La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han entregado este miércoles en Lebrija a la Comunidad de Regantes del sector B-XII del Bajo Guadalquivir el título que les otorga a sus más de 15.000 hectáreas el derecho de riego para los próximos 20 años, una compleja tramitación que inició la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en 2008.

Desde 1955, el sector B-XII es una zona regable, declarada de Interés General del Estado, que se extiende mayoritariamente dentro del municipio sevillano deLebrija –132 ha se localizan en el término municipal de Las Cabezas de San Juan–, pero que no se llegó a otorgar ningún título de derecho, como exigía la Ley de Aguas, por lo que tampoco se pudo inscribir en el Registro de Aguas Públicas, trámites que hoy han quedado resueltos con la concesión de derecho y dicha inscripción.

La finalización de este proceso administrativo supone para las 1.142 parcelas de 884 comuneros el reconocimiento del derecho para utilizar 89.950.000 metros cúbicos de agua superficial procedente del embalse de Peñaflor, conducida a través del Canal del Bajo Guadalquivir hasta la balsa de Melendo, y del propio río Guadalquivir como toma de emergencia para el desarrollo sostenible de su actividad agrícola e industrial.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, que ha estadoacompañada del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, y de losalcaldes de Lebrija, José Benito Barroso, y de Las Cabezas de San Juan,Francisco Toajas, ha puesto de manifiesto que «la sostenibilidad es un valor en símismo dentro de las políticas en las que lleva trabajando años la UE y donde elGobierno de España tiene un ejemplo reciente con el Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia de la Economía española.

«Actos como el de hoy adquieren mayor relevancia al otorgarle seguridad jurídica y garantías a los regantes, al tiempo se continúa trabajando con respeto y sostenibilidad en una zona donde regadío y usos industriales se dan la mano».

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, hasubrayado que «hoy son dos los actores del trabajo de muchos años, cuyas firmassimbolizan la construcción de 20 años de seguridad jurídica para asentar unatrayectoria ya visible». Morán ha reconocido que «la ciudadanía está viviendo unaño muy complicado, con más incertidumbres que certezas, por lo que debemostrasladar certezas como las de hoy para que superaremos esta situación y lohagamos con optimismo».

En cualquier caso, ha asegurado que «el trabajo para llegar hasta aquí noconcluye, sino que es fruto de la inteligencia aplicada al desarrollo sostenible, es decir, de implicarse en construir cada día las expectativas de futuro de lasgeneraciones que vendrán y que son tributarias de las que les precedieron en eseesfuerzo», por ello ha reconocido la «vocación de cooperación del sector de laagroganadería, que en territorios como éste son pilares de la economía».

El presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha destacado «el esfuerzo que supone laresolución de un expediente largo, complejo y minucioso, que trae 20 años deseguridad jurídica, 20 años de agricultura, 20 años de jornales, de inversión,crecimiento y bienestar para los municipios de la comarca». «Quiero expresar mireconocimiento al trabajo realizado por la Comisaría de Aguas de laConfederación, que en estos dos últimos años ha logrado tramitar y regularizar losderechos de casi 90.000 hectáreas en toda la cuenca del Guadalquivir», ha indicado Páez, que ha resaltado la gestión y compromiso del sector B-XII, «un ejemplo de lo que es la agricultura en esta cuenca: moderna, tecnificada, inversora, de alto valor añadido y, sobre todo, respetuosa con el recurso y con el medio ambiente».

AMPLIACIÓN DE LOS YESOS Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Junto al reconocimiento de los derechos de riego y el registro en el Libro deAprovechamientos de Aguas Públicas, la resolución también contempla laampliación en 590 ha más de la superficie conocida como Los Yesos, declaradade Interés General de la Comunidad Autónoma de Andalucía por Decreto 387/1986, de 10 de diciembre (BOJA Núm. 111 de 16/12/1986).

Esta ampliación acredita un volumen destinado a riego de 2.950.000 metros cúbicos por año y permitirá una inversión de 6.143.770 de euros para la ejecución de obras para el suministro de agua a la nueva zona regable, trabajos que se ejecutarán en los próximos meses.

Asimismo, la modificación de usos recogida por la resolución ha permitido ajustar el aprovechamiento y regularizar la importante actividad industrial que sedesarrolla en el sector B-XII, a la que se asignan 1.712.403 metros cúbicos por año. Por un lado, la realizada por dos industrias agroalimentarias, a las que se asocian más de 250 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y 23.775 jornales agrarios en el pasado 2020. Por otra, el funcionamiento de una planta termoeléctrica que, ejecutada con una inversión cercana a los 300 millones de euros, emplea en la actualidad a más de 50 personas.

El concejal en Usera de Más Madrid, Félix López-Rey, ha anunciado movilizaciones si «en 48 horas» la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no se comprometen por escrito a eliminar el amianto, producto cancerígeno, de los centros educativos durante las vacaciones de verano.

«Llevo toda la mañana recibiendo llamadas de teléfono y mensajes de todo tipo de madres, padres, abuelos, abuelas en cuanto ha salido en prensa el mapa de colegios con amianto en la ciudad. La gente está preocupadísima», ha descrito en un vídeo.

A Ayuso y Almeida les ha exigido que «tomen una determinación». «Si inmediatamente, en 48 horas, por escrito, no se comprometen a que este verano desaparezca de las escuelas ese peligro del cáncer para esas criaturas pues tendremos que iniciar movilizaciones porque no dejan otra alternativa», ha advertido.

