La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que los centros penitenciarios de toda España han iniciado ya la vacunación de la población reclusa, pese a que cerca de 7.000 funcionarios, una cuarta parte de la plantilla, aún no ha recibido ni siquiera una dosis de inmunización.
Para el sindicato, mayoritario en la mesa del Ministerio del Interior, este hecho supone un «incumplimiento del protocolo de vacunación», según critican a través de un comunicado publicado este martes.
El colectivo de Instituciones Penitenciarias fue encuadrado en el protocolo de vacunación dentro del grupo 3B, junto al personal de salud pública, personal sanitario y sociosanitario de diferentes ámbitos, fisioterapeutas o profesionales de oficinas de farmacia.
Con la suspensión ordenada por las autoridades sanitarias de la vacunación con Astrazaneca, miles de trabajadores penitenciarios quedaron sin vacunar si quiera con la primera dosis. «Posteriores modificaciones del plan de vacunación no han solucionado el problema y estos trabajadores siguen sin vacunar y viendo cómo otros compañeros que trabajan en las mismas condiciones sí lo están», apuntan desde la organización sindical.
En este contexto, CSIF lamenta que los funcionarios de prisiones contemplan ahora cómo miles de vacunas están llegando a las cárceles destinadas para la población reclusa mientras los responsables de su vigilancia aún están sin inmunizar. Por ejemplo, indican que en cárceles como Castellón II, el 50 por ciento de la plantilla aún no ha recibido la primera dosis.
Ante esta situación, CSIF ha trasladado una queja a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y ha advertido de que «estudia acciones jurídicas, respondiendo así al malestar de una plantilla de profesionales que se siente desamparada por sus superiores». «Instituciones Penitenciarias, por su parte, elude responsabilidades y señala a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas como culpables de esta situación», aseguran desde el sindicato.
Por otra parte, CSIF apunta que con el fin del estado de alarma resulta «previsible» que Instituciones Penitenciarias proceda a la vuelta a la normalidad, abriendo de nuevo las comunicaciones con el exterior (visitas y bis a bis) en casi todas las prisiones de España, lo que, a su juicio, «sin duda va a incrementar el riesgo de contagio para los trabajadores y sus familias».
