El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha advertido este martes que bajo ningún concepto el Peñón permitirá que sean agentes de los cuerpos de seguridad españoles los que tomen el relevo a Frontex una vez concluya el periodo inicial de cuatro años tras el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre este territorio.

Así se lo ha transmitido a los miembros de la Cámara de los Lores durante una comparecencia ante su comisión sobre la Unión Europea, en la que le han trasladado sus preguntas respecto al principio de acuerdo alcanzado entre España y Reino Unido el pasado 31 de diciembre sobre Gibraltar y que debe sentar las bases para un futuro tratado entre la UE y Londres sobre el Peñón, por el cual este quedaría dentro del espacio Schengen.

Picardo ha advertido de que ni él, ni posiblemente ningún ministro principal, estará dispuesto a aceptar que una vez cumplidos los cuatro años iniciales la labor de Frontex pasen a asumirlas agentes de los cuerpos de seguridad del Estado españoles.

En este sentido, ha confiado en que para entonces se haya conseguido generar la "confianza" para que sean los agentes fronterizos y los guardacostas gibraltareños asuman el papel de Frontex.

Esto permitiría que en lugar de los dos controles que deberá haber en el puerto y el aeropuerto una vez se firme el acuerdo entre la UE y Reino Unido, uno primero por parte de Gibraltar y luego otro de Frontex para poder entrar al espacio Schengen, hubiera un único control, ha subrayado.

No obstante, Picardo ha confiado en que durante la negociación del acuerdo y en los cuatro primeros años de su implementación se podrá encontrar "una arquitectura alternativa" una vez salgan los agentes de Frontex porque de lo contrario habría una vuelta a una situación de "Brexit duro" y "sería una pena", ha opinado.

PONE EN TELA DE JUICIO A LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

Picardo ha argumentado el rechazo a la presencia de agentes españoles en Gibraltar obedece al "daño institucional que se ha hecho a la relación y a la confianza que los gibraltareños pueden tener en las instituciones españolas en estos momentos".

"Lamento tener que decir esto pero es el efecto de décadas en las que la naturaleza de la relación ha sido como hasta ahora" y por eso, ha añadido, el principio de acuerdo y el futuro tratado pueden suponer una oportunidad para "resetear" las relaciones.

En este sentido, ha sostenido que Gibraltar busca "desde hace tiempo un futuro que sea diferente del pasado" en la relación con España, que sea "de amistad y cooperación entre vecinos". Por parte gibraltareña, "estamos intentando tener una relación de buena vecindad y positiva", ha subrayado Picardo.

El ministro principal ha vista "una oportunidad en la actitud adoptada por el Gobierno actual (español) en muchos aspectos, no en todos, de lo que el futuro nos podría traer". Así, ha confiado en que pueda haber "más cooperación y menos confrontación" y se pueda poner el acento "en lo que tenemos en común en lugar de lo que nos separa".

Por otra parte, ha asegurado que el preacuerdo alcanzado no afecta en nada a la soberanía de Gibraltar, prometiendo que si así fuera en un futuro durante la negociación entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón cualquier cuestión debería ser sometida a referéndum.

LA SOBERANÍA QUEDÓ FUERA DE LA MESA CON EL PP

Además, ha recalcado que ya cuando se comenzó a negociar el Acuerdo de Retirada entre Reino Unido y la UE para hacer efectivo el Brexit, el Gobierno español de la época, encabezado por Mariano Rajoy, dijo que "no era el momento de poner la soberanía sobre la mesa", una postura que se mantuvo con la llegada de Pedro Sánchez al poder.

Ahora, ha añadido, la actual ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha indicado que el Gobierno de coalición se centra en "arreglos de efecto práctico" y no en la cuestión de la soberanía. Así pues, ha subrayado, a la hora de negociar el preacuerdo todas las partes se sentaron a la mesa con la idea clara de que la soberanía quedaba fuera, y así lo recoge el texto.

Por otra parte, ha reconocido que aunque tanto Londres como Madrid confían en que pueda haber un acuerdo entre Reino Unido y la UE en un plazo de seis meses, también es posible que ese acuerdo no llegue a materializarse por lo que Gibraltar deberá prepararse en este tiempo "para un Brexit duro".

En este sentido, se ha mostrado respetuoso con los plazos y los tiempos de la Comisión Europea, que tras haber recibido el principio de acuerdo entre Londres y Madrid y que debe de servir de marco de negociación, tiene que fijar su propio mandato negociador y designar a quien lo lleve a cabo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 1.409 nuevos casos por infección de coronavirus, lo que supone un descenso respecto al último recuento del domingo, cuando se registraron 1.613; mientras que el número de fallecidos se ha situado en 28 en las últimas 24 horas.

Por provincias, Toledo ha registrado 480 casos, Ciudad Real 335, Cuenca 252, Albacete 217 y Guadalajara 125. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio, es en los últimos 14 días en la región de 1.054,77 casos.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 132.943, según ha informado la Junta en un comunicado. Por provincias Toledo registra 47.653 casos, Ciudad Real 34.316, Albacete 22.077, Guadalajara 15.382 y Cuenca 13.515.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 1.379. Por provincias Toledo tiene 567 de estos pacientes (442 en el Hospital de Toledo y 125 en el Hospital de Talavera de la Reina) y Ciudad Real 412 (203 en el Hospital de Ciudad Real, 109 en el Hospital Mancha Centro, 37 en el Hospital de Puertollano, 25 en el Hospital de Valdepeñas, 25 en el Hospital de Manzanares y 13 en el Hospital de Tomelloso).

En Albacete hay 211 (113 en el Hospital de Albacete, 46 en el Hospital de Hellín, 32 en el Hospital de Almansa y 20 en el Hospital de Villarrobledo), en Cuenca 102 (todos ellos en el Hospital de Cuenca) y en Guadalajara 87 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara).

Los ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 161. Por provincias Ciudad Real tiene 60 de estos pacientes, Toledo 49, Albacete 34, Guadalajara 14 y Cuenca 4.

En las últimas 24 horas se han registrado 28 fallecidos por coronavirus, 14 en la provincia de Toledo, 8 en la provincia de Ciudad Real, 2 en la provincia de Albacete, 2 en la provincia de Cuenca y 2 en la provincia de Guadalajara.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 4.703. Por provincias, Toledo registra 1.634 fallecidos, Ciudad Real 1.406, Albacete 752, Guadalajara 482 y Cuenca 429.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de 125 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus.

De los 125 centros, 47 están en la provincia de Toledo, 29 en Ciudad Real, 27 en Cuenca, 10 en Albacete y 12 en Guadalajara.

Los residentes con caso confirmado son 633. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 1.774. VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación contra el coronavirus, la región ha notificado que hasta este martes se han administrado 43.682 dosis de las 54.800 --53.100 de Pfizer y 1.700 de Moderna-- que han sido entregadas a la Comunidad Autónoma por parte del Gobierno central, lo que supone el 79,7% del total.

Además, 189 personas han recibido ya la segunda dosis en Castilla-La Mancha, según datos del Ministerio de Sanidad.

Las primeras 1.000 vacunas de Covid-19 de la farmacéutica Pfizer han llegado este martes a Andorra a través de España, ha explicado el ministro de Salud, Joan Martínez Benazet, durante una comparecencia en comisión legislativa.

Después de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) español el convenio firmado con Andorra y la farmacéutica, el Principado ha podido ir a recoger un primer cargamento de 1.000 vacunas.

Las dosis han salido de Madrid cerca de las 10:45 horas y han llegado, en transporte ultracongelado, al Hospital Nostra Senyora de Meritxell sobre las 18:45 horas.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La campaña de vacunación empezará este mismo miércoles con los profesionales y residentes de centros sociosanitarios sin serología positiva, es decir, sin anticuerpos de coronavirus SARS-CoV-2.

También se vacunarán algunos profesionales del Saas --servicio andorrano de atención sanitaria--, los más expuestos al virus y los que tratan con pacientes más sensibles, según ha detallado Martínez Benazet.

A partir del jueves se vacunarán más profesionales del Saas y personal de atención domiciliaria, tanto de servicio público como de empresas privadas; la previsión es de vacunar unas 100 personas diariamente.

Así, el ministerio de Salud calcula que en un plazo de entre 10 y 14 días habrá vacunado al millar de personas para las que se dispone de dosis, y dentro de tres semanas se iniciaría la campaña para administrarles la segunda dosis.

OBJETIVO: VACUNAR EL 60% DE LA POBLACIÓN ANTES DEL VERANO

Martínez Benazet ha explicado a los consellers generals --parlamentarios-- que este primer suministro de 2.000 dosis, para vacunar a 1.000 personas, se ha adquirido a través de España, a quien se le compran al mismo precio de venta de la farmacéutica.

Después, en virtud del convenio firmado con España, y negociado también con la Comisión Europea, se continuarán suministrando vacunas en la misma proporción respecto a la población que disponga Europa.

También se firmará un acuerdo con Francia para recibir dosis de la vacuna de la farmacéutica Moderna, en las mismas condiciones establecidas en el convenio español.

Finalmente, a través del proyecto Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recibirán 26.400 vacunas, una parte importante de estas durante este primer trimestre de 2021.

Según el ministro de Salud, la Agencia Europea del Medicamento prevé autorizar la vacuna de Astrazeneca a finales de este mes de enero y a partir de entonces se irían recibiendo en Andorra.

El 60% de la población podría estar vacunada antes del verano: "Este es el objetivo que nos deberíamos marcar entre todos", ha manifestado Martínez Benazet, que también ha informado de que se entregará un certificado a los ciudadanos que se vacunen por si otras administraciones lo pidiesen a la hora de viajar.

El Gobierno de Navarra ha decidido cerrar a partir del sábado el interior de los establecimientos de la hostelería y limitar los espacios privados, como la vivienda, a la unidad convivencial.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado en rueda de prensa que la evolución de la pandemia "no está siendo positiva ni en términos de contagios, por el incremento que hemos tenido de la incidencia, ni tampoco en el porcentaje de positividad, y aunque la presión asistencial en los hospitales todavía es estable, estamos recibiendo en los últimos día un incremento sustancial de los ingresos".

Remírez ha explicado que "fruto de ello y ante la voluntad de anticiparnos a la evolución del virus, para evitar que nos encontremos en situaciones más complicadas", el Ejecutivo ha decidido adoptar las nuevas medidas restrictivas que entrarán en vigor el próximo sábado por medio de un decreto foral de la presidenta y de una orden foral de la consejera de Salud. Las medidas se aprobarán hasta el 7 de febrero.

En la hostelería, se cierra el interior de los establecimientos y se mantienen abiertas las terrazas con el horario hasta ahora vigente, es decir, hasta las 21 horas (también se podrán hacer pedidos a domicilio hasta las 22.30 horas).

Quedan excluidos del cierre los comedores de hoteles y otro tipo de alojamientos, que podrán servir comidas únicamente a las personas que se encuentren alojadas en su establecimiento, siempre que se cumplan las medidas sanitarias y con un máximo de 6 personas por mesa. También quedan excluidos los servicios de centros sanitarios, socio-sanitarios, comedores escolares y universitarios, comedores de empresa, y los servicios de comedor de carácter social.

