Credit Suisse tiene intención de acelerar su apuesta por el negocio de gestión de patrimonios para consolidar y ampliar sus posiciones en segmentos como las economías emergentes y las grandes fortunas, donde las previsiones apuntan a un crecimiento de la riqueza durante los próximos años superior al ritmo de expansión de la economía, según ha anunciado la entidad helvética.

Al mismo tiempo, el banco suizo ha indicado que en el cuarto trimestre de 2020 el desempeño del negocio de la entidad ha seguido tendencias interanuales similares a las del tercer trimestre.

Credit Suisse espera que la riqueza global crecerá más rápido que el PIB para 2024, por lo que buscará acelerar el crecimiento del negocio de gestión de patrimonios, invirtiendo en consolidar su posición en segmentos en auge como los mercados emergentes, donde se prevé un crecimiento del 11% anual de la riqueza, así como en grandes fortunas, el segmento más rentable y de más crecimiento en el área patrimonial.

De este modo, Credit Suisse quiere alcanzar para 2023 unos ingresos brutos de entre 5.000 y 5.500 millones de francos suizos (4.642 y 5.106 millones de euros), frente a los 4.000 millones contabilizados en los nueve primeros meses de 2020, lo que representaría un crecimiento anual compuesto de alrededor del 10%.

«Seguimos creyendo que la gestión de patrimonios es uno de los segmentos más atractivos en servicios financieros, particularmente en Asia Pacífico», ha indicado el consejero delegado de la entidad, Thomas Gottstein, en una presentación, añadiendo que las distintas iniciativas del banco deberían permitir alcanzar el objetivo de crecimiento de la rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) de entre el 10% y el 12% a medio plazo.

Con este fin, la entidad ha anunciado que llevará a cabo inversiones significativas puntuales para expandir su base de cobertura, mejorar la oferta para los clientes, con particular atención a las grandes fortunas, e impulsar el crecimiento del negocio, incluyendo la expansión en China continental.

Asimismo, el banco suizo dará impulso a su negocio de banca de inversión priorizando inversiones en soluciones globales de intermediación (‘trading’), ampliando la oferta en banca de inversión e impulsando el área de fusiones y adquisiciones.

Por otro lado, Credit Suisse ha reiterado su apuesta por seguir elevando al menos un 5% su dividendo anual y ha anunciado que en enero de 2021 lanzará un plan de recompra de acciones propias de hasta 1.500 millones de francos suizos (1.393 millones de euros), de los que que espera completar 1.000 millones de francos suizos (929 millones de euros) en el año, en función de las condiciones económicas del mercado.

El patronato de la Fundación Laboral de la Construcción ha aprobado este martes el presupuesto de la entidad paritaria del sector para el ejercicio 2021, que ascenderá a 68,2 millones de euros, un 11,8% menos que en 2020, «debido a la incierta situación económica» derivada del Covid, ha informado la organización.

Los gastos totales por operaciones de funcionamiento previstos para 2021 suman 68,03 millones de euros, un 9,7% menos que en 2020, mientras que los ingresos que la Fundación espera obtener el próximo año provendrán fundamentalmente de las actividades de formación, que representarán el 43,37% de la cifra total, y de la recaudación de las cuotas empresariales, que se prevé que represente un 50,99% de los ingresos.

A cierre del pasado mes de noviembre, la actividad formativa de la Fundación Laboral se redujo un 30,5% frente al mismo periodo de 2019 por el «parón» que causó la pandemia entre marzo y mayo. En concreto, este año 84.346 trabajadores han sido formados por la entidad paritaria, frente a los 121.463 trabajadores en 2019.

La entidad paritaria prevé que se mantenga una menor actividad formativa tambiéb en 2021 debido a la situación derivada de la crisis sanitaria del Covid-19.

De hecho, no espera ingresos derivados de nuevas convocatorias de planes estatales dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, y sólo se prevé ejecutar las ayudas ya conseguidas a finales de 2018 y 2019, correspondientes a formación en competencias digitales y planes sectoriales de construcción, metal y agrario que, debido a la crisis sanitaria no se ejecutaron durante 2020.

Asimismo, la Fundación prevé igualmente una reducción de las ayudas derivadas de planes autonómicos para personas trabajadoras prioritariamente ocupadas y un ligero aumento en las correspondientes a desempleadas.

En cuanto a la formación de demanda, la entidad también estima que se verá «fuertemente afectada» por la conformación de grupos necesariamente con menos personas a fin de garantizar el cumplimiento de medidas de prevención frente al virus.

Asimismo, la Fundación señala que las subvenciones correspondientes a Programas de Formación y Empleo experimentarán «una considerable reducción».

Por todo ello, las subvenciones para planes dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas supondrán en 2021 un 5,1% de los ingresos de la Fundación; las dirigidas prioritariamente a desempleadas supondrán un 12,8%, y las subvenciones para formación profesional y otros proyectos de formación representarán el 10,7%. Por su parte, la formación de demanda (venta de cursos) supondrá un 14,6% de los ingresos totales de la entidad en 2021.

El PSOE ha defendido este martes en el Congreso la necesidad de que los trabajadores mejoren su poder adquisitivo, pero ha enmarcado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en la negociación del Gobierno con sindicatos y patronal.

Preguntado por la postura del PSOE acerca de esta posible subida, el secretario de Organización de esta formación en el Congreso, Rafael Simancas, ha reivindicado que un Gobierno socialista aumentó «en mayor medida» este suelo retributivo y que los propios Presupuestos aprobados hace unos días en el Congreso aumentan el sueldo de los funcionarios y de las pensiones al 0,9%.

«Si me pregunta si somos partidarios o no de que los trabajadores mejoren el poder adquisitivo, creo que le he respondido. Desde luego que sí», ha aseverado Simancas en rueda de prensa, tras acudir a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Finalmente, Simancas ha dicho que la subida del salario mínimo «es algo que tienen que decidir Gobierno y agentes sociales». «Nos consta que ese diálogo están en marcha», ha concluido.

Todo ello después de que esta subida haya provocado divisiones en el propio Gobierno, según informaciones publicadas en medios de comunicación en los últimos días. En un lado se sitúa a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que negocia la subida con patronal y sindicatos, y por otro a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, partidaria de una ‘congelación’ del SMI para el próximo año.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en 950 euros en 14 pagas tras el acuerdo alcanzado hace ya casi un año de Trabajo con los agentes sociales para elevarlo desde los 900 euros. A este nivel se llegó tras el acuerdo entre el primero Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos como una de las principales exigencias de los ‘morados’ para el apoyo a los fallidos Presupuestos de 2019.

La dirección de Banco Santander y el 82,99% de la representación sindical han firmado el acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la amortización de 3.572 puestos de trabajo, la reubicación de 1.500 empleados y el cierre de 1.033 oficinas.

Según informaron a Europa Press fuentes sindicales tras la séptima reunión de la mesa del ERE, el acuerdo supone la reducción del perímetro de afectación de la cifra de extinciones inicialmente propuesta por la empresa. Un total de 1.500 personas no verán extinguidos sus puestos de trabajo, sino que 400 podrán recolocarse dentro del banco en Santander Personal y 1.100 en empresas del grupo.

El colectivo procedente de la excedencia especial remunerada del ERE de 2016 de Banco Popular se reincorpora a la empresa a todos los efectos como plantilla del Santander, con lo que se da cumplimiento a las solicitudes de los sindicatos.

Para los cinco sindicatos firmantes, la consecución de paquetes indemnizatorios «suficientes y dignos», en la línea de procesos anteriores, «minorará la naturaleza traumática que cualquier ERE conlleva».

En este sentido, valoran que el acuerdo firmado «cuenta con los equilibrios suficientes y las compensaciones adecuadas» para evitar que se aplicase lo establecido en la reforma laboral en caso de que no se hubiese alcanzado acuerdo alguno.

La gestión del proceso se dilatará a lo largo de todo el año que viene, aunque la intención del banco es abrir el periodo de voluntariedad para los empleados de servicios centrales, centro corporativo y EEII afectados hasta finales de marzo, mientras que para la red comercial el plazo acabará a mediados de julio, de forma que el Santander tendría cerrado el ERE en agosto.

Las últimas unidades serán aquellas de servicios centrales que tienen que acompañar el proceso de cierres de oficinas, como recursos humanos y unidad de control de red. El Santander se ha comprometido a contestar las solicitudes de adhesión en un plazo máximo de los 10 días siguientes a la finalización de cada periodo de adhesión voluntaria.

En cuanto al cierre de 1.000 oficinas previsto, el banco prevé que las últimas sucursales se cierren el 18 de julio de 2021, y se abrirán hasta 18 centros por el territorio nacional para externalizar a parte de la plantilla.

CONDICIONES DE SALIDA

La entidad y los sindicatos han pactado indemnizaciones para los colectivos con edades entre los 50 y 54 años con más de 15 años de antigüedad del 65% del salario pensionable por 6 anualidades con un máximo de 320.000 euros, sin incluir las primas, así como un convenio especial con revalorización anual máxima del 3% hasta los 63 años.

Por otro lado, los mayores de 62 años recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades; los trabajadores con edades entre los 58 años y los 61 años (con una antigüedad mínima de 15 años) obtendrán el 76% del salario pensionable o el 70% más el 56% del complemento voluntario.

Para quienes estén entre los 55 años y los 57 años, igualmente con una antigüedad mínima de 15 años, obtendrán el 74% del salario pensionable o el 67% más el 54% del complemento voluntario.

Estos dos últimos colectivos también tendrán un convenio especial con revalorización anual máxima del 3% hasta los 63 años, así como una deducción del desempleo los dos primeros años.

Las primas de voluntariedad serán de 30.000 euros para quienes tengan entre 15 años o más de antigüedad, mientras que se han establecido tramos a medida que se reduce el tiempo trabajado en el banco, con un mínimo de hasta 5.000 euros para quienes llevan menos de 5 años.

También se han pactado unas primas por trienios consolidados a fecha de salida de 2.000 euros y una prima por dificultades especiales de colocación de 15.000 euros.

Por otra parte, los menores de 50 años con cualquier antigüedad tendrán una indemnización de 40 días del salario bruto anual con un tope de 24 mensualidades y los mayores de 55 años con menos de 15 años de antigüedad la misma indemnización más las primas por año en la empresa y un convenio especial con revalorización anual máxima del 3% hasta los 63 años.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, expondrán este miércoles en el Congreso sus recetas para mejorar la independencia e imparcialidad de los organismos reguladores.

Ambos comparecerán ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, que arranca así la ronda de comparecencias de expertos que va a llevar a cabo para recabar propuestas sobre esta materia con el fin de elaborar después un informe con recomendaciones.

El pasado mes de noviembre, el órgano que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón, aprobó la creación de una subcomisión para tratar este asunto en el seno de esta comisión. La iniciativa, auspiciada por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PNV y el Grupo Plural, al que pertenece Más País, salió adelante sin votos en contra y con la abstención del PP y Vox.

De esta forma la también conocida como Comisión Anticorrupción retoma los trabajos que en este terreno dejó pendiente la misma comisión hace dos legislaturas, cuando estaba al frente de la misma el ya exdiputado de Ciudadanos Toni Cantó.

TRANSPARENCIA Y FINANCIACIÓN DE PARTIDOS

En aquella etapa, la Comisión de Calidad Democrática planeó analizar cómo hacer más democrático el funcionamiento de los partidos y más transparente su financiación y la de las fundaciones vinculadas a los mismos, imprimir más independencia a los órganos reguladores y ampliar la protección a los denunciantes de corrupción. Sin embargo, cumplió sólo la primera parte del programa.

Tras recibir a más de una veintena de personas expertas en la materia, la comisión aprobó, en marzo de 2018, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, un documento con recomendaciones para reformar la legislación sobre el funcionamiento y la legislación de los partidos, aunque ninguna de ellas se ha aplicado hasta la fecha.

Pero después ya no llegó a convocar comparecencias para analizar fórmulas para mejorar el funcionamiento de los reguladores y las autoridades independientes ni para avanzar en la protección de denunciantes de corrupción.

TRABAJOS A PUERTA CERRADA

Ahora, el órgano que preside Errejón ha decidido retomar aquellos trabajos. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, se ha optado por dar prioridad a lo relativo al refuerzo de la imparcialidad de los reguladores y las autoridades independientes y, cuando se apruebe el informe sobre esta cuestión, la subcomisión empezará a estudiar las fórmulas para ampliar la protección a los denunciantes de corrupción.

Aunque constituirán en subcomisión para preparar sus propuestas, lo que les permitirá trabajar puerta cerrada, las comparecencias de expertos serán en la comisión, es decir, abiertas a los medios de comunicación.

Una vez escuchen a todos los encargados de hablar de los órganos reguladores, harán su informe, que elevarán al Pleno, y ya después, abrirán una nueva ronda para escuchar a los comparecientes encargados de ilustrarles sobre los denunciantes de corrupción, antes de redactar sus propuestas.

Banco Sabadell ha recibido más de 1.600 peticiones de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas a su plan de desvinculación desde que se abrió el plazo de solicitudes el pasado jueves, según informaron a Europa Press fuentes próximas a los sindicatos.

Esto es el 89% de las 1.800 plazas que el banco prevé amortizar. Si este viernes no se han cubierto en su totalidad, Sabadell abrirá el periodo de adhesión para el plan de bajas incentivadas, manteniéndose ambos procesos abiertos hasta el 23 de diciembre.

Las fuentes sindicales consultadas por Europa Press desconocen si el banco contempla ampliar el perímetro de afectación del plan, que por el momento es de 1.800 personas.

Teniendo en cuenta que la aceptación está siendo muy elevada entre los trabajadores y que Sabadell priorizará las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas sobre las bajas incentivadas, podría darse la circunstancia de que la afectación de estas últimas fuese mínima o nula.

Sabadell ofrece prejubilaciones con el 75% del salario anual hasta los 63 años, con un máximo de 280.000 euros para los nacidos entre 1958-1961 y de 300.000 euros para los nacidos entre 1962-1964. Ante la incertidumbre del marco laboral, el banco se compromete a cubrir un año del pago a la Seguridad Social en caso de que se retrase la primera edad de jubilación anticipada, ahora en los 63 años.

Asimismo, a quienes se jubilen anticipadamente a partir de los 63 años les ofrece el 10% (para nacidos antes de 1956) o el 20% (para nacidos entre 1956 y 1957) del salario anual.

En cuanto a las bajas incentivadas, que afectarían solo a funciones administrativas, la indemnización pactada asciende a 35 días por año trabajado y un máximo de dos anualidades.

Las empresas españolas se muestran menos pesimistas que la media de la Unión Europea y la zona euro sobre la evolución de sus negocios en 2021 gracias al mejor comportamiento esperado de las ventas al exterior, al augurar un alza de las exportaciones del 24,8%, frente al 2,6% de la media europea, si bien prevén mayores caídas en empleo, ventas e inversiones.

Así se recoge en la Encuesta de Perspectivas Empresariales 2021, elaborada por la Cámara de España a partir de la opinión de más de 58.000 empresas europeas, de las que 2.274 son españolas, que refleja el fuerte deterioro de las expectativas empresariales por la pandemia.

En el caso de las expectativas de las empresas españolas para 2021, pese a continuar en terreno negativo (-1,4 puntos), se sitúan por encima de la media europea, ya que son las más optimistas de Europa en cuanto a la evolución de las exportaciones.

Por el contrario, en relación con el resto de variables analizadas en la encuesta (ventas nacionales, empleo e inversión) las previsiones de las empresas españolas se sitúan por debajo de la media europea.

En concreto, las empresas españolas auguran un alza del 24,8% en exportaciones el próximo año, 22 puntos superior al 2,6% que estima la media europea, mientras que en ventas las compañías de origen español auguran una caída del 13%, frente al descenso del 7,3% de la media europea, una diferencia que se repite respecto a la inversión, con unas estimaciones de un retroceso del 12,8% por parte de las empresas españolas y del 8,9% en la media europea.

En empleo la diferencia no es tan amplia, aunque las empresas españolas (-4,7%) siguen pronosticando un descenso mayor que la media europea (-3,8%).

De esta forma, las perspectivas para 2021 empeoran en todas las variables respecto a las que manifestaron las empresas en 2020, tornándose negativas en lo referente a ventas nacionales (saldo de -7,3, con una disminución de más de 26 puntos respecto a las expectativas 2020), empleo (saldo de -3,8, con una caída de casi 13 puntos respecto a 2020) e inversión (-8,9, disminuyendo más de 18 puntos).

Solo las exportaciones mantienen un saldo positivo (2,6), aunque inferior en 6 puntos al registrado un año antes.

La Cámara de Comercio de España señala que el índice de confianza empresarial ha caído este 2020 en 30,2 puntos, un desplome que, sin embargo, es menos abrupto que el registrado en 2009 durante la crisis financiera (41 puntos), a pesar de que la caída del PIB ha sido más intensa en esta ocasión.

Ello es debido, sobre todo, a la evolución esperada del empleo que no ha registrado unos valores negativos tan intensos como entonces, según explica el organismo cameral.

De hecho, subraya que los cambios regulatorios en el mercado de trabajo, la aplicación de los ERTE, la posibilidad del teletrabajo y el compromiso de las empresas con sus trabajadores «han permitido que la disminución de la confianza empresarial en términos de empleo no sea tan intensa como cabría esperar dada la evolución del PIB».

CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL: COSTES LABORALES Y DEUDA

Sobre los condicionantes que pueden actuar sobre la actividad empresarial en 2021, para las empresas españolas los más importantes son los costes laborales (63,3% de las empresas consultadas) y los pagos asociados a la deuda acumulada por la crisis de Covid-19 (50,8%).

En este último caso, el porcentaje de empresarios que se muestran preocupados por dichas amortizaciones duplica al de los empresarios europeos (25,4%).

Les siguen los precios de la energía y materias primas (25,8%), la escasez de personal cualificado (18,4%), la interrupción de las cadenas de suministro (17,2%), las condiciones de financiación (15,7%) y el impacto del Brexit (3,9%).

Respecto a las expectativas europeas, en general, las expectativas de las empresas europeas sobre la marcha de sus negocios en 2021 empeoran en todas las variables y son desfavorables respecto a las registradas un año antes, cuando no se preveía una crisis como la actual. En línea con las empresas españolas, solo el comportamiento del sector exterior presenta perspectivas favorables.

Por último, sobre los condicionantes para la marcha de los negocios en 2021, la escasez de personal cualificado (24,5%), las condiciones de financiación (21,4%) y el Brexit (4,6%) son tres aspectos que preocupan más a los empresarios europeos que a los españoles.

l Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado el desembolso inmediato de 90 millones de dólares (74 millones de euros) a favor de Honduras en el marco de la tercera revisión de los acuerdos ‘Stand-by’ y de facilidad de crédito ‘Standby’, según ha informado en un comunicado.

Además, el organismo multilateral ha extendido la duración de estos acuerdos en cuatro meses, de modo que la nueva fecha será el 14 de noviembre de 2021. Sendos acuerdos fueron aprobados el pasado 15 de julio de 2019 por unos 323 millones de dólares (265,7 millones de euros), equivalentes al 90% de la cuota de Honduras en el FMI.

La partida permitirá a Honduras a cubrir las necesidades de balanza de pagos y financiación del presupuesto derivadas de la pandemia y de las recientes tormentas tropicales, incluidos los gastos más elevados en salud.

«A pesar de los desafíos de la pandemia, y más recientemente de dos tormentas tropicales, las autoridades siguen firmemente comprometidas con el programa económico apoyado por el FMI», ha señalado el presidente interino del directorio del organismo multilateral, Mitushiro Furusawa.

Furusawa ha explicado que para mitigar el impacto de la pandemia, las autoridades hondureñas diseñaron una respuesta de políticas «significativa», que se recalibró a medida que se debilitaban las perspectivas para 2020, lo que permitió una postura fiscal acorde a las necesidades y manteniendo la sostenibilidad de la deuda.

«La implementación del gasto de emergencia enfrentó desafíos, pero las autoridades tomaron acciones correctivas con prontitud y están fortaleciendo los controles», ha apostillado el representante el Fondo.

Furusawa también ha valorado la política monetaria diseñada por Honduras, que «continúa orientada a mantener la estabilidad de los precios y un nivel de reservas internacionales adecuado».

Por otra parte, el directorio del FMI considera que las autoridades hondureñas continúan tomando medidas para mejorar el marco institucional en el sector eléctrico y han pagado atrasos históricos, aunque ha advertido de que se necesitan «esfuerzos adicionales» para mejorar la gobernanza de la empresa eléctrica estatal (ENEE) y su situación financiera. Para ello, la institución con sede en Washington considera que «reiniciar el plan de reducción de pérdidas será un elemento importante».

El organismo multilateral también ha puesto de relieve el papel de las autoridades en la implementación de políticas para preservar la estabilidad financiera mientras sostienen la actividad económica.

Por último, el FMI ha concluido que en Honduras «se mantienen los esfuerzos para mejorar la gobernanza, en particular mediante medidas para fortalecer el sistema de declaraciones de activos de los funcionarios públicos, crear un registro completo de beneficiarios reales y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los gastos y adquisiciones relacionadas con la pandemia».

Renta 4 Banco recomienda a los inversores dar más peso al Ibex 35, cuyo precio objetivo calcula en el entorno de los 9.100 puntos en doce meses, lo que supone un potencial del 10%, según sus previsiones para 2021, presentadas este martes, que también destacan el atractivo de las Bolsas de Latinoamérica, con predilección por Brasil y Colombia.

«Estamos sobreponderados en España de cara a 2021, en parte por la fuerte exposición que tienen muchos valores a Latinoamérica. Sigue habiendo riesgos por la pandemia, sus sistemas sanitarios, el sobrendeudamiento de algunas economías y las citas electorales, pero los apoyos superan los riesgos», ha asegurado la directora de análisis y estrategia en Renta 4 Banco, Natalia Aguirre.

Dentro de la Bolsa española, la firma recomienda un enfoque «selectivo», porque cree que hay valores que ya están sobrevalorados. En sus carteras de selección, Renta 4 destaca entre sus favoritas del Ibex a BBVA, Cellnex, Grifols, Indra, Merlin Properties y Repsol.

En su cartera de acciones de firmas medianas y pequeñas sus analistas se decantan por Applus, Árima, CAF, Dominion, Sonae y Tubacex. Por su parte, en la cartera de mejores empresas por dividendos han incluido a Mapfre, Red Eléctrica, Faes, Repsol, Telefónica, Enagás, Ebro e Iberdrola.

Entre todas las firmas que analizan, el mayor potencial de la Península Ibérica está en las acciones de la portuguesa Sonae, con una estimación del 110% de crecimiento, por lo que recomiendan ‘sobreponderar’. Entre las españolas, los mayores potenciales están en Ezentis (70%), Tubacex (64%), Azkoyen (59%), Lar España (56%), Cellnex (53%) y Repsol (50%).

El banco sostiene que la renta variable es el activo con mejor binomio rentabilidad-riesgo en esta situación, marcada por los tipos de interés en cero y la recuperación en forma de ‘K’, es decir, con sectores «ganadores y perdedores». Todos los activos de inversión, a excepción de las acciones, ofrecen en este momento una rentabilidad inferior a su media histórica, según los datos analizados por la entidad.

En este contexto, el presidente del grupo Renta 4, Juan Carlos Ureta, ha incidido en que «ya no se puede hablar de un ‘asset allocation’ de renta fija y renta variable, sino de posiciones de liquidez y riesgo». «Dudo que los tipos de interés vayan a permanecer cercanos a cero en la próxima década, pero eso es lo que están descontando los mercados y dicen los bancos centrales. La experiencia nos aconseja no ir en contra de los bancos centrales», ha subrayado.

ATRACTIVO DE LAS BOLSAS, PESE A LOS RIESGOS

El banco considera que la renta variable está apoyada por una «atractiva valoración relativa» respecto a la deuda pública y el crédito en un contexto de «represión financiera». Asegura que las bolsas «no están caras», aunque tengan valoraciones «exigentes», porque ve justificado que el mercado esté dispuesto a pagar mayores múltiplos en este contexto.

Además, cree que las acciones se beneficiarán de la recuperación económica y de los beneficios de las empresas en 2021, de la mano de vacunas efectivas frente al Covid-19, si bien, esto será «heterogéneo por geografías y sectores». El análisis subraya el apoyo «incondicional» de los bancos centrales, que continuarán su inyección de liquidez, así como de las políticas fiscales con la concreción del fondo de reconstrucción europeo.

Renta 4 también prevé que las bolsas ganen por la gradual resolución de los riesgos políticos como el Brexit y la política de Estados Unidos, y se beneficien de los movimientos corporativos surgidos de los bajos tipos y la necesidad de crecer inorgánicamente para ganar escala.

EUROPA Y LATINOAMÉRICA, MEJOR QUE ESTADOS UNIDOS

Por regiones, Renta 4 Banco aconseja sobreponderar la Eurozona por su mayor componente cíclico, el apoyo del Banco Central Europeo y una recuperación superior prevista para los beneficios por acción. Para Estados Unidos, su posicionamiento es neutral, antes las valoraciones exigentes y por su riesgo político.

Su estrategia en bolsa se decanta por tomar ya un giro hacia el ‘value’ por el ‘gap’ que detectan con el estilo ‘growth’, que ya es «excesivo», pero lo hacen «con cautela». Es decir, su posición es del 60% cíclico y 40% defensivo, según ha precisado el responsable de análisis institucional, César Sánchez-Grande.

POTENCIAL DE LOS BONOS DE ALTO RENDIMIENTO

En cuanto a la renta fija, la firma apuesta por una sobreponderación en ‘high yield’ (bonos de alto rendimiento) al que ven margen de mejora frente a máximos, con los sectores más cíclicos rezagados y dando más peso a los bonos híbridos corporativos de empresas con grado de inversión. Su posicionamiento a los bonos con grado de inversión es neutral, si bien están positivos en los sectores inmobiliario, automóviles, transportes, financieras y aseguradoras, con el tramo de subordinados en estas últimas.

En los bonos gubernamentales, su estrategia sigue una ligera sobreponderación en la Europa periférica, una posición neutral en la Europa central y una infraponderación de los bonos estadounidenses. En cuanto a los bonos ligados a la inflación, esperarían a correcciones para entrar a tomar posiciones.

El consumo per cápita en España fue quince puntos inferior al de la media de la eurozona y nueve puntos menos que el promedio de la Unión Europea, según el informe publicado este viernes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En concreto, España registró un consumo per cápita del 91 puntos, en comparación con la base 100 del conjunto del bloque y el 106 de la zona euro. El ‘Consumo Individual Efectivo’ registra el consumo de bienes y servicios por parte de hogares, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales.

Sólo nueve países registraron el año pasado un consumo per cápita superior a la media comunitaria. El mayor fue el de Luxemburgo (35 puntos más que el promedio de la UE), seguido de Alemania (22 puntos más), Austria (18 puntos más) y Dinamarca (16 puntos más).

Tras ellos se situaron Bélgica y Países Bajos(todos ellos con 14 puntos más), Finlandia (13 puntos más) y Francia y Suecia (nueve puntos más)

Por debajo pero cerca de la media comunitaria, se encontraban Italia (un punto menos), Irlanda y Chipre (cinco puntos menos) y Lituania (ocho puntos menos), mientras que por debajo de España se sitúan Estados miembros como Portugal (con 86 puntos), República Checa o Malta (85) y Eslovenia (83).

