, es que con ustedes dos no va quedar nadie en pie", ha zanjado.

En contraposición, el vicepresidente segundo ha realizado un balance positivo al frente del Ministerio de Derechos Sociales pues, no siendo "perfectos", este Ejecutivo ha demostrado que han respondido a la emergencia social generada por esta crisis de una manera "más decente" que el PP en la anterior crisis.

IGLESIAS: SIGUEN LIGADOS A VOX

A su vez, Iglesias ha tirado de ironía y le ha preguntado también qué balance hace de los "10 meses de competición con Vox", para a continuación parafrasear el discurso de Casado en la moción de censura, cuando aseguró que el PP no quería ser "otro partido" del "miedo, el rencor, la ira, el "insulto o la bronca" ni tampoco "de la mentira y la involución franquista".

"Escuchándole a usted ahora, da la impresión de que su discurso moderado ha durado menos que la mili del señor Abascal", ha bromeado Iglesias para luego asegurar que su problema es que siguen "encerrados" con Vox.

El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha precisado este miércoles que su ministerio ya había introducido hace semanas modificaciones para agilizar la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) y ha advertido que las modificaciones anunciadas por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado van a suponer "alguna carga administrativa adicional".

"En los decretos leyes de hace tres o cuatro Consejos de Ministros introdujimos modificaciones en la ley a propuesta nuestra para poder eliminar rigideces y agilizar elementos del ingreso mínimo vital", ha explicado Escrivá en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press en la que ha añadido que "lo que está pensando para las enmiendas no va en la dirección de agilizar, sino que supone alguna carga administrativa adicional".

El titular de Seguridad Social ha precisado aún más y ha asegurado que "la agilización de los trámites del ingreso mínimo vital que ha permitido que en la nómina de octubre se este concediendo ya a casi 140.000 hogares y 400.000 personas es el resultado no de estas enmiendas, sino de decisiones que se han tomado ya hace unas semanas".

Los retrasos en la tramitación de solicitudes de la renta mínima fue uno de los aspectos que generó mayor debate en las negociaciones para aprobar el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Desde Unidas Podemos han insistido en incluir en el acuerdo mayores facilidades para acceder a esta prestación y que llegue así a más hogares y finalmente el Gobierno alcanzó un acuerdo para incluir tres enmiendas al Real decreto ley que regula el ingreso mínimo vital para mejorar la prestación, por lo que se modificarán los requisitos para el acceso a la misma.

La Guardia Civil ha lanzado este miércoles un operativo con varios detenidos de la órbita independentista catalana, entre ellos políticos y empresarios, por el desvío de fondos públicos en una investigación que rastrea posibles vínculos con la plataforma Tsunami Democrátic.

Entre los detenidos en la operación, que continúa abierta e incluye registros, figuran el exdirigente de ERC y exmiembro de Terra Lliure Xavier Vendrell, el exdirigente de CiU David Madí y el empresario Oriol Soler, entre otras personalidades cercanas al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros líderes independentistas, según confirman a Europa Press fuentes de la investigación.

Las detenciones, ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, se llevan a cabo por los delitos de malversación, blanqueo de capitales y prevaricación. Los agentes del Instituto Armado están practicando varios registros en busca de documentación de esta supuesta trama relacionada con las diligencias abiertas desde hace meses por posible desvío de fondos en la Diputación de Barcelona.

La operación adelantada por El Confidencial no iba dirigida en su origen, según las citadas fuentes, contra Tsunami Democrátic, pero en el transcurso de la investigación han surgido posibles vínculos de los arrestados y esta plataforma que, desde aplicaciones móviles y redes sociales, lideró las protestas masivas contra la sentencia que condenó a los políticos que lideraron el 1-O.

Vox ha utilizado este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso para arremeter contra el PP, por haber votado en contra de su moción de censura y haber tenido la "poca vergüenza" de situarles en la "extrema derecha". En este contexto, se ha erigido como "única oposición" en el "Congreso de las focas", dado que, a su juicio, la izquierda ha logrado ya "domesticar" a los de Pablo Casado.

