La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional (AECID) se ha sumado a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en América Latina en apoyo a los refugiados y migrantes de Venezuela, para lo que ha realizado esta semana una aportación de 5 millones de euros.

Esta financiación, explica la OIM, no sólo favorecerá a las poblaciones más vulnerables de Venezuela, sino que también ayudará a las principales comunidades de acogida en Colombia, Ecuador y Perú.

El organismo ha explicado que más de 4,6 millones de venezolanos -el 80 por ciento de los aproximadamente 5,4 millones de refugiados y migrantes que viven fuera de su país- residen en 17 estados de América Latina o el Caribe.

Desde la AECID, por su parte, han explicado que «mitigar los efectos sobre los migrantes y refugiados de Venezuela y sus comunidades de acogida y satisfacer las necesidades de los más vulnerables es una prioridad para la Cooperación Española», son algunas de sus prioridades, particularmente «en medio de la crisis del Covid-19».

ESFUERZOS QUE SE INTENSIFICAN EN 2020

«La Cooperación Española, a través de AECID, está trabajando para mejorar las condiciones de los venezolanos, así como de las comunidades de acogida, desde 2017», ha explicado Magdy Martínez Soliman, directora de AECID.

También ha explicado que «estos esfuerzos se intensificaron en 2020» a través del compromiso de destinar 50 millones de euros a la situación venezolana durante tres años. Esto, ha indicado, «es posible gracias a varias alianzas, entre las que destaca como estratégicamente importante esta colaboración con la OIM».

Martínez Soliman ha explicado que esta contribución «tiene como objetivo fortalecer y fomentar la integración socioeconómica, los sistemas de educación y salud en las comunidades que enfrentan los efectos adversos» de la pandemia. Además, «la financiación también apoyará los esfuerzos de coordinación regional y las organizaciones de la sociedad civil».

«La emergencia sanitaria mundial ha intensificado los severos desafíos que enfrentan los refugiados y migrantes de Venezuela en la región», ha apuntado Diego Beltrand, enviado especial del Director General de la OIM para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela.

LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

Desde la OIM aseguran sentirse «honrados de combinar» sus esfuerzos con la Cooperación Española. Según indican el Covid-19 ha aumentado las vulnerabilidades de los refugiados y migrantes y esto ha hecho que muchos pierdan sus medios de vida y su capacidad para cubrir necesidades básicas como refugio, alimentos o atención médica.

«Muchos refugiados y migrantes de Venezuela, especialmente aquellos en situación irregular, han quedado fuera de los programas de salud y bienestar social», ha apuntado Beltrand.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha incidido este viernes en reclamar una actuación de la Policía «proporcionada» ante protestas como las celebradas en esta ciudad por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, unas movilizaciones que ha considerado «fundamentalmente pacíficas».

Ribó se ha pronunciado así tras firmar con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el Protocolo Agenda Urbana, preguntado por sus críticas a la intervención policial en esas manifestaciones y por el tuit que emitió este jueves sobre este asunto. El primer edil señaló en su cuenta de Twitter que «una actuación desproporcionada de la Policía Nacional no aumenta la seguridad» sino que «aumenta la crispación social de forma gratuita».

«Ha habido dos días de manifestaciones. En las que vi ayer con vídeos vi que por parte de los manifestantes eran fundamentalmente pacíficas», ha señalado Ribó, que ha agregado que esta jornada ha visto y leído que se dieron «algunos actos minoritarios de tirar contenedores y piedras».

Tras ello, el responsable municipal ha aludido al tuit publicado este jueves y ha considerado que «es muy importante mantener una actitud proporcional por parte de la Policía respecto a estas actuaciones».

Asimismo, ha manifestado que «si hubiera sido alcalde de otra ciudad –en la que hubo más violencia por parte de quienes protestaban– hubiera pedido que las manifestaciones fueran siempre de carácter pacífico».

«Me parece muy importante que la actuación de la Policía sea proporcionada. Eso a veces es difícil de conseguir», ha declarado, porque se está «entre no hacer nada y matarnos a cañonazos». Ribó ha explicado que con su tuit hizo «una reflexión genérica».

«Me hace el efecto de que –algunas actuaciones — no era demasiado proporcionales. Tengo esa sensación», ha declarado, tras lo que ha insistido en que «la proporcionalidad» requiere «equilibrio entre dos elementos que no son fáciles de conseguir». Joan Ribó ha afirmado que, como responsable máximo de la Policía Local de Valencia, esa «proporcionalidad» es algo que busca siempre conseguir en cualquier situación.

Respecto a los altercados registrados, el alcalde ha añadido que su mensaje «es muy claro», tras lo que ha expuesto que «el derecho de manifestación es el derecho de manifestación pacífica».

DIMISIÓN Y REPROBACIÓN

Preguntado por si es partidario de reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno, Glòria Calero, como se ha pedido por la actuación policial ante las manifestaciones ha respondido: «Yo no la he pedido. Cuando creo que una cosa se tiene que hacer la pido».

Por otro lado, respecto a la reprobación que reclaman para él desde la oposición municipal, Ribó ha manifestado: «Está muy bien eso. Están en su pleno derecho de pedirme la reprobación».

INVESTIGACIÓN

Por su parte, la vicealcaldesa de València y portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha indicado, al hablar de las protestas por Hasél preguntadas por ellas tras la Junta de Gobierno Local, que «hay imágenes que ni comprendemos ni compartimos».

La edil se ha situado «en la línea de lo que ha trasladado la Delegación del Gobierno» respecto a que «se debe de abrir una investigación en el seno de la Policía para determinar por qué algunas actuaciones policiales han sido absolutamente desproporcionadas y no han ayudado a calmar la situación».

«Creo que el deber de la Policía es garantizar el derecho a la manifestación y también el derecho a la seguridad de los manifestantes», ha agregado Gómez, que ha expresado su «más profundo rechazo a las personas que no respetan la causa ni una marcha pacífica y se dedican a ir a manifestaciones a reventarlas». «No están haciendo ningún favor a las personas que pacíficamente quieren manifestarse por una u otra causa por libertad porque es un derecho fundamental» ha dicho.

Sandra Gómez ha considerado que quienes provocan disturbios «crispan y alteran la imagen y, sobre todo, el ejercicio de un derecho fundamental» y ha manifestado su «condena» al respecto. Igualmente, ha considerado que se debe «garantizar y defender la libertad de expresión y abrir determinados debates sobre la penalización o despenalización» en el Código Penal.

Tras ello, la responsable municipal ha asegurado que Pablo Hasél no es ni su «referente, ni un santo, ni un mártir». «Ni va a ser mi ejemplo a seguir en la defensa del derecho a la libertad de expresión porque hay expresiones y declaraciones a las que yo muestro mi más absoluto rechazo», ha aseverado.

«REBAJAR LA TENSIÓN»

Gómez ha considerado que «una cosa es que la gran mayoría de la ciudadanía defienda la libertad de expresión y quiera abrir debates sobre la despenalización de algunos tipos del Código Penal y otra cosa que haya carta blanca para decir cualquier tipo de cosa que afecte o incita al odio a los colectivos de una sociedad plural».

A su vez, la vicealcaldesa ha opinado que los políticos deben «en estos momentos rebajar la tensión y no alimentarla» y ha hecho un llamamiento a sosegar los ánimos .

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del ‘Monchín’ Rafael R.L, quien fue juzgado el pasado día 19 de enero bajo la acusación de haber festejado a tiros la Nochevieja de 2018 con un subfusil semiautomático y quien se exponía a una condena de diez años de prisión.

En su sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial justifica su decisión en la falta de pruebas de que el arma utilizada por el encausado fuera de fuego real, como sostiene la acusación pública, y no de fogueo, como alegan el ‘Monchín’ y su letrado.

«A la luz de la valoración probatoria nos encontramos ante una prueba de carácter indiciario que es insuficiente para llegar a un pronunciamiento condenatorio», advierte el tribunal según la sentencia facilitada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Durante el juicio, el encausado relató al tribunal que celebró la Nochevieja de 2018 con sus seis hijos y demás familiares mediante la ingesta de todo tipo de bebidas alcohólicas, entre cerveza, vino y whisky, y que al término de la cena salió a la calle y alguien que andaba por allí le cedió gustosamente una «pistola de fogueo» que utilizó para disparar al aire una ráfaga.

«Esa noche nos pusimos de esa manera. Yo estaba muy agustito, borrachillo, me pasaron la pistola, la utilicé y luego la devolví», alegó el ‘Monchín’, quien aseguró que el arma, que él creyó de fogueo, la tuvo luego unos segundos y acto seguido la entregó de nuevo a su propietario, de quien precisó que no era miembro de su familia y al que no conocía.