López-Rey llevó la situación del amianto en los centros educativos a la comisión de Vicealcaldía de la pasada semana. Allí el área de gobierno informó de que había planteado a la Comunidad la posibilidad de intervenir en «pequeñas reparaciones» relativas a este material en los colegios, una medida que no fue suficiente para el edil de Más Madrid, Félix López-Rey, que exigió soluciones inmediatas e incluso no descartaría llegar a una huelga de hambre si su salud se lo permitiese.

«Antes no sabíamos (lo que traía el amianto). Ahora cada día sabemos más. No podemos dejar ahí a los niños. Yo tengo a tres nietos en un colegio con 630 metros con amianto. Vivimos bajo el amianto en determinados barrios», describía.

La eliminación de este material «no es cuestión de ideología ni de credos religiosos porque está en juego la vida de niños y niñas», defendía López-Rey, que destacaba que la ciudad «tiene recursos suficientes» para hacer frente al amianto.

EL MAPA DEL AMIANTO

«Con la salud de nuestras niñas y niños no se puede discrepar, aquí no cabe debate. Hay que ponerse ya manos a la obra y este año, cuando lleguen las vacaciones escolares y cierren los centros, es indispensable retirar el amianto de todos los colegios de la ciudad de Madrid», ha exigido Más Madrid.

El grupo municipal reclama eliminar el amianto de los 60 colegios de la capital que tienen este material cancerígeno en sus estructuras. La mitad de estos centros están ubicados en los distritos del sur y del este de la capital.

La retirada del amianto de los centros escolares debe realizarse, por la peligrosidad del material manejado, sin los escolares asistiendo a clase, por lo que es necesario acometerlas durante el verano, han indicado.

López-Rey ha llevado esta cuestión en repetidas ocasiones a las comisiones y al Pleno de Cibeles, para hoy preguntar sobre los avances para poner en marcha el Plan Director para la eliminación del amianto en la ciudad de Madrid, aprobado en octubre.

«En España está prohibido desde 2002 el uso de lo que aquí hemos llamado siempre uralita (en realidad, el nombre de la empresa fabricante y que es como se conoce en España este mineral), que tiene un componente cancerígeno: el amianto. Y, como casi siempre, aquí llegamos tarde a lo que los países europeos llevan muchos años haciendo, que es retirarlo», han señalado en Más Madrid.

Las construcciones que se hicieron en los 60 y 70 en la periferia de Madrid utilizaron uralita porque era más barata. Cuando finaliza su vida útil, cifrada entre los 30 y los 35 años, según el Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo, se empiezan a liberar partículas que pueden ser inhaladas por las alumnas y alumnos y por el personal que trabaja en los colegios pudiendo ser el origen de enfermedades muy graves como el mesotelioma o cáncer vinculado al asbesto, que no tiene cura, o el cáncer de pulmón.

DÓNDE ESTÁN LOS COLEGIOS

Hay constancia de la existencia de amianto en 60 de los 248 colegios existentes en el municipio de Madrid. Es frecuente la existencia de cubiertas de fibrocemento y de bajantes y tuberías del mismo material, vistas o no, así como de paneles de cerramiento.

La mitad de estos 60 centros escolares están situados en los distritos del sur y este de la capital: en Puente de Vallecas se ubican 12 de los 25 colegios afectados y en Usera y Carabanchel, 4 cada uno.

En el Pleno de octubre de 2020 se aprobó con los votos de Más Madrid, PSOE y Vox, con la abstención de PP y Cs, una propuesta para la puesta en marcha del Plan Director para la eliminación del amianto en la ciudad de Madrid en el horizonte del año 2030, cuyos objetivos y resultados deben presentarse en el Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2021.

MANIFESTACIÓN EN LA PLAZA DE LA VILLA

López-Rey consiguió congregar a 300 vecinos de su barrio, Orcasitas, en la Plaza de la Villa en febrero de 2020, a la salida de una comisión de Desarrollo Urbano consiguiendo el compromiso de los delegados de Vivienda y Urbanismo de celebrar una reunión con ellos.

Reclamaban la llegada de las ayudas para la eliminación del amianto de sus tejados porque, como explicaba el concejal, «no hay edificio sin cáncer».

El PP no ha encontrado apoyos suficientes en el Pleno del Congreso de este miércoles a su propuesta para exigir al Gobierno que someta a la evaluación de la Cámara las ayudas del fondo de rescate de SEPI para empresas estratégicas y votar, en caso de sospechas, una valoración externa e independiente.

Y es que además de las formaciones que integran el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, han avanzado su rechazo a esta propuesta Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT y el BNG. Además del PP, han expresado su apoyo a la iniciativa Vox, Cs, UPN y Foro Asturias.

La propuesta está recogida en una moción consecuencia de la interpelación dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con ella los ‘populares’ piden nombrar un nuevo presidente para la SEPI en el plazo de un mes, facilitar toda información sobre este fondo de rescate, expedientes ya aprobados incluidos, y someter a valoración los mismos en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para decidir si hace falta una valoración externa.

EL PP VE EN EL RESCATE A PLUS ULTRA «UNA FORMA DE CORRUPCIÓN»

En su defensa de la iniciativa, el diputado ‘popular’ Valentín Píriz Maya ha acusado a Montero de mentir en la rendición de cuentas sobre este fondo, especialmente en lo referido a la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate por 53 millones considera «un escándalo» y «una forma de corrupción».

