El Gobierno ha hecho públicas este miércoles las condiciones que deben regir la subasta de las frecuencias de 700 MHz, una de las bandas prioritarias para el despliegue del 5G y cuya licitación está prevista para el primer trimestre de 2021, para la que se ha fijado un precio de salida total de 1.170 millones de euros.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha informado del inicio de una consulta pública sobre las condiciones del proceso, la primera que se realiza para una subasta de frecuencias y que estará abierta hasta el próximo 17 de enero.

Además, añade que las condiciones se someterán mañana de modo voluntario a la revisión entre pares en el seno del grupo de Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) de la Unión Europea, cuyo objetivo es que los Estados miembros intercambien experiencias y buenas prácticas sobre el proceso de asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

En concreto, el Gobierno español subastará ocho bloques de frecuencias: una concesión de 2x10 MHz, cuatro concesiones de 2x5 MHz, en la banda pareada 703-733 MHz y 758-788 MHz y tres concesiones de 5 MHz para comunicaciones solo descendentes en la banda 738-753 MHz.

El precio de salida para la subasta ha sido fijado en 340 millones de euros para el bloque de 2x10 MHz y en 200 millones de euros para cada uno de los cuatro bloques de 2x5 MHz. En el caso de los tres bloques de 5 MHz para enlace solo descendente el precio será de 10 millones de euros en cada uno.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales explica que para la fijación del precio de salida se han tenido en cuenta los precedentes de los precios de adjudicación obtenidos en los procesos anteriores para las bandas de 800 MHz y de 3,5 GHz.

"El motivo fundamental para ello es el reducido espectro disponible en esta banda de frecuencias, 30 MHz pareados; el límite fijado en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial dirigido a fomentar la competencia y la realidad actual del mercado de las telecomunicaciones en España", incide.

OBLIGACIONES DE COBERTURA

Por otro lado, el texto propone establecer un modelo de requisitos decobertura que se deben alcanzar en un plazo de tres desde la formalización de la concesión y que establece dos niveles, un primero obligatorio para los concesionarios de los bloques de 2x5 MHz y un segundo de requisitos adicionales para el bloque de 2x10 MHz.

En concreto, los operadores adjudicatarios tendrán que que proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, alcanzando el 50% de estas poblaciones en el primer año de vigencia de la concesión, el 75% el segundo año y el 100% el tercero.

Además, deberán dar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las capitales de provincia y a todas las capitales de las comunidades autónomas; a todas las autopistas, autovías y carreteras multicarril de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas y a las estacionesferroviarias de viajeros de líneas de alta velocidad.

Por su parte, el operadora que se adjudique el bloque de 2x10 MHz tendrá además la obligación adicional de proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes, alcanzando el 25% de estas en el primer año de vigencia de la concesión, el 60% en el segundo año y el 100% en el tercero.

OBLIGACIONES MAYORISTAS

Por otro lado, el Gobierno ha fijado para los cuatro bloques de 2x5 MHZ obligaciones de acceso mayorista a su red con el fin de fomentar su disponibilidad al conjunto de operadores desde el momento del inicio de los despliegues y de la prestación de servicios en esta banda, "de forma que los operadores que no resulten adjudicatarios de estas concesiones podrán prestar servicios 5G al conjunto de la ciudadanía desde el primer momento".

Esta obligación de acceso mayorista tendrá una duración limitada de cuatro años "con el objetivo de no lastrar las apuestas estratégicas y las prácticas comerciales de los licitadores adjudicatarios, fomentando a partir de ese plazo la consecución de acuerdos voluntarios entre diferentes clases de operadores".

La concesión de 2x10 MHz no lleva asociada obligaciones de acceso mayorista "en aras de maximizar el despliegue de la red e infraestructuras, la mayor extensión de los servicios y garantizar que se cumplan las exigentes obligaciones específicas de cobertura impuestas a este bloque".

DURACIÓN DE LAS CONCESIONES

El documento también recoge que la duración de las concesiones demaniales que sean otorgadas a los operadores de telecomunicaciones como resultado de esta licitación será de 20 años, la mayor posible, sin posibilidad de prórrogas y sin posibilidad de renovación automática.

El Gobierno entiende que este período es necesario para que los adjudicatarios puedan amortizar y rentabilizar la "importantes e ingentes" inversiones que tienen que realizar para desplegar redes y servicios con tecnologías 5G en esta banda de frecuencias, así como para cumplir las obligaciones de cobertura a exigir, generales y específicas, dentro de un modelo de negocio sostenible.

Los operadoras abonarán el precio fijado en la subasta en un solo pago, lo que, según el Ministerio, presenta ventajas para los licitadores adjudicatarios frente a un pago anual de la parte proporcional, más la aplicación del oportuno tipo de interés, durante toda la vida de la concesión, "habida cuenta del entorno actual de bajos tipos de interés y del acceso a la financiación de las empresas en el mercado financiero".

La licitación se desarrollará a través del mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA), que se llevará a cabo a través de Internet. El Gobierno destaca que este modelo permite conjugar "una buena dinámica en el desarrollo de la licitación, así comoseguridad de los licitadores en el proceso de toma de decisiones y formulación de pujas en el proceso de licitación".

En este sentido, recuerda que el modelo de la subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA) es el que se ha venido utilizando en los últimos años en España y el que mayoritariamente es usado tanto en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea (UE) como a nivel internacional.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el nuevo sistema de condicionalidad para recibir fondos europeos y que prevé la suspensión de las ayudas si la Comisión Europea detecta vulneraciones de los principios del Estado de derecho que puedan afectar a los intereses financieros del bloque.

Este mecanismo, al que se oponían Hungría y Polonia y por ello bloquearon el presupuesto comunitario de los próximos siete años y el fondo de recuperación, se aplicará finalmente a partir del 1 de enero de 2021.