Rafael, que incidió en los problemas de alcoholismo que tenía y que aún le acompaña, enmarcó lo ocurrido aquella noche en lo que calificó de «tradición», en referencia al rito de celebrar a tiros el cambio de año que por aquellos días generó la alarma en Valladolid al registrarse varios incidentes de este tipo en los barrios de las Viudas y Pajarillos.

Uno de sus hijos, José Enrique R.R. (‘Boni’), quien aparece en las imágenes disparando con una pistola y que se encuentra inmerso en otro procedimiento distinto, se acogió a su derecho de no declarar, mientras que otros familiares, su sobrino Israel y su nuera Desiré, trataron de ‘echar un cable’ al acusado al incidir en su grave problema de alcoholismo.

Así, el primero de ellos ratificóo la versión de que aquel día su tío se había pasado con el alcohol. «Ya saben como somos los gitanos. Nos desfasamos bebiendo esa tarde y luego bebimos más en la cena. El más borracho de todos era el Rafa, que, la verdad, no controlaba», remarcó el también integrante del clan de los ‘Monchines’.

LA POLICÍA LO TIENE CLARO

Aunque la defensa y el propio encausado sostuvieron que era de fogueo el arma que parece en las imágenes, con cuyo visionado se inició el juicio, el jefe de la Brigada de Homicidios, que actuó de instructor del atestado, tenía muy claro que el subfusil Ingram MAC 10 utilizado por Rafael era de fuego real, algo que luego vinieron a ratificar dos peritos de la Brigada de Policía Científica.

«La valoración profesional es que era de fuego real por el retroceso del arma. Si fuera de fogueo el retroceso es menor. Yo he disparado subfusiles y no tengo duda de lo que digo», enfatizó el agente de la Policía Nacional.

El policía también explicó que la detención del procesado se produjo a raíz de que en los primeros días del recién estrenado 2019 empezaran a circular por redes sociales imágenes de varios tiroteos en Valladolid, entre ellos el protagonizado por Rafael y su hijo ‘Boni’.

En dicha grabación, de escasos 18 segundos en dos secuencias distintas pero concatenadas, se ve primero al acusado disparar desde la ventana de su vivienda y luego, ya en la calle, al hijo utilizar tres veces una pistola y acto seguido al padre hacer lo propio con el subsfusil con el que dispara una ráfaga.

El agente identificó, sin duda alguna, la vivienda de Rafael, sita en la calle Duero, en el barrio de Las Viudas, puesto que, como así apostilló, no es la primera vez que ha tenido que ir por motivos profesionales.

El funcionario mantuvo que la persona que aparece inicialmente disparando desde dentro del piso con el subfusil, en concreto desde una de sus ventanas, la que da a la calle Adaja, no era otra que el procesado. Incluso explicó que en las imágenes se ve cómo uno de los cartuchos percutidos queda depositado en el alféizar de la ventana.

Por ello, la acusación pública mantuvo invariable su petición de diez años de cárcel por delito de tenencia y depósito de armas de guerra, con la agravante de reincidencia, junto con la prohibición para el derecho a la tenencia y porte de armas por espacio de 13 años, frente a la absolución solicitada por la defensa–alegó que no se ha intervenido el arma y que ésta era de fogueo–y que, alternativamente, en caso de condena se aplicara a su patrocinado la atenuante de intoxicación etílica.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este viernes que con la decisión de dejar la sede nacional del PP, situada en la calle Génova de Madrid, buscan «cancelar» las dos «hipotecas» que tienen, la del inmueble y la que pagan «por personas que se aprovecharon de las siglas en beneficio propio», en alusión al extesorero Luis Bárcenas.

Así se ha pronunciado García Egea en una entrevista en el programa ‘La Sexta Columna’ –que se emitirá por completo esta noche– pero que ha adelantado en parte el programa ‘Al Rojo Vivo’ este mediodía, después del desconcierto que ha provocado entre algunos cargos del partido el anuncio de Pablo Casado de abandonar la histórica sede del partido.

«Nosotros hemos pagado ya muchas hipotecas. Hay una hipoteca que hemos pagado y que estamos pagando, que es la de este edificio, y luego hay otras hipotecas que estamos pagando por personas que se aprovecharon de nuestras siglas en beneficio propio», ha proclamado García Egea.

DICE QUE NO QUIEREN SEGUIR PAGANDO LA HIPOTECA DE BÁRCENAS

En este sentido, ha asegurado que su partido no está «dispuesto a seguir pagando ese tipo de hipotecas». «Queremos cancelar las dos, la de la sede y las otras», ha abundado. De hecho, el propio García Egea achacó el pasado domingo su batacazo en las elecciones catalanas –donde cosechó su peor resultado histórico con solo tres diputados– al «juego sucio» por Bárcenas.

Al ser preguntado si han recibido algún tipo de mensaje desde el entorno de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy sobre esa decisión, García Egea ha señalado que «ambos respetan el trabajo que se está haciendo».

«Y creo que todos los españoles, incluidos ellos dos, creen que lo mejor para España en este momento es que el PP pueda ofrecer un proyecto de futuro para todos los españoles y, por tanto, esta nueva etapa lo va a facilitar enormemente», ha añadido después.

LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PP ESTÁ «PLENAMENTE GARANTIZADA»

En cuanto a si el cambio de sede tiene que ver con la situación contable del PP, el secretario general de los ‘populares’ lo ha rechazado de plano. «Ni mucho menos, nosotros nos hemos organizado perfectamente. No es ninguna operación más allá de abrir una nueva etapa en otro lugar físico», ha explicado.

Al ser preguntado de nuevo si no tiene que ver con el crecimiento de la deuda en 13 millones de euros de un año a otro, García Egea ha insistido en que el conjunto del partido «en todas sus administraciones territoriales es perfectamente sostenible». «La sostenibilidad financiera del PP está hoy plenamente garantizada», ha recalcado.

CASADO HA ENCARGADO A GARCÍA EGEA EL TRASLADO

Casado ha encargado a García Egea el traslado de sede, según fuentes del PP, que admiten que no está decidido aún si el PP optará por alquilar o por vender. Según las estimaciones del portal inmobiliario idealista, si el partido opta por arrendar obtendría entre 140.000 y 160.000 euros al mes, mientras que con la venta podría conseguir hasta 36 millones.

La sede del PP, situada en Génova 13 y desde cuyo balcón ha celebrado el partido sus victorias electorales, cuenta con 10.243 metros distribuidos en nueve plantas de oficinas y cuatro de aparcamiento. Los ‘populares’ están instalados en ese edificio desde 1983 (entonces como Alianza Popular) pero optaron por comprar el inmueble a Mapfre en 2006, por unos 37 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Cádiz que condena al tripulante de una embarcación que transportaba 711,8 kilos de hachís a cuatro años y medio de cárcel y a cinco años al dueño de dicha embarcación, después de que la misma naufragase en la costa de Chiclana de la Frontera. Aunque el segundo condenado había impugnado la condena inicial, el Alto tribunal andaluz ha desestimado su recurso de apelación.

En su sentencia, emitida este pasado jueves, el TSJA analiza un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz, condenando al súbdito marroquí Sara A. a cuatro años y medio de cárcel y una multa de más de 3,5 millones de euros, por un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, con notoria importancia y especial gravedad por el uso de embarcación; y a Jesús M.E. a cinco años de cárcel y la misma multa por el mismo delito.

Según la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia, Jesús M.E. «puso a disposición de Sara A. la embarcación rígida y de recreo de su propiedad, con motor fuera borda de 80 CV»; y el 23 de octubre de 2019, el segundo de los acusados «pilotó la referida embarcación cargada con 23 fardos de hachís hasta las costas españolas, si bien al llegar a la zona de la Torre del Puerco en Chiclana de la Frontera perdió el control de la embarcación, que zozobró en la orilla, siendo detenido por agentes de la Guardia Civil».

La droga transportada en la embarcación arrojó un peso de 711,8 kilos, con un valor calculado de más de 1,19 millones de euros en el mercado ilegal.

RECURSO AL TSJA

Frente a ello, la defensa de Jesús M.E. interpuso un recurso de apelación ante el TSJA, considerando que la Audiencia de Cádiz había «incurrido en error en la valoración de la prueba con vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva», alegando que él «carece de relación alguna con la sustancia que fue transportada a la costa gaditana en la embarcación de su propiedad y que ésta ha debido de ser usada por alguna otra persona sin su conocimiento, como ha ocurrido en otras ocasiones, ya que hay terceros que utilizan el vehículo en cuestión».

