La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con el impulso de una «agenda feminista» destinada a acabar con la violencia sobre las mujeres y con la «inseguridad» y el «allanamiento de derechos» que padece este sector de la población.

Calvo ha lanzado este mensaje a través de una intervención grabada que se ha emitido este martes durante el acto de entrega de la edición vasca de los ‘Premios Menina 2020’, celebrado en Vitoria-Gasteiz.

Estos galardones, que reconocen a aquellas entidades y particulares que trabajan para erradicar cualquier forma de violencia sobre la mujer, han recaído este año en La Mesa de la Mujer del Ayuntamiento de Eibar, en la periodista Lourdes Pérez y en la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka.

En su mensaje grabado, la vicepresidenta primera ha agradecido la labor desarrollada por los premiados en favor de la igualdad, y ha subrayado la importancia de trabajar para evitar que una parte de la sociedad tenga que seguir «mirando a la otra en términos de desigualdad e inferioridad».

Calvo ha explicado que, en materia de prevención de los comportamientos machistas, resulta especialmente relevante el papel de la educación, si bien ha afirmado que esta es una labor que se ha de afrontar desde todos los ámbitos de la sociedad.

La vicepresidenta primera ha asegurado, además, que el Gobierno «saca adelante cada día una agenda feminista», cuyo principal objetivo es «parar la inseguridad, la violencia y el allanamiento de derechos» que padecen las mujeres.

«Ciudadanas de primera»

De esa forma, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con el objetivo de que «las mujeres de este país tengan la misma seguridad y las mismas libertades que se merecen las ciudadanas de primera de cualquier lugar del mundo».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha afirmado que agresiones como la sufrida esta pasada madrugada por una mujer en San Sebastián demuestran que «no se debe dar por ganada ninguna posición» en materia de igualdad entre sexos.

Además, y en referencia a Vox, aunque sin citar a esta formación por sus siglas, ha alertado de que la «irrupción de los neonegacionistas en las instituciones» ha acabado con el «consenso» que se había logrado en el ámbito institucional en la lucha contra la violencia machista.

«Banalización del mal»

Itxaso ha advertido del peligro que tiene la «banalización del mal». «Trivializar» la violencia de género o relegarla al ámbito de la intimidad es lo que persigue el neonegacionismo, tratando de ocultar la miseria y la basura bajo la alfombra del domicilio conyugal», ha asegurado.

En la misma línea, ha manifestado que «frente al negacionismo y al relativismo que pretende imponer el silencio como signo de corrección política, la terapia más correcta sigue siendo la verdad, la información, el conocimiento y la solidaridad».

En esta cuarta edición de los ‘Premios Menina 2020′ que se celebra en Euskadi, los galardones se han repartido en tres categorías. El ‘Premio Menina’ al colectivo social vasco que ha destacado por su compromiso en la lucha contra la violencia de género ha recaído en La Mesa de la Mujer del Ayuntamiento de Eibar.

A su vez, el premio al ciudadano que ha realizado una labor destacable en la lucha contra la violencia de género ha sido para la periodista y subdirectora del ‘Diario Vasco’, Lourdes Pérez.

El premio al proyecto o iniciativa pública que ha destacado en el ámbito vasco por su capacidad de extender la sensibilización y concienciación contra la violencia de género ha recaído en el protocolo contra la violencia de género de la Universidad delPaís Vasco (UPV/EHU), y ha sido recogido por la rectora, Nekane Balluerka.

Los Premios Menina se crearon en 2004 en España a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En el País Vasco se conceden por cuarta vez y están representados simbólicamente por una escultura en forja de una menina.

El 70% de las empresas a nivel global está aumentando su gasto en transformación digital, según un estudio elaborado por la compañía de aplicaciones empresariales IFS, que remarca que la inversión tecnológica se sitúa como uno de los «puntos fuertes» de la economía global en el actual entorno marcado por el Covid-19.

El estudio elaborado por IFS entre más de 3.000 compañías detalla que la penetración de la transformación digital ha logrado un impacto diferente en algunos verticales de la industria y destaca la especial incidencia en el sector de la construcción, donde un 75% de las empresas tienen actualmente planes de inversión en digitalización.

En esta línea, apunta que un 58% de las compañías de tecnologías de la información está aumentado su gasto en transformación digital, mientras que en el sector de fabricación el porcentaje es del 55%; en energía y servicios públicos, del 37%, y en comercio minorista, del 35%.