Así lo han asegurado la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, y su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, en los debates que han mantenido, respectivamente, con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Ambos han pedido cuentas a los responsables gubernamentales por el manifiesto que el PSOE y Unidas Podemos suscribieron la semana pasada con Más País y los partidos nacionalistas e independentistas de la Cámara y en el que anunciaban su intención de promover sanciones contra quienes realicen discursos de "odio" o profieran insultos "racistas, xenófobos o machistas" en el Congreso.

Pero, además de revolverse contra ese texto, que según Iglesias es un "cordón sanitario" a Vox, los de Santiago Abascal han utilizado sus turnos de palabras para ahondar en sus reproches a los de Pablo Casado, a quienes Olona se ha referido como la "derecha sumisa, complaciente y contemplativa".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es el que más se somete al control parlamentario de Europa y también de los últimos 41 años de historia en España, y ha reprochado al PP que, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estuvo siete meses sin acudir a las sesiones de control, argumentando que estaba en funciones.

Así lo ha asegurado en el Pleno de este miércoles, después de que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, denunciara el estado de alarma de seis meses y "sin control parlamentario" que quiere aprobar el Gobierno y que, a su juicio, "ha hecho saltar todas las alarmas".

"Sus ansias por colonizar las instituciones rozan la patología totalitaria", ha avisado Gamarra durante su pregunta a la vicepresidenta, que tenía como objetivo saber "qué entiende el Gobierno por separación de poderes", en relación a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la que, según el PP, solo pretenden "controlar a los jueces".

A este respecto, Gamarra ha pedido a Calvo que retiren de verdad la reforma si quieren que el PP se siente a negociar porque, a su juicio, no la han "parado", como dijo Sánchez, sino que "sigue adelante", a pesar de la "bofetada de Europa.

"Los términos del diálogo son muy claros: o asalto a los cielos con Podemos, o separación de poderes y Estado de Derecho con el PP. ¿Qué elegien?", ha preguntado la dirigente 'popular'.

Por su parte, la vicepresidenta primera ha respondido que el PP no respeta a los jueces ni al poder judicial porque "tienen bloqueadas sin justificación ninguna la conformación del CPGJ". "¿Por qué lo hacen?", ha preguntado a su vez Calvo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha posicionado en contra de acceder a la reclamación de las autoridades turcas de extraditar a un opositor del gobierno de Recep Tayyip Erdogan por haber leído supuestamente ante estudiantes universitarios textos que estarían vinculados con la organización liderada con el clérigo islamista Fetulá Gulen, al que las autoridades acusan de estar detrás del intento de golpe de Estado de 27 de julio de 2016.

Según explica el escrito de la Fiscalía con fecha del pasado 3 de septiembr, Turquía solicita la entrega de este ciudadano de nacionalidad turca y residente en España por el presunto delito de integración en organización armada.

Turquía fundamenta su solicitud alegando que "en fecha 16 de julio de 2016, en lugar no identificado de Madrid, durante una capacitación en idioma español organizada oficialmente para aspirantes a gobernadores de distrito turcos", el reclamado leyó el 'Risale i Nur' (Epístola de la Luz), exégesis del Corán escrita hasta el año 1950 por Sais Nursi, "cuyo carácter inspirador yihadista no se ha acreditado".

También se le atribuye la lectura de "textos no identificados de lo que el Estado reclamante denomina 'Organización Fetullahista Terrorista/Estructura paralela del Estado'", que es la forma en la que Turquía identifica a las personas seguidoras de Gulen, quien "nunca fue considerado terrorista", señala el escrito.

HECHOS QUE NO SON DELITO EN ESPAÑA

El Ministerio Público considera que la persona reclamada por Turquía no debe ser entregado ya que los hechos que se le atribuyen no son constitutivos de delito en España y por tanto no cumple el principio de doble incriminación previsto en el Convenio Europeo de Extradición y en la Ley de Extradición Pasiva.

La Fiscalía subraya además que la Unión Europea no ha incluido a la mencionada organización en su lista de organizaciones terroristas.

