El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aceptará que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sustituya al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como vicepresidenta segunda, tras la decisión de éste de dejar el Ejecutivo para ser candidato en las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo.

Así lo ha dado a entender Sánchez en su primera comparecencia pública tras el anuncio de Iglesias, y así lo confirman fuentes gubernamentales, que aseguran que las propuestas planteadas por Iglesias para dejar organizada su sucesión dentro del Ejecutivo no representan un problema, aunque señalan que corresponde al presidente anunciarlo.

Sánchez ha relatado que Iglesias le ha llamado este mismo lunes para anunciarle su decisión de dejar el Gobierno cuando empiece la campaña electoral en Madrid. En esa llamada, el todavía vicepresidente ha propuesto que Díaz le sustituya como vicepresidenta segunda, conservando el Ministerio de Trabajo, y que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recaiga en Ione Belarra, actual secretaria de Estado de Agenda 2030.

Tras guardar silencio durante toda la mañana, Sánchez ha comparecido a las 16.00 horas junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la rueda de prensa que tenían prevista para dar cuenta de la XXVI Cumbre Franco-Española que se ha celebrado en la localidad francesa de Montauban.

LA REMODELACIÓN, "EN LOS PRÓXIMOS DÍAS"

A preguntas de los periodistas españoles, el presidente ha asegurado que en "los próximos días" tomará las decisiones que tenga que adoptar para facilitar el relevo de Iglesias, pero ha garantizado que "no va a haber ningún tipo de problema ni de malentendido", y "va a haber continuidad".

Es más, ha recalcado en varias ocasiones que tiene "la mejor de las opiniones" de la ministra de Trabajo, que está haciendo un trabajo "extraordinario" y que va a cumplir el acuerdo que cerró con Iglesias hace ya más de un año para conformar la coalición, según el cual a Unidas Podemos le corresponde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.

"Tiene todo el respeto Unidas Podemos en su participación en el Gobierno y en su composición, y en el reparto que hicimos de esas funciones, hay una Vicepresidencia Segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno", ha afirmado Sánchez en su rueda de prensa junto a Macron.

Las fuentes consultadas han confirmado de este modo que las propuestas de Iglesias son asumibles. Además, Moncloa no ve inconveniente ni un problema político en que Díaz conserve el Ministerio de Trabajo y Economía Social desde la Vicepresidencia segunda, a pesar de que la responsable de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, ocupe la Vicepresidencia Tercera. Lo importante, explican, es quién ocupa la Vicepresidencia Primera, ya que es a quien corresponde asumir la Presidencia en funciones si Sánchez no está disponible.

Asimismo, Sánchez ha insistido en su comparecencia en que Yolanda Díaz cuenta con todo su apoyo, y que tiene "la mejor de las opiniones" sobre la actual ministra de Trabajo". "Es una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Trabajo", ha alabado.

SU COORDINACIÓN CON IGLESIAS "HA SIDO ÓPTIMA"

Por otra parte, preguntado sobre si ahora, sin Iglesias, la relación con Unidas Podemos va a ser más fácil dentro del Gobierno, Sánchez ha defendido que, pese a las diferencias entre PSOE y la formación morada, "el trabajo y la coordinación" que han hecho juntos "ha sido óptima". "Ya he dicho que estaba satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición", ha enfatizado.

El presidente ha relatado asimismo que el todavía vicepresidente segundo le ha comunicado su decisión este mismo lunes antes de hacerla pública, y que él por su parte le ha deseado suerte y le ha agradecido su labor en este año que han compartido de trabajo.

"No tanta suerte, o menos, que al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, pero evidentemente le he deseado suerte en su nueva andadura política y también le he reconocido el aporte que ha hecho este año al frente de una cartera tan importante como el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030", ha afirmado, destacando, por ejemplo, su labor al frente de las residencias de mayores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que "Madrid no puede convertirse en Caracas" y ve las elecciones del 4 de mayo una oportunidad histórica para asentar su proyecto.

Así lo ha expuesto en su intervención en el Comité Ejecutivo regional del PP de Madrid, que se ha celebrado este lunes en la sede de Génova. "Madrid es futuro, ilusión y esperanza. El Madrid que ha sufrido tanto el terrorismo, que no ve su himno nacional como una pachanga cutre fachosa, el Madrid que acoge a los maltratados por el independentismo, el nacionalismo o la mafia del terror", ha proclamado.

Para la dirigente regional, "eso es Madrid, siempre solidaria y vigorosa". Así ha defendido que "Madrid rechaza la ocupación, la quema de sus calles, la expropiación o la intervención de empresas" porque la autonomía es "convivencia, pluralidad y proyectos".

"Madrid no es odio, resentimiento o revolución. Madrid es reforma, oportunidades y nación. El próximo 4 de mayo tenemos una oportunidad histórica para asentar este proyecto y alejar a quienes quieren construir una república caribeña donde no se respeta la propiedad privada o el derecho de las familias a elegir el futuro de sus hijos", ha señalado.

Ayuso, tras referirse a la salida del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, del Ejecutivo central para ser candidato a en la Comunidad, ha insistido en que Madrid le debe una.

En este sentido, ha sostenido que no pueden caer "en ningún triunfalismo" porque "ninguna victoria se consigue sin esfuerzo, sacrificio y altura de miras". "Nada está hecho, y actualmente está todo queda en el aire", ha apuntado.

En este punto, ha indicado que "al menos, Madrid ahora depende de los madrileños y no de los intereses de cuatro". Para la presidenta regional, "ahora Madrid decide en libertad qué rumbo quiere para sí misma y para el conjunto de España".

"Yo lo tengo claro. Quiero esta España que es Madrid. Quiero luz, verdad, ilusión y convivencia. Construcción, reformas y un país fortalecido en la Unión Europea y junto a nuestros hermanos hispanos", ha reivindicado. A continuación, ha señalado que "solo se puede tener miedo" y ha reivindicado que es "el turno de Madrid" así como de elegir entre "comunismo o libertad".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado este lunes en el marco de la XXVI Cumbre Franco-Española que se ha celebrado en Montauban, que se debe reforzar la cooperación entre ambos países en la lucha contra el terrorismo yihadista para así "evitar esas situaciones que tanto sufrimiento producen".

Éste ha sido uno de los temas tratados en la reunión bilateral mantenida con su homólogo francés Éric Dupont-Moretti por videoconferencia. Según un comunicado del ministerio, ambos han coincidido en que "es esencial aportar respuestas conjuntas en materia de Justicia", en asuntos tan relevantes como la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la cooperación bilateral para la digitalización de la Justicia o la prueba electrónica y la retención de datos, entre otros.

Sobre la colaboración entre España y Francia, han estado de acuerdo en calificarla de ejemplar y han reiterado su determinación de seguir haciéndolo a este "altísimo nivel". En la declaración conjunta se recuerda "la ejemplaridad en la lucha contra el terrorismo de ETA" y se valora la trascendencia de cooperar en la lucha contra el terrorismo, de cualquier origen, en particular el terrorismo yihadista.

Por otro lado, también se ha puesto en valor la actividad de la ORGA en España, y la AGRASC en Francia, las oficinas dedicadas a la recuperación y gestión de activos, mediante la incautación de bienes, en el ámbito de la delincuencia organizada. "Su papel es recuperar activos para devolver a la sociedad lo que la criminalidad le ha sustraído", ha dicho Campo. Y han insistido en que es clave "mantener una cooperación ambiciosa, recurriendo cada vez más a instrumentos europeos de asistencia penal, tales como los equipos conjuntos de investigación".

En este sentido, Campo ha recordado la importancia de instrumentos europeos y bilaterales como los Grupos de Enlace de Terrorismo y de Drogas, que "demuestran la madurez de la cooperación bilateral". También ha puesto de relieve el diálogo fluido entre las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional, así como el papel de los magistrados de enlace, que ha calificado como "fundamental.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Por otra parte, ambos han destacado que el objetivo común y prioritario ahora es la transformación digital de la Justicia, y por eso han explicado que van a reforzar la cooperación a través de los fondos 'Next Generation', de los que disfrutarán los dos países y que permitirán la consecución de los objetivos de transformación digital de la Justicia.

El ministro Campo ha explicado que España "está muy implicada en la transformación y modernización de la Justicia". Así, ha comentado que, previsiblemente, este año verá la luz la Ley de Eficiencia Digital y ha enumerado varios temas que se están trabajando en el marco de Justicia 2030, como son la inmediación digital, la inteligencia artificial y la oficina del dato.

También se ha incluido en su declaración conjunta la prueba electrónica y la retención de datos. La declaración pone de manifiesto que ambos países son partidarios de buscar una solución a nivel europeo, ambiciosa, eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales, en la lucha contra la criminalidad. Por una parte, consideran que deberían establecerse mecanismos de cooperación sencillos y operativos en lo que se refiere a la prueba electrónica que "permitan a las autoridades de investigación reunir pruebas decisivas".

También valoran la gran importancia que tiene contar con los datos de conexión en la investigación de delitos que, debido a diversa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ahora no cuenta con legislación que la soporte. Por esa razón, han insistido en "la necesidad de permitir una amplia conservación de estos datos", limitando el acceso a éstos "lo estrictamente necesario para garantizar una lucha eficaz contra el terrorismo y contra cualquier otro tipo grave de delincuencia".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, han defendido ante sus homólogos de la UE la importancia de una cooperación efectiva con los países de origen y tránsito como la mejor vía para prevenir la inmigración irregular.

Ambos han participado este lunes por vía telemática en el consejo de ministros de Asuntos Exteriores y de Interior de la UE, en el que se ha abordado el fenómeno de la migración con especial atención a las negociaciones sobre el futuro Pacto de Migración y Asilo.

En este sentido, el Gobierno español se ha felicitado por la sintonía general sobre la necesidad de que las relaciones con los países de origen y tránsito de la migración sean integrales, constructivas y basadas en un enfoque que responda a los intereses comunes de los socios y de la UE.