Y es que el PP pone en cuestión que se trate de una sociedad estratégica, solvente y siquiera española, al relacionarla con el Gobierno venezolano, y ha instado a los grupos del Congreso a respaldar su propuesta para crear una investigación parlamentaria que esclarezca estas ayudas.

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, se ha preguntado «cómo no ser suspicaces» con esta operación, mientras que el portavoz de UPN, Sergio Sayas, ha exigido la dimisión de todo ministro responsable del rescate. «Huele tanto a podrido que esto exige una explicación urgente», ha apremiado.

«¿TRANSPARENCIA? ¿EL PP?»

La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha lamentado que, con estas críticas, el PP parezca cuestionar el propio fondo de ayudas y su gestión por parte de la SEPI, y ha rechazado que se pueda facilitar y publicar toda la documentación sobre la situación de las empresas en tanto se negocian estas ayudas.

Tampoco han convencido ni a ERC ni al PDeCAT las propuestas del PP para evaluar los rescates por parte de «un tercero, que no se sabe quién ni qué independencia tiene». «La solución es todavía peor ha dicho Ferrán Bel (PDeCAT), mientras su colega de ERC Joan Capdevila ha criticado la gestión realizada por el PP en la SEPI. «¿Transparencia? ¿El PP? Hombre…», ha dicho.

En todo caso, también ha criticado al Gobierno por su «opacidad» con la que, a su juicio, se está gestionando este fondo de rescate de empresas estratégicas y ha lamentado los retrasos en la tramitación de cada decreto convalidado que se tramita en las Cortes, por una dilación de plazos en el que detecta «fraude de ley, filibusterismo parlamentario y burla a la separación de poderes».

LOS BENEFICIOS PERDIDOS POR EL ESTADO TRAS LAS PRIVATIZACIONES

«Hay muchas cosas que mejorar, pero su obsesión con Plus Ultra no es el camino», ha abundado, por el BNG, Néstor Rego, que ha pedido rescates también para Alcoa y Alu Ibérica; mientras que Alberto Rodríguez, portavoz industrial de Unidas Podemos, ha dedicado su intervención a recordar la falta de industrias públicas, que han pasado de unas 130 en 1985 a 16 hoy.

«Hasta la empresa que cuenta los votos de las elecciones está en manos de unos poquitos», ha espetado, recordando que desde su privatización Endesa ha registrado 43.000 millones de euros en beneficios y que a ellos habría de sumar los cosechados por otras antiguas sociedades estatales como Movistar, BBVA, Repsol o Iberia.

Finalmente, el PSOE ha acusado directamente al PP de «querer acabar con el fondo» por «desacreditar» al propio fondo «y a las empresas que recurren a él». «Existen ayudas y, si se conceden, se posicionan en contra. Lo que les molesta es el Gobierno», ha afirmado el diputado Valentín García Gómez.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha propuesto este miércoles al vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès (ERC), como candidato a la investidura a la Presidencia de la Generalitat, pese a que todavía no tiene garantizados los votos para ser escogido nuevo jefe del Ejecutivo catalán.

Lo ha anunciado en una breve comparecencia desde el Despacho de Audiencias de la Cámara catalana, después de haber finalizado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, por lo que Aragonès se someterá al primer intento para ser investido en el pleno de este viernes.

«Después de llevar a cabo la preceptiva ronda de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios de esta Cámara, he constatado que el candidato con más posibilidades de resultar investido presidente de la Generalitat de Cataluña es el diputado Pere Aragonès i Garcia», ha afirmado en la comparecencia.

Borràs ha explicado que, tras el anuncio, firmará la propuesta de Aragonès como candidato a la investidura y la convocatoria del pleno para este viernes a las 10.00 horas.

El candidato republicano llegará a este primer debate de investidura sin los votos garantizados para ser presidente, ya que de momento solo cuenta con el apoyo de los 33 diputados de su formación.

PENDIENTE DE JUNTS Y LA CUP

Pese a estar negociando con Junts desde hace semanas, los republicanos y la formación de Carles Puigdemont todavía no han cerrado un acuerdo, y la portavoz de Junts en el Parlament, Gemma Geis, ha advertido este mismo miércoles de que «previsiblemente» la elección de Aragonès no tirará adelante el viernes, aunque espera lograr un pacto en los próximos días o semanas, como confió el martes el secretario general del partido, Jordi Sànchez, en una conferencia.

Uno de los principales escollos para desencallar el acuerdo es el papel que debe tener el Consell per la República: Junts quiere que este órgano, presidido por Puigdemont, tenga más peso y sea el espacio que coordine la estrategia independentista, mientras que ERC lo rechaza y prefiere que esta coordinación se lleve a cabo en otro órgano en el que participen todos los partidos y entidades favorables a la independencia.

Se prevé que en las próximas horas sigan las negociaciones entre los dos partidos para explorar un acuerdo de última hora, como viene siendo habitual en las últimas legislaturas.

Si finalmente se acaba desencallando el acuerdo con Junts, Aragonès todavía necesitará los votos de la CUP para ser investido, que tampoco tiene garantizados en estos momentos, pese a que los ‘cupaires’ llegaron a un preacuerdo con ERC.

