El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha llamado este viernes a Junts, CUP y los comuns a dejar de lado las "excusas" y trabajar para ponerse de acuerdo y formar un Govern conjunto.

"El mensaje para las fuerzas independentistas y para el conjunto de fuerzas que defendemos el derecho a la autodeterminación y la amnistía es un mensaje claro: nos tenemos que poner de acuerdo. Nos pondremos de acuerdo", ha confiado en su intervención telemática en el Consell Nacional del partido.

Aragonès ha sostenido que los resultados del 14 de febrero dieron un mensaje claro a los partidos soberanistas: "Es necesario que nos entendamos para ser más fuertes y para conseguir la verdadera libertad del país. No es el momento de excusas, es el momento de ambición amplia. Junts, la CUP, los comuns y ERC tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo para dar el paso de gigante que requiere este país".

Considera que los resultados del 14F ofrecen una "oportunidad histórica" de que Cataluña vuelva a tener un presidente independentista y de izquierdas que trabaje para avanzar hacia una república catalana y a la vez trabaje por la justicia social.

Por eso, ha defendido que es el momento de iniciar una nueva etapa "rompiendo las viejas inercias" y formar un nuevo Govern que se base en los consensos de la sociedad catalana y que, según él, será un gobierno del siglo XXI que tendrá como objetivo cuatro revoluciones: la social, la feminista, la verde y la democrática.

Aragonès ha insistido en que este gobierno, que ha definido como el Govern del 3 de octubre y como la "Generalitat republicana", debe servir para cambiar las cosas y transformar la sociedad de verdad, y ha avisado de que no será una legislatura cualquiera.

"Tiene que ser la legislatura de la preparación del nuevo referéndum y el fin de la represión. Tenemos que profundizar el proceso de negociación con el Estado español para estirar los límites del Gobierno español con la amnistía y la autodeterminación al centro, teniendo en cuenta que la paciencia de los catalanes no es eterna", a la vez que se amplían derechos sociales para la ciudadanía, ha argumentado.

ORIOL JUNQUERAS

También ha intervenido el líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha participado por primera vez en un Consell Nacional del partido desde que fue encarcelado y ha sostenido que "las victorias de ERC siempre han contribuido a que el país avance de forma decidida".

Ha afirmado que "el país debe avanzar a partir de mayorías muy amplias" tanto en el Govern, como en el Parlament y el conjunto de la sociedad, y ha subrayado que ERC es capaz de liderarlas.

"Estamos ante una oportunidad histórica porque el independentismo ha ganado como nunca y porque dentro del independentismo han ganado las izquierdas. Y esto no pasaba desde hace mucho tiempo, de hecho desde hace muchas décadas", y ha expresado su convicción de que no decepcionarán la confianza de los ciudadanos.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, promoverá en Cibeles una moción para que se prohíban manifestaciones o concentraciones que "ensalcen a personas condenadas", tras los disturbios ocurridos el miércoles después de las protestas en favor del rapero Pablo Hasel.

En formato de moción de urgencia, Vox presentará esta iniciativa en el Pleno de Cibeles que se celebrará este martes para instar a la Delegación de Gobierno "a prohibir manifestaciones o concentraciones que tengan por objeto ensalzar a personas que hayan sido condenadas".

Vox propondrá una batería de medidas en el marco de los "graves desórdenes públicos producidos el 17 de febrero en la Puerta del Sol por quienes se habían concentrado para, bajo la coartada de defender la libertad de expresión, atacar al Estado y defender a un condenado por la Audiencia Nacional por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias a la Corona y agresión".

CARTA A SÁNCHEZ Y REPROBACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ECHENIQUE

Además tratarán de conseguir los apoyos necesarios para que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a instancias del Pleno, envíe una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para que tome medidas con el fin de que no vuelva a reproducirse ningún tipo de manifestación de apoyo a este tipo de conductas totalitarias por parte de sus socios de gobierno".

La moción de Vox, incluye "reprobar el comportamiento de enaltecimiento de la violencia realizado por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, respecto a lo sucedido en Madrid" por alentar "este terrorismo callejero".

En un tuit la noche de los disturbios en Madrid, Echenique mostraba su apoyo "a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles, ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol". "La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia", reclamaba el diputado 'morado'.

"Los graves sucesos de terrorismo callejero justificados por determinados políticos que se han producido en la Puerta del Sol deberían ser condenados por todos los miembros de esta Corporación municipal para transmitir a los madrileños que estos hechos no pueden volver a permitirse en nuestras calles", recoge el texto de Vox.

Según esta formación, no se trata de hechos aislados porque "la movilización de personas violentas para producir el caos en las calles, esta vez bajo la falsa excusa de defender la libertad de expresión, se vivió hace unos años con la consigna de 'Rodea el Congreso', que se saldó con 34 detenidos y 27 policías heridos". Constituyen para Vox "una estrategia para aterrorizar a los ciudadanos y desestabilizar las instituciones".

La propuesta de Vox concluye con una petición para "mostrar el agradecimiento, cariño y apoyo del Ayuntamiento de Madrid a los agentes heridos, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

200.000 EUROS EN DAÑOS

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado este viernes en unos 200.000 euros, entre público y privado, la factura de los daños ocasionados por los disturbios el pasado miércoles tras las protestas en favor del rapero Pablo Hasel.

Los daños materiales se siguen cuantificando pero sí ha adelantado que los provocados en el mobiliario urbano no representan "una cantidad excesiva" y además serán cubiertos por el contrato de mantenimiento en vigor.

Le preocupa más los daños en los establecimientos privados, que ayer los propietarios de los negocios calculaban en más de 150.000 euros. Esto le ha llevado a adelantar la cifra global de 200.000 euros.

Almeida se ha comprometido a "estudiar todas las acciones necesarias para que, quien lo haya hecho, lo pague, para que no salga del dinero de los madrileños".

Preguntado si hay alguna vía para que esto pueda hacerse, el primer edil ha insistido en que pondrán "todos los medios necesarios" sirviéndose además de las detenciones, de las identificaciones policiales y de las cámaras de seguridad, aunque no ha obviado que "será una tarea complicada".

Este compromiso va en línea con la proposición de Vox, que incluye una propuesta para que el Ayuntamiento cuantifique los daños ocasionados en el mobiliario urbano y "realice la oportuna denuncia para que los gastos sean abonados por los responsables".

El expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) Lugo Francisco Fernández Liñares se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel formulada por Fiscalía, que acusa al también exconcejal del PSOE de los delitos de prevaricación y cohecho por unas supuestas irregularidades cometidas en su etapa al frente del organismo público encargado de la gestión de las cuencas del interior gallego.

La Audiencia Provincial de Lugo acoge la próxima semana (del martes 23 al viernes 26) el juicio contra Liñares, que procede de una pieza separada de la conocida como 'Operación Pokémon', impulsada por la magistrada Pilar de Lara, quien terminó siendo sancionada y apartada de los juzgados lugueses por dilaciones en la instrucción de la macrocausa.

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Fernández Liñares, desde su puesto como concejal en el gobierno local de Lugo durante los gobiernos del socialista José López Orozco entre los años 1999 y 2008, "tejió una red de intereses económicos" a través de la concesión de contratos, puestos de trabajo o gestión de servicios públicos a cambio de sobornos con los que aumentó su patrimonio.

Sin embargo, aclara que estas "irregularidades" cometidas durante su etapa en el ejecutivo local "no son objeto de investigación" en este procedimiento, que se ciñe a su etapa al frente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, un cargo que ocupó entre principios de 2009 hasta finales de febrero de 2012.

Durante ese tiempo, siempre según las conclusiones de Fiscalía, Fernández Liñares continuó con las prácticas que había mantenido en sus años de responsable local, valiéndose de su puesto para entregar contratos a sociedades y empresas a cambio de dinero u otros favores.

El Ministerio Público sostiene que el acusado empleaba el procedimiento de adjudicación negociado que, según la Ley de Contratos del Sector Público, permite contratar obras con un presupuesto inferior a un millón de euros siempre y cuando se solicitasen en el proceso, al menos, las ofertas de tres empresas.

Según Fiscalía, Fernández Liñares tejió una trama con representantes de varias entidades para adjudicarles los contratos al precio más bajo para la confederación. La red funcionaba de forma que los empresarios se turnaban para repartirse las adjudicaciones simulando las ofertas con precios ligeramente superiores.

De hecho, la acusación pública asegura que una de las empresas adjudicatarias llegó incluso a renunciar a un contrato para que éste fuese a parar a otra de las sociedades implicadas en la red en segunda convocatoria.

En total, se trata de casi 40 adjudicaciones por importes millonarios durante los poco más de dos años que Liñares estuvo al frente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil. Fiscalía solicita la misma pena de 5 años de cárcel para los otros nueve procesados que acompañarán al exresposnable local en el banquillo.

En cuanto al dinero de estas operaciones, el Ministerio Público mantiene que Liñares desvió estos fondos a sus actividades empresariales, fundamental a la compra de inmuebles y a la participación en sociedades mercantiles. El blanqueo de estas cantidades sigue siendo investigado en otras piezas de la 'Pokémon' y por las que están implicadas las sociedades Doal, Cechalva y Artenosa.

USO DE COCHE OFICIAL

Asimismo, Francisco Fernández Liñares también deberá responder por las supuestas irregularidades cometidas con el uso de un vehículo oficial que le correspondía como presidente de la CHMS.

Según Fiscalía, cerró un contrato con una empresa dedicada a los servicios de ingeniería para prestar este servicio de transporte oficial con chófer. Esta empresa, que había sido adjudicataria de un contrato por valor de más de 800.000 euros, asumía el salario del conductor, que había sido propuesto por el propio Liñares.

De este modo, el Ministerio Público considera que el vehículo "no fue en realidad destinado a la finalidad contratada" sino que se empleaba "desde el principio" para los desplazamientos personales del principal acusado fuera de sus funciones como presidente de la confederación, "actuando esta en último caso en interés exclusivo de sus negocios y asuntos particulares".

Fiscalía refleja en su acusación como evidencia de este uso para los negocios personales de Liñares que éste ordenó a su chófer conducir hasta Lleida para entregar una partida de angulas a un alto cargo de un ministerio.

Las fuerzas de seguridad lograron identificar y detener a un hombre, vecino de Tui, que fue condenado por la violación de una turista asturiana registrada en el año 2017 y que se encontraba en busca y captura. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha comenzado este viernes a tramitar la extradición del hombre, que fue arrestado el día anterior en Alemania.

El detenido es Moisés A.G., de 27 año, condenado a 10 años de prisión por una agresión sexual perpetrada contra una turista asturiana en Salceda de Caselas (Pontevedra) en 2017.

El tribunal consideró probado los hechos denunciados y que se registraron el 14 de abril de 2017, cuando la víctima y este hombre se conocieron en un bar próximo al hotel de Tui en el que ella se hospedaba junto a su pareja. Ambos se encontraban en Galicia con motivo de la Semana Santa.

La denunciante indicó que, después de que su novio abandonase el local, Moisés A.G. se ofreció a llevarla al lugar en el que se hospedaba en su coche y que, durante el trayecto, detuvo el automóvil en una zona boscosa de Salceda de Caselas para, supuestamente, consumir cocaína.

La víctima sostuvo que, después de que el joven intentase besarla y ella lo rechazase, Moisés A.G. la agredió para intentar meterla en el coche y la forzó a mantener relaciones sexuales y a practicarle una felación.

En el momento en el que él abandonó el coche, ella escapó y se metió en una laguna cercana para huir de él. Tras no poder contactar con su pareja, llamó al 112 a las 9,03 horas y fue asistida por agentes de la Guardia Civil a las 9,08 horas.

GOLPES Y SECUELAS

Los agentes comprobaron que ella tenía la ropa mojada y que, según ha considerado probado el tribunal, "presentaba golpes en la cara a la altura del pómulo y la sien izquierda". Posteriormente, se la trasladó en ambulancia al hospital y tuvo "secuelas consistentes en trastorno de estrés postraumático en grado moderado".

El tribunal consideró acreditado que el imputado consiguió que la mujer se subiese en su coche con el pretexto de llevarla a su hotel y que, "sin su conocimiento ni consentimiento", la trasladó a una zona "totalmente aislada e intransitable", cubierta de maleza y árboles.

