El PP, Vox y Cs han echado en cara a la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, la falta de diálogo y consenso con los que a su juicio se ha elaborado la Estrategia de Acción Exterior que ha presentado este jueves ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, cuyo contenido y objetivos también han puesto en entredicho por distintos motivos.

Según la ministra, la estrategia se ha elaborado tras una «amplia consulta» con distintos niveles de la administración, las ONG, ‘think-tank’ y otros actores con vistas a lograr que España pueda «asumir más protagonismo» en la escena internacional, defender sus intereses y proyectar sus valores.

«Si lo que pretende es hacer política de Estado debería dialogarse de verdad», ha defendido la portavoz del PP, Valentina Martínez, denunciando que solo se dio de margen una semana por ejemplo a las comunidades autónomas para que pudieran hacer sus aportaciones.

A este respecto, González Laya se ha defendido asegurando que se contactó con todas las comunidades autónomas «solicitando observaciones y sugerencias» y solo llegaron de Galicia, Madrid, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Navarra y Extremadura.

Además, tras pedir a Martínez «humildemente» que se releyera la estrategia, ha considerado «curioso que este Gobierno reciba lecciones en inclusión en la estrategia cuando la última no fue objeto de consulta con nadie», en referencia a la anterior elaborada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. «No somos perfectos, seguro que podemos ampliar más el espacio para la consulta, pero un poco de humildad», ha reclamado.

Martínez le ha replicado defendiendo que no puede considerarse diálogo «enviar un Power Point y dar una semana de plazo para hacer comentarios». «En el PP somos un poquito menos inteligentes que ustedes y no entendemos eso como diálogo», ha ironizado, defendiendo que «para tener una política exterior fuerte no es necesario que haya sumisión».

AGENDA IDEOLÓGICA Y SECTARIA

La diputada popular ha cuestionado también dónde están los objetivos e intereses de España en la estrategia o el «rasgo distintivo» de la misma, subrayando que en el documento no queda claro dónde se quiere posicionar al país y por qué quiere que se nos reconozca a nivel mundial. A su juicio, se trata de una «agenda ideológica» en la que no están claros tampoco quiénes son los aliados y los rivales de España.

A su vez, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha agradecido irónicamente que «nos llamaran una vez que ya estaba elaborada» y ha sostenido que la estrategia le parece «sectaria» porque promueve principios y valores que no concuerdan con la mayoría de los españoles.

En este sentido, ha incidido en particular en la apuesta por una diplomacia feminista que hace el Gobierno, subrayando que en otros países como Reino Unido o Francia la prioridad de su política exterior es defender sus intereses en el mundo.

Asimismo, ha lamentado que en el último año España «ha perdido prestigio e influencia» a nivel mundial y ha recalcado que aunque Vox coincide en que el compromiso con los Derechos Humanos es una «seña de identidad de nuestra política exterior» no cabe la «equidistancia» frente a regímenes como los de Venezuela, Cuba o China.

Por su parte, la portavoz de Cs, Marta Martín, ha señalado una «falta de consenso y acuerdo en un documento que no es del ejecutivo actual sino de Estado y que tiene que tener vocación de permanencia con independencia del gobierno que esté». «Cuanto más podamos aportar mejor», ha defendido.

También ha puesto el acento en la «rimbombancia» en la que según ella está redactada la estrategia, «con palabras que suenen muy bien pero no se concretan en acciones determinadas», y ha echado en falta que no vaya acompañada de una memoria económica. En este punto, González Laya ha puntualizado que una vez la estrategia sea aprobada en el Consejo de Ministros irá acompañada de una memoria económica.

APORTACIONES BIENVENIDAS

Ante todas estas críticas, la ministra ha insistido a los diputados en que todas las sugerencias que quieran realizar serán «bienvenidas». «No garantizo que todas sean tenidas en consideración» porque de lo que se trata es de «poner coherencia», ha añadido, aclarando que el documento presentado este jueves es un borrador y que la estrategia final será aprobada más adelante por el Consejo de Ministros.

Igualmente, ha rechazado que se trate de «una agenda ideológica» o que la estrategia ofrezca «una visión demasiado positiva» de la situación de España, incidiendo en que recoge tanto las fortalezas, «que son muchas», como las debilidades. «Me gustaría que nos dieran el beneficio de la duda», ha señalado la ministra, asegurando que la voluntad del Gobierno «es cumplir y hacerlo con la máxima transparencia».

Las portavoces de PP y Cs también han aprovechado para afear a González Laya que llevara diez meses sin comparecer ante la Comisión de Exteriores. En este sentido, Martínez ha lamentado el «ninguneo» de la ministra pese a que los distintos grupos políticos han solicitado en más de 40 ocasiones su comparecencia.

González Laya se ha defendido subrayando que ha realizado nueve comparecencias a petición propia en comisión, ha tenido tres intervenciones legislativas en el Pleno y ha respondido a catorce respuestas en sesiones de control en ambas cámaras.

Además, ha añadido, su departamento ha respondido a 3.225 preguntas escritas. En el caso de las formuladas por Martínez, según la ministra, el 45 por ciento se referían a Venezuela, poniendo así en entredicho la «amplitud de miras» de esta respecto a la política exterior. «No digo esto con ánimo de altanería sino para dejar notas sobre la mesa para dejar claro cuál es su interés y contribución», ha acotado.

Desde Bildu, su portavoz Jon Iñarritu ha reprochado la «falta de concreción» del documento, que en su opinión es «algo complaciente», mientras que para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se trata de «un ‘desideratum’ de buenas intenciones y buenos deseos». «Esperemos que no se convierta en un quiero y no puedo», ha confiado.

La diputada de Junts Mariona Illamola ha valorado que es «un poco demasiado ambicioso y lo quiere abarcar todo», y ha coincidido en la crítica de que «se nos ha explicado la estrategia pero poco más», poniendo así en duda la apuesta por la diplomacia parlamentaria a la que hace alusión la estrategia.

SÁHARA Y MARRUECOS

Tanto Esteban, como Illamola como la diputada de ERC Marta Rosique han echado en falta que no se dedique especial atención al Sáhara Occidental teniendo en cuenta el vínculo histórico y denunciando la situación de represión por parte de Marruecos.

Respecto al Sáhara, González Laya ha reiterado que el Gobierno no ha cambiado de postura frente a ejecutivos anteriores y que esta pasa por una «solución política que sea justa, duradera y mutuamente aceptable para las partes». Además, ha defendido el apoyo que se da y se seguirá ofreciendo a los refugiados saharauis «porque somos un país responsable y que cumple con sus compromisos».

En cuanto a Marruecos, se ha limitado a señalar que hay «relaciones de muy buena vecindad» y que hay muchas cuestiones en las que los dos países están de acuerdo y «algunas en las que estamos en desacuerdo» y cuando esto ocurre se intenta «expresarlo de la manera más correcta posible».

Ciudadanos llevará a votación el próximo miércoles en el Pleno del Congreso una moción para instar al Gobierno a respetar la libertad de prensa y no intentar controlar a los medios de comunicación, tras la interpelación que dirigió esta semana al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al que acusó de presionar a la prensa para tapar las «miserias» de Podemos.