Este preacuerdo debe ser validado por las bases de la CUP y las organizaciones que forman parte de la candidatura, que están debatiendo entre este miércoles y el jueves su posicionamiento en la investidura, y algunas de las organizaciones ya han avanzado que se opondrán.

PRIMERA O SEGUNDA VUELTA

En el pleno del viernes, Aragonès expondrá su programa de gobierno y, tras las intervenciones de los grupos, se votará: en este primer intento, para ser investido presidente de la Generalitat necesita obtener mayoría absoluta, es decir, 68 votos.

Si no lo consigue, se celebraría una segunda vuelta en la que para convertirse en el nuevo presidente del Govern solo necesitaría tener mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

El reglamento del Parlament establece que esta segunda vuelta debe celebrarse dos días después del primer pleno de investidura, por lo que en principio caería en domingo, pero Borràs estudia la posibilidad de hacerlo el martes al considerar que este plazo debe ser dos días hábiles.

Unidos Podemos registrará hoy ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia por presunto delito de cohecho contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, el exsenador de Cs Fernando Hervías y los tres exdiputados de la formación naranja Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez por tejer una «trama de corrupción» para hacer fracasar la moción de censura en esta región mediante «el soborno» de integrar a estos parlamentarios en el Ejecutivo autonómico.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, quien ha señalado a García Egea como el «inductor» y «cooperador necesario» de este presunto delito, al desplazarse específicamente a Murcia para alterar el sentido del voto de la moción de censura con la «compra de voluntades» de estos tres parlamentarios.

Previamente, el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, había avanzando en la sesión de control en el Congreso que iban a denunciar al ‘número dos’ del PP ante el Ministerio Público por «comprar» diputados para frenar las mociones de censura.

Concretamente, la formación política sostiene que se les ofreció cargos ejecutivo en concepto de «pago en especie», que recoge el tipo penal de cohecho, con el fin de que se retractaran de su posición inicial favorable a desalojar de la Presidencia de Murcia a López Miras.

En este sentido, Asens ha detallado que, entre las diligencias a practicar, solicitan a la Fiscalía Anticorrupción que también analice las cuentas corrientes de todos los denunciados, para esclarecer si hubo también algún tipo de pago monetario a estos parlamentarios.

Asens ha relatado que la moción de censura, basada en el acuerdo entre Ciudadanos y PSOE, se comunicó públicamente tras su registro en el Parlamento murciano y, ante ello, el secretario general del PP maniobró para «alterar la voluntad» de estos exdiputados de Cs con la promesa que ofrecerles unos cargos mejores.

Por tanto, el diputado de Unidas Podemos ha subrayado que el «transfuguismo» es un atentado a la democracia y una «deslealtad» del voto dado por la ciudadanía, pero además es un «acto de corrupción» que en este caso, a su juicio, tiene un componente delictivo «evidente» y «dominio público», como es la «compra de voluntades» con esos puestos, que en el fondo son un «soborno», una «dádiva» o «prebenda».

ES COMO COMPRAR A VARIOS JUGADORES DE UN EQUIPO

En este sentido, ha recurrido a un símil futbolístico al decir que, lo acontecido en Murcia, es como «comprar a varios jugadores, al equipo entero o al árbitro para alterar el partido» mediante terceras personas.

«No tiene que ver con desavenencias sino un interés privado de estos tránsfugas que deciden corromperse», ha apuntado para especificar que, en su denuncia, incluyen jurisprudencia de alteración de votaciones por el concurso de terceras personas. Es el caso de algunas sentencias de concejales de ayuntamientos para apoyar determinados proyectos urbanísticos.

ESTÁ CLARO LO QUE HA PASADO

Como elemento probatorio en la denuncia, el dirigente de En Comú Podem ha desgranado que también aportan el documento de registro de la moción de censura suscrito por los diputados que luego se retractaron, así como diversas informaciones en prensa y la propia rueda de prensa en la que se detalló la integración de los tres parlamentarios, expulsados de Cs.

De esta manera, ha recalcado que en este caso es «de sentido común lo que ha pasado», puesto que entre el sentido de voto anunciado a favor de la moción de censura y la posterior ruptura del acuerdo por su parte es el «ofrecimiento del cargo público».

Además, ha aseverado que estos parlamentarios no han realizado declaraciones públicas que permitan rebatir esas sospechas y ha rechazado considerar la denuncia como «prospectiva», dado que existen una serie de indicios «sólidos» que merecen ser investigados.

«No estamos a ver si pescamos algo, estamos indicando concretamente qué indicios de delitos apreciamos», ha insistido el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos para reiterar que se ha producido una «alteración clara de las reglas del juego democrático». Por último, ha subrayado que no han hablado con Ciudadanos a la hora de interponer esta denuncia.

Una treintena de eurodiputados han reclamado por carta al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que despliegue la regulación del precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda y manifiestan su temor de que, pese al acuerdo de coalición alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, la medida sea finalmente «abandonada».

A su vez, los representantes de la Eurocámara le han emplazado a desplegar una norma que regule los alquileres, como recoge una resolución del Parlamento comunitario, y emular a otros países que han desplegado normativas de control de precios.