El Ejecutivo comunitario será la institución encargada de concluir que se ha producido una violación del Estado de derecho y proponer la activación del mecanismo contra un Estado miembro, que contemplará la suspensión del desembolso de ayudas europeas.

El resto de Estados miembros dispondrá después de un plazo de un mes para votar las medidas propuestas por Bruselas por mayoría cualificada. Este periodo se podrá ampliar hasta los tres meses en casos excepcionales.

En todo caso, el proceso completo para que las instituciones puedan tomar medidas una vez identificados los riesgos prevé un máximo de 9 meses, frente a los 12 que preveía la propuesta legislativa inicial.

En las negociaciones con los Estados miembros, los eurodiputados consiguieron que el sistema de condicionalidad se aplicará, además de a casos de fraude y corrupción, a infracciones "sistémicas" de los valores fundamentales, como democracia o independencia judicial, cuando éstas afecten o amenacen con afectar a la gestión de los fondos europeos.

La normativa también recoge un sistema para protege a los receptores de los fondos cuando se apruebe la suspensión de los mismos, como estudiantes, agricultores o ONG, que podrán reclamar el pago de ayudas a través de una web de la Comisión Europea.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE pactaron la semana pasada una declaración en la que garantizaban a Budapest y Hungría que este mecanismo no se utilizaría para presionarles en otros campos, como la política migratoria. Con este movimiento consiguieron levantar su veto sobre el paquete presupuestario, pero no se modificó nada del mecanismo de condicionalidad.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se encuentra desde el martes en la isla de Gran Canaria en una visita oficial para conocer in situ la gestión migratoria que se está realizando en el archipiélago, motivo por el que visitará alguna de las instalaciones en las que se alojan a los inmigrantes llegados al archipiélago.

Asimismo, Fernández Marugán prevé mantener conversaciones con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, así como el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y con el Diputado del Común, Ángel Yanes, además de con representantes de la sociedad civil.

El Defensor del Pueblo se encuentra así en la isla de Gran Canaria, después de que hace un par de semanas tuviera que suspender el viaje como medida de precaución tras dar positivo una de las personas de su equipo con la que había mantenido contacto.

De todos modos, en las dos últimas semanas de noviembre dos equipos de la institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, han inspeccionado más de una veintena de centros e instalaciones relacionados con la llegada irregular de personas migrantes en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, según informó el Defensor del Pueblo en nota de prensa.

Estas visitas tenían como fin supervisar las condiciones de recepción, detención y posterior acogida de estas personas atendiendo al contexto de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

El resultado de las mismas fueron la formulación de las primeras resoluciones del Defensor, ya que tras la visita de los técnicos al muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), se detectaron "importantes carencias" que afectaban a la salud, así como a la integridad física, además a los derechos y garantías jurídicas de las casi 2.000 personas que permanecían en ese momento en el lugar, motivo por el que el Defensor recomendó al Ministerio del Interior la clausura inmediata de estas instalaciones.

Asimismo, trasladó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias las "deficiencias detectadas" en estas instalaciones, recomendando promover la coordinación con todas las administraciones competentes para aplicar las medidas necesarias para el aislamiento de las personas migrantes llegadas en situación irregular que resulten positivas en Covid-19.

Por otro lado, uno de los equipos visitó una nave del puerto de Las Palmas, que se utilizaba como lugar de detención y sobre las que se habían recibido varias quejas, detectando "numerosas carencias que dieron origen a sugerencias a la Jefatura Superior de Policía de Canarias para mejorar sus condiciones".

Actualmente, indicó, el Defensor está elaborando las conclusiones del resto de instalaciones visitadas, así como valorando y analizando las condiciones en las que se realiza la asistencia jurídica a las personas migrantes llegadas en patera y está "prestando especial" atención a la situación de los menores extranjeros no acompañados y a otros colectivos especialmente vulnerables como los solicitantes de asilo.

En las inspecciones se detectó un "número importante" de personas, en varios de los recursos, que afirmaban ser menores de edad, por lo que se ha dado traslado urgente de un listado con los datos de estas personas a la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, se ha iniciado una actuación de oficio con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para conocer la situación de los menores extranjeros no acompañados que están bajo la guarda y tutela de los servicios de protección de menores canarios.

Finalmente, Fernández Marugán resaltó el "esfuerzo realizado" por la administración canaria para hacer frente al "fuerte incremento de menores extranjeros no acompañados producido en el último año".

La Policía Nacional ha detenido este martes en la localidad madrileña de Las Rozas a un individuo de nacionalidad española por su presunta participación en delitos de autoadoctrinamiento yihadista y enaltecimiento terrorista. Se encontraba en un nivel "muy severo de radicalización" y sostenía por redes sociales que quería convertirse en "el mejor francotirador de DAESH" --Estado Islámico--.

Según informa en un comunicado la Policía, el detenido se dedicaba a difundir a través de Internet material de contenido yihadista, llegando incluso a ensalzar los atentados terroristas cometidos recientemente en Europa. Y en sus múltiples comentarios en redes sociales ensalzando la figura de los combatientes yihadistas, llegó a expresar su deseo de viajar a Siria, concretamente a la ciudad de Idlib, para incorporarse a la lucha armada.

La operación, que se ha llevado a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid en colaboración con la Comisaría General de Información, ha sido coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Gracias a las pesquisas policiales, los investigadores han constatado que este sujeto, un español converso, se había radicalizado rápidamente a través de autoconsumo de contenidos por Internet. La investigación comenzó el pasado mes de septiembre cuando los expertos en la lucha contra el terrorismo detectaron a un individuo alineado con los postulados de DAESH, y tras realizar la oportuna investigación comprobaron que había sufrido un cambio radical en su forma de vida, virando de llevar una vida occidentalizada a defender los preceptos más radicales del yihadismo.

ALABABA A LOS MUYAHIDINES

Lo investigado deja patente su avanzado estado de radicalización mediante una intensa actividad en las redes sociales, en las quevisualizaba y publicaba de manera constante contenidos de enaltecimiento a Estado Islámico. Entre los contactos de sus perfiles sociales figuraban de hecho combatientes yihadistas situados en zona de conflicto.

Además, los investigadores han constatado que de forma habitual, realizó comentarios alabando a los muyahidines --combatientes-- y justificando los atentados terroristas perpetrados recientemente en Europa, como la decapitación de un profesor francés el pasado mes octubre.

Dado que era consciente de su actividad terrorista, tomó diferentes medidas de seguridad para evitar ser detectado, y así realizaba cambios constantes del lugar de pernoctación. De hecho ocupaba locales deshabitados que le permitieran disponer de un control total delexterior. Los elementos recabados durante la investigación, junto con las manifestaciones relativas al desprecio por su vida y su deseo de "ser mártir", llevaron a los agentes a proceder a su inmediata detención.

Ésta se produjo el martes de madrugada, y además de su detención, se practicó un registro en el lugar donde éste habitaba de forma okupa. Este miércoles el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, y se ha decretado su ingreso en prisión.

La tasa de paro entre las personas con discapacidad en España fue del 23,9% en 2019, 1,3 puntos menos que en 2018 y 10 puntos más que entre la población sin discapacidad, según los resultados del informe 'El empleo de las Personas con Discapacidad. Año 2019', del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio revela que en el año 2019 había 1,87 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), es decir, el 6,2% de la población total en edad laboral. De esta cifra, 638.600 eran activos.

Dentro de esta población activa con discapacidad se observó mayor porcentaje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años y menor representación de personas con estudios superiores que en las personas sin discapacidad.

Para la población ocupada con discapacidad (485.900 personas en 2019) se observaron las mismas diferencias en cuanto a sexo, edad y nivel educativo que las señaladas para los activos en comparación con los ocupados sin discapacidad. La distribución por antigüedad en la empresa fue similar en ambos grupos.

El porcentaje de asalariados con discapacidad en las empresas de 50 o más trabajadores del sector privado fue del 2,2%. En esta cifra están incluidas las entidades especializadas en la inclusión social de las personas con discapacidad.

En cuanto al paro, en la población con discapacidad había mayor porcentaje de hombres, de personas de 45 a 64 años y de desempleados con estudios primarios y secundarios que en los parados sin discapacidad. Por el contrario, había menor representación de parados con estudios superiores y de personas de 16 a 24 años.

MENOS PRESENCIA DE MUJERES

Al igual que para la población general, las mujeres con discapacidad tenían menos presencia activa en el mercado laboral. No obstante, su tasa de actividad estaba más próxima a la masculina que en la población sin discapacidad (33,3%, frente a 34,6%). La tasa de empleo de los hombres con discapacidad superó en 1,4 puntos a la de las mujeres. Para el resto de la población de 16 a 64 años, la diferencia fue de 12,4 puntos.

Por su parte, la tasa de paro de las mujeres con discapacidad fue superior a la de los hombres en 1,2 puntos. Para las mujeres sin discapacidad fue mayor en 3,7 puntos.

La tasa de empleo de los hombres con discapacidad aumentó en 0,3, puntos respecto a 2018, mientras que la de las mujeres disminuyó en 0,1 puntos. Por su parte, la tasa de paro bajó 2 y 0,4 puntos, respectivamente.

En 2019 se observó mayor incidencia del desempleo en la población más joven. Las mayores tasas de actividad se dieron en el grupo de 25 a 44 años, tanto para las personas con discapacidad como para el resto de la población.

Por su parte, los mayores descensos en las tasas de paro se dieron en el grupo de 16 a 24 años, tanto para la población con discapacidad (la tasa se redujo 1,7 puntos respecto a 2018) como en el resto de la población (bajó 1,8 puntos).

El estudio señala que la participación laboral está determinada por el tipo de intensidad de la discapacidad. La tasa de actividad para el grado de discapacidad de menor intensidad fue del 54% en 2019 y disminuyó progresivamente hasta el 12,7% para el grado superior de discapacidad.

Las personas con deficiencias auditivas presentaron las mayores tasas de actividad (56,8%) y las que tenían deficiencia mental, las menores (27,8%).

La mayoría de los trabajadores con discapacidad en 2019 eran asalariados, tenían contrato indefinido, jornada completa y desempeñaban su actividad en el sector Servicios. El 89,5% de las personas con discapacidad que trabajó lo hizo como asalariado (4,9 puntos más que las personas sin discapacidad); el 73,1% de los que trabajaban por cuenta ajena tenía contrato indefinido (0,7 puntos menos que la población sin discapacidad).

El 82,7% de los ocupados con discapacidad trabajaba a jornada completa, una proporción inferior a la de los trabajadores sin discapacidad (2,9 puntos menos). El 80,9% de los ocupados con discapacidad desempeñó su actividad en el sector Servicios, frente al 75,4% de quienes no tenían discapacidad.

REDUCCIÓN EN LAS COTIZACIONES

Entre las políticas destinadas a fomentar la actividad laboral del colectivo están las que favorecen su inserción en el empleo ordinario.El 26,7% de las personas con discapacidad ocupadas que cotizaron a la Seguridad Social en 2019 tenía algún tipo de reducción o bonificación en las cotizaciones. El porcentaje de asalariados con discapacidad con la modalidad de contrato específico de discapacidad fue del 26,6%.

Las reducciones y bonificaciones en las cuotas de cotización y la contratación específica beneficiaron, sobre todo, a la población masculina, al grupo de edad de 16 a 44 años, a los grupos de discapacidad asociados a deficiencia sensorial e intelectual y a las personas con grado de discapacidad superior al 65%.

Además, de cada 100 personas en edad laboral, 12 percibieron una prestación durante 2019. En el caso específico de las personas con discapacidad el sistema público de prestaciones benefició a 1,27 millones de personas. De ellas, 260.300 personas eran activas.

Entre las personas con discapacidad perceptoras de prestaciones, el 81,2% recibió la prestación debido a una incapacidad laboral. Por su parte, el 2,7% lo hicieron exclusivamente en términos no contributivos, es decir, sin haber cotizado previamente por ellas.

Otra medida de protección del colectivo de las personas con discapacidad lo constituye el reconocimiento de la Situación de Dependencia. En el año 2019 el 16,5% de las personas con discapacidad (309.400) tenía también reconocida oficialmente la situación de dependencia. De estas, el 10,3% permanecieron laboralmente activas.

Por comunidades autónomas, las mayores tasas de actividad dentro del colectivo de las personas con discapacidad en el año 2019 se dieron en Castilla-La Mancha (40%), Aragón (40%) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (46,3%). Por su parte, las menores tasas de actividad se registraron en Canarias (25,8%), Galicia (29,7%) y Andalucía (30,2%).

El PP ganaría las elecciones como el partido más votado y podría gobernar con Ciudadanos pese a la pérdida de votos que sufriría la formación naranja, además el PSOE sería la segunda fuerza más votada, con tres puntos menos respecto a los comicios de 2019, y VOX se situaría en tercer lugar por delante de Ciudadanos.

Así se desprende de los datos del barómetro de Sigma Dos para Castilla y León Televisión (CyLTV) elaborado coincidiendo con el cierre del año.

Según el sondeo si hoy se celebraran elecciones, el Partido Popular sería el más votado con el 37,1 por ciento de los votos, frente a los 31,9 por ciento que consiguió en los comicios anteriores, por lo que subiría más de cinco puntos. Los resultados situarían al PSOE como la segunda fuerza más votada, con el 31,7 por ciento, pero perdería algo más de tres puntos respecto a los resultados previos en los que con un 35,2 por ciento fue la formación con más apoyos.

Vox irrumpiría como tercera fuerza política en Castilla y León con un 12,1 por ciento de los votos, frente a los 5,5 por ciento del año pasado, con lo que aumentaría casi siete puntos.

Ciudadanos descendería del 15,1 por ciento al 7,4 por ciento, perdiendo más de siete puntos y posicionándose en cuarto lugar. Unidas Podemos se mantendría como el quinto partido más votado con un 7,1 por ciento frente a los 5 por ciento que obtuvo en los anteriores comicios.

No obstante, en esta ocasión si hubiera elecciones la formación morada acudirá también con la marca de Izquierda Unida, ya que IU y Podemos en las elecciones de 2019 se presentaron por separado.

UPL conseguiría el 1,4 por ciento, XAV, el 0,3 por ciento y otros partidos, el 2,8 por ciento.

El sondeo refleja que el PP podría conseguir en la mejor horquilla 38 procuradores, que con los 3 de Ciudadanos, según la actual estimación de voto, permitirían llegar a los 41 y repetir un gobierno en coalición.

La suma de los procuradores del bloque de centro izquierda, PSOE, Ciudadanos, Podemos y UPL, de acuerdo a los mejores datos que muestra la encuesta, se quedaría a un procurador para alcanzar la mayoría necesaria para gobernar.

El PP sería la fuerza más votada en todas las provincias respecto a los últimos comicios celebrados en todas ellas salvo en Zamora, donde la estimación de voto registra un empate con el PSOE, segundo partido con más apoyos en las nueve provincias.

Vox irrumpiría como la tercera fuerza en toda Castilla y León y Ciudadanos bajaría en todas, pasando a la quinta posición en favor de Podemos en León y Zamora.

En cuanto a la intención de voto por provincias, en Burgos y Salamanca estaría en juego un procurador entre el PP y Podemos; en León la oscilación se situaría entre PP y PSOE; en Segovia y Valladolid, entre PSOE y Vox y en Soria, entre PP y PSOE.

POR PROVINCIAS

El PP, con el 41,7 por ciento de los votos, afianzaría su liderazgo en Ávila donde lograría 4 procuradores, uno más que en 2019, con el 36,5 por ciento de los votos. El PSOE seguiría como la segunda fuerza más respaldada y mantendría dos procuradores, aunque perdería cinco puntos al pasar a 23,2 por ciento.

En el caso de celebrarse hoy elecciones, Vox conseguiría 1 procurador y adelantaría a Ciudadanos, que se quedaría sin representación. Vox lograría el 15,7 por ciento de los votos y subiría 10 puntos respecto a los datos de votos previos. Ciudadanos se desploma y baja 5 puntos, con el 7,4% de los votos.

En Burgos, el PP recuperaría el liderazgo como la fuerza más votada con el 36,1 por ciento frente al 28,4 por ciento de 2019, con lo que subiría de 3 procuradores a 4 o 5 en la mejor horquilla. El PSOE pasaría a ser el segundo partido con el respaldo del 32,9 por ciento frente a los 37,4 por ciento de los comicios anteriores. El resultado implicaría la pérdida de un procurador, logrando 4.

Si hoy hubiera elecciones, Vox y Ciudadanos tendrían un procurador cada uno, si bien la formación naranja restaría uno y Vox lo sumaría logrando representación.

En León, el PP pasaría a ser el partido más votado, con el apoyo del 36,3 por ciento de los votos, aumentando casi 10 puntos respecto a 2019 cuando logró el 27,7 por ciento. Por su parte, el PSOE bajaría cuatro puntos y se situaría como el segundo partido con más votos, logrando 31,6 por ciento frente a los 35,7 por ciento de los resultados previos.

Populares y socialistas se disputarían un procurador.El PP estaría entre 5 y 6 -en 2019 logró 4- y el PSOE entre 4 y 5 -obtuvo 6 previamente-.Vox, Podemos y UPL completarían los 13 representantes de León, con uno cada uno. Ciudadanos pierde los 2 que tenía y deja de tener representación y Vox irrumpiría con uno, mientras UPL se mantiene.

En Palencia, PP y PSOE mantienen 3 procuradores cada uno, con Vox logrando uno en detrimento de Ciudadanos que se queda sin representación respecto a 2019. En intención de voto, los datos del sondeo confirmarían al PP como ganador de las elecciones siendo el partido más votado con el 35,9 por ciento frente al 34,9 por ciento de las elecciones anteriores.

El PSOE deja de ser la fuerza más votada y se sitúa en segundo lugar con 33,1 por ciento respecto al 36,3 por ciento de 2019. Vox adelanta a Ciudadanos y se coloca en tercera posición con el respaldo del 13,1 por ciento, algo más de 7 puntos por encima de los datos previos.

En Salamanca, el PP confirma su liderazgo y repetiría como la fuerza más votada con el 40 por ciento, un punto por encima de 2019. Le seguiría el PSOE, que perdería apoyos al lograr un 29 por ciento frente al 33,7 por ciento previo. Vox irrumpiría como la tercera fuerza con el 11,6% del respaldo, aumentando casi 7 puntos respecto a las elecciones anteriores.

El PP obtendría 4 o 5 procuradores -en 2019 logró 4-, el PSOE conseguiría 3, uno menos que en los resultados anteriores; Vox, con uno, lograría representación y Ciudadanos, con uno, perdería otro respecto a las votaciones de 2019.

En Segovia, los datos del sondeo colocarían al PP como la fuerza más votada con el 38,4 por ciento, más de cuatro puntos por encima de 2019, seguida del PSOE que pasaría a ser la segunda, con el 32,8 por ciento, frente al 34,2 por ciento que logró previamente.

Vox crecería casi 5 puntos y se colocaría con el 10,4 por ciento en tercera posición. Ciudadanos perdería casi 8 puntos en relación a los comicios previos al contar con el 8,8 por ciento de los apoyos.

De los 6 procuradores por Segovia, el PP obtendría 3, con lo que ganaría uno en comparación con 2019, el PSOE estaría entre los 2 y 3 y se disputaría uno con Vox, que podría lograrlo en su mejor horquilla.

En Soria, el PP subiría algo más de 7 puntos alcanzando el 35,3 por ciento y pasaría a ser la fuerza más votada. El PSOE desciende a la segunda posición en apoyos al lograr el 34,9 por ciento y perder algo más de 6 puntos.

Ambos partidos estarían entre 2 y 3 procuradores cada uno en el reparto de los 5 correspondientes a Soria.

Los datos de Valladolid indican que el PP se convertiría en el partido más votado, con el 37 por ciento de los votos, creciendo algo más de 7 puntos. El PSOE pasaría a ser la segunda fuerza con más apoyos, al lograr el 34,1 por ciento de los votos, un punto por debajo de la referencia previa.

En cuanto a los procuradores, el PP obtendría 6, uno más que en 2019; el PSOE, entre 5 y 6; Vox, entre 1 y 2; Ciudadanos 1, con lo que perdería 2 y Podemos lograría representación con 1.

En Zamora, PP y PSOE firmarían tablas en cuanto a votos, logrando el 32,7 por ciento ambas formaciones. Los populares perderían casi dos puntos y los socialistas cuatro.

El PP y el PSOE tendrían tres procuradores cada uno y Vox obtendría uno, el que perdería Ciudadanos.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, han protagonizado este miércoles una tensa conversación en los pasillos del Congreso hasta el punto de que se ha oído a la portavoz pedir al líder de Podemos que no sea "cabezón".

Mientras transcurría el debate en el Pleno del Congreso sobre los últimos Consejos Europeos y la evolución de la pandemia del coronavirus, Iglesias y Montero se han salido a uno de los salones próximos al hemiciclo para mantener una charla aparte.

La conversación, de la que han sido testigos los informadores gráficos acreditados en la Cámara, se produce en un contexto de diferencias entre los dos socios del Gobierno de coalición, con temas en el aire como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el decreto para prohibir cortes de suministro por pobreza sobrevenida.

Precisamente este martes Unidas Podemos reprochó a la vicepresidenta Teresa Rivera su posición en el tema de los cortes de suministro, y la responsable de Transición Ecológica se ha mostrado este miércoles "sorprendida" por esas críticas, que tacha de "extrañas".

Tras las quejas de los 'morados', la propia Portavoz del Gobierno afeó este martes a Unidas Podemos, desde la mesa del Consejo de Ministros, que airearan los debates internos que mientras están en marcha en el Consejo de Ministros.

En concreto, defendió que "lo lógico" es que los debates internos que están en marcha en el Consejo de Ministros se mantengan dentro de este órgano hasta que se comuniquen los acuerdos, después de que la formación 'morada' hiciera público su malestar por esa negociación sobre los suministros básicos, antes de que se produjera incluso la rueda de prensa posterior al Consejo.

Fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press insisten en que un Gobierno debe resolver sus discrepancias "en el debate interno. El día que Sánchez presentó, hace casi un año, el 12 de enero, a los miembros de su equipo de Gobierno, ya defendió que aunque el nuevo Ejecutivo de coalición hablara "con varias voces", debía hacerlo siempre "con una sola palabra".

Aunque tanto el PSOE como Unidas Podemos han abogado en las últimas semanas por normalizar sus discrepancias, lo cierto es que los desacuerdos entre los socios de la coalición siguen generado importantes tensiones entre algunos Ministerios.

DISCREPANCIAS SOBRE SALARIO MÍNIMO, DESAHUCIOS Y MONARQUÍA

El debate sobre las medidas para garantizar suministros básicos es el último que ha generado discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición, pero ahora también están inmersos en un tira y afloja sobre la conveniencia o no de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021, y la cuantía, que protagonizan principalmente el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, desde Unidas Podemos, frente al de Economía de Nadia Calviño y el de Hacienda de Montero.

Y todo esto, después de que hace menos de un mes la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado de Agenda 2030 y dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra, se cruzaran públicamente duros reproches a cuenta de las posturas enfrentadas sobre la forma de paralizar los desahucios o el Sáhara Occidental.

Además, las posturas enfrentadas en torno a la Monarquía se han vuelto a poner de manifiesto esta semana, en la que el Congreso ha vuelto a rechazar, con los votos del PSOE, la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del Rey emérito que Unidas Podemos y otras fuerzas llevan años reclamando.

Los madrileños otorgarían más escaños al PP y PSOE de celebrarse ahora unas elecciones generales; unos comicios en los que Cs se mantendría estable mientras que Unidas Podemos, Más País y Vox retrocederían, según una encuesta de GAD3.

Así, este estudio revela que el PP superaría al PSOE al alcanzar 12 escaños (+2), mientras que el PSOE se situaría en 11. Por su parte, el tercer puesto lo mantendría Vox, que pierde un representante hasta los 6, al igual que Unidas Podemos, que se quedaría con 3. Ciudadanos, en cambio, se mantendría con tres escaños, mientras que Más País se quedaría con la mitad de diputados, al pasar de 2 a 1.

En términos nacionales, esta encuesta de diciembre mantiene al PSOE como primer partido del país, e, incluso, aumentaría su representación con 123 escaños --frente a los 120 actuales-- aunque la coalición de Gobierno restaría fuerzas, ya que Unidas Podemos perdería 15 escaños y pasaría del 12,8% al 9,5%.

Frente a ellos, en el lado de las derechas subiría el PP hasta los 110 escaños y un 20,8% de la intención de voto --contando los dos que aporta Navarra Suma con UPN--, mientras que Vox baja de 52 a 41 escaños, según esta encuesta de GAD3 recogida por Europa Press, lo que haría que PP y Vox juntos lograsen 151 escaños (8 más que PSOE y Unidas Podemos), pero lejos de la mayoría absoluta de 175 diputados, ni siquiera sumando los 11 que obtendría Cs con un 7,1%.

SUBIDA DE ERC, BILDU Y BNG

La balanza estaría de nuevo en manos de las formaciones nacionalistas e independentistas. La encuestadora privada calcula en Cataluña 15 diputados para ERC (dos más), 7 para Junts (uno menos), uno para la CUP (uno menos), mientras que el PNV repetiría con seis y sería superado por Bildu, que sube de cinco a siete.

El hemiciclo se completaría con tres escaños del BNG (dos más que actualmente) y dos de CC, más la previsión de que PRC y Teruel Existe mantuviesen sus respectivos diputados.

La encuesta ofrece datos por provincias y comunidades. El PSOE figura como ganador en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Extremadura, mientras que el PP vence en Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia.

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) cree que el nuevo decreto que ha propuesto el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras se mantenga en vigor el estado de alarma supone "la legalización de la ocupación ilegal".

Para la Asociación esta norma, que se va a aprobar próximamente, "va a convertir a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas, como se ha visto recientemente con el incendio de una nave ocupada en Badalona".

"Si se aprueba el decreto con la propuesta actual, los propietarios de vivienda en alquiler afectados reclamarán al Estado responsabilidades por expropiación del derecho de uso de sus activos", ha resaltado, tras apuntar que el decreto generará, asimismo, "un efecto llamada a nuevas ocupaciones, como ya se ha visto en Cataluña con la aprobación de normativa similar".

Asimismo, ha avisado de que este texto legal puede dar lugar también a responsabilidades de tipo penal para el Estado en el caso de que se produzcan conflictos en las viviendas ocupadas tras la aplicación del decreto.

También ha resaltado que, aunque el decreto propuesto establece que serán los servicios sociales los encargados de acreditar la vulnerabilidad de las familias y las comunidades autónomas las que tengan que proporcionarles un alojamiento alternativo en un plazo de tres meses, "las administraciones autonómicas carecen de un parque de vivienda social suficiente para garantizar este realojo".

Para Asval, esta nueva ley generará un efecto llamada a la ocupación ilegal, "generando inseguridad jurídica en el mercado de vivienda".

De hecho, su directora general, Beatriz Toribio, piensa que la normativa que el Gobierno va a aprobar "perjudicará a los colectivos con menores recursos, ya que habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes".

Este acuerdo perjudica al sector, frena su profesionalización y desarrollo y contradice las recomendaciones de organismos internacionales", según Toribio, que recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado recientemente un informe en el que advierte de los riesgos de sobreproteger a los inquilinos y sobrerregular el sector en España, y en el que aboga por incrementar el parque social de vivienda en alquiler.

Asval también cree que el grueso de la futura medida va en contra de los grandes tenedores, "que son cruciales para el desarrollo de este mercado en España y que requieren de seguridad jurídica para mantener sus inversiones en el país". "Además, es una medida completamente desproporcionada, ya que carga toda la obligación de dar solución al problema social de la vivienda en el sector privado, cuando es una obligación de la Administración", ha añadido.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, fue condenado por secuestro y va ser juzgado de nuevo por pertenencia a organización terrorista, mientras que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, cumple una pena por sedición, y por ello le ha reclamado que no los escoja como socios.

Tras escuchar la comparecencia de Sánchez este miércoles en el Pleno del Congreso, Arrimadas le ha pedido que cuando el Gobierno tenga que "elegir socios para dar estabilidad a España" y acordar medidas, "no coja la mano de un señor que va a volver a ser juzgado por pertenencia a banda armada y que fue condenado por secuestrar a una persona" y de otro "cuyo fin es romper España y crear una república bananera independiente".