Así, comparte la postura de la defensa del reclamado, en cuyo escrito recalca que los hechos que tuvieron lugar en julio de 2016 han desencadenado una "brutal represión que viene siendo criticada por la propia Unión Europea y todas las organizaciones y estamentos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos con miles de injustos encarcelamientos entre los que destacan los opositores (entre los que se incluye nuestro representado), así como jueces, fiscales y abogados que resultan 'incómodos' al poder ilimitado del señor Erdogan".

La defensa del opositor va más allá de que los hechos por los que se reclama a su cliente no encajan dentro del código penal español, pues apunta a que la supuesta conferencia o reunión mantenida en una "vivienda", en la que se habrían leído los textos ante "estudiantes universitarios", se habría producido en Madrid.

Por tanto, aunque ni siquiera se determine el lugar concreto, y en caso de que fueran constitutivos de delitos, la competencia para conocer los hechos sería de los tribunales españoles, indica el escrito de defensa.

RIESGO DE SUFRIR TORTURAS SI ES ENTREGADO

Asimismo, argumenta que, en contra a lo que requiere la Ley de Extradición Pasiva en su artículo 4, Turquía "no ofrece, porque no puede, ninguna garantía" de que la persona reclamada no sea sometido a torturas o tratos inhumanos.

Para justificar esta afirmación, se apoya en la jurisprudencia constitucional sobre la prohibición de la tortura y en denuncias realizadas por la organización Amnistía Internacional sobre el trato a personas detenidas en dicho país, así como sobre detenciones arbitrarias.

Con todo ello, la defensa concluye que su representado no puede ser extraditado al entender que "no sólo no tendrá un juicio justo, sino que, además de correr un alto riesgo de que sea sometido a torturas y tratos inhumanos, se vulnerarán sus derechos individuales en razón de orientación política".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la acción del Ejecutivo central en Cataluña respecto a las ayudas para hacer frente a la pandemia del Covid-19 ante las quejas de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, de recibir "la peor parte" cuando el Estado "asigna a dedo".

"Cataluña ha recibido en este año, 1.246,5 millones de euros del total del fondo sanitario y 337,4 millones de euros del fondo educativo; es decir, en ambos casos es la segunda Comunidad Autónoma que más ha recibido para hacer frente a esta emergencia económica, social y sanitaria", ha reivindicado Sánchez durante la sesión de control al Gobierno que se está celebrando en el Congreso.

Previamente, la diputada catalana, que ha interpelado al jefe del Ejecutivo por los criterios de reparto de los fondos europeos, se ha quejado de que a Cataluña "le toca la peor parte" cuando el Gobierno asigna a dedo, pero no así cuando es competitivo.

Por ello, ha pedido que se tenga en cuenta también a las pymes a la hora de presentar estos proyectos para aspirar a los fondos europeos. "Será una oportunidad para modernizar, déjense de centralismos y acepten el reto de ser lo más eficientes posibles", ha sentenciado la parlamentaria de Junts.

Precisamente sobre estos fondos europeos, Sánchez ha rechazado que sea un dinero para "el pim pam pum", sino que ha pedido que sean para lo contrario: "para la colaboración y la cogobernanza". En este sentido, ha recordado lo que le trasladó el pasado lunes a los presidentes autonómicos, que serán ellos los encargados de ejecutar más del 50% de estos proyectos.

Eso sí, ha precisado que los fondos europeos tienen distintos criterios a la hora de su reparto, e incluso uno de ellos hace referencia a proyectos transnacionales que busquen sinergias con los socios europeos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado presentar recurso contra la sentencia que absuelve al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, al exdirector del Cuerpo Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig.

El Ministerio Público, que solicitó una condena de 10 años de prisión para el mayor y los mandos políticos y cuatro años de cárcel para Laplana por el delito de sedición, ha explicado en un comunicado que tras un "estudio, sereno, ponderado y riguroso" tanto la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como del voto particular, ha decidido no recurrir al entender que éste pueda prosperar por las "limitaciones legales que actualmente rigen" en recursos contra las absoluciones.