Con esta moción, Cs busca un gesto de respaldo al ejercicio del periodismo «en libertad y sin injerencias políticas» y que la Cámara Baja exhorte al Ejecutivo de Pedro Sánchez a «respetar escrupulosamente la libertad de expresión y de prensa» y a «no ejercer ningún control ni tutela sobre el ejercicio del periodismo, que debe realizarse con total libertad».

En su iniciativa, Cs afirma que «una democracia de calidad exige unas instituciones fuertes, despolitizadas y libres de corrupción, con fuertes controles entre los distintos poderes y organismos del Estado».

Y añade que «en un Estado de Derecho que se precie, el control del Gobierno y de los representantes de la voluntad popular no sólo es realizado a través de instituciones representativas y diversas autoridades independientes, sino también directamente por los propios ciudadanos o la prensa libre».

Además, la formación naranja recuerda que la libertad de prensa está reconocida en el artículo 20 de la Constitución española como «un verdadero derecho fundamental» que «vincula a todos los poderes públicos».

ESPERA QUE EL PSOE SE DESMARQUE DEL DISCURSO DE IGLESIAS

En el Pleno del pasado miércoles, Iglesias afirmó que los medios de comunicación son «un poder real» sobre el cual no hay «ningún elemento de control democrático». Representan, a su juicio, «un poder empresarial concentrado en pocas manos, fundamentalmente, en manos de bancos y grandes empresas y fondos buitres».

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Bal, ha indicado este jueves que el vicepresidente segundo del Gobierno «se dedica a señalar a periodistas que dicen cosas que no le gustan» para que así «se lo piensen dos veces antes de meterse con una persona que les agrede constantemente y que perturba el normal ejercicio de la libertad de prensa».

Según Bal, Iglesias sostiene que los medios de comunicación «no tienen control democrático y deben ser controlados por el poder político», lo cual le parece otro «episodio de anormalidad democrática» por parte de Podemos. «Quiere controlar a los medios», es algo que «tiene en la cabeza desde que es líder de Podemos», ha advertido.

Respecto a la votación de la moción de Cs la próxima semana, el portavoz espera que el PSOE «se desmarque de este discurso» de su socio de gobierno y deje claro que «la prensa libre no tiene que estar controlada políticamente desde el Gobierno de ninguna manera».

Siete de cada diez españoles prefieren vivir lejos del centro urbano, bien sea a las afueras de la ciudad (34,1%) o en una zona más rural como el campo o la montaña (37,5%), según un estudio elaborado por Peel The Onion para Kronos Homes.

Preguntados por la casa que querrían tener en un futuro, las características que más importan a los ciudadanos son la sostenibilidad medioambiental, seguida muy de cerca por la presencia de terrazas y jardines privados. Otros aspectos que más importan son: que las viviendas sean exteriores y que cuenten con parking para cargar coches eléctricos.

Respecto a las preferencias a la hora de adquirir una vivienda, los encuestados se inclinan ligeramente a favor de la obra nueva, una tendencia que se pronuncia más si se compara a los hombres frente a las mujeres.

Siguiendo con la compra de vivienda, casi un tercio de los encuestados considera a futuro la idea de comprar una casa. Esta tendencia es mayor en el grupo de 25 a 39 años (48,2%), que entre las personas de 40 a 54 años (30,1%) o entre los de 55 años o más (17,2%). Del resto de encuestados, sólo el 3,6% se plantea la idea firme de alquilar, mientras el 10,8% presenta dudas entre alquilar o comprar.

A la hora de describir con sus propias palabras la casa de sus sueños, el público encuestado reclama tener jardines o terreno, casas tipo chalet o unifamiliares, la disponibilidad de más espacio o que tenga piscina.

En palabras del presidente ejecutivo de Kronos, Saïd Hejal, «El estudio detecta una tendencia que en Kronos vimos desde nuestro nacimiento: la necesidad de espacios abiertos y terrazas, la presencia de la naturaleza y servicios comunes como las piscinas. Nuestros proyectos cumplen con esos requisitos y, además, suelen ubicarse en barrios nuevos de las ciudades o en zonas de costa donde se integran en la naturaleza».

Un apartado del estudio se centra en las opiniones de los españoles con respecto a su casa actual y qué impacto ha tenido el confinamiento. El estudio revela que 4 de cada 10 españoles (37,3%) ha tenido dudas sobre su vivienda a raíz de la pandemia causada por el Coronavirus. De entre ellos, el 17% ve bastante probable cambiar de vivienda en el corto plazo o ya lo ha hecho, en búsqueda de espacios exteriores y más amplitud.

Fuera del impacto de la pandemia, si los españoles tuvieran que cambiar algo de su actual vivienda, los baños y la cocina son los espacios que menos gustan a los encuestados, seguidos de la falta de ventanas y de mayor iluminación y ventilación, así como, la ausencia de terraza o de balcón.

Al preguntar por cómo se imaginan la vivienda del futuro, el 44% de los españoles destacan de manera relevante la idea de casas con domótica/inteligentes. De hecho, este rasgo se mantiene al hablar sobre cómo creen que serán las casas en 2050: los aspectos que con más probabilidad se vislumbran en ellas son la presencia de parkings para cargar coches eléctricos (84%) y la incorporación de servicios de domótica en el hogar (83%).

Casi 3 de cada 4 entrevistados considera que las viviendas tenderán a ser exteriores (72%) y ven como tendencia probable la sostenibilidad (68%) y la inclusión de zonas verdes (63%). Respecto a la futura ubicación de las casas, se vislumbran en mayor medida a las afueras de la ciudad (57,6%) que en grandes núcleos urbanos (42,9%).

El PP, Vox y Ciudadanos han alertado este jueves a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, de los riesgos que está suponiendo para la imagen de España en el exterior mantener en el Gobierno a alguien que cuestiona la propia democracia, en alusión a las dudas expresadas en este sentido por el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Ha sido durante la comparecencia de la jefa de la diplomacia española en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para dar cuenta de los detalles de la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024.

En concreto, en el PP la diputada Valentina Martínez ha advertido de los problemas que supone para el país tener en el Gobierno a una persona como Iglesias, al que ha acusado de «hacer propaganda en contra de España y sus instituciones». «Cuestionar la democracia desde el Gobierno no fortalece a España ni dentro ni fuera de sus fronteras», ha dicho.

LOS DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES «TIENEN RAZÓN»

En la misma línea, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha añadido que el Ejecutivo no puede mantener en el Gobierno a personas que «casi desean el mal en España» y que cuestionan su propia democracia, y ha recordado a González Laya las advertencias que los diplomáticos españoles han hecho sobre el daño que hace Iglesias a la imagen exterior porque, según ha subrayado, «tienen razón».

En nombre de Ciudadanos, Marta Martín ha reconocido que no debe ser fácil tratar de mejorar o reposicionar la imagen de España cuento tiene de compañero de viaje en el Gobierno a un vicepresidente que se dedica a decir al mundo que «esto no es una democracia o que aquí envenenan a la gente.

«Es patético que dentro del propio Gobierno haya personajes que boicotean la imagen del país», ha denunciado Martín, antes de pedir a la ministra que trabaje por que haya «unidad de acción» en el Ejecutivo en materia de Exteriores.