Así se ha referido a Otegi, que estuvo varios años en prisión por el secuestro del empresario Luis Abaitua, en 1979, y que volverá a ser juzgado por el 'caso Bateragune' --por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna--, y a Junqueras, que cumple una condena de trece años de cárcel por el proceso independentista de 2017 en Cataluña.

Asimismo, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo decidiera finalmente aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con los votos de EH Bildu y de Esquerra, que "reivindican que su objetivo principal es destruir la soberanía nacional", en vez de pactarlos con Ciudadanos.

LA "CACICADA" DEL GOBIERNO CON EL CGPJ

Por otro lado, la presidenta de la formación naranja ha criticado la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que plantearon el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso y les ha advertido de que España debe cumplir la condicionalidad democrática vinculada a los fondos europeos para poder recibir la ayuda económica que necesita frente a la crisis del coronavirus.

"Abandonen toda esperanza de volver a repartirse los jueces, esta vez incluso con una mayoría más exigua y solo con los socios del Gobierno. Sería una cacicada que no van a tolerar en Europa. Por tanto, dejen de manchar la imagen de España y dejen de poner en peligro los fondos", ha subrayado, apostando por una reforma que sirva para "despolitizar la Justicia".

La Alhambra no devolverá el dinero de las entradas a las personas que no pudieron acceder al monumento por las diferentes restricciones de movilidad aplicadas para frenar la expansión del Covid-19 en el caso de que el monumento sí estuviera abierto al público y prestando el servicio de manera ordinaria.

Así se expone en un correo electrónico, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido a aquellas personas que están solicitando la devolución del dinero de sus entradas por no haber podido hacer la visita a causa de las restricciones a pesar de que la Alhambra sí estuviera abierta, una excepcionalidad que no recoge la normativa vigente por la que se rige el monumento.

Ése ha sido el caso por ejemplo del periodo en el que se decretó el cierre perimetral de la provincia de Granada, lo que impidió que turistas de fuera pudieran visitar el monumento pese a tener sus entradas, aunque también es aplicable a aquellos momentos en que otras comunidades autónomas aplicaron las suyas propias, impidiendo a sus ciudadanos salir de sus territorios, mientras la Alhambra permanecía abierta.

El Patronato de la Alhambra ha informado de esta situación a los afectados tras solicitar un informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía sobre este asunto para conocer si podía devolver el dinero de las entradas en estas circunstancias de acuerdo a la normativa, tal y como avanza el diario 'Ideal'.

No obstante, la resolución de 16 de enero de 2020 por la que se acuerda publicar la Normativa de Visita, Comercialización y Otros Usos Públicos del Conjunto Monumental y en sus bienes adscritos establece que las entradas adquiridas no admiten devolución salvo que no haya sido posible realizar la visita por causa imputable al monumento, algo que no se ha producido en estos casos.

En el correo enviado a los afectados se indica concretamente que, de acuerdo a la normativa aplicable vigente, "no concurre causa imputable al Patronato de la Alhambra y Generalife que lo justifique, por lo que no procede devolver los precios públicos de las entradas, dado que se ha estado prestando el servicio público de manera ordinaria con el Conjunto Monumental abierto al público, y por tanto, posibilitando el acceso al recinto y garantizando el correcto uso del mismo".

Junto a ello, en el email se recuerda que en el proceso de compra de las entradas, "el adquirente manifiesta expresamente que ha leído y acepta la política de compra, con carácter previo a la finalización de la operación. En dicha información se indica, igualmente, de manera precisa las causas de devolución anteriormente citadas".

El cambio de doctrina dictado por el Tribunal Supremo y que establece que las indemnizaciones y el resto de responsabilidades civiles derivadas de una sentencia penal firme no prescriben, tendrá una repercusión relativa en el caso de las víctimas del terrorismo de ETA, ya que en su caso la deuda de los etarras es con el Estado porque es quien adelantaba hasta 2011 la suma total de las indemnizaciones a las víctimas.

De esta manera, tal y como señalan desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) la resolución del alto tribunal afectará a una docena de casos que cuentan ya con sentencia firme y a las nuevas que se produzcan a partir de ahora. Cabe recordar que por ejemplo la ex jefa de ETA María Soledad Iparragirre 'Anboto' se enfrenta a una docena de causas tras su extradición desde Francia.

La docena de casos a los que se refiere la AVT son concretamente aquellos que se ven afectados por la Ley 29/2011 con la que se limitaban las cantidades que adelanta el Estado, lo que provocó que los terroristas condenados comenzaran a tener una deuda también con las víctimas.

Según la Sala, "declarada la firmeza de la sentencia, la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que le sea aplicable ni la prescripción ni la caducidad".

Ya en marzo, la AVT a través de su departamento jurídico había presentado una serie de escritos en la Audiencia Nacional en los que solicitaba que se reclamaran a una decena de etarras el pago de la responsabilidad civil a sus víctimas, y apuntaba que la cantidad total a satisfacer ascendía a más de un millón de euros.

Y esto lo hizo así porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil redujo de 15 a 5 años el plazo de prescripción de las acciones personales, y en octubre de 2020 habría expirado la deuda en concepto de indemnización de esa decena de etarras con sus víctimas, a no ser que alguna de las partes personadas hubiera reclamado una revisión patrimonial para así interrumpir el plazo de prescripción.

PRECEDENTE DE BOYE

Ese reducción del plazo es lo que llevó a la Audiencia Nacional a reclamar el pasado febrero al abogado Gonzalo Boye la indemnización por su participación en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, delito por el que fue condenado a 14 años y 8 meses de cárcel así como a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).