Así, la defensa de Jesús M.E. recordaba que el mismo «no se hallaba en la zona donde fue encontrada la embarcación y donde se recuperaron los fardos de hachís».

Empero, el TSJA esgrime que este acusado es el «propietario» legal de la embarcación, «indicio claramente incriminatorio de su participación en el tráfico del cargamento intervenido», ofreciendo este hombre «explicaciones confusas, contradictorias y opuestas en ocasiones a la realidad de los hechos constatados por otras vías».

«El hecho de que Jesús M.E. no es el único que utiliza la nave es claro a la vista precisamente de la intervención del coacusado, Sara A., pilotándola para traer la droga, pero aunque en otras ocasiones también haya sido puesta a disposición de terceros, cosa posible y nada inusual, lo que no consta en modo alguno es que haya ocurrido sin conocimiento ni consentimiento del dueño, y menos aún que ese uso inconsentido haya tenido lugar en el marco del hecho enjuiciado, ni que circule esa llamativa pluralidad de juegos de llaves que viene a describir el recurrente al alcance prácticamente de cualquiera», zanja el TSJA, que desestima por completo el recurso de apelación y confirma la condena.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido acumular las condenas de José Enrique Abuín Gey, alias ‘El Chicle’, por el intento de secuestro y agresión de una joven de Boiro y por el asesinato de Diana Quer, y ha establecido en un mínimo de 18 los años que deberá pasar en prisión antes de solicitar el tercer grado, régimen de semilibertad.

En un auto fechado este jueves, la Audiencia ha acordado que los cinco años de prisión a los que Abuín Gey fue condenado por el suceso de Boiro, previos a la condena por el caso Diana Quer, se sumen a la pena de cuatro años de prisión, por una parte, y permanente revisable, por otra, a los que fue condenado por el crimen de la joven madrileña. Con ello, establece que El Chicle debe cumplir por ambos sucesos la pena de prisión permanente revisable de forma acumulada.

Asimismo, determina que, debido a la unión de las penas de estas dos sentencias, a efectos de acceso al tercer grado o de solicitar una revisión de la condena, se computan los plazos como si solo hubiese sido sentenciado a una única pena de prisión permanente revisable.

En concreto, fija que Enrique Abuín deberá pasar al menos 18 años en prisión antes de solicitar el acceso al tercer grado penitenciario –el régimen de semilibertad– y 25 años de cárcel antes de solicitar la revisión de la condena y pedir una posible libertad total.

José Enrique Abuín Gey fue condenado en diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de A Coruña como autor material de la detención ilegal, agresión sexual y asesinato de la joven Diana Quer, que desapareció en agosto de 2016 en las fiestas de la localidad coruñesa de A Pobra. Su cuerpo no fue localizado, sin embargo, hasta 500 días después, oculto en un pozo en la parroquia de Asados, en Rianxo.

En concreto, por este crimen, El Chicle fue condenado a la pena de prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato con alevosía cometido para ocultar una agresión sexual, así como a cuatro años de cárcel por detención ilegal y agresión sexual. El Tribunal Supremo confirmó casi un año después el fallo en los mismos términos.

Unos meses antes de esta sentencia, en abril de 2019, Enrique Abuín había sido condenado a cinco años de prisión por detención ilegal e intento de agresión sexual por unos hechos sucedidos en Boiro en la Navidad de 2017. Su detención como sospechoso de este segundo caso y los nexos que lo vinculaban a la desaparición de Diana Quer desencadenaron la resolución del crimen de la joven madrileña, ya que Abuín llevó a los agentes hasta la nave de Asados dos días después de ser apresado por el intento de agresión.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la condena a 14 años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia de Sevilla a un varón por un delito continuado de agresión sexual en la modalidad de acceso carnal sobre la nieta de su mujer, de siete años de edad a la fecha de los hechos, reduciendo la condena a seis años por un delito continuado de abusos sexuales a menor de trece años.

En su sentencia, difundida por el TSJA, fechada este pasado jueves, el Alto tribunal andaluz trata un recurso de apelación contra una sentencia emitida por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, condenando a un varón identificado como Andrés R.P. a 14 años y medio de cárcel, por un delito continuado de agresión sexual, en la modalidad de acceso carnal, agravada por realizarse sobre una persona especialmente vulnerable y con prevalimiento de relación de parentesco.

Según el relato de hechos probados de la sentencia inicial de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, en 2007, cuando la víctima tenía siete años, Andrés R.P., marido de la abuela de esta menor, «aprovechándose del acceso que ese parentesco le daba», comenzó a llevar a cabo los actos, «los cuales se prolongaron hasta que la niña alcanzó los once o doce años».

Frente a ello, la defensa de Andrés R.P. interpuso un recurso de apelación ante el TSJA, señalando respecto a la sentencia condenatoria «un error de apreciación probatoria, al dar crédito a las declaraciones de la joven acerca de las prácticas sexuales de distinto orden a las que dice le sometió durante largo tiempo el que fuera marido de su abuela; error que repercutiría en una vulneración de la presunción constitucional de inocencia por insuficiencia de la prueba», según esgrimía la defensa.

LA SEPARACIÓN DE LA ABUELA

Al respecto, la defensa del acusado señalaba una supuesta «vil manipulación» de la menor por parte de su abuela, y por influencia de esta también por los padres, «a raíz de la separación y posterior divorcio entre aquella» y Andrés R.P.

Empero, el TSJA asegura que «en el relato de la menor no se advierte interferencia adulta: como señala el informe psicológico de evaluación y ha podido comprobar el tribunal», exponiendo que su testimonio en el juicio estuvo marcado por detalles y descripciones de la niña que «dotan de espontaneidad y expresividad» al mismo, «alejando cualquier sospecha de fabulación o de manipulación por adultos».

El TSJA señala además la «corroboración objetiva» implícita en «la constatación de las secuelas psíquicas que presenta la menor como consecuencia del abuso sufrido, tal como acredita el informe pericial de tratamiento emitido por psicólogas diferentes de las que realizaron el informe de evaluación».

EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

Pero aunque «la declaración de la joven supera holgadamente en un análisis crítico objetivo» los «parámetros consagrados como criterios de valoración probatoria del testimonio impropio de la supuesta víctima», lo cierto es que «el relato fáctico de la sentencia impugnada contiene un párrafo que carece de suficiente fundamento en el relato de los abusos que ofrece la menor y cuya inclusión obedece a un error».

Por eso, el TSJA estima parcialmente el recurso de apelación de la defensa del acusado, revoca la sentencia inicial y condena a Andrés R.P. por un delito continuado de abusos sexuales a menor de 13 años y con prevalimiento de relación de parentesco, concurriendo en un caso tentativa de acceso carnal y sin circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal, a la pena de seis años de prisión.

Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reunirán los próximos días 23 y 24 de febrero en Madrid para abordar el trabajo de las oficinas diocesanas contra los abusos, que abrieron hace más de ocho meses; para hablar sobre la eutanasia y sobre la posibilidad de que las mujeres sean lectoras y acólitos, entre otros temas.

Durante la que será su primera reunión de 2021, los prelados dialogarán sobre el trabajo de las oficinas abiertas en todas las diócesis españolas para atender a las víctimas de abusos sexuales, que llevan funcionando desde hace más de ocho meses.

El pasado mes de noviembre, el secretario general de la CEE aseguró que estas oficinas apenas habían recibido denuncias en sus primeros seis meses de funcionamiento. «Cero o muy pocas», indicó.

Estas oficinas están abiertas desde antes del pasado 1 de junio, en cumplimiento con lo establecido por la Santa Sede, con el objetivo de proteger a los menores de abusos y de que las víctimas puedan presentar denuncias.

Por otro lado, los obispos españoles hablarán la próxima semana sobre la eutanasia, dos meses después de que el Congreso de los Diputados aprobara la ley que regula esta práctica; y abordarán asimismo el testamento vital, al que ya se refirió el pasado mes de diciembre el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

«Animaremos desde la práctica pastoral a que en el testamento vital se diga explícitamente que uno no quiere que se le practique la eutanasia, que quiere recibir cuidados paliativos y que tampoco quiere ensañamiento terapéutico», declaró entonces Luis Argüello.

Además, durante el encuentro, los prelados abordarán la puesta en marcha del cambio introducido por el Papa Francisco para permitir que las mujeres puedan ejercer el ministerio estable de lector y acólito, un papel reservado hasta ahora a los varones, dándoles así funciones en el altar.

Los obispos también estudiarán las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025; dialogarán sobre la puesta en marcha del plan de formación que fue aprobado en la anterior Plenaria y analizarán el trabajo de la nueva plataforma Ábside, en la que los obispos han aglutinado sus medios de comunicación: Trece y Cope.

«Ni de broma me metí nunca en su cama», ha declarado este viernes el hombre de 68 años vecino de la parroquia de Chavaga en Monforte de Lemos, juzgado en la Audiencia Provincial de Lugo por abusar de su hija con una discapacidad psíquica del 67 por ciento.

Además de padecer la víctima «retraso mental», según se ha abordado en el juicio, también sufre de «oligrofenia», que no la impidieron declarar ante el tribunal ante el que ha admitido que se llevaba «bien» con su padre y con su madre y que «papá» no se metía en la cama con ella.

Argumentos coincidentes, dado que el padre ha insistido en que «ni de broma» se acostaba con su hija que en la actualidad tiene 29 años. Según sostiene la Fiscalía, los abusos se habrían producido tras cumplir ella la mayoría de edad.

El hombre ha justificado la acusación porque a su hija la habría inducido a ello una hermana que no es hija propia del procesado, quien sí admitió que la relación era «mala» con esa hermana de su hija.

También ha replicado al respecto de por qué se negó a someterse a una prueba de ADN cuando fue detenido, hace de ello tres años. «El ADN no se lo doy a nadie», ha subrayado.

La Fiscalía reclama para el procesado nueve años de prisión, además de una indemnización de más de 3.500 euros y una orden de alejamiento y comunicación durante los próximos 16 años.

El Ministerio Público mantiene que el hombre se aprovechó para «satisfacer sus deseos libidinosos» su condición «de padre y de la discapacidad de la hija en múltiples ocasiones» desde la mayoría de edad de la joven.

En el relato fiscal se sostiene que este vecino de Monforte se introducía por la noche en la habitación de la víctima e incluso llegaba a la penetración. El último de estos supuesto abusos se produjo el 23 de enero de 2018, cuando la hija logró huir una vez finalizada esa agresión sexual.

La abogada de la defensa, Rocío Balado, ha vuelto a asegurar, antes de entrar en sala, que va a pedir la libre absolución al «no haberse acreditado para nada» los hechos.

Agentes de la Guardia Civil acudieron en la mañana de este viernes, sobre las 8,00 horas, al domicilio familiar del hombre, en la parroquia de Chavaga, a recogerlo después de este jueves se ausentara del juicio que este viernes sí pudo celebrarse. Fuentes de la Guardia Civil han señalado que el procesado no opuso resistencia.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apostado por alcanzar un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno en el Consejo Interterritorial para limitar la movilidad en Pascua porque «va a ser un momento muy complejo» en el que incluso se podría «perder la trazabilidad» del virus que se va a recuperar con la caída de casos actual.

Así lo ha expresado Puig este viernes en una entrevista, en la que ha defendido este acuerdo a nivel estatal para este periodo festivo. «Pensamos que debe haber una posición del conjunto del sistema, porque es muy importante consolidar ahora. Si consolidamos, probablemente los próximos meses tendremos más oportunidades de ir hacia la normalización con mayor vacunación y mayor capacidad de contención de la pandemia», ha explicado.

Respecto a la flexibilización de las restricciones a partir de marzo, ha incidido en que no se puede «malgastar» el esfuerzo realizado en «unos pocos días», y ha reiterado que la situación todavía es «muy difícil».

De hecho, respecto al aligeramiento de estas medidas, ha apuntado que se tomarán las decisiones la próxima semana, cuando se convocará una Comisión Interdepartamental, que tendrá en cuenta el «semáforo» que establece el Consejo Interterritorial de Sanidad. Así, prevé que en los próximos días «se vayan consolidando» los datos y espera una mayor «constatación de la bajada» de la incidencia. No obstante, ha recordado que «estamos aún en un riesgo alto».

Puig ha insistido que «nadie quiere restricciones», pero que se hacen «para intentar evitar contagios y muertes, pero no porque a nadie le produzca ningún tipo de satisfacción». Por ello, ha apostado por «flexibilizar, pero al mismo tiempo mantener con toda determinación la posición»

Preguntado por los ámbitos en que comenzarán a levantarse las medidas, ha indicado que hay «una voluntad de actuar en función de lo que ya se sabe que genera mayor sociabilidad». «No es lo mismo un comercio que un bar o un restaurante, entre otras cosas porque se está más tiempo juntos en un bar y un restaurante y se quita la mascarilla», ha apuntado.

«Tenemos que insistir y aunque haya alguna flexibilización, que la va a haber si todo continúa igual, tenemos que continuar insistiendo en aquello que ya sabemos que es positivo para superar la pandemia, que es, desde luego, el uso permanente de la mascarilla, la limpieza y la higiene de manos y la ventilación», ha apuntado. De hecho, ha incidido en esta última cuestión, que «ahora va a ser más fácil porque vamos hacia un tiempo más favorable».

«TENEMOS QUE RESPIRAR UN POCO»

En este sentido, ha defendido que «nunca nos podemos olvidar» que estamos «en el medio» de la pandemia aunque «tenemos que respirar un poco», algo que considera «necesario» por las consecuencias «económicas, sociales y también psicológicas».

Respecto a esta última cuestión, ha remarcado que este virus ha afectado a «todo aquello que tiene que ver con nuestra manera de ser» ya que ha atacado «fundamentalmente la sociabilidad, el contacto, nuestra manera de ser mediterráneo». De hecho, ha considerado, ahora que se acerca el aniversario del primer estado de alarma, que ha sido un año «realmente duro», y lo ha calificado de «annus horribilis».

Si las flexibilizaciones se producen a partir de marzo, coincidirán con el periodo festivo por las Fallas o la Magdalena, sobre las que Puig ha zanjado: «No hay Fallas ni Magdalena y tenemos que tener la conciencia de que no hay espacio de sociabilidad asociado a la fiesta, porque no hay fiesta». «Ya habrá fiesta cuando podamos», ha agregado.

De hecho, le gustaría que «pudieran celebrarse alguna de estas fiestas» incluso este año, pero «a día de hoy» no. No obstante, ha defendido el «derecho al descanso» aunque «es y debe ser un descanso diferente al que hemos planteado en otras ocasiones».

«Aunque ahora haya una cierta flexibilización, no pueden hacerse fiestas ni particulares ni fiestas en ámbitos más allá de los lugares de ocio. Tenemos que ser conscientes de la situación: Estamos mejor, pero aun estamos mal», ha agregado.

Esto, afirma Puig, «cuesta mucho», y ha agradecido «sobre todo a los jóvenes». «Hay jóvenes que han pasado sus 18, 19 o 20 años encerrados en casa todo un año», algo que es «muy duro».

VACUNACIÓN

Por lo que respecta a la vacunación masiva, que prevén que comience a final de marzo, Puig ha adelantado que se prevé un gran centro de vacunación en cada capital de provincia y Elche y, por lo menos, se habilitará un espacio para inocular dosis en cada capital de comarca.

En este sentido, ha indicado que este sábado se reunirá la comisión de vacunación para tratar en qué lugares se establecerán estos centros. Además, ha indicado que los hospitales de campaña son tres espacios que «seguro que se van a utilizar».

El president ha defendido que la vacunación es el «gran activo» actualmente contra la pandemia, aunque se ha mostrado concernido por las incógnitas que plantean las nuevas cepas o la posibilidad de que haya que vacunar anualmente.

Sin embargo, ha defendido la respuesta de la ciencia ante la pandemia, y ha apuntado que, hasta ahora, apenas había «no llega a tres decenas de vacunas» para todas las enfermedades, y «en un año, la ciencia ha conseguido que haya un conjunto» de inyecciones para este coronavirus.

En este sentido, ha esperado que la vacuna de Janssen se apruebe a principios de marzo. Respecto a las actuales, ha lamentado la «insuficiencia de dosis», y ha remarcado la complejidad logística de las actuales, debido a la doble dosis, la refrigeración o el transporte.

Pese a ello, ha argumentado que «hay casi 100.000 valencianos que están inmunizados», lo que «ha tenido un resultado positivo ya en la bajada de contagios en las residencias».

El PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no condenar a quienes desde el Gobierno «alientan» la violencia en las calles ante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, en referencia a Unidas Podemos. Y tanto los de Pablo Casado como los de Santiago Abascal le han reiterado que dimita.

Así lo han puesto de manifiesto los tres partidos durante sus intervenciones en la Comisión de Interior del Congreso, donde este viernes ha comparecido Marlaska para dar cuenta de la gestión de su Ministerio en el temporal de nieve ‘Filomena’.

Sin embargo, teniendo en cuenta que ha pasado más de un mes de ese fenómeno climático, la mayor parte de los grupos parlamentarios han centrado buena parte de sus intervenciones en otros asuntos y singularmente en éste, dada su actualidad, lo que ha provocado no pocas llamadas a la cuestión por parte de la presidenta de la Comisión, la socialista Ana Botella.

QUE REACCIONE IGUAL QUE HIZO CON EL ‘APRETEU’ DE TORRA

En el PP, la diputada Ana Vázquez ha reclamado al ministro que haga lo mismo que pidió hace un año al entonces presidente catalán Quim Torra y condene «de manera firme, rotunda y sin medias tintas» la violencia que se ha visto estos días contra la Policía Nacional en las calles.

«Pablo Iglesias es culpable de lo que pasa en las calles y Sánchez es responsable, y si usted no es capaz de condenar de manera expresa la violencia contra los policías, debe dimitir», ha manifestado.

Vázquez se ha preguntado cómo es posible que el presidente aún no haya cesado a su vicepresidente segundo y líder de Podemos, cuya entrada en el Ejecutivo sí que ha sido una «anormalidad democrática». También lo es, a su juicio, que el exdiputado de Podemos Juan Antonio Delgado, ahora asesor del ministro Marlaska, también esté «alentando» a la violencia contra la Policía y la Guardia Civil.

Además, Vázquez ha mostrado su sorpresa por que el Gobierno aún no haya instado a la Fiscalía a abrir una investigación al «impresentable» portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por «incitar a la violencia» a través de su Twitter por respaldar «a un señor que deseaba que volaran la nuca a cargos del PP».

Y, en este punto, se ha dirigido a Podemos para pedir a sus representantes en la comisión que mirasen a la cara de sus compañeros Teresa Jiménez Becerril y Jaume Mateu, cuyos familiares fueron asesinados por la banda terrorista ETA, y decirles que lo que hace Hasel es «una obra de arte».

EL GOBIERNO QUE «ABANDONA» A LOS ESPAÑOLES

De su lado, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha comenzado mostrando su repulsa hacia los que «atacan» a los españoles y «pisotean» el ordenamiento constitucional, bien a través de «golpes de Estado» en Cataluña, bien atacando a partidos como el suyo en una campaña electoral o bien destrozando las calles por apoyar a «delincuentes reiteradamente condenados», como Hasel.

Concretamente, ha condenado a Unidas Podemos por «alentar y amparar» a esos «delincuentes» desde el Gobierno y ha afeado al ministro que no haya hecho lo propio con esta actuación de sus socios de Gobierno ni se haya puesto del lado de los policías.

«No lo ha hecho y le pido que presente la dimisión o sea cesado de manera inmediata», ha enfatizado Ortega Smith, antes de acusar al Gobierno de haber «abandonado» a los españoles «en los momentos más difíciles, como en la pandemia, la emergencia climática de Filomena o ahora que hay una terrible emergencia de seguridad en las calles».

Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez ha tachado de «auténtica vergüenza» los disturbios que se están viendo en diversas ciudades españolas en los últimos tres días y ha agradecido al ministro que se haya posicionado al inicio de su comparecencia del lado de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ahora bien, le ha recriminado que nadie en el Gobierno diga «nada» de quienes alientan desde su seno, en alusión a Unidas Podemos, esos comportamientos «incívicos» e «intolerables» que, a su juicio, «nada tienen que ver con la libertad de expresión».

En su turno, el portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha criticado que se trata de responsabilizar a Echenique o Iglesias de lo sucedido en las calles cuando, a su juicio, son las Fuerzas de Seguridad las que «no son capaces de controlar una manifestación teniendo los medios y la proporcionalidad de recursos para ello». «El problema es cuando la violencia se produce después de la intervención policial porque eso supone un fracaso esa intervención», ha denunciado.

«QUE COBREN LOS VALLECANOS Y NO LOS CAYETANOS»

Y, frente a las críticas del PP, Vox y Cs, Santiago se ha centrado en atacar a los de Santiago Abascal por «alentar» comportamientos «indebidos» de policías y guardias civiles cuando la protesta es antifascista y de mirar a otro lado cuando es «antisemita». «Que cobren los vallecanos y no los cayetanos», ha denunciado

«La kale borroka es vuestra», ha replicado el diputado de Vox Luis Gestoso a Santiago, con el que se ha enzarzado en una discusión que ha obligado a la presidenta de la comisión a mediar y recordar a sus señorías que el Congreso «no es un colegio» y que era el temporal Filomena el objeto de la comparecencia de Marlaska.

Sin embargo, el diputado de Unidas Podemos ha continuado criticando que existan elementos «desestabilizadores» en las Fuerzas de Seguridad del Estado «alentados por la extrema derecha» que instan a policías y guardias civiles a «obviar» su obligación de neutralidad y a «intervenir» en política animando a sus respectivos sindicatos a sacar comunicados «insultando» a Unidas Podemos con el único objetivo de «desgastar» al Gobierno.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado en las protestas violentas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél un aumento de jóvenes –en algunos casos incluso menores de edad– sin una gran carga ideológica y perfil diverso que se mezclan con otros grupos antisistema con pasado violento y ya habituales en enfrentamientos con policías.

Subrayan la actividad en redes sociales de los denominados «movimientos antirrepresivos» y que la mayoría de las protestas no son comunicadas previamente. También que una de las causas analizadas por los expertos policiales es la «fatiga» por las restricciones derivadas por la Covid-19.

«No hay un perfil definido», reconocen fuentes policiales, que advierten que se sigue analizando la información tras tres días de protestas con disturbios y altercados que surgieron en Cataluña, donde fue detenido Pablo Hasél, extendiéndose las convocatorias a otras ciudades como Madrid o Valencia.

Recuerdan que es un fenómeno en evolución, ya que, a partir de la supuesta defensa de la libertad de expresión y el rechazo a la Policía, se siguen protagonizando incidentes como los de este viernes con el asalto a las oficinas de la Universidad de Barcelona. Hace dos días la violencia se dirigió contra la comisaría de Vic, al igual que contra medios de comunicación o comercios.

El pasado miércoles en la Puerta del Sol de Madrid se mezclaron, de acuerdo a las fuentes consultadas, personas afines a grupos como Bukaneros, Distrito 14 o Izquierda Castellana y, por otra parte, jóvenes que causaron sorpresa por su agresividad, a pesar de no formar parte de estos otros colectivos ni participar en sus asambleas.

En Cataluña se detecta, además de esta amalgama de grupos antisistema –anarquistas y también autodenominados genéricamente como antifascistas–, a seguidores de esos otros colectivos que llevan meses movilizados en defensa de los presos del 1-O y del independentismo. Muchos visten capucha de sudadera para taparse el rostro y llevan herramientas para arrancar adoquines.

EL CONTEXTO DE LA COVID

Otras fuentes añaden como dato relevante que la protesta en varias ciudades está sirviendo como «mecanismo de escape» ante los toques de queda y las restricciones de movilidad por la Covid-19, debido a la «fatiga y cansancio» acumulado.

Recuerdan lo ocurrido en Linares (Jaén), donde una paliza de dos policías fuera de servicio a un vecino en presencia de su hija derivó en protestas violentas, con un trasfondo donde detectan hartazgo por la mala situación económica que vive esta ciudad andaluza.

El Ministerio del Interior señaló este jueves que detrás de los altercados hay una «minoría de violentos», un mensaje que ha repetido Fernando Grande-Marlaska hoy en el Congreso de los Diputados, reiterando su apoyo a los policías que hacen frente a los disturbios tras la entrada en prisión de Pablo Hasél, un rapero con varias condenas por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y también por amenazar a un testigo.

Las fuentes consultadas se remiten también a protestas como la registrada el pasado mes de septiembre frente a la Asamblea de Madrid en el barrio de Vallecas, en este caso contra los confinamientos en algunos barrios por la Covid-19, aquí en teoría porque se estaba perjudicando a zonas más desfavorecidas en comparación con otras como el Barrio de Salamanca.

LOS DENOMINADOS «ANTIRREPRESIVOS»

Las redes sociales son clave para difundir sus consignas y convocatorias. En los últimos días, las citadas fuentes ven una actividad más prolífica desde cuentas como la del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, que difunde carteles con una fotografía de Pablo Hasél puño en alto, así como la lista de lugares en varias ciudades donde llaman a concentrarse, con lemas como «¡Sin descanso, amnistía total!»

Desde la percepción de estos movimientos, Pablo Hasél fue «secuestrado por decir verdades» cuando los Mossos d’Esquadra accedieron a la Universidad de Lleida para que ingresara en prisión. Las fuentes policiales interpretan que la defensa de la libertad de expresión es una excusa para llevar a la calle a partidarios de provocar altercados, una opinión que comparten los principales sindicatos policiales, muy críticos con las palabras del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, al entender que «alienta» la violencia.

Además de apoyar a los detenidos en los disturbios, estos movimientos difunden las convocatorias bajo el lema genérico ‘¡Libertad para Pablo Hasel!’, de forma que al menos hasta el 21 de febrero mantienen sus protestas en ciudades como Lleida, Bilbao, Salamanca, Valencia, Almería, Tenerife o Santander. En las últimas horas están llamando a movilizarse este sábado de nuevo en Madrid.

Sobre los arrestos son contundentes: «¡No quedarán sin respuesta! Por Pablo, por los detenidos, en contra de la represión y el abuso policial, seguiremos en las calles».

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha indicado este viernes, sobre las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que «en democracia no se ejerce ningún derecho por la violencia» y ha apuntado que «la gente de paz no hace actos violentos». A su vez, ha dicho que «los derechos se reivindican desde el derecho» y que este «se cambia desde el derecho».

Ábalos se ha pronunciado así en València, tras firmar con su alcalde, Joan Ribó, el Protocolo Agenda Urbana, preguntado por dichas movilizaciones y por declaraciones de responsables políticos respecto a la actuación policial en ellas. «No soy partidario de recrearme en las manifestaciones que van haciendo las personas», ha señalado sobre esta última cuestión, además de indicar que si se entra en eso «se olvida lo importante, que son los hechos».

«En esas espirales no participo nunca. Así que no opino sobre lo que opine otro. Yo opino sobre los hechos» ha dicho José Luis Ábalos, que ha precisado que lo hace desde su posición de «ministro de un gobierno» y «no desde la posición de quien está en una manifestación».

Tras ello, ha asegurado que a este respecto «siempre» ha pensado «igual» y ha subrayado que cuando participaba «en manifestaciones clandestinas» no le gustaba «romper un escaparate», que no tiró «ningún contenedor», que no hizo «nada» ni provocó «un destrozo» y que solo corrió para que no le cogieran.

«Si entonces no lo hice, con 16 años, en 1976 y con una situación con muchas manifestaciones, obviamente ahora tampoco lo voy a compartir como ministro de un gobierno. No comparto el uso de la violencia en ninguna de sus expresiones, ni en la vida cotidiana, ni en el ámbito doméstico, ni en el ámbito público porque cualquier expresión de violencia surge de un carácter violento. La gente de paz no hace actos violentos y en democracia no se ejerce ningún derecho por la violencia», ha expuesto.

Ábalos ha añadido que no cree en «la teorías prejurídicas o naturalistas que justifican el uso de la violencia en situaciones objetivas o subjetivas». De este modo, ha planteado que «los derechos se reivindican desde el derecho» y que este «se cambia desde el derecho» y ha matizado que si «hay que cambiar determinadas leyes o legislación» por estimar que «están desproporcionadas respecto de los hechos que merecen sanción» se sabe «cuál es el camino».

El ministro ha afirmado que este es «modificar la legislación, en este caso, penal», a la vez que ha considerado que «sobredimensionar opiniones» puede llevar a que «alguien con relativa dimensión adquiera una talla que no se merece». Ha apuntado que «la relevancia de los hechos debe implicar la sanción penal» y ha agregado que «una expresión, por más que nos duela, no debería llevar la privación de libertad».

«La privación de libertad debe ser el último recurso. Eso debemos de cambiarlo con el procedimiento que a conocemos. No hace falta que hagamos ninguna algarada, basta con una iniciativa legislativa como la que este Gobierno está decidido a hacer», ha manifestado José Luis Ábalos, que ha insistido en que «la consecuencia de determinados hechos» debe ser «proporcional».

Tras ello, el también responsable socialista ha reiterado que «no participa de ningún acto violento» y que no le gusta «ver las pintadas, que haya entidades o personas que no forman parte» de un asunto «y que se ven afectadas por el derecho de alguien». A este respecto, ha indicado que «no hay derechos ilimitados» o «absolutos» sino «derechos fundamentales» y puntualizado que «todos» están «limitados por otro derecho», además de abogar por equilibrar la proyección de los derechos fundamentales».

«CUMPLEN SU PAPEL»

Sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ábalos ha afirmado que «cumplen su papel». Ha aseverado que «puede ser que haya alguna actuación aislada que nos indigne porque es contradictoria con la función pública que representan y la confianza» depositada en ella pero ha dicho que «en general» apela al «trabajo profesional» de este colectivo.

«Les otorgo siempre la presunción de la profesionalidad», ha expuesto el ministro, tras lo que ha agregado que si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «intervienen es porque seguramente hay motivos para intervenir». Ha comentado que la Policía no ha hecho vídeos en los que se vea «la otra situación» y ha apuntado que también hay «heridos» en ella aunque ha descartado hacer «propaganda» y ha resaltado que «la responsabilidad de los poderes públicos es actuar con objetividad y no tomarse esto como una cuestión de bandos o de bandas».

«Hay situaciones poco comprensibles pero deben resolverse por la vía del derecho y siempre de forma pacífica», ha añadido Ábalos. Ha hablado de la «dificultad» para ejercer el trabajo policial en ocasiones y ha expresado su «confianza» a los agentes pero ha precisado que eso no supone «ni cheque en blanco» ni que «todo es posible» o que «todo está bien».

Preguntado por si en el Ejecutivo central hay malestar por las distintas declaraciones sobre las manifestaciones celebradas a partir del encarcelamiento de Pablo Hasél, el ministro ha respondido que «haydos cuestiones: la realidad y otra la interpretación de lo que ocurre».

«SACAR ADELANTE LOS OBJETIVOS»

A continuación, ha señalado que acoge «con la mayor tranquilidad las diferencias» y ha destacado que «trabaja por resolverlas». «Puedo o no compartir los métodos de expresión de la divergencia pero para mí lo importante es sacar adelante los objetivos del Gobierno. No hago política doméstica. Lo importante es que este Gobierno responda a los objetivos que se ha planteado y al programa suscrito», ha manifestado.

José Luis Ábalos ha dicho que el Ejecutivo lo integran «dos formaciones políticas distintas» y que estas pueden expresarse «cómo quieran», tras lo ha declinado «valorar cómo se comportan». «Tienen derecho a expresarse como son, como quieran, desde su autonomía», ha añadido.

Sobre el tuit del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en el que apoyaba a los que se manifestaron en la Puerta del Sol, ha insistido en no hablar de las acciones de los otros y ha pedido ver «el tema en su globalidad». Ha opinado que «cuando se ejerce una función de gobierno» se debe «exigir mayor comprensión del tema» pero ha repetido que «más allá de las relaciones» lo importante es desarrollar «los compromisos de gobierno» y tener «respaldo parlamentario» para sacar medidas adelante.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha incidido en la importancia de aprovechar «hasta el último euro» de los fondos europeos para la reconstrucción. Ha sostenido que el objetivo es que este dinero sirva para conseguir una región «social, verde y digital».

Así lo ha indicado este viernes durante la celebración de la Cumbre Empresarial de Competitividad de Aragón, organizada por CEOE en colaboración con el Gobierno aragonés y con el patrocinio de Ibercaja. El acto ha estado presidido por Felipe VI y ha contado con la intervención la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, además de con la presencia de los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y CEOE-Aragón, Ricardo Mur.

«Con los fondos europeos pretendemos conseguir que el Aragón social, verde y digital con el que soñamos, tanto el Gobierno como los empresarios, sea realidad antes de lo que lo hubiera sido en circunstancias normales», ha apuntado Lambán en su discurso. Ha concretado que se trata de impulsar proyectos de digitalización, de modernización de la economía y de transición ecológica.

Estas iniciativas «de cualquier manera hubiera que haberlas acometido pero, como consecuencia de la disponibilidad de estos fondos va a ser mucho más sencillo hacerlo, siempre y cuando, entre todos, ajustemos bien los mecanismos, nos coordinemos de manera lo más efectiva e inteligente posible y aprovechemos hasta el último euro que nos va a llegar de Europa. En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo autonómico trabaja «codo con codo» con los empresarios.

