La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que el anterior Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, se vacunó contra el Covid-19 gracias a una instrucción que dictó él mismo sin informar a sus superiores –a ella como ministra– y que no seguía los protocolos marcados por las autoridades sanitarias.

En una comparecencia en el Congreso, Robles ha detallado el protocolo de vacunación en las Fuerzas Armadas y ha asegurado que el responsable era la Inspección General de Sanidad (IGESAN). Al margen de ello, ha asegurado que el Jemad dictó una instrucción propia para la vacunación de un total de 370 personas del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), tanto militares como personal civil funcionario y laboral.

Robles ha asegurado que ni ella ni la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, tenían conocimiento de esa orden que, además, establecía unos criterios para la vacunación que «no siguen la estrategia general ni la del Ministerio de Defensa».

La ministra ha reconocido que esta situación, que llevó a la dimisión del general Villarroya, fue «incorrecta»; pero cree que se debió a una interpretación «incorrecta» de la estrategia y no a un intento de «saltarse el turno de vacunación». En cualquier caso, ha respaldado la carrera militar del exJemad y su «intachable hoja de servicios» y ha apuntado que su dimisión «le honra», pese a que cometió «un error patente y evidente».

Robles ha hecho un relato de los hechos por el que, según ha asegurado, el día 5 de enero IGESAM publicó una estrategia de vacunación con el objetivo de garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas en sus misiones, tanto en España como en las misiones en el exterior.

Dada la limitación de dosis disponibles, el día 11 de enero ordenó comenzar la vacunación al personal sanitario militar. Y ha apuntado que dos días después fue la subsecretaria de Defensa la que dictó una instrucción «muy prolija» detallando la estrategia de vacunación.

Sin embargo, Robles ha asegurado que entre esos dos hechos, el día 12 de enero, el Jemad dictó una instrucción propia sin informar ni a la ministra ni a la subsecretaria y que «no entraba dentro de sus competencias».

Robles ha asegurado haber tenido conocimiento de ello a través de los medios de comunicación y ha detallado que la orden del Jemad estipulaba la vacunación de un total de 370 personas pertenecientes al Estado Mayor de la Defensa, empezando por él mismo.

Además, establecía unos criterios de inclusión y exclusión de la vacunación que Robles ha asegurado que no seguían criterios de las autoridades sanitarias.

La ministra ha insistido en que este paso del general Villarroya «excede» lo recogido por la estrategia de vacunación de las Fuerzas Armadas y fue «incorrecto» por no haber dado cuenta a su superior jerárquico. En cualquier caso, ha confiado en que respondió a una «incorrecta» interpretación de la norma y no a un intento de «saltarse» el turno de vacunación.

«Aunque se cometió un error patente y evidente, quiero creer que fue por una deficiente interpretación», ha manifestado subrayando la «intachable» hoja de servicios del ya ex Jemad y su «servicio a España» durante más de 40 años.

Pese a estas explicaciones, casi todos los grupos de la oposición han señalado como responsable a la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Amparo Valcarce, la responsable política del protocolo de vacunación.

El diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha pedido el cese de Valcarce, mientras que tanto Vox como el PP han defendido la actuación del general Villarroya y han puesto en cuestión que actuara al margen de sus superiores.

Además, el diputado de ERC Joan Josep Nuet ha pedido consecuencias para el resto de militares que fueron vacunados indebidamente y ha exigido a Robles su cese. En caso contrario, ya ha adelantado que pedirá la reprobación de la ministra en el Congreso.

Para rebatir las críticas, Robles ha repartido entