El titular del Ejecutivo gallego y presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno central que los criterios de reparto de los fondos europeos los defina "un comité de expertos y no el politburó", ha dicho haciendo un símil del Ejecutivo con el comité central del partido comunista durante la Unión Soviética.

Lo ha hecho junto al presidente del PP, Pablo Casado, en el acto 'Galicia: más inversiones, menos impuestos', celebrado en el Monte de San Pedro, en A Coruña. De los fondos, ha dicho que son "una oportunidad histórica", pero ha asegurado, en referencia al posicionamiento del Gobierno, que "los indicios no son esperanzadores".

"Necesitamos que se definan los criterios de reparto", ha insistido en una intervención en la que ha arremetido contra la gestión del Ejecutivo, en particular en relación al Covid-19. "El gobierno más inexperto, más sectario y peor avenido posible", ha indicado Feijóo, quien, entre otras cuestiones, ha criticado "el fiasco en la distribución del material de protección" al inicio de la pandemia.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Frente a ello, ha constrapuesto las medidas impulsadas por la Xunta en sus primeros cien días de gobierno. "Una ley para gestionar la pandemia, la única en España", ha expuesto. También ha destacado el que Galicia sea "la tercera comunidad autónoma con menos mortalidad, solo por debajo de Canarias y Baleares". "Y con menor ocupación de camas Covid", ha afirmado sobre la situación en los hospitales.

"Hemos hecho más por Galicia en los cien primeros días que el Gobierno de España en 365 días", ha remarcado en un discurso en el que asegurado que "el gobierno social-populista ha demostrado que es tan fiable como la máxima con la que nació".

"No dormiría tranquilo si tuviese que gobernar con ministros de Pablo Iglesias", ha dicho en alusión a las palabras de Pedro Sánchez, del que ha manifestado que desconoce "si ha logrado superar el insomnio", pero se ha mostrado convencido de que sí lo tienen ahora "la mayoría de los españoles".

"España es más que el tablero de ajedrez del señor Sánchez y Pablo Iglesias", ha insistido en un acto con la presencia también del secretario general del PPdeG, Miguel Tellado; el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde y los presidentes provinciales del partido.

XACOBEO Y ALCOA

Los elogios a la gestión de la Administración gallega han centrado también el inicio de la intervención del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha dicho que Feijóo y su equipo son "una referencia de gobierno".

Por otra parte, ha arremetido contra la falta de "compromiso" con Galicia por parte del Ejecutivo central, en particular con el Xacobeo. "En los presupuestos ni un rastro de ayuda", ha dicho en referencia a las infraestructuras y, en particular, a la Alta Velocidad.

En su intervención sobre los fondos europeos, ha tenido también palabras para el fallo judicial que anula el ERE de Alcoa en San Cibrao. "Una decisión que da un rayo de esperanza, de futuro, ante el desinterés y el abandono del Gobierno de España", ha añadido.

"VISIÓN DE ESTADO"

Por otra parte, en este acto el conselleiro Francisco Conde ha apelado a tener una "visión de Estado" en el reparto de estos fondos y ha subrayado que Galicia está "consensuando" la asignación de los mismos. "No se puede perder esta oportunidad", ha dicho en referencia a lograr una "Galicia más digital, más sostenible y más competitiva".

Por su parte, en su intervención el presidente provincial del PP coruñés, Diego Calvo, ha abogado por no caer "en los debates interesados de la izquierda" en relación a los fondos europeos, mientras ha rechazado el "intento de secuestro" de los mismos por parte del Gobierno. También ha arremetido contra los grupos de la oposición en el Parlamento gallego por pedir lo que "no se atreven" a reclamar a Sánchez.

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "cobardía" e "incompetencia" por no aplicar unos criterios comunes sobre la Covid-19 ante las fiestas navideñas y "papapetarse de nuevo" detrás de las autonomías. Tras lamentar que "una nación unida tiene 17 planes para Navidad", ha afeado al Gobierno que quiera dar solo "las buenas noticias", como la llegada de la vacuna a España, dejando las "malas noticias" para los presidentes de CCAA.

Así se ha pronunciado en un acto económico sobre fondos europeos en La Coruña, en el que también han participado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Previamente, ha visitado la Ría O Burgo para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla "con su palabra" en relación con "el dragado de la ría tal y como está presupuestado".

En su intervención, Casado ha afirmado que la Xunta de Galicia tiene todo el apoyo del PP en las medidas "valientes, responsables y ponderadas" que ha tomado contra la Covid-19 y ha subrayado que estos meses Feijóo "ha dado la cara", "ha sido humilde, ha dado las gracias y ha pedido perdón". "Es justo lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que se está viendo que en este momento "una nación unida tiene 17 planes para la Navidad" y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "aparece hoy" para hablar de la vacuna. "Para las buenas noticias, sale el Gobierno. Para las malas noticias, que los presidentes autonómicos se las ingenien", ha denunciado.

EXIGE CRITERIOS COMUNES

Casado ha resaltado que sería "bueno" que el Ejecutivo de Sánchez aplicase unos "criterios comunes" en España, "con el margen de que cada comunidad autónoma tiene una incidencia de contagio, unas características distintas en el sector productivo, en la movilidad, en la edad de la población o en la capacidad asistencial en los hospitales".

"Pero tendrá que haber unos puntos en común para que al menos sepamos como manejarnos y no tengamos que estar con un mapa de afectación de la Navidad dependiendo de si tus padres viven en Valencia o si tus hijos están estudiando en Galicia", ha insistido.

Dicho esto, ha asegurado que el Gobierno no ha aplicado esos criterios comunes por "cobardía" y por "incompetencia" y le ha acusado de "parapetarse de nuevo" detrás de las comunidades autónomas cuando "parece que puede haber rebrotes".

En este sentido, ha recalcado que una cosa es la cogobernanza y otra el desgobierno", y "una cosa es la colaboración entre administraciones y otra la cobardía de la primera de las administraciones". Después de "70.000 fallecidos en España", ha dicho que "los españoles merecen un respeto" y que el Gobierno "dé la cara" y ofrezca soluciones de forma "humilde y responsable".

"EL GOBIERNO NO VA BIEN"

Casado ha afirmado que el Ejecutivo "no está a la altura de los retos" que tiene España sino que está "más preocupado" por sus "líos internos". En su opinión, España es un "gran país" pero "el Gobierno no va bien" y los españoles "se empiezan a dar cuenta de la incompetencia, de la arrogancia y de las mentiras".

"No puede ser que mientras los ministros del PSOE se pelean con los ministros de Podemos, los españoles estemos abandonados", ha denunciado el presidente del PP, para exigir "responsabilidad" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este viernes la condena a 5 años y 8 meses de cárcel para el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz y ha rebajado las penas dictadas por la Audiencia Nacional contra el ex diputado del PSC Luis Andrés García Saéz, "Luigi" así como de otros dos condenados, por el caso 'Pretoria', en el que se juzgaron actuaciones ilícitas en operaciones urbanísticas realizadas entre 2002 y 2009 en esa y otras localidades catalanas.

Un total de siete condenados por la llamada 'Operación Pretoria', entre los que figuran los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta, no presentaron recurso ante el alto tribunal. Los exmiembros del Ejecutivo regional fueron condenados en junio de 2018 a 1 año 11 meses y 27 días de prisión cada uno por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión.

A ambos se les impuso una multa de 3,2 millones de euros en el caso de Alavedra y de 5,8 millones en el caso de Prenafeta, y evitaron entrar en la cárcel tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que les rebajó su petición de seis a dos años de prisión al reconocer al comienzo de la vista oral que habían percibido mordidas del cuatro por ciento de cada operación; unos 800.000 euros cada uno.

El cuanto a los recursos presentados contra dicha sentencia, el Supremo respalda en términos generales la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra Muñoz como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de cohecho, un delito de prevaricación administrativa y un delito de cohecho por la trama de corrupción urbanística que afectó a Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Sin embargo, ha rebajado la pena al ex diputado socialista "Luigi", que fue condenado a 7 años, 1 mes y 29 días de prisión por delitos de tráfico de influencia en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa, cohecho continuado, blanqueo de capitales y falsedad documental. El TS le ha absuelto del delito de falsedad documental, por el que recibió 1 año y 6 meses de prisión, y le ha reducido la pena por el de cohecho --de 3 años y 2 meses a 1 año y 9 meses--, manteniendo el resto de la condena.

Otra de las penas que se rebajan ligeramente es la del empresario Josep Singlá Barcelo y a Manuel Valera Navarro, que fue condenado a 1 año, 10 meses y 15 días de prisión por delitos de tráfico de influencias continuado en concurso medial con un delito continuado de prevaricación y por cohecho. Por el primero, la pena de 10 meses y 15 días de cárcel pero modifica la cuantía de la multa para dejarla en 861.318 euros, y respecto al segundo le impone 6 meses de prisión y el pago de 300.000 euros.

El Supremo modifica igualmente la pena del también empresario Manuel Valera Navarro, presunto testaferro de 'Luigi', que fue condenado a 2 años y 3 meses de prisión. Así, le ha impuesto 8 meses de prisión y una multa de 566.124 euros por un delito de cohecho, y 6 meses de prisión y 280.322 euros por dos delitos de tráfico de influencias --uno por la operación de Sant Andreu de LLavaneres y otro por la de Badalona--. Por lo demás, ha confirmado la pena de 6 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias en concurso con uno continuado de prevaricación administrativa. OPERACIÓN EN SANTA COLOMA

Respcto del exalcalde Muñoz, se confirma la pena de cárcel multa de 3,4 millones de euros por la operación 'Pallaresa', aprobada por el Consistorio en el año 2001 para la creación de un centro comercial hoteles y viviendas. La modificación de los contratos iniciales ocho años después ocultaba una revalorización del terreno de la que se benefició las sociedades que consiguieron irregularmente la adjudicación.

La operación "Pretoria" llevó al banquillo a un total de once personas que participaron entre los años 2002 y 2009 en tres operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona que, en lugar de favorecer el interés público, buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos, propiciando importantes beneficios y comisiones que sumaron a su patrimonio, bien directamente o bien a través de testaferros.

El relato de hechos probados que ahora se confirma resalta el papel trascendental de 'Luigi', quien, en calidad de diputado del PSC entre los años 1980 y 1988, se consiguió posicionar como "facilitador" no solo interviniendo en las tres operativas sino liderándolas y facilitando las adjudicaciones así como la aprobación de posteriores cambios urbanísticos por los que se embolsó comisiones millonarias.

En la operación Pallaresa, gracias a su amistad con el entonces alcalde Bartomeu Muñoz, despachó directamente con los técnicos municipales orientando el sentido de los informes. De esta forma, la adjudicación fue a parar a Centre Comercial Gramenet, integrada por la empresa Proinosa, de Josep Singla, y posteriormente a Tultar, de 'Luigi', que percibió 2,1 millones de euros de forma ilícita. Parte de las ganancias obtenidas las invirtió en tres turismos de lujo y en obras de arte.

Ciudadanos ha registrado nuevamente su proposición de ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción y para la Protección de los Alertadores, similar a la que fue rechazada el pasado junio por el Pleno del Congreso con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, y ha afirmado que la seguirá presentando hasta conseguir su aprobación.

Tras señalar que siempre ha apoyado la creación de comisiones de investigación parlamentarias sobre los casos de corrupción de cualquier partido, Cs ha instado a todas las fuerzas políticas a permitir la aprobación de su iniciativa y así "luchar contra esta lacra que ataca a la raíz de nuestro sistema democrático".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha explicado en Sabadell (Barcelona) que su partido vuelve a llevar este asunto al Congreso tras las noticias sobre las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat, por las que está investigada la alcaldesa de esta ciudad, la dirigente socialista Núria Marín.

Según la formación naranja, la proposición de ley registrada este viernes incluye varias mejoras técnicas "para tratar de conseguir el mayor consenso posible" y hace una trasposición completa de la directiva europea para proteger a las personas que alertan de los casos de corrupción.

La primera vez que Cs propuso una ley contra la corrupción en la Cámara Baja fue en septiembre de 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque al año siguiente el Pleno aceptó tramitarla y se presentaron enmiendas, después se quedó parada en la Comisión Constitucional y Cs acusó al PP y al PSOE de haberla bloqueado.

La última versión de esta iniciativa que el partido de Arrimadas llevó al Congreso no fue aceptada por el Pleno, que el 17 de junio rechazó su admisión a trámite con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco, entre otros. En cambio, obtuvo el apoyo del PP, Vox y Más País.

PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES

El nuevo texto recoge medidas para proteger a quienes que alertan de casos de corrupción --irregularidades, infracciones o actos ilícitos en la Administración Pública--, reconociéndoles el derecho a la confidencialidad, a la asesoría legal, a asistencia psicológica y a la protección ante represalias, en particular en el ámbito laboral.

Además, se refiere a casos de corrupción producidos no solamente en el sector público, sino también en el privado, y prevé que se pueda alertar de forma confidencial mediante canales de denuncia interna.

En el marco de esta iniciativa, Ciudadanos propone crear la Autoridad Independiente de Integridad Pública como "garante de la recta actuación frente a la corrupción del sector público estatal y, en su caso, autonómico y local, así como del sector privado en aquellos casos que lesionen o menoscaben el interés público".

Este organismo independiente se encargaría de investigar los posibles casos de corrupción, asumiría las competencias en materia de conflictos de intereses de los funcionarios y recogería la protección integral del denunciante.

DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Asimismo, Cs plantea reformar el Código Penal para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, por el que tendrían que responder las autoridades y funcionarios que experimenten un incremento sustancial de su patrimonio y no puedan explicar su origen, ya que podría ser indicio de la obtención de un lucro indebido como consecuencia de su actividad política.

También establece la responsabilidad civil subsidiaria para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido, en el desempeño de sus obligaciones o servicios, sus cargos orgánicos, representantes, gestores, empleados o dependientes.

Por último, la proposición de ley prohíbe los indultos a personas condenadas por corrupción política, para impedir que el poder político pueda "autoabsolverse por delitos relacionados con la financiación ilegal de partidos, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra la Administración Pública".

La Comisión Europea prevé tomar su decisión sobre el permiso para poner en el mercado europeo la primera vacuna contra el coronavirus el próximo martes, 22 de diciembre, siempre que se confirme que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) emite un dictamen favorable sobre la candidata de BioNTech y Pfizer el lunes.

"La Comisión va a tomar su decisión en las 24 horas siguientes a la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento", ha informado a Europa Press un portavoz comunitario, que precisa que ello no altera el calendario para su distribución, que empezará el día 26 para que los países de la UE puedan iniciar sus campañas de vacunación el 27.

De este modo, Bruselas vuelve a acortar los plazos inicialmente previstos para toda autorización de puesta en el mercado comunitario de un nuevo fármaco o vacuna, que suelen ser de 67 días porque incluye un análisis detallado de la información por parte de los expertos de la Comisión y debates con los Estados miembro.

Por la urgencia de la pandemia, el Ejecutivo comunitario agilizó al extremo los procedimientos y ha usado toda la "flexibilidad" prevista en la normativa comunitaria para casos de urgencia, por ello estimó primero que podría tomar una decisión en un máximo de tres días y finalmente confía en hacerlo solo en uno.

En el momento en que la EMA informe de su evaluación sobre la seguridad y eficacia de la vacuna de BioNTech y Pfizer, la Comisión Europea lanzará su propio procedimiento que incluye una consulta con los expertos de los Veintisiete y el análisis de los datos que sustenten la autorización 'condicional' que se espera de la agencia europea.

Otro elemento con el que se ha logrado acelerar la tramitación es que se procederá a la traducción de la autorización a todos los idiomas oficiales de la UE después de que haya sido adoptada y no antes, como suele ser habitual.

Bruselas espera cumplir todo ese proceso "en un máximo de 24 horas", reitera la fuente, si bien matiza que ello no implica que se vayan a adelantar los tiempos del reparto de dosis entre los Estados miembro, porque antes de esa última fase será necesario cumplir los últimos trámites burocráticos, como la certificación por parte del laboratorio alemán Paul-Ehrlich Institut y la validación de los países de la UE.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado denegar la petición formulada por la defensa del Partido Popular de aunar las acusaciones populares bajo un solo letrado en la vista oral en la que se juzgará a partir del 8 de febrero de 2021 el pago de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la presunta 'caja B'. Los magistrados consideran la petición "extemporánea".