"Nuestra experiencia como país de primera línea es que la única vía para una política migratoria de éxito es invertir a largo plazo en las relaciones con los países de origen y tránsito, y construir relaciones integrales basadas en la confianza mutua", ha sostenido González Laya.

Por su parte, Grande-Marlaska ha señalado que la prioridad para España es la prevención de la inmigración en origen, y que para ello es esencial construir "un diálogo permanente" y trabajar codo con codo "con nuestros socios", en referencia a los países africanos.

Además, el titular de Interior ha resaltado que sería conveniente que hubiera financiación europea "para proyectos de refuerzooperativo de las capacidades de las fuerzas de seguridad de los paísesde origen y tránsito de flujos migratorios".

PROPUESTA ESPAÑOLA

En esta línea, España ha presentado la propuesta de la iniciativa Team Europe en el ámbito de migraciones, con la que se pretende aunar los esfuerzos de la Comisión Europea y los estados miembro para realizar proyectos de cooperación y apoyo operativo en los países prioritarios de las rutas migratorias.

Según ha explicado la ministra de Exteriores, "el objetivo principal de la iniciativa es reducir los flujos de migración irregular de los países prioritarios de esas regiones hacia Europa a través de la prevención en origen y con un enfoque de ruta migratoria".

En este sentido, han defendido la oportunidad de utilizar el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI), cuya utilización en este ámbito cuenta ya con una propuesta realizada por el Gobierno español que podría remplazar al extinto Fondo Fiduciario de Emergencia para África.

Este mecanismo, han recordado Exteriores e Interior en su nota conjunta, permitió el lanzamiento de "proyectos de éxito" de cooperación con los países africanos como los equipos conjuntos de investigación que la Policía Nacional lleva a cabo con las fuerzas policiales de países como Níger, Mauritania o Senegal, o el proyecto de GARSI Sahel, en el que participan la Guardia Civil, la Gendarmería francesa, los Carabinieri italianos y la Guardia Nacional Republicana portuguesa.

"Construir confianza es el único camino. Este camino lo tenemos querecorrer juntos, unidos y coordinados", ha zanjado Grande-Marlaska. Desde el Gobierno español se considera que la condicionalidad de la ayuda a cambio del retorno de inmigrantes, como plantean algunos estados miembro, "no es la mejor manera de afrontar el desafío migratorio", según explican fuentes diplomáticas, que reivindican el modelo instaurado por España desde 2006.

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha afirmado este lunes que las unidades de orden público de los Mossos d'Esquadra tienen que tener procesos de evaluación y revisión continua de su personal, y "que estas revisiones no vengan desde la urgencia, sino desde la serenidad y basadas en un análisis riguroso y técnico de seguridad".

En una jornada sobre el modelo de orden público en Cataluña, Trapero ha expresado que las experiencias de modelo de orden público de otros países pueden servir de inspiración, pero ningún modelo puede servir de espejo, ya que "la sociedad catalana es diferente y cada sociedad tiene que tener su policía".

Ha argumentado que el orden público se tiene que reflexionar en tres conceptos: "el modelo de gestión de la protesta y conflicto de una sociedad, el modelo policial de una sociedad, y el modelo de gestión de orden público en una policía y una sociedad", donde se garanticen derechos de protesta y se introduzcan elementos de mediación con interlocutores identificados.

EL PARLAMENT DECIDIRÁ EL MEJOR MODELO

El mayor ha asegurado que el Parlament de Cataluña decidirá cuál es "el mejor modelo" para la policía y para la ciudadanía, que desde el cuerpo exigirán que el modelo garantice la seguridad y los derechos.

Ha garantizado que continuarán "aplicando el principio de intervención mínima, actuarán sobre conductas individuales, minimizarán la acentuada imprevisibilidad de los individuos que hacen conductas violentas, mejorarán la tecnología en los vehículos eliminando los problemas de comunicación para que las actuaciones tengan menor margen de error.

Ha instado a garantizar la grabación de las actuaciones siempre que se aplique el uso de la fuerza, en un proceso que no dependa de la unidad actuante, que el Centro de Coordinación (Cecor) de los Mossos reciban las imágenes en directo para poder comandar mejor y tomar decisiones de las actuaciones policiales.

SÀMPER Y RIBÓ

Por su parte, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicado que el orden público y la gestión han sido motivo de actualidad durante las últimas semanas a raíz de las protestas de Pablo Hasél y la sentencia del 'procés', y que "las actuaciones en los altercados han provocado que 82 diputados de 135 del Parlament de Cataluña reclamen una revisión del modelo de orden público de la policía".

Ha subrayado que "cualquier herramienta que se pueda utilizar en el orden público generará incomodidades", que no existe la herramienta perfecta porque todas pueden tener consecuencias negativas, y que es obligatorio revisar el orden público para mejorarlo y adaptarlo a lo que una gran mayoría de la sociedad reclama.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha manifestado que se ha cuestionado públicamente el modelo de orden público, y ha añadido que "no se tendrán libertades si no se tiene seguridad".

El cardenal Mario Zenari, nuncio apostólico en Damasco, que ha sido testigo de todas las atrocidades cometidas en diez años de guerra --catalogadas como crímenes contra la humanidad por parte de los dos bandos beligerantes--, ha denunciado que ahora está "viendo morir la esperanza" de la gente.

"Por desgracia no puedo decir que ve la luz al final del túnel. He visto mucha gente fallecer, pero ahora estoy viendo morir la esperanza de la gente. No tienen nada más a lo que agarrarse. Es una situación terrible y de extrema necesidad", ha señalado en entrevista el cardenal italiano, cuando se conmemoran el inicio de las protestas populares que inicialmente pacíficas y que fueron posteriormente reprimidas con violencia.

Desde el inicio de la guerra en 2011 y hasta diciembre 2020 se calcula que han muerto 387.118 personas, según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), un grupo de monitoreo con sede en Reino Unido y con una red de fuentes sobre el terreno. Sin embargo, estas cifras no incluyen a las 205.300 personas reportadas como desaparecidas y presumiblemente muertas, incluidos 88.000 civiles que se cree que murieron por tortura en las cárceles administradas por el gobierno, según el SOHR. Asimismo, más de la mitad de los 22 millones de habitantes de Siria antes de la guerra se han visto obligados a huir.

El nuncio en Siria, que lleva 12 años en el país, un periodo que sobrepasa con creces los cinco años que suele estar en un destino los enviados diplomáticos del Papa, ha hecho un balance "muy triste" de una situación que no tiene actualmente visos de terminar.

Además de la guerra, se ha sumado una situación de hambruna: más de la mitad de la población, o sea más de 12 millones de personas, no tienen acceso regular a alimentos suficientes. Solo el año pasado, más de cuatro millones de personas padecieron hambre.

"Los sirios están sufriendo lo indecible. Siria está desgarrada. Hay imágenes que impresionan. Como las largas colas de familias en Damasco para comprar un poco de pan vendido a un precio subvencionado por el Estado, cuando Siria tiene campos enormes de trigo que se extienden por más de 500km cuadrados. O las filas para poner gasolina, cuando Siria tiene pozos petrolíferos", ha lamentado Zenari.

El purpurado ha descrito así un país "muy distinto" al que llegó hace doce años como nuncio apostólico. Así, ha señalado que además del conflicto, los ataques terroristas en Damasco y Raqqa dejaron "enteros barrios destruidos y escenas macabras". "Un verdadero infierno", en sus propias palabras. Y ha agregado: "En Raqqa los viernes cortaban las cabezas de las personas y después las colocaban en palos de hierro y las distribuían por la ciudad. Era difícil recoger los cuerpos de los muertos y poder enterrarlos porque constantemente había francotiradores disparando".

Zenari también se ha referido a los niños que, al volver de la escuela, han caído "heridos por el mortero" y ha precisado que "el rumor de las armas y las bombas ha cesado un poco", pero lo que ha explotado "es la bomba de la pobreza". "Diez años de guerra han dejado una tragedia humana colosal. El 90% de las personas en Siria vive en condiciones de pobreza extrema", ha señalado.

Por ello ha hecho un llamamiento a la solidaridad internacional para "hacer una gran inversión en el país que ahora mismo está completamente destruido. "No hay fábricas ni actividades productivas. Pueblos y barrios enteros han desaparecido, arrasados o están despoblados. El famoso patrimonio arqueológico, que atraía a visitantes de todo el mundo, ha sido dilapidado. El tejido social, el mosaico de convivencia ejemplar entre grupos étnicos y religiosos, se ha visto seriamente dañado. La naturaleza también está sufriendo la contaminación del aire, el agua y el suelo causada por el uso de explosivos y diversos tipos de munición durante diez años", ha asegurado.

Es un país que ha sido humillado y necesita de la solidaridad internacional para poder volver a ponerse en pie", ha concluido.

IU ha abierto este lunes el periodo de votaciones para que la militancia elija a los integrantes de los órganos de dirección de la formación en la Asamblea Federal, que culminará a finales de marzo. El actual coordinador y ministro de Consumo, Alberto Garzón, como principal favorito a tenor de los avales recopilados para su candidatura.

Según ha informado IU en un comunicado, el plazo de votaciones ha quedado abierto desde hoy hasta las 21 horas del próximo viernes queda abierta la votación telemática a los documentos políticos (en la que también pueden votar simpatizantes) y a las candidaturas oficiales para renovar los órganos federales de dirección y de la formación.

IU sigue así cumpliendo las fases aprobadas dentro del "amplio proceso" de debate y participación de su XII Asamblea Federal, que culminará los días 26 y 27 de este mes en Madrid con el cierre del que es el encuentro más importante de la formación cada cuatro años.

Las características de la participación depende, como en ocasiones anteriores, de su grado de militancia. Así, quienes son simpatizantes pueden votar tanto el Informe de Gestión 2016-2020 como los documentos políticos, pero no las candidaturas.

A su vez, los afiliados podrán mostrar su opinión a través del voto tanto al informe de gestión y los documentos políticos, como a la propuesta de estatutos y las candidaturas para renovar los órganos federales. Por tanto, están llamados a votar tanto 18.000 militantes como los 19.000 simpatizantes inscritos en la organización.