Pese a las críticas, González Laya no ha hecho alusión a Iglesias y sus polémicas declaraciones en su replica, y desde el PSOE Héctor Gómez se ha limitado a recordar que España es un Estado social y democrático de derecho que respeta la independencia judicial y donde «no hay presos políticos».

PSOE: AQUÍ NO HAY PRESOS POLÍTICOS

De esta forma respondía Gómez a las críticas vertidas en este sentido por ERC y Junts contra el Gobierno, al que han afeado que haga «caso omiso» al grupo de trabajo de la ONU que tachó de «arbitraria» la prisión de los líderes del procés o la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la libertad de expresión.

En este punto, tanto ERC y Junts como Bildu han hecho mención al reciente encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, condenado a nueve meses por delitos como enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, para reprochar a la ministra que en su documento sobre Estrategia de Acción Exterior haya obviado que España encabece el ránking de artistas en prisión.

A este asunto también se a referido el representante de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, pero para llamar a la necesidad de promover con antelación medidas frente a situaciones como la de Hasel, cuyo encarcelamiento, a su juicio, se podría haber evitado si se hubiera impulsado en el Congreso normas «para derogar leyes incompatibles con el ejercicio de la libertad de expresión».

La polémica generada por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y por el respaldo de Podemos a las manifestaciones de protesta, algunas de las cuales acabaron con graves disturbios, va a centrar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de la próxima semana, una cita que PP, Vox y Ciudadanos van a aprovechar para intentar agrandar la nueva brecha que este tema ha generado entre los dos socios del Gobierno de coalición.

En la sesión de este jueves estas formaciones ya han cargado duramente contra el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y contra su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, acusándoles de alentar comportamientos violentos. Pero el miércoles volverán a la carga para exigir explicaciones tanto a Iglesias como a otros ministros socialistas.

Por ejemplo, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, le preguntará directamente a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, si considera que el Gobierno de coalición es «antisistema», y también podrían aludir a este asunto los números uno y dos del PP, aunque no se refieren expresamente a él en sus preguntas.

Mientras Pablo Casado se interesará por las reformas que piensa impulsar el presidente Pedro Sánchez, el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, emplazará a Iglesias a explicar si sus prioridades coinciden con las de los españoles, según consta en el orden de preguntas registradas.

ANTISISTEMAS DEL BOE

Los que sí son explícitos en todas sus iniciativas son los tres diputados de Vox que participarán en el Pleno de control. Así, su portavoz, Iván Espinosa, busca que Calvo le diga si, desde su punto de vista, «la extrema izquierda antisistema puede seguir formando parte del Gobierno a la vista de los acontecimientos auspiciados por ella».

«¿Ha vuelto a sentirse emocionado ante la imagen de un policía pateado en el suelo por individuos a los que un destacado colaborador suyo jalea en las redes sociales?», reza el interrogante que firma para Iglesias la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona.

¿Y MARLASKA CÓMO LO VE?

Y, por su parte, el vicepresidente cuatro del Congreso, Ignacio Gil Lázaro quiere que tercie en este asunto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que confiese qué le parece, «como responsable de la seguridad ciudadana, que una parte del Gobierno apoye públicamente a los causantes de los graves disturbios de los últimos días».

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha registrado una pregunta abierta en la que invita a Iglesias a hacer balance de su gestión como vicepresidente, pero que le dará pie para censurar su apoyo a las protestas por el encarcelamiento de Hasel.

También la diputada de ERC Montserrat Basa podrá sacar a colación el asunto del rapero cuando formule su pregunta para que el Gobierno le aclare si «está garantizada la libertad de expresión en el Estado español».

El líder del PP, Pablo Casado, ha planteado este jueves celebrar seminarios internacionales con partidos de centro-derecha de otros países ante la convención nacional que el PP celebrará en otoño con el objetivo de hacer hincapié en su mensaje de «defensa de la libertad» como «mejor vacuna frente al populismo».

Casado ha trasladado esta propuesta durante la reunión telemática del comité ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro-Internacional Demócrata Cristiana (IDC-CDI), que dirige el expresidente de Colombia Andrés Pastrana.

La cúpula del PP quiere empezar ya a preparar la convención nacional que el partido celebrará tras el verano, tal como anunció este lunes el propio Casado al Comité Ejecutivo del PP. Los ‘populares’ pretenden que ese cónclave sea un trampolín para impulsar su proyecto de «centro derecha moderado y transversal».

«Necesitamos unir para ganar, ganar para gobernar, y gobernar para que España vuelva al camino del progreso, de la libertad y de la unidad», proclamó Casado ante la plana mayor de su partido, en un momento en que cunde el desánimo y el pesimismo en las filas del PP tras el batacazo electoral en las catalanas del domingo, donde el partido logró su peor resultado electoral y sufrió el amplio ‘sorpasso’ de Vox.

INTEGRACIÓN DE MUCHOS ESPAÑOLES EN TORNO AL PP

Casado ya ha anunciado que en los próximos días se empezará a trabajar en un documento político estratégico para preparar la convención de otoño «como una convocatoria abierta a los españoles, incorporando a representantes de la sociedad civil y captando talento dentro y fuera del PP».

Según Casado, es necesario «un esfuerzo de unidad electoral, de integración de muchos millones de españoles alrededor de una agenda nacional compartida», un proceso que, a su juicio, «solo puede liderarlo el PP».

Ante ese cónclave también se buscará intensificar la relación con partidos de centro-derecha. «He propuesto seminarios internacionales con otros partidos de centro derecha para preparar nuestra convención. La defensa de la libertad es la mejor vacuna frente al populismo de extrema izquierda y derecha», ha asegurado el propio Casado en Twitter.

APOYO A JUAN GUAIDÓ

Casado lo ha propuesto así ante sus compañeros de la Internacional Demócrata de Centro, una asociación compuesta por partidos políticos democratacristianos y socialcristianos de diferentes países que apuestan principalmente por el centro y el humanismo cristiano.

Durante esa reunión del comité ejecutivo de la IDC-CDI, los representantes de los partidos han expresado su apoyo al opositor Juan Guaidó, que fue proclamado presidente encargado de Venezuela en 2019. En la reunión, también han expresado su respaldo a Guillermo Lasso, el candidato conservador a la Presidencia de Ecuador.

Ciudadanos quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a desmarcarse del apoyo que ha expresado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a los responsables de los altercados que se han producido esta semana en varias ciudades españolas en manifestaciones a favor del rapero Pablo Hasel.

En dos proposiciones no de ley registradas este jueves –una para su debate en el Pleno y otra en la Comisión de Interior–, Cs pide que la Cámara Baja condene «rotundamente los episodios de violencia y disturbios» ocurridos «a manos de radicales» y muestre su respaldo «a las familias, los empresarios y dueños de negocios afectados por los desperfectos, así como a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afectados».

Además, propone que el Congreso inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a llevar a investigar «la organización de protestas violentas de forma coordinada en varias ciudades españolas», a «reiterar su apoyo a las familias, los empresarios, autónomos y dueños de negocios afectados por los daños causados por estos violentos» y a «respaldar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mostrar su apoyo a los agentes heridos».

Por último, exhorta al Gobierno a «desmarcarse expresamente de las manifestaciones públicas» realizadas por Echenique –cuyo partido, según recuerda, forma parte del Ejecutivo de coalición– en las que mostraba su apoyo expreso a los «jóvenes antifascistas» causantes de los disturbios y la violencia.

BARRICADAS, SAQUEO DE COMERCIOS Y AGRESIONES A POLICÍAS

La formación naranja señala que los altercados organizados el 16 de febrero «por grupos de extrema izquierda» empezaron como protestas en apoyo a Pablo Hasel, detenido para su ingreso en prisión tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Sin embargo –explica–, «tardaron poco en dejar de ser pacíficas», ya que se montaron barricadas e incendios en las calles, se asaltaron y saquearon comercios, se destrozaron escaparates y se cometieron agresiones contra policías.

«Por si no era suficiente con los efectos devastadores de la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, hosteleros y comerciantes sufrían aún más pérdidas económicas, y muchas familias vivían con miedo estos episodios», indica Ciudadanos.

Cuando las protestas se extendieron a otras ciudades, como Valencia, Granada o Madrid, «se repitió el mismo modus operandi que en Cataluña», con los mismos efectos negativos para familias, hosteleros, comerciantes y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según Cs.

«JALEAR A LOS VIOLENTOS» Y «ABANDONAR» A LOS AFECTADOS

En su iniciativa, el partido liderado por Inés Arrimadas califica de «deplorables y vergonzantes» las acciones descritas y reprocha a Echenique que, «cuando más apoyo necesitaban los afectados por parte de las instituciones», él optara por «jalear y mostrar su apoyo explícito y expreso a los violentos».

«No sólo abandonaba a las familias y negocios que habían sufrido daños, sino que también arrojaba sospechas sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que habían sufrido en primera persona la violencia de los fanáticos, en una deplorable manifestación más de la radicalidad y sectarismo con que se maneja quien, además, parece querer formar parte del Gobierno de la Nación y de la oposición al mismo tiempo», critica.

Por otro lado, Ciudadanos ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que exprese su opinión sobre el apoyo público de Echenique a quienes «estaban ejerciendo la violencia» y para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diga qué le parece que el portavoz de Unidas Podemos «arroje sospechas sobre la labor» de los policías.

Asimismo, quiere que el Ejecutivo y, en particular, el ministro del Interior se pronuncien sobre la publicación en redes sociales, por parte de Echenique, de vídeos de la actuación policial frente a «la violencia ejercida e iniciada por los manifestantes, insinuando la ejecución de prácticas policiales abusivas».

En último lugar, solicita que el Gobierno y su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, líder de Podemos, den su opinión sobre las declaraciones de Echenique.

«ESTO SÍ QUE ES ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA»

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha afirmado este jueves que las palabras de Echenique y las del coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral –que ha cuestionado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las protestas– «claman al cielo».

«Mayoral plantea una escena que no sé si alguno ha visto en televisión, unos pacíficos manifestantes que fueron atacados por una malvada Policía Nacional. Yo lo que vi no tenía nada que ver con este cuadro que nos están pintando», ha señalado.

Respecto a Echenique, ha dicho que «jalear al movimiento antifascista que se dedica a machacar a los comerciantes, perturbar a los vecinos y agredir a la Policía», siendo el portavoz de un grupo parlamentario que sostiene al Ejecutivo, es una actitud «impresentable en un Estado democrático».

«¿Conocen algún país en donde el Gobierno diga que la Policía es mala y que estos actos de violencia callejera son legítimos? Esto sí que es de verdad esa famosa anormalidad democrática a la que se refiere Pablo Iglesias», ha concluido.

El juez de Instrucción número 46 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha dejado esta tarde en libertad a trece de los 19 detenidos en los disturbios de anoche en el entorno de la Puerta del Sol que habían sido puestos esta mañana a disposición judicial, han informado fuentes jurídicas.

Los graves altercados de anoche en los alrededores de Sol se iniciaron en una manifestación en apoyo al rapero Pablo Hasel tras ser encarcelado dejando casi una veintena de detenidos y 55 heridos, entre ellos agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid.

De los diecinueve detenidos, han comparecido ante el juez trece al ser el resto menores de edad y quedar a disposición de la Fiscalía de Menores. Se les acusa de un delito de atentado a la autoridad y no se les han impuestos medidas cautelares.

Fuentes fiscales han indicado que el fiscal no ha pedido prisión para ninguno de los detenidos, imputándoles dependiendo de cada caso concreto un delito de resistencia y un delito de atentado a la autoridad.

La calificación penal del juez es genérica e inicial y, según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial, se concretará para cada uno de ellos, atendiendo al grado responsabilidad individual en su participación en los hechos.

UNA VEINTENA DE JÓVENES SE CONCENTRA EN LOS JUZGADOS

En los alrededores de los juzgados de Instrucción se ha concentrado desde esta mañana una veintena de jóvenes para mostrar su apoyo a los detenidos.

Desde el Sindicato de Estudiantes han denunciado una supuesta agresión al secretario general del Sindicato de Estudiantes de Madrid, Alex García, y a su abogado Víctor Rodríguez, a manos de agentes en las inmediaciones de Plaza de Castilla.

Al parecer, al salir del Metro han sido interceptados por cuatro agentes antidisturbios, quienes «les han revisado las mochilas y les han incautado la propaganda que llevaban del Sindicato de Estudiantes».

«En cuanto han pedido a los agentes que se identificaran, no sólo se han negado, sino que han agredido físicamente con la porra a los dos compañeros», ha señalado el sindicato en un comunicado. Tras ello, se han desplazado al Hospital La Paz.

Desde el Sindicato de Estudiantes han condenado esta agresión policial y se han mostrado en contra de «la campaña de criminalización contra la juventud».

El vecino acusado de ser el «instigador» de las protestas frente a la vivienda del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha instado al líder de Podemos a que retire la querella que interpuso contra él después de que afirmara que el rapero Pablo Rivadulla, como Pablo Hasel, iba a ingresar en prisión por «un delito de opinión». Este particular defiende que él también estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión ante las puertas de la casa del secretario general de la formación ‘morada’.

La defensa Miguel Ángel Frontera ha presentado un escrito, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid) en el que pide a Iglesias que retire su acusación, ya que se ha mostrado partidario de despenalizar varios delitos con el fin de proteger la libertad de expresión.

Esta postura contrasta con la acusación que se mantiene contra Frontera, subraya el escrito, ya que se le imputan delitos que pueden conllevar hasta «ocho años de prisión» por «ejercer su derecho a la libertad de expresión» al protestar ante la vivienda de Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra la gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia del coronavirus.

DESPENALIZACIÓN DE DELITOS

La defensa sostiene su petición en que el «denunciante» ha llevado a cabo actos «tendentes a despenalizar los delitos de injurias a la Corona e instituciones del Estado, despenalizar los delitos contra los sentimientos religiosos o despenalizar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, por (según él), poner en riesgo la libertad de expresión».

Así hace referencia a la proposición de ley presentada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para despenalizar estos delitos recogidos en el Código Penal con el objetivo de reforzar la libertad de expresión.

Todo ello, «en vista de la insistencia del denunciante para que una persona (Pablo Hasel) con antecedentes por agresión, allanamiento y resistencia no acuda a prisión por ensalzar los crímenes de un grupo terrorista», añade la defensa del vecino querellado.