En un auto de 17 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala indica que "dada la fase del procedimiento, constituida ya la relación jurídico-procesal, habiendo formulado las acusaciones su respectivo escrito de acusación y propuesto su prueba, habiéndose dictado auto de admisión de prueba respecto a la solicitada por cada una de ellas y habiéndose señalado la fecha de juicio oral, tal petición es extemporánea".

Señalan que no es el momento procesal oportuno para alterar la posición procesal de las partes, "aun cuando sea por la vía deagrupación de la defensa y representación de las acusaciones populares". Y recuerda que cada una de ellas ha desplegado ya su estrategia a través del escrito de acusación con los hechos que consideran punibles, las personas contra quienes se dirigen y su calificación jurídica.

Destacan, al hilo, que se puede observar además que los escritos de cada acusación "no son idénticos" entre sí, ni lo son tampoco las pruebas propuestas. Con esto, echa por tierra uno de los razonamiento del PP --que concurre en este juicio como responsable civil subsidiario-- ya que alegaba que las seis acusaciones persiguen los mismos hecho, ejercitan la acción penal contra las mismas personas, e incluso que coinciden en la calificación jurídica de sus seis escritos de acusación.

Por eso, los 'populares' entendían que existía convergencia de intereses, algo exigido por la interpretación del artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal(LECrim) que realiza el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS) y que con la unificación se busca un proceso sin dilaciones indebidas.

Desde IU se dirigió escrito a la Sala a principios de diciembre apuntando que el objetivo del PP con esta maniobra era intentar dejar sin voz a las acusaciones populares, y advertía a la Audiencia Nacional de que el PP "desde el comienzo de esta causa ha jugado un papel alejado de la buena fe procesal, en una estrategia en la que su concepción de la acusación popular raya el abuso de derecho y el fraude de ley o procesal".

El Tribunal dice ahora que en todo caso "se trata de valorar cuál de los dos derechos en conflicto debe primar, si el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o el derecho de defensa y el derecho a la libre elección de abogado por cada parte.

Y recalca que "no es lo mismo examinar el conflicto derecho a un proceso sin dilaciones indebidas versus el derecho de defensa" si se hace en la fase inicial del procedimiento cuando está en instrucción que cuando ya se ha completado la instrucción y la fase intermedia y falta algo más de un mes para el comienzo del juicio oral.

Puesto que esas dilaciones ya sólo se pueden dar en la vista o con posterioridad en el momento de los recursos, la Sala indica que será el presidente del Tribunal "a través de la facultad de dirección del juicio que le corresponde" quien velará por que se eviten posibles reiteraciones a través de la declaración de pertinencia o impertinencia de las mismas.

JUICIO QUE SE ALARGARÁ DURANTE 4 MESES

El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez prevé celebrar más de 40 sesiones que se prologarán hasta finales del mes de mayo de 2021.

En el banquillo se sentarán el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente 'popular' Cristóbal Páez y los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García. También la empleada de esta empresa Laura Montero, ya que las acusaciones populares ejercen acusación contra ella, a diferencia de la Fiscalía y Abogacía del Estado.

Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos están los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas declaraciones han sido solicitadas por acusaciones populares y no por Anticorrupción.

En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. En cambio, Rajoy ya compareció ante este tribunal como testigo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel.

También comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido.

Más de 1.800 aspirantes se presentan este sábado a la segunda prueba de evaluación de acceso a la Abogacía correspondiente al año 2020. El examen servirá para comprobar que los aspirantes cuentan con la formación suficiente y conocen debidamente la normas deontológicas y profesionales.

La primera prueba de este examen tuvo lugar el pasado 4 de julio y se presentaron más de 6.600 aspirantes y se desarrolló en formato 'online'. Inicialmente estaba prevista el 28 de marzo de 2020 pero tuvo que aplazarse como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El Ministerio de Justicia y la Universidad de Educación a Distancia (UNED), tras varias negociaciones en las que también participó el Consejo General de la Abogacía Española, llegaron a un acuerdo para poder usar la experiencia del centro educativo en pruebas masivas a distancia.

La prueba de aptitud es requisito previo para el ejercicio de la actividad desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

EXAMEN ONLINE

Para la realización de esta segunda prueba se han admitido un total de 1.883 aspirantes, que desarrollarán el examen online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Los aspirantes han solicitado el examen únicamente en dos idiomas: castellano y catalán, y 12 personas han solicitado adaptación por capacidades diferentes.

Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, los aspirantes realizaron el pasado 2 de diciembre un simulacro de los tiempos reales del examen. Durante los dos días siguientes se facilitó la apertura de la plataforma para que los aspirantes se familiarizaran con la misma.

En la página web del Ministerio de Justicia se publicó, con previa antelación, el manual de la prueba de evaluación con los requisitos e instrucciones para el acceso a la plataforma AVEX y la realización del examen, así como la ayuda técnica.

El examen dará comienzo a las 09.00 horas de este sábado, 19 de diciembre, y tendrá una duración de tres horas, si bien su finalización está prevista a las 15.30 horas, debido a las ampliaciones de tiempo para las adaptaciones.

PREGUNTAS CON RESPUESTAS MÚLTIPLES

Será una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples para contestar a un total de 75 preguntas, divididas en dos partes.

La primera parte de la prueba, compuesta de 50 preguntas, versará sobre materias comunes referidas a la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión. La segunda parte, con 25 preguntas, tratará de materias específicas de los ámbitos civil y mercantil; penal; administrativo y contencioso-administrativo; y laboral.

El 21 de diciembre estará disponible en la plataforma de la UNED la plantilla de las preguntas con las respuestas provisionales, que también se harán públicas en la web del Ministerio de Justicia, donde posteriormente se podrá consultar, por los cauces habituales, los resultados de la prueba.

El Consejo por la República (CxRep), que encabeza el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha convocado este sábado la asamblea fundacional de representantes, que es el órgano de representación general y de decisión superior de la entidad.

Aunque la sesión constitutiva, que empezará a las 10.00 horas, tenía que celebrarse en Argelers (Francia), finalmente se hará entre Barcelona --en el Palau de la Generalitat-- y Bruselas --en el Press Club - por las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus.

En el acto podrán participar todos los diputados del Parlament partidarios de que Cataluña sea un estado independiente en forma de república y quieran formar parte de esta asamblea de representantes.

También están invitados los diputados de los grupos que suscribieron el acuerdo de investidura que dio paso al actual del Govern y a la creación del CxRep, como determina el reglamento de la entidad, aprobado por unanimidad el 20 de abril.

Así, hasta el momento está previsto que asistan representantes de JxCat; del PDeCAT, que en el momento fundacional formaba parte del grupo de JxCat; de Demòcrates de Catalunya, que estaba integrado en el grupo republicano, mientras que los diputados de ERC no acudirán por considerar que es un acto "partidista".

Por parte de la CUP, fuentes de la formación han explicado a Europa Press que no participarán en el órgano pero acudirán como "observadores" al acto a través del diputado Carles Riera al haber sido invitados.

'PREPARÉMONOS'

En base al orden del día, además de elegir la Mesa del Consell per la República, está previsto ratificar a Puigdemont como presidente del órgano y debatir su acción política y el plan de gobierno, así como el documento político denominado 'Preparémonos'.

'Preparémonos' es la propuesta que el CxRep ofrece al conjunto del movimiento independentista para culminar el camino iniciado con el referéndum del 1-O, y recoge gran parte de las conclusiones de los debates estratégicos realizados por sus miembros.

Así, concreta los ejes principales de la estrategia a seguir para cumplir con el mandato del 1-O, las bases que la legitiman y una guía para la acción para todos los actores que deben protagonizarla: sociedad civil, instituciones autonómicas y el mismo CxRep.

"Es una propuesta para que el movimiento independentista supere la situación de impasse en la que está actualmente y culmine el camino iniciado el 1-O, hecho desde una visión transversal, sin renunciar a ninguna vía democrática para alcanzar la república, incluyendo la confrontación no violenta y asumiendo los riesgos", reza el documento.

RÉGIMEN ELECTORAL

El orden del día también se prevé votar el reglamento y el régimen electoral que debe servir para elegir la futura asamblea de representantes ordinaria, que se elige cada dos años a través de un sufragio libre y secreto por parte de las personas inscritas en el registro ciudadanos del CxRep.

La asamblea estará formada por 121 representantes: 81 elegidos en las diversas circunscripciones electorales establecidas en el reglamento, y 40 elegidos en circunscripción única entre los cargos electos de Cataluña.

Adolfo García Sastre, médico y virólogo en el hospital Monte Sinaí de New York, se muestra optimista con las vacunas contra la COVID-19 y apela a que todos "debemos ponernosla, aunque no sea obligatoria, porque debemos ser responsables". "Si conseguimos la inmunidad del rebaño, el virus será circulatorio en los humanos, pero no tendremos síntomas".

Debido a la configuración del virus, a su juicio "es fácil de contener con una vacuna, por lo que es responsabilidad de cada uno que alcancemos una solución en la primavera del año 2021".

En su intervención en el ciclo organizado por Fedeto, ha destacado su confianza en las distintas vacunas "que alcanzan un 95% de efectividad, que es muchísimo cuando hablamos de vacunas". Sobre los medicamentos "confía en que haya más medicamentos, además de los que hay hasta ahora, que no son muchos", ha informado Fedeto en nota de prensa.

Respecto a la inmunidad que ofrece la vacuna, García Sastre entiende que "es mejor tener una vacuna que te garantice un año de inmunidad a no tenerla; tiene muchos anticuerpos, por lo que serán más duraderas, pero aún no sabemos todo sobre su inmunidad".

En cuanto a si una persona que haya pasado la enfermedad debería ponerse la vacuna, el doctor entiende que "es lo mejor, porque aunque tenga anticuerpos propios, la carga de los mismos que aporta la vacuna es muy superior".

Ha recordado que la vacuna es doble y que se ha probado en más de 30.000 personas con unas efectos más que positivos. "Tan sólo se han dado incidencias en personas que tenían un alto índice de alergias de algún tipo, pero muy alto. En esos casos hay que observarles durante las primeras horas, si hay una reacción aplicar el medicamento oportuno, y no habría más problemas", apunta Sastre.

A su entender, "cuantas más vacunas haya, más vidas se salvarán" y ha cifrado en 16 mil millones de vacunas las que se necesitan a nivel mundial. "Es necesaria la vacunación generalizada para evitar la pandemia".

ENTREGA DE GALARDONES

Al finalizar se han entregado dos galardones empresariales. El primero ha sido para los profesores, por su labor para que la educación pudiera seguir desarrollándose durante la pandemia.

En representación de Cofarta lo ha entregado el presidente de Fedeto, Ángel Nicolás, a Javier López López, profesor del Colegio Maristas Santa María de la ciudad de Toledo.

También se ha entregado el galardón a la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha, por su labor de interlocución regional del colectivo de empresarios autónomos en la región.

Ha entregado el galardón el director de Empresas de Caixabank en Castilla-La Mancha, Justo Gutiérrez, a Sonia Gómez, autónoma del sector de Guías de Turismo en la provincia de Toledo.

El Consejo Fiscal avala la definición del consentimiento expreso que constituye una de la principales novedades de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual presentada por el Gobierno a principios del pasado mes de marzo.

Así lo han acordado este viernes por unanimidad los miembros de este órgano consultivo, que recomiendan en todo caso que el articulado regule esta figura en positivo, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

En el anteproyecto se señala que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto". Según la Fiscalía, que así lo señalará en su informe, este cambio de redacción otorgará más claridad a esta figura.

El informe del Consejo Fiscal, cuyas sugerencias no son vinculantes, se unirá al que tienen que presentar el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Los ponentes del informe del órgano de gobierno de los jueces, según adelantó El Español, habrían puesto pegas en sus primeras reuniones a la definición de consentimiento expreso que propugna la norma auspiciada por el Ministerio de Igualdad ,a cuyo frente se encuentra Irene Montero, si bien aún no existe una posición final sobre este asunto.

Otro punto de la Ley que ha sido protagonista en el debate del Consejo Fiscal, y en el que no ha existido unanimidad, se refiere a los delitos de explotación sexual (prostitución). Así, el informe que se hará público en los próximos días sugerirá la necesidad de que se cuente con una ley concreta para abordar este fenómeno con el fin de profundizarse más en el delito, sin perjuicio de que se pidan también puntualizaciones técnicas dirigidas a "pulir" los preceptos penales con el fin de mejorar la persecución de estas conductas.

Se pide mejorar, por ejemplo, lo relativo a la figura del proxeneta o tercera persona que se beneficia de una explotación sexual porque aunque ya estaba contemplado en el Código, es cierto que la jurisprudencia existente hacía complicada su persecución. Este aspecto debe ser mejorado en la nueva normativa según sugerirá el Consejo Fiscal.

CASTIGOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Según el Anteproyecto se castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años cualquier comportamiento sexual "que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento", e incluye como delito leve el denominado 'acoso callejero'.

Las condenas por violaciones irán de 4 a 10 años, aunque se podrán elevar a 12 si concurre una circunstancia agravante y a 15 si concurren dos o más.

La norma, que elimina la diferencia entre abuso y agresión, pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión. La eliminación de esta diferencia ha sido vista con buenos ojos por el Consejo fiscal, según las mismas fuentes, sin perjuicio de que las penas se establezcan en función de las características de cada conducta en concreto.

El anteproyecto asume así el conocido 'solo sí es sí', reivindicación que se evidenció tras la polémica primera sentencia del caso de La Manada, que condenó a los 5 acusados por un delito de abuso por una violación múltiple de una joven durante los Sanfermines de 2016 --si bien posteriormente el Tribunal Supremo elevó las penas al sentenciar que fue una violación--.

La plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, ha convocado para este domingo una nueva concentración de vehículos por todas las ciudades de España, al igual que sucedió el pasado 22 de noviembre.

Se trata de la sexta movilización de la plataforma --la última fue este miércoles frente a las puertas del Senado-- antes de que la LOMLOE, la reforma educativa más conocida como 'Ley Celaá', y a la que se opone firmemente esta plataforma, sea sometida a debate y votación el próximo 23 de diciembre en el Pleno del Senado.

El dictamen de la Comisión de Educación de este viernes es el que se votará el próximo miércoles en el Pleno del Senado, donde el Gobierno necesita mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de una Ley Orgánica, un umbral asumible para el PSOE dado que los grupos que apoyaron la norma en el Congreso también alcanzan la mayoría absoluta en el Senado.

La Ley solo tendría que volver al Congreso si el Pleno del Senado aprobase alguna enmienda 'viva' --enmiendas que no se aprobaron en Comisión--. De momento, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de un último debate el próximo 29 de diciembre.

El redactado de la 'Ley Celaá' contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de "demanda social" de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.

Para Más Plurales, la supresión de la "demanda social" de los centros privados sostenidos con fondos públicos "deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos", lo que para ellos supone un "ataque a la libertad" porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.

Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio "relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar".

Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad", lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.

La derecha española (PP, Cs y Vox), que votó en contra de la norma en el Congreso, también ha iniciado su propia campaña de desprestigio de la 'Ley Celaá', por lo que en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a esta Plataforma. De hecho, las tres formaciones ya anunciaron que recurrirían la ley ante el Tribunal Constitucional en caso de llegar ésta a aprobarse, lo que previsiblemente sucederá.

La organización conservacionista WWF ha denunciado el intento de las administraciones de Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria de presionar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para evitar mejorar la protección del lobo ibérico "en contra del criterio científico" y en favor de mantener un modelo de gestión que apuesta por el "control letal" que, a su juicio no reduce daños ni tampoco cumple con los criterios de la Comisión Europea.

Así, la ONG anima al MITECO a cumplir "lo antes posible con la ciencia y la legalidad" ya que según recuerda WWF es "su obligación" y considera que el modelo que plantea el Ministerio proporciona "coherencia en la gestión de la especie y recursos a la ganadería extensiva".

WWF lamenta que, una vez más, se esté utilizando al lobo como chivo expiatorio en lugar de apostar por soluciones efectivas y anima al Ministerio a cumplir con la ciencia y la legalidad lo antes posible.

La ONG se refiere al dictamen del Comité científico que establece que el lobo ha de incluirse en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial por su importancia ecológica y la necesidad de que se conserve y gestione al lobo como una única población ibérica con criterios coherentes y homogéneos.

De seguir esta recomendación, el lobo pasaría a estar protegido en toda España y quedaría prohibida su caza deportiva, igual que en Francia y Portugal.

"Todo es poco para estas comunidades autónomas frente a seguir cazando la especie", lamenta WWF que denuncia que lejos de estar dispuestas a dialogar la estrategia y a favor de sus ganaderos extensivos, están "empeñados" en no proteger a la especie con el fin de continuar con una gestión basada en la caza y el control letal de poblaciones que incumple claramente la Directiva europea Hábitats.

La ONG asegura que ha llegado el momento de "dejar atrás" el control de poblaciones del lobo y apostar por el control de daños y mejorar el apoyo a los ganaderos para poner en marcha medidas preventivas para lograr la coexistencia con el lobo.

WWF reclama también conceder primas por vivir en zona lobera, el pago rápido y justo de las indemnizaciones y el aumento de los fondos para, por ejemplo, el mantenimiento de mastines o la construcción de estructuras de protección.

La responsable del programa de especies de WWF, Gema Rodríguez, ha manifestado que la protección del lobo "no implica más daños para la ganadería extensiva, sino todo lo contrario" porque aumentará la financiación a la prevención y las compensaciones.

"Estas CCAA se aferran a un mensaje anclado en generar conflicto y no en buscar soluciones, que les permite mantener su modelo actual de gestión basado en matar lobos, un modelo demostrado ineficaz, contrario a las directrices de la CE e injustificable en pleno siglo XXI. Apoyamos al MITECO a seguir por este camino, que es el único posible para cumplir con la ciencia, la legalidad y la coexistencia con la ganadería extensiva", concluye Rodríguez.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este viernes que su partido ha solicitado la comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en el Congreso de los Diputados para saber cómo va a asegurarse el Gobierno de que se cumple la sentencia judicial que obliga a la Generalitat de Cataluña a garantizar al menos un 25% de la enseñanza en castellano en el sistema educativo.

Arrimadas ha subrayado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "significa de facto una enmienda a la totalidad de la 'ley Celaá'", el proyecto de ley de educación del Gobierno, al que el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) incorporaron una enmienda en el Congreso para eliminar el carácter vehicular del castellano en las escuelas de aquellas comunidades autónomas donde hay otra lengua cooficial.

Por tanto, "tienen que retirarla", ha dicho sobre la reforma educativa durante una visita a Sabadell (Barcelona) junto al líder de Cs en el Parlament y candidato a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, Carlos Carrizosa. Ambos han asistido a un acto por las víctimas del terrorismo en el 30 aniversario del atentado perpetrado por ETA en este municipio en 1990, que causó la muerte de seis policías.

La presidenta de la formación naranja ha declarado ante los periodistas que Celaá debe "dar la cara" en la Comisión de Educación para aclarar ante los diputados qué hará el Ejecutivo para "hacer cumplir la sentencia" del TSJC y que los ciudadanos no tengan que acudir a los tribunales para defender sus derechos.

FAMILIAS "ABANDONADAS" POR LOS GOBIERNOS DEL PP Y DEL PSOE

En su opinión, los sucesivos gobiernos que ha habido en España han dejado "abandonadas" a las familias que quieren escolarizar a sus hijos en castellano y catalán y no únicamente en esta última lengua, y cree que la sentencia conocida esta semana viene a decir que no han protegido a estas personas.

"No hay derecho a que para defender tus derechos en Cataluña tengas que ir a la Justicia, señalarte y gastarte el dinero porque ni el PP ni el PSOE nos han protegido nunca en el Congreso ni en el Gobierno de España y la Generalitat lo único que quiere es aplastar los derechos de millones de catalanes", ha manifestado.

Ciudadanos también ha registrado este viernes en la Cámara Baja una batería de preguntas para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez las conteste por escrito.

Le pide una valoración sobre la sentencia del TSJC y solicita conocer qué actuaciones impulsará el Ministerio de Educación para garantizar que en Cataluña se imparten al menos el 25% de las clases en castellano, tal y como exigen los jueces, y qué hará en caso de que la Generalitat se niegue a dar cumplimiento a la resolución judicial.

Por último, pregunta qué postura adoptará el Gobierno ahora respecto al carácter vehicular que debe tener el castellano en el sistema educativo en aquellas comunidades autónomas donde es lengua cooficial junto al catalán, el euskera o el gallego.

CONTRA EL SISTEMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Cs destaca que el uso de la lengua oficial del Estado en el sistema de enseñanza en Cataluña es "residual", según el TSJC, que indica que solo 5 de los 184 centros educativos analizados imparten íntegramente en en castellano el 25% de las asignaturas y que el promedio de horas en este idioma es del 8 % en la educación primaria, el 19 % en secundaria y el 26 % en bachillerato.

"Desde Ciudadanos llevamos años denunciando que el sistema de inmersión lingüística que aplica la Generalitat de Cataluña no solo es contrario a lo previsto la redacción de la Ley Orgánica de Educación, sino que contraviene claramente" la Constitución Española, según la cual "todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo", afirman.

Además, el partido de Arrimadas critica que Celaá afirme desconocer las vulneraciones de derechos que distintas familias han denunciado ante la Justicia --que han resultado en sentencias contrarias al actual modelo educativo en Cataluña-- y sostenga que el Govern cumple con la cooficialidad de ambas lenguas en las escuelas.

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, y Disneyland Paris, el primer destino turístico europeo, han puesto en marcha este viernes en Zaragoza la campaña 'Estas Navidades reciclar vidrio es mágico'.

Una iniciativa que, a través de los algunos de los personajes más conocidos de Disneyland Paris, busca acercar y concienciar a las familias zaragozanas y al público de todas las edades sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio.

Durante las próximas semanas, diez contenedores en forma de bola de Navidad y tematizados con los personajes Disney, estarán ubicados en distintos puntos de la ciudad de Zaragoza, uniendo la magia Disney y la magia de la Navidad a la práctica consolidada del reciclaje de vidrio entre los españoles.

En el ámbito nacional, la campaña se lleva a cabo en otras nueve ciudades españolas como son Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Alicante, A Coruña, Almería y Salamanca.

En Zaragoza, los emplazamientos de estos contenedores se localizan en la entrada de Gran Casa en el Actur; en Valdespartera en la calle Desayuno con Diamantes plaza de intersección con Cantando Bajo la Lluvia; en Montecanal en la avenida Ilustración; y en Miralbueno en la plaza Lagos Azules.

También se localizan en la plaza San Marcos de Parque Venecia; en la plaza Utrillas del distrito de Las Fuentes; en la confluencia de la calle Don Jaime I con la plaza La Seo, frente plaza del Pilar; en la glorieta de Sasera delante de El Corte Inglés de Sagasta; en la plaza San Francisco, frente a la Ciudad Universitaria; y en la entrada del parque Grande José Antonio Labordeta, en el puente de los Cantautores.

Con esta iniciativa, Ecovidrio busca crear un vínculo especial con las familias a la vez que hace más atractivo el momento de reciclaje. Para ello, las bolas de Navidad de Ecovidrio contarán con Mickey y sus amigos Pluto, Goofy y Daisy y Olaf como protagonistas de esta campaña que busca inspirar a los más pequeños y fomentar un hábito que aporta grandes beneficios para todos.

SORTEOS

Para facilitar el reciclaje en casa, todos los que lo deseen podrán entrar en la web 'https://www.miniglu.es/sorteo/disney' ya sea a través de su explorador de Internet favorito o capturando el código BIDI que tendrán impreso todos contenedores con la imagen de la campaña.