Una vez allí, según se recoge en la sentencia, la golpeó "de forma continuada e incesante en la cabeza" hasta el momento en que se quedó inmóvil y la violó.

La Audiencia emitió el pasado 30 de noviembre una orden de detención europea e internacional para tratar de localizar al condenado, lo que provocó finalmente su detención en Alemania.

El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha pedido al Gobierno reconsiderar la presentación de un recurso contra el fallo de la Audiencia de A Coruña sobre la propiedad de Meirás, tras la decisión de la Abogacía del Estado de no hacerlo y la de los Franco de formalizarlo ante el Tribunal Supremo.

Mientras, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ven, con esta postura, una "dejación de funciones" por parte del Ejecutivo, al tiempo que alerta de la "amabilidad del Estado" con los herederos del dictador. Asimismo, critica que puedan recibir una indemnización por los gastos contraídos desde 1975 que les reconoce la sentencia que, sin embargo, considera que el pazo es del patrimonio público.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Sada ratifica que los Franco han trasladado ya a la Audiencia Provincial de A Coruña "su intención de recurrir en casación la sentencia", algo que la representación legal de los herederos del dictador ya avanzó al entender que hubo por parte de sus clientes una posesión de "buena fe".

"Lo que resulta clave de cara al reconocimiento de la propiedad sobre el inmueble", sostuvo el letrado Luis Felipe Utrera-Molina. De hecho sobre la indemnización a la que tendrían derecho, apuntó que sus clientes "siguen confiando en que la Justicia les dé la razón por lo que ese escenario sólo habrá que afrontarlo en el caso de que el actual pronunciamiento respecto a la propiedad del pazo deviniera firme".

"FAVOR" JURÍDICO Y ECONÓMICO

En este contexto, el Ayuntamiento de Sada afirma que "el hecho de que el Supremo tenga que pronunciarse sobre lo que va a ser objeto de recurso por los Franco, la nulidad de títulos y la incorporación del pazo al patrimonio público, debería obligar a que el Estado interponga recurso sobre la otra parte de la sentencia que, al quedar sin recurrir, supondría un argumento jurídico a favor de los Franco", señala después de que la Audiencia coruñesa atribuyese "buena fe" a los herederos.

"No recurrir, además de un enorme favor económico a los Franco, es también un favor jurídico", insiste el Ayuntamiento de Sada que considera que la condición de "mala fe" --reconocida en el primer fallo sobre Meirás del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña-- "es transmisible a los herederos".

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que "si el Gobierno indemniza a la familia del dictador por el uso ilegal del pazo de Meirás estará agrediendo la memoria de las víctimas del franquismo que fueron saqueadas, a las que les quitaron la vida, los bienes, el presente y el futuro y jamás han sido indemnizadas por el Estado democrático".

"Además, se debe sancionar el saqueo de Patrimonio Nacional", argumenta esta entidad que añade que "la amabilidad del Estado democrático con la familia del dictador es incompatible con el respeto y los derechos de sus víctimas".

A su vez, Marea Atlántica se ha sumado a las críticas por el hecho de que la Abogacía del Estado confirmase que no iba a recurrir al ver "favorable" el contenido del fallo por ratificar la propiedad pública del inmueble. En este sentido, reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que rectifique y dé la batalla ante el Tribunal Supremo" y piden la implicación de la alcaldesa, la socialista Inés Rey.

ERC y Junts se han reunido este viernes por primera vez para abordar la formación de gobierno y la investidura después de las elecciones catalanas del 14 de febrero, han explicado fuentes conocedoras.

Esta ha sido la primera reunión entre los dos socios de Govern, después de que ambos se hayan reunido ya con la CUP en los últimos días, y los republicanos también pretenden encontrarse con los comuns la próxima semana.

El equipo negociador de ERC lo forman Marta Vilalta, Josep Maria Jové, Sergi Sabrià y Laura Vilagrà, mientras que el de Junts está formado por Jordi Sànchez, Elsa Artadi, Josep Rius, Francesc de Dalmases y Míriam Nogueras.

En un comunicado posterior de ERC, aseguran que la reunión ha sido muy positiva y ha servido enfatizar "la victoria independentista y la nueva derrota de los poderes del Estado que querían apartar el independentismo de las instituciones".

También lo ha destacado Junts en otro comunicado, en el que añaden que, con los republicanos, consideran un éxito el nuevo avance de la mayoría independentista, al haber logrado 74 escaños y tras haber superado por primera vez el 50% de los votos.

Los dos partidos coinciden también en que dichos resultados son una "oportunidad para la independentismo para abrir una nueva etapa" en Cataluña, y por ello se han emplazado a seguir trabajando los próximos días en nuevos encuentros.

ERC: "TENDER LA MANO A MÁS FUERZAS"

Sin embargo, en el comunicado de ERC añaden que esta nueva etapa debe servir "para avanzar a nivel social como nacional, y habrá que tender la mano a más fuerzas".

Desde Junts, han querido reafirmar su apuesta por un acuerdo entre las fuerzas independentistas con representación en el Parlament, y están convencidos de que se llegarán a acuerdos "en todos los espacios institucionales en el que el independentismo tiene representación para avanzar hacia la independencia, en base al mandato expresado en las runas el pasado 14 de febrero".

La Fiscalía pide penas que suman más de 67 años de cárcel para el salesiano Segundo C.V., que trabajaba en el centro María Auxiliadora de Vigo y al que acusa de haber abusado sexualmente de seis menores durante un campamento de verano y en una peregrinación a Santiago de Compostela.

El ministerio público reclama también que se le imponga el alejamiento y la prohibición de comunicarse con los menores, una medida de libertad vigilada por 8 años, y la inhabilitación para desempeñar profesiones u ocupaciones en las que pudiera tener contacto con menores.

Así se recoge en el auto dictado por el juzgado de instrucción número 4 de Cambados (Pontevedra), y en el que se decreta la apertura de juicio oral contra este religioso y contra el colegio de los Salesianos de Vigo, como responsable subsidiario, por 11 delitos de abusos sexuales a menor de 16 años y otro delito continuado de abusos sexuales, todo ello en relación a seis menores de ese centro.

Además de la acusación ejercida por la Fiscalía, en el auto también se reflejan las penas solicitadas por la Fundación Amigos de Galicia (que ejerce la acusación popular y pide un total de 30 años de cárcel) y las reclamadas por las acusaciones particulares, ejercidas por parte de las familias de los niños (que piden un total de 54 años de cárcel).

RESPONSABILIDAD CIVIL

Al margen de las penas privativas de libertad, de la prohibición de acercase a los menores o comunicarse con ellos, de la inhabilitación y de la medida de libertad vigilada, las acusaciones también han reclamado que se indemnice a las víctimas.

Así, el ministerio público solicita que Segundo C.V. (o subsidiariamente el colegio) indemnice a los seis menores en un total de 82.500 euros, por los daños morales y el trastorno de estrés postraumático.

La Fundación Amigos de Galicia reclama indemnizaciones por un total de 82.000 euros; y las familias solicitan indemnizaciones que suman un total de 140.000 euros.

DETENCIÓN

Segundo C.V. fue detenido en julio de 2019, después de las denuncias de varios menores sobre supuestos abusos durante un campamento de verano en Cambados. A lo largo de la instrucción, el juzgado determinó que el investigado podría haber cometido abusos también en otras ocasiones, como en una peregrinación a Santiago, en abril de ese año, o en junio, en el centro juvenil Abertal, al que acudió otro menor para ver un partido de fútbol.

En primavera de 2020 su defensa solicitó su salida de prisión (lo había hecho antes, pero siempre se le había denegado) y, tras un recurso estimado parcialmente, la Audiencia Provincial decretó su puesta en libertad provisional, bajo fianza de 12.000 euros.

Nueve comunidades autónomas del norte y del noroeste peninsular tendrán este sábado aviso de riesgo (amarillo) o riesgo importante (aviso naranja) por lluvia, viento o fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El fenómeno adverso más significativo este sábado será el viento, que afectará con riesgo importante, por vientos que podrán alcanzar los 90 a 110 kilómetros por hora en La Coruña, Pontevedra, Asturias, Cantabria, Palencia y León. Además, tendrán aviso amarillo por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en Lugo, Orense, Asturias, Navarra, Zamora, Salamanca, Segovia, Soria, Ávila, Burgos, Álava, Guipúzcoa, Lérida, Huesca y Zaragoza.

Además, tendrán riesgo importante por fenómenos costeros el litoral de La Coruña y Pontevedra, donde soplará viento del suroeste con fuerza 8 y que arreciará localmente a 9. También se espera mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 aumentando temporalmente de 6 a 7.

En cuanto a las lluvias, tendrán aviso naranja en La Coruña y Pontevedra, donde se pueden llegar a acumular hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Con menor intensidad y aviso amarillo las lluvias pondrán en riesgo a Lugo y Orense.

La predicción de la AEMET señala que Galicia tendrá este sábado el tiempo más adverso, aunque en general se esperan precipitaciones localmente fuertes o persistentes en las mitades oeste de Galicia y de Canarias. En el cuadrante noroeste peninsular, área Pirenaica y Canarias soplarán intervalos de viento fuerte.

La situación meteorológica estará marcada por la aproximación de un frente frío asociado a la borrasca Karim, que dejará cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos en Galicia, localmente fuertes o persistentes en su parte occidental.

Estas precipitaciones se podrán extender, de forma más débil dispersa y menos probable cuanto más hacia el este, a otras zonas del tercio occidental peninsular. En el resto de la Península, sin embargo se espera una jornada de cielos poco nubosos que aumentarán a intervalos de nubes medias y altas.

En Baleares y Cataluña los cielos estarán poco nubosos con algunos intervalos nubosos mientras en Canarias este sábado comenzará también poco nuboso, pero después irá aumentando la nubosidad de oeste a este y se irán produciendo precipitaciones, que podrían ser localmente fuertes en la mitad occidental del archipiélago, y más débiles y menos probables en la mitad oriental.

La cota de nieve irá bajando hasta situarse en 1.800 metros al final del día en el noroeste de la Península y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

Por último, la AEMET pronostica que los vientos soplarán del este y del sureste en el área mediterránea; de componente sur en el resto de la Península, con intervalos de fuerte en zonas del cuadrante noroeste peninsular y área Pirenaica. En Canarias, el viento llegará desde el oeste y con algunos intervalos de fuerte.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado la versión definitiva de la propuesta Ebro Resilience P1 a la convocatoria Life 2020 de la Unión Europea, lo que supone acceder a la segunda fase del proceso de selección de proyectos. Esta propuesta desarrollada a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se ha presentado conjuntamente con los Gobiernos de Navarra, La Rioja y Aragón y se integra en la Estrategia Ebro Resilience para la reducción del riesgo de inundación del eje del Ebro.

El pasado mes de noviembre la propuesta contó con el visto bueno de la Comisión Europea a su Concept Note o documento de síntesis y entre los meses de abril y mayo de 2021 se darán a conocer las propuestas que pasan a la tercera fase, denominada de negociación y ajustes.

La propuesta Life Ebro Resiliences P1, con una duración prevista del proyecto de 6 años y un presupuesto total de 13.300.000 euros, para el que se solicita a la UE una cofinanciación del 55%, tiene como principal objetivo incrementar la resiliencia frente a las inundaciones, desde un punto de vista social, ecológico y económico.

Para ello propone intervenciones en dos zonas del tramo medio del Ebro: la situada entre las localidades de Alfaro (La Rioja) y Castejón (Navarra), donde se realizará una actuación demostrativa mediante la aplicación de una combinación de medidas naturales de retención de agua; y el tramo Osera de Ebro-Fuentes de Ebro (Aragón), donde se propone una intervención piloto que permitirá compatibilizar las explotaciones agrícolas de la llanura aluvial con el fenómeno de la inundación.

Estas zonas sufren de forma habitual importantes daños económicos derivados de las inundaciones y existe una degradación del espacio fluvial que impide, entre otras cosas, su función de laminación de avenidas, según ha explicado la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La implantación de las medidas contempladas contribuirá a la prevención, protección, preparación y recuperación ante inundaciones, así como a la mejora de los ecosistemas fluviales en los que se llevarán a cabo las actuaciones.