Tras esa resolución que afectaba a Boyé, la AVT revisó aquellos casos en los que los etarras tienen reclamaciones pendientes con las víctimas más allá de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de las indemnizaciones adelantadas, según informó la asociación.

Esta situación se daba en una minoría de supuestos, ya que, en la mayoría de casos, las indemnizaciones fijadas en sentencia han sido abonadas por el Estado, que cubre hasta un máximo de medio millón de euros. Sin embargo, hay etarras que deben mucho más a sus víctimas.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explicaron que entre los etarras que deben indemnizaciones a sus víctimas se encuentran nombres como el de Francisco Javier Arizkuren Ruiz, alias 'Kantauri', con una deuda de medio millón de euros; Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach, Gorka Palacios, que deben entre los tres más de 100.000 euros; Íñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor, con la misma cantidad; Sergio Polo, con una deuda de 120.000 euros; y Gurrutz Aguirresarobe, también con 100.000 euros.

CONTRADICCIONES QUE OBLIGAN A UNIFICAR CRITERIO

La Sala establece ahora este criterio de no prescripción al analizar el recurso de un hombre que había sido condenado en 2001 por un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona a, entre otros pronunciamientos, pagar una indemnización de responsabilidad civil de 134.033 euros en concepto de daños y perjuicios derivados de un delito de incendio forestal.

Una vez transcurrido el plazo de 15 años sin que el condenado pagara la indemnización, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró la prescripción de la responsabilidad civil. Ese auto de la Audiencia Provincial se recurrió ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña que lo revocó al estimar la imprescriptibilidad de la acción civil. El condenado recurrió en casación ante el Supremo que ahora confirma la tesis de que la responsabilidad civil derivada de una sentencia penal no prescribe.

En su sentencia la Sala explica que había venido siendo un criterio jurisprudencial no discutido que si una ejecutoria estaba paralizada durante 15 años, la acción para reclamar el cumplimiento de los pronunciamientos civiles de la sentencia prescribía, por aplicación de los artículos 1964 y 1971 del Código Civil y que así lo había recogido la propia doctrina del TS.

Sin embargo, el tribunal destaca que el marco legislativo ha cambiado en los últimos años con dos modificaciones legislativas que obligan a replantear esta cuestión y a revisar la doctrina, a la luz de los nuevos preceptos y también de los principios del proceso penal y de los bienes jurídicos objeto de protección.

Ante la situación creada y las dificultades interpretativas, los juzgados y tribunales han dictado resoluciones contradictorias. Unos, manteniendo el plazo de prescripción de 15 años, otros reduciéndolo a 5 años y otros entendiendo que el derecho a reclamar el pronunciamiento civil declarado en la sentencia penal ni prescribe, ni caduca.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este miércoles su preocupación por la evolución de la pandemia del coronavirus y ha advertido de la posibilidad de dar un paso atrás en el plan de reapertura: "No vamos bien"

En su comparecencia sobre la gestión del coronavirus en el pleno del Parlament, ha afirmado que ahora no está en duda avanzar o no de tramo del plan de reapertura aprobado por el Govern, sino que ha alertado de que, "si no hay una mejora de los datos en los próximos días, probablemente habrá que dar un paso atrás" para proteger al sistema sanitario.

Aragonès ha insistido en que la evolución de la pandemia es "extremadamente preocupante" y que hay que dejar claro a la ciudadanía que la situación sanitaria se ha complicado en los últimos días.

"La ciudadanía de Catalunya se merece que su gobierno, sus administraciones y representantes los respeten como personas adultas y responsables. No vamos bien. No vamos nada bien", ha lamentado.

Pese a que en las últimas semanas se habían conseguido mejorar los datos y por eso la Generalitat había permitido la reapertura de muchas actividades, "en pocos días y de forma repentina las cifras de contagios han vuelto a repuntar muy rápidamente y de forma alarmante".

"FRENAR DE NUEVO

"Los datos son muy claros y, si no conseguimos estabilizarlas de nuevo a la baja, deberemos frenar de nuevo", y ha reiterado que al Govern no le temblará el pulso y aplicará las medidas necesarias para salvar vidas.

Así, Aragonès ha destacado que los próximos días son clave para determinar la evolución del Covid-19: "O frenamos la tendencia o se deberán poner sobre la mesa medidas restrictivas", como ha ocurrido en otros países de Europa.

De hecho, el vicepresidente ha apuntado que la pandemia global continúa y que Catalunya no es una excepción del resto de Europa y del mundo: "La pandemia no se ha ido".

También ha reconocido que nuevas restricciones pueden suponer un impacto económico y social, y, aunque dice que por muchos esfuerzos que se hagan no se puede compensar todo, ha pedido más implicación del Gobierno para proteger puestos de trabajo: "Iremos donde haga falta para encontrar recursos".

NAVIDAD DIFERENTE

Aragonès ha asegurado que las fiestas de Navidad no serán como otros años, ya que muchas familias no se podrán reunir como es habitual: "Echaremos de menos a mucha gente, serán unas fiestas diferentes. Evidentemente es duro pero es absolutamente necesario".

"No podrá ser por mucha gente porque nos jugamos la vida de la gente que amamos. Después de tantos meses no podemos aceptar que hayamos normalizado la tragedia", y ha llamado a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir las restricciones.

Aragonès ha apelado de nuevo a la responsabilidad individual y colectiva ante los nuevos datos de la pandemia, que ha tachado de repute alarmante, ya que como afirma "no son cifras, son personas".

Ha pedido que después de tantos meses de pandemia no se pueden "relativizar las muertes, por mucho que sea una cifra que se vaya repitiendo" y asegura que no cumplir con las recomendaciones implica poner vidas en peligro.

"No dejaremos de hacer llamamientos a la responsabilidad, porque este virus lo llevamos las personas y se transmite en función de la interacción social. Y si alguien está cansado de escucharlo, lo siento", ha zanjado.