Los usuarios que entren tendrán que responder un divertido y sencillo cuestionario para participar en el sorteo en el que podrán llevarse uno de los miniglús tematizados para reciclar con magia desde casa o incluso viajar al destino más mágico y soñado del mundo, Disneyland Paris.

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL RECICLADO DE VIDRIO

El vidrio, que se deposita en los contenedores se recicla al cien por cien y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín --vidrio reciclado-- en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación del entorno.

Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación, se ahorra energía y evitamos el crecimiento de los vertederos, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado este viernes que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, tiene "demasiada ansiedad por marcar su impronta" y por dar a entender que él es el que gestiona "la agenda de la verdad" y lleva a remolque al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Eso, claro, al presidente y al partido mayoritario le genera incomodidad", ha añadido Ortuzar en una entrevista concedida a Telenorte de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha considerado sobre las diferencias que se observa entre el PSOE y Podemos en el Ejecutivo del Estado que "hay una sobreactuación en la política" en Madrid, en general.

En su opinión, hay "demasiada necesidad y prisa por aparentar y por dejar claro quién es el que manda y quién es el que mueve las cosas". También ha apuntado que el PSOE tampoco comparte todo lo que quiere hacer Podemos porque son dos proyectos diferentes. "Nosotros en Euskadi tenemos una experiencia ya más dilatada y estas cosas no nos suelen pasar porque, desde el principio, pactamos los acuerdos, pero también pactamos los desacuerdos", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha manifestado, asimismo, que la semana pasada, tras ser reelegido por tercera vez presidente del EBB del PNV, habló por 'WhatsApp' con Pedro Sánchez cuando este volvía de Bruselas, tras lograrse desbloquear el fondo de recuperación. Según ha puntualizado, ambos comentaron "desde la gran política hasta la pequeña política".

En esta clave, Ortuzar ha hecho hincapié en que "hay demasiado ruido y ese ruido no deja escuchar las palabras" no solo entre Gobierno y oposición, sino también dentro del Ejecutivo, ha considerado.

PRESUPUESTOS VASCOS

El dirigente vasco confía en que, "pasado el ritual de marcar posiciones", los partidos de la oposición en Euskadi apoyen los Presupuestos del Gobierno Vasco para 2021. Además, ha asegurado que no espera "un cheque en blanco" de Elkarrekin Podemos, pero sí "la misma voluntad y disposición negociadora" que los jeltzales mantuvieron en los Presupuestos Generales del Estado.

Ortuzar ha señalado que, aunque su partido y PSE-EE tienen mayoría absoluta para sacar adelante los Presupuestos, el Ejecutivo y el Lehendakari, Iñigo Urkullu, tienen voluntad de acordar con el resto de partidos. "Nosotros queremos que haya más corresponsabilidad, más respaldo a las cuentas. Es lógico que haya que negociar y estamos abiertos a hablar", ha remarcado.

El máximo representante del PNV ha puesto como ejemplo los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que han sido respaldados por los jeltzales, en una negociación "sencilla y muy transparente" por su parte. Por ello, ha pedido a Podemos, "que ha entrado en esa negociación y está en el Gobierno español", que mantenga "la misma voluntad y disposición negociadora". "No le pido un cheque en blanco", ha afirmado.

También ha mostrado su rechazo a que la forma de hacer política en Madrid se traslade a Euskadi. "Parece que hay una necesidad en la política actual de marcar tensión, de marcar confrontación y de ir a bloques. Yo no quiero que la política vasca entre en esa pelea de bloques, porque no veo que en la sociedad haya bloques, no veo yo esa división en la sociedad, que es más artificial", ha indicado.

A su juicio, los partidos en Euskadi todavía se encuentran "en esa especie de fase preliminar" de marcar posición, y confía en que, "pasado ese ritual", en el que se pretende parecer "más flamencos que nadie", se entre a "negociar de verdad".

GOBIERNO DE IRUN Y GAS EN ÁLAVA

Por otra parte, Ortuzar ha quitado importancia al acuerdo de Gobierno entre el PSE-EE y Podemos en Irun y al voto de los socialistas con la oposición en Álava contra el pozo de gas de Subijana. "Son anecdóticos", ha aseverado, para negar que haya distanciamiento con su socio en el Ejecutivo vasco.

En todo caso, ha recordado que en el municipio guipuzcoano ya había "divorcio" entre jeltzales y PSE-EE, y ha señalado que al tema del gas le darán "una vuelta, y llegarán a que los compromisos del Gobierno se cumplan y, luego, que cada uno defienda lo que tenga que defender".

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para reformar el sistema de votación de los españoles que viven en el extranjero de manera que se elimine la obligación de rogar el voto vigente desde 2011, se recorten plazos para garantizar que la documentación electoral llegue a tiempo a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y se implante un sistema de papeletas autorrellenables por el propio elector.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, los independentistas catalanes recuerdan que existe un amplio consenso entre las fuerzas políticas para derogar el denominado voto rogado, que trajo consigo una caída sustancial en la participación electoral de los emigrantes.

Según su propuesta, los emigrados podrán seguir votando en urna o por correo pero ya no tendrán que rogar el voto sino que todos los inscritos en el CERA recibirán las papeletas y sobres de votación así como una hoja informativa sobre cómo ejercer el derecho de voto que remita a una o varias páginas web habilitadas para la ocasión con todos los recursos necesarios.

WEB ESPECÍFICAS

El modelo de papeleta será autorrellenable y en las instrucciones se le explicará cómo podrán conocer las candidaturas proclamadas para poder cumplimentarla. En cada proceso electoral la administración correspondiente creará webs específicas, fuera de los circuitos habituales, y se habilitará un servicio gratuito de atención telefónica, así como los correos electrónicos de las Oficinas o Secciones Consulares y otros canales que la administración responsable pueda habilitar, como la tramitación telemática del envío de toda la documentación.

ERC plantea adelantar el envío a los electores toda la documentación para garantizar que les llegue con tiempo suficiente para poder votar. Así, quieren que el envío empiece el décimo octavo día posterior a la convocatoria de los comicios, antes incluso de que la proclamación de las candidaturas, y que las actulizaciones que se puedan producir en las mismas sean publicitadas en la página web habilitada para el comicio.

Para la votación en urna fijan un plazo que va entre el octavoy el segundo día --ambos inclusive--, anteriores al día de la elección. Los sobres se entegarán personalmente en sus Oficinas o Secciones Consulares o en los lugares que se habiliten para ello

Además de su Pasaporte o DNI los electores deberán identificarse entregando uno de los dos certificados de inscripción en el CERA que habrán recibido con la documentación electoral, así como depositar el sobre dirigido a la Junta Electoral Competente para el escrutinio previamente sellado por el personal consular encargado que hará constar la fecha del depósito.

Los electores que opten por votar por correo deberán incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, además del sobre de votación, uno de los certificados de estar inscrito en el CERA, fotocopia del pasaporte o del DNI o, en su defecto, certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular.

Todo ello se introducirá en el sobre dirigido a la Oficina o Sección Consular correspondiente y se incluirá en este sobre el otro certificado de inscripción en el censo. Toda esta documentación se remitirá por correo postal ordinario o certificado a la Oficina o Sección Consular del elector no más tarde del quinto día anterior al día de la elección.

TODO GRATIS

Finalizado el plazo del depósito del voto en urna, el funcionario consular expedirá un acta que contendrá el número de certificaciones censales recibidas, las incidencias producidas, y y el número de sobres recibidos por correo hasta la finalización del depósito del voto en urna.

Al día siguiente, los sobres depositados por los electores y los recibidos por correo, junto al acta expedida por el funcionario consular, deberán ser remitidos, mediante envío electoral, a la Oficina que a estos efectos se constituya en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la cual, a su vez, procederá al envío urgente de dichos sobres a las Juntas Electorales correspondientes.

Será indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre un matasellos u otra inscripción oficial de una Oficina de Correos del Estado en cuestión o, en su caso, de la Oficina o Sección consular correspondiente, que certifique, de modo indubitable, el cumplimiento del requisito temporal que en cada caso se contemple.

