El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, propone en un informe «promover» traslados a la Península de los migrantes llegados a las islas Canarias, algo que, a su juicio, se ha producido con «lentitud» en 2020, y evitar espacios «improvisados» de acogida como el Muelle de Arguineguín.
Así lo indica en su informe ‘La migración en Canarias’, publicado este miércoles, fruto de las visitas al archipiélago canario que realizó el propio Fernández Marugán, en diciembre, así como dos equipos técnicos de la institución el pasado mes de noviembre de 2020.
Según precisa en el documento, hay dos principales «carencias»: «la falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables». Según precisa, estas carencias «restan credibilidad a la Administración y provocan constantes quejas».
El Defensor considera «imprescindible» buscar espacios adecuados en Canarias, pero también «promover traslados a la Península, fundamentalmente de aquellas personas en una situación más delicada». Asimismo, apunta que es «especialmente relevante la rápida identificación y derivación de los solicitantes de asilo a recursos en la Península».
El Defensor dedica un apartado específico al Muelle de Arguineguín, el cual recibió una visita no anunciada por parte del personal de la institución el día 16 de noviembre. Según denuncia, las personas que permanecían en el improvisado campamento «se encontraban en una situación de total hacinamiento, lo que impedía el cumplimiento de las más mínimas normas de distanciamiento social que exige la situación de alerta sanitaria».
El Defensor recomendó al ministro del Interior la clausura de las instalaciones, algo que se produjo el 29 de noviembre. En su lugar, se habilitaron otras instalaciones provisionales, en unas dependencias militares situadas en Barranco Seco. El Defensor destaca la conversión de estas instalaciones en un CATE para alojar a 600 personas.
Sobre el sistema de acogida, indica que durante 2020, se incrementaron a 11 centros de acogida integral, con 388 plazas pero advierte de que «al no contar con plazas suficientes, una vez más, se ha tenido que acudir a recursos de emergencia», planteándose soluciones temporales como el alquiler de hoteles.
También pone en valor la labor de las ONG que «representan sin duda, junto a la labor anónima de muchos ciudadanos canarios, la mejor cara de la sociedad española» pero echa en falta un «sistema de supervisión» y «una planificación de los recursos existentes» por parte de la Administración.
El Defensor del Pueblo reconoce el «esfuerzo» para poner en marcha «en un tiempo récord» un número de plazas de acogida de emergencia. Si bien, le preocupa «la lentitud de los traslados desde Canarias a la península que se ha detectado durante todo el año 2020».
MANIFESTACIONES XENÓFOBAS
Sobre las «manifestaciones xenófobas» que han surgido en varios municipios canarios, el Defensor pide «perseguirlas con contundencia» pero, al mismo tiempo, aconseja «evitar a toda costa la concentración de grandes centros de personas migrantes, en barrios especialmente castigados por la grave crisis» por la pandemia.
Por otro lado, en los centros de acogida humanitaria visitados en Canarias, el Defensor detectó un número importante de personas, en varios de los centros, que afirmaban ser menores de edad, por lo que ha dado traslado urgente de un listado con los datos de estas personas a la Fiscalía General del Estado, aunque aún no había recibido respuesta.
También recuerda que en torno a un 15% de las personas que han accedido de manera irregular a las costas canarias durante 2020 eran menores de edad, unos 2.666 menores extranjeros no acompañados. A la institución le «llama la atención el alto número de ellos que se encuentran pendientes de realización de pruebas de determinación de la edad: 2.030».
A la vista de esta situación, la institución ha apoyado la iniciativa de la EASO y del Consejo de Europa y ha llevado a cabo la traducción en wolof, bambara y dialectal marroquí de un vídeo informativo sobre el procedimiento de determinación de la edad.
Asimismo, Fernández Marugán considera que «no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone» para garantizar su «derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios, en las mismas condiciones que los menores españoles».
TRASLADO DE MENORES SOLOS
Por ello, considera «muy necesario» que las comunidades autónomas lleguen a acuerdos con las islas para asumir la tutela y custodia de estos menores, para «descongestionar».
Según señala, han iniciado ya contactos con dos comunidades autónomas, que habían ofrecido un total de 65 plazas. Asimismo, plantea otra vía consistente en que «la Administración General del Estado y las comunidades autónomas podrán establecer convenios con ONG, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles su tutela ordinaria».
En cuanto a la identificación de personas vulnerables, Fernández Marugán precisa que en unas mismas instalaciones, se han podido encontrar personas en situaciones muy diferentes: «inexpulsables, solicitantes de protección internacional y otros perfiles vulnerables.
CARENCIAS EN LA ASISTENCIA LETRADA
A su juicio, las «carencias significativas en la asistencia letrada y de intérprete, tanto en el momento inicial de notificación de los expedientes de devolución, como durante la estancia en los centros de acogida, dificulta la identificación de estos perfiles».
Además, propone que junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estén presentes desde un inicio personal especializado de otros organismos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómicas y locales, organizaciones internacionales, y reforzar el papel de Cruz Roja española.
Igualmente, el Defensor recomienda elaborar protocolos claros de actuación sobre tres temas: los desaparecidos en la ruta –para identificarlos y dar respuesta a los familiares–; los menores acompañados de adultos –para evitar los casos de menores separados de sus madres– y las personas con necesidades de protección internacional –que se les proporcione información comprensible y que los policías se especialicen para realizar las entrevistas–.
LÍMITES A LA LIBRE CIRCULACIÓN
Acerca de las restricciones a la libre circulación, el Defensor del Pueblo considera que «no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada».
Entre sus recomendaciones, el Defensor propone, entre otras medidas, poner en marcha centros de acogida con un conjunto de instalaciones de carácter permanente «que eviten tener que improvisarlas sobre la marcha»; y protocolos de actuación bien definidos, para la acogida inicial de los migrantes y para que se respeten «escrupulosamente» el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, pide normas de aplicación «claras y precisas» para regular cada situación (menores, madres con hijos, solicitantes de asilo y protección internacional). En este campo, considera que sería «fundamental» el desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo, pendiente desde su aprobación en el año 2009.
Igualmente, propone sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y crear una oficina de atención a los familiares; y desarrollar medidas para evitar que se generen fenómenos de xenofobia en la población, especialmente en aquellas localidades que reciben una mayor presión. También reclama «un sistema de coordinación dentro del Gobierno de la Nación» y «solidaridad» de las comunidades autónomas para la acogida.