«El estudio confirma que el mercado está utilizando sabiamente la recesión global, y las empresas están desviando recursos a la renovación tecnológica e innovación, con una mentalidad progresiva que permitirá la toma de decisiones de forma más eficaz e informada, para que las empresas puedan prosperar, ahora y en el futuro» ha destacado el director general de IFS España y Portugal, Juan González.

Por otro lado, el informe destaca la importancia de una correcta elección de proveedores, pero apunta que tan solo el 32% de las empresas encuestas tiene en cuenta la experiencia especializada en la industria a la hora de elegir un ‘partner’, mientras que la gran mayoría se basa en criterios de recomendación.

En este punto, la compañía de ampliaciones empresariales incide en que el 37% de los proyectos de transformación digital fracasan precisamente por la falta de eficacia en el asesoramiento de sus proveedores, «asumiendo pérdidas significativas».

A este respecto, incide en que esta tendencia se da especialmente entre empresas con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros, donde la alta dirección toma parte por proveedores conocidos, incluso cuando implica un ajuste deficiente para las necesidades reales de la empresa.

Tal y como concluye el estudio, la incorrecta toma de decisiones a lo largo del proceso trae consigo «un alto porcentaje de fracaso«, que a su vez genera rechazo a futuros esfuerzos de transformación «poniendo frenos a los proyectos críticos por el miedo al riesgo».

Un vecino de Villacarrillo (Jaén) de 49 años ha sido juzgado este martes por lo Penal en Jaén acusado de dos presuntos delitos de desobediencia por no usar mascarilla en la vía pública. El Ministerio Fiscal le reclama un año de cárcel y él se defiende diciendo que no es un negacionista, pero que no la lleva por problemas respiratorios agravados por su exceso de peso.

Se trata de uno de los primeros casos que sale a la luz pública en España por acabar en la vía penal después de que una persona se haya negado a utilizar la mascarilla. Será el Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén el que acabe dictando sentencia al respecto.

En esta ocasión, el acusado, M.G.V., sin antecedentes penales, ha llegado con mascarilla a los juzgados. Allí le esperaba su abogado, Francisco León, que es el que se ha encargado de atender a los medios de comunicación allí congregados puesto que él ha rechazado hacer cualquier tipo de declaración.

Me parece un caso un poco extravagante sobre todo por la pena que se pide, se pide un año de cárcel para un señor que no puede respirar y que tiene dificultades incluso para deambular. La extravagancia al derecho no le hace ningún bien, queremos que hoy se rectifiquen todos los errores del juzgado de Villacarrillo», ha indicado el abogado a preguntas de Europa Press.

Este hombre ya acumulaba seis denuncias por el mismo motivo hasta que finalmente la Policía Local lo puso a disposición judicial como presunto autor de un delito de desobediencia. No quedó ahí la cosa, cuando fue citado en el Juzgado lo hizo sin mascarilla y la jueza acabó imputándole otro delito más de desobediencia. «Entró acusado de un delito de desobediencia y salió acusado de dos», ha dicho el letrado. Al no haber acuerdo en Villacarrillo, el caso ha llegado a la capital para ser juzgado por lo Penal.

Su abogado ha relatado que cuando su defendido se enteró de que debía comparecer en el juzgado, lo que hizo fue pedir cita al médico de cabecera, pero «tardan diez o 15 días en hacer la visita» y «cuando fue citado en el juzgado iba sin el certificado de su médico de cabecera». Lo único que llevaba era una fotocopia del BOE, firmada por él mismo, en la que dice que las personas con dificultades respiratorias están exentas de usar mascarilla.

Respecto a las seis denuncias anteriores a la que le llevó finalmente al juzgado, su abogado ha indicado que cuando le habían denunciado «él estaba a tres metros de cualquier persona». «Él cuida de su madre anciana y es el primer interesado en no coger coronavirus, este hombre no es un negacionista», ha señalado León.

Asimismo, ha apuntado que su defendido ha residido en Valencia y es allí donde tiene todos los informes y su historial médico por lo que, según su abogado, se deberían haber realizado unas diligencias previas que hubiera dado tiempo a «traer todos los informes y no venir a un juicio rápido en donde no se pueden estudiar las afecciones respiratorias que tiene este hombre».