Lambán ha trasladado a Calviño que comparte con ella «desvelos y preocupaciones». Desvelos por tratar de gestionar «de la manera más eficaz y provechosa posible» los fondos europeos, y preocupaciones por acometer «la necesaria recuperación» económica.

AYUDAS DIRECTAS

Lambán ha recordado que la pandemia ha causado importantes «quebrantos» sobre el tejido económico, con sectores «particularmente damnificados», como la hostelería o el turismo. Para ellos, su Gobierno y la administración local aragonesa están «a punto de cerrar un acuerdo» para hacerles llegar «de la manera más rápida posible» ayudas directas que les ayuden a «sobrellevar la situación y se puedan incorporar a la senda de crecimiento» que ha asegurado que empezará este mismo año para la economía española.

Además, se ha mostrado «orgulloso» de la forma en la que la sociedad aragonesa ha afrontado la crisis sanitaria. «Tuvimos claro desde el principio que solo por el camino de la cooperación íbamos a ser capaces de vencer esta catástrofe que se nos venía encima. Y, desde luego, lo tuvieron claro los empresarios de la Comunidad».

Al respecto, ha detallado que el tejido empresarial se puso a disposición del Gobierno para poner en marcha un plan de compra de recursos, «en unos momentos en los que era muy difícil adquirirlos». Así pusieron de manifiesto «una responsabilidad social» que «nunca» les agradecerá «bastante». En este punto, ha tenido un recuerdo hacia el empresario José Luis Carreras, fallecido por los efectos de la COVID-19.

RECUPERACIÓN

Lambán ha reivindicado «la capacidad de la sociedad aragonesa» para emprender «de manera conjunta» la tarea de la reconstrucción tras la pandemia. Se ha referido al amplio consenso que llevó a la firma de la Estrategia Aragonesa dedicada a ello: «Una estrategia que denota la vocación de unidad, de hacer frente juntos a la recuperación económica y que es la mejor garantía de que esa recuperación económica será efectiva».

Ha manifestado que hay razones para ser «optimista» respecto al futuro de Aragón. «Creo que somos unas gentes –los aragoneses– que han nacido, que han vivido, que se han desarrollado en la España interior, que ha gozado a lo largo de la historia de muy pocas oportunidades, que ha sufrido muchos contratiempos, pero que siempre ha manifestado genio, talento y siempre hemos tenido vocación de universalidad».

De esta forma, ha relatado que este año se celebrará el 275º aniversario del nacimiento del pintor Francisco de Goya, aunque ha mencionado que no es único ejemplo del genio y el talento aragonés y, en este contexto, ha vuelto a destacar la labor de los empresarios.

«Si hay un talento en el que Aragón se manifiesta de forma particularmente productiva es, justamente, a través del talento empresarial reunido hoy aquí. Gracias a ellos tenemos una economía diversificada, con un peso importante de la industria y en la que la exportación está funcionando con un verdadero motor sobre todo a través de la agroalimentación y de la automoción».

Ha citado la visita que ha realizado este jueves, junto con el ministro de Ciencia, Pedro Duque, a las instalaciones de la empresa CerTest Biotec, «que nació en un vivero empresarial del propio Gobierno de Aragón», y que «sorprendió gratamente» anunciando que está dispuesta a hacer una inversión de cien millones de euros para producir vacunas.

Ha evidenciado que esta empresa representa al sector farmacéutico, un campo que Lambán quiere que se incorpore al «elenco de sectores estratégicos de la Comunidad».

«Desde el Gobierno de Aragón siempre he tenido claro que, en modo alguno, desde la administración se ha de suplir al tejido productivo a la hora de invertir, a la hora de crear empleo. La administración lo que tiene que hacer es ser proactiva, allanar el camino al inversor».

Por ello, Lambán ha recordado que las Cortes de Aragón han aprobado la ley de simplificación administrativa, que será «pionera» en el conjunto de España y «marcará un hito, un antes y un después, en las relaciones entre el mundo empresarial y la propia administración autonómica, que dejará de ser lo que a veces ha sido un obstáculo para convertirse en un acicate».

Podem ha exigido este viernes una investigación «inmediata» y que se depuren «todas las responsabilidades» tras los «abusos policiales» durante la manifestación de este jueves en València en apoyo del rapero Pablo Hasél, «entre ellos el que sufrió la coordinadora de la formación, Pilar Lima». En este sentido, ha solicitado la comparecencia en Les Corts Valencianes de la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, para «dar explicaciones de lo ocurrido».

La formación, en un comunicado, ha defendido «en el marco de la defensa de la libertad de expresión» la excarcelación del rapero Pablo Hasél y que «cesen las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo contra numerosos artistas» y ha respaldado la petición de indulto que Unidas Podemos ha solicitado al Ministerio de Justicia.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha defendido en la reunión del Consell de este viernes «el derecho a manifestación y la libertad de expresión», ha manifestado que «un gobierno como el Botànic no puede tolerar ningún tipo de violencia hacia la ciudadanía» y ha denunciado «abusos policiales contra los manifestantes, entre ellos el que sufrió Pilar Lima».

Además, ha añadido que aunque las competencias del gobierno autonómico son «muy limitadas» en cuanto a control de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, «es la obligación de todas las instituciones públicas defender el derecho de la manifestación».

Podem participó este jueves en València en la convocatoria que reclamaba la excarcelación de Pablo Hasél. En ella estuvieron presentes la coordinadora de la formación y síndica de Unides Podem, Pilar Lima, junto a otros dirigentes.

Lima ha solicitado que la identificación de «todos los agentes actuantes, especificando grupos operativos y mandos policiales, medios y superiores, así como el máximo responsable del operativo en terreno, y que se les tome declaración».

«El reconocimiento, la protección y garantía del derecho de manifestación es una obligación de todas las administraciones públicas y es un indicador del estado de salud de una democracia», ha añadido.

Podem ha afirmado que, este jueves, Lima «fue hostigada por miembros de la Policía Nacional ante los que tuvo que identificarse sin mediar motivo alguno para ello» y ha condenado «rotundamente» la «desproporcionada e injustificada violencia policial ejercida por la Policía Nacional» en las concentraciones de apoyo a Hasél.

En esta línea, ha expresado su «solidaridad» con «todas las valencianas y valencianos agredidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado durante las concentraciones» y ha indicado que la formación «apoyará y participará en todas las concentraciones pacíficas en favor de la libertad de expresión».

Finalmente, Podem ha exigido una investigación «inmediata» y «que se depuren todas las responsabilidades, incluida la de la Delegada de Gobierno, Gloria Calero, a la que se le exige la comparecencia inmediata para dar explicaciones de lo ocurrido».

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado la condena de 12 años y medio de prisión a seis años de cárcel a un hombre que agredió sexualmente a una menor de 16 años en un parque de Vélez-Rubio (Almería) al señalar que, dos días antes del juicio ante la Audiencia Provincial, el acusado ingresó en 13.000 euros en concepto de responsabilidad civil para resarcir a la víctima, con lo que concurre una atenuante muy cualificada de reparación de daño que no se había tenido en cuenta.

El Alto Tribunal andaluz expone en sus fundamentos que dicha cantidad supone «más de la mitad de la fijada por la Audiencia Provincial» en su sentencia, en la que cifraba en 25.000 euros la cuantía total.

No obstante, la Sala reajusta incluso dicha suma en 18.000 euros al entender que la agresión «se materializó en una ocasión única sin especial despliegue de agresividad y sin que afortunadamente conste que sufra la víctima consecuencias traumáticas de ningún orden».

Según consta en el fallo, la defensa del acusado impulsó una serie de pruebas para mostrar la «limitada capacidad patrimonial» de su cliente, como su hoja de vida laboral o el contrato de trabajo discontinuo y su «nómina mileurista» como peón agrícola, por lo que apunta para el TSJA el abono de 13.000 euros antes del inicio del juicio en primera instancia «sí ha supuesto para el acusado un considerable esfuerzo resarcitorio» que debe tenerse en cuenta a la hora de establecer la condena.

Así, la Sala baja en un grado la pena y tiene en cuenta además las circunstancias en las que se dieron los hechos, la falta de una «agresividad especialmente resaltable» y la ausencia de «consecuencias permanentes» en la víctima para «imponer la pena en su límite mínimo, es decir, seis años» de prisión.

La sentencia de origen dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería da por probados los hechos que tuvieron lugar el 4 de febrero de 2017, cuando el acusado concertó una cita con la menor de 14 años tras varios meses de conversaciones a través de Facebook en los que ella le había revelado su edad.