La visión de futuro es conseguir un tramo medio del Ebro en el que las actividades económicas y los núcleos de población convivan con un río Ebro en buen estado, sin que las crecidas produzcan daños significativos.

La ejecución de este proyecto, en caso de resultar seleccionado, permitirá dar continuidad y reforzar los trabajos ya puestos en marcha por la CHE y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Estrategia Ebro Resilience.

El planteamiento Ebro Resilience para todos los tramos es la protección de las zonas urbanas para avenidas con periodo de retorno de 25 años y para zonas no urbanas, conseguir la reducción de afecciones para avenidas hasta un periodo de retorno de 10 años. La estrategia concreta el plan de medidas para el tramo medio del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación (PGRIEbro).

Las claves de Ebro Resilience son la coordinación (une al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Ebro y las Comunidades de Navarra, La Rioja y Aragón) y los nuevos enfoques para reducir el efecto negativo de los episodios de inundación, apostando por medidas combinadas que mejoren la capacidad de recuperación del territorio.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado de forma íntegra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén que condena a 17 años y medio de prisión a un hombre, de 32 años, por maltratar y abusar de los cinco hijos --de 10, 8, 6, 3 y 2 años--, de su pareja, de 38 años, a la que también condena a tres años de prisión por conocer lo que estaba pasando con sus hijos y "no hacer nada para impedir que esa situación perdurara en el tiempo".

El recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado se basaba en "las numerosas contradicciones" del testimonio de los menores, lo que impediría, a juicio de la defensa, darles crédito suficiente como para enervar la presunción de inocencia del acusado.

En este sentido, el alto tribunal andaluz señala que la sentencia impugnada "efectúa una valoración perfectamente razonable y absolutamente convincente de las declaraciones sustancialmente convincentes de los cuatro niños, frente a la versión exculpatoria del acusado, que niega cualquier acto de carácter sexual o demaltrato sobre los hijos de su pareja y atribuye las numerosas lesiones que todos ellos presentaban a causas fortuitas o a peleas entre ellos".

Añade que "resulta casi inconcebible que cuatro niños de cuatro a once años de edad se pongan de acuerdo para inculpar falsamente a la pareja de su madre de hechos de naturaleza tan atroz como los que relatan, si ello no fuera una experiencia realmente vivida".

El TSJA también rechaza el recurso de la madre y hace constar "la absoluta pasividad de la acusada para poner fin a la situación de maltrato, cuando, como madre, tenía la obligación legal de impedirla y podía hacerlo fácil y eficazmente, la hace también a ella responsable criminalmente de ese maltrato, a título de comisión por omisión".

La sentencia que dictó la Audiencia de Jaén en junio de 2020 apuntaba que los pequeños vivían en "una especie de casa de los horrores en la que reinaba el sufrimiento de unos niños inocentes bajo la permisividad de dos adultos indignos de ellos".

Como hechos probados y confirmados por el TSJA aparece que el acusado durante los meses que fue pareja de su madre en 2016 "sometía frecuentemente a los menores a violencia física y psíquica, consistiendo tales actos en golpearlos en diversas partes del cuerpo y en la cara, atizarles con un palo, causarles quemaduras con cigarrillos, golpearlos con una correa y someterlos a humillaciones y prácticas asfixiantes".

Añade que los más perjudicados fueron los dos más pequeños, especialmente la niña, de tres años, que fue sometida por el condenado a abusos sexuales continuados que presenciaban el resto de sus hermanos.

La Audiencia hace hincapié en que la madre de los niños "era conocedora del estado de sus hijos, cuyos moretones y demás lesiones estaban claramente a la vista, y había presenciado en alguna ocasión la crudeza con las que su pareja los trataba" pero "no hizoabsolutamente nada para impedir que esa situación perdurara en el tiempo" y "no adoptó medida alguna que pusiera fin a tales agresiones". Es más, señala que la acusada prosiguió con su actividad diaria "de manera indolente, como si nada anormal ocurriera".

A la hora de poner las penas, ahora confirmadas, se tuvo en cuenta en todos los casos la circunstancia agravante de parentesco al ser los menores hijos de la acusada con quien el acusado convivía. Ni él ni ella trabajaban y vivían de una indemnización de 200.000 euros por la muerte en accidente de su marido.

Durante la vista celebrada el 10 de junio de 2020, el acusado negó todos los hechos y atribuyó las numerosas lesiones que presentaban todos los menores, incluidas quemaduras de cigarrillos, a que eran fruto de las continuas peleas y las caídas fortuitas porque "siempre se estaban pelando entre ellos".

"Nunca en mi vida haría eso, yo me llevaba bien con los chiquillos", dijo M.V.J. Además de negar malos tratos a los menores, también rechazó haber abusado de forma continuada de una niña de tres años y haberlo intentando con otra hermana de seis años. "Es mentira que hiciera cosas de mayores con la niña, en la vida yo haría eso", dijo a preguntas del Ministerio Fiscal.

La madre, D.D.M., de 38 años, también negó que su pareja de entonces pegara o hiciera daño a los niños. "Le llamaban papá y hasta creo que a él le querían más que a mí", dijo la madre ante el tribunal.

"Se pegaban a lo burro, como hombres", señaló la madre para justificar las múltiples lesiones que presentaban los cinco menores. También justificó las lesiones de los pequeños por las "muchas caídas" que sufrían a diario al vivir en una casa en obras.

La madre reconoció ante el tribunal que nunca llevó a sus hijos al médico porque no lo vio necesario y que se limitaba a darles alguna crema de farmacia para eliminar los hematomas. Insistió en que sus hijos estaban bien cuidados y salían aseados porque "a mí no me da por llevarlos a la calle comidos de mierda para que a la gente le dé por hablar.

La voz de alarma de este caso la dieron las trabajadoras de un hipermercado al percatarse de los numerosos hematomas que presentaba la niña de tres años y que cada vez eran más numerosos. Finalmente, tras ver a la niña con la cara llena de golpes y los ojos inyectados en sangre, acabaron por trasladar el caso a las autoridades. La Junta de Andalucía también ha ejercido la acusación esta causa.

La sentencia, conformada íntegramente por el TSJA, inhabilita a la madre para el ejercicio de la patria potestad durante cinco años y le prohíbe acercarse y comunicarse con los pequeños durante ocho años. Al acusado, la prohibición de acercarse y comunicarse con los pequeños suma cerca de 29 años. Además, a la madre se le imponen cuatro años de libertad vigilada y otros seis años de libertad, una vez cumplan las penas de prisión.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, a él se le condena a indemnizar a los menores en cantidades que suman los 16.800 euros, mientras que la madre deberá indemnizarlos con 5.000 euros.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido que la Agenda Urbana Española es "un instrumento necesario para crear ciudad y dar valor al entorno urbano". Lo ha hecho durante los actos de firma de los protocolos de actuación para la elaboración de los Planes de Acción Locales de la Agenda Urbana Española de las ciudades de València y Torrent.

Según ha destacado, con estos protocolos se crea "un marco de colaboración y gobernanza entre estos ayuntamientos y el Ministerio, al tiempo que se da un paso más para traducir la Agenda Urbana en actuaciones concretas en beneficio de los ciudadanos". Tal y como ha apuntado, mejorar lo urbano y lo cotidiano mejorará la calidad de vida de las personas.

Por un lado, el protocolo que han firmado el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y el alcalde de València, Joan Ribó, reconoce los trabajos que la ciudad está llevando a cabo para la elaboración de su Estrategia Urbana València 2030.

Ábalos ha afirmado que la firma del Protocolo de la Agenda Urbana Española de València supone, en concreto, un impulso para que esta ciudad se sitúe como "proyecto piloto de la Agenda Urbana Española y como ejemplo y experiencia transferible que pueda orientar a otros municipios en la elaboración de sus respectivos planes".

Asimismo, ha hecho alusión a la Estrategia Urbana València 2030, en la que la ciudad está trabajando, y ha defendido que esta debe afrontar los grandes retos actuales y abordar los problemas reales de la ciudad.

Además, ha remarcado tres actuaciones "muy importantes" para la ciudad de València en materia de infraestructuras: la Fase 3 del canal de acceso, la estación central, y el túnel pasante y los avances ferroviarios y urbanos que han conllevado.

VIVIENDAS DEL PARQUE DE ARTILLERÍA

Posteriormente, ha anunciado que el próximo mes de marzo se adjudicarán las obras de urbanización de las 370 viviendas del Cuartel de Ingenieros y que antes de finalizar el año se prevé licitar las obras de urbanización de las 600 viviendas del Parque de Artillería.

Ambas actuaciones están incluidas en el Plan de Alquiler Asequible, presentado hace poco más de medio año en la ciudad de València, y que, según ha recordado, supondrá la movilización por parte del Gobierno de España de 50.000 viviendas para alquiler social.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha subrayado la necesidad de "repensar qué ciudad aspiramos a ser para el año 2030 y más allá".

"Se trata de una tarea que no podemos, ni debemos, hacer solos: la Agenda Urbana de València no es un proyecto de gobierno ni un proyecto del Ayuntamiento; es un proyecto de ciudad que debe ser impulsado conjuntamente por las diversas instituciones y las organizaciones y entidades económicas, sociales y académicas. La clave de su éxito residirá en nuestra capacidad de trabajar codo a codo para aportar valor a las políticas públicas y avanzar unidos hacia una ciudad no solo más sostenible, sino también más justa, más resiliente y más inclusiva", ha añadido.

El elemento distintivo del proyecto piloto que se desarrollará en València será la ciencia, la investigación y la innovación, ha explicado Ribó, para lo cual la Agenda Urbana se articulará en el marco del programa Missions València 2030.

"Las incertidumbres derivadas de la crisis de la pandemia no han hecho sino incrementar la necesidad de pensar al futuro de la ciudad desde una mirada abierta a la disrupción y al cambio que nos aporta la innovación. Es muy importante tener la capacidad de demostrar en el presente de qué manera puede ser nuestro futuro; y sobre esto versan precisamente los proyectos de innovación urbana para laplanificación estratégica", ha concluido el primer edil.

PROTOCOLO CON TORRENT

En cuanto al protocolo suscrito con el alcalde de Torrent, Jesús Ros Piles, se orienta a dar respuesta al interés de la ciudad por avanzar hacia una planificación estratégica y transversal que no deje a nadie atrás.

En su intervención en esa localidad, el ministro ha reconocido la importante experiencia del municipio en la planificación a nivel de programas concretos, con especial atención a su Plan de Actuación Municipal, en el que adquiere un papel muy relevante el Plan de acción 2020 de lucha contra el COVID-19, que está siendo un éxito en su implementación.

Ábalos ha agradecido al alcalde que haya dado el paso de impulsar este Protocolo para elaborar su propio Plan de acción de la Agenda Urbana, al tiempo que ha hecho hincapié en los proyectos transformadores del Ayuntamiento, en concreto, el Plan de Calidad y Modernización "Torrent Innova", el Plan Director sobre Smart City y su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), entre otros.

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este viernes, en una edición extraordinaria, la resolución de la Consejería de Sanidad por la que se flexibilizan las medidas para la prevención de la COVID-19 tras consolidarse el nivel de alerta 3 en la región.

Esa relajación de las restricciones incluye la apertura de centros comerciales los fines de semana, la ampliación de aforos en espacios culturales y el acceso de público a instalaciones deportivas al aire libre bajo determinadas condiciones.

De acuerdo con las nuevas medidas, en el ámbito laboral se permite la utilización las salas de descanso y estar; comedores y salas de reuniones, así como los vestuarios.

Además, se reanudará la apertura los sábados, domingos y festivos de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público y de centros y parques comerciales, cuya superficie exceda de 400 metros cuadrados.

En el ámbito cultural, los aforos se amplían hasta el 50% en bibliotecas, museos, monumentos y otros equipamientos culturales como cines teatros, auditorios o cualquier establecimiento o recinto destinado a actos y espectáculos culturales.

También se restablece el libre acceso a los fondos de obras de las bibliotecas. Asimismo, en los referidos centros se reduce el plazo de depósito de los documentos devueltos en los espacios habilitados a tal fin.