Además, ERC defiende que todo este procedimiento sea gratuito para los electores, para lo que se habilitarán apartados de Correos que permitan los envío sin coste y, si esto no es posible, medidas para garantizar la devolución del coste de los envíos.

El Parlament ha aprobado una propuesta de resolución que insta al Govern a exigir al Gobierno central impulsar las modificaciones legales oportunas para retirar el aforo y la condición de 'Rey emérito' a Juan Carlos I, así como los títulos, honores y prerrogativas, derechos y privilegios de carácter institucional, protocolario y económico.

La resolución, una de las que se ha aprobado en el pleno monográfico sobre corrupción que solicitó Cs, ha salido adelante con el voto favorable de ERC, JxCat y la CUP, la abstención de los comunes, y el voto en contra de Cs, el PSC-Units y el PP.

En ella la Cámara pide al Govern reclamar al Ejecutivo central impulsar las medidas necesarias para derogar el delito de injurias contra la Corona y la Ley orgánica 4/2015 --conocida como 'Ley Mordaza'-- por ser "leyes que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales y que son sistemáticamente usadas para censurar la libertad de expresión", un punto que ha obtenido el voto favorable de ERC, Cs, los comuns y el PP, el 'no' del PSC, y la abstención de JxCat.

En otra propuesta de resolución aprobada, esta vez de los comuns, el Parlament insta al Govern a excluir de las contrataciones públicas, de forma cautelar y hasta que no haya una sentencia firme, a aquellas empresas presuntamente implicadas en casos de corrupción.

Asimismo, insta al Ejecutivo catalán a censurar la actuación del Rey emérito Juan Carlos I por su implicación en presuntos casos de corrupción por las supuestas comisiones ilegales por la construcción del AVE en la Meca, y manifiesta la necesidad de reformar la Constitución para que España sea una república.

PLENO SOBRE CORRUPCIÓN

Por otro lado, el Parlament ha aprobado una propuesta de resolución del PSC que insta al Govern a presentar, en un plazo de 15 días, un informe de la Conselleria de Presidencia que especifique el contenido de las reuniones del exconseller de ERC Xavier Vendrell --investigado en la operación Voloh de presunto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista-- con los departamentos de Educación, Salud, Territorio y Sostenibilidad, y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.

Esta propuesta resolución ha salido adelante con el voto favorable del PSC, comuns y PP, y la abstención del resto de grupos.

La Cámara también ha aprobado una propuesta de la CUP que exige al Govern aprobar la nueva ley de financiación de partidos y reducción de gastos electorales, así como aumentar la transparencia y el control ciudadano sobre la contratación pública.

Asimismo, ha dado luz verde a una propuesta conjunta de ERC y JxCat que insta al Govern a seguir impulsando políticas de gobierno abierto para la gestión pública eficiente, ética y cercana a la ciudadanía, y otra en la que piden al Ejecutivo aprobar el proyecto de decreto ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por último, ha aprobado una propuesta de resolución del PP que reclama al Govern establecer de forma inmediata mecanismos de control y fiscalización del patrimonio de los miembros del Ejecutivo catalán, altos cargos de la administración y directivos del sector público de la Generalitat para evaluar y detectar posibles situaciones de enriquecimiento injustificado durante el ejercicio del cargo.

SEO/BirdLife se ha personado en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Zafra (Badajoz) por la comisión de un delito contra la fauna que afecta a una especie en peligro crítico de extinción y declarada extinta en la península ibérica, el ibis eremita.

Los hechos se remontan a septiembre de 2019 cuando el Seprona y agentes de medio ambiente de Andalucía y Extremadura investigaron a un vecino de Montemolín por un presunto delito contra la fauna, por abatir con una carabina de aire comprimido cinco ejemplares de ibis eremita.

La especie está clasificada como "extinta" en el catálogo regional de especies amenazadas de esa comunidad y es objeto de un programa de reintroducción en Andalucía, el Proyecto Eremita, que se ocupa de la liberación y seguimiento de ejemplares nacidos en cautividad y en libertad en el sur de la Península Ibérica.

Así, como ha explicado SEO/BirdLife en nota de prensa, la pérdida de estos cinco especímenes jóvenes supone una "importante merma" para la consolidación de la especie en España.

Fueron los técnicos del citado proyecto, quienes avisaron a la Guardia Civil, al detectar la inmovilidad de la señal del GPS que portaba para su seguimiento vía satélite, justo cuando un grupo de seis especímenes jóvenes, habían realizado un vuelo de dispersión desde la provincia de Cádiz hasta Montemolín.

Los agentes iniciaron la búsqueda con otros del Medio Natural de la Junta de Extremadura, localizando tres cadáveres de dichas aves en las inmediaciones de un edificio de Montemolín y, con posterioridad, agentes andaluces recuperaron otros dos, todos con signos de haber sido heridos por disparos.

EL PAPEL DE LA ONG

SEO/BirdLife actuará en este caso como acusación popular en los tribunales, con el objetivo de conseguir una sentencia que permita reflejar las consecuencias legales que tiene la caza ilegal de especies protegidas y disuadir de su comisión.

Este es uno de los objetivos específicos del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para mejorar la eficacia de las acciones dirigidas a luchar contra los delitos ambientales.

BirdLife International lleva trabajando en la recuperación de la última población silvestre viable de esta especie desde 1994. En el marco de un programa de seguimiento a cargo de las autoridades del Parque Nacional de Souss-Massa (Marruecos)SEO/BirdLife se hizo cargo del programa a partir de 2000 y en la actualidad, GREPOM, miembro de BirdLife en ese país ha tomado el relevo, siempre con el apoyo de la ONG española.

Por su parte, la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez iniciaron en 2004 un proyecto independiente encaminado al establecimiento de una población reproductora y sedentaria en Cádiz.

Este proyecto cuenta con la colaboración de numerosos zoos europeos comprometidos con la cría en cautividad de esta especie. Desde que se iniciaron las liberaciones se han establecido un total de 25 parejas que crían en libertad, algunas ya de cuarta generación, totalizando unos 110 ejemplares en total, por lo que se trata del más importante programa de reintroducción de ibis eremita en Europa.

IE University ha celebrado la graduación de 600 alumnos de más de 70 países de programas master de IE Business School y IE Law School con un evento digital e inmersivo difundido desde el campus de Segovia que ha contado con la participación de la astronauta de la NASA Cady Coleman.

Así lo ha dado a conocer este viernes la institución educativa, que ha destacado que Coleman, astronauta de la NASA que ha participado en dos misiones espaciales, ha pronunciado la lección magistral y ha recordado en su intervención con los graduados que "este año habéis aprendido más de lo que nunca hubierais podido imaginar".

La ceremonia ha contado además con la asistencia de los alumnos de grado y postgrado de la institución, que proceden de 140 países, así como los profesores y miembros del staff.

"Es para mí un honor formar parte de la familia de IE University hoy y celebrar la graduación de los alumnos de las escuelas de IE Business School y de IE Law School de IE University. Habéis dado pasos importantes para llegar donde estáis. Y creo que compartís la misma sensación que tenemos nosotros, los astronautas, cuando de pronto estamos sentados en la nave preparados para despegar y volar al espacio. Creo que hay muchos paralelismos entre nuestros mundos", ha destacado Coleman.

Asimismo, Coleman, veterana en dos misiones espaciales que trabajó seis meses en la Estación Espacial Internacional (ISS), ha señalado que "este año ha sido duro para todos. "Y vosotros habéis aprendido más de lo que nunca hubierais podido imaginar", ha subrayado.

"Creo que esta pandemia ha resaltado la importancia de la innovación, de la humanidad, y da respuesta a una misión clara para todos nosotros: tenemos que protegernos por nuestras familias y nuestra comunidad, y debemos trabajar juntos en la búsqueda de soluciones globales para construir un futuro mejor. Y sé que cada uno de vosotros puede marcar la diferencia", ha manifestado.

El presidente de IE University, Santiago Iñiguez de Onzoño, ha agradecido a los alumnos su "compromiso, sentido de la responsabilidad y comprensión en este tiempo de desafíos". "Espero que para todos nuestros alumnos haya sido también una oportunidad de aprender y crecer como ciudadanos globales", ha apuntado.