Polonia y Rumanía (79) lidera el grupo de países con un consumo per cápita que es más de veinte puntos inferior a la media de la UE, seguido de Grecia (78), Estonia (76), Letonia (71), Eslovaquia (69), Hungría (67), Croacia (66) y Bulgaria (58).

EL PIB PER CÁPITA TAMBIÉN ES QUINCE PUNTOS INFERIOR

Por otro lado, el PIB per cápita de España se situó en 2019 en el 91% de la media de la Unión Europea, y se mantuvo 15 puntos por debajo del promedio de la zona euro (106 puntos), según Eurostat.

Los mayores niveles con respecto a este indicador se registraron en Luxemburgo (260% de la media comunitaria), Irlanda (193), Dinamarca (130), Países Bajos (128), Austria (126), Alemania (120), Suecia (119), Bélgica (118), Finlandia (111) y Francia (106).

Justo en la media de la UE se situó Malta, seguido de Italia (96), República Checa (93), España (91), Chipre (90), Eslovenia (89), Estonia y Lituania (84), Portugal (79), Polonia y Hungría (73), Rumanía y Eslovaquia (70), Letonia (69), Croacia (65) y Bulgaria (53).

Stadler ha sido seleccionada por Portren, empresa participada por el grupo logístico uruguayo Christophersen y la española Cointer Concesiones, para suministrar siete locomotoras en Uruguay, el primer pedido de la compañía en el país sudamericano, según ha informado en un comunicado.

En concreto, Stadler y Portren acaban de firmar el acuerdo de compra (cuya cifra no se ha revelado) de siete locomotoras diésel-eléctricas del tipo Euro 4001 para realizar este servicio. Las locomotoras serán diseñadas y fabricadas por Stadler Valencia, la planta española del grupo.

Las previsiones apuntan a que las entregas comiencen a finales de 2022. Cada convoy para el transporte de celulosa tendrá una longitud aproximada de 475 metros y estará compuesto por una locomotora y 26 vagones. En contrapartida, circularán los trenes que transportarán los productos químicos necesarios para la producción de celulosa.

A mediados de octubre, el grupo finlandés UPM adjudicó la operación y mantenimiento de los trenes de carga para su nueva fábrica en el centro de Uruguay al consorcio formado por la española Cointer Concesiones, filial de AZVI, el grupo logístico local Christophersen y Deutsche Bahn International Operations.

El consorcio explotará la operativa entre la nueva planta de celulosa de UPM en Paso de los Toros, en el centro de Uruguay, y el Puerto de Montevideo a lo largo de los 273 kilómetros del nuevo corredor conocido como Ferrocarril Central. Portren acometerá las inversiones en material rodante y en el taller de mantenimiento.

Para el presidente de Stadler Valencia, Íñigo Parra, «es una locomotora a la vanguardia de la tecnología con la que los operadores ferroviarios podrán lograr servicios de transporte de mercancías por ferrocarril sostenibles y rentables.

«Estamos convencidos de que nuestros vehículos contribuirán a impulsar el transporte ferroviario en Uruguay, como ya lo está haciendo en otros países de la región», ha concluido Parra.

Hostelería de España ha vuelto a reclamar al Gobierno la necesidad de que se aprueben ya las «ayudas urgentes» para el sector, que prevé cerrar con una caída de la facturación superior al 50% en 2020, y confía en que este plan se apruebe en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre.

«Es evidente la necesidad de un plan de ayudas urgentes, que venimos reclamando en los últimos meses. Lamentablemente todo ha empeorado, ese plan de ayudas que era urgente hace meses es más urgente ahora», ha reiterado el presidente de la patronal, José Luis Yzuel, durante la presentación del Anuario de la Hostelería de España 2020.

Yzuel ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció hace dos meses ese paquete de ayudas para la hostelería, pero que aún no se ha aprobado. «Hay que reprochar al Gobierno su falta de empatía y hasta de respeto. Ese plan de ayudas lo necesitábamos para ayer, hemos pedido 8.500 millones de euros», ha recordado.

«Confiamos en que lleguen estas ayudas y parece ser que va a ir para el próximo Consejo de Ministros. Hay que aguantar y resistir como gato panza arriba, porque el sector ha demostrado esa capacidad de resiliencia», ha indicado.

Respecto al retraso de este plan de ayudas, Yzuel ha criticado la forma de actuar del Ejecutivo. Este Gobierno emplea el método de comunicación de Radio Macuto, ni conocemos el plan ni las circunstancias, aunque las intuímos, pero la realidad es que les hemos invitado a sentarnos para trabajar y esa mesa jamás se ha producido», ha destacado.

«Tenemos hilo directo con nuestro Ministerio, pero no tenemos ningún dato, solo por Radio Macuto. No sabemos cuáles son las medidas ni en qué consisten, no sabemos si nos van a poner contentos o nos van a cabrear», ha subrayado.

Respecto a la negociación sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el presidente de la patronal hostelera vuelve a subrayar la «falta de empatía» del Gobierno. «Esta es otra muestra, no es el momento de hacer crecer los salarios de forma artificial. Es el momento de ayudar a las empresas y no de incrementar los costes», ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha instado al Gobierno a apoyar la reconversión del sector hostelero con los fondos de recuperación de la Unión Europea.

«No se puede estar hablando del SMI para el año que viene y perder el horizonte del 31 de enero con el final de los ERTE. Salario mínimo sí, pero hay que hablarlo sentado en una mesa con el resto de medidas de acompañamiento para la reconversión de un sector que es estratégico para España», ha subrayado.