Por otro lado, se elimina la prohibición de desarrollar actividades culturales distintas de las visitas en los monumentos y otros equipamientos culturales.

En el ámbito deportivo, se recupera el uso de vestuarios, duchas o espacios habilitados para tal fin. Asimismo, los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en cualquier instalación de esta índole podrán volver a tener público en instalaciones al aire libre bajo determinadas condiciones.

Otra de las medidas prevé levantar la prohibición general de celebrar actos multitudinarios, aunque seguirá siendo preciso una evaluación del riesgo del evento y autorización previa de la Dirección General de Salud Pública, salvo que se trate de eventos de menos de 30 personas.

Finalmente, se recoge la ampliación de la concurrencia simultánea del máximo de aspirantes en las pruebas presenciales de procesos selectivos convocados por entidades del sector público.

La flexibilización de estas medidas se justifica en el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública, de acuerdo con la evaluación de riesgo en base a las 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19' del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 244 nuevos casos por infección de coronavirus y 14 fallecidos nuevos en las últimas 24 horas.

Por provincias, Toledo ha registrado 101 casos, Ciudad Real 57, Guadalajara 49, Albacete 22 y Cuenca 15. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 169.251.

Por provincias, Toledo registra 61.369 casos, Ciudad Real 42.270, Albacete 27.467, Guadalajara 20.314 y Cuenca 17.831, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 442. Hay que recordar que son las mismas cifras de hospitalizados que había entre el 27 y el 28 de diciembre, en plenas fiestas navideñas.

Por provincias, Toledo tiene 187 de estos pacientes (147 en el Hospital de Toledo y 40 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 93 (36 en el Hospital de Ciudad Real, 30 en el Hospital Mancha Centro, 13 en el Hospital de Valdepeñas, 9 en el Hospital de Tomelloso, 3 en el Hospital de Manzanares y 2 en el Hospital de Puertollano), Guadalajara 79 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 63 (38 en el Hospital de Albacete, 13 en el Hospital de Hellín, 7 en el Hospital de Villarrobledo y 5 en el Hospital de Almansa) y Cuenca 20 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 159. Por provincias Toledo tiene 64 de estos pacientes, Ciudad Real 49, Guadalajara 23, Albacete 16 y Cuenca 7.

En las últimas 24 horas se han registrado 14 fallecimientos por COVID-19, 7 en la provincia de Toledo, 3 en la provincia de Guadalajara, 2 en la provincia de Cuenca, 1 en Ciudad Real y 1 en Albacete.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.604. Por provincias, Toledo registra 2.022 fallecidos, Ciudad Real 1.637, Albacete 856, Guadalajara 567 y Cuenca 522.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de 34 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus. De los 34 centros, 15 están en la provincia de Toledo, 6 en Guadalajara, 6 en Albacete, 5 en Ciudad Real y 2 en Cuenca.

Los residentes con caso confirmado son 72 y los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.017.

La Junta de Andalucía distingue este año con motivo del Día de Andalucía a diez personas y entidades cordobesas, entre los que se encuentran la empresa Silbon o el triatleta Miguel Ángel Roldán, que han destacado por su esfuerzo en beneficio de la sociedad y representan de manera ejemplar los valores de la comunidad autónoma. La entrega de este galardón tendrá lugar en un acto institucional que se celebrará el miércoles 24 de febrero en el Palacio de Congresos a las 12,00 horas.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, el delegado en Córdoba, Antonio Repullo, ha destacado que, debido a la actual situación sanitaria, el acto institucional con motivo del 28 de febrero se ajusta a las actuales restricciones de aforo y contará con la presencia solo de los delegados territoriales de la Junta, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y los diez homenajeados de este año.

De este modo, el acto se podrá seguir en directo a través de Youtube, en el enlace 'https://www.youtube.com/channel/UCOreSorgh5-MeT8jjRXGaQQ'; por Facebook, a través de 'https://www.facebook.com/CordobaJunta'; y en Twitter, en la dirección 'https://twitter.com/JuntaCordoba'.

Repullo ha enfatizado que "en una situación como la que vivimos, nuestros premiados de este año son la mejor representación del potencial, el talento y el compromiso de nuestra tierra; una luz que ilumina y nos marca el camino para construir el mejor futuro entre todos y contribuir al desarrollo, el crecimiento y el bienestar de Andalucía".

Este año se cumple el 41º Aniversario de la Autonomía en Andalucía, "un momento histórico para Andalucía, una fecha en la que el pueblo andaluz decidió acceder a la autonomía para lograr mayores cotas de prosperidad y bienestar, dentro del proyecto común de la España constitucional, en armonía con los distintos territorios y bajo la bandera de la solidaridad, el respeto y la cooperación entre autonomías para construir un país mejor".

En este contexto, la Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras será para las enseñanzas de régimen especial. Música, arte dramático, danza y artes plásticas tienen en la provincia de Córdoba un lugar destacado dentro del patrimonio cultural, con el objetivo de seguir sumando e innovando dentro de la cultura. Córdoba cuenta con una amplia red de centros públicos en los que muchos jóvenes desarrollan su carrera. La aportación de Córdoba a la cultura, las ciencias sociales y las letras es reconocida a nivel universal.

En lo que respecta a las Artes, la galardonada será la iniciativa 'Héroes con bata'. De este modo, la Junta reconoce a los 50 artistas de distintas disciplinas, que de forma altruista, mediante sus obras, han contribuido a mantener la sociedad más unida frente a la pandemia, a través del agradecimiento que han expresado a la labor de los profesionales sanitarios en esta crisis sanitaria.

MIGUEL ÁNGEL ROLDÁN

Por otro lado, la Bandera de Andalucía del Deporte será para el triatleta Miguel Ángel Roldán, al que la Junta distingue y reconoce por valores al hacer frente a una enfermedad que actualmente no tienen cura, como es la ELA, impulsando un movimiento social con mensajes positivos y reclamando más apoyo a la investigación, lo que constituye un ejemplo de superación para la sociedad.

En la categoría de Solidaridad y la Concordia, la Unidad Autocovid de Córdoba será la reconocida por su labor sanitaria y social, puesta de manifiesto en el intenso y urgente trabajo llevado a cabo como unidad de recogida de muestras Covid, manteniendo siempre una comunicación fluida con los usuarios.

Entretanto, la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa será entregada a Silbon, firma a la que el Gobierno andaluz respalda por su contribución a la innovación en el sector de la moda, y su ejemplo para la sociedad por su ingenio y trabajo bien hecho, que ha permitido a esta marca acceder en tan solo una década al mercado internacional, con una inversión mínima.

En el ámbito de la Investigación, la Ciencia y la Salud se reconocerá el estudio acerca del Calcifediol. La Junta reconoce su labor, bajo la dirección del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic) y el Hospital Universitario Reina Sofía, como un referente de compromiso frente a la pandemia mundial, con el ensayo del Calcifediol con resultados positivos y esperanzadores para la sociedad.

PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA

Por su parte, la Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia será para el sector de la Automatización, un sector en crecimiento que genera dinamismo económico, y apuesta por la innovación y la generación de empleo de calidad, a la vez que trabaja para el desarrollo de iniciativas conjuntas aportando valor a la industria en la transformación digital, automatización y robótica.

Igualmente, la Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental recaerá en los agentes de Medio Ambiente, dado que la Junta valora la labor de años de compromiso con la protección del medio natural, con tareas de información, control y esclarecimiento de delitos ambientales, así como información a la ciudadanía, por parte de este colectivo con gran reconocimiento y prestigio en la sociedad por el trabajo que desempeñan.

Asimismo, el Proyecto Calvas&Bellas recibirá la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos. La Junta reconoce un proyecto que visibiliza y da voz a mujeres con calvicie como consecuencia del tratamiento oncológico seguido para superar su enfermedad, con el objetivo de normalizar su imagen en la sociedad e informar y ayudar a otras que estén pasando o vayan a pasar por esta situación.

Por último, la Bandera de Andalucía en reconocimiento a la defensa y fomento del interés general de la provincia será concedida a la agrupación local de voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, la más antigua de la provincia y que desempeña una labor desinteresada para proteger a la población. Las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil son organizaciones que tienen como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencia.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 59 casos positivos de Covid-19 confirmados, lo que supone un incremento respecto a los 47 notificados el jueves.

Asimismo, en los hospitales extremeños hay ingresadas 186 personas, que son 16 menos que la jornada anterior, 40 de las cuáles se encuentran en las una menos. Se han dado 459 altas, lo que equivale a un acumulado de 65.248.

La comunidad suma tres fallecidos por el coronavirus, con lo que la cifra total desde el inicio de la pandemia se eleva a 1.673. Se trata de un varón de 58 años de Mérida, otro de 75 años de Valverde del Fresno y una mujer de 86 de Jaraíz de la Vera.

No se declaran brotes nuevos y se cierran cuatro, en Casas de Don Pedro, Navalmoral de la Mata, La Albuera y Montijo.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz notifica siete casos confirmados. Tiene 59 pacientes hospitalizados, 16 de ellos en UCI. Registra 299 fallecidos y ha dado 19.284 altas; mientras que la de Cáceres registra 20 casos positivos. Tiene 33 pacientes ingresados, de los que 7 están en UCI. Acumula 451 fallecidos y ha dado 11.365 altas.

Por su parte, el área de Mérida registra 17 casos confirmados. Tiene 32 personas hospitalizadas, de las que 7 están en UCI. Acumula 226 fallecidos y ha dado 12.008 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica tres casos positivos. Hay 26 pacientes hospitalizados, de los que seis están en UCI. Acumula 215 víctimas mortales y ha dado 8.496 altas.

A su vez, el área de Plasencia registra seis positivos. Tiene 25 pacientes hospitalizados, de los que cuatro están en UCI. Ha registrado un total de 180 fallecidos y ha dado 4.027 altas; y la de Navalmoral de la Mata tiene tres casos confirmados. Tiene dos pacientes ingresados y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.237 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra dos casos positivos. Tiene siete pacientes ingresados. Ha registrado un total de 116 fallecidos y ha dado 4.707 altas; y Coria registra un caso positivo. Tiene dos pacientes hospitalizados. Un total de 78 personas han fallecido y se han dado 2.124 altas.

La Comunidad Valenciana ha notificado 63 fallecidos por coronavirus y 1.768 nuevos contagios desde la actualización de ayer, lo que supone las mejores cifras de un viernes desde que estalló la tercera ola, mientras que los hospitales tienen 115 ingresados y 15 camas de UCI ocupadas menos que ayer, según la actualización de la Conselleria de Sanidad.

Así, la Comunitat rompe la tendencia de rozar el centenar de muertos que llevaba registrando cuatro viernes consecutivos --91 fallecidos el día 12 de febrero, 99 el día 5, 98 el 29 de enero y 90 el día 22-- y hay que remontarse al 15 de enero para tener una mejor cifra, 22 decesos, aunque el 8 de enero se registraron 70 defunciones.

Con estos 63 fallecimientos por el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 6.337 personas: 728 en la provincia de Castellón, 2.381 en la de Alicante y 3.228 en la de València.

Del mismo modo, también se anota el menor número de contagios un viernes desde el pasado año, que si se despidió con 2.832 positivos el 31 de diciembre, a partir del 15 de enero subieron a 7.497, y los viernes siguientes 8.630, 7.929, 6.130 mientras que la semana pasada ya bajaron a 2.205 positivos.

Con estos nuevos 1.768 casos la cifra total de positivos en 373.235 personas. Por provincias, 236 están en Castellón (38.163 en total), 607 en Alicante (140.302 en total) y 925 en la provincia de València (194.767 en total). Además, el total de casos sin asignar en toda la Comunitat Valènciana se mantiene en tres.

Por su parte, loa hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.733 personas ingresadas, frente a las 1.848 de ayer, y 404 en UCI, frente a las 419. De ellos, 175 en la provincia de Castellón, con 33 pacientes en UCI; 740 en la provincia de Alicante, 162 de ellos en la UCI; y 818 en la provincia de València, 209 de ellos en UCI.

Además, desde la última actualización se han registrado 4.428 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 360.039 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia.

Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 36.818 en Castellón, 134.992 en Alicante y 188.173 en València, además de 56 no asignadas. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 18.341 casos activos, lo que supone un 4,77% del total de positivos.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 2.992.482, de las que 2.805.270 han sido a través de PCR y 187.212 mediante test rápido.

Asimismo, la Comunitat Valènciana ha administrado un total de 256.111 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 33.105 en Castellón, 92.535 en Alicante y 130.471 en València y ya han recibido las dos dosis de la vacuna 98.130 personas.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

Desde la última actualización, hay algún caso positivo en 132 residencias de mayores (14 en la provincia de Castellón, 41 en la provincia de Alicante y 77 en la provincia de València), 28 centros de diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 8 en la provincia de Alicante y 18 en la provincia de València) y 7 centros de menores (2 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de València).

Asimismo, hay 76 residentes nuevos positivos, 29 trabajadores y trabajadoras nuevos positivos y 29 residentes han fallecido. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 60 residencias en la Comunitat Valenciana: 8 en la provincia de Castellón, 20 en la provincia de Alicante y 32 en la provincia de València.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha liberado este viernes en Torre de Juan Abad otro ejemplar de lince ibérico, de nombre 'Robledal', con el que continua el refuerzo poblacional de la especie en Sierra Morena Oriental dentro del nuevo programa europeo 'Lynx Connect'.

El pasado viernes se procedió a la suelta de los cuatro primeros linces ibéricos liberados al medio natural en 2021 dentro de este programa, dos de ellos en Polán (Toledo) y otros dos en este mismo lugar.

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha asistido a la suelta en la Finca Escamilla, situada en los términos municipales de Torre de Juan Abad y Torrenueva (Ciudad Real), junto al delegado de Desarrollo Sostenible en esta provincia, Fausto Marín, la alcaldesa de Torre de Juan Abad, María del Señor Fresneda, y el alcalde de Torrenueva, Julián León, se ha congratulado de esta nueva liberación, "porque algo que era excepcional hace unos años, se está empezando a convertir en algo habitual".

En ese sentido, ha señalado que han transcurrido seis años desde que fueron liberados los primeros linces en el marco del proyecto 'Life Iberlince', en zonas donde se pudiera consolidar, criar y reproducirse, y en esta segunda fase con el programa 'Lynx Connect' se trabaja para consolidar las poblaciones que ya existen, favorecer que se relacionen entre sí, intentar reducir las amenazas que tiene la propia especie y mejorar la diversidad genética de las poblaciones silvestres de lince ibérico.

Además, según ha informado la Junta en un comunicado, ha añadido que el trabajo realizado desde el Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha permitido establecer tres áreas de presencia estable con poblaciones consolidadas que son Montes de Toledo y Sierra Morena, tanto en su parte oriental como occidental.

"Hoy en Castilla-La Mancha tenemos 326 ejemplares, 146 de ellos son cachorros que nacieron el año pasado. Creo que este es un ejemplo magnífico de trabajo conjunto de entidades ecologistas, organizaciones que defienden el mundo cinegético como APROCA, gobiernos regionales, y otros grupos de interés con un objetivo común para recuperar una especie en peligro de extinción. Y aunque vamos a seguir haciendo enormes esfuerzos, creo que somos capaces o que hemos podido demostrar que aquello que nos marcamos como objetivo lo podemos conseguir trabajándolo desde la unidad", ha afirmado al respecto la consejera.

La portavoz ha explicado que estas sueltas forman parte de la política del Gobierno de Emiliano García-Page para la conservación y reintroducción del lince ibérico en el medio natural. "Sinceramente, poder venir aquí, a pleno Campo de Montiel, a Sierra Morena y disfrutar de la suelta de este lince y contribuir a esa consolidación de la población y a esa mejora genética de la población existente en la zona, para el Gobierno de Castilla-La Mancha es una magnífica noticia aunque ya se vaya convirtiendo en algo ordinario, y es bueno que lo sea, que ya no sea tan excepcional como hace seis años cuando empezó este proyecto", ha recalcado.

Durante la temporada de sueltas de 2021 se liberarán en la región diez ejemplares, seis en la provincia de Toledo y cuatro más en Ciudad Real. El animal liberado este viernes es el tercero de estos cuatro que se soltarán en esta última provincia. Se trata de un ejemplar procedente del Centro de Cría en Cautividad de 'El Acebuche', es un macho de nombre 'Robledal' y tiene una edad aproximada de un año.

De los diez ejemplares liberados el año pasado, un total de seis se han asentado en las áreas de reintroducción, tres en Toledo y tres en Ciudad Real.

La Fundación Botín ha abierto el plazo para que nuevos centros educativos de Madrid y Cantabria participen en 2021 en el programa 'Educación responsable'. A esta iniciativa formativa, que ya está presente en cerca de 500 centros de España, Uruguay, Chile y México, podrán sumarse 15 colegios madrileños y 10 cántabros.

El programa, con un periodo de implantación de tres años y subvencionado al 100%, favorece el desarrollo emocional, social y de la creatividad del alumnado a través de diversos recursos educativos aplicados en diferentes áreas curriculares, ha informado la Fundación en nota de prensa.

Los centros educativos interesados podrán formalizar su inscripción hasta el 25 de mayo a través de la web de la Fundación Botín. La propuesta está abierta tanto a centros públicos como privados y concertados.

Educación Responsable es una iniciativa "pionera" que favorece el crecimiento saludable de niños y jóvenes, potenciando su talento y creatividad para ayudarles a ser autónomos, competentes, solidarios y felices.

Para ello, desde las áreas curriculares se aplican una serie de recursos (literatura, música, artes plásticas y visuales) y se refuerza tanto la comunicación como la convivencia en los centros escolares gracias al trabajo conjunto de docentes, alumnado y familias.

El programa ha probado tener un impacto beneficioso en los participantes, que muestran un mayor autoconocimiento emocional, mejor manejo del estrés y menor retraimiento, un aumento de la capacidad creativa, reducción de comportamientos agresivos y mejora en las habilidades relacionadas con la orientación prosocial; además, se constata la fuerte influencia que ejerce el profesorado en el desarrollo de dichas competencias en el alumnado.

En el programa participan ya casi medio millar de centros de Cantabria, Madrid, La Rioja, Navarra, Galicia, Murcia, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana (con la colaboración de las respectivas Consejerías de Educación), además de Uruguay, Chile y México en América Latina.

Formar parte de esta Red de Centros Educación Responsable da acceso a los recursos educativos y la formación necesaria para llevarlos a cabo en el aula, permite la participación en el plan de evaluación del programa y pone a disposición de los centros contenidos innovadores y propuestas de aprendizaje colaborativo. Además, los centros recibirán acompañamiento durante todo el proceso por parte del equipo de la Fundación Botín.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Según la Fundación, la colaboración del profesorado es indispensable para que el programa se integre en la comunidad educativa, por lo que resulta un requisito fundamental asumirlo como una de las líneas prioritarias del proyecto educativo del centro.

Para ello, en cada colegio participante se creará un equipo de Educación Responsable (ER) formado por un coordinador y un responsable para cada uno de los recursos que conforman el programa. Además, el claustro al completo recibirá cursos específicos para incrementar sus competencias en los ámbitos social, afectivo y de la creatividad.

La participación comenzará con unas jornadas de formación dirigidas al equipo ER del centro. A continuación, la implantación del programa se estructura a lo largo de tres cursos escolares en los que se incluyen formaciones, creación de grupos de trabajo y extensión del programa a todos los niveles dentro del centro.

El envío de solicitudes debe ser tramitado por el director o directora del centro educativo en la página web de la Fundación Botín hasta el próximo 25 de mayo. El 1 de junio la Fundación Botín publicará el nombre de los centros que han sido seleccionados.

Los colegios interesados pueden participar en las reuniones informativas online previstas para los días 24 de marzo y 28 de abril.

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso de un hombre que había sido acusado de maltratar a su compañera sentimental, hasta fracturarle el tabique nasal, así como de agredirla sexualmente en el domicilio que compartían en la ciudad.

El citado varón había sido acusado por el Ministerio Fiscal de un delito de lesiones, un delito continuado de amenazas graves, un delito leve continuado de vejaciones y un delito de agresión sexual con penetración, con la concurrencia de la agravante de parentesco respecto del tercer y último de los delitos, y por los que se exponía a un total de 14 años de prisión, junto con 15 de prohibición de comunicar y aproximarse a la víctima, diez de libertad vigilada, la realización de un cursillo de educación sexual y el pago a la supuesta víctima de 6.250 euros en concepto de lesiones y daños morales.

Sin embargo, el tribunal ha resuelto finalmente absolver al encausado, en consonancia con la petición de su defensa, al encontrarse "ante versiones totalmente contradictorias, sin que la declaración de la denunciante se haya visto corroborada por datos o elementos periféricos que avalen sus manifestaciones", concluye en su sentencia, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2018 cuando una mujer compareció ante la Comisaría de Policía de Salamanca formulando denuncia en la que hacía constar que mantenía una relación sentimental desde el mes de enero de dicho año con el acusado y que, si bien en un principio la relación era normal, la misma se había ido deteriorando mostrándose el procesado agresivo y ofensivo con ella, a la vez que había proferido contra su persona frases vejatorias o injuriosas.

Incidió en que durante la última parte de su relación había sido objeto de continuas vejaciones, insultos, amenazas y violencia física y sexual, aunque nunca lo había denunciado hasta ese momento.

En concreto, explicó que a principios del mes de agosto de ese año su pareja la agredió fracturándole la nariz, si bien ella no lo denunció por miedo. Relató también que con posterioridad, el día 8 de septiembre, tras proferir amenazas contra ella, el ahora absuelto la forzó a mantener relaciones sexuales en el sofá del domicilio familiar, en Valladolid.

Una vez concluida la agresión, la víctima se encerró en su habitación y dio cuenta de lo ocurrido a una amiga suya, la cual puso a su disposición un vehículo público (UBER) para su traslado a Salamanca, donde fue examinada en el Hospital Clínico Universitario.

La defensa del acusado estimó que los hechos perseguidos no eran constitutivos de infracción penal alguna por parte de su defendido, solicitando, en consecuencia, la libre absolución del mismo, con todos los pronunciamientos favorables y declaración de oficio de las costas del procedimiento, como así ha ocurrido finalmente.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha anunciado que prepara acciones de cara al 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, para protestar contra el nuevo complemento de maternidad a las pensiones pues consideran que "perjudica" a las madres con más hijos. Las acciones se realizarán seguramente a través de las redes sociales debido a la pandemia.

"No nos vamos a quedar callados, ya nos hemos puesto en contacto con todos los grupos políticos, y de cara a la campaña del 8 de marzo vamos a dar guerra, pues esto es algo que afecta a la mujer trabajadora y estos recortes no tienen ninguna justificación viniendo de un Gobierno superfeminista", ha declarado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

Según afirma la Federación en su petición lanzada en la plataforma Change.org, que ya ha recogido más de 8.200 firmas, el nuevo complemento "perjudica directamente a miles de madres con 2 hijos y con pensiones medias (a partir de 1.100 euros al mes), pero castiga en especial a las madres de familia numerosa, que son las que sufrirán un recorte mayor".

Así, explican que una madre con tres hijos y una pensión de 1.100 euros recibirá "400 euros al año" menos que con la normativa anterior, y si tiene cuatro hijos "casi 800 euros menos".

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, ha asegurado en declaraciones que el nuevo complemento por maternidad que van a recibir las mujeres que se jubilen a partir de ahora no supone "ningún recorte" porque las 800.000 madres que ya percibían el complemento antiguo van a seguir recibiéndolo en la misma cuantía que hasta ahora.

"No supone ninguna modificación para ellas, ya que no es una medida con efectos retroactivos. De esta forma, seguirán recibiéndolo tal y como lo han hecho hasta ahora por lo que no supone ningún recorte para nadie", ha precisado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Familias Numerosas ha puntualizado que "se recorta en futuro, efectivamente" pero ha señalado que "no deja de ser discriminatorio". Para Trigo, "las únicas madres que salen beneficiadas son las que tienen solo un hijo", que antes de esta reforma no recibían ningún complemento.