«Pedimos que el fiscal retire la acusación de delito grave, hemos pedidos la absolución y subsidiariamente que quedara como una cosa leve que fuera solventado con trabajos a la comunidad porque este hombre no tiene medios para ganarse la vida, solo la pensión de su madre», ha señalado Francisco León.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha planteado esta martes la posibilidad de que las actividades no esenciales, como los sectores de la hostelería o del comercio, cuya apertura está limitada actualmente hasta las 18,00 horas, puedan abrir, tras el puente de diciembre, hasta las 20,00 o 21,00 horas, siempre que los datos sanitarios sobre el coronavirus lo permitan.

Marín ha manifestado que «probablemente» esos negocios puedan abrir hasta las 20,00 o 21,00 horas a partir de las «siguientes medidas» que adopte el Gobierno andaluz para luchar contra la pandemia del coronavirus. Como se recordará, la Junta decidió este pasado domingo prorrogar hasta el próximo 10 de diciembre las restricciones vigentes hasta esa fecha relativas al confinamiento de todos los municipios de la comunidad, el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas y la vigencia del toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus en la comunidad.

El vicepresidente ha puesto esta posibilidad sobre la mesa durante su intervención en la inauguración de un encuentro organizado por la cadena SER sobre ‘Presente y futuro del turismo y la hostelería en Sevilla’.

Marín ha pedido a los sectores afectados por estas restricciones comprensión hacia las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz, cuyo objetivo es hacer compatible la preservación de la salud de los andaluces con la actividad productiva, y ha dicho que en esta comunidad no se ha decidido el cierre total de los negocios de hostelería, como sí ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña.

«Estamos hablando de vidas y este Gobierno ha hecho compatible la actividad productiva con la sanidad», según ha expresado el vicepresidente, quien ha querido dejar claro que cuando se adoptan restricciones tan duras para los servicios no esenciales, nadie está «pensando en fastidiar al empresario o generar desempleo», sino que hay una prioridad clara como es la preservación de la salud del conjunto de los ciudadanos.

Ha agregado que la Junta ha tenido que tomar decisiones sobre limitaciones de horarios y cierres perimetrales porque «nos ha obligado la Covid», y tenemos la obligación de cuidar de la salud de los andaluces, tratando de hacerlo compatible con la actividad económica.

«Ahora es el momento de tomar decisiones complicadas, y necesitamos complicidad y comprensión», según ha señalado el vicepresidente de la Junta, para que necesario poner las «luces largas» y no quedarnos en el «cortoplacismo».

Para hacer frente a la difícil situación de sectores como la hostelería, el vicepresidente ha defendido el «esfuerzo» que ha hecho la Junta para destinar 667 millones a ayudas a pymes y autónomos, consciente de que «no es suficiente», pero se trata de que se pueda mantener el mayor número de empleos posibles.

Juan Marín ha indicado que, aunque no sea «políticamente correcto decirlo», habrá negocios que al final tendrán que cerrar porque no podrán hacer frente a la difícil situación. Ha insistido en que la Junta «está poniendo en carga todas las herramientas de que dispone», y ha confiado en que también por parte de otras administraciones se adopten medidas en materia de prorrogas en el pago de impuestos o exenciones, algo que corresponde a ayuntamientos y diputaciones.

Ante la situación que vivimos, según Juan Marín, las opciones son lamentarnos y ponernos a llorar o buscar soluciones posibles que realmente vayan a resolver los problemas.

El vicepresidente de la Junta ha confiado en que en el primer semestre de 2021, los andaluces estén vacunados contra el coronavirus. Ha apuntando que, probablemente, se pueda empezar con las vacunaciones a finales de febrero o principios de marzo.

«Esto nos tiene que hacer ser optimistas, la solución está encima de la mesa y la vamos a tener pronto», ha dicho Juan Marín, quien ha apuntado que distintos organismos apuntan a que el crecimiento del PIB en Andalucía en 2021 se podría situar en el 7 por ciento.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de En Comú, Jaume Asens, ha asegurado que siguen trabajando para ampliar la prohibición de desahucios, «sea cual sea la fórmula» que finalmente se use, en referencia a un decreto del Gobierno o una enmienda a los Presupuestos.

«En plena pandemia es una responsabilidad que no podemos eludir. Es una cuestión de derechos humanos», ha subrayado en redes sociales en relación a las negociaciones que mantienen con el PSOE para lograr un acuerdo que extienda la paralización de desahucios a todos los colectivos vulnerables.