La crisis del Covid-19 ha tenido influencia en la decisión de compra del 54% de los conductores, según el estudio ‘Tendencia e intención de compra’ de Coches.net, realizado por Market Research & Insights de Adevinta.

El estudio analiza las diferentes actitudes de los compradores y futuros compradores de coches durante este año 2020. De esta forma, el informe señala que un 28% de las personas que ha comprado un coche este año asegura que tenía pensado adquirir un vehículo nuevo pero ha terminado comprando un vehículo de ocasión.

Además, el 72% de los conductores que ha comprado un coche durante este 2020, no ha recibido ningún descuento ni ninguna facilidad para la compra del vehículo. En el mismo sentido, el estudio indica que el 58% de los encuestados opina que las marcas de coches deberían ofrecer más descuentos para paliar los efectos económicos producidos por la pandemia.

Por otro lado, la pandemia ha cambiado la perspectiva y opinión respecto a distintos temas. Según el estudio, el 41% de los conductores asegura que actualmente tiene más conciencia ambiental que antes de la pandemia.

Por ello, el 45% confirma que también siente ahora más preocupación por la contaminación en las ciudades. Unas opiniones que pueden influenciar directamente en qué tipo de vehículo se decide comprar, destaca el documento.

El Ibex 35 descendía un 0,32% en la media sesión de este martes, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 8.114,4 enteros a las 12.00 horas, en una sesión en la que los inversores estarán pendientes, además del Brexit, de la reunión del Consejo de Supervisión del BCE y del encuentro del consejo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde.

Los bancos del Viejo Continente esperan conocer hoy si el BCE permite al sector volver a repartir dividendos y si establece condiciones para el retorno de las distribuciones de capital a los accionistas, suspendidas desde el pasado mes de marzo, cuando la institución recomendó a la banca europea abstenerse de pagar dividendos y llevar a cabo recompras de acciones propias.

A mediodía, los valores que más subían eran ArcelorMittal (+4,51%), Meliá (+3,42%), Almirall (+2,69%), Acerinox (+2,12%), PharmaMar (+1,54%) y Banco Sabadell (+2,12%).

En la parte baja de la tabla destacaba Inditex, que caía un 2,55% a pesar de registrar un beneficio de 866 millones de euros en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2020-2021 (entre el 1 de agosto y el 31 de octubre).

Esta cifra representa un descenso del 13% respecto al mismo periodo de un año antes a tipo de cambio constante, pero a la vez supone dejar atrás los ‘números rojos’ del primer semestre fiscal, cuando se anotó unas pérdidas de 195 millones de euros en un contexto marcado por el impacto del Covid-19.

Al mismo tiempo, la compañía textil alcanzó un beneficio acumulado de 671 millones de euros durante los nueve primeros meses del año fiscal (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre).

Entre los descensos también se situaban Cellnex (-1,99%), Naturgy (-1,65%), Telefónica (-1,39%), IAG (-1,39%), Indra (-1,36%), Grifols (-0,61%), Endesa (-0,53%) y Red Eléctrica (-0,5%).

Al contrario que el Ibex 35, el resto de plazas europeas cotizaba con ascensos, del 0,06% para Londres, del 0,45% para París, del 0,71% para Fráncfort y del 0,15% para Milán.

En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba a 1,2159 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, la prima de riesgo española rondaba los 62 puntos básicos, con el interés en el 0,012%.

Por su parte, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba a 47,12 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 50,4 dólares.

La crisis sanitaria del coronavirus ha cambiado la forma de viajar de los españoles, así si antes de la pandemia Madrid, Barcelona y París eran los destinos favoritos de los turistas españoles, a lo largo del año las islas se han convertido en los lugares elegidos para el descanso para los viajeros nacionales, que aumentan poco a poco su deseo de viajar a lugares más lejanos.

Los viajeros españoles ya apostaban por el turismo nacional antes del inicio de la pandemia, según el informe anual ‘A Year in Travel’ elaborado por eDreams ODIGEO, que analiza las tendencias de viaje previas a la irrupción de la crisis de la Covid-19, los hábitos consolidados durante un verano marcado por la pandemia y las previsiones de cara a 2021.

Según el informe de eDreams ODIGEO, el destino por excelencia para los turistas nacionales entre los meses de enero y marzo fue Madrid, seguido de Barcelona, París y Londres. Completan el ranking Palma de Mallorca, Roma, Sevilla, Tenerife, Ámsterdam y Lisboa.

Durante esos meses, las escapadas de corta duración fueron las más demandadas, dando continuidad a la tendencia ya asentada en los últimos dos años. Así, los viajes de entre 3 y 4 días de duración acumularon el 43% de las reservas.

LAS ISLAS TRIUNFAN PARA LOS ESPAÑOLES.

Tras el confinamiento los españoles se decantaron por viajar dentro de España en un 74% de los casos. Palma de Mallorca se situó en el primer puesto del ranking de los destinos favoritos de los españoles, con un precio medio de 184 euros por billete, seguida de Ibiza (140 euros), Menorca (172 euros), Tenerife (189 euros), Gran Canaria (184 euros) y Lanzarote (234 euros). Completan el ranking Barcelona (108 euros), Madrid (93 euros), Sevilla (109 euros) y Málaga (125 euros).

Las escapadas cortas han continuado siendo las más demandadas por los turistas españoles durante el verano. Así, las reservas de entre 3 y 4 días de duración acumularon el 30% de las reservas realizadas y los viajes de entre 7 y 13 días sumaron el 29%. Además las reservas se realizaron con menos de cinco días de antelación por la incertidumbre de las restricciones de movilidad.