En este sentido, el escrito recoge el tuit que Pablo Iglesias publicó el 29 de enero tras conocer que la Audiencia Nacional daba 10 días al rapero para que ingresara en prisión para cumplir la condena de nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía.

«Opino que en democracia nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión. Hay otros mecanismos jurídicos para proteger el honor, la integridad o el prestigio. Que Hasel vaya a la cárcel, pienso que generará la sensación de que la ley no siempre es igual para todos», reza el mensaje de Iglesias publicado en la red social.

ORDEN DE ALEJAMIENTO

El pasado mes de diciembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba impuso a Miguel Ángel Frontera una orden de alejamiento de 500 metros del domicilio o lugar de trabajo de Iglesias y Montero y prohibición de comunicarse con ellos por cualquier canal, al aceptar la petición formulada por la Fiscalía de Madrid y de la defensa de los líderes de la formación ‘morada’.

Una decisión que el magistrado acordó tras escuchar al investigado, que explicó que las protestas frente a la vivienda en Galapagar (Madrid) de Iglesias y Montero fueron motivadas por la gestión del Ejecutivo de la crisis sanitaria de la covid-19, según señalaron fuentes jurídicas.

También declararon Iglesias y Montero quienes afirmaron que sentían «miedo» de las protestas ante su casa y que las «rutinas» de sueño de sus hijos e incluso sus propios modos de vida se han visto alterados, apuntaron las mismas fuentes consultadas. Sus abogados solicitaron que la orden de alejamiento fuera de tres kilómetros.

La querella se presentó el pasado mes de julio por los presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

«GRAVE ALTERACIÓN» DE LA VIDA COTIDIANA

El escrito, explica que la conducta de Frontera se ha sucedido «a diario» al menos desde el pasado 15 de mayo, «hostigando y profiriendo improperios como llamarle ‘garrapata’ o términos de índole similar», todo lo cual le produce una «grave alteración» de su vida cotidiana y de la de su familia.

Asimismo, hace una descripción de forma pormenorizada de una serie de actuaciones por parte del querellado, entre ellas encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su teléfono móvil.

También destaca otras actuaciones del querellado como llevar un equipo con megafonía para sus protestas, lo que, a juicio del vicepresidente segundo del Gobierno, supone un «impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad».

«Todas estas actuaciones alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legitimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución», afirman los abogados de Iglesias, que opinan que la conducta de Frontera «no es una protesta política, sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia», concluye la querella.

Asimismo, destaca que el delito de acoso encaja con la conducta de Frontera, puesto que ha estado ejerciendo «una vigilancia constante sobre el domicilio sin autorización de ningún tipo» y ello «atenta a la libertad» de Iglesias, ya que «impide el disfrute de su libertad deambulatoria propia y de su familia, la visita de amistades y familiares, etc».

La CUP y la Junts han mantenido este jueves un primer encuentro para abordar posibles pactos después de las elecciones del 14 de febrero en la que los ‘cupaires’ han exigido «parar la represión y un giro de 180 grados en las políticas de seguridad para poder dar continuidad a las conversaciones de cualquier posible acuerdo» para formar Govern.

En un comunicado, la CUP ha pedido cambios profundos en las políticas de la Generalitat en la próxima legislatura así como que pare «de forma inmediata la represión contra las movilizaciones de estos días» en Cataluña derivadas del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, hasta el punto que reclaman la dimisión del conseller de Interior, Miquel Sàmper.

También aseguran que la reunión no ha servido para avanzar mucho más allá, dado que la visión de las políticas de seguridad representan «un claro escollo que dificulta el entendimiento entre los dos proyectos».

Para la CUP, el anuncio de los Mossos d’Esquadra de que abrirán una investigación por que una joven perdió un ojo en los incidentes por las protestas contra el encarcelamiento de Hasel es «totalmente insuficiente y poco creíble».

«Sobre todo después de las más de 40 detenciones, las decenas de personas heridas, los insultos y vejaciones por parte de los cuerpos policiales y las actuaciones totalmente desproporcionadas y fuera de norma de estos dos días», han añadido.

REFORMA DEL MODELO POLICIAL

La visión del encuentro con la CUP de la formación de Puigdemont es un tanto diferente y en un comunicado explican que ambos partidos han coincidido en ver el resultado como «una oportunidad histórica para conformar un Govern que avance en la respuesta social del conflicto entre Cataluña y España».

Sobre los disturbios, Junts ha tachado de inaceptable la respuesta policial que ha habido ante las protestas: «Valoramos críticamente la situaciones de violencia vivida y los errores cometidos por algunos agentes de la Brimo, que en ningún caso pueden quedar impunes».

Ha afirmado que su formación apuesta «por un nuevo modelo de orden público» y ha instado al resto de partidos a debatir la reforma del modelo policial catalán en el Parlament.

También ha informado que la Ejecutiva del partido se ha reunido para analizar las negociaciones y ha acordado designar al secretario general de Junts, Jordi Sànchez, los vicepresidentes Elsa Artadi y Josep Rius, el diputado electo Francesc de Dalmases y la diputada en el Congreso Míriam Nogueras como equipo negociador, y ha advertido de que «cualquier posible acuerdo para formar gobierno deberá ser validado» por la Ejecutiva de la formación.

PRIMERA REUNIÓN JUNTS-CUP

Esta ha sido la primera reunión entre Junts y la CUP en las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones catalanas del 14 de febrero, después de que los ‘cupaires’ ya se reunieran el miércoles con ERC para explorar posibles entendimientos.

Además, Junts y ERC prevén reunirse a finales de esta semana, por lo que previsiblemente este primer encuentro se celebre este viernes, mientras que los republicanos ya tienen agendada una reunión con los comuns, con quien además los ‘cupaires’ están cerrando una fecha para verse.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, han firmado este jueves un protocolo para cooperar en medio ambiente y sostenibilidad en el deporte y eventos deportivos en España.

En un acto celebrado en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Ribera ha agradecido al Ministerio de Cultura y Deporte y al COE su compromiso con la transición ecológica como proyecto transversal.

«Este es el gran reto de nuestra generación y necesitamos sumar nuevas energías y voluntades para vivir en un planeta que respete los límites ambientales. Nuestros deportistas son embajadores de lujo para transmitir los valores y mensajes de la sostenibilidad, el equilibrio ambiental y la salud global. Sabemos también del papel de liderazgo y modelo de conducta que desempeñan en la sociedad, en particular entre los jóvenes», destacó la vicepresidenta.

Rodríguez Uribes se ha mostrado «convencido» de que el deporte es determinante en el impulso de la protección del medio ambiente. «Por eso, queremos que sea más sostenible y aceptamos el reto de lograr que España sea un referente en esta materia», dijo.

En la misma línea, Blanco ha incidido en que este jueves «es un gran día para el deporte español». «El COE será siempre un gran aliado para acometer las metas de sostenibilidad que el gobierno de España se ha fijado. Nuestro lema es ‘La mejor marca es la que no se deja’. Eso nos define. Somos deporte sostenible», manifestó.

El objetivo de este protocolo es potenciar la colaboración en materia de sostenibilidad ambiental y social y de difusión de los valores del olimpismo, contribuyendo a la aplicación de un modelo de transición ecológica en el sector del deporte español y una mayor concienciación social en sostenibilidad.