Durante su intervención, ha recordado que IE University es una de las instituciones educativas más innovadoras del mundo. "La pandemia nos ha impulsado a explorar nuevos formatos y metodologías de aprendizaje, y este año hemos puesto en marcha nuestro modelo de liquid learning", ha recalcado.

IE University ha recordado que ha puesto en marcha este curso académico "su apuesta estratégica por el liquid learning, un modelo de formación único en el mundo que supone una transformación de la experiencia educativa".

Los programas cuentan con un diseño innovador que integra sesiones presenciales en el campus; sesiones híbridas con alumnos presenciales en clase y alumnos conectados online a las aulas en directo con la misma experiencia inmersiva, y sesiones asíncronas para impulsar el trabajo individual, según ha destacado.

La celebración de la graduación de la Clase del 2020 de IE University cuenta además con distintas actividades entre las que destaca una sesión sobre mindfulness con el Dr. Mario Alonso Puig, presidente del IE University Center for Health, Well-being and Happiness.

A lo largo de la tarde, los alumnos resolverán los misterios ocultos en un escape room virtual, podrán cocinar su cena de graduación en un encuentro digital con la chef y emprendedora Cristina Oria, aprenderán a preparar un cocktail con Diego Cabrera y disfrutarán de una sesión exclusiva de música en directo con Carl Cox, DJ reconocido a nivel mundial.

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería (UAL) ha mostrado su "preocupación" ante el "elevado riesgo de contagio" que, según sostienen, supone hacer los exámenes finales del primer cuatrimestre de manera presencial, "justo a la vuelta de Navidad".

Los estudiantes se han mostrado "molestos" ya que "desde hace más de un mes no se están dando clases presenciales" toda vez que "se han recortado las clases entre un 50 y 75 por ciento, aunque fueran por vía telemática, en la Universidad", pese a lo cual, ahora "se les obliga a que acudan a realizar sus exámenes de manera presencial".

Tras conocerse la instrucción por la que daba a elegir a los docentes en qué modalidad examinar a sus estudiantes, el órgano estudiantil solicitó una reunión entre la vicerrectora de Ordenación Académica y la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión con las delegaciones de Centro y el CEUAL, en la que "no se consiguió esclarecer en base a qué criterios sanitarios se ha tomado esta decisión".

"Solo hemos obtenido respuestas de diversos docentes que optan por la presencialidad con el único afán de vigilar que los estudiantes no se copien, mostrando así una cerrazón de objetividad, interés propio y carencia en busca de adaptación a la situación actual y buscar mejores métodos", han trasladado en un comunicado.

Con ello, creen que esta decisión culminará en un "hacinamiento de los estudiantes" en las distintas instalaciones de la Universidad, así como en los espacios comunes "y, seguramente, también provocará un desplazamiento de los universitarios masificando el transporte público". Para los estudiantes es "el cóctel perfecto para que haya un gran rebrote por covid-19 entre la comunidad estudiantil almeriense".

Así, afirman que desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica "no se ha solicitado ningún informe o recomendación a la Consejería de Salud y Familias" para adoptar dicha decisión, de igual forma que "se desconoce si existe algún aval técnico por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Universidad.

"La decisión de realizar los exámenes presenciales, según las vicerrectoras, se debe al cumplimiento estricto de las recomendaciones que ha realizado la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Junta de Andalucía (DEVA) a las autoridades académicas", han añadido.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estudiantes ya ha solicitado formalmente tener acceso a los documentos de carácter técnico de las autoridades sanitarias, si los hubiere, que avalan la decisión de retomar la presencialidad para realizar los exámenes finales del primer cuatrimestre, así como esas recomendaciones que ha emitido la DEVA. "No queda claro tampoco en base a qué escenario de las guías docentes deben evaluar los docentes a los estudiantes", han apostillado.

Las guías docentes de las asignaturas recogen distintos criterios de evaluación dependiendo si la docencia se imparte de manera presencial (Escenario A) o no presencial (Escenario B). Así, han recordado que el rector, Carmelo Rodríguez, mediante una resolución del 9 de noviembre suspendió la presencialidad de las clases "cumpliendo así con la Orden que emitió Sanidad un día antes y acatando las medidas restrictivas que impuso la Junta de Andalucía debido al avance de la pandemia en nuestra comunidad autónoma".

"Los estudiantes somos los primeros que desean una vuelta a la normalidad y a la presencialidad de nuestra docencia y evaluaciones pero, no podemos tolerar esta falta de interés y comprensión por parte de la Universidad hacia los estudiantes, arriesgando su integridad y salud en venir a realizar múltiples exámenes, tener que realizar un gasto económico en transporte y alquiler de viviendas o residencia, cuando ni siquiera sabemos si de verdad podremos volver a la presencialidad tras los exámenes", han recalcado.

Desde el Consejo de Estudiantes han pedido al Rectorado de la Universidad de Almería que, "en coherencia con la impartición de las clases llevadas a cabo de manera no presencial y recortadas muchas de ellas hasta la mitad, se haga de la misma manera la convocatoria de los exámenes finales del primer cuatrimestre y se evite así un contagio masivo y, quien sabe si pudiera derivar en circunstancias mayores".

De igual forma, han solicitado que se manifiesten las autoridades competentes en materia sanitaria para que determinen si es posible que se puedan realizar los exámenes de manera presencial justo después de las fiestas navideñas, "provocando así un desplazamiento de estudiantes desde todas partes del país".

La vicepresidenta primea del Gobierno, Carmen Calvo, ha enviado este viernes un mensaje a las personas que sufrieron represión durante el franquismo por su condición LGTBI para agradecerles su "sacrificio" y su "trabajo" para alcanzar "los derechos y libertades propias de una democracia".

Ha sido furnate su intervención en la inauguración de la mesa redonda '42º Aniversario de la reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social: La represión del colectivo LGTBI durante el franquismo' celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

En el acto también han participado la directora del CEPC, Yolanda Gómez; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, Guillermo Portilla; la presidenta de FELGTB, Uge Sangil; el fundador de la 'Asociación de Expresos Sociales', Antoni Ruiz; el presidente honorífico de la 'Coordinadora Gay-Lesbiana de Catalunya', Jordi Petit y el presidente de la 'Fundación 26 de Diciembre', Federico Armenteros.

En su intervención, Calvo ha querido destacar, además, su presencia en esta mesa "también en clave de Memoria Democrática", porque, según ha señalado, implica el "reconocimiento y la reparación de las víctimas" que sufrieron el "sacrificio y el dolor inmenso de ser considerados delincuentes".

UN HOMENAJE

La vicepresidenta se ha dirigido a estas víctimas para agradecer "este sacrificio que hicieron en la dictadura para llegar a donde ahora estamos", que es un régimen de "derechos y libertades sobre el que hay que continuar trabajando".

Desde la Vicepresidencia, han señalado que, con la presencia de Calvo en esta jornada, el Gobierno, ha querido conmemorar el 42º aniversario de la desaparición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, como un "homenaje" al colectivo y a su "condición de víctimas".

Por otra parte, la 'número dos' del Ejecutivo ha declarado que "el futuro está lleno de hombres y mujeres jóvenes que viven con libertad su opción sexual en un país que ha ido avanzando en responsabilidad y en conciencia de lo que esto representa".

En este sentido, ha indicado que la reflexión jurídica y política del Gobierno "solo camina en una dirección" que es "la ampliación de derechos" de las personas LGTBI, así como "la garantía" de los mismo, en un país donde, ha asegurado "caben todos".

REBROTES "MINORITARIOS"

Sin embargo, ha advertido Calvo, este país sufre "pequeños rebrotes minoritarios" de los que aun piensan que "ser homosexual es una enfermedad que se puede corregir" y soportar que tengan "algún tipo de altavoz en la conversación pública". "No lo vamos a consentir", ha sentenciado.

En este sentido, la vicepresidenta ha apuntado que es la "inmensa mayoría de hombres y mujeres" en España quienes están "capitaneando una sociedad que se dirige a las libertades y protección de los derechos LGTBI de tantos compatriotas que tienen que vivir en el mismo plano de igualdad y dignidad sus propias vidas".