De la misma forma, se podrá votar de forma presencial entre los días 20 y 21. En las próximas horas Izquierda Unida difundirá de manera interna el listado de las sedes habilitadas para hacerlo en los distintos territorios, así como los horarios para depositar el voto. Todos los lugares de votación deberán haber implementado con anterioridad el protocolo de seguridad frente al Covid-19.

MÁS DEL 76% DE LOS AVALES PARA LA LISTA DE GARZON

La candidatura de Garzón, denominada 'Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país', logró el 76,19% de los avales presentados para formalizar su lista a los órganos de dirección y seguir optando a la reelección como líder de la formación.

En contraposición, la candidatura del sector crítico que encabeza el dirigente José Antonio García Rubio, bajo la denominación de 'La Izquierda Necesaria', obtuvo el 23,81% de los apoyos otorgados por la militancia.

A su vez, los avales a las ponencias presentadas fue del 81,77% de apoyo al documento impulsado por Garzón y la mayoría de la cúpula de IU. Mientras que el 13,07% se decantaron para el elaborado por la candidatura alternativa de García Rubio.

CANDIDATURAS CONTRAPUESTAS

Garzón optará a la reelección con una candidatura que incluye a gran parte de la actual cúpula y que incluye en puestos destacados a la actual eurodiputada Sira Rego, al secretario general del PCE y diputado en el Congreso, Enrique Santiago, y al excoordinador en Andalucía Antonio Maíllo.

En los 20 primeros puestos de la lista del actual coordinador, con gran peso de las federaciones andaluza, madrileña y valenciana, destacan nombres como el de Amanda Meyer (8), directora de gabinete del Ministerio de Igualdad; el actual secretario de Organización, Ismael González; la diputada autonómica y actual portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, y el exsecretario general del PCE José Luis Centella (13).

Por su parte, el sector crítico de García Rubio, que fue responsable económico de IU durante la etapa del excoordinador Cayo Lara, está apoyado por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido y la coordinadora de la formación en la ciudad de Valencia, Rosa Albert Berlanga.

El documento político-organizativo de la candidatura del también ministro de Consumo, denominado 'Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país', apuesta por "fortalecer" la coalición con Podemos, bajo la marca Unidas Podemos, y "democratizar" este espacio de cara a asentar su "base popular y territorial".

El texto elaborado por la actual dirección, en colaboración con el PCE y diversas federaciones, aspira a reforzar el papel de IU como movimiento político social. También postula que la alianza con la formación morada no puede limitarse solo al plano electoral y debe abarcar aspectos organizativos.

Frente a ello, el sector crítico a la dirección de IU defiende, bajo el nombre de 'La Izquierda Necesaria', incide la necesidad de mantener la "soberanía" de IU y rechaza una "fusión" con Podemos bajo el "paraguas" de la convergencia y la unidad popular.

La Rioja ha lamentado este fin de semana tres nuevos fallecidos por Coronavirus COVID-19, según los últimos datos de este lunes actualizados por el Gobierno regional, que durante el fin de semana no notifica los datos. Los casos activos han descendido pasando 188 a los 180 (ocho menos), mientras la presión asistencial ha descendido ligeramente, de 51 - que tenía la región el viernes- a los 47 pacientes ingresados de este lunes (cuatro menos).

Además, se han notificado 49 positivos el último fin de semana, por lo que desde el inicio de la pandemia se han registrado 27.409.

Los fallecidos son tres hombres, uno de mediana edad y dos edad avanzada. Éstos dos últimos no vivían en residencia de personas mayores.

De este modo, y siguiendo los mismos datos, desde el inicio de la pandemia han muerto 736 personas por coronavirus en nuestra comunidad. De esta cifra, 300 vivían en una residencia de mayores.

Con respecto a la presión asistencial, el hospital San Pedro de Logroño cuenta con 25 personas en camas de hospitalización ocupadas por pacientes Covid-19 (frente a las 27 del viernes). Ha habido un ingreso y una alta. En la UCI hay 19 pacientes Covid (uno menos que el viernes).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías No-Covid (6 a día de hoy) la UCI riojana tiene un total de 25 pacientes y se encuentra al 58,14 por ciento.

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra tiene tres personas en planta con Covid-19, una menos que el viernes.

En relación a la incidencia acumulada en los últimos catorce días en La Rioja se sitúa en 77,95 (frente al 75,40 del viernes), mientras que, a siete días, la incidencia se coloca en un 34,50 (por el 35,46 del pasado viernes). En cuanto a la positividad en La Rioja, está en 3,38 (el viernes al 3,19 por ciento).

Además, a día de hoy se encuentran 4.463 personas en cuarentena frente a las 4.669 del viernes. Finalmente, las residencias riojanas continúan un día más sin positivos en ninguno de los 33 centros de mayores de la comunidad.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido un encuentro bilateral con la representación francesa del Ministerio de Trabajo, Empleo e Inserción ostentada por su secretario de Estado, Laurent Pietraszewski, donde se ha reforzado la cooperación para avanzar en la dimensión social de Europa.

De hecho, según ha informado Trabajo en un comunicado, se ha suscrito una declaración de intenciones que apuesta por implementar le Pilar Europeo de Derechos Sociales y su plan de acción.

Esta declaración permitirá el trabajo en clave bilateral y europea "con la mirada puesta en la presidencia del Consejo Europeo de Francia en el primer semestre de 2022 y en la de España en el segundo semestre de 2023".

Según Trabajo, el ministerio suscrito sitúa la cooperación en el ámbito laboral como un elemento "fundamental" en el desarrollo de la relación bilateral y "reafirma la voluntad" de los dos países de cooperar en la mejora de las condiciones de laborales de los trabajadores transfronterizos y la lucha contra el fraude.

España y Francia también compartirán un marco de diálogo y cooperación para avanzar en el conocimiento de los mercados laborales, mejorar el empleo de los jóvenes, la igualdad y la cooperación entre las respectivas inspecciones de trabajo para luchar contra el fraude y a precariedad.

También quieren detectar las necesidades de formación y desarrollar políticas que respondan a los desafíos ligados a las transformaciones tecnológicas y ecológicas en la recuperación económica, pero además quieren abordar el diálogo social y los retos de los salarios mínimos en Europa, así como las nuevas formas de empleo.

Díaz ha puesto de relieve que si se quiere avanzar hacia "una Europa más fuerte y resiliente es el momento para avanzar en una Europa más social".

España y Francia han coincidido en que el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Humanos debe ser el eje fundamental de la agenda europea y que este es "una respuesta social y común" para el desempleo, la precariedad, la brecha de género, la desigualdad o la pobreza laboral.

La ministra ha pedido "celeridad" para cumplir con estos objetivos y para que se centre la acción conjunta "en la pronta aprobación de varias iniciativas relevantes que están en la mesa del Consejo de la Unión o que lo estarán muy pronto".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicado junto a su homólogo francés, Gérald Darmanin, los éxitos de la cooperación policial, subrayando el compromiso de ambos para "impulsar" una coordinación integral de los servicios operativos desplegados en la frontera con el objetivo de "detectar elementos terroristas o criminales".

Ambos ministros han reafirmado el compromiso adquirido para crear "una unidad operativa franco-española de despliegue rápido en operaciones o patrullas transfronterizas conjuntas, prevista para 2022", que facilitará el trabajo conjunto de Guardia Civil y Gendarmería Nacional y que supondrá una "experiencia pionera en modelos eficaces de cooperación policial".

Grande-Marlaska y Darmanin han mantenido este lunes una reunión sectorial telemática enmarcada en la XXVI Cumbre franco-española, que ha congregado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en un encuentro celebrado en la localidad gala de Montauban.

En un comunicado, Interior ha destacado que ambos países "siguen cosechando éxitos estratégicos y operativos en la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada, tanto en tráfico de drogas como de personas".

En el marco de la reunión sectorial, el ministro del Interior español ha recordado que la lucha contra el terrorismo yihadista y la prevención de la difusión de los contenidos de terrorismo online es un "objetivo prioritario" para España y Francia.

Por este motivo, ha señalado que la cooperación policial entre ambos países seguirá ampliándose "impulsando la coordinación integral de los servicios operativos en las fronteras para detectar elementos terroristas o criminales, bien en la lucha contra los grupos de criminalidad organizada o en la localización de fugitivos de la justicia".

ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE

En política migratoria, ambos ministros del Interior han coincidido en la necesidad de dar carácter prioritario a la acción exterior de la Unión Europea, "necesitada de una cooperación ambiciosa y reforzada con los países de origen y de tránsito orientada a la prevención de la migración irregular".

Además, Grande-Marlaska y Darmanin han destacado los ejemplos de cooperación hispanos-franceses con los países africanos como los equipos conjuntos de investigación y las patrullas conjuntas que la Policía Nacional y la Guardia Civil llevan a cabo con las fuerzas policiales de países como Níger, Mauritania o Senegal, así como el proyecto de GARSI Sahel, financiado por la Unión Europea y en el que participan la Guardia Civil, la Gendarmería francesa, los Carabinieri italianos y la Guardia Nacional Republicana portuguesa.

Ésta ha sido la segunda reunión bilateral de los ministros del Interior de España y Francia tras el viaje que Darmanin realizó a Madrid el pasado 26 de agosto 2020, apenas un mes después de su nombramiento.

El coordinador autonómico de Podemos Comunidad de Madrid, Jesús Santos, ha trasladado su apoyo al aún vicepresidente y próximo candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y ha reiterado la necesidad de que la izquierda una fuerzas para "acabar con los 25 años de corrupción, recortes y privatizaciones del PP".

En un mensaje de audio enviado a la militancia, Santos ha ensalzado la "altura de miras" de Iglesias, al dar un paso al frente para "aprovechar esta oportunidad" para que haya un cambio político en Madrid ante el adelanto electoral decretado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Tras indicar que suscribe todo lo dicho por Iglesias, ha destacado la necesidad de unir fuerzas desde la izquierda para "frenar el avance de la extrema derecha" en la Comunidad de Madrid.

Finalmente, avanza que él le votará en las primarias para elegir el candidato de Unidas Podemos a los comicios del 4 de mayo y ha garantizado que la formación morada "va a darlo todo para salir a ganar" en estas elecciones.

DECISIÓN SORPRESIVA ESTE LUNES

Iglesias ha anunciado por sorpresa este lunes que dejará el Gobierno y será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo y ha ofrecido a Más Madrid conformar una candidatura "única" para los comicios e "ir con todo" ante el objetivo de echar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Concretamente, Iglesias ha dado este paso para construir una candidatura "fuerte" que frene el avance de la ultraderecha en Madrid, si bien para ello se requiere el "deber moral y ético", que es ya un "clamor" social, para liderar la "unidad de izquierda".

"Lo he estado meditando mucho con la (portavoz de Unidas Podemos) Isa Serra y (el coordinador regional de Podemos Comunidad de Madrid) Jesús Santos (...) He decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las primarias para ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar ahí donde es más útil, tened por seguro que voy a poner toda mi experiencia, todo mi corazón y la fuerza de mi organización para construir una candidatura fuerte y amplia de izquierdas", ha subrayado.

La formación entró en un periodo de reflexión desde el pasado miércoles ante el escenario político que entrañaba este adelanto electoral. Un análisis que se ha llevado con sigilo y que ha supuesto un terremoto político ante la decisión de Iglesias de medirse contra Ayuso.

Los últimos días ya se intuía que la formación morada pensaba en un 'plan b' como candidato, dado que la opción de la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, para repetir como cabeza de lista tenía como hándicap su posible inhabilitación por parte del Tribunal Supremo.

Según expusieron diversas fuentes de la formación, la situación judicial de Serra, que está pendiente de la resolución del recurso contra la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que participó en unos altercados durante un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014, es un factor que se está analizando para emprender el proceso de definir la posible candidatura, en caso de que la Justicia avale el adelanto electoral decretado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Un total de 18 aulas de 13 centros educativos de Extremadura han iniciado durante este fin de semana la formación online tras detectar un caso positivo de Covid-19 confirmados entre su alumnado o entre su profesorado.

Del total de clases que entran en cuarentena, una se localiza en el IESO Los Barruecos y otra en el CEIP Los Arcos de Malpartida de Cáceres; una en el CEIP Alba Plata y otra en el IES Norba Caesarina de Cáceres, y dos en el CEIP Arias Montano, de Badajoz.

También entran en cuarentena un aula del CEIP Virgen de la Peña, de Perales del Puerto; una del CEIP Miguel de Cervantes, de Villanueva de la Serena; dos del CEIP Almanzor, de Navalmoral de la Mata; dos en el CEIP Donoso Cortés, de Don Benito; una en el CEIP Sebastián Martín, de Montehermoso; dos en la Escuela Infantil Colorines, de Moraleja; una en el CEIP Santiago Ramón y Cajal, de Plasencia, y una en el CEIP Nuestra Señora de la Piedad, de La Coronada.

Ahora, mientras duren sus cuarentenas, los alumnos de estas 18 aulas seguirán el proceso de formación a distancia, desde casa, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por el contrario, ya han retomado las clases presenciales los 75 alumnos de la Escuela Infantil Nuestra Señora de las Angustias, de Navalmoral de la Mata, por lo que, de nuevo, están todos los centros educativos de la región en el modelo presencial.

También han vuelto a clase en sus aulas 11 grupos más, de 10 centros educativos de la región, que son dos aulas del IES San José y 1 grupo del CEIP Miguel de Cervantes en Villanueva de la Serena; un aula del Colegio Santo Ángel de la Guarda y un grupo del CEIP Enrique Segura Covarsí, ambos en Badajoz.

También retoman la formación presencial una clase del CEIP Pedro de Valdivia, de Castuera; un aula del CRA Río Tajo, de Casas de Belvís; un grupo del CEIP León Leal Ramos, de Casar de Cáceres; un aula del CEIP Donoso Cortés, de Valle de la Serena; una clase del CEIP Francisco Rodríguez Perera, de Villanueva del Fresno, y un grupo de la Escuela Infantil La Rayuela, de Cáceres.

Así, teniendo todo esto en cuenta, actualmente hay 39 aulas en el modelo 3, de enseñanza telemática en Extremadura, que representan al 0,3 por ciento de las aulas de la región.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, y el ministro de Educación Nacional, Juventud y Deportes de Francia, Jean Michel Blanquer, han mantenido este lunes un encuentro en el marco de la 26ª Cumbre Franco-Española con el objetivo de reforzar la cooperación educativa entre los dos países.

Esta cooperación se basa en tres ámbitos concretos: la movilidad de los futuros profesores, el desarrollo de la colaboración entre campus profesionales franceses y centros de formación profesional españoles y el aprendizaje de la lengua y de la cultura del país socio.

Especialmente interesados en llevar estas prioridades al nivel europeo, los dos ministros han recordado su adhesión a la construcción de un espacio europeo de educación. En el convencimiento de que la enseñanza y la Formación Profesional contribuyen a que las economías de ambos países sean más sostenibles y las sociedades más dinámicas e inclusivas, han expresado su deseo de que esta visión común se traduzca en el refuerzo de alianzas estratégicas.

De esta forma, diez proyectos piloto que asocien 'Campus des Métiers et des Qualifications' franceses y Centros de Formación Profesional españoles verán la luz en sectores con proyección de futuro para las economías de los dos países: las industrias del futuro (transporte y logística), la economía verde (la eficiencia energética, la energía solar, el tratamiento de aguas) y el turismo innovador (la gastronomía y la restauración).

Por otro lado, con el objeto de reforzar el proyecto europeo y la movilidad en la formación de los futuros docentes, Isabel Celaá; el ministro de Universidades, Manuel Castells; Jean-Michel Blanquer; y la ministra de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación de Francia, Frédérique Vidal, han firmado una declaración conjunta de intenciones.

A partir del próximo curso, se pondrá en marcha un proyecto piloto que asocie a los 'Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation INSPÉ' de Burdeos, Bretaña, Lille, Nantes y Ruan y las universidades de Granada, Jaén, Valladolid, Córdoba, la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Murcia.

Esta iniciativa permitirá reforzar la movilidad a lo largo de la carrera profesional de los docentes, empezando por la formación inicial de los futuros profesores: valor y reconocimiento de los intercambios, comparación de prácticas docentes e intercambio de experiencias. Esta acción se inscribe en el marco de las iniciativas europeas para favorecer la movilidad de estudiantes y profesores.

APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y FRANCESA

Los ministros han recordado que el aprendizaje de las lenguas española y francesa constituye el fundamento de la amistad entre España y Francia y de su cooperación educativa. En cada país, la lengua del otro experimenta un crecimiento sostenido y sigue siendo la más aprendida después del inglés. En Francia, en 2020, son 3.281.762 los alumnos que aprenden español.

Varios programas contribuyen a enriquecer el aprendizaje de estas lenguas, proponiendo itinerarios de excelencia cultural y lingüística. Destacan así las secciones internacionales españolas implantadas en Francia (3.257 alumnos en el curso 2020-21), las 303 secciones bilingües francófonas implantadas en España (más de 38.000 alumnos en 2020) y las 212 secciones binacionales Bachibac (92 en Francia y 120 en España). Estas secciones permiten obtener los títulos de Bachiller y 'Baccalauréat' y escolarizan a 9.299 alumnos en 2020-21 (5.842 en Francia y 3.457 en España).

Celaá y Blanquer han subrayado los logros de estos programas y han expresado su deseo de reforzar su expansión.

A tal fin, han firmado dos nuevos acuerdos que refuerzan la confianza mutua entre los sistemas educativos, en particular, en caso de situación excepcional, como la actual por la pandemia.

Los ministros se han congratulado especialmente del dinamismo y la creatividad de los alumnos del programa Bachibac y, en particular, del Instituto de Enseñanza Secundaria Eras de Renueva de León, ganador del concurso francoespañol de creación de un nuevo logo para las secciones Bachibac.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL

Durante la reunión, los ministros Celaá y Blanquer han vuelto a subrayar la importancia de mantener la educación presencial durante la pandemia, como han hecho ambos países, que han mantenido las aulas abiertas durante el presente curso escolar.

En este sentido han destacado el esfuerzo de toda la comunidad educativa para lograrlo y han resaltado la importancia de incrementar la inversión pública en educación para superar el impacto de la pandemia en los estudiantes, especialmente en los más vulnerables.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que no contempla que los restos del último presidente de la II República, Manuel Azaña, que se encuentran en la ciudad francesa de Mantauban, sean trasladados a España porque "tienen que descansar donde fueron enterrados" y porque sus familiares también se oponen al traslado.

Así lo ha señalado en rueda de prensa junto al presidente francés, Emmanuel Macron, al término de la XXVI Cumbre hispano-francesa que ha tenido lugar este lunes en Montauban antes de la visita que ambos han efectuado a la tumba en la que está enterrado, donde han depositado un ramo de flores con la bandera de ambos países.

Sánchez ha asegurado que los familiares de Azaña, al igual que el Gobierno, también comparten que sus restos deben permanecer en territorio francés y ha insistido en que "forma parte de la historia compartida entre España y Francia".

Eso sí, Sánchez ha matizado que otra cuestión es que en el marco del debate parlamentario, en relación con la Memoria Democrática, haya "evidentemente un apartado para reivindicar desde el punto de vista histórico la figura de personalidades como Manuel Azaña vinculados a la Segunda República".

En esta misma línea, Macron ha reiterado que la presencia de Azaña refleja la historia compartida entre los países vecinos. "Nosotros estamos orgulloso de que la sepultura de Azaña esté el suelo francés porque representar la historia compartida", ha asegurado el mandatario galo.

HOMENAJE AL EXILIO REPUBLICANO

La elección de Montauban, en el sur de Francia, para albergar la cumbre hispano-francesa se ha hecho con el objetivo por parte de ambos gobiernos de rendir homenaje tanto a Azaña como a los republicanos españoles que partieron hacia el exilio.