En este sentido, el texto también tiene como objetivo trasladar a la sociedad el mensaje de una mayor concienciación y compromiso con la sostenibilidad, la transición ecológica y el medio ambiente. El protocolo tendrá una vigencia de 2 años con posibilidad de prorrogarse hasta 3 años.

COMPROMISO CON LOS ODS

El protocolo potencia la estrategia de sostenibilidad del COE y alineada con el plan de sostenibilidad del Comité Olímpico Internacional (COI) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas a 2030.

En concreto, son seis las líneas de actuación identificadas por el COE para el desarrollo de esa estrategia: salud y bienestar, eficiencia energética, movilidad sostenible, gestión de residuos y economía circular, transformación digital e igualdad de género y educación.

Con la firma de este protocolo, el MITECO, el Ministerio de Cultura y Deporte y el COE se comprometen a proponer, evaluar y, en su caso, desarrollar acciones concretas en materia de medio ambiente y sostenibilidad en el deporte.

Entre ellas, el impulso a la movilidad sostenible en el deporte, con especial atención a la de la delegación española en su participación en eventos deportivos del movimiento olímpico; y promoción de la economía circular y de un sistema de gestión de residuos eficiente en el movimiento olímpico español.

También llevar a cabo un proceso de transición energética del deporte español en lo que respecta a la eficiencia energética y la mayor utilización de energías renovables tanto en las instalaciones deportivas como en los eventos deportivos, programas de apadrinamiento de acción social o legado medioambiental, cálculo de la huella de carbono de las organizaciones deportivas e instalaciones deportivas y, entre otras, el omento de la igualdad de género en el deporte.

Para llevar a cabo un control de las actuaciones previstas en este protocolo se va a constituir una Comisión de Seguimiento compuesta por dos representantes del MITECO, dos del Ministerio de Cultura y Deporte y dos del COE.

Esta Comisión se reunirá anualmente para la puesta en común de las iniciativas a promover en cada ejercicio, con el objetivo de consensuar un régimen de colaboración que facilite la realización de acciones conjuntas para el desarrollo de los objetivos finales, así como la obtención de los fondos y financiación necesarios para su puesta en marcha.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha condenado este jueves el respaldo ofrecido por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, a las protestas en al calle en apoyo al rapero Pablo Hasel, en las que se han producido disturbios y altercados, y ha pedido a la Fiscalía que investigue esas declaraciones.

Así, ha calificado de «vergonzoso» que Pablo Echenique «se dedique a alentar y provocar a estas masas a través de las redes sociales» al publicar un mensaje en Twitter ofreciendo todo su apoyo «a los jóvenes antifascistas» que «están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles» estos días en la calle en rechazo al encarcelamiento de Hasel.

El portavoz nacional del SUP, Carlos Morales, ha explicado que solicitan a la Fiscalía que analicen este tuit para aclarar si el portavoz de Unidas Podemos «podría haber incurrido en algún delito».

Además y ante este escenario, desde SUP han confesado que han «echado de menos», «unas manifestaciones contundentes» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «como máximo órgano y jefe» del cuerpo policial, «corrigiendo al señor Echenique».

«Instamos al ministro del Interior a que salga manifestándose rotundamente en apoyo de la Policía Nacional, de sus UIP de toda España y de sus UPR de toda España, porque como venimos diciendo y manifiestan a nivel europeo y a nivel mundial, tenemos un modelo policial en España qué es ejemplo para otros países y de los más valorados del mundo y demasiado garantista», ha detallado.

Desde el sindicato quieren dejar claro que la Constitución ampara el derecho de manifestación, «pero de una manifestación pacífica» y han argumentado que «lo que está ocurriendo en las diferentes ciudades españolas en los últimos días no se trata de una manifestación pacífica, sino de unos grupos de radicales y violentos».

«Se trata de terroristas callejeros a los que lo único que les gusta son los disturbios y a los que les vale cualquier excusa y cualquier lema para salir a la calle a liarla, a romper escaparates, mobiliario urbano y para tener disturbios con la policía», ha especificado.

Además, Morales ha lamentado las lesiones con «pronóstico reservado y en algún caso grave» que se provocaron a algunos de los agentes y ha avisado que los disturbios «pueden continuar durante los próximos días», ante lo que, según ha informado, ya tienen «los operativos preparados».

Ex responsables del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en la etapa 2007-2011 han asegurado este jueves, en la comisión política que lleva a cabo el Consell de Mallorca, que cualquier indicio de delito sexual sobre un menor se denunciaba.

En la reunión de este jueves estaban citados el director de Protección al Menor y Atención a la Familia entre 2007 y 2010, Gregori Estarellas, y su sucesor hasta el final de la legislatura, Antonio Muñoz; el presidente del IMAS entre 2007 y 2011, Jaume Garau, y la vicepresidenta en el mismo periodo, Josefina Ramis.

Muñoz, el primero en comparecer, ha explicado que estuvo sólo unos meses en la dirección insular y ha recordado avances en la atención a menores como mejoras en los centros residenciales, un convenio con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) o programas de acogimiento familiar.

Muñoz también ha explicado que entonces no se categorizaba la explotación sexual infantil como tal sino que se trataba como maltrato infantil.

Cabe matizar que buena parte de las intervenciones se han centrado en la atención a menores víctimas de abusos sexuales que atendía el IMAS, y no expresamente en un detalle de casos de fugas de menores tutelados. En este sentido, Estarellas ha explicado que el 80 por ciento de los casos tratados por los técnicos eran abusos en el entorno familiar del menor.

UN CASO DERIVADO A LA PENÍNSULA

Respecto a casos de explotación sexual infantil en particular, Estarellas solamente ha mencionado que recuerda un caso en el que intervino la Policía, en el que se decidió derivar al menor afectado a un centro de la Península por razones de protección.

Asimismo, la exvicepresidenta Ramis ha declarado que las fugas de menores tutelados son «un indicador de que algo le pasa» a ese menor, y que es un fenómeno que «siempre ha estado ahí». «Cuando un menor se fuga en menos de 24 horas ya está denunciado el hecho en Policía», ha insistido.

Ramis también ha afirmado que la relación con Fiscalía de Menores y cuerpos y fuerzas de seguridad era «muy buena».

DECISIONES TÉCNICAS

Los comparecientes han remarcado, a preguntas de los grupos del Consell, que los expedientes concretos de cada caso no llegaban a los cargos políticos y que las decisiones las tomaban los técnicos.

«Creo que un político no debe ser conocedor de los informes y expedientes de los menores», ha dicho Ramis, que también ha añadido que como política «no podía saber si un caso u otro tenía que ir a Fiscalía» sino velar porque funcionase el sistema de forma adecuada. «No era mi responsabilidad el seguimiento de casos de manera individualizada», ha apostillado.

Además, los ex responsables consultados este jueves han coincidido en pedir que no se ponga el foco en las víctimas sino en los agresores, y han lamentado el daño a los menores por la exposición pública de estos casos. También han coincidido en apostar por mayor formación para detectar y actuar ante estos casos.

Veinticuatro entidades sociales se han unido para reclamar la modificación del Reglamento de Extranjería para que se garantice los derechos de los menores migrantes que llegan a España de forma irregular.

Lo han hecho a través del marco del trámite de consulta pública abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a principios de febrero, y que tiene como fin facilitar a todos los niños y niñas su transición a la vida adulta.

El documento presentado por las entidades, se centra en los artículos relativos a la identificación, documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños que han llegado solos al país y que han estado bajo la tutela de las ciudades y comunidades autónomas.

Además, se incluyen varias Disposiciones Transitorias para la aplicación retroactiva del Reglamento, con el objetivo de documentar a todos los jóvenes que, si bien fueron menores de edad desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, no accedieron a su documentación a pesar de tener derecho a ello, lo que les sitúa en situación de exclusión social.

RECLAMACIONES

El objetivo, explican las organizaciones, es que los menores sean considerados regulares a todos los efectos aún sin disponer de tarjeta de residencia; que cuenten automáticamente con autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años; y que se les dé una autorización de residencia y trabajo desde su ingreso en el sistema de protección, siempre que hayan alcanzado la edad laboral, y hasta los 18 años, eliminando la vigencia inicial de 1 año.

En caso de que hayan accedido a ese derecho habiendo alcanzando los 17 años, su residencia inicial tendrá vigencia de mínimo 1 año, recoge el documento.

Del mismo modo, proponen que únicamente sean considerados indocumentados aquellos menores de edad que no dispongan de pasaporte o documento que acredite su edad e identidad. Y, en caso de no poder ser documentados a través de sus países de origen, sean documentados con cédula de inscripción tramitada de oficio.

También quieren que se renueve su autorización de residencia y trabajo si cumplen con uno de los siguientes requisitos: acreditación de su incorporación real o potencial al mercado de trabajo; informe positivo de la entidad de tutela o informe de esfuerzo de integración. Con vigencia de 2 años como todas las residencias renovadas, explican.

Acceder a la autorización de residencia de larga duración tras haber estado 2 años bajo la tutela de la Administración; que puedan solicitar la emisión de una tarjeta de residencia y trabajo que reconozca su antigüedad de residencia legal; y que estas iniciativas se apliquen a los jóvenes que, si bien fueron menores de edad en algún momento desde el 1 de enero de 2018, no accedieron a la autorización de residencia, son otras de las propuestas que reclaman.

Desde las entidades denuncian que el Reglamento actual «multiplica trámites administrativos, diluye responsabilidades entre las distintas administraciones y no proporciona respuestas ágiles y eficaces a las necesidades reales de estos niños».

El PSOE melillense ha avanzado este jueves que recurrirán al Tribunal Constitucional la sentencia por la que se ha ratificado dos años de cárcel y 30 meses de inhabilitación para su ex secretario general Dionisio Muñoz y el expresidente de Melilla Mustafa Aberchán (CPM) cuando compartieron coalición electoral en las generales de 2008.

El PP, por su parte, ha subrayado que la sentencia del Supremo demuestra que tenían razón cuando denunciaron que dichos comicios se «compraron» votos.

A preguntas de los periodistas, la actual secretaria general del PSOE local, Gloria Rojas, ha avanzado que en su formación van a «hacer uso de los mecanismos legales para recurrir la sentencia del Tribunal Supremo» al defender la inocencia de la decena de sus compañeros condenados por esta causa, entre ellos su antecesor al frente a de los socialistas melillenses Dionisio Muñoz.

Gloria Rojas ha señalado que han tomado esta decisión «tras consultar» con los servicios jurídicos del Partido Socialista de Melilla «para seguir defendiendo a nuestros compañeros» acusados de, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Supremo, «poner en marcha un sistema que les garantizaría mayor número de sufragios aprovechando a tal efecto la cobertura que proporcionaba la actividad que los partidos desarrollaban durante la campaña electoral» a través del control del voto por correo a través de promesas de empleo que luego no se materializaron.

PP PIDE LA DIMISIÓN DE ROJAS

En rueda de prensa, el presidente del populares melillenses, Juan José Imbroda, ha manifestado que «el PP llevaba razón en 2008: PSOE y CpM han intentado corromper la democracia y el sistema de libre elección de España».

Imbroda ha señalado que, «aunque la Audiencia Provincial no encontró en aquellos hechos del 2008 un delito asociación ilícita, tanto Aberchán como Muñoz están condenados por un delito electoral y por falsedad en documento público», ahora ratificado por el Tribunal Supremo.

Para el también senador del PP, la secretaria general del PSOE de Melilla debe renunciar a su cargo. «Gloria Rojas tendría que dimitir de inmediato» ha dicho Imbroda, para añadir que «los ciudadanos castigarán en las urnas a la secretaria general del PSOE por abrazarse a Mustafa Aberchán, por no asumir responsabilidades y por su pésima gestión en el gobierno local».

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha advertido del «riesgo de publicidad engañosa» en las campañas de «divorcios a 150 euros», con ofertas de cupones o furgonetas rotuladas con precios «irrisorios». Así lo han puesto de manifiesto en una reunión con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega.

«Desde la AEAFA estamos constatando que muchos clientes se sienten engañados con las publicidades de divorcios a 150 euros porque, posteriormente, luego esta cantidad se dispara o el servicio jurídico es deficiente. Esas publicidades de captación no garantizan que ése será el precio definitivo, salga como salga el procedimiento», ha expresado la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano.

En este sentido, ha explicado que asistir como letrado a un divorcio «no se limita a bajar de Internet un formulario y rellenar los datos» sino que los abogados de familia deben ofrecer un asesoramiento completo al cliente sobre «los pros y los contras» de firmar un documento.

Según ha indicado, «cuando no sucede así, las familias corren el peligro de sufrir graves consecuencias para sus intereses y los de sus hijos, pudiendo perder derechos económicos».

Por ejemplo, señala que, si no se ha solicitado en el convenio regulador la pensión compensatoria, la compensación por el trabajo en el hogar o se ha pactado determinado tipo de custodia de los hijos, «luego no se pueden modificar en otro procedimiento posterior o resulta muy complicado».

«Los abogados somos la primera y más importante barrera de protección para evitar que un convenio regulador sea lesivo para los intereses de la ciudadanía y de sus hijos», ha precisado.

Además, ha advertido de que la mala praxis profesional de un abogado puede repercutir posteriormente en todos los demás letrados «porque las pólizas de los seguros de responsabilidad civil de los colegios de abogados aumentan sustancialmente cuando se producen situaciones de este tipo».

Asimismo, la tesorera de la AEAFA, Carmen López-Rendo, también ha prevenido al Consejo General de la Abogacía ante la «creciente actuación de plataformas en Internet que ofrecen servicios legales, sin que finalmente se pueda constatar la intervención de un abogado, lo que supondría un intrusismo profesional, además de un gran peligro para la ciudadanía».

Para las parejas que no tengan recursos económicos, la presidenta de AEAFA ha recordado que existe la posibilidad de acudir al turno de oficio y recibir una atención profesional «adecuada y con todas las garantías».

Según precisa AEAFA, durante la reunión, la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE) les informó de las medidas que está adoptando la institución ante estas campañas de publicidad. En concreto, destacan que el CGAE está desarrollando un código de regulación de la publicidad, de adhesión voluntaria (se premia con distintivo de calidad), que contará con un órgano de resolución de conflictos.