"Hay un recorte en la medida en que se aumentan las prestaciones en número y no el presupuesto", ha subrayado, añadiendo que se da la "paradoja" de que una madre con 1.200 euros de pensión y 3 hijos que se jubile ahora recibirá un complemento de 81 euros mensuales (27 euros por cada menor), mientras que si se hubiese jubilado antes del 4 de febrero, el complemento sería del 10% de su pensión, es decir, 120 euros al mes.

"Sin embargo, a una madre con un hijo con una pensión máxima de 2.600 euros le suben la pensión", ha precisado Trigo, concretando que para ellos, lo ideal sería que fuese "voluntario", es decir, que cada madre "se acoja al que más le beneficie" (el sistema de porcentajes o la cuantía fija).

"NO SOMOS RICAS"

Trigo cita datos de uno de los últimos estudios de la FEFN para afirmar que las familias numerosas, es decir, las que tienen tres o más hijos, "no son ricas" pues "un 75% de ellas viven con menos de 2.500 euros al mes, que no es una cantidad excesiva".

"Hay un rumor de que las familias numerosas son ricas y esto no es cierto, lo viene a demostrar este estudio, muchas no llegan a final de mes y tienen que pedir créditos", ha añadido.

La FEFN también critica que el nuevo complemento "solo cuenta hasta el cuarto hijo", al igual que el anterior. "Este era un buen momento para meter a todos los hijos. Con el problema demográfico que hay, necesitamos que se tengan más hijos", ha apuntado.

Igualmente, afirma que el nuevo complemento es "discriminatorio para los padres" pues, aunque estos antes estaban excluidos y ahora pueden recibirlo, la FEFN dice que al hombre se le exige probar "los días que dejó de trabajar por tener a sus hijos", algo que ve "difícil de justificar".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha aprobado este viernes el traslado de otros cuatro presos de ETA, entre ellos los condenados por matar al exmnistro socialista Ernest Lluch y el exjefe de la Policía Local de Andoáin Joseba Pagazaurtundua. También figura otro condenado por terrorismo, en este caso por los secuestros del industrial José María Aldaya y del abogado Cosme Delclaux.

Entre los trasladados de prisión se encuentra Fernando García Jodrá, condenado en 2002 a 33 años de prisión como autor del asesinato de Ernest Lluch Martín, entre otros atentados. Tras ser progresado al segundo grado, dejará el centro penitenciario de Huelva por el de León.

Ingresó en prisión el 28 de agosto de 2001 y cumple condena por los delitos de atentados, homicidios, falsificación de documentos, estragos y daños. Según ha informado Instituciones Penitenciarias, no tiene realizada la acumulación jurídica de sus condenas.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha recordado que además de Lluch, a Fernando García Jodrá la Audiencia Nacional lo condenó por el atentado de José Luis Ruiz Casado y el de Francisco Cano Consuegra. En 2002, la condena fue como responsable del atentado que asesinó a Juan Miguel Gervilla Valladolid.

PROGRESADOS AL SEGUNDO GRADO

La decisión afecta también a Gurutz Aguirresarobe Pagola, que dejará la prisión de Sevilla II por la de Logroño. En 2011, la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión como autor del atentado que acabó con la vida de Joseba Pagazaurtundua Ruiz en 2003.

De esta etarra Prisiones informa igualmente de la progresión al segundo grado. Ingresó en prisión el 7 de agosto de 2010 y cumple condena de 30 años por el delito de asesinato. Cumplirá las tres cuartas partes en enero de 2033. "Ha presentado escrito de desvinculación de la banda armada en el que reconoce el sufrimiento de las víctimas y el daño causado por su actitud", señala la institución dependiente de Interior.

Francisco José Ramada Estevez, por su parte, dejará Pamplona por la prisión de Martutene (San Sebastián). La Audiencia Nacional le condenó en 2004 a 17 años de prisión por el secuestro del industrial José María Aldaya. En 2002 también fue condenado a la pena de 14 años de prisión como autor de un delito de secuestro terrorista por haber participado en el secuestro del abogado Cosme Delclaux.

Cumplió las tres cuartas partes de la pena en septiembre de 2020 y, según Prisiones, "ha presentado escrito en el que se desvincula de la banda armada, rechaza la violencia y reconoce el daño causado".

Mikel Mirena Otegi Unanue es el quinto etarra trasladado por Interior, en su caso desde el centro penitenciario Madrid III-Valdemoro al de Pamplona. En 2012, la Audiencia Nacional le condenó a 34 años de prisión por el asesinato en 1995 de José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce Etxeberri. En 2013 el Tribunal Supremo confirmó la condena.

Cumplirá las tres cuartas partes de la pena en marzo de 2027 y, al igual que otros etarras, de él dice Instituciones Penitenciarias que "ha presentado un escrito en el que reconoce y lamenta el dolor causado".

CRÍTICA DE LA AVT

La AVT ha vuelto a criticar la política penitenciaria de Grande-Marlaska. Con los de hoy, ha dicho, el total de traslados realizados bajo el mandato de Pedro Sánchez ascienden a 172, correspondientes a 147 etarras.

"Somos testigos cada viernes, con incredulidad e indignación, de cómo los verdugos que un día intentaron destrozar los pilares de la democracia de nuestro país son recompensados con la derogación de la política de dispersión por parte de este Gobierno", han denunciado.

"Mientras se prepara la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco, la realidad es que a este ritmo, en pocos meses, todo apunta a que la mayoría de los terroristas estarán en cárceles de esta región", han avisado.

También han censurado que Etxerat, la plataforma de familiares y allegados de presos de ETA, haya presumido de que "se han vaciado de presos vascos" cárceles como las de Algeciras, Badajoz, Cáceres, Ocaña y Herrera de la Mancha. "No se confundan, no son presos vascos, son terroristas, son asesinos", han puntualizado.

"Ya no tenemos palabras para definir el dolor, la humillación y el desprecio que causan estos acercamientos en las víctimas del terrorismo. Una semana más, nuestro Departamento Psicosocial ha tenido que comunicar a las víctimas de estos etarras, con el dolor y sufrimiento que esto les conlleva, que el asesino de un ser querido va a ser acercado a su lugar de origen", denuncia la AVT.

El juicio a los hermanos Ruiz-Mateos por la compra del Hotel Beverly se ha visto aplazado por tercera vez, en esta ocasión debido a la cuarentena de uno de los hermanos por prescripción médica, según han informado fuentes cercanas al caso.

El juicio a Pablo, Zoilo, José María, Javier, Alfonso y Álvaro Ruiz-Mateos por un presunto delito fiscal debía celebrarse a partir del próximo lunes en Palma.

Originalmente, este juicio se había fijado para finales de marzo de 2020, pero tuvo que ser suspendido por el estado de alarma por el COVID-19; entonces se pasó a noviembre, pero al llegar la fecha la Fiscalía pidió la suspensión para que los hermanos comparecieran presencialmente, en lugar de por videoconferencia, como se había acordado a principios de año.

La defensa de los Ruiz-Mateos se opuso a la suspensión y protestó por el importante retraso que ya se acumulaba entonces.

Cuando se fijó la primera fecha de juicio, en una vista en Palma en enero, los acusados estaban en prisión y comparecieron por videoconferencia. Ahora se encuentran en régimen de semilibertad, con control telemático, después de que les concediera el tercer grado.

COMPRA DEL HOTEL BEVERLY

Los Ruiz-Mateos se enfrentan a un presunto delito fiscal en la compra del Hotel Beverly Playa Paguera de Mallorca en 2008. La Fiscalía, que cifra el supuesto fraude en 1,9 millones de euros, pide cuatro años de prisión para cada uno y una multa de 9,5 millones.

El fiscal acusa a los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos de defraudar al Govern en el pago de un impuesto autonómico en la transmisión del hotel, que ahora reclama la Agencia Tributaria de Baleares a través de la Abogacía de la Comunidad.

Por su parte, la defensa considera que no hay delito porque entiende que la operación estaba exenta de ese tributo y que no se produjo una ocultación a la Hacienda pública. En particular, argumenta que no se trató de la compra de un inmueble sino del 100% de una sociedad que poseía dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria.

La defensa también señala que en la escritura el notario emitió juicio de legalidad y que además el plazo para realizar la liquidación ya se habría extinguido -la operación tuvo lugar en diciembre de 2008-. Finalmente, sostiene que los seis hermanos no eran los responsables de estas decisiones.

"ESTAMOS ARRUINADOS"

En septiembre de 2019, durante el juicio por estafa en la compra del hotel Eurocalas de Mallorca, uno de los hermanos aseguró que tras la quiebra de Rumasa lo perdieron todo. "No tenemos nada, nuestras casas están hipotecadas, ejecutadas y embargadas; y no tenemos absolutamente patrimonio de ningún tipo, a pesar de las calumnias, estamos arruinados", declaró José María Ruiz-Mateos.

Según indican fuentes próximas al caso, precisamente, la carencia de recursos es uno de los motivos que han dificultado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ante la elevada multa que solicita la acusación.

En el caso del hotel Eurocalas, la Audiencia Provincial condenó a los seis hermanos a penas de entre dos años de cárcel y un año y nueve meses, y a pagar, cada uno de ellos, 9.000 euros de multa. También les impuso una indemnización de 12,7 millones de euros por un delito de estafa agravada.

Por otro lado, el Tribunal Supremo modificó en octubre de 2018 la sentencia a los Ruiz-Mateos por una estafa en la compra de los hoteles Beverly, rebajando parcialmente la pena de prisión al anular la condena por el delito de alzamiento de bienes y suprimir una agravante.

Los investigadores han comprobado, en un estudio a nivel mundial realizado en 48 ciudades, que la naturaleza desinfecta 41,7 millones de toneladas de desechos humanos al año, con lo que proporciona al menos el 18% de los servicios de saneamiento, según publican en la revista 'One Earth'.

La primera evaluación a escala global del papel que juegan los ecosistemas en la provisión de saneamiento, realizada investigadores del Reino Unido e India, estima que más de 2 millones de metros cúbicos de desechos humanos de las ciudades se procesan cada año sin infraestructura de ingeniería.

Esto incluye los desechos de las letrinas de pozo que se filtran gradualmente a través del suelo, un proceso natural que lo limpia antes de que llegue al agua subterránea.

La naturaleza puede asumir, y lo hace, el papel de la infraestructura de saneamiento", explica Alison Parker, profesora principal de Agua y Saneamiento Internacional en la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido, y una de las autoras del estudio.

"Si bien no estamos marginando el papel vital de la infraestructura de ingeniería --prosigue--, creemos que una mejor comprensión de cómo interactúan la infraestructura de ingeniería y la natural puede permitir el diseño y la gestión adaptables, la reducción de costos y la mejora de la eficacia y la sostenibilidad, y salvaguardar la existencia continua de estas áreas de tierra".

La infraestructura de tratamiento de aguas residuales que convierte las heces humanas en productos inofensivos es una herramienta importante para la salud humana mundial.

Sin embargo, más del 25% de la población mundial no tenía acceso a instalaciones de saneamiento básico en 2017 y otro 14% usaba inodoros en los que los desechos se eliminaban en el sitio.

Si bien algunos de estos desechos pueden ser peligrosos para las poblaciones locales, investigaciones anteriores han sugerido que los humedales naturales y los manglares, por ejemplo, brindan servicios de tratamiento efectivos.

El humedal Navikubo, en Uganda, procesa las aguas residuales no tratadas de más de 100.000 hogares, protegiendo la bahía Murchison y el lago Victoria de contaminantes dañinos, mientras que en los humedales costeros de los Estados Unidos en el Golfo de México eliminan el nitrógeno del río Mississippi.

"Nos dimos cuenta de que la naturaleza debe proporcionar servicios de saneamiento porque muchas personas en el mundo no tienen acceso a infraestructura de ingeniería como alcantarillado --agrega Simon Willcock, profesor titular de geografía ambiental en la Universidad de Bangor, Reino Unido, y otro autor de la estudio--. Pero el papel de la naturaleza fue mayormente desconocido".