En este sentido, Macron se ha referido a ellos como "luchadores por la libertad" que huyeron a Francia y que en muchos de los casos "han dado su vida para defender" a este país. "Jamás les olvidaremos", ha asegurado.

Además, ha celebrado la firma de un histórico convenio de doble nacionalidad entre los dos países del que podrán beneficiarse, ha subrayado, los 150.000 franceses que hay en España y los 190.000 españoles que hay en Francia, y que ha reconocido que fue una idea que partió de Sánchez.

El presidente del Gobierno ha resaltado que el convenio, el primero de este tipo que España firma con un país europeo, "corrige una anomalía histórica". "El ejemplo de estos compatriotas demuestra que es posible amar a dos naciones y combatir por dos países siempre que la causa se la libertad", ha sostenido.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha resaltado en un comunicado que el convenio "salda una deuda histórica con el exilio republicano y refuerza los derechos de ciudadanía de nuestros compatriotas en el marco de la UE".

Según el ministro, supone "la consolidación de las libertades europeas" y "que los ciudadanos españoles, allí, y los franceses, aquí, mejoren sus condiciones en el país de residencia".

Solo Sánchez y Macron han participado de forma presencial en la cumbre, mientras que el resto de ministros se han reunido por vía telemática con sus contrapartes francesas y luego han participado por esta misma vía en la sesión conjunta.

En este sentido, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha abordado con el ministro de Cultura francés temas relacionados con la memoria histórica y la cooperación cultural, entre los que destaca la puesta en marcha de la comisión bilateral para el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso en 2023, según ha informado Moncloa.

Además, Calvo ha propuesto un acuerdo de colaboración sobre los archivos de la Guerra Civil española, el exilio, la resistencia y la deportación que se encuentran en Francia. En este sentido, se ha planteado un proyecto de colaboración para digitalizar los cerca de 150.000 expedientes de refugiados españoles en Francia desde 1945 procedentes de archivos franceses, lo cual, según el Gobierno "aportaría valiosa información para el conocimiento del exilio español en Francia".

Los contagios por coronavirus han descendido hasta los 87 casos, con diez nuevos fallecidos, que dejan la cifra de las víctimas mortales al borde de las 7.000 desde el inicio de la pandemia, y 382 altas, con lo que ya son 383.114 las personas que en la Comunitat Valenciana han superado la enfermedad.

De los 87 nuevos casos de coronavirus detectados por prueba PCR o antígenos, 15 están localizados en Castellón, 24 en Alicante, 48 en la provincia de Valencia, según la actualización facilitada por la Conselleria de Sanidad, con los datos de las últimas 24 horas en cuanto a contagiados aunque la cifra de fallecidos es desde el sábado.

En total, se han administrado un total de 488.242 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 58.573 en Castellón, 171.087 en Alicante y 258.582 en Valencia. Hasta la fecha han recibido las dos dosis 156.977 personas.

Por provincias, la distribución de nuevos positivos es 15 en Castellón (39.095 en total), 24 en Alicante (144.252 en total) y 48 en la provincia de Valencia (199.841). Además, hay 4 casos sin asignar.

Desde la última actualización se han registrado 382 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 383.114 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia: 39.417 en Castellón, 143.668 en Alicante y 199.972 en Valencia, además de 57 no asignadas.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 601 personas ingresadas, lo que supone un ligero aumento sobre la última cifra del sábado, que reflejaba 587: 36 en la provincia de Castellón (misma cifra que hace 48 horas), con 8 pacientes en UCI (uno más); 268 en la provincia de Alicante (268 el sábado, cinco más) 76 de ellos en la UCI (se mantiene); y 297 en la provincia de Valencia (278 el sábado), 89 de ellos en UCI (uno más).

Además, se han registrado 10 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 6.997 personas: 771 en la provincia de Castellón, 2.631 en la de Alicante y 3.595 en la de Valencia.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 4.557 casos activos, lo que supone un 1,15% del total de positivos.

RESIDENCIAS

Desde la última actualización, los casos positivos en residencias de mayores se han reducido a 22 (dos en la provincia de Castellón, dos en la de Alicante y 18 en la de Valencia), cuatro centros de diversidad funcional de la provincia de Valencia y dos centros de menores (uno en la provincia de Valencia y otro en Alicante).

Además, hay 29 nuevos residentes positivos y 30 trabajadores, y un usuario fallecido. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario ocho residencias en la Comunitat Valenciana: una en la provincia de Castellón, una en Alicante y seis en la provincia de València.

Alemania, Francia e Italia son los últimos países en suspender temporalmente este lunes el uso de la vacuna Covid-19, desarrollada por AstraZeneca, por motivos de coagulación de la sangre, uniéndose a otros países europeos como Irlanda, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos.

El Ministerio de Sanidad alemán señaló una recomendación del Instituto Paul Ehrlich (PEI) para vacunas y biomedicinas en el sentido de que era necesario seguir investigando.

"Tras los nuevos informes de trombosis de las venas cerebrales en relación con la vacuna en Alemania y Europa, el PEI considera que son necesarias más investigaciones", ha dicho un portavoz del ministerio.

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha señalado que Alemania había registrado siete casos de trombosis en las venas cerebrales entre 1,6 millones de vacunaciones con la vacuna de AstraZeneca. "Ocurrió muy raramente --puntualiza Spahn--. Se trata de un riesgo muy bajo, pero si realmente existe una relación con las vacunas, es un riesgo desproporcionado".

Spahn ha adelantado que para reanudar el uso, Alemania está esperando una nueva evaluación del jab por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que esperaba "idealmente llegar a una decisión a finales de esta semana".

Mientras tanto, se insta a cualquier persona que recibiera el jab de AstraZeneca y experimentara síntomas como fuertes dolores de cabeza o sangrado bajo la piel a que acudiera a un médico.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha anunciado que la vacuna dejará de utilizarse hasta que la EMA lleve a cabo una nueva evaluación sobre si existe una relación entre la vacuna y los incidentes de coágulos sanguíneos registrados. Lo calificó de "medida de precaución" y ha dicho que existe la posibilidad de que las vacunaciones se reanuden rápidamente.

Por su parte, el regulador italiano de los medicamentos, Aifa, califica su suspensión a nivel nacional de medida de precaución y ha señalado que esperaría hasta la decisión de la EMA, tras las conversaciones con el Primer Ministro Mario Draghi y el Ministro de Sanidad Roberto Speranza.

La semana pasada murieron varias personas en Italia que habían sido vacunadas previamente con la vacuna de AstraZeneca, aunque no se ha establecido ninguna relación causal en esos casos.

AstraZeneca dijo el domingo que no hay pruebas de que su vacuna Covid-19 aumente el riesgo de coágulos de sangre.

Otros países europeos también han suspendido temporalmente la vacunación con la vacuna producida por el gigante farmacéutico británico-sueco y la Universidad británica de Oxford, que se ha relacionado de forma no concluyente con el riesgo de formación de coágulos.

La Agencia Europea de Medicamentos, que recomendó la aprobación de la vacuna a finales de enero, ha iniciado una investigación sobre la misma, al igual que las autoridades sanitarias nacionales de varios países europeos.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha rechazado la idea de que Gran Bretaña suspenda la vacuna de AstraZeneca.

Johnson ha dicho que el organismo regulador de los medicamentos en Gran Bretaña es "uno de los más duros y experimentados" del mundo, y que no ven "ninguna razón en absoluto" para suspender ninguna de las vacunas que se administran a los británicos.

"Creen que [las vacunas actuales de Gran Bretaña] son muy eficaces para reducir no sólo la hospitalización, sino también las enfermedades graves y la mortalidad --ha declarado a los periodistas este lunes, según la agencia de noticias Press Association (PA)--. Seguimos teniendo mucha confianza en el programa y es estupendo ver que se despliega a tal velocidad en todo el Reino Unido".

La República Checa y Polonia también ha dicho que no tenían planes inmediatos de suspender las vacunaciones con la vacuna de AstraZeneca.

"Estamos actuando en línea con las recomendaciones de la [EMA]. Por ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre la suspensión de las vacunaciones con AstraZeneca en Polonia", ha declaro a la agencia PAP el portavoz del Ministerio de Sanidad, Wojciech Andrusiewicz, quien ha añadido que los efectos adversos de la vacuna se produjeron tras sólo un 0,36% de los pinchazos con AstraZeneca administrados en Polonia.

El ministro de Sanidad checo, Jan Blatny, ha afirmado que los beneficios de la vacuna son innegables, pero añadió que se están siguiendo muy de cerca los incidentes recientes en otros países y sus investigaciones.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar mañana con competencia legislativa plena la Proposición de ley del PSOE de reforma del Registro Civil, que tiene el apoyo de la práctica totalidad de grupos parlamentarios y supondrá la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las denominadas oficinas generales de Registro Civil, a cargo de funcionarios públicos.

La Ley pone fin a la 'vacatio legis' de la norma ya reformada en 2011 que cumplía el próximo 30 de abril a falta tan sólo de su paso por el Senado, con que el objetivo de que pueda ser publicada en BOE a finales del mes de abril, han señalado fuentes del grupo parlamentario socialista, proponente del texto de la reforma. En el debate de la toma en consideración de la norma, celebrado el pasado mes de septiembre, avanzaron su voto en contra JxCat y Vox.

Desde entonces, y en el plazo de enmiendas, el PP propuso varias dirigidas a otorgar la nacionalidad española a más de 200.000 hijos y nietos de emigrantes españoles, si bien éstas no entrarán finalmente en el debate al ser vetadas por el Gobierno, que goza de dicha facultad en la fase de ponencia cuando las propuestas supongan incremento de gasto.

La reforma legal está dirigida "preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito" y, para ello, frente de cada Oficina General del Registro Civil estará un Encargado del Registro Civil, que ejercerá sus cometidos bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Ello conllevará que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley queden suprimidos los Juzgados que, de forma exclusiva, han venido ejerciendo funciones de Registro Civil y el Registro Civil Central y, en su lugar, se crean oficinas generales de Registro Civil y la Oficina de Registro Civil Central".