PSOE y Unidas Podemos están negociando para buscan un acuerdo que extienda la prohibición de desahucios y cortes de suministros a toda la población vulnerable, tras la polémica generada por la enmienda a los Presupuestos Generales (PGE) presentada por el partido de Pablo Iglesias junto con Bildu y ERC.

«UN CLAMOR DE PURA LÓGICA»

Por su parte, el portavoz de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez Reino, ha celebrado como «buena noticia» que el Gobierno negocie una ampliación de la moratoria pues considera «un clamor de pura lógica» que «se continúe con la prohibición de que haya desahucios» y «que ese debate vaya avanzando».

«Por ahora se está trabajando y veremos a partir de ahí qué acontece», ha comentado el diputado de Unidas Podemos al ser preguntado por la enmienda que su coalición defiende este martes junto con Esquerra Republicana y EH-Bildu en la primera jornada del debate de Presupuestos Generales del Estado de 2021 en la Comisión de Presupuestos.

PODEMOS PRIMA EL OBJETIVO, NO LA FÓRMULA

En esta negociación, Unidas Podemos le resta importancia a la metodología para la ejecución, ya sea por decreto o a través de la citada enmienda a los PGE. Esta última vía fue descartada esta misma mañana por el ministro José Luis Ábalos.

También podría producirse acercamiento en cuanto al plazo de la aplicación de la medida y extenderse únicamente hasta el mes de mayo cuando concluye el estado de alarma, pese a que en la citada enmienda se planteaba que la prohibición de los desahucios se extendiera hasta finales de 2022.

Unidas Podemos presentó como medida de presión una enmienda junto a EH Bildu y ERC tras haber propuesto en el seno del Gobierno la necesidad de impulsar la paralización de todos los desahucios y prohibición de cortes de agua, luz y calefacción, sin que se produjeran avances a ese requerimiento de los morados.

La enmienda motivó tensión en la coalición, pues el PSOE no se sumó a la misma y afearon la actitud de sus socios, a los que recriminaron que no respetasen el pacto para presentar enmiendas conjuntas.

En el caso de los cortes de suministros, Unidas Podemos lleva insistiendo desde finales de septiembre, cuando venció la aplicación de la medida, pero finalmente no hubo consenso en el PSOE para prorrogarlo dentro del denominado ‘escudo social’.

Sí lo logró en el caso de los lanzamientos circunscritos a los efectos de la pandemia y la prohibición de subidas «abusivas» del precio del alquiler hasta enero del año que viene.

La Audiencia Nacional ha suspendido por el momento el juicio programado para este martes en el que se iba a juzgar a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’ o ‘Marisol’, por el fallecimiento de un familiar de un abogado.

La etarra será juzgada por colocar en mayo de 1985 un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria, con el objetivo de acabar con la vida de los policías nacionales -al menos 21- que iban a prestar servicios de vigilancia con motivo de un encuentro deportivo.

La Fiscalía solicita para ella en su escrito de acusación 488 años de prisión como autora de veinte delitos de asesinato en grado de frustración con concurrencia de alevosía, un delito complejo de atentado a agentes de la autoridad en grado de frustración y un delito de estragos en grado de frustración. El Ministerio Público añade que concurre además la circunstancia agravante de reincidencia en el delito.

Según recuerda Fiscalía, ‘Anboto’ -que no tenía antecedentes penales en el momento de los hechos- junto a Francisco Javier Arizkuren ‘Kantauri’, Juan Carlos Arruti y un tercero conformaban en en 1985 el denominado ‘Comando Araba’ de ETA. Fue en mayo cuando deciden «situar un artefacto deflagrante y provisto de gran cantidad de metralla en el polideportivo».

Querían «causar la muerte de un número no determinado, no inferior a veintiuno, de miembros de la Policía Nacional», señala el Ministerio Público para luego añadir que el objetivo era que el coche bomba explotara cerca de tres furgonetas policiales con una dotación de siete agentes en cada una.

Según el plan trazado por los etarras, harían estallar el artilugio antes de la hora de comienzo del partido, a las 17.00 horas del 21 de mayo «con la intención no solo de acabar con la vida de los policías, sino también de causar importantes destrozos en vehículos estacionados» en la zona y en las propias instalaciones deportivas.

25 KILOS DE GOMA 2 Y 100 KILOS DE TORNILLERÍA

Para la preparación de la bomba, compuesta por 25 kilos de goma 2 y 100 kilos de tornillería -del tipo tirafondos, usados en vías férreas-, Soledad Iparragirre contó con el concurso de los ya condenados Santos Berganza y José Miguel Suescun.