El hombre recogió a la adolescente con su coche sobre las 18,00 horas y tras haber ido a Puerto Lumbreras (Murcia), fueron al parque Río Chico de Vélez-Rubio, donde el acusado dio a la menor una bebida que «podía tener alcohol u otra sustancia» y aprovechó que estaba mareada e indispuesta» para los hechos.

Además de la pena de cárcel, el tribunal también le impone cinco años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o acercarse a la menor por diez años.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago con dinero de la caja ‘b’ del PP de la reforma de la sede nacional del partido ha fijado el próximo 1 de marzo la reanudación de la vista oral, que había sido suspendida tras el ingreso hospitalario por covid-19 de uno de los acusados, el exgerente del PP Cristóbal Páez. Así, dará inicio a los interrogatorios de los acusados, entre ellos, el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas.

Así lo ha acordado la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en una providencia con fecha de este jueves una vez que el médico forense ha emitido su informe en relación a Páez. El tribunal cita a las partes en dos semanas, a las 10.00 horas.

La vista oral comenzó el pasado 8 de febrero y las dos primeras sesiones se dedicaron al trámite de cuestiones previas. Tras esta fase debería haber comenzado las declaraciones de los acusados, si bien debido a que Páez había comunicado su positivo por covid-19 –las primeras jornadas las siguió por videoconferencia desde su domicilio– y su posterior ingreso hospitalario, el tribunal acordó interrumpir el juicio hasta que el exgerente del PP se encontrara en disposición de comparecer presencialmente.

En su resolución, y con el fin de determinar la fecha de reanudación, la Sala pidió al médico forense de la Audiencia Nacional que a lo largo de esta misma semana examinara al acusado y emitiera un informe acerca de su estado de salud y evolución.

Tras haber recibido dicho informe y después de conocer que Páez ha recibido el alta hospitalaria, la Sala ha puesto fecha para retomar el juicio en la sede de la Audiencia Nacional de la calle García Gutiérrez, que hace esquina con la calle Génova de Madrid, donde precisamente se encuentra la sede de los ‘populares’.

BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

En este procedimiento, en el que se analiza si se usó dinero de la presunta caja ‘b’ del PP para sufragar la remodelación de la sede la formación política y no las donaciones finalistas al partido –que aún siguen en instrucción–, la Fiscalía Anticorrupción pide para Bárcenas cinco años de prisión, que se acumularían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel. Las acusaciones populares solicitan penas más elevadas.

Por estos hechos también están acusados Cristóbal Páez, para quien Anticorrupción pide un año y medio de cárcel; los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Asimismo, se sienta en el banquillo de los acusados la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien Fiscalía interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares.

En cuanto al PP, vuelve a estar frente al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ocurrió por la primera época de la trama Gürtel, donde fue condenado como partícipe a título lucrativo, pero esta vez como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se ha dirigido a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa Dunja Mijatovic, a la presidencia de la asamblea parlamentaria de la UE, a la dirección de justicia y a la secretaría general del Consejo de Europa para pedirles que intervengan en el ‘caso Hasel’, «en la defensa de la libertad de expresión» con un informe, igual que se está haciendo sobre parlamentarios detenidos en Europa que afecta a Grecia y a España.

Rafael Ribó ha hecho estas declaraciones este viernes a los medios tras visitar al rapero Pablo Hasel en el Centre Penitenciari de Lleida, al que el cantante fue trasladado tras ser detenido en la Universitat de Lleida, donde se había encerrado, para cumplir condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a las fuerzas de seguridad del Estado.

«No hemos estudiado todo lo que pueda haber en el entorno de Pablo Hasel, sí que puedo decir categóricamente: lo que le lleva a la cárcel ahora es contrario a los cánones de libertad de expresión europeos», ha afirmado el síndico que ha explicado también que no conocía al rapero y que le ha visto fuerte, en sus palabras.

Ha agregado que la libertad de expresión «no tiene límites penales para encerrar en la cárcel a nadie, tampoco a ningún creador o artista tal como ha definido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos» y que solo se tiene que penalizar cuando alguien usando la libertad de expresión abogue por una violencia inmediata, inminente organizada por bandas.

Ribó ha apuntado que se dirigirá al Gobierno español, a los grupos parlamentarios más fuertes para que aceleren los cambios normativos para adaptar las leyes a los códigos europeos.

También acudirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se module y «que no haya manifestaciones que pasen impunes en actitudes parafascistas que son xenófobas, que incurren en muchos defectos que son perseguibles: Aquí no se hace nada, y en cambio se esté aceptando una situación como esta».

Ha explicado que también se dirigirá al Govern –el actual o el que se forme– para que haya un compromiso serio sobre estas mismas materias; y afirma que ha pedido a Interior información sobre las manifestaciones.

«No solo del caso concreto de la mujer que quizás haya perdido un ojo, sino de todas las actuaciones y poniendo el acento en el modelo judicial de Catalunya que hemos defendido siempre de proximidad y de mediación», ha recalcado.

Ribó ha precisado que tenía el compromiso verbal, solemne, del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, para facilitarle esta información lo antes posible.

PILLAJE Y VANDALISMO

«El síndic da un ‘sí’ categórico a la libertad de expresión y un no categórico a que nadie en el ejercicio de toda la libertad del derecho a la protesta y manifestación aproveche para el pillaje y el vandalismo» ha agregado Ribó.

Preguntado sobre qué opina Hasel sobre la conversión de las manifestaciones que comienzan de forma pacífica y finalizan con disturbios de radicales, Ribó ha afirmado que no habían hablado de ello.

Al preguntarle si había hablado con el rapero sobre el uso de la violencia al final de las manifestaciones que se convocan para defender la libertad de expresión, ha dicho: «Lo hemos comentado como una parte del derecho a la manifestación pero no quisiera hacer ninguna conclusión de él».

Ha apuntado que ha hablado con Hasel de varios temas y que le ha pedido que se subsanen algunas condiciones que tiene en la celda del módulo de ingreso y que así lo iba a transmitir a la dirección de la cárcel.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido este viernes en la sede nacional del partido con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, coincidiendo con el viaje de éste a Madrid para verse con la vicepresidenta Teresa Ribera. Este encuentro se produce además tras las críticas al cambio de sede del mandatario gallego, quien cree además que «del pasado no se reniega, se aprende».

Fuentes próximas a Casado han confirmado ese encuentro, que enmarcan en la normalidad ante la visita a Madrid del presidente de la Xunta y sin ofrecer más detalles del contenido de esa conversación.

También el PP gallego ha optado por mantener el hermetismo en relación con esa reunión. Según sostienen, es un encuentro normal, tras su estancia en Madrid después de tener agenda pública con la ministra Ribera.

FEIJÓO NO TOMÓ LA PALABRA EL MARTES ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO

Feijóo no tomó la palabra el pasado martes ante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional convocado para analizar los resultados de las elecciones catalanas, donde el PP cosechó en esta comunidad su peor resultado histórico –se quedó solo en tres escaños– y además sufrió el ‘sorpasso’ de Vox, que entra por primera vez en la Cámara catalana con 11 escaños. En esa reunión interna solo hablaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

Sin embargo, en los últimos días el líder gallego sí que ha lanzado varios mensajes públicos a preguntas de los periodistas en sus distintos actos. Así, al se preguntado el miércoles por el cambio de sede del PP anunciado por Casado en la Ejecutiva para romper con el pasado, afirmó que se trata de una cuestión de «carácter interno» y de «intendencia» y añadió después que el PP «lo que necesita es ganar».

SOBRE LA SEDE: «LA OPINIÓN LA DARÉ DENTRO DEL PARTIDO»

Anoche, en una entrevista en RTVE, fue un poco más allá al señalar que «no parece razonable» abandonar la sede de «una empresa, organización o partido político» cuando se «tienen problemas con algunas personas o dirigentes». «Es un asunto interno y se debate internamente. La opinión la daré dentro del partido», resaltó.

Este mismo viernes, en otra entrevista en la Cope, ha señalado que la «responsabilidad» de Casado como líder nacional es «consolidar» al Partido Popular como «alternativa al socialismo, al populismo y al independentismo». Aunque ha admitido que es «cansino» continuar respondiendo a preguntas sobre la ‘Gürtel’ y Luis Bárcenas, ha asegurado que del pasado «no se reniega», sino que «se aprende».

«Nosotros no nos escondemos ni nos empezamos a decir cosas o a titubear en relación con asuntos escabrosos de nuestra historia», ha recalcado Feijóo, quien también ha recordado que estos casos ya habían salido a la luz en 2009, cuando se presentó por primera vez a unas elecciones gallegas.