Para comprender mejor cómo los ecosistemas naturales procesan los desechos, el equipo de la Universidad de Bangor, la Universidad de Cranfield, la Universidad de Durham, la Universidad de Gloucestershire, la Universidad de Hyderabad (India) y la Fresh Water Action Network, Asia meridional cuantificó los servicios de los ecosistemas de saneamiento en 48 ciudades que contienen alrededor de 82 millones de personas que utilizan diagramas de flujo de excretas, que aprovechan una combinación de entrevistas en persona, observaciones formales e informales y mediciones de campo directas para documentar cómo fluye la materia fecal humana a través de una ciudad o pueblo.

Los investigadores evaluaron todos los diagramas que estaban disponibles el 17 de diciembre de 2018, centrándose en los codificados como "lodos fecales contenidos no vaciados" (FSCNE), en los que los residuos están contenidos en una letrina de pozo o fosa séptica bajo tierra, pero no suponen un riesgo para las aguas subterráneas, por ejemplo, porque el nivel freático es demasiado profundo.

De manera conservadora, Willcock y sus colegas estiman que la naturaleza procesa 2,2 millones de metros cúbicos de desechos humanos al año en estas 48 ciudades.

Dado que más de 892 millones de personas en todo el mundo utilizan instalaciones sanitarias de eliminación en el lugar similares, estiman además que la naturaleza desinfecta alrededor de 41,7 millones de toneladas de desechos humanos por año antes de que el líquido ingrese al agua subterránea, un servicio con un valor de alrededor de 4.400 millones de dólares por año (3.640 millones de euros).

Sin embargo, los autores señalan que estas estimaciones probablemente subestiman el verdadero valor de los servicios ecosistémicos de saneamiento, ya que los procesos naturales pueden contribuir a otras formas de procesamiento de aguas residuales, aunque son más difíciles de cuantificar.

Willcock y sus colegas esperan que sus hallazgos arrojen luz sobre una contribución importante, pero a menudo no reconocida, que la naturaleza hace a la vida cotidiana de muchas personas, inspirando la protección de ecosistemas como los humedales que protegen a las comunidades río abajo de los contaminantes de las aguas residuales.

"Nos gustaría promover una mejor colaboración entre los ecologistas, los profesionales del saneamiento y los planificadores de la ciudad para ayudar a que la naturaleza y la infraestructura funcionen mejor en armonía, y para proteger la naturaleza donde proporciona servicios de saneamiento", explica Parker.

La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional (AECID) se ha sumado a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en América Latina en apoyo a los refugiados y migrantes de Venezuela, para lo que ha realizado esta semana una aportación de 5 millones de euros.

Esta financiación, explica la OIM, no sólo favorecerá a las poblaciones más vulnerables de Venezuela, sino que también ayudará a las principales comunidades de acogida en Colombia, Ecuador y Perú.

El organismo ha explicado que más de 4,6 millones de venezolanos -el 80 por ciento de los aproximadamente 5,4 millones de refugiados y migrantes que viven fuera de su país- residen en 17 estados de América Latina o el Caribe.

Desde la AECID, por su parte, han explicado que "mitigar los efectos sobre los migrantes y refugiados de Venezuela y sus comunidades de acogida y satisfacer las necesidades de los más vulnerables es una prioridad para la Cooperación Española", son algunas de sus prioridades, particularmente "en medio de la crisis del Covid-19".

ESFUERZOS QUE SE INTENSIFICAN EN 2020

"La Cooperación Española, a través de AECID, está trabajando para mejorar las condiciones de los venezolanos, así como de las comunidades de acogida, desde 2017", ha explicado Magdy Martínez Soliman, directora de AECID.

También ha explicado que "estos esfuerzos se intensificaron en 2020" a través del compromiso de destinar 50 millones de euros a la situación venezolana durante tres años. Esto, ha indicado, "es posible gracias a varias alianzas, entre las que destaca como estratégicamente importante esta colaboración con la OIM".

Martínez Soliman ha explicado que esta contribución "tiene como objetivo fortalecer y fomentar la integración socioeconómica, los sistemas de educación y salud en las comunidades que enfrentan los efectos adversos" de la pandemia. Además, "la financiación también apoyará los esfuerzos de coordinación regional y las organizaciones de la sociedad civil".

"La emergencia sanitaria mundial ha intensificado los severos desafíos que enfrentan los refugiados y migrantes de Venezuela en la región", ha apuntado Diego Beltrand, enviado especial del Director General de la OIM para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela.

LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

Desde la OIM aseguran sentirse "honrados de combinar" sus esfuerzos con la Cooperación Española. Según indican el Covid-19 ha aumentado las vulnerabilidades de los refugiados y migrantes y esto ha hecho que muchos pierdan sus medios de vida y su capacidad para cubrir necesidades básicas como refugio, alimentos o atención médica.

"Muchos refugiados y migrantes de Venezuela, especialmente aquellos en situación irregular, han quedado fuera de los programas de salud y bienestar social", ha apuntado Beltrand.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha incidido este viernes en reclamar una actuación de la Policía "proporcionada" ante protestas como las celebradas en esta ciudad por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, unas movilizaciones que ha considerado "fundamentalmente pacíficas".

Ribó se ha pronunciado así tras firmar con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el Protocolo Agenda Urbana, preguntado por sus críticas a la intervención policial en esas manifestaciones y por el tuit que emitió este jueves sobre este asunto. El primer edil señaló en su cuenta de Twitter que "una actuación desproporcionada de la Policía Nacional no aumenta la seguridad" sino que "aumenta la crispación social de forma gratuita".

"Ha habido dos días de manifestaciones. En las que vi ayer con vídeos vi que por parte de los manifestantes eran fundamentalmente pacíficas", ha señalado Ribó, que ha agregado que esta jornada ha visto y leído que se dieron "algunos actos minoritarios de tirar contenedores y piedras".

Tras ello, el responsable municipal ha aludido al tuit publicado este jueves y ha considerado que "es muy importante mantener una actitud proporcional por parte de la Policía respecto a estas actuaciones".

Asimismo, ha manifestado que "si hubiera sido alcalde de otra ciudad --en la que hubo más violencia por parte de quienes protestaban-- hubiera pedido que las manifestaciones fueran siempre de carácter pacífico".

"Me parece muy importante que la actuación de la Policía sea proporcionada. Eso a veces es difícil de conseguir", ha declarado, porque se está "entre no hacer nada y matarnos a cañonazos". Ribó ha explicado que con su tuit hizo "una reflexión genérica".

"Me hace el efecto de que --algunas actuaciones -- no era demasiado proporcionales. Tengo esa sensación", ha declarado, tras lo que ha insistido en que "la proporcionalidad" requiere "equilibrio entre dos elementos que no son fáciles de conseguir". Joan Ribó ha afirmado que, como responsable máximo de la Policía Local de Valencia, esa "proporcionalidad" es algo que busca siempre conseguir en cualquier situación.

Respecto a los altercados registrados, el alcalde ha añadido que su mensaje "es muy claro", tras lo que ha expuesto que "el derecho de manifestación es el derecho de manifestación pacífica".

DIMISIÓN Y REPROBACIÓN

Preguntado por si es partidario de reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno, Glòria Calero, como se ha pedido por la actuación policial ante las manifestaciones ha respondido: "Yo no la he pedido. Cuando creo que una cosa se tiene que hacer la pido".

Por otro lado, respecto a la reprobación que reclaman para él desde la oposición municipal, Ribó ha manifestado: "Está muy bien eso. Están en su pleno derecho de pedirme la reprobación".

INVESTIGACIÓN

Por su parte, la vicealcaldesa de València y portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha indicado, al hablar de las protestas por Hasél preguntadas por ellas tras la Junta de Gobierno Local, que "hay imágenes que ni comprendemos ni compartimos".

La edil se ha situado "en la línea de lo que ha trasladado la Delegación del Gobierno" respecto a que "se debe de abrir una investigación en el seno de la Policía para determinar por qué algunas actuaciones policiales han sido absolutamente desproporcionadas y no han ayudado a calmar la situación".

"Creo que el deber de la Policía es garantizar el derecho a la manifestación y también el derecho a la seguridad de los manifestantes", ha agregado Gómez, que ha expresado su "más profundo rechazo a las personas que no respetan la causa ni una marcha pacífica y se dedican a ir a manifestaciones a reventarlas". "No están haciendo ningún favor a las personas que pacíficamente quieren manifestarse por una u otra causa por libertad porque es un derecho fundamental" ha dicho.

Sandra Gómez ha considerado que quienes provocan disturbios "crispan y alteran la imagen y, sobre todo, el ejercicio de un derecho fundamental" y ha manifestado su "condena" al respecto. Igualmente, ha considerado que se debe "garantizar y defender la libertad de expresión y abrir determinados debates sobre la penalización o despenalización" en el Código Penal.

Tras ello, la responsable municipal ha asegurado que Pablo Hasél no es ni su "referente, ni un santo, ni un mártir". "Ni va a ser mi ejemplo a seguir en la defensa del derecho a la libertad de expresión porque hay expresiones y declaraciones a las que yo muestro mi más absoluto rechazo", ha aseverado.

"REBAJAR LA TENSIÓN"

Gómez ha considerado que "una cosa es que la gran mayoría de la ciudadanía defienda la libertad de expresión y quiera abrir debates sobre la despenalización de algunos tipos del Código Penal y otra cosa que haya carta blanca para decir cualquier tipo de cosa que afecte o incita al odio a los colectivos de una sociedad plural".

A su vez, la vicealcaldesa ha opinado que los políticos deben "en estos momentos rebajar la tensión y no alimentarla" y ha hecho un llamamiento a sosegar los ánimos .

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del 'Monchín' Rafael R.L, quien fue juzgado el pasado día 19 de enero bajo la acusación de haber festejado a tiros la Nochevieja de 2018 con un subfusil semiautomático y quien se exponía a una condena de diez años de prisión.

En su sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial justifica su decisión en la falta de pruebas de que el arma utilizada por el encausado fuera de fuego real, como sostiene la acusación pública, y no de fogueo, como alegan el 'Monchín' y su letrado.

"A la luz de la valoración probatoria nos encontramos ante una prueba de carácter indiciario que es insuficiente para llegar a un pronunciamiento condenatorio", advierte el tribunal según la sentencia facilitada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Durante el juicio, el encausado relató al tribunal que celebró la Nochevieja de 2018 con sus seis hijos y demás familiares mediante la ingesta de todo tipo de bebidas alcohólicas, entre cerveza, vino y whisky, y que al término de la cena salió a la calle y alguien que andaba por allí le cedió gustosamente una "pistola de fogueo" que utilizó para disparar al aire una ráfaga.

"Esa noche nos pusimos de esa manera. Yo estaba muy agustito, borrachillo, me pasaron la pistola, la utilicé y luego la devolví", alegó el 'Monchín', quien aseguró que el arma, que él creyó de fogueo, la tuvo luego unos segundos y acto seguido la entregó de nuevo a su propietario, de quien precisó que no era miembro de su familia y al que no conocía.

Rafael, que incidió en los problemas de alcoholismo que tenía y que aún le acompaña, enmarcó lo ocurrido aquella noche en lo que calificó de "tradición", en referencia al rito de celebrar a tiros el cambio de año que por aquellos días generó la alarma en Valladolid al registrarse varios incidentes de este tipo en los barrios de las Viudas y Pajarillos.

Uno de sus hijos, José Enrique R.R. ('Boni'), quien aparece en las imágenes disparando con una pistola y que se encuentra inmerso en otro procedimiento distinto, se acogió a su derecho de no declarar, mientras que otros familiares, su sobrino Israel y su nuera Desiré, trataron de 'echar un cable' al acusado al incidir en su grave problema de alcoholismo.

Así, el primero de ellos ratificóo la versión de que aquel día su tío se había pasado con el alcohol. "Ya saben como somos los gitanos. Nos desfasamos bebiendo esa tarde y luego bebimos más en la cena. El más borracho de todos era el Rafa, que, la verdad, no controlaba", remarcó el también integrante del clan de los 'Monchines'.

LA POLICÍA LO TIENE CLARO

Aunque la defensa y el propio encausado sostuvieron que era de fogueo el arma que parece en las imágenes, con cuyo visionado se inició el juicio, el jefe de la Brigada de Homicidios, que actuó de instructor del atestado, tenía muy claro que el subfusil Ingram MAC 10 utilizado por Rafael era de fuego real, algo que luego vinieron a ratificar dos peritos de la Brigada de Policía Científica.