Debido a que en este procedimiento la Fiscalía es la única acusación y que las defensas están conformes con el fallo absolutorio, la sentencia que se dio a conocer el pasado 21 de octubre adquiere firmeza.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal absolvió a Trapero, los jefes políticos de la policía autonómica y a la intendente Laplana al entender que no ha quedado acreditado que se pusieran de acuerdo con los líderes del proceso independentista de Cataluña para que la policía autonómica no cumpliera los mandamientos judiciales con el fin de impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Ante esta decisión adoptada por mayoría por los magistrados Ramón Saéz (ponente) y Francisco Vieira, la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, emitió un voto particular discrepante.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha propuesto este miércoles en el Pleno del Congreso que el estado de alarma se prolongue cuatro meses, en vez de los seis que recoge el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, alegando que su Gobierno "está por la unidad". Así, ha planteado que el próximo 9 de marzo sea el Consejo Interterritorial de Salud el que "revise" si debe o no continuar esta medida excepcional.

"Ahí está la propuesta, espero que ustedes la acepten", ha espetado a Pablo Casado durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. Sin embargo, el líder de los 'populares' ha defendido su oferta de limitar el estado de alarma a dos meses para "salvar" la campaña de Navidad y la "esperanza de millones de españoles, sobre todo los mayores que viven sin sus familias".

Para Casado, esa nueva propuesta de Sánchez para cuatro meses de estado de alarma sigue intentado "eludir" el control parlamentario. "Menos 'Aló presidente' los fines de semana y más venir al Congreso como estipula la Constitución siempre que tiene que dar cuenta de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional", ha solicitado, para añadir que el Gobierno "aún está a tiempo de aceptar" la propuesta que ha puesto el PP sobre la mesa.

El presidente del PP ha avisado que no se puede aplicar un estado de alarma tan largo "sin control parlamentario ni judicial" porque, a su juicio, eso "desborda el estado de derecho" español y el europeo."Le ha dado tanta vergüenza esta cacicada que ni siquiera viene usted a convalidarla a las Cortes mañana", ha manifestado, para añadir que la Ley de Sanidad que aprobó el PSOE en 2011 mandata al presidente del Gobierno en estos casos.

SÁNCHEZ: EL GOBIERNO "ESTÁ POR LA UNIDAD"

En su turno, Sánchez ha recalcado que su Gobierno "está por la unidad" y ha añadido que eso "significa escuchar y tender la mano". Por eso, y con el objetivo de que el PP "apoye este estado de alarma", ha planteado que el Consejo Interterritorial "revise" esta medida dentro de cuatro meses.

"Dentro de cuatro meses el Consejo de Política Interterritorial, donde están representados el Ministerio de Sanidad y los consejeros de Sanidad, si estipulan que no es necesaria ya la alarma, el Gobierno revisará su decisión y levantará el estado de alarma en cuatro meses", ha manifestado, para añadir que si ese órgano dice que hay que continuar otros dos meses, esa medida se prolongará hasta el 9 de mayo.

ACUSA AL PP DE COMETER "ERROR TRAS ERROR"

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la "primera revisión" será el 9 de marzo y la "segunda revisión el 9 de mayo". A su entender, con esos nuevos plazos se podrán encontrar un "amplio apoyo" al estado de alarma que se somete a votación este jueves en el Pleno de la Cámara.

Sánchez ha afirmado que el Gobierno está "luchando de manera contundente contra el virus", con "todas las armas constitucionales" con el "único objetivo" de "salvar vidas, salvar empresas y salvar empleos".

Lo que estamos haciendo es cogobernar en cooperación con las comunidades, que son las competentes en el ámbito sanitario de salud pública, ofreciéndoles todas las medidas y todos los recursos legales y materiales para lograrlo", ha indicado.

El presidente del Gobierno ha señalado que, en estas circunstancias, hay una oposición que ha optado por el camino del diálogo, el apoyo y la "crítica constructiva" y ha dado las gracias a los grupos que están dispuestos a votar a favor del decreto del estado de alarma este jueves en el Congreso.

Sin embargo, ha acusado al PP de estar cometiendo "error tras error" desde el inicio de la pandemia, llegando a "denegar" un instrumento constitucional "legítimo y eficaz en la lucha contra el virus" como es el estado de alarma. "Llegó a calificarlo como una dictadura constitucional. O es dictadura o es constitucional, pero las dos cosas es imposible señor Casado", le ha espetado.