Entre los firmantes se encuentran eurodiputados de la Izquierda europea (GUE) y de Los Verdes/AL. Concretamente, suscriben la carta Sira Rego y Manu Pineda (IU), Eugenia Rodríguez Palop e Idoia Villanueva (Podemos), Ernest Urtasun (de Catalunya en Comú), así como Diana Riba y Jordi Solé (ERC). En total, suscriben el documento representantes de diez países.

Precisamente el despliegue de la regulación del alquiler ha generado ya tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la negociación de la nueva Ley de Vivienda. Los socialistas apuestan por un modelo de incentivos que rechaza el ala morada de la coalición, pues supone «incumplir» el acuerdo y plegarse a los intereses de la patronal inmobiliaria. La semana que viene se retomarán los contactos sobre esta ley, que el aún vicepresidente segundo se comprometió a desplegar, con control de precios al arrendamiento.

En dicha misiva, los europarlamentarios expresan que España tiene uno de los ratios de «sobrecarga de alquiler más altos de Europa«, mientras que el 36,1% de los inquilinos dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el coste de la vivienda y los suministros básicos, y sobre dos millones de inquilinos «están en riesgo de pobreza y exclusión social.

Además, relatan que en 2020 el número de desahucios alcanzó 29.406 casos, a pesar de las medidas dirigidas a paliar el impacto de la pandemia.

«PREOCUPACIÓN»

«También conocemos el acuerdo alcanzado entre los dos socios de la coalición el gobierno para fijar los precios del alquiler tanto en el acuerdo de coalición como en la negociación de los últimos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, vemos con preocupación como nuevos acontecimientos podrían indicar que esta medida crucial podría ser abandonada», recalcan este grupo de eurodiputados.

En este contexto, trasladan al ministro que la resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021 sobre el acceso a una vivienda digna y asequible, aprobada por una «amplia mayoría» del pleno de la eurocamara y que destaca que la vivienda es un «derecho fundamental».

A ello se suma la petición expresa a los estados miembros de establecer «disposiciones legales, incluidas normas claras, sobre el alquiler para proteger los derechos de los inquilinos e hipotecados», así como el aviso de la falta de regulación del mercado inmobiliario «para garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos».

Por ello, animan a que la nueva Ley de Vivienda «contribuya a poner fin a las graves violaciones del derecho a la vivienda en España, y refleje plenamente el espíritu de la resolución del Parlamento Europeo».

«En este sentido, es primordial que España implemente medidas de regulación del precio de alquiler lo antes posible», ahondan para poner como ejemplo prácticas en «muchos países de la UE», cada vez «máspopulares», y aconsejan seguir el marco desplegado en Cataluña.

MÁS MEDIDAS

Por otro lado, pide más medidas como promover contratos de alquiler que sean «indefinidos o de larga duración», reconocer el papel de los sindicatos de inquilinos, que los propietarios sufraguen los honorarios de agentes inmobiliarios y reconvertir viviendas vacías en pisos de alquileres «estables».

«En resumen, nos gustaría que su gobierno aprovechara esta oportunidad histórica para reducir la brecha con el resto de la Unión Europea, aplique plenamente las medidas acordadas en la resolución del Parlamento Europeo y garantice la vivienda como un derecho humano», zanjan los europarlamentarios que suscriben la iniciativa.

El ex vicepresidente económico en la etapa de gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, ha reiterado su inocencia y ha afirmado sentirse «completamente indefenso» «ante la omnipotencia e impunidad constante de determinadas instituciones del sistema de Justicia», tras conocerse que la Fiscalía pide 83 años de prisión para él por un total de 15 delitos.

«No debería ser este el momento procesal para plantear una nueva causa, ante la endeblez de la efectivamente realizada, amparándose en la impunidad del papel institucional que nuestro ordenamiento jurídico otorga a los fiscales», señala Rato.

«Ante la omnipotencia e impunidad constante de determinadas instituciones de nuestro sistema de Justicia, no puedo sino sentirme completamente indefenso. Reitero mi inocencia de los delitos que se me atribuyen, retirando los argumentos y pruebas que durante 6 años he planteado. Me remito a mi escrito de defensa que presentaré ante el juez en su fecha», afirma el expresidente de Bankia.

Para el ex director generente del FMI, «resulta increíble que una institución pública de la Justicia española utilice estos modos para atacar y dañar la imagen y el honor de una persona».

Rato alude así a la nota publicada este martes por la Fiscalía Anticorrupción sobre su escrito de acusación en la causa que se sigue contra Rato en el Juzgado número 31, y en el que solicita que el exbanquero sea procesado por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, uno de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.

«Antes de dar a conocer el escrito de acusación y por lo tanto darme capacidad de defensa, la Fiscalía Anticorrupción divulga sus argumentos en una nota de prensa, algo especialmente excluido en un procedimiento sumario», indica el exministro de Economía.

En este sentido, recuerda que en su discurso con motivo del año judicial de 2020, la Fiscal General hizo alusión a un inminente Código de Buenas Prácticas que Rato espera contenga reglas «respecto a la divulgación selectiva y filtración interesada». «Divulgar notas de prensa en lugar de la totalidad de los escritos no protege ningún bien público ni derechos, sino todo lo contrario», lamenta.

En cuanto al fondo de la acusación de la Fiscalía, según Rato, recoge principalmente hechos y supuestos delitos que no han sido objeto de la instrucción, «yendo contra el propio criterio del instructor, único director del proceso, que ya ha decidido qué hechos habrían quedado indiciariamente acreditados» en una instrucción que ha contado con 12 millones de documentos requisados, 6 años de duración y 16 informes de la Onif, con los prórrogas de 36 meses, solicitadas por la fiscal, «durante las cuales no se practicó ninguna diligencia».

«INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA»

«Más aún, algunos de estos hechos y delitos han sido expresamente descartados por el instructor, que a lo largo de estos años ha calificado por tres veces las propuestas de la Fiscal de investigación prospectiva, actividad prohibida por ley, pero sorprendentemente no definida penalmente», señala.

Según denuncia Rato, en esta causa, como puso de manifiesto ante el instructor en febrero de 2021, además se ha llevado a cabo una «investigación prospectiva, paralela y secreta», denominada ‘Operación Tajuña’, «a espaldas de la defensa», durante años, por parte de la fiscal, la UCO, el Sepblac y al menos un miembro de la ONIF, a la sazón auxilio judicial en la causa.

El 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, un sector cultural que mantiene su senda de crecimiento como constata SM que subraya que, a pesar de un 2020 tan anómalo, la lectura ha vivido un buen momento, con el tiempo de lectura a la semana en torno a las tres horas.

Según datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2020 del Gremio de Editores, el confinamiento elevó el número de lectores semanales de libros a su máximo histórico. Esto incluye la Literatura Infantil y Juvenil, ya que el tramo con mayor población lectora en tiempo libre (73,8%) es la comprendida entre los 14 y los 24 años.

En el caso de la lectura infantil se mantiene en valores muy elevados, con un incremento entre los niños y niñas de 6 a 9 años que leyeron libros no de texto de dos puntos porcentuales más que en 2019 (86,8%). Además, el 79,8% de los niños y niñas de 10 a 14 años es lector en tiempo libre (con una media de 10,6 libros leídos en 2020), aunque a partir de los 15 años este porcentaje desciende hasta el 50,3%, como en años anteriores.

El libro impreso sigue siendo el preferido para un alto porcentaje de los jóvenes, cerca de la mitad (el 42%), frente al 10% que se decanta por el libro digital. La novela constituye claramente la preferencia expresada por algo más del 40% de los jóvenes, seguida de la ciencia ficción (el 19%) y los cómics y novelas gráficas (el 17%).

Los resultados del estudio ‘Jóvenes españoles 2021. Ser joven en tiempos de pandemia’, de la Fundación SM, también son optimistas pues reflejan un aumento en el hábito de la lectura por parte de la población joven en la última década. El porcentaje de jóvenes no lectores ha descendido desde el 51% de 2005 a un 12% en la actualidad; y la proporción de grandes lectores (más de ocho libros al año) ha aumentado desde el 8% de 2005 al 41% en 2020.

La coordinadora editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM, Berta Márquez Molleda, ha destacado que «después de un año conviviendo con la pandemia, en el que la crisis ha afectado a todos los sectores y el sector cultural se ha visto seriamente dañado, creo que podemos sentirnos orgullosos de cómo el libro ha sabido defender su lugar».

«La LIJ ha demostrado más que nunca su importancia en nuestras vidas brindándonos la oportunidad de seguir haciendo todo lo que el virus no nos dejaba hacer, e invitándonos a pensar en algo más que el miedo y el desánimo. Nos ha abierto la puerta para viajar, para no sentirnos solos, para inventar otros mundos, para intentar entendernos y entender todo esto que nos está pasando», ha añadido.

Y añade: «En los meses más duros de confinamiento hemos leído cuentos con nuestros niños que nos han ayudado a olvidarnos un poco de las mascarillas y de los deberes online, acortando las horas de esos días interminables. La literatura infantil y juvenil nos ha dado la oportunidad de establecer un diálogo entre lectores, autores, ilustradores, libreros y editores a través de directos en redes sociales, presentaciones online, encuentros virtuales y un sinfín de iniciativas.

«Los libros nos han acercado cuando todo lo demás nos impedía hacerlo. Desde SM creemos que el mundo del libro está más vivo y activo que nunca, que la LIJ nos une, y que pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros seguimos leyendo», ha apostillado.

ANUNCIO DE GANADORES EL 6 DE MAYO

Los Premios SM de Literatura Infantil El Barco de Vapor y Juvenil Gran Angular, convocados por la Fundación SM, celebrarán el próximo mes de mayo su 43 aniversario. El jurado de estos premios –los de mayor dotación económica en su categoría (35.000 euros)– acaban de seleccionar los dos manuscritos ganadores que se darán a conocer el 6 de mayo, de entre los más de 450 presentados, el doble que en ediciones anteriores.

Los libros premiados desde 1978 han pasado a formar parte (junto a otros reconocidos autores) de las colecciones El Barco de Vapor, de literatura infantil, y Gran Angular, de literatura juvenil. En la actualidad, estos sellos están en constante renovación, manteniendo su esencia, pero acercándose a los nuevos lectores y a la realidad, ampliando géneros y temas, como señalan en un comunicado.

En la actualidad, hay 392 títulos de la colección El Barco de Vapor y 251 de Gran Angular; con 56 millones de ejemplares vendidos de El Barco de Vapor y 4 millones de Gran Angular. Los libros ganadores del Premio El Barco de Vapor han sido traducidos a 24 idiomas; los ganadores de Gran Angular, a 10 idiomas.