"La valoración profesional es que era de fuego real por el retroceso del arma. Si fuera de fogueo el retroceso es menor. Yo he disparado subfusiles y no tengo duda de lo que digo", enfatizó el agente de la Policía Nacional.

El policía también explicó que la detención del procesado se produjo a raíz de que en los primeros días del recién estrenado 2019 empezaran a circular por redes sociales imágenes de varios tiroteos en Valladolid, entre ellos el protagonizado por Rafael y su hijo 'Boni'.

En dicha grabación, de escasos 18 segundos en dos secuencias distintas pero concatenadas, se ve primero al acusado disparar desde la ventana de su vivienda y luego, ya en la calle, al hijo utilizar tres veces una pistola y acto seguido al padre hacer lo propio con el subsfusil con el que dispara una ráfaga.

El agente identificó, sin duda alguna, la vivienda de Rafael, sita en la calle Duero, en el barrio de Las Viudas, puesto que, como así apostilló, no es la primera vez que ha tenido que ir por motivos profesionales.

El funcionario mantuvo que la persona que aparece inicialmente disparando desde dentro del piso con el subfusil, en concreto desde una de sus ventanas, la que da a la calle Adaja, no era otra que el procesado. Incluso explicó que en las imágenes se ve cómo uno de los cartuchos percutidos queda depositado en el alféizar de la ventana.

Por ello, la acusación pública mantuvo invariable su petición de diez años de cárcel por delito de tenencia y depósito de armas de guerra, con la agravante de reincidencia, junto con la prohibición para el derecho a la tenencia y porte de armas por espacio de 13 años, frente a la absolución solicitada por la defensa--alegó que no se ha intervenido el arma y que ésta era de fogueo--y que, alternativamente, en caso de condena se aplicara a su patrocinado la atenuante de intoxicación etílica.

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha pedido a las administraciones alojamiento urgente para las personas del asentamiento incendiado esta madrugada en Palos de la Frontera (Huelva).

Según ha informado IU en una nota de prensa, Sánchez Rufo ha calificado de "vergüenza intolerable" que los incendios en los asentamientos chabolistas de Huelva se sigan produciendo "continuamente mientras ninguna administración, ni la central, la andaluza, ni las locales, hayan puesto hasta ahora soluciones a este grave problema de falta de derechos humanos que se ha enquistado en la provincia onubense desde hace decenas de años".

Por ello, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que pongan todos los recursos necesarios "hoy mismo", con el que darle un alojamiento urgente a las cientos de personas que lo han perdido todo en el incendio que ha devastado el asentamiento chabolista, ubicado junto al polígono industrial San Jorge, en la localidad de Palos de la Frontera.

Desde IU han puesto de relieve que, según testigos presenciales, este incendio ha llegado a destruir "hasta el 90 por ciento del asentamiento chabolista de Palos de la Frontera, en el que se levantaban cientos de chabolas, donde en condiciones insalubres y extremadamente duras vivían cientos de personas". En este asentamiento residían en chabolas extremadamente precarias un gran número de personas, aún por determinar, que han perdido su techo y sus pocas pertenencias por el incendio.

Como han explicado, "esto se debe a la continua llegada de trabajadores migrantes a los municipios onubenses que trabajan en la campaña agrícola y se ven obligados a instalarse en estas terribles condiciones por no contar con alternativas habitacionales dignas".

Para el coordinador provincial de IU, "las administraciones tienen la obligación inmediata de intervenir ante esta grave situación para impedir que esta misma noche haya cientos de personas que no tengan absolutamente ningún sitio donde cobijarse, con lo que se agravan las penosas condiciones de vida que tienen que afrontar cuando llegan a los municipios agrícolas de nuestra provincia".

Por todo ello, Izquierda Unida ha vuelto a exigir a todas las administraciones que "se pongan a trabajar de una vez, con seriedad y coordinadamente para poner en marcha soluciones, con los recursos de los que disponen, al problema del chabolismo que se extiende por los municipios onubenses donde se concentra la actividad agrícola".

IU también reclama que se realice una investigación inmediata y con recursos suficientes para determinar las causas de este incendio que ha puesto tantas vidas en peligro.

OTROS INCENDIOS EN ASENTAMIENTOS

En la provincia de Huelva se han llegado a contabilizar cerca de 40 asentamientos chabolistas, ubicados la mayoría de ellos en los municipios de Lucena del Puerto, Moguer, Lepe, Almonte, Bonares e incluso en la capital onubense, aunque "la proliferación de estos campamentos y la falta de intervención de las administraciones para remediar sus condiciones de vida, hace que el número real de los asentamientos existentes sea mayor".

Como ha recordado, el de Palos de la Frontera que ardió la pasada madrugada, ya sufrió un anterior incendio en abril 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, en la que resultaron totalmente destruidas unas 50 chabolas y por el que se tuvieron que desalojar a más de cien personas. Sin embargo, el incendio de anoche ha sido mucho "más devastador, por lo que la cantidad de personas afectadas va a ser mucho mayor".

En diciembre de 2019, un joven de 23 años, trabajador del campo migrante, murió en otro incendio en este mismo asentamiento chabolista palermo. Sin embargo, tras cada incendio, "los trabajadores migrantes se ven obligados a levantar nuevas chabolas en esto asentamientos por no disponer de alternativas habitacionales en las que vivir dignamente", ha recordado.

Además, a lo largo de los últimos meses se han repetido en la provincia de Huelva más incendios en asentamientos chabolistas como los que se desataron en el municipio de Lepe. Por ello, Izquierda Unida exige a todas las administraciones que pongan todos los medios necesarios para que "ninguna persona que viene a nuestra provincia a trabajar tenga que vivir en las penosas condiciones que se dan en estos asentamientos chabolistas y lo hagan de inmediato, ya que este problema se arrastra sin solución desde hace más de diez años".

Sánchez Rufo añade que los poderes públicos "no pueden limitarse a mirar sin hacer nada", mientras son las ONGs las únicas que toman medidas para ayudar a la población migrante que vive en condiciones de total vulnerabilidad cuando llegan a los municipios onubenses, como la construcción de un albergue en Lepe impulsado por Asnuci, y proporcionándoles ayuda humanitaria y asistencia, como hacen muchos otros colectivos onubenses, solidarios y comprometidos con el colectivo migrante que trabaja en los campos onubenses.

Por ello, "les reclamamos a las administraciones que se dejen de palabras vacías y promesas para empezar de una vez a proporcionar alternativas habitacionales dignas reales para que cientos de trabajadores migrantes no tengan que vivir en estas condiciones intolerables y extremadamente peligrosas, a las que hay darle una solución urgente", añade Sánchez Rufo.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado la suspensión del cierre de la hostelería al considerar que esa medida resulta "efectiva en un escenario de amplia transmisión comunitaria" del coronavirus.

"Reduce la concentración de partículas portadoras del virus en el aire y reduce el número de personas que pueden estar expuestas en cualquier momento", argumentan los magistrados, en un auto notificado este viernes.

Los magistrados desestiman así las medidas cautelares solicitadas en su recurso por la Asociación de Hosteleros de Castellón (Ashocas) contra las medidas restrictivas en la hostelería contempladas en la resolución de la Conselleria de Sanidad del pasado 19 de enero y la prórroga de las mismas, adoptada el 12 de febrero. A su juicio, acoger la pretensión de los recurrentes supondría una "perturbación grave de los intereses generales".

Sin entrar en el fondo del asunto, que deberá ser objeto de prueba en el marco del procedimiento, la sala ha tenido en cuenta para dictar esta resolución un informe de la subdirectora general de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental de la Generalitat, informa el alto tribunal valenciano.

Ese informe, que sirvió de base para las resoluciones sanitarias impugnadas, describe un alto nivel de circulación del SARS-Cov-2 en la Comunidad Valenciana, que la situaban en riesgo muy alto y, en determinados periodos, extremo.

"MINIMIZAR LA INTERACCIÓN SOCIAL"

Para el tribunal, "cuando el nivel de circulación de virus es muy alto, la forma de prevenir un gran número de fallecimientos y un exceso de hospitalizaciones es adoptar medidas más enérgicas basadas en minimizar en lo posible la interacción social".

El auto precisa que la decisión judicial se circunscribe al "punto de partida de la situación fáctica existente en la Comunidad Valenciana", es decir, al estado de la pandemia en el momento en que se dictaron las resoluciones de Sanidad, por lo que la conclusión "no necesariamente ha de extrapolarse a situaciones futuras en las que las circunstancias concurrentes puedan ser distintas".

El tribunal responde también a los recurrentes que el hecho de que la administración permita actividades de hostelería en comedores sociales o clínicas y hospitales y que la situación epidemiológica de la provincia de Castellón sea mejor que en el resto de la Comunidad Valenciana no es razón para suspenderlas en uno u otro caso.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este viernes que con la decisión de dejar la sede nacional del PP, situada en la calle Génova de Madrid, buscan "cancelar" las dos "hipotecas" que tienen, la del inmueble y la que pagan "por personas que se aprovecharon de las siglas en beneficio propio", en alusión al extesorero Luis Bárcenas.

Así se ha pronunciado García Egea en una entrevista en el programa 'La Sexta Columna' --que se emitirá por completo esta noche-- pero que ha adelantado en parte el programa 'Al Rojo Vivo' este mediodía, después del desconcierto que ha provocado entre algunos cargos del partido el anuncio de Pablo Casado de abandonar la histórica sede del partido.

"Nosotros hemos pagado ya muchas hipotecas. Hay una hipoteca que hemos pagado y que estamos pagando, que es la de este edificio, y luego hay otras hipotecas que estamos pagando por personas que se aprovecharon de nuestras siglas en beneficio propio", ha proclamado García Egea.

DICE QUE NO QUIEREN SEGUIR PAGANDO LA HIPOTECA DE BÁRCENAS

En este sentido, ha asegurado que su partido no está "dispuesto a seguir pagando ese tipo de hipotecas". "Queremos cancelar las dos, la de la sede y las otras", ha abundado. De hecho, el propio García Egea achacó el pasado domingo su batacazo en las elecciones catalanas --donde cosechó su peor resultado histórico con solo tres diputados-- al "juego sucio" por Bárcenas.

Al ser preguntado si han recibido algún tipo de mensaje desde el entorno de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy sobre esa decisión, García Egea ha señalado que "ambos respetan el trabajo que se está haciendo".

"Y creo que todos los españoles, incluidos ellos dos, creen que lo mejor para España en este momento es que el PP pueda ofrecer un proyecto de futuro para todos los españoles y, por tanto, esta nueva etapa lo va a facilitar enormemente", ha añadido después.

LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PP ESTÁ "PLENAMENTE GARANTIZADA"

En cuanto a si el cambio de sede tiene que ver con la situación contable del PP, el secretario general de los 'populares' lo ha rechazado de plano. "Ni mucho menos, nosotros nos hemos organizado perfectamente. No es ninguna operación más allá de abrir una nueva etapa en otro lugar físico", ha explicado.

Al ser preguntado de nuevo si no tiene que ver con el crecimiento de la deuda en 13 millones de euros de un año a otro, García Egea ha insistido en que el conjunto del partido "en todas sus administraciones territoriales es perfectamente sostenible". "La sostenibilidad financiera del PP está hoy plenamente garantizada", ha recalcado.

CASADO HA ENCARGADO A GARCÍA EGEA EL TRASLADO

Casado ha encargado a García Egea el traslado de sede, según fuentes del PP, que admiten que no está decidido aún si el PP optará por alquilar o por vender. Según las estimaciones del portal inmobiliario idealista, si el partido opta por arrendar obtendría entre 140.000 y 160.000 euros al mes, mientras que con la venta podría conseguir hasta 36 millones.

La sede del PP, situada en Génova 13 y desde cuyo balcón ha celebrado el partido sus victorias electorales, cuenta con 10.243 metros distribuidos en nueve plantas de oficinas y cuatro de aparcamiento. Los 'populares' están instalados en ese edificio desde 1983 (entonces como Alianza Popular) pero optaron por comprar el inmueble a Mapfre en 2006, por unos 37 millones de euros.