Las diez principales nacionalidades que visitaron España tras el periodo de confinamiento más duro fueron la alemana, la francesa, la inglesa, la italiana, la belga, la holandesa, la suiza, la danesa y la austríaca .

CRECE EL INTERÉS POR DESTINOS LEJANOS.

A raíz del anuncio de la posible vacuna contra la Covid-19, los destinos más populares en las búsquedas de viajes han sido Dubai, Nueva York y Bangkok. Completan el ranking Tenerife, Estambul, Londres, Denpasar, Tokyo, Malé y Cancún, según datos de eDreams ODIGEO.

Respecto a las reservas ya realizadas para viajar el año que viene, la ciudad portuguesa de Lisboa es la gran favorita, seguida de Estambul, Fort-de-France, Palma de Mallorca, Tenerife, París, Oporto, Bangkok, Dublín y finalmente, Alicante.

El Tesoro Público ha captado este martes 1.227 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, en el rango alto previsto, y ha ofrecido mínimos históricos en los tipos de ambas referencias, lo que le permite cerrar el programa de emisiones de un ejercicio marcado por la crisis del Covid-19, que ha llevado al organismo a efectuar tres revisiones de su programa ante la mayor necesidad de financiación.

El interés de los inversores por la deuda pública española se ha mantenido hasta la última emisión del año, ya que la demanda ha alcanzado los 6.216,4 millones de euros, lo que supone cinco veces más de lo finalmente adjudicado, reflejando una vez más que el apetito inversor por los títulos de deuda española ha continuado pese a la crisis del Covid-19 en todo 2020, los mínimos históricos en los tipos y los menores costes de financiación también históricamente bajos.

En concreto, ha colocado 277 millones de euros, con una demanda de 1.731,7 millones de euros, en letras a 3 meses, con un tipo de interés marginal del -0,821%, frente al -0,620% registrado el pasado 17 de noviembre, marcando por tanto un nuevo mínimo histórico.

En esta línea, ha captado 950 millones con las letras a 9 meses, frente a unas peticiones de 4.484,7 millones de euros, y también ha cobrado más a los inversores por este papel, con nuevo mínimo histórico, ya que el interés marginal ha pasado del -0,582% marcado el 17 de noviembre al -0,653% este martes.

La emisión de este martes ha sido la última del año debido a que, tras la última reducción del programa de emisiones en 5.000 millones, el Tesoro no ha convocado la subasta de bonos y obligaciones del jueves día 17, con lo que concluye el calendario y su programa para este año y no regresará a los mercados hasta el 7 de enero.

Asimismo, la emisión se ha producido después de que el pasado jueves el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) anunciara un nuevo paquete de medidas que contempla un aumento de 500.000 millones de euros en el volumen máximo de compras netas de activos dentro del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), así como su extensión hasta marzo de 2022, entra otras.

En la subasta del pasado jueves el Tesoro captó en deuda a medio y largo plazo 1.403 millones de euros, dentro del rango medio previsto, y lo hizo cobrando a los inversores por el bono a 10 años por primera vez en la historia.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destacó que este descenso ratifica la «confianza» de los inversores en la «eficacia» de las medidas adoptadas por el Gobierno español y es también «un mensaje de confianza en la recuperación y futuro de la economía española».

Con este descenso, se afianzó la reducción de los tipos de interés de la deuda española, que en noviembre registraron nuevos mínimos históricos: el coste de la deuda en circulación se colocó en el 0,18% y el tipo del stock de deuda se situó en el 1,86%.

TRES REVISIONES DEL PROGRAMA HASTA UNA EMISIÓN NETA DE 110.000 MILLONES

El programa de financiación del Tesoro para 2020 fue revisado por primera vez en mayo al alza en 100.000 millones como consecuencia de las mayores necesidades por la crisis del Covid-19, pero se varió de nuevo el pasado 8 de octubre para reducirse en 15.000 millones, sumándose ahora otra nueva rebaja de 5.000 millones.

De este modo, sobre la previsión de emisión neta de 130.000 millones anunciada en mayo para hacer frente a las necesidades adicionales motivadas por el Covid-19, la emisión neta de este año se ha situado en unos 110.000 millones de euros y la emisión bruta en unos 277.000 millones de euros.

Estas menores necesidades de financiación se explican por una evolución de los ingresos más favorable que la prevista a principios de octubre, con mayores ingresos tributarios ante la recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre. Además, las amortizaciones anticipadas por parte de las CCAA de préstamos de los Fondos de Financiación han continuado.

EMISIÓN RÉCORD EN 2021

Tras la celebración de la emisión de este martes, el Tesoro no volverá a los mercados ya hasta el próximo 7 de enero con una subasta de bonos y obligaciones del Estado.

Conforme a las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la emisión bruta por parte del Tesoro Público registrará el próximo año una nueva cifra récord de 299.138 millones de euros, un 6% más que el ejercicio anterior.

El endeudamiento neto del Tesoro Público en 2021 ascenderá aproximadamente a 110.000 millones de euros; las letras aportarán alrededor de 10.000 millones de financiación neta, mientras que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de deudas en euros y en divisas, aportarán los restantes 100.000 millones para cubrir la totalidad de las necesidades de financiación neta previstas.

Además, el Tesoro Público realizará en 2021 su primera emisión de un bono ‘verde’, que se prevé que sea sindicada y de entre 5.000 y 10.000 millones de euros, según «el apetito» que presente el mercado en ese momento, aunque con la intención de alcanzar un nivel de liquidez de 20.000 millones a largo plazo con sucesivas reaperturas.