Con carácter excepcional, se podrá autorizar la apertura de los interiores de los establecimientos cuyos clientes sean trabajadores que realicen labores de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, y que los establecimientos se encuentren ubicados en estaciones de servicio o carretera (fuera del núcleo urbano y en las principales carreteras de Navarra), que tengan parking para más de cinco camiones tráiler y que den servicios de comidas o cenas.

Los espacios privados, como la vivienda, quedan limitados a la unidad convivencial, con excepciones por ejemplo en el caso de personas que vivan solas y dependientes. Además, se mantiene el toque de queda entre las 23 y las 6 horas.

Según los datos que ha ofrecido la consejera de Salud, Santos Induráin, actualmente hay 163 pacientes ingresados en los hospitales navarros, 16 de ellos en UCI, dos más que ayer, y "la tendencia ya se insinúa de forma clara. La semana pasada, el total de ingresos fue de 71, frente a los 59 de la anterior, y las defunciones se incrementaron de 7 a 15.

La incidencia acumulada de casos de Covid-19 en los últimos 14 días es de 385 en Navarra, aunque se sitúa por debajo de la media estatal (689), pero está "en continuo crecimiento y en un nivel de riesgo muy alto", en palabras de Induráin.

Además, la consejera ha advertido de que la cepa inglesa del Covid-19 ya está en Navarra y se sospecha que ya tiene transmisión comunitaria.

Santos Induráin ha afirmado que las nuevas medidas "tratan de ser quirúrgicas y lo más efectivas posibles, y son intervenciones selectivas, dimensionadas e intensivas en cuanto a su duración, ya que aspiramos a que se prolonguen solo lo necesario para volver a doblegar una curva de contagios que está en clara tendencia al alza en las últimas cuatro semanas". "El objetivo es marcar un punto de inflexión en dos o tres semanas en la curva y volver a una situación más sostenible y doblegar esta evolución", ha señalado.

La consejera ha apuntado que "es cierto que Navarra está menos mal que otras Comunidades y que otros países, pero en octubre estuvimos mucho peor y aprendimos de ello, está experiencia previa nos ha enseñado la importancia de poner el acento en la necesidad de anticiparse al virus". De hecho, ha valorado que ya en Navidad el Gobierno foral decidió suprimir en Nochevieja y Año Nuevo la flexibilización de las restricciones que se había adoptado para Nochebuena y Navidad.

Ahora, ante las nuevas limitaciones, Santos Induráin ha afirmado que "nos cuesta tomar estas medidas, sabiendo del enorme impacto personal, familiar y económico de estas decisiones". "Hemos tomado medidas quirúrgicas, muy selectivas, en los dos sectores en los que vemos que claramente se ha producido el aumento de transmisión", ha señalado.

El PNV ha registrado este martes en el Congreso una batería de preguntas con las que pretende que el Gobierno detalle los datos que maneja sobre la posible presencia de ultras en las Fuerzas Armadas, a raíz de los últimos episodios protagonizados por militares, en su mayoría en la reserva.

En las últimas semanas, estos militares retirados, a través de manifiestos y cartas públicas o incluso en chats privados ,han proferido graves críticas contra el Gobierno, las formaciones independentistas o incluso han defendido "fusilamientos" de ciudadanos.

Es por ello que los nacionalistas vascos, a través de su diputado Joseba Aguirretxea, han presentado esta iniciativa el mismo día en que Esquerra (ERC), Junts, Bildu y la CUP han registrdo una petición para crear una comisión de investigación sobre la presencia de la extrema derecha en el Ejércuto y sus posibles vínculos con Vox.

LA PREOCUPACIÓN VA EN AUMENTO

La "preocupación" del PNV con respecto a la posible presencia de ultras en las filas del Ejército "viene de largo" y, de hecho, recuerda que hace un año su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ya dirigió una pregunta al Gobierno interesándose sobre si tenía alguna intención de realizar una investigación, como ha hecho Alemania, para detectar posibles focos de ideología totalitaria en las Fuerzas Armadas.

A ello se suma la pregunta que el propio Aguirretxea formuló hace escasas semanas a la ministra del ramo, Margarita Robles, tras conocerse los chats de ex militares pidiendo el fusilamiento de 26 millones de personas o la misiva enviada al Rey empleando un lenguaje que califica de "bélico y antidemocrático".

Sin embargo, el nacionalista vasco lamenta que, "lejos de trasladar un compromiso férreo para actuar con celeridad y atajar estas actitudes", la respuesta de Robles no ha hecho más que aumentar la preocupación del PNV por esta situación.

¿HAY MÁS CASOS?

Así las cosas, Aguirretxea pregunta al Gobierno si Defensa "tiene constancia de que hayan sucedido hechos de naturaleza similar" a los protagonizados mayoritarimente por militares retirados en las unidades militares de cada una de las comunidades autónomas.

Asimismo, pide más información sobre el endurecimiento de la normativa en las escuelas militares conocido a principios de este mes pidiendo y pregunta por los motivos que han llevado al departamento que dirige Margarita Robles a tomar esta decisión. Pide además, que se le haga llegar el contenido de la normativa aprobada en este sentido.

Aguirretxea se interesa también por la publicación de un reciente documento interno de la Escuela de Especialidades de la Armada de A Graña (Ferrol) en el que se ensalzaba a un militar sublevado y se empleaba terminología "de marcado carácter franquista".

Sobre este episodio, el diputado jeltzale pregunta al Gobierno por las medidas que propone "para eliminar la simbología y terminología heredada de la sublevación de 1936" y quiere saber si el Gobierno ve compatible la exhibición de estos símbolos con una institución "que supuestamente defiende los valores democráticos".

El Rey Felipe VI ha puesto en valor este martes la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus y ha defendido la necesidad de mantenerla de cara a la recuperación de la crisis y en particular en la vacunación.

Don Felipe ha sido el encargado de clausurar la VI Conferencia de Embajadores que se ha celebrado entre el lunes y el martes en Casa de América, acto que ha aprovechado para ensalzar la labor y la dedicación demostrada durante los últimos meses por los diplomáticos españoles en su esfuerzo por ayudar a ciudadanos en todo el mundo afectados por la pandemia.

"La COVID-19 ha exigido un esfuerzo de colaboración extraordinario entre distintos niveles de gobierno", al igual que "entre diferentes gobiernos de todos los continentes, entre gobiernos y organismos multilaterales" y de todos ellos con el sector privado, ONG y con la ciudadanía, que "en su inmensa mayoría, se ha comportado de forma ejemplar", ha señalado el monarca.

El rey ha defendido que es "justo resaltarlo y agradecerlo", al tiempo que ha advertido que esta colaboración "será igual de necesaria para la recuperación y para el diseño de una nueva era de inclusión y prosperidad, comenzando por la gestión para que las vacunas lleguen a todos los rincones del mundo".

Por otra parte, ha subrayado que la pandemia también ha evidenciado que "los retos del presente y el futuro exigen una atención reforzada a la realidad global".

Lejos quedan los tiempos en los que la política, la economía o las medidas sanitarias y medioambientales se abordaban desde una perspectiva geográfica considerando lo que afectaba a los ámbitos exterior o interior", ha valorado, incidiendo en que "hoy todo conforma una realidad interdependiente y cada vez más incierta.

LA CIUDADANÍA PIDE CERTIDUMBRE

Ante esta situación, ha sostenido Don Felipe, es necesario amoldarse "para obtener las respuestas más adecuadas y eficaces en beneficio de una ciudadanía que demanda certidumbre, esperanza y horizontes de prosperidad", objetivos todos ellos que "se determinan en un ámbito global".

Asimismo, ha incidido en hace falta "adaptar y modernizar los organismos internacionales de un sistema multilateral con el que España está firmemente comprometida". Esta tarea, ha agregado, exite "de una diplomacia proactiva que forje acuerdos y consensos en áreas de actuación decisivas para nuestro futuro".

Entre estas áreas, Felipe VI ha hecho mención especial tanto al cambio climático, donde España ya ha dado "pasos para liderar la transición verde", como a las crisis migratorias, resaltando que el "enorme golpe" que la pandemia ha supuesto para "las expectativas de millones de mujeres y hombres que buscan desesperadamente un futuro que no encuentran en sus países".

Respecto a esta cuestión, ha recalcado que "solo una diplomacia enfocada en las causas de fondo será capaz de contribuir a gestionar el drama humano cuya última y trágica manifestación se produce tantas veces en nuestras costas" y ha puesto en valor los acuerdos alcanzados con los países de origen y tránsito.

La pandemia, según el Rey, también "ha puesto en cuestión muchos logros que dábamos por consolidados" y "ha provocado un enorme retroceso económico y muchas veces social en casi todo el mundo". En este sentido, ha sostenido que "lejos de desfallecer, debemos asumir el reto de construir de nuevo con cimientos más firmes y sostenibles", haciendo mención especial a los vecinos del sur y también a América Latina.

Así las cosas, ha defendido que España, "por su historia, su diversidad, su carácter y su vocación universal, está en un lugar y un momento clave para convertirse en un actor capaz de facilitar ese diálogo y ese esfuerzo conjunto que nos son tan necesarios" en el momento actual de "cambios geopolíticos y económicos" con el fin de ser capaces de "generar concordia, oportunidades y horizontes compartidos; de generar esperanza".

Don Felipe ha resaltado la "gran capacidad de interlocución" de la diplomacia española y en particular ha tenido palabras de elogio y agradecimiento por su dedicación y "sacrificio personal" en muchos casos, así como su "voluntad de servicio", como ha quedado patente durante la pandemia ayudando a los españoles que lo pudieran necesitar y dejando "bien alto el pabellón de España, su imagen y su proyección ante el mundo".

"La diplomacia, que vosotros representáis en nombre de España, está llamada a esa tarea clave para favorecer la estabilidad y el progreso del mundo en su conjunto: la de hacer asumible y gestionable esa dinámica de grandes cambios globales en un contexto de profundas transformaciones que deben ser gestionadas al servicio y en beneficio de los ciudadanos", ha resaltado el monarca.

Por último, Don Felipe ha deseado a los embajadores éxitos en su labor y les animado a "perseverar con tenacidad, rigor y excelencia" en la misma, al tiempo que les ha trasladado su "confianza y optimismo en el futuro de nuestro país y en su capacidad para contribuir al mejor porvenir del mundo".

Con el discurso de Felipe VI se ha clausurado la Conferencia de Embajadores, la primera desde 2008. Por ella han pasado en estos dos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como tres de los cuatro vicepresidentes y tres ministros, entre ellos la titular de Exteriores, Arancha González Laya.

El arzobispo primado de México Carlos Aguiar ha pedido "desenmascarar" las teorías "graves y sin sustento" que circulan por las redes sociales sobre la vacuna frente a la Covid-19, desde aquellas que hablan de la implantación de un chip hasta las que dicen que contiene fetos abortados.

"Las teorías van desde la supuesta conspiración para modificar el AND humano y reducir la tasa poblacional, hasta otras que afirman que la vacuna contiene tejido de bebés abortados. Hay incluso quienes afirman que se busca implantar un microchip para espiarnos, son teorías realmente graves y sin sustento, que es necesario desenmascarar", ha subrayado Aguiar.

Según ha precisado el cardenal, es necesario "clarificar la importancia de la aplicación de la vacuna" no solo para "proteger la propia salud" sino también por el "deber de perseguir el bien común".

Así lo ha indicado este martes 19 de enero durante la inauguración de la 'Conferencia Internacional: Los cristianos frente a las vacunas COVID 19', organizada por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos con el objetivo de difundir la postura de la Iglesia Católica y promover la campaña de vacunación mundial.

Durante el evento, que se ha desarrollado de forma virtual y al que han asistido más de 40 obispos de 14 países, ha intervenido el cardenal arzobispo de Boston y presidente fundador de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, Sean O'Malley, quien ha asegurado a aquellos que tienen dudas, que vacunarse contra la Covid-19 es "una decisión ética", que es "moralmente aceptable".

Aseguramos a nuestros hermanos y hermanas católicos que la Iglesia está observando con mucho cuidado las implicaciones éticas de esta vacuna y quiere asegurar a todos que la decisión de vacunarse es una decisión ética y debemos alentar a la gente a hacer uso de este arma tan importante en la lucha contra la pandemia", ha subrayado.

El cardenal estadounidense ha precisado que, "aunque vacunarse es una elección personal, tiene consecuencias que afectan no solo al individuo sino también a los vecinos más vulnerables".

Por ello, considera que es importante que haya figuras públicas, líderes comunitarios que muestren en primera persona la importancia de vacunarse, como el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI, que ya se han vacunado.

Si bien, ha precisado que, "en ocasiones, la diseminación de las enseñanzas de la Iglesia no han sido siempre claras y consistentes" por lo que ha aclarado que "en el caso de las vacunas producidas en respuesta a la Covid-19, las principales fuentes de la enseñanza de la Iglesia sobre vacunas están en completa armonía".

En concreto, sobre la teoría del uso de fetos abortados, el cardenal O'Malley ha indicado que, aunque "Pfizer y Moderna usaron una línea celular contaminada para una prueba, la conexión es remota" y, por tanto, "el recurso a tal vacuna no significa la cooperación con el aborto del que se obtuvieron las células".

En el acto también han intervenido la doctora Katarina Le Blanc, inmunóloga clínica del Instituto Karolinska de Suecia y miembro de la Pontificia Academia para la Vida, quien ha explicado cómo funciona el virus y ha subrayado la importancia de vacunarse para "protegerse y proteger a los demás"; y el extesorero del BID y presidente del Consejo Trust for the Americas, Enrique García Rodríguez, quien ha ahondado en el impacto social y económico la pandemia.

Los gobiernos autonómicos han redoblado en las últimas horas la presión al Ejecutivo central para que modifique el actual estado de alarma y permita adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 horas, como está fijado actualmente, y ya son trece autonomías las que se han mostrado a favor de esta reforma, que se debatirá este miércoles entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

En concreto, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, y la ciudad autónoma de Melilla, se han posicionado a favor de dar este paso, que permitiría a los gobiernos regionales adelantar el toque de queda para controlar el avance del virus.

El actual estado de alarma, que rige en el país hasta el mes de mayo, no contempla las herramientas necesarias para adelantar antes de las 22.00 horas la restricción a la movilidad nocturna, por lo que estas autonomías han exigido al Gobierno que contemple una modificación que permita a los gobiernos regionales aplicar un toque de queda desde antes.

Quién ha aplicado ya este adelanto ha sido la Junta de Castilla y León, que desde el pasado sábado tiene el toque de queda a las 20.00 horas. Este decreto fue recurrido por el Gobierno central y el Tribunal Supremo ha decidido este martes dar diez días a la Junta para que responda al recurso, pero mientras tanto se mantiene este horario.

EL GOBIERNO CREE QUE LAS CCAA TODAVÍA TIENEN MARGEN

Por su parte, el Ejecutivo a través del titular de Sanidad, Salvador Illa, y de la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha emplazado a las Comunidades Autónomas a consensuar medidas y restricciones en el marco del Consejo Interterritorial de Salud.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha señalado que el Gobierno considera que las CCAA todavía tienen margen para "intensificar" las medidas de restricción de la movilidad de los ciudadanos, sin necesidad por tanto de ampliar el margen del toque de queda.

No obstante, ha insistido en que será en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles donde el Gobierno y las comunidades autónomas puedan evaluar "todas las herramienta" disponibles, plantear nuevas propuestas como es la de adelantar el toque de queda, y adoptar conjuntamente las decisiones que consideren adecuadas para dobleglar la tercera ola de la Covid-19.

COMUNIDAD VALENCIANA, C-LM Y CATALUÑA, LAS ÚLTIMAS EN SUMARSE

En el caso de Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page, ha avanzado este martes que ve con buenos ojos la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas y que la Comunidad Autónoma planteará en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles "que se abra el abanico" hasta esa hora.

También la Generalitat Valenciana pedirá este miércoles que el Gobierno permita avanzar el toque de queda a las ocho de la tarde en lugar de a las diez y que flexibilice el estado de alarma para que las comunidades puedan tomar otras medidas.

Por su parte, la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Budó, no ha descartado este martes la posibilidad de avanzar el toque de queda en Cataluña si así lo recomiendan las autoridades sanitarias para combatir la pandemia del coronavirus.

AYUSO APOYA A CYL PERO NO LO APLICARÍA EN MADRID

Tras esta polémica con Castilla y León, diversos mandatarios autonómicos fijaron su posición respecto a este tema. Una de ellas fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes se mostró a favor de la medida implementada por su homólogo 'popular' de Castilla y León.

Sin embargo, en la jornada de este martes, Ayuso ha señalado que "para arruinar aún más a la hostelería en España" así como a los comercios, a la iniciativa privada y a tantas familias, con ella que "no cuenten".

"No puedo ser más clara", ha respondido a renglón seguido a las preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno regional prevé adelantar el toque de queda, como plantean otras autonomías.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que el Gobierno central "no tiene otra opción" que acceder a esta petición de varias comunidades autónomas para modificar la hora de inicio del toque de queda, porque es algo de "sentido común".

En el caso de Murcia, el presidente Fernando López Miras ha remitido una carta al Gobierno central para que permita a los gobiernos regionales ampliar el toque de queda.

AMPLIARLO INCLUSO A LAS 18.00 HORAS

También ha pedido margen legal para actuar en esta clave el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y ya avanzó el pasado viernes que ve "razonable" que el estado de alarma permita extender el toque de queda, incluso a las 18.00 horas, así como confinamientos municipales.

En esta clave, el Gobierno vasco ya anunció el pasado viernes que está estudiando adelantar el toque de queda a las 18.00 o a las 20.00 horas, aunque actualmente se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas, como medida para frenar el virus antes de acometer otras más severas.

Asimismo, se ha referido al Consejo Interterritorial la portavoz del Gobierno balear, Pilar Costa, quien ha señalado que su Ejecutivo estudiará la medida si así se acuerda en el marco del Consejo. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, también se ha mostrado partidario de arbitrar modificaciones legislativas para que las comunidades autónomas puedan adelantar el toque de queda.

El Gobierno de Melilla mostró su disposición a adelantar el toque de queda en cuanto sea autorizado por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), en las que están representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por último, el consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, considera que adelantar el toque de queda a las 22.00 horas sería "beneficioso", aunque no ha afirmado que se lo vaya a plantear al Gobierno en el seno de la Interterritorial.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que las previsiones económicas del Gobierno han quedado "obsoletas" y ha recalcado que, por lo tanto, se pueden "tirar a la basura los Presupuestos Generales del Estado" que se aprobaron hace pocas semanas en el Parlamento.

"¿Van a poner ahí también la pegatina de Gobierno de España en las colas del paro?", se ha preguntado García Egea aludiendo a la pegatina que llevaban las vacunas cuando llegaron a España y haciéndose eco de la información que recoge 'El Mundo' acerca de cómo el Gobierno asume el empeoramiento de sus previsiones y que vienen meses duros para la economía.

En una rueda de prensa en la sede del PP, el 'número dos' de Pablo Casado ha recalcado que "la historia se repite con el PSOE con paro, impuestos y más pobreza". "Ya se han quedado obsoletas las previsiones económicas del Gobierno y, por lo tanto, podemos tirar a la basura los Presupuestos que hace escasas semanas aprobaron las Cortes Generales", ha enfatizado.

García Egea ha asegurado que Pedro Sánchez dijo en 2015 que sería recordado como "el político que arreglaría la economía del país" pero ha recalcado que los datos están demostrando que "va a ser recordado como el mejor discípulo de José Luis Rodríguez Zapatero.

"SOMOS LOS ÚLTIMOS EN TODO"

Así, ha subrayado que los "duros" datos que se van conociendo evidencian que el Gobierno "ha empujado a España a las peores cifras de paro". "Somos los últimos en todo: los primeros en paro, los primeros en contagio, pero somos los últimos en todo lo demás", ha dicho, para añadir que no hay "propaganda de Moncloa que tape los terribles datos económicos que sufre España".

Ante este "desastre económico", el dirigente del PP ha criticado que la receta del Gobierno sea "subir los impuestos" y ha señalado que esa línea no la siguen otros países europeos. "La UE está condicionando hoy la recepción de fondos europeos a las reformas estructurales que necesitan los países", ha avisado.

UN FONDO DE 50.000 MILLONES PARA AYUDAR A EMPRESAS

También ha recordado que el PP propondrá en el Congreso la creación de un fondo de 50.000 millones para ayudas directas a empresas y pedirá de nuevo un plan de choque fiscal con bajadas de impuestos para "rescatar a empresas, pymes y autónomos que están sufriendo la peor parte de la crisis".

Por otra parte, y tras las divergencias en materia de pensiones entre los ministros José Luis Escrivá y Pablo Iglesias, García Egea ha pedido al Gobierno "que no engañe más a los jubilados". "No dicen la verdad, ni en España ni en Bruselas", ha manifestado.

Once comunidades autónomas y Ceuta tendrán este miércoles algún aviso por fenómenos como la lluvia, el viento, el oleaje, temperaturas mínimas, nevadas y niebla, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 20 de enero, que también ha decretado aviso amarillo por riesgo de deshielo en toda Castilla y León (salvo Valladolid) y en las provincias aragonesas de Zaragoza y Teruel.

Tras el paso de 'Filomena' y la ola de frío que ha azotado a media España los últimos diez días, durante este miércoles un frente atlántico recorrerá la Península y Baleares de oeste a este, dejando cielos nubosos o cubiertos, así como precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica y entorno de Pirineos.

Las precipitaciones serán más abundantes en el oeste de Galicia y del sistema Central, donde podrían ser localmente persistentes, así como en el entorno del Estrecho, donde podrían ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes, pero perderán intensidad conforme progresan hacia el este. Así, las lluvias pondrán en aviso amarillo por riesgo a Cádiz, Huelva, Sevilla, A Coruña y Pontevedra.

De forma más débil, las precipitaciones afectarán a Andalucía mediterránea, Melilla, Cantábrico occidental y zonas del valle del Ebro. En gran parte del área mediterránea y en Baleares, predominarán las nubes medias y altas, mientras que en Canarias los cielos estarán poco nubosos.

La cota de nieve estará este 20 de enero, en Pirineos y cordillera Cantábrica, entre los 1.000 y 1.200 metros, subiendo a los 1.200 a 1.600 metros. En montañas de la zona centro, la cota oscilará en torno a los 1.200 y 1.400 metros, subiendo a 1.400 a 1.600 metros, y en el sudeste de la Península, se situará entre los 1.400 y 1.800 metros. Todavía este miércoles, habrá provincias en aviso amarillo por nevadas. Estas son: Ávila, León, Palencia, Segovia y Zamora.

También durante la jornada serán probables las nieblas matinales en la meseta Sur, depresiones del noreste peninsular y zonas de montaña del noroeste, y podrán ser más extensas y persistentes en la Mancha y en el interior de Cataluña. En Huesca y Lleida se han decretado avisos amarillos por niebla.

Las temperaturas máximas aumentarán en el tercio oeste peninsular y bajarán en la mitad oriental. Las mínimas aumentarán de forma notable en gran parte de la Península. Las heladas, en general débiles, se esperan sólo en áreas montañosas del norte y este peninsular, así como en zonas dispersas del este de la Meseta, las cuales serán más intensas en Pirineos. En cualquier caso, todavía Teruel, Zaragoza, Cuenca y Guadalajara seguirán con avisos amarillos por temperaturas mínimas.

Por último, soplarán vientos del sur y suroeste en la Península y Baleares. Serán fuertes o con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia, del Cantábrico occidental, de Andalucía, sudeste y Baleares, así como en áreas montañosas del norte y noroeste peninsular. Y en Canarias se esperan vientos flojos variables.

En aviso naranja (riesgo importante) por el viento estarán A Coruña, Lugo y Pontevedra, mientras que en aviso amarillo (riesgo) estarán: Cádiz, Huelva, Huesca, Asturias (naranja en la Cordillera y Picos de Europa), Cantabria (naranja Liébana y centro y valle de Villaverde), Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Lleida, Ourense, Navarra (naranja la vertiente cantábrica de Navarra), Álava, La Rioja y Ceuta.

El viento provocará mala mar en A Coruña y Pontevedra, donde se ha decretado el aviso naranja por oleaje, así como en Cádiz, Huelva, Asturias, Girona y Lugo, que estarán también en aviso, pero en su caso de nivel amarillo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los nombramientos de Carlos Alfonso Abella como embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y Espacios Iberoamericanos, de José Antonio de Ory como embajador en Misión Especial para Misiones y Operaciones de Paz y Seguridad Inclusiva y de Fernando Fernández-Arias como director general de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos.

Carlos Alfonso Abella y de Arístegui, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en el Gabinete del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y ha sido consejero técnico y vocal asesor en el Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.

En el Ministerio del Interior, ha desempeñado las funciones de asesor para asuntos internacionales del ministro y ha sido director general de Relaciones Internacionales y Extranjería. Además, en el exterior ha estado destinado en la Embajada de España en Kinshasha, en Zagreb, en Moscú y en Tokio y ha sido embajador de España en la República del Ecuador hasta la fecha.

En su nuevo puesto se centrará en la labor de apoyo a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe y a la Dirección General para Iberoamérica y el Caribe en los trabajos de preparación de las Cumbres Iberoamericanas y otras reuniones sectoriales y técnicas de este ámbito y en la coordinación interna con este fin de la Administración española, y de esta con la SEGIB y otros organismos iberoamericanos como la COMJIB y la OEI, y con los Estados miembros del Sistema iberoamericano.

En cuanto al nuevo embajador en Misión Especial para Misiones y Operaciones de Paz y Seguridad Inclusiva, José Antonio de Ory Peral, es funcionario de la carrera diplomática y ha ocupado destinos en las Embajadas de España en Bogotá, Nueva Delhi, Naciones Unidas en Nueva York, UNESCO en París y Tokio.

Ha dedicado la mayor parte de su carrera administrativa a los asuntos multilaterales, como jefe de área en la Dirección General de Organismos y Conferencias Internacionales, a cargo de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo; consejero en la Misión de España ante la ONU, a cargo del Consejo de Seguridad y el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (C-34); director de la Oficina de Derechos Humanos; y delegado permanente adjunto ante la UNESCO.

También ha sido profesor de cátedra en la Universidad de los Andes, en Bogotá, donde ha dictado el curso 'Naciones Unidas, mantenimiento de la paz y seguridad', y ha dedicado varios años de su carrera a la acción cultural en el exterior.

Por último, Fernando Fernández-Arias Minuesa, nombrado director general de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos, es licenciado en Derecho y diplomático desde 1990. Ha estado destinado en Amán, Jerusalén, Londres, Helsinki y en la Misión ante la ONU en Nueva York.

En Madrid fue jefe de servicio y jefe de área en la Subdirección General de Naciones Unidas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, director de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Igualdad, vocal asesor en la DG de Asuntos Consulares y Migratorios y director de Programación en la Casa de América.

Entre 2008 y 2009 fue vicepresidente electo del Comité Asesor de la Unión Europea para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre 2009 y 2010 trabajó en el Departamento de Estado en Washington D.C. en calidad de Transatlantic Diplomatic Fellow, como asesor en materia de derechos humanos.

En la Misión ante la ONU (entre 2010 y 2015), coordinó la campaña para la elección de España como miembro del Consejo de Seguridad y posteriormente fue coordinador político en el Consejo. En los dos años siguientes llevó a cabo una investigación en la Universidad de Harvard sobre el papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos humanos y desde septiembre de 2018 era embajador director de la Escuela Diplomática.

Los candidatos al Consejo de Administración de RTVE, que han comparecido este martes ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, han defendido la importancia de renovar la plantilla de la Corporación y de abordar la situación de los trabajadores interinos.

Isabel Raventós, Miguel Ángel Martín-Pascual, Paco Lobatón, Roberto Lakidaín, Juan Roberto Mendès, Joaquín Cuixart y Laureano García Hernández han respondido a las cuestiones planteadas por los representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja y que se han centrado, entre otras cuestiones, en la política laboral de RTVE.

En su intervención, la vicepresidenta de la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, Isabel Raventós, ha afirmado que su propósito es crear RTVE Estudios, la "gran factoría" de contenidos de la Corporación, "primando la producción interna y las últimas tecnologías".

"Máxima utilización de los recursos del grupo y plena ocupación de la plantilla", ha declarado Isabel Raventós, que ha hecho hincapié en que "hay que proceder a solucionar el problema de la interinidad".

Por su parte, el responsable de Innovación tecnológica del Instituto RTVE, Miguel Ángel Martín-Pascual, considera que "hay que acabar con el interinaje" y ha añadido que hay que abordar con la SEPI, a través de la Dirección General Corporativa, "para intentar hacer unas plantillas con nuevos perfiles profesionales".

"Hoy necesitamos programadores de aplicaciones, especialistas en inteligencia artificial, gestores de datos y grafistas que manejen gran cantidad de datos para visualizar de manera atractiva un montón de informaciones", ha argumentado Martín-Pascual.

LOS TRABAJADORES, "PILAR PRINCIPAL"

En este sentido, Paco Lobatón ha indicado que "el pilar principal" de RTVE son sus 6.400 trabajadores, pero ha advertido de que "su fortaleza está en su nivel de motivación y en el sentimiento de pertenencia a una empresa, que les provea de una perspectiva laboral y le dé certeza".

"A esto mismo tienen derecho, naturalmente, los interinos. Algunos acumulan hasta 14 años de contratos encadenados", ha destacado Lobatón, que ha señalado que con la anunciada convocatoria de plazas "puede que se palie en parte la carencia o los déficit que hay en el terreno de plantilla". Sobre todo, cree que "hay que hacer un planteamiento complementario de renovación generacional", para lo que el Instituto Oficial de RTVE "puede tener una parte una parte muy activa".

Desde el punto de vista de Roberto Lakidaín, el actual modelo de relaciones laborales está "caduco, es obsoleto e inoperante". "Necesitamos la ilusión de una plantilla que hoy, salvo excepciones bastantes, pero excepciones, tiene la prejubilación como horizonte", ha alertado, para después agregar que los trabajadores seniors son necesarios y no teme que la edad media de la plantilla se sitúe en 55 años.

"El abuso de contratos interinos y el abuso de la contratación en prácticas es preocupante. Casi 700 compañeros y compañeras sobre un total de 6.500", ha declarado, al tiempo que ha destacado que "es fundamental acabar con las políticas de contratación que vulneran el principio de libre concurrencia". Por todo ello, se ha referido a la necesidad de un nuevo modelo de Recursos Humanos, con "justicia retributiva", liderazgo, carrera profesional y definición de funciones por ocupación tipo.

A juicio de Juan Roberto Mendès, la plantilla de RTVE "está desequilibrada" ya que hay sectores o zonas de la producción que "carecen de personal y de medios para desempeñar sus labores y otros que no tienen la carga de trabajo suficiente". También ha apuntado que está "envejecida" y que espera que el III Convenio Colectivo RTVE sirva para renovarla.

DEFICIENCIAS "BASTANTE SERIAS"

Respecto a la contratación, Juan Roberto Mendès ha afirmado que "tampoco ha sido correcta" porque, "para puestos de trabajo fijos, se han hecho contratos temporales, interinajes, etc". "Esto ha dado como resultado deficiencias en la plantilla bastante serias", ha recalcado, para después proponer una estructura de plantilla en base a dos ejes: uno formado por una relación de puestos de trabajo, y una carrera profesional para todos ellos.

Por su parte, Joaquín Cuixart ha explicado que "habría que redimensionar la plantilla y revisar categorías laborales que con las nuevas tecnologías han variado o han aparecido de nuevas".

En último lugar, Laureano García Hernández ha dicho que su propuesta pasa por una nueva organización que "requiere la reordenación de las infraestructuras y medios actuales, la adecuación de los procedimientos, la actualización de la formación del personal, confección de un nuevo catálogo de puestos de trabajo, y el diseño de un modelo de carrera profesional". "Esta organización será el marco de la política de persona", ha manifestado.

García Hernández ha aclarado que ello serviría para situar a cada persona en el puesto del catálogo que mejor se adaptan a su formación y "para ordenar el proceso de renovación del personal que está muy próximo a ser imperativo la jubilación".

Por la tarde ha sido el turno de Juan José Baños, Ramón Colom, Miguel Ángel Sacaluga, Carmen Domínguez, Juan José Guerenabarrena, Ana María Bordas y Paloma del Río.

Durante su comparecencia, Juan José Baños ha puesto en valor la labor desempeñada por los profesionales que conforman la plantilla de RTVE y ha asegurado que él también cree que "los interinos están en una situación que debe ser regularizada cuanto antes".

"LOS COMPAÑEROS SON LO MÁS IMPORTANTE"

Tras abordar su trayectoria profesional y afirmar que ha vivido "siempre en el cambio", Ramón Colom ha manifestado que "la cultura laboral es una parte fundamental del éxito. "Los compañeros son lo más importante. Si tú fallas, ellos fallan", ha dicho. Además, ha añadido que no concibe RTVE sin los centros territoriales.

Miguel Ángel Sacaluga, exmiembro del último Consejo de Administración de RTVE, ha apostado apuesta por el "rejuvenecimiento" de la plantilla y ha dicho que "las contrataciones deben ajustarse a la ley y a las necesidades reales de la empresa" y así evitar un aumento "desproporcionado y desequilibrado" de la plantilla "por la puerta de atrás" o "contratos de falsos interinos o por obra para cubrir necesidades permanentes".

Por su parte, Carmen Domínguez considera que la "interinidad no es buena" y desea que "esa situación de inestabilidad termine pronto para esas 330 personas". Además, opina que "habrá que ir reorientando la plantilla hacia el tipo de consumo actual y futuro, y crear sólo puestos de trabajo nuevos".

En su intervención, Juan José Guerenabarrena ha ensalzado la labor de la plantilla y ha dicho que esas más de 6.000 personas son "muy buenas", por lo que ha pedido dejarlas trabajar y que "asuman sus responsabilidades". Ha apostado por que tengan más presencia en los distintos medios de la Corporación y así se vayan "alimentando".

Ana María Bordas ha afirmado que la plantilla de RTVE "está desequilibrada" y cree que hay que realizar oposiciones "para renovar e incorporar nuevos profesionales". También quiere solucionar el tema de los profesionales contratados por obra o que son interinos durante años, que "no son reconocidos y que no tienen ninguna estabilidad".

Finalmente, Paloma del Río ha declarado que los 6.500 profesionales son "una fuerza de trabajo y talento enorme, pero hay que hacer una radiografía exhaustiva para dimensionar bien" lo que se hace y se necesita.

"Hay que formar en habilidades que ahora se requieren y ayudar a los trabajadores a que tengan una promoción adecuada. El envejecimiento es un hecho y tiene que entrar el relevo para las personas que se vayan a jubilar en los próximos años", ha subrayado, para después añadir que "hay que darle estabilidad a todos estos interinos que llevan encadenando años y años contratos, uno detrás de otro".

Los grupos parlamentarios del Congreso tienen previsto presentar este miércoles sus propuestas sobre el funcionamiento de la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen', detallando el plan de trabajo que debe seguir, pero, en su mayoría, sin concretar aún los nombres de las personas que deben comparecer y que, en todo caso, no serán citadas hasta el mes de febrero.

La Mesa de la comisión, que preside la socialista Isaura Leal, abrió el lunes un plazo que concluye a las 10:30 horas del miércoles, para que cada formación registre sus propuestas. Estos documentos serán sometidos a votación el viernes, en la que será la primera reunión de la comisión.

Esta comisión de investigación, cuya creación se acordó el pasado 1 de octubre en el Pleno del Congreso, indagará en la supuesta trama organizada en el Ministerio de Interior del Gobierno Rajoy, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, para tratar de obstaculizar la instrucción del caso Bárcenas y otros que afectaban al PP.

Después de dos meses en el 'congelador', la comisión se constituyó el pasado 22 de diciembre. Dado que enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios, PSOE y Unidas Podemos, impulsores de la iniciativa, tuvieron que recabar el apoyo de otros partidos para superar la mayoría absoluta que exige el Reglamento para poder habilitar sesiones este mes.

Así las cosas, el primer paso será pactar un plan de trabajo. Según han precisado fuentes parlamentarias, los dos grupos que comparten iniciativa y Gobierno presentarán un plan conjunto en el que, no obstante, no detallarán el listado de personas que pedirán que comparezcan.

FERNÁNDEZ DÍAZ, MARTÍNEZ Y COSPEDAL

En todo caso, se da por hecho que serán interrogados el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz; quien fuera su 'número dos' en ministerio, Francisco Martínez; la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y muy previsiblemente el expresidente Mariano Rajoy.

En las últimas semanas, el PSOE y Unidas Podemos no han ocultado sus discrepancias sobre las personas que deben comparecer, especialmente en lo relativo a la presencia en la comisión del excomisario José Manuel Villarejo y el actual líder del PP, Pablo Casado, cuyo interrogatorio reclaman los morados. Los socialistas han deslizado también su intención de posponer las comparecencias más 'políticas' para empezar por los mandos policiales.

No obstante, todavía tienen margen para cerrar un acuerdo sobre estos extremos. En cualquier caso, ambos grupos siempre pueden acordar nombres para una primera tanda de comparecencias y después ir registrando más, en función de la información que se vaya obteniendo en los primeros interrogatorios.

Lo que sí deberá ya quedado acordado el viernes son los aspectos relativos al método de trabajo de la comisión como el formato de los interrogatorios (si son con preguntas y respuestas o se permite a los comparecientes una exposición inicial), si se admitirán videoconferencias, o si se tomará medidas especiales habida cuenta de las restricciones por la pandemia de coronavirus. También habrá que fijar más adelante el cupo de comparecencias que corresponde solicitar a cada grupo.

FINANCIACIÓN DE PODEMOS Y PSOE

Desde el PP, indican que no pondrán inconveniente a que se cite a cualquiera que pueda aportar datos de interés sobre el objeto de la investigación. En una reciente entrevista, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, avanzó que intentarán que se investigue también la financiación de Podemos, mientras que su portavoz de Justicia, Luis Santamaría, avanzó que descartan proponer asimismo la comparecencia de antiguos responsables socialistas vinculados en su día con el uso irregular de fondos reservados.

De entrada, el PP no descarta "la comparecencia de nadie" y, aunque no se pronuncia sobre si debe citarse al excomisario José Manuel Villarejo, epicentro de las llamadas 'cloacas' de Interior y actualmemnte en prisión, sí abre la puerta a recabar el testimonio "de todos aquellos que hayan podido tener relación" con él.

En ese punto se encuadraría, como ya avanzaron hace semanas, la actual fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, quien compartió un almuerzo con Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y otros mandos policiales cuyas grabaciones se publicaron hace meses.

De su lado, Vox prefiere centrarse en una primera fase en escuchar a los investigados en la causa judicial abierta --entre los que no está Rajoy-- o a quienes hayan desfilado por el juzgado aportando datos relevantes.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha celebrado que impere el "sentido común" y se cumpla el acuerdo de gobierno con el PSOE, al no remitirse finalmente la elevación a 35 años del cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones en la 'ficha' remitida a Bruselas del Plan de Reformas e Inversiones.

"Era evidente que un gobierno progresista no podía bajar las pensiones un 5%", ha señalado, además, que "dicho intento era contrario al acuerdo de coalición e incluso contrario al Pacto de Toledo".

Por tanto, Echenique ha subrayado que es "buena noticia que se haya impuesto el sentido común" y ha emplazado, en el seno de la coalición, a seguir trabajando en los compromisos "adquiridos", que son el "blindaje de la revalorización de las pensiones por Ley, la derogación del mal llamado factor de sostenibilidad o la subida de las pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC".

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el Ejecutivo remitió ayer, lunes, las dos 'fichas' relativas a la reforma laboral y de las pensiones públicas en el marco del Plan de Reformas e Inversiones, sin incluir finalmente el aumento a 35 años del cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que los dos últimos componentes del plan se remitieron a Bruselas "en la tarde de ayer" y se han abordado en una reunión con los agentes sociales, al tiempo que ha recordado que se encuadran también en la "hoja de ruta" desplegada por el Gobierno de coalición desde el acuerdo de investidura.

Montero ha explicado que la elaboración de los "dos últimos componentes" del Plan de Recuperación --reforma laboral y pensiones-- y del resto ha conllevado un trabajo "muy intenso" por parte de todos los departamentos del Ejecutivo, que envió antes de final de 2020 la "gran parte" de reformas e inversiones, sobre las que prioritariamente proyectará los 72.000 millones de transferencias que recibirá España de fondos europeos hasta 2023 y los 60.000 millones del Plan de Recuperación.

UNIDAS PODEMOS DEJÓ CLARO QUE RECHAZABA LA PROPUESTA

Desde Unidas Podemos insistieron en que elevar a 35 años el cómputo de las pensiones estaba fuera del acuerdo de Gobierno con el PSOE, y no veían posible que esta reforma llegara a mateliarizarse, pues los socialistas no podían permitirse pactarla con el PP.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, manifestó el pasado domingo en una entrevista al programa 'Salvados' de La Sexta que esperaba convencer a su socio de Gobierno porque, en este aspecto, había sectores del PSOE que comparten con Unidas Podemos que es "recortar las pensiones es inaceptable". Además, destacó también que tampoco hay "mayoría parlamentaria" para ello.

"Unidas Podemos no va a votar a favor de ningún recorte de las pensiones en España y eso es lealtad al acuerdo de gobierno", enfatizó Iglesias para dejar claro que su postura no suponía una crisis de gobierno, pues quien plantee algo fuera del pacto firmado "está siendo desleal a un contrato con la ciudadanía".

La Comisión Europea ha pedido este martes a los gobiernos europeos que aceleren sus planes de vacunación para lograr que el 80% de las personas de más de 80 años y del personal sanitario esté inmunizado contra el coronavirus "como muy tarde en marzo" y que el 70% del conjunto de la población adulta lo esté a más tardar el próximo verano.

Así consta en el conjunto de recomendaciones que el Ejecutivo comunitario publica a dos días de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebren una nueva cumbre telemática para coordinar las estrategias de vacunación, con el objetivo de que los líderes incorporen estos objetivos concretos en sus planes.

Entre los retos que apunta la Comisión figura asimismo el de lograr un acuerdo antes de que acabe enero para el reconocimiento mutuo de certificados de vacunación para ayudar al seguimiento médico de cada persona inmunizada y permita supervisar mejor a escala europea la eficacia de la estrategia de vacunación.

Con todo, Bruselas evita ir más allá y no toma partido sobre la posibilidad de crear un pasaporte que facilite los desplazamientos de quienes hayan sido ya vacunados, por la complejidad que implica desde el punto de vista legal y político y porque espera que este asunto sea explorado primero por los Estados miembro.

También pedirá a los laboratorios que han desarrollado las vacunas que aumenten su capacidad de producción y ofrezcan un calendario "claro y transparente" para el reparto de las dosis compradas por los Veintisiete.

Al mismo tiempo, reitera su determinación de trabajar con estas compañías y con la Agencia Europea del Medicamento para aumentar al máximo la capacidad de producción de las vacunas.

Por eso, ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de asuntos sanitarios, Margaritis Schinas, los objetivos de vacunación que piden a los Veintisiete son "totalmente factibles", a pesar de que por ahora solo dos de las entre seis y ocho vacunas que forman la cartera negociada por la UE estén autorizadas para su comercialización.

DESACONSEJA VIAJAR

En su paquete de orientaciones que espera que sea tenido en cuenta por los líderes de la UE, Bruselas llama también a las autoridades nacionales a desaconsejar los viajes considerados no esenciales, aunque insiste en que no cree en el cierre de fronteras interiores como medida eficaz contra la propagación del virus.

Por ello, la recomendación de Bruselas pide "desaconsejar fuertemente" los desplazamientos no esenciales hasta que mejore la situación epidemiológica en los países de la UE e insiste en la importancia de mantener otras medidas restrictivas "proporcionadas" como es la realización de pruebas de detección del virus a los pasajeros procedentes de zonas de alto riesgo.

También pide a los Estados miembro que revisen sus estrategias de detección del virus para ser capaces de identificar las nuevas variantes y ampliar el recurso de los test rápidos de antígenos en casos masivos.

Bruselas lamenta que apenas se secuencie el genoma del virus en menos de un 1% de los positivos en la Unión Europea, lo que resulta insuficiente par vigilar la progresión de nuevas cepas, por lo que pide elevar ese porcentaje a al menos un 5%, aunque considera preferente llegara al 10%.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica otros dos anteriores, de 2008 y 2015, relativos a la gestión de pilas y baterías y de aparatos eléctricos o electrónicos respectivamente que, entre otras cuestiones, establece que a partir de ahora las pilas, acumuladores o aparatos eléctricos o electrónicos serán considerados residuo peligroso.

El texto aprobado por el Ejecutivo incluye medidas para mejorar la gestión de estos residuos. En concreto, aquellas pilas que contengan litio o níquel metal hidruro serán residuo peligros por lo que tendrán que ser gestionados atendiendo a su nueva característica de peligrosidad.

Además, revisa algunos aspectos de la legislación de RAEE e introduce nuevas formas de control de estos residuos como son las importaciones de la inscripción en el Registro Integrado Industrial, que redundarán en una mejor gestión.

También incorpora las modificaciones introducidas en 2018 en las Directivas comunitarias que regulan ambos flujos de residuos en los reales decretos correspondientes, en particular la obligación de hacer uso de instrumentos económicos para aplicar el principio de jerarquía en la gestión de estos residuos.

Por otro lado, el Real Decreto aprobado en relación con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) aclara su ámbito de aplicación y recuerda que desde 2018 se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y no solo a categorías determinadas. Esto, según el Gobierno, permitirá una clasificación más sencilla y coherente con los requisitos de tratamiento específico para cada tipo de RAEE.

El texto aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, establece los objetivos de gestión de residuos que deben cumplir los productores de aparatos eléctricos y electrónicos.

Entre otras modificaciones, se tiene ahora en cuenta el peso de los RAEE recogidos y financiados por los productores tras su tratamiento específico, al tiempo que se ordenan las responsabilidades que asumen los productores directamente y se distinguen otras que se cumplen mediante los sistemas de responsabilidad ampliada, sin suponer en ningún caso una extensión o modificación de sus obligaciones.

El nuevo texto autoriza también a los sistemas colectivos de gestión del residuo a realizar actividades complementarias siempre que sean financiadas de manera voluntaria por los productores que participen en ellas.

REBAJA LA GARANTÍA FINANCIERA A UN 25%

Por otro lado, el Gobierno adecua el importe de su garantía financiera al 25 por ciento frente a actual, que representa el 100 por 100 del coste medio anual de gestión de los RAEE, y que "resultaba excesiva".

De este modo, entiende el Gobierno que se aporta más fiabilidad al establecer los objetivos de recogida estatal de RAEE, ya que se podrán añadir objetivos específicos para ciertos aparatos para así poder realizar un seguimiento adecuado de la gestión de los residuos que generen.

Otra novedad es un nuevo mecanismo para flexibilizar los objetivos de recogida separada de las categorías de RAEE, de tal forma que se puedan fijar objetivos menores para categorías de RAEE con más dificultad de recogida y objetivos mayores para otras categorías en las que la cantidad de residuo sea más significativa. Todo ello, sin alterar el objetivo estatal de cumplimiento, que permanece invariable.

El texto refuerza también el control de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de terceros países. Ya que deberá incluirse, de forma visible, el número de inscripción en el Registro Integrado Industrial en la acreditación documental de la importación de estos dispositivos.

Este aspecto deberá ser comprobado y supervisado por el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones, según lo dispuesto por el Real Decreto sobre medidas de control a la importación de determinados productos respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos.

Este es el cuarto Real Decreto en materia de gestión de residuos que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico eleva al Consejo de Ministros desde que se aprobó la Estrategia y constituye un paso más, según este departamento, en el proceso de revisión integral de la normativa de residuos que completará el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y otros reales decretos que se encuentran en distinto estado de elaboración.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha anunciado este martes el plan del Gobierno con el que se busca garantizar el acceso a vacunas contra la COVID-19 a los países más pobres que no pueden hacerlo por sus propios medios y que se espera que consiga el consenso necesario de los socios europeos para que lo asuma la Unión Europea.

El objetivo, ha subrayado, está en línea con la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el acceso a la vacuna sea "universal y equitativo" a nivel mundial, habida cuenta que de por ahora, de los 40 millones de dosis que se han administrado en 50 países ninguno de ellos es un país pobre y de que nueve de cada diez ciudadanos de los 70 países más desfavorecidos no serán vacunados este año "a menos que esto cambie".

Ante estas circunstancias, ha subrayado, "la respuesta española no puede ser la indiferencia" puesto que esto no protege ni la salud ni la economía, sino que "es la solidaridad la que nos va a permitir proteger la salud de nuestros ciudadanos y la que nos va a ayudar a la recuperación económica".

Así pues, el Plan de Acceso Universal aprobado este martes en el Consejo de Ministros, ha destacado la ministra, está sustentado en consideraciones de justicia, equidad y solidaridad, "que es uno de los valores que la sociedad española apoya masivamente".

También se sustenta en cuestiones sanitarias puesto que, como subraya la OMS, "nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo" por lo que hay que tener en cuenta a quienes no tienen medios para acceder a la vacuna, así como de índole económica, como ha resaltado el FMI, ya que "la salida de la crisis provocada por la COVID-19 será más rápida y más fuerte si todos podemos salir juntos", ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la intención de compartir este plan con el resto de líderes europeos en el consejo informal de este jueves sobre la pandemia con el objetivo de buscar que "este ejercicio de solidaridad con países terceros sea compartido por toda la UE", ha adelantado la ministra.

Según González Laya, España considera que lo más idóneo es que haya un "esfuerzo de solidaridad" conjunto de la UE que además de dar "visibilidad" al mismo tiempo también permitirá una "mayor eficiencia" en cuanto a la entrega.

BÚSQUEDA DE CONSENSO EUROPEO

Así, ha precisado que el Gobierno buscará "un consenso europeo" en esta cuestión, como ya se ha hecho en los últimos meses en otros temas como la adquisición de las vacunas o el calendario de vacunación, que confía que será posible alcanzar "en los próximos días", sin aclarar en todo caso si España seguiría adelante con su plan en solitario en caso contrario.

Lo que sí ha indicado es que las vacunas saldrían del "exceso" de las adquiridas por la Unión Europea en nombre de todos los estados miembros y sin esperar a que ya se haya vacunado a toda la población europea.

Según explica el documento acordado, la UE ya trabaja en su propio mecanismo de solidaridad con vistas a establecer un procedimiento de donación y reventa a precios de coste de vacunas a terceros países. Dicho mecanismo, contemplaría que cada país fijase el porcentaje de las vacunas que le corresponden que querría aportar y le permitiría elegir también el destino de las vacunas.

Además, la ministra ha recalcado que de lo que se trata es que al mismo tiempo que está en marcha la campaña de vacunación a nivel nacional se apoyan los esfuerzos para que también se empiece a vacunar en países terceros, en particular a la población más vulnerable y el personal sanitario, y no esperar "a final de año".

PRIORIDADES Y VÍAS DE CANALIZACIÓN

El Gobierno ha fijado en su plan sus prioridades en cuanto a los receptores de estas vacunas, identificando tres grupos prioritarios: la población refugiada, desplazada y solicitante de asilo, especialmente en contextos humanitarios; los países menos adelantados con problemas para adquirir vacunas; y los países prioritarios para la cooperación española en los que "no esté garantizado el acceso del 20 por ciento prioritario de la población".

En cuanto a cómo se canalizarán dichas vacunas, González Laya ha indicado que la entrega directa será la última opción, principalmente por las difultades logísticas que supondría.

En este sentido, se apuesta en primer lugar por la iniciativa COVAX, de la que España forma parte, y en segundo lugar por el mecanismo de donación de la UE --cuando sea aprobado-- "Siempre que se preserve la visibilidad de la constribución española".

En tercer lugar, el Gobierno contempla tanto a la oficina de coordinación humanitaria de la UE (ECHO) como a la de la ONU (OCHA), sobre todo en contextos de crisis humanitarias dado que en estos casos la población requiere "una atención diferenciada".

A esto se suma una cuarta vía, la de las organizaciones multilaterales y regionales, en particular en lo relativo a los países de América Latina y el Caribe. En este sentido, el plan señala que ya hay conversaciones en curso con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para explorar posibles escenarios de cooperación.

Por otra parte, también se prevé el apoyo a estos países en la preparación de sus estrategias nacionales de vacunación, aspecto en el que la AECID "jugará un papel esencial sobre el terreno".

COMITÉ DE COORDINACIÓN

El plan, según ha explicado la ministra, ha sido elaborado de forma conjunta por su departamento y por el Ministerio de Sanidad. Para su implementación está previsto un comité de coordinación que encabezará la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

En dicho comité, además de otras secretarías de Estado del Ministerio de Exteriores, también estarán presentes el Ministerio de Sanidad, el de Ciencia así como la Presidencia del Gobierno, además de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) y expertos. Asimismo, aquellas comunidades autónomas que lo deseen también podrán sumarse.

El cometido de dicho órgano será el de supervisr las decisiones sobre el destino de las vacunas así como las correspondientes cuestiones administrativas y logísticas. Al término del plan, está prevista también una evaluación final de resultados.

El coordinador territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha criticado la respuesta "desesperadamente lenta" del Gobierno central para "arbitrar y mejorar" la red estatal de acogida de inmigrantes de emergencia y en condiciones dignas comprometida por el Ministerio de Migraciones mediante la habilitación de 7.000 nuevas plazas hasta el próximo mes de noviembre.

En este sentido, Campos ha subrayado la "responsabilidad" del Gobierno central para liderar la solidaridad interterritorial "obviada hasta este momento a pesar de que la derivación es la piedra angular" de cualquier política integral una vez que las personas migrantes llegan a las islas.

Al respecto, resaltó que la crisis migratoria en las islas "es un problema cuya intensidad se mantiene a pesar del plan estatal de emergencia" comprometido en noviembre de 2020, por lo que Campos ha mostrado su "preocupación" al constatar que las "pocas" medidas puestas en práctica "sirvan para evitar que Canarias sea, de facto, una cárcel para quienes ven a las islas como un lugar de tránsito", según informó NC en nota de prensa.

En este sentido, se refirió a los datos publicados por el Ministerio de Interior este martes donde se expone que en los primeros quince días de 2021 han llegado 1.069 personas a las costas canarias, lo que supone un 234,1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020.

Para Campos esta evolución "superará a los 23.023 migrantes del pasado año", por lo que ha cuestionado la "eficacia" de los sistemas de detección de las embarcaciones, así como las actuaciones desplegadas por diversos departamentos ministeriales en los países de origen o tránsito, sean en materia de cooperación, solidaridad, seguridad o diplomacia.

Por otro lado, exigió el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos fundamentales "sin buscar subterfugios para impedir la salida, incluso de quienes tienen documentación legal, como un pasaporte", prácticas "intolerables".

"No podemos permitir que el gabinete de Pedro Sánchez replique las nefastas medidas de la Unión Europea en otros países, es decir, que Madrid perpetúe en territorio canario un modelo 'cuasicarcelario'", apostilló.

Por ello, consideró que la "piedra angular" de la política integral estatal con la que se tiene que "reconducir" esta crisis "son las derivaciones a territorio continental". Sin embargo, Campos entiende que el Gobierno central "no está haciendo el esfuerzo necesario y está obviando" la responsabilidad que tiene para liderar la solidaridad interterritorial.

Añadió que territorios como los de Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y Euskadi se pusieron en contacto con el Gobierno de Canarias para acoger un cupo de personas, si bien a pesar de ser una competencia estatal "no se han impulsado las derivaciones de estas personas como tampoco de los menores no acompañados", 2.524 tutelados por el Gobierno canario, de los que 538 están en recursos gestionados por los cabildos insulares.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar cuenta en el Congreso de los "preocupantes" datos de infectados y fallecidos por coronavirus que arroja la tercera ola, al tiempo que le ha emplazado a relevar "de forma inmediata" al ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras su designación como candidato del PSC a las elecciones catalanas.

"¿No decía Sánchez que ésta era una guerra contra el virus? ¿Qué hace el general escondido en el búnker?", se ha preguntado García Egea en rueda de prensa desde 'Génova', en la que ha anunciado que el PP ha solicitado este martes la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja para que "dé la cara" ante el "récord" de infectados y fallecidos por Covid.

Tras destacar que el PP lleva pidiendo desde el inicio de la pandemia una estrategia nacional, ha afirmado que es "imprescindible un plan de acción y no 17 distintos". Además, ha reclamado al Gobierno "nuevos instrumentos jurídicos paralelos y alternativos al estado de alarma que permitan a las administraciones públicas trabajar y luchar contra el virus" y que ha quejado de que no se aceptase el 'plan b' que propuso su partido.

ESPERA QUE OTROS GRUPOS SE SUMEN A ESTA PETICIÓN

En su escrito de comparecencia, el Grupo Popular pide que se convoque la Diputación Permanente del Congreso --órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios-- para que se convoque una sesión extraordinaria con la presencia de Sánchez para "rendir cuentas sobre la crítica situación actual" del Covid "con los peores registros desde enero de 2020".

Además, el Partido Popular quiere que el presidente del Gobierno aclare en esa comparecencia si tiene previsto "llevar a la práctica en algún momento alguna medida de utilidad real para controlar la pandemia", según reza en el texto.

El secretario general del PP ha asegurado que espera que los demás partidos se sumen a esta petición ante el "pico creciente de fallecidos" y que el propio presidente del Gobierno tenga "un poco de sensibilidad" y acuda a la sede de la soberanía nacional.

"ILLA, MÁS PREOCUPADO POR LAS CATALANAS QUE POR LAS VACUNAS"

Asimismo, el 'número dos' del PP ha emplazado a Sánchez a cesar "de forma inmediata" al titular de Sanidad porque, a su juicio, una pandemia de estas características exige un ministro volcado las 24 horas del día.

Según García Egea, el ministro está "más preocupado por las elecciones catalanas que por vacunar a los españoles". "Illa cuenta votos y debería estar contando vacunas y personas vacunadas e inmunizadas", ha enfatizado.

El dirigente del PP ha criticado el "panorama" ante los "preocupantes" datos de la pandemia: "Sánchez desaparecido, Illa en campaña y la tercera ola descontrolada", ha aseverado, para añadir que España "no se merece ni un presidente ausente ni un ministro de Sanidad a tiempo parcial".

¿AMPLIAR EL TOQUE DE QUEDA?

Al ser preguntado en varias ocasiones si el PP apoyaría ampliar el toque de queda como piden varias de sus autonomías, García Egea ha puesto el foco en el jefe del Ejecutivo alegando que él debe informar de su "hoja de ruta".

"Lo que pedimos al señor Sánchez es que vaya al Congreso y nos explique cómo va a luchar contra el virus y su estrategia va seguir siendo ampararse detrás de las comunidades y quedarse escondido en un búnker", ha enfatizado, para agregar que debe haber una estrategia nacional contra el virus que fije unos "criterios básicos".

García Egea ha criticado duramente que el Gobierno haya recurrido el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas que ha aprobado el Ejecutivo de Castilla y León, un paso que ha calificado de "inédito". "Podemos decir que los presidentes están solos y solo cuentan con el Gobierno cuando se trata de hacer oposición a los gobiernos autonómicos, no al virus", se ha quejado.

Preguntado expresamente si el PP es partidario de adelantar a las 20.00 horas el toque de queda, García Egea ha subrayado que de lo que son partidarios es de "salvar vidas" y "proteger la salud de los españoles" y ha agregado que con ese objetivo trabajan los presidentes del PP, "utilizando los informes de salud pública".

"Pero lo relevante sobre esto no es lo que yo opine o lo que opine la dirección nacional sobre las restricciones horarias o de otro tipo. Lo relevante es qué opina el presidente del Gobierno porque no lo sabemos", ha manifestado, para añadir que la estrategia del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos para luchar contra la pandemia "ha resultado un completo fracaso".

Castilla y León ha alcanzado ya los 164.011 contagios por coronavirus, de ellos 2.299 notificados este martes, al tiempo que suma 23 nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 20.630 altas médicas, de ellas 102 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este martes registran 23 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 4.395 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.165 y los casos positivos a ellos vinculados aumentan hasta 7.048. De ellos, Ávila contabiliza 115 --los mismos--; Burgos, 95 --17 más--; León, 49 --nueve más--; Palencia, 93 --tres menos--; Salamanca contabiliza 237, 33 más; Segovia, 288, 26 más; Soria tiene 63 --seis más--; Valladolid se sitúa en 122 --19 más-- y Zamora 103, ocho más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 164.011 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 2.299 en la última jornada. De esa cifra total, 157.216 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID A LA CABEZA, CON 685 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, Valladolid es la que suma más positivos notificados en esta jornada, con 685 casos y un total de 37.890, seguida de León, con 348 y un global de 26.854; Palencia, con 240 nuevos y un global de 12.286; Salamanca, con 239 y 22.416 en total; Segovia, con 229 y 11.615; Burgos, con 218 y 26.578; Ávila, con 180 nuevos y 9.610 en total; Zamora, con 108 para un total de 10.152 y finalmente, Soria, con 52 y 6.610.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 4.395, 23 más que ayer. La mayor parte se registra en la provincia de León con 896 --cinco más--, le sigue Valladolid con 861 --seis más--; a continuación figura Salamanca con 653 --tres más--; Burgos con 592 --los mismos--; Zamora anota 355 --uno más--; Palencia suma cuatro hasta 315; Segovia llega a los 279, tres más, mientras que Ávila registra 259, uno más, y Soria se mantiene en 185.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman 20.630, de las que se han computado 4.980 en Valladolid; 3.677 en León; en Burgos 3.021; en Salamanca, 2.824; en Zamora, 1.464; en Palencia, 1.364; en Segovia 1.277; en Ávila, 1.234 y en Soria 789.

POR ENCIMA DE LOS 1.300 HOSPITALIZADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, se han disparado un día más con un total de 1.339 personas, 122 más que en el anterior parte. De estos pacientes, 1.161 se encuentran en planta --117 más que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se elevan en menor medida hasta 178, cinco más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 54 por ciento de las camas en unidades de críticos, dos puntos más que en el anterior parte emitido.

Así, se informa de 28 hospitalizados en el en el Río Hortega de Valladolid, 27 en el Clínico Universitario de la misma ciudad; 26 en el Complejo Universitario de Burgos; 18 en el Complejo Asistencial de León; 16 en el Complejo Asistencial de Palencia; 15 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; 14 en el de Segovia; nueve en Zamora; ocho en Ávila; y cinco en Soria.

CUATRO RESIDENTES FALLECIDOS

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 3.796 --cuatro más-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.691 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, cuatro más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.796 finados hasta el momento, 2.092 personas han perdido la vida en su residencia o centro, sin cambios, mientras que otras 1.704 lo han hecho en hospitales, cuatro más.

Un total de 44 residentes está aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, 19 más, y 1.511 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, diez más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene un día más en los 290, de ellos 173 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 23 residentes, dos más que en el último parte, y se sitúa en 902 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, uno más.

Por otro lado, hay un residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19; mientras que otros 185 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, 29 menos.

Las contagios se disparan en el sistema educativo. Los centros gallegos siguen encadenando cifras 'récord' de contagios y este martes alcanzan los 2.106 casos confirmados de COVID-19 entre alumnos y personal de estas instalaciones.

La pasada semana Galicia alcanzó y superó el pico de positivos en activo de la segunda ola del mes de noviembre, hasta ahora el más elevado de la pandemia. A pesar de ello, las cifras empeoraron día tras día con un ritmo de contagios que se va acrecentando a cada jornada.

El balance facilitado este martes por las autoridades sanitarias estima en 2.106 los casos activos en los centros, institutos y guarderías de Galicia.

Este dato implica no solo un incremento de casi 500 contagios desde este sábado, sino una diferencia de casi millar en los últimos siete días y que está cerca de triplicar las cifras con las que se acabó el primer trimestre del curso.

Estos más de 2.000 positivos obligan a mantener cerradas al menos cuatro escuelas infantiles en el territorio y un total de 77 aulas en los centros, 22 más que en el parte publicado este sábado.

El último en sumarse ha sido la escuela infantil municipal de Viveiro con tres positivos confirmados y que se suma al Punto de Atención á Infancia (PAI) de Riós (Ourense), la escuela infantil Pequenucos de Cuntis y a la Unitaria de A Pobra de Trives (Ourense).

A CORUÑA, LA MÁS AFECTADA

Los centros del área de A Coruña registran un incremento de más de un centenar de positivos respecto el último balance, hasta los 540, que llevan a cerrar unas 16 aulas.

Este área registra, además, algunos de los casos más graves de todo el territorio, como el IES Manuel Murguía con 23 positivos, o el centro privado Plurilingüe Liceo La Paz con 17.

También destacan los datos del CIFP Ánxel Casal-Monte Alto con 10 positivos, el centro privado La Grande Obra de Atocha y el Santa María del Mar con 12 o el CEIP Ponte dos Brozos con 10, este último en Arteixo.

VIGO Y SANTIAGO

El listado sigue con el área de Vigo como la segunda zona de influencia con más positivos en centros educativos (432 y 21 aulas cerradas). El CPR Plurilingüe Apóstol Santiago con 9, el IES Mendiño de Redondela o el IES Ribeira do Louro de O Porriño, ambos con 8 casos, son los que cuentan con más contagios.

Los centros del área de Santiago, por su parte, suman 371 positivos que obligaron a clausurar 13 unidades y al menos 1 guardería, y entre ellos destaca el centro privado Nuestra Señora de los Remedios (11) y la situación del Compañía de María y el La Salle, ambos con nueve.

En el área de Ourense, que suma 253 positivos y 10 aulas y 2 guarderías cerradas, el caso más grave se da en el IES de Allariz, con 17 positivos, seguido del centro privado Santa Teresa de Jesús con 11 y el IES Cidade de Antioquía, de Xinzo da Limia, con una decena de contagios.

PONTEVEDRA, LUGO Y FERROL

A mayores, el área de Pontevedra cuenta con 206 positivos y 8 aulas clausuradas, aunque los tres centros más afectados (el CEIP de Lourido de Poio, el CPR Sangrado Corazón de Jesús de Pontevedra o el IES Castro Alobre, de Vilagarcía de Arousa) suman tan solo siete casos.

Dentro del área de Lugo, que cuenta con 168 positivos (además de dos aulas cerradas y una guardería), destaca la situación en el municipio de Viveiro con 13 y 11 positivos, respectivamente, en el IES María Sarmiento y el IES Vilar Ponte.

Finalmente, el área de Ferrol cierra de nuevo el listado con 136 positivos y 7 aulas. Los centros más afectados son el CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume, con 10, y el IES Concepción Arenal con 9 contagios detectados.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, critica que la administración "haya descargado sobre los rectores" de las universidades públicas andaluzas toda la decisión de realizar las clases o los exámenes de manera telemática debido a la crisis del coronavirus, tras los datos que se están registrando en Andalucía en esta tercera ola.

En declaraciones, Molina ha señalado que al igual que "ha ocurrido en Secundaria donde la administración ha descargado toda la responsabilidad en los equipos directivos, en este caso ha descargado la responsabilidad sobre los rectores de toda Andalucía, que cada universidad decida cómo lo tiene que hacer", lo cual "nos parece una actitud de inhibición de responsabilidad porque ellos son los que tienen toda la información para adoptar decisiones".

"Siempre vamos a defender que la enseñanza tiene que ser presencial, pero es verdad que en determinadas ocasiones y atendiendo a las recomendaciones de los que tienen las competencias sanitarias, si los exámenes o las clases se tienen que hacer de manera 'on line' son ellos los que deciden", incide Molina.

Entendemos que la responsabilidad es absolutamente de la Junta, con informes que demuestren que la presencialidad no tiene riesgo y normalizan que en determinadas universidades sean presenciales, o con informes motivados en sentido contrario, donde se explique que es imposible la presencialidad y entonces serán 'on line", manifiesta, al tiempo que añade que hay que hacerlo "motivándolo y explicándolo de manera objetiva para que la gente lo entienda; y todos los vamos a entender.

Por su parte, este lunes, el sindicato CSIF pidió que las universidades suspendan los exámenes presenciales en toda España y que se reanuden las clases 'on line' ante el avance de la tercera ola del Covid-19 y hasta que mejore la situación epidemiológica.

Según denunció el sindicato, "muchas universidades siguen abiertas y, además, a partir de este martes se seguirán realizando exámenes, con la presencia de personal docente e investigador, de administración y servicios y de alumnos que se acumulan en el transporte y en los pasillos y que deberán examinarse durante horas con los abrigos puestos y con ventilación muchas veces deficiente como consecuencia de la ola de frío".

Y advirtió de que la situación de la epidemia en la mayoría de las comunidades autónomas empieza a ser "crítica" y "cada semana se endurecen las medidas de control y restricciones, que ya son alarmantes en muchas comunidades".

La Comunidad Valenciana se ha sumado este martes a Castilla-La Mancha y Baleares en el cierre total de la hostelería, y ya son tres las regiones que toman esta medida para controlar el avance de la tercera ola del coronavirus. De otra parte, el resto de Comunidades Autónomas han tomado otras restricciones en la hostelería, como adelantar el horario del cierre, clausurar estos establecimientos en los territorios que presenten una incidencia más alta o prohibir el interior de estos locales.

Es el caso, por ejemplo, de Cataluña que tiene dos franjas horarias para consumir en establecimientos de hostelería. Además, otras Comunidades Autónomas como Aragón o Cantabria adelantan el cierre de algunas actividades solamente durante el fin de semana.

Así está la situación a las 17.30 horas de este martes, 19 de enero, en cada comunidad autónoma:

ANDALUCÍA

En la actualidad, en Andalucía el cierre de la hostelería y el comercio está establecido a las 18.00 horas y, mientras estén abiertos, el aforo que rige es el del 30% en interior y el 75% en terrazas. Además, existe confinamiento de la región y provincial, las reuniones se limitan a cuatro personas, y el toque de queda empieza a las 22.00 horas.

ARAGÓN

Los negocios no esenciales cierran en Aragón a las 18.00 horas los viernes, sábados y domingos. Se mantiene el cierre perimetral de la región, provincial y de las tres capitales de provincia y seis localidades más, las reuniones se limitan a cuatro personas y el toque de queda empieza a las 22.00 horas.

ASTURIAS

El Gobierno asturiano decretó el cierre de la hostelería y los negocios de comercio a las 20.00 horas, y en los concejos con alta transmisión se limita su actividad solo a terrazas. Además, el toque de queda a las 22.00 horas y el confinamiento perimetral de la región.

BALEARES

En Baleares, a día de hoy, los bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios permanecen cerrados, el toque de queda se sitúa entre las 22.00 y las 06.00 horas. Además, se han limitado las reuniones sociales a un mismo grupo de convivencia y Formentera se cierra perimetralmente.

CANARIAS

Canarias mantiene el confinamiento perimetral, aunque no es aplicable a los pasajeros que se sometan a un control sanitario. Además, existe confinamiento perimetral en Gran Canaria y Lanzarote, islas en las que el interior de la hostelería permanece cerrado. El toque de queda se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas en Gran Canaria y Lanzarote, entre las 23.00 y las 6.00 horas en Tenerife y Fuerteventura, y entre las 0.00 y las 6.00 horas en el resto de las islas.

CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León mantiene cerrado el interior de bares y restaurantes, centros comerciales, gimnasios, establecimientos y locales de juegos y apuestas. Aquí, el toque de queda empieza a las 20.00 horas, y el Tribunal Supremo ha dado a la Junta diez días para que responda al recurso en contra de esto, pero mientras tanto se mantiene este horario. Además, están confinadas perimetralmente todas las provincias y existe un límite de cuatro personas en reuniones.

CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha decretó ayer el cierre de la hostelería, centros comerciales y lugares de ocio, así como el confinamiento de municipios, mientras también permanece el autonómico. También ha adelantado el toque de queda a las 22.00 horas.

CANTABRIA

Actualmente, la región se encuentra confinada perimetralmente, el toque de queda está entre las 22.00 y las 6.00 horas y se pueden reunir un máximo de seis personas. También tiene cerrados sus centros comerciales durante los fines de semana y festivos, y se mantiene el cierre en el interior de la hostelería.

CATALUÑA

Los catalanes solo pueden consumir en establecimientos de hostelería de las 7.30 a las 9.30 horas y de las 13 hasta las 15.30 horas. En la actualidad, existe en Cataluña un confinamiento perimetral y municipal y el toque de queda se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas. En lo que respecta a las medidas al comercio, se permite la apertura de aquellos con una superficie de hasta 400 metros cuadrados a un 30% de su aforo, y los fines de semana solo podrán abrir aquellos establecimientos de productos esenciales, mientras que los centros comerciales permanecerán cerrados todos los días.

EXTREMADURA

Extremadura mantiene aislados perimetralmente todos sus municipios y ha cerrado la hostelería y comercio no esencial en todas las localidades mayores de 5.000 habitantes, independientemente de su incidencia. En la actualidad, la región no está confinada perimetralmente, el toque de queda se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas y solo se pueden reunir un máximo de seis personas.

EUSKADI

En la actualidad, el toque de queda en el País Vasco se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas. Además, mantiene el confinamiento de la región y el de los municipios que se encuentran en zona roja y sus tres territorios históricos: Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. En lo que respecta a la hostelería, el cierre está estipulado a las 20.00 horas, y no podrán abrir en los municipios que presenten una incidencia acumulada superior a 500.

GALICIA

La Xunta tiene confinadas las siete ciudades gallegas, el toque de queda se adelanta a las 22.00 horas y los comercios deberán cerrar a las 21.30. Además, el máximo de personas que se pueden reunir es de 4 y la actividad de la hostelería queda limitada en Santiago, A Coruña y Ourense hasta las 18.00 horas, mientras que en la capital gallega solo podrán abrir las terrazas. La Xunta ha decretado este martes el cierre de la hostelería y la suspensión de la actividad no esencial en Arteixo, Viveiro y Xinzo.

LA RIOJA

Ante el aumento de casos, La Rioja ha aprobado el cierre del área metropolitana de Logroño y prohíbe cualquier movimiento no esencial desde las 17.00 horas en toda la región, por lo que cierra todo comercio no esencial a partir de esa hora. Además, la comunidad riojana mantiene el cierre perimetral hasta el 31 de enero, el toque de queda a las 22.00 horas y prohíbe reuniones de más de cuatro personas.

MADRID

En Madrid, los establecimientos de hostelería cierran a las 22.00 horas desde este lunes, cuando también ha entrado en vigor el nuevo toque de queda a las 23.00 horas. Además, un total de 47 zonas básicas de salud (ZBS) en 19 municipios tendrán restricciones a la movilidad.

MURCIA

En Murcia a partir de mañana se cerrarán tiendas y centros comerciales a las 20.00 horas. En la actualidad, existe confinamiento perimetral de la región y de todos los municipios, y el toque de queda se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas.

NAVARRA

Navarra adelanta el cierre de la hostelería a las 21:00 horas, prohíbe fumar en terrazas y rebaja el aforo de medianas y grandes superficies al 30%. Además, la comunidad foral sigue cerrada perimetralmente, con el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas, y el máximo de personas que se pueden reunir es de 6.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Generalitat ha decidido decretar el cierre total de la hostelería de la Comunidad Valenciana y el cierre de los comercios a las 18 horas, salvo en el caso de las tiendas de alimentación, farmacias y otras esenciales. También existe confinamiento perimetral de la región y en casi 30 municipios, y el toque de queda está entre las 22.00 y las 6.00 horas.

CEUTA Y MELILLA

Ceuta y Melilla cierran toda actividad no esencial a las 19.00 horas y mantienen el toque de queda a las 22.000 horas.

El público ya ha decidido qué 25 artistas y bandas pasan a la siguiente fase de la nueva edición de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, de un total de 1.250 que se han presentado este año, ha informado hoy la organización del concurso.

Tras una primera selección de 61 artistas realizada por el jurado del certamen, la votación popular ha tomado la palabra eligiendo a sus favoritos para compartir cartel en el próximo festival madrileño con bandas internacionales como Red Hot Chilli Peppers o The Killers.

El jurado, que vuelve a reunirse para valorar las propuestas de los 25 seleccionados, tendrá que decidir qué artistas defenderán sus repertorios en directo en la fase definitiva. Dicho jurado, compuesto por profesionales de la industria, incluye a perfiles como Mar Rojo, programadora de la Sala Sol de Madrid, Miguel Martorell (Altafonte), Leire Alcalde (Sony ATV), o Cindy Castillo, manager y booker de Mad Cool Festival, entre otros.

Más de 1.250 candidaturas, un récord de participación para la historia del talent, llevaron al jurado del concurso a realizar una primera selección más amplia de lo habitual con un total de 61 seleccionados, en vez de los 50 en principio establecidos. Fue entonces cuando, desde el pasado día 11, el público pudo escuchar y votar en www.madcooltalent.es a sus favoritos.

Las 25 bandas que pasan a la siguiente fase de esta edición son Anakena, Anouck The band, Leo Rizzi, Trezor, Dani Red, Marlena, Corea La Buena, Felipe Añez, Karmento, Los Flamingos, Vangoura, Merino, Los Telepáticos, Biutu Bambú, Meseta, Carlota Mad, Los Invaders, Irenegarry, Las Dianas, L'Hermité, Lamiak, Jordana B., Deriva, María de Juan y Yarea.

Las propuestas de los artistas que han pasado el corte abarcan un extenso catálogo de referencias estilísticas dentro del pop y del rock. Desde el dreampop más etéreo hasta el metal más contundente, pasando por variantes latinas, electro, indie, lo fi, e incluso stoner, las bandas que han obtenido los mayores apoyos por parte del público se mueven en terrenos dispares, "dibujando un panorama realmente heterogéneo de cara al siguiente tramo del talent".

El eclecticismo musical y la alta participación femenina han sido algunas de las notas destacadas de esta edición del concurso que un año más estaba abierta tanto grupos como solistas de cualquier estilo cuyas composiciones fuesen propias, han señalado los promotores.

Será entre el 25 y el 29 de enero en las redes de @VibraMahou cuando se darán a conocer los nombres de los 15 artistas que pasan a la última fase del concurso.