Tras fabricar el artefacto, los etarras se apoderaron a punta de pistola de dos vehículos y custodiaron a los propietarios de los mismos con el objetivo de no soltarlos para que no dieran la voz de alarma.

Entonces, ‘Kantauri’ y ‘Anboto’ instalan el artefacto explosivo en uno de los dos vehículos, y es ella la que conduce el coche bomba hasta Mendizorroza, donde lo aparca en las inmediaciones del lugar donde suelen estacionar las furgonetas policiales los días de partido. «Ubica el vehículo orientado hacia las taquillas con el temporizador conectado», se indica en el escrito de Fiscalía.

Una vez estacionado, la etarra ordena vigilar y controlar la zona, y le señalan que «la cosa está mal» ante la gran afluencia de público al estadio y la presencia de muchos policías. Con esa información, Kantauri y Anboto se trasladan al estadio para comprobar si todo está en orden, y luego regresan al domicilio en el que se alojaban.

Para entonces la policía ya estaba alertada de las dos sustracciones de los vehículos y había localizado el coche bomba sobre las 14.00 horas, de hecho los Tedax lo desactivaron «con riesgo para sus vidas».

Por este motivo, y ante el riesgo de ser detectados, los etarras desistieron de realizar la acción, y cuando se produce la llamada telefónica a la DYA avisando de la colocación del artefacto, ya había sido desactivado.

LOS JUICIOS DE ‘ANBOTO’

Esta etarra, una de las voces del vídeo que anunció la disolución de la banda terrorista ETA, afronta un largo camino judicial en España que arrancó el pasado mes de julio con el primero de los 12 juicios que tiene pendientes en España, después de que fuera entregada por Francia el año pasado tras cumplir allí casi 20 años de prisión.

Así, hasta ahora ha sido juzgada por el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León, y por la presunta entrega de material explosivo que realizó a un comando que finalmente atentó contra una comisaría de Policía en Oviedo en julio de 1997.

Las causas pendientes de la histórica etarra en España incluyen desde asesinatos a instrucciones para atentar o entregas de armamento. Además del atentado contra el comandante, está procesada por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.

También se le relaciona con las instrucciones para atentar contra el Rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao o por facilitar armamento para una acción criminal contra la oficina del DNI de esta misma ciudad el 13 de enero de 1995, causando la muerte de una persona y dejando herida grave a otra.

En mayo de 2018, y mientras estaba presa en Francia, fue una de los dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva. El otro terrorista fue Josu Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, quien fue arrestado en Francia el año pasado y también está reclamado por la Audiencia Nacional.

Rovi está preparada para abastecer la vacuna de Moderna a mercados fuera de Estados Unidos a partir de principios de 2021, según recoge una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) relativa a la actualización de su estrategia con motivo de su Día del Mercado de Capitales 2020.

En concreto, tras el acuerdo con Moderna, Rovi proporcionará capacidad de llenado y envasado de viales mediante la adquisición de una nueva línea de producción y equipos para composición, llenado, inspección visual automática y etiquetado para respaldar la producción de cientos de millones de dosis de la vacuna candidata.

Así, Rovi contará con tres plantas involucradas en el acuerdo con Moderna y la capacidad anual existente de viales será de 600 millones de dosis.

Moderna ha confirmado conversaciones avanzadas con la Comisión Europea para suministrar a Europa 80 millones de dosis de la vacuna de ARNm contra COVID-19 (ARNm-1273), además de una opción de compra de hasta 80 millones de dosis más.

Moderna anunció la semana pasada que la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB, por sus siglas en inglés), designada de forma independiente por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), reportó que el estudio de fase 3 de ARNm-1273, su candidato a vacuna contra Covid-19, ha observado una eficacia del 94,5% en los primeros análisis.

Por otro lado, Rovi ha confirmado sus objetivos de crecimiento para 2023, año en el que aproximadamente prevé duplicar los ingresos operativos de 2018, que se situaron en 303,2 millones de euros, y multiplicar por 2,5 el resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente de 2018, que se situó en 63 millones de euros.

Rovi ha señalado que la próxima fase de crecimiento estará impulsada por varios catalizadores clave (biosimilar de Enoxaparina, Risperidona-ISM, LetrozolISM, actividades M&A o contrato con Moderna), respaldada por un negocio de especialidades farmacéuticas «sólido y en crecimiento».