ATENDIDAS SÓLO POR FUNCIONARIOS

Además, el PSOE propone que puestos de trabajo de las oficinas del Registro Civil solo puedan ser cubiertos por personal de los cuerpos generales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

De este modo, el PSOE propone aprovechar la experiencia de los empleados públicos a cargo de su Ilevanza para la implementación del nuevo modelo del Registro Civil y la culminación del mismo en la fecha de entrada en vigor y, muy especialmente, "respetar de forma escrupulosa y completa sus derechos y sus expectativas profesionales durante el periodo de implantación del nuevo Registro".

La entrada en vigor de la actual Ley, que data de 2011, fue sufriendo sucesivos aplazamientos, ya que, si inicialmente se estableció que la misma se produciría a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir el 22 de julio de 2014, posteriormente han sido necesarios periodos adicionales por las diferentes vicisitudes acaecidas a lo largo de este tiempo.

Ahora se pretende que la entrada en vigor se produzca en la última fecha prevista de 30 de abril de 2021, sin ulteriores aplazamientos; "ya que una institución de la importancia del Registro Civil para todo el Estado español y que con su organización más moderna y eficiente va a presentar una enorme utilidad práctica para todos los ciudadanos y para la mejor prestación de los servicios públicos, justifica sobradamente el gran esfuerzo organizativo, tecnológico y económico que su implantación va a exigir", añade la exposición de motivos de la ley.

Otros aspectos de la reforma van dirigidos a garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en todo el territorio nacional, para proporcionar la necesaria cercanía a los usuarios del servicio registral.

UNA OFICINA POR PARTIDO JUDICIAL

Para ello, se propone la apertura una Oficina General del Registro Civil en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial. Además, razón de la singular distribución de la población, por las características del territorio o en atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular, por la administración pública competente en virtud de su localización se podrán crear Oficinas Generales adicionales mediante transformación de las existentes en los Juzgados de Paz.

Del mismo modo, se propone que puedan agruparse oficinas generales para la mejor prestación de un servicio eficiente, en los casos en que se estime más conveniente, atendida la carga de trabajo, por la administración pública con competencias en ese territorio.

El periodo de vacatio legis, según añade la exposición de motivos, "ha posibilitado el adecuado desarrollo de la plataforma digital adaptada al nuevo modelo, sobre la cual se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al Registro, se organizará la publicidad de la información registral en formato digital y se posibilitará el acceso telemático al mismo, respecto de los ciudadanos, mediante su identificación electrónica".

Unidos a estos cambios tecnológicos están la mayoría de los artículos de la Proposición socialista, que apuntan a una serie de mejoras técnicas en determinados preceptos que, con el paso del tiempo o por anteriores reformas, han quedado desajustados a la realidad actual o cuya necesidad ha surgido en el proceso de desarrollo de la aplicación informática.

CÓDIGO PERSONAL

Así, se ha visto que constituye el sustento de la institución Registral que se preconiza la asignación del Código Personal, de forma que sea un número invariable que se atribuye a cada persona. La regulación inicial, no demasiado clara en este aspecto, parecía asignar directamente el número del DNI a los nacidos, como número personal que ya permanecería invariable.

Sin embargo, se ha observado que ese sistema no era el adecuado, debido a que en el frecuente supuesto en que personas con nacionalidad extranjera sean objeto de alguna inscripción en el Registro Civil (sea en el momento de su nacimiento o sea posteriormente, en el momento de su matrimonio, de su defunción, etc.) no van a tener DNI.

Por ello, se prevé la asignación de Código Personal por el sistema informático del Registro Civil con la colaboración del Ministerio del Interior en su confección, al cual se asociará de forma inmediata el número del DNI cuando la persona tenga nacionalidad española, o cualquier otro documento identificativo oficial, en otro caso; siendo invariable durante toda la vida del sujeto .

También se ha considerado necesario modificar la regulación de la firma electrónica empleada en el funcionamiento del Registro Civil, distinguiendo la que se emplea para la práctica de asientos, que será la propia del encargado que firme el asiento, y la que se empleará para la expedición de certificaciones, que se podrá automatizar con base en la previa identificación digital del solicitante, y que por ello se deberá verificar con un sello cualificado de sistema.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado 27 casos positivos de Covid-19 confirmados en la última jornada, en la que no se han producido fallecidos por este motivo, por lo que el número de muertos se mantiene en 1.716 desde el inicio de la pandemia.

Así, en los hospitales extremeños hay ingresadas 43 personas con coronavirus, 11 de ellas en UCI, mientras que en la última jornada se han dado 58 altas, con lo que el número de pacientes curados asciende a 68.576 desde el inicio de la pandemia.

La incidencia acumulada de la Comunidad Autónoma sube este lunes hasta los 55,63 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 54,13 de este domingo) a los 14 días y de 36,43 a los 7 días, según los datos aportados este lunes por la Junta de Extremadura.

Además, este lunes se han abierto tres nuevos brotes de Covid-19, localizados en Badajoz, con 3 casos y 27 contactos; en Arroyo de la Luz, con 6 casos y 25 contactos, y en Don Benito, con 8 casos y 14 contactos, mientras que se han cerrado otros dos brotes, que son el 116 de Badajoz y el 118 de Badajoz-Olivenza.

ÁREAS DE SALUD

En cuanto a los datos por áreas de Salud, cabe resaltar que en la de Badajoz se notifican seis casos positivos, y cuenta con seis pacientes hospitalizados, todos ellos en UCI. Registra 309 fallecidos y ha dado 19.733 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Cáceres no registra casos positivos, y cuenta con 8 pacientes ingresados, de los que 2 están en UCI. Acumula 461 fallecidos y ha dado 12.279 altas, mientras que el Área de Salud de Mérida registra un caso confirmado, y cuenta con 7 personas hospitalizadas, dos de ellas en UCI. Acumula 231 fallecidos y ha dado 12.420 altas.

Así, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 10 casos positivos, y cuenta con 13 pacientes hospitalizados, de los que 1 está en UCI. Acumula 219 víctimas mortales y ha dado 8.729 altas, mientras que el Área de Salud de Plasencia registra 6 casos positivos. Tiene 2 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Ha registrado un total de 188 fallecidos.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata no notifica casos positivos, y cuenta con 2 pacientes ingresados y ha registrado 108 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra un caso positivo, y cuenta con cuatro pacientes ingresados, mientras que el Área de Salud de Coria registra 3 casos positivos, y cuenta con un paciente hospitalizado por Covid-19.

Los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy han solicitado al tribunal que juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja 'b' poder declarar el próximo 24 de marzo por videoconferencia. De esta manera, ambos testigos emularían al ex secretario general del PP Ángel Acebes, y se evitarían el paseillo de entrada en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares.

Ambos expresidentes están citados a petición de algunas acusaciones populares, y según la diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia que fijaba calendario, su turno es el miércoles de la semana que viene.

Fuentes jurídicas apuntan a que varios testigos habrían solicitado poder declarar a través de videoconferencia amparándose en el artículo 14 de la ley que regula las medidas para hacer frente a la Covid-19 en la Administración de Justicia.

En ese artículo se especifica que hasta el 21 de junio de 2021, las comparecencias, declaraciones y vistas en general se realizarán preferentemente mediante presencia telemática siempre que los tribunales cuenten con los medios necesarios. Este artículo, según la ley tiene una salvedad, que es la de los acusados de delito grave.

Hasta la fecha ya han sido varios los testigos que han solicitado, y la Sala les ha dado su visto bueno, declarar de forma telemática. El último de ellos ha sido Acebes, quien ha negado a preguntas de la Fiscalía haber tenido conocimiento de la existencia de una caja 'b' en el PP, así como haber percibido retribuciones en dinero negro, tal y como reflejan los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. "Son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad", ha dicho sobre los apuntes del extesorero 'popular'.

Entre el centenar de testigos propuestos también están los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Federico Trillo y Rodrigo Rato, y el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo. Cualquiera de ellos, o su totalidad, podrían solicitar que su declaración fuera por vía telemática para evitar así el riesgo de contagiarse de coronavirus al asistir a un juicio en el que hay un gran número de partes personadas.

LA PRIMERA CITA DE AZNAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

En caso de que el tribunal acepte lo solicitado por Aznar, la primera cita del expresidente con la Audiencia Nacional quedará deslucida. Cabe recordar que su declaración fue solicitada por la acusación popular ejercida por Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade), que este mismo lunes ha protestado enérgicamente con la posibilidad que ha tenido Acebes de seguir las declaraciones previas a la suya a través de Internet.

No obstante, Aznar deberá explicar qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los 'populares'. Fue en la comisión del Congreso que investigó la presunta financiación ilegal del PP, cuando aseguró que "no existe ninguna caja b" en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, su testifical ha sido interesada por la misma acusación popular y por la de Izquierda Unida (IU). Fue precisamente Adade quien consiguió que este ex jefe del Ejecutivo compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión, en la que aún era presidente del Gobierno, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja 'B' del PP porque su responsabilidad en el partido eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad a su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han escenificado este lunes en Montauban su sintonía tanto en lo personal como en muchos asuntos de índole bilateral y europea, pero ambos siguen sin coincidir en cuanto al llamado 'pasaporte' de vacunación.

El Gobierno español ve en la propuesta en este sentido que se espera que haga este miércoles la Comisión Europea un paso clave para recuperar la movilidad con seguridad de cara al verano y para la recuperación del turismo, pero el Ejecutivo francés ha venido expresando dudas y Macron no ha hecho más que confirmarlo en la rueda de prensa conjunta al término de la cumbre bilateral celebrada en Montauban, al destacar que aún hay muchas cuestiones que aclarar.

"No me gusta hablar de pasaporte porque estamos en el espacio Schengen y la movilidad entre distintos países está reglada", ha aseverado Sánchez, apostando mejor por hablar de certificado y por poder "facilitar la movilidad lo antes posible", algo que para sectores como el turístico "es fundamental".

