Suspenden el juicio del caso ‘Cooperación’ tras desmayarse uno de los acusados

El desmayo de quien fuera jefe del servicio de Informática de la Conselleria de Solidaridad Javier Murcia, acusado en la pieza 5 del caso Cooperación, relacionada con un presunto amaño en contratos de informática, ha obligado a suspender la vista que había arrancado pasadas las 10.30 horas en la Audiencia de Valencia.

Murcia se había sentado este miércoles en el banquillo de los acusados junto con el exconseller y exdiputado ‘popular’ en Les Corts Rafael Blasco; el empresario Augusto César Tauroni; y la exsecretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán.

A los pocos minutos de comenzar el juicio, en el turno de cuestiones previas, Murcia se ha acercado al tribunal algo aturdido y se ha desmayado, lo que ha obligado a suspender la vista. Se ha desalojado la Sala y un médico forense ha acudido para atenderle. Tras ello, se lo han llevado en ambulancia.

Tanto acusados como letrados y defensas han abandonado la Sala de la Audiencia y está previsto que el juicio se retome el 29 de marzo en el punto en el que se habían quedado, es decir, mientras la defensa de Blasco exponía sus cuestiones previas, han informado fuentes jurídicas.

En esta pieza, la Fiscalía reclama dos años y ocho meses de prisión para el exconseller y el pago de una multa de 400.000 euros por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración; dos años de cárcel para Sanjuán y una muta de 300.000 euros; año y medio de prisión para el exjefe de Informática y 300.000 euros de multa; y dos años y medio de cárcel y multa de 400.000 euros para el empresario Tauroni.

Por su parte, la Coordinadora Valenciana de ONGD –acusación popular– reclama cinco años de prisión para Blasco, Tauroni y Tina Sanjuán y el pago de una multa de 350.000 euros para cada uno de ellos. Así mismo, solicita tres años de cárcel para Javier Murcia.

Se trata de la pieza 5 del llamado caso Cooperación y la Fiscalía cifra en 289.363 euros el perjuicio ocasionado a las arcas públicas autonómicas.

Los hechos se remontan a los años 2008 a 2011 y se ha investigado un presunto amaño de contratos informáticos adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni. Las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.

Los contratos presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de escuelas de acogida, entre otros.

Blasco ya ha sido condenado por las piezas 1, 2 y 3 del conocido caso Cooperación, relativas al desvío de ayudas a ONGs y al proyecto fallido para la construcción de Haití. Salió de prisión con tercer grado a principios de 2019 por la condena de seis años y medio de la pieza 1.