La Universitat Politècnica de València ha aprobado este jueves en Consejo de Gobierno la convocatoria de elecciones a rector o rectora y el calendario electoral, que se celebrarán el próximo 4 de mayo.

Así, la campaña será del 19 de abril al 3 de mayo y la votación, electrónica, se llevará a cabo el 4 de mayo; mientras que la proclamación del nuevo rector o rectora se efectuará el 6 de mayo. Si fuera necesaria una segunda vuelta, la campaña se realizaría del 10 al 17 de mayo y los resultados se conocerían el 18 de ese mes, ha detallado la institución académica en un comunicado.

El plazo de presentación de candidaturas comprende del 25 de marzo al 9 de abril. El actual rector, Francisco J. Mora, concluirá su segundo mandato y no optará a reelección, ya que los estatutos de la UPV establecen que el rector solo puede ser reelegido una vez de forma consecutiva.

REFUERZO DE LA OFERTA ACADÉMICA CON NUEVOS GRADOS

Por otro lado, la UPV reforzará su oferta de grados y dobles grados para el curso 2021-2022, según lo aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno. Así, en la preinscripción se ofrecerán 5.035 plazas, lo que supone un aumento de 385 plazas respecto al curso anterior (un 8,3% más).

Este aumento se debe a la implantación prevista (condicionada a la aprobación definitiva por parte de la Conselleria de Educación) de tres nuevos grados y tres dobles grados: el Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores, con 125 plazas; el Grado en Informática Industrial y Robótica, con 75 plazas en el campus de Vera y 50 en el de Alcoy; el Grado en Ingeniería Física, con 75 plazas; los dobles Grados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Matemáticas; y en Ingeniería Civil + Matemáticas, ambos con 15 plazas, y el Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con 20.

El vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV, Eduardo Vendrell, ha destacado «los criterios de equilibrio y racionalidad» que rigen la oferta de plazas de la UPV: «Se ofrecen según la demanda prevista y las necesidades de la sociedad, con base en informes técnicos de viabilidad».

Según el vicerrector, el Consejo de Gobierno aprueba la oferta de plazas en previsión de conseguir todas las autorizaciones por parte de la Generalitat Valenciana: «El Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores ya tiene informe favorable del Consejo de Universidades; en el resto de nuevos grados se espera la verificación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA).»

El vicerrector ha puntualizado que el doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ciencia y Tecnología de los Alimentos no está pendiente de ningún trámite, ya que integra dos grados previamente verificados.

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

En el curso 2021-2022, la UPV ofrecerá, además, 3.287 plazas de máster, lo que supone un aumento de 146 plazas respecto al curso anterior. Se prevé impartir, previa verificación por parte de la ANECA, el nuevo Máster Universitario en Mecánica de Fluidos Computacional y también Másteres Universitarios Erasmus Mundus en Ondas, Acústica, Vibraciones, Ingeniería y Sonido; y en Ingeniería Textil y en Mejora Genética Vegetal.

CALENDARIO ACADÉMICO

El Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario académico del curso 2021-2022, que establece el inicio de curso para el miércoles 1 de septiembre y su fin el 31 de julio. Se prevé que las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se realicen del 8 al 10 de junio en convocatoria ordinaria y del 6 al 8 de julio en convocatoria extraordinaria; la preinscripción para grados se llevará a cabo del 21 de junio al 9 de julio. Estas fechas están pendientes de aprobación definitiva por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), integrado por cerca de 200 catedráticos y profesores de Derecho Penal de universidades españolas, jueces, magistrados y fiscales, ha alertado del riesgo que supone dar al consentimiento sexual una fórmula concreta, tal y como se hace en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’.

A su juicio, en la actualidad ya queda claro que cualquier acto sexual no consentido es delictivo y establecer, como recoge la norma, que el consentimiento debe manifestarse «libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes», puede suponer que se consideren prohibidas las situaciones en las que hubo consentimiento real pero no ajustado a esta definición, como en los casos de consentimiento tácito o implícito.

Además, apunta también el GEPC, puede provocar la victimización, una vez más, de las mujeres agredidas, que con el fin de confirmar en el interrogatorio si existieron o no esos «actos exteriores, concluyentes e inequívocos».

En este sentido, explican, las víctimas tendrían que dar detalles de carácter íntimo acerca del tipo de relación sexual y su conducta previa y durante el acto sexual, así como sobre el modo en que suele prestar el consentimiento.

LESIONA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Por otra parte, para los expertos, el cambio de la perspectiva sobre el régimen de la valoración de la prueba que expresamente busca el anteproyecto podría «lesionar el derecho a la presunción de inocencia del acusado», quien tendría «dificultades para sostener que hubo consentimiento cuando este no se ajustó a la definición legal planteada», es decir, mediante «actos exteriores, concluyentes e inequívocos».

No es el único punto de la ley del ‘solo sí es sí’ que critica esta asociación, que también pone el foco en el sistema de supuestos que plantea la norma. En concreto, no aprueban que el medio empleado para su consideración sea distinto.

En su opinión, esta fórmula llevaría a equiparar, por ejemplo, acciones en las que se usa la violencia con una falta de consentimiento, a lo que se sumaría el empleo de una única denominación, agresión sexual, sea cual sea el acto cometido, lo que puede generar efectos perniciosos para la persona penada y para el diseño de políticas preventivas.

«La vigente normativa responde a un derecho penal atento a la diversa lesividad de las conductas y, por ende, respetuoso con el principio de seguridad jurídica y comprometido con una determinación de la responsabilidad penal ajustada a los intereses implicados y los hechos enjuiciados. En conclusión, es más justa», advierte el GEPC.

Aún así, estos expertos, recuerdan que se pueden realizar correcciones y dar una respuesta penal mayor a conductas en las que, por ejemplo, se anula la voluntad de la víctima mediante fármacos o drogas o se le priva de sentido.

ACTUACIÓN COLECTIVA, CUESTIONABLE

Por otro lado y en relación a la aplicación automática de la condición de agravante a todas las agresiones sexuales cometidas por dos o más personas, la asociación cree que es «discutible» por entender que esta solo debería aplicarse cuando la actuación de más de una persona ha sido relevante para la comisión del hecho.

Del mismo modo, el GEPC,pide bajar la edad en la que los menores pueden consentir válidamente ya que la actual –ahora está en los 16 años–; o delimitar la propuesta de agravar los comportamientos sexuales no consentidos realizados en el seno de la pareja a contextos de dominación de género.

En cuento a la propuesta de endurecimiento del cumplimiento de penas privativas de libertad de los delincuentes sexuales, los expertos rechazan, entre otras propuestas del anteproyecto, que el juez imponga automáticamente prohibiciones y deberes a la persona penada. Lo consideran «innecesario» y creen que «puede perjudicar el proceso de rehabilitación del condenado», así como «vulnerar el principio de proporcionalidad».

Finalmente, la asociación señala la necesidad de dar respuestas en el ámbito del proceso penal a las necesidades de las mujeres que denuncian este tipo de hechos delictivos con el fin de evitar su victimización secundaria y llama a diseñar intervenciones públicas que reduzcan el nivel de tolerancia hacia comportamientos sexuales no consentidos, que fomenten la emancipación de las víctimas del contexto patriarcal o de dominación en que se desenvuelven y que faciliten la presentación de denuncias, entre otras medidas.