"Todos los gobiernos de la UE estamos muy interesados en que se pueda desarrollar este proyecto cuanto antes", ha añadido el presidente del Gobierno, si bien Macron no se ha mostrado tan rotundo. Así, el presidente galo ha coincidido en que es mejor no hablar de pasaporte y en la necesidad de una "coordinación europea".

En lo que se refiere al turismo, ha reconocido que se planteará la cuestión de permitir nuevamente desplazarse a los ciudadanos y para ello habrá que tener en cuenta la situación epidemiológica "región por región" y el establecimiento de una serie de reglas. Pero a esto se suma, ha añadido Macron, la cuestión de la apertura a ciudadanos de terceros países.

En todo esto, ha insistido, hay consideraciones sanitarias que hay que tener en cuenta porque "no somos nosotros", ha señalado señalando a Sánchez y a sí mismo, "quienes tenemos que decidir políticamente cuánto tiempo dura la inmunidad cuando se ha contraído el virus ni la inmunidad por la vacuna". "Son cuestiones que solo los científicos pueden resolver", ha añadido.

Además, teniendo en cuenta a otros países de fuera de la UE, "¿vamos a reconocer todas las vacunas?", ha planteado, para responder "quizá no". Así pues, hay toda una serie de "cuestiones sanitarias, éticas y jurídicas que hay que resolver y por eso hace falta una coordinación", ha señalado, incidiendo en que los Veintisiete se han dado de plazo hasta mayo para organizar esa eventual reapertura, que debe ser coordinada y europea.

ESPÍRITU EUROPEÍSTA

Por otra parte, Macron ha puesto en valor la coincidencia con Sánchez en otros temas europeos, como la apuesta por una "recuperación al servicio de nuestros conciudadanos", por una "Europa más fuerte" y por una mayor cooperación dentro de la misma para dar respuesta a cuestiones como la crisis económica provocada por la pandemia.

Sánchez ha coincidido en su sintonía en lo relativo a la gestión de la pandemia y a cómo tiene que ser la recuperación, y también ha subrayado la apuesta por ambos países por "una Europa más integrada y social".

El europeísmo convencido de ambos presidentes ha quedado plasmado en la declaración conjunta resultante de la XXVI cumbre bilateral. En ella, subrayan que la amistad y cooperación de España y Francia "toman su sentido en, para y por Europa".

"Es a través de nuestra participación activa en una UE fuerte que podremos responder a las inquietudes de nuestros ciudadanos, defender nuestros valores y nuestros intereses y conservar la autonomía estratégica de nuestras decisiones económicas e industriales", resaltan ambos gobiernos.

Asimismo, expresan su deseo de contribuir "activamente" a la Conferencia sobre el Futuro de Europa que echó a andar la semana pasada. "Este tiempo de reflexión democrática es indispensable, con el fin de permitir a la UE responder a los desafíos del siglo XXI, actuar para alcanzar un verdadero proyecto de ciudadanía europea y reforzar el sentimiento de pertenencia común", reivindican.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado este lunes que la campaña electoral para los comicios madrileños del 4 de mayo "no va a ser fácil" porque el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, "irá contra Ayuso y los madrileños" a través de la "política del odio".

"No va a ser una campaña fácil para nosotros, porque nosotros nos dirigiremos a los madrileños, e Iglesias irá contra Ayuso y contra los madrileños", ha manifestado el también alcalde de Madrid ante la prensa a su llegada a la sede de los 'populares' por la Junta Directiva del partido.

Para Almeida, la llegada de Iglesias a la política madrileña no es "para aportar, sino para polarizar y confrontar desde su particular modo de hacer política, que es política de odio, insulto y descalificación así como de hipocresía".

Ha recordado que Pablo Iglesias "primero fue eurodiputado, dejó el Parlamento Europeo, luego ha sido vicepresidente del Gobierno de España, deja el Gobierno de España y esto debe hacer reflexionar sobre el compromiso que tiene con los ciudadanos y aquellos que le votan".

Así, ha apostillado que "cuando lo eligen para un sitio lo deja inmediatamente en función de su interés particular", por lo que ha añadido que "la cuestión aquí es qué hay detrás del movimiento de Pablo Iglesias, y cuál es el verdadero interés de Pablo Iglesias que por supuesto no es la Comunidad de Madrid".

"Tanto Serra como Mónica García hablaban de que había que echar a Ayuso, ¿dónde quedan las proclamas feministas de Iglesias, tratando de liquidar a Serra, a García. Deja claro quién es, ni es feminista ni respeta a la democracia", ha añadido.

"NO CAMBIA LA ESTRATEGIA DEL PP"

Si bien, asegura que con Iglesias como candidato "no cambia la estrategia" del PP, que tiene claro "cuál es el modelo". "Lo dijo claramente la presidenta (Díaz Ayuso), es elegir entre el socialismo y la libertad, es un modelo de elegir entre la izquierda que nos gobierna en España; se refuerza la tesis del PP", ha apuntado a continuación.

En este sentido ha vuelto a situar a Ayuso como "un contrapeso de hacer política al Gobierno de la Nación". "Quedan pocas dudas de que vamos a ser la fuerza ganadora de las elecciones", ha lanzado.

El juicio por las captaciones supuestamente ilegales de agua entre los años 2009 y 2021 en explotaciones sitas en la finca Matalagrana, en el entorno del parque nacional de Doñana, dará comienzo este martes a las 10,00 horas en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Huelva y está previsto que se lleve a cabo durante dos semanas.

En este juicio hay 15 acusados, entre ellos dos exalcaldes de Almonte, para los que el Ministerio Fiscal pide las penas de dos años y diez meses de prisión, así como 13 titulares de las explotaciones y administradores de hecho o de derecho de las sociedades, la mayoría agricultores, para los que se solicita las penas de tres años y diez meses de prisión. Todos ellos están acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

De este modo, este martes se comenzará con la resolución de las cuestiones previas y el inicio de las declaraciones de los acusados, que seguirán el miércoles, mientras que el jueves y el viernes se llevarán a cabo las pruebas testificales propuestas, tanto por parte de las acusaciones como por las defensas.

Así, a la siguiente semana está previsto la continuación con las testificales, si fuera necesario, la presentación de las pruebas periciales, la presentación de conclusiones y la concesión de la última palabra a los acusados, con lo que finalizaría este juicio y quedaría visto para sentencia.

Esta causa comenzó en agostó de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmó entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de la localidad.

Según detallaba el escrito del Ministerio Fiscal, desde aquellas fechas y en ejecución de estos convenios, los agricultores acusados, "conscientes de la falta de autorización legal para ello", venían extrayendo agua del acuífero 27 para regar sus explotaciones, a través de los sondeos creados por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) a principio de los años 70, actualmente propiedad del IARA, así como que tanto los titulares de las explotaciones y los citados alcaldes "fueron conocedores de la inexistencia de la autorización para la extracción de agua".

De este modo, el escrito señala que en todas las explotaciones relacionadas "se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en el periodo de 2009 a 2012 y dicha detracción ha alterado el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga, sus hábitats y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial".

Sobre el papel de los alcaldes, miembros del Consejo de Participación de Doñana, la Fiscalía apunta que eran "conocedores del delicado estado del acuífero", por lo que los mismos responden en concepto de "cooperadores necesarios".

Considera el Ministerio Fiscal que desde que en el año 2007 empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "ellos se comprometieron expresamente con dichos acusados a solucionar el problema y les comunicaron que todo era un error y que ellos se ocuparían de todo y le darían una solución política al tema, de tal forma que permitieron con dicha actitud y posicionamiento que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero".

Por estos hechos, para los exalcaldes se solicita las penas de dos años y diez meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de quince meses con una cuota diaria de 12 euros.

A su vez, alternativamente, "en caso de no apreciarse a consecuencia del comportamiento de los acusados la concurrencia de una situación de riesgo de grave perjuicio en el equilibrio del sistema natural de Doñana, su conducta constituiría un delito de usurpación-distracción de aguas", por lo que tendrían que hacer frente a la pena de seis meses de multa con 20 euros de cuota diaria. Del mismo modo, impone a cada una de las empresas el pago de una multa de 24.400 euros.

Para los demás, solicita a cada uno de ellos las penas de tres años y diez meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 20 euros.

Alternativamente, en caso del delito de usurpación-distracción de agua, tendrían que hacer frente a seis meses de multa con 60 euros de cuota diaria, así como al precinto definitivo de los pozos-sondeos declarados ilegales y reseñados en la conclusión primera que en un principio se hizo de manera cautelar.

Como responsabilidad civil, los acusados y, de manera solidaria con ellos, las empresas de la que son administradores indemnizarán a la CHG con las cantidades que se determinen tras la celebración del juicio, en base al informe pericial realizado por el Jefe del Servicio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir.

Cabe recordar que esta querella fue elaborada por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente en el marco de sus diligencias de investigación sobre la denuncia de WWF sobre el llamado "robo de agua en Doñana", convirtiéndose en una causa de unos 3.500 folios de extensión en la pieza principal y de 1.000 en la pieza de medidas cautelares, declarada compleja y en el que se une el trabajo de muchos profesionales de la justicia y del Seprona.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 328 nuevos casos por infección de coronavirus correspondientes al fin de semana y 11 fallecidos de los que ninguno ha sido en residencias de mayores.

Así, el viernes se registraron 158 casos, el sábado, 98 y el domingo, 72. Por provincias, Toledo ha registrado 114 casos, Guadalajara 108, Ciudad Real 65, Albacete 25 y Cuenca 16, ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 172.647. Por provincias, Toledo registra 62.611 casos, Ciudad Real 42.887, Albacete 27.814, Guadalajara 21.319 y Cuenca 18.016.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 150. Por provincias, Toledo tiene 69 de estos pacientes (48 en el Hospital de Toledo y 21 en el Hospital de Talavera de la Reina), Guadalajara 37 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 25 (16 en el Hospital de Albacete, 4 en el Hospital de Villarrobledo, 3 en el Hospital de Hellín y 2 en el Hospital de Almansa), Ciudad Real 18 (7 en el Hospital de Ciudad Real, 6 en el Hospital de Valdepeñas, 3 en el Hospital Mancha Centro, 1 en el Hospital de Manzanares y 1 en el Hospital de Puertollano) y Cuenca 1 (ingresado en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 65. Por provincias, Ciudad Real tiene 24 de estos pacientes, Toledo 23, Guadalajara 12, Albacete 4 y Cuenca 2.

Durante el fin de semana se han registrado 11 fallecidos por COVID-19, 5 en la provincia de Toledo, 4 en Guadalajara, 1 en Ciudad Real y 1 en Albacete.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.759. Por provincias, Toledo registra 2.083 fallecidos, Ciudad Real 1.679, Albacete 875, Guadalajara 589 y Cuenca 533.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de tres centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus entre los residentes. Los tres están en la provincia de Guadalajara.

Los residentes con caso confirmado son 8. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.027.

El que fuera secretario general del Partido Popular (PP) entre 2004 y 2008, Ángel Acebes, ha negado este lunes haber tenido conocimiento de la existencia de una caja 'b' en el PP, así como haber percibido retribuciones en dinero negro, tal y como reflejan los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. "Son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad", ha dicho sobre los apuntes del extesorero 'popular'.

Acebes ha sido el primer ex alto cargo del PP que ha declarado como testigo en la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional y en la que se juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja 'b'.

Lo ha hecho por videoconferencia y las líneas principales de su declaración han sido similares a las de que expuso hace casi cuatro años, cuando compareció, también como testigo, en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005): que no conocía de la existencia de una contabilidad paralela en la formación política; y que él, como secretario general, no tenía superioridad jerárquica con respecto al tesorero, que en aquella época era el fallecido Álvaro Lapuerta.

También, que todas sus retribuciones se hicieron por transferencia bancarias, sujetas a las "oportunas retenciones" y declarando por ello a la Agencia Tributaria. Un punto en el que ha vuelto a insistir durante su declaración, pues, a preguntas del Ministerio Público, ha recalcado que "en absoluto" recibió los pagos que plasmó el extesorero Luis Bárcenas en sus anotaciones.

Según ha indicado el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, en los 'papeles' aparecen "repetidamente" pagos de 6.300 euros desde mayo 2004 hasta enero 2008, éste último por 12.600 euros, siendo el total 107.100 euros.

"Lo desmiento tajantemente. Es falso que yo haya percibido esas cantidades", ha dicho, al tiempo ha añadido que no sabe "a qué responden esos apuntes" y que "lo único" que puede decir es que "no son ciertos, son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad".

Además, el también ministro del Gobierno de José María Aznar --que declarará en esta vista oral como testigo el próximo 24 de marzo-- ha explicado que tras la publicación en el diario 'El País' de dichos documentos no contactó ni con Lapuerta ni con el que fuera entonces el gerente del PP Luis Bárcenas.

LAS DECISIONES ECONÓMICAS LAS TOMABA LAPUERTA

Durante su interrogatorio, el fiscal ha incidido en que otros testigos como Luis Fraga, exsenador 'popular' y sobrino del fundador del partido, Manuel Fraga, sí han reconocido pagos en 'b', aún precisando que eran para compensar gastos de trabajo. A esto Acebes ha respondido que ha escuchado "con sorpresa" la declaración de ese testigo porque es la primera vez que oye que a un candidato al Senado, el PP le da "un dinero para su campaña personal".

En cualquier caso, Acebes ha apuntado que todas las decisiones económicas en el partido las tomaba Lapuerta y que, por su cargo, respondía ante el comité ejecutivo, que era quien le había nombrado. En este sentido, ha recordado que el tesorero siempre aseguraba que todas las donaciones e ingresos se hacían conforme a la legalidad.

Así, ha indicado que la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova del PP fue una cuestión que se llevó desde el "área económica" del partido y que se hizo por "iniciativa" del acusado Cristóbal Páez, que sustituyó a Bárcenas en la Gerencia del partido, y sobre quien ha dicho que fue gestionando que las obras se hicieron en "periodos vacacionales" para no afectar a los trabajadores.

"Recuerdo que a Páez le hacía muchísima ilusión y puso mucho esfuerzo" y así fue "planta por planta" explicando cómo se iban a desarrollar las obras, ha señalado Acebes, desvinculándose de cualquier tipo de decisión al respecto.

De hecho, ha afirmado que nunca le comentaron cómo ni cuánto se iba a pagar, negando así que Lapuerta le pusiera al corriente del pago en 'b' de parte de la reforma, tal y como dijo Bárcenas que creía que había ocurrido. Asimismo, ha explicado que supone que el tesorero encajaría el coste en el presupuesto anual que presentaba ante el comité ejecutivo para su aprobación.

COMPRA DE ACCIONES DE LIBERTAD DIGITAL

Acebes también ha sido preguntado sobre su participación en la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja 'b' del PP, cuestión por la que precisamente fue investigado al inicio de esta causa. En su declaración como acusado en este juicio, Bárcenas indicó que la Secretaría General del PP fue quien dio instrucciones a Lapuerta para adquirir dichas participaciones.

El exsecretario general ha afirmado que en septiembre de 2004 --un mes antes de entrar en la Secretaría General del PP-- se reunió en una ocasión con el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte, quien le pidió ayuda para difundir entre posibles inversores que el medio de comunicación iba afrontar una ampliación de capital, pero que el asunto se quedó ahí.

Ha admitido que quizás comentó esta cuestión de forma genérica con alguien del partido, como Lapuerta, con quien compartió escaño en el Congreso de los Diputados, pero ha negado que tratara la ampliación de capita de Libertad Digital con alguien concreto.

OÍR LA DECLARCIÓN DE OTROS TESTIGOS

Se da la circunstancia de que debido a la pandemia del coronavirus, para garantizar el principio de publicidad, el juicio se está retransmitiendo por 'streaming' a través de Youtube. Tal y como ha reconocido Acebes, ha escuchado lo que han declarado otros testigos, algo que impide el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por lo que dos de las acusaciones populares han manifestado su protesta.

Aunque Acebes, el último testigo de la sesión de este lunes, ha puntualizado que ha escuchado las declaraciones previas porque ha sido citado a las 10.00 horas y le han puesto la conexión a la vista oral desde entonces, el tribunal ha "agradecido" que haya manifestado esta situación y ha explicado que valorará esta circunstancia a la hora de tener en cuenta esta testifical.

El presidente de la Xunta, Alberto Núnez Feijóo, ha destacado la importancia que supone que el Campus de Ferrol sea "el primero acreditado especializado en la industria naval de España", que se convierte "en el primero acreditado del sistema gallego".

Ello le ha valido al máximo responsable del Gobierno gallego para incidir que este reconocimiento "le servirá para potenciar las estructuras de investigación y estrechar las relaciones con las empresas de su entorno". Así, Feijóo ha incidido en que "se da un paso importante para impulsar y afrontar nuevos retos, en donde el comité de expertos independiente, acredita que estamos ante un movimiento pionero en España".

Estas manifestaciones las ha realizado Feijóo en la mañana de este lunes, 15 de marzo, en Salón de actos Concepción Arenal, en el barrio de Esteiro, durante la entrega de la acreditación de Campus de Especialización al Campus Industrial de Ferrol y que ha sido recogida por el recto de la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, en un evento en el que también ha estado presente, entre otros, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE).

"Los expertos han detallado las líneas y las bases que el campus deberá de desarrollar en los próximos tres años, y una vez transcurrido este plazo, se acreditará definitivamente este Campus Industrial", ha detallado el presidente del Gobierno autonómico.

OBJETIVOS

Según ha comentado Feijóo, el trabajo que le queda por delante y que recogen esas bases son "la captación de talento, mejorar la transferencia del conocimiento al tejido productivo, así como seguir ahondado en la internacionalización".

Al respecto, el presidente autonómico ha adelantado que para conseguir estos objetivos "entre mayo y junio" firmarán un convenio de financiación, para los próximos tres años, para dotar de fondos económicos para poder abordar las estrategias contenidas en el propio informe del comité de expertos".

Asimismo, Feijóo ha detallado que "el fin último es tejer sinergias con sectores fundamentales para la comarca como la industria naval, la del metal, el sector marítimo y portuario-logístico o la generación de energía". Y ha incidido en que "en esta nueva etapa el Campus de Ferrol buscará ser el principal agente de transferencia y colaboración del tejido productivo industrial".

ACREDITACIONES

El presidente de la Xunta ha recordado que estos procesos de acreditación comenzaron en el año 2013, con la puesta en marcha del programa para impulsar la especialización de los campus del Sistema Universitario Gallego.

Esta iniciativa contó con una inversión total de 17,5 millones entre 2013 y 2020", ha señalado, para el desarrollo de ocho proyectos, el campus Industrial de Ferrol, el campus Innova en A Coruña, el campus Sostenibilidad también en A Coruña, el campus Terra en Lugo, el campus Ciudadanía en Santiago, el campus Auga en Ourense, Vigo Tecnológico, y el campus Crea en Pontevedra.

En el caso del Campus de Ferrol ha detallado que "el avance más significativo fue la renovación de la oferta académica para alinearla con la industria inteligente, poniéndose en marcha seis títulos": Máster en Eficiencia y aprovechamiento energético; Grado bilingüe en Gestión industrial de la moda; Máster en Diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos; Máster en Ingeniería de diseño industrial; Grado en Gestión digital de la información y comunicación y Grado dual en Ingeniería electrónica.

EMPLEO

Con motivo de su presencia en Ferrol, el presidente de la Xunta ha asegurado que "esta comarca tiene futuro si cada uno cumple con su deber y con sus compromisos". Y ha criticado la falta de carga de trabajo en Navantia, al mismo tiempo que ha reclamado la modernización del astillero.

"Nosotros no nos vamos a hartar de hablar de lo que está por hacer. Seguiremos recordando los compromisos que cada institución tiene con Galicia y seguiremos trabajando con todas las instituciones que quieran trabajar, rindiendo cuentas a los ciudadanos, cada uno de sus responsabilidades", ha detallado.