La Princesa Leonor ha vivido hoy un día inolvidable y una verdadera prueba de fuego en su preparación para suceder en un futuro a su padre, el Rey Felipe VI, como Reina de España. A sus 15 años y medio, la princesa de Asturias ha debutado en un acto oficial en solitario, y lo ha hecho con un sobresaliente que no admite discusión.

Sonriente, muy tranquila y demostrando su profesionalidad y su formación como heredera al trono, Doña Leonor ha presidido por encargo del Rey Felipe VI el 30º Aniversario del Instituto Cervantes, una institución a la que está íntimamente ligada, puesto que fue en su sede donde la Princesa pronunció sus primeras palabras en público con la lectura de la Constitución en el 40 anivesario de la Carta Magna. Posteriormente, en abril del año pasado, la heredera participó en la lectura colectiva de «El Quijote», de Miguel de Cervantes, para conmemorar el Día de las Letras.

El primer acto en solitario de la Princesa de Asturias ha durado apenas 50 minutos. Después de ser recibida a las puertas del Instituto Cervantes por numeroso público que, emocionado, la esperaban con globos y carteles de apoyo – que Doña Leonor ha correspondido cercana y con una inmensa sonrisa – la joven ha recorrido las instalaciones del Instituto Cervantes con paso firme y acompañada por la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y por Luis García Montero, presidente del Organismo cultural.

Posteriormente, y ya en el salón de actos del Instituto, Leonor ha tomado la palabra de un modo improvisado y, a pesar de no estar previsto, ha agradecido la labor de la biblioteca virtual de la Institución – confesando que, como estudiante de la ESO tanto ella como sus compañeros la emplean a menudo – e interesándose por la situación de los trabajadores del Instituto Cervantes qye residen en el extranjero y que a causa de la pandemia sanitaria no han podido regresar a casa ni visitar a sus familiares en un año.

Segura, tranquila y con un tono de voz y una manera de expresarse que nos ha recordado mucho a su madre, la Reina Letizia, quien a buen seguro estará orgullosa del sobresaliente debut en solitario de su primogénita.

Posteriormente, Doña Leonor ha depositado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes el ejemplar de la Constitución Española que leyó el día de su 13 cumpleaños en 2018, y el de «El Quijote» que leyó con su hermana, la Infanta Sofía, el pasado 23 de abril con motivo del Día de las Letras. Un acto con mucho simbolismo en el que la heredera ha recibido la llave de la caja número 2021, donde ha depositado los volúmenes, situada entre la de Miguel Delibes y la de Severo Ochoa.

Para concluir el acto, la Princesa ha visitado una exposición de algunos ejemplares del fondo bibliográfico del Instituto Cervantes, con libros de autores como Rosalía de Castro, Martín Codax o Ramón Llull. Radiante, Doña Leonor se ha llevado de recuerdo tres libros muy especiales, que la Institución ha querido regalarle; ‘Joana’, de Joan Margarit, ‘Antología poética’, de Luis García Montero y ‘Quisiera tener todas las voces’, libro de poesías en las lenguas de nuestro país.

El Ministerio de Universidades prepara un Real Decreto para agilizar las condiciones y los procedimientos de homologación y equivalencias de títulos y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros en España. De este modo, quiere reducir el plazo de un promedio de dos años a un máximo de seis meses.

El Real Decreto, que está actualmente en fase de tramitación, ha sido presentado este miércoles por el ministro de Universidades, Manuel Castells, y por el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. El Ministerio espera que sea aprobado en el último trimestre de este año.

Entre las principales novedades del Real Decreto, está la digitalización de los expedientes, lo que permitirá, a su vez, la simplificación del procedimiento administrativo. Así, el Ministerio espera reducir el tiempo de gestión de cada expediente de homologación y convalidación a un promedio de 6 meses, en lugar de los dos años que suele durar de promedio, según ha anunciado Pingarrón.

Queremos remediar el drama humano que representan largos periodos de espera para profesionales que han decidido empezar una nueva vida en nuestro país, contribuyendo con su talento al desarrollo de nuestra economía del conocimiento y de profesionales españoles titulados en el extranjero o perfeccionados en el extranjero», ha señalado Castells, que espera con la agilización de este procedimiento un «efecto llamada» de profesionales que se han formado en el extranjero.

Con dicha digitalización de todo el procedimiento, los solicitantes de una homologación, equivalencia o convalidación podrán conocer en todo momento, accediendo a una aplicación informática del Ministerio, cuál es la situación procedimental de su expediente y el tiempo que se demorará su resolución.

Según los datos que aporta el Ministerio, en 2019 se presentaron 15.539 solicitudes de homologación, de las cuales se concedieron 4.300 y se denegaron 170, mientras que se presentaron 10.450 solicitudes de equivalencia, concediéndose aquel año unas 4.600 y denegándose 64.

Y en 2020 se concedieron 4.161 homologaciones de profesiones sanitarias y 188 de profesiones técnicas, denegándose 170 y continuando en trámite 4.936. También se concedieron unas 4.640 solicitudes de equivalencia, se denegaron 64 y quedan pendientes más de 2.300.

De este modo, Castells y Pingarrón reconocen que hay actualmente en espera de resolución unos 15.000 expedientes (entre homologaciones y solicitudes de equivalencia), de los cuales muchos de ellos fueron presentados en papel.