CASADO LE PIDE "RECTIFICAR" Y SER "HUMILDE"

La oferta de Sánchez ha pillado a contrapié en ese momento a Casado, que le ha acusado de "tropezar" con la misma piedra. A su juicio, en vez de "rectificar, ser humilde y dejarse ayudar", se dedica a "arremeter contra todos".

"Abandone la radicalidad, abandone los pactos con la extrema izquierda. Lo que tiene que hacer es escuchar más a Felipe González y obedecer menos al señor Iglesias. Menos cesarismo de ordeno y mando", ha resaltado, para agregar que los españoles no quieren "ni más bandazos ni más engaños".

Casado ha dicho entonces a Sánchez que "aún está a tiempo de aceptar" la propuesta del PP para un estado de alarma de dos meses. "Es el doble de lo que están aprobado casi todos los países europeos y permitiría limitar la movilidad en los tres puentes", ha enfatizado.

En este sentido, ha afirmado que su mano sigue tendida y que la "pelota" está en el tejado de Pedro Sánchez. "Suya es la responsabilidad, por mi no quedará. Y lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento. Menos 'Aló presidente' los fines de semana y más venir al Congreso como estipula la Constitución siempre que tiene que dar cuenta de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional", ha proclamado.

"EL PP NO HA DEJADO DE ARRIMAR EL HOMBRO"

Durante su intervención, Casado ha hecho hincapié en que el PP "no ha dejado de arrimar el hombro en ningún momento" y ha apoyó durante dos meses el estado de alarma, cuando las cifras de la pandemia "eran las peores en contagios y fallecidos del mundo por su negligente gestión".

Casado ha subrayado que el PP ha planteado en estos ocho meses un plan de choque económico para evitar los "estragos" de la pandemia, como los "700.000 parados que la EPA desveló" este martes y que el "plan de Presupuestos ruinoso" del Gobierno "solo va a empeorar".Además, ha señalado que el PP también ha ofrecido al Gobierno un pacto sanitario y un plan B jurídico para "poder reformar la ley de Salud Pública" de 1986 en dos meses.

La Guardia Civil ha lanzado este miércoles un operativo contra el entramado que montó la plataforma Tsunami Democrátic desde la que se coordinaron las protestas por la sentencia que condenó a los líderes del 'procés'.

La operación prevé varias detenciones por la relación de una serie de empresarios con Tsunami Democràtic, una red que en octubre del año pasado utilizó las redes sociales y aplicaciones móviles para desencadenar manifestaciones masivas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del 1-O.

Según las citadas fuentes, las detenciones son de personas relacionadas con los partidos y organizaciones independentistas por desvió fondos al 'procés' en connivencia con dirigentes del Gobierno catalán liderado por el expresidente Quim Torra.

Maribel Cáceres es la primera persona con discapacidad intelectual que forma parte del órgano de gobierno del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), según ha informado Plena Inclusión.

Cáceres, de 35 años, es miembro del equipo de líderes de Plena inclusión España, forma parte de la Junta Directiva de la confederación y también ha sido patrona de la Fundación CERMI Mujeres y una destacada activista del movimiento de la discapacidad.

"Va a ser una oportunidad enorme para aprender y trasladar la voz de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el lugar donde se toman las decisiones más importantes sobre los temas que nos afectan", ha destacado Cáceres tras conocer la noticia.

Esta noticia en la representación de las personas con discapacidad intelectual coincide con el año de 'El Poder de las Personas', el lema elegido por Plena Inclusión España.

El movimiento asociativo que defiende los derechos de más 140.000 personas con discapacidad intelectual en todo el país ha elegido este año, y va a prolongar la acción en 2021, para extender la autorrepresentación de las personas, promoviendo su participación en órganos de decisión.

Un ejemplo destacado es el de Vitorio Latasa, patrono de la Fundación ONCE. Además, hay otras personas con discapacidad intelectual que forman parte de las juntas directivas de federaciones y entidades de Plena inclusión en todo el país.