Por esto mismo, el Ministerio pretende, en cuanto entre en vigor este Real Decreto, que todos aquellos procedimientos anteriores en papel sean resueltos con un plan de choque para digitalizarlos rápidamente, con la «esperanza», según ha dicho el ministro, de que muchos de ellos se resuelven simplemente por la extinción del procedimiento.

UNA COMISIÓN EVALUARÁ EL PROCEDIMIENTO

Según el documento, para proceder a emitir una resolución, previamente se deberá elaborar un informe motivado respecto al procedimiento solicitado.

Este informe será elaborado por una Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones, Equivalencias y Correspondencias, que estará formada por 12 personas, entre ellos, por profesorado universitario, decanos de facultad o escuela universitaria, y expertos. Esta Comisión dispondrá de un máximo de dos meses para emitir dicho informe.

Si ese informe es desfavorable, el interesado tendrá derecho de alegar en trámite de audiencia, para lo cual dispondrá de hasta 15 días desde el momento de recepción del informe. La Comisión revisará la alegación presentada y emitirá un informe definitivo que ratificará la decisión previa, y para ello contará con un máximo de 15 días.

Igualmente, la Comisión también podrá emitir informes favorables de homologación con la necesidad de realizar complementos formativos en las universidades españolas cuando se detecte alguna carencia formativa específica.

Dicha Comisión no tendrá que emitir informe en cuatro supuestos: para títulos universitarios extranjeros de países del Espacio Europeo de Educación Superior (en el caso de procedimientos de equivalencia); en el caso de existir acuerdos internacionales entre España y otro país de los niveles académicos que disponen oficialmente sus respectivos títulos universitarios oficiales; la existencia de acuerdos entre agencias de aseguramiento de la calidad españolas y las presentes en otro país, que reconozcan la calidad de los planes de estudio de determinado país o de una universidad; y cuando los títulos universitarios provengan de universidades e instituciones «de prestigio internacional contrastable».

En el caso de las solicitudes de homologación de un título universitario extranjero a un título universitario oficial español que permita el acceso y ejercicio de una profesión regulada en España (médicos o abogados), será preceptivo, pero no vinculante, solicitar un informe sobre oportunidad académico-profesional de esta homologación a los Consejos Generales, y en su caso, a los Colegios Profesionales de ámbito nacional que representen los intereses del sector profesional correspondiente.

Con respecto a la convalidación de los estudios, el Real Decreto establece que será responsabilidad de las universidades. Y se podrá convalidar una parte de los estudios realizados excepto el TFG o el TFM. Las universidades también serán las responsables de decidir la equivalencia al nivel académico de Doctor.

El Juzgado de lo Social nº1 de Badajoz ha dado la razón a una demanda de CCOO de Extremadura que presentó en defensa del derecho de un trabajador que decidió cambiar su periodo vacacional porque el que había fijado previamente con la empresa era imposible de disfrutar a causa de las limitaciones que se impusieron por la pandemia sanitaria.

Así, en noviembre de 2020, el trabajador, de la empresa Mafresa, acordó con la empresa disfrutar de 14 días de vacaciones, entre el 18 y el 31 de enero de 2021, pero «las restricciones a la movilidad y al ocio que se aplicaron a causa de la tercera ola de coronavirus provocaron que este trabajador se diera cuenta de que no iba a poder desarrollar sus vacaciones con normalidad», por lo que solicitó de manera formal a la empresa que le modificase las fechas para hacer posible el ejercicio efectivo de su derecho al descanso.

La empresa se negó a esta petición y, por eso, el trabajador, asistido por los Servicios Jurídicos de CCOO y, por la Federación de CCOO de Industria, acudió a la Justicia para presentar una demanda que ha tenido como consecuencia esta «pionera sentencia que declara el derecho del trabajador a posponer sus vacaciones por estos motivos», según explica el sindicato en nota de prensa.

La sentencia, tras un exhaustivo análisis de la jurisprudencia y de la normativa aplicable, recuerda la «doble finalidad» del periodo vacacional, que consiste, por un lado, en «permitir que el trabajador descanse de la ejecución de las tareas que le incumben según su contrato de trabajo, y por otro, que disponga de un periodo de ocio y esparcimiento».

Además, recuerda que, en noviembre, cuando se llegó a un acuerdo entre empresa y trabajador para determinar la fecha de las vacaciones en enero, la situación de la pandemia era distinta, por tanto, la sentencia establece que «lo pactado por las partes debía desarrollarse en un contexto muy distinto» y se trataba de «circunstancias ajenas a la voluntad del empresario y del trabajador que, aunque pudieran haber sido previsibles dados los antecedentes existentes en el año 2020, resultaban inevitables».

En ese sentido, la jueza, en atención a las limitaciones vigentes en la localidad del trabajador a la fecha de las vacaciones aprobadas por la empresa, como fueron el cierre de hostelería, el comercio, las actividades de cultura, las instalaciones deportivas o las actividades de ocio, concluye que, «por circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador, su derecho efectivo a vacaciones no pudo ser ejercitado».

Ante esta determinación, la sentencia declara la nulidad de las vacaciones aprobadas por la empresa del 18 al 31 de enero de 2021 y reconoce el derecho del trabajador a disfrutarlas del 31 de mayo al 13 de junio, tal como se solicitaba en la demanda presentada por la letrada de los Servicios Jurídicos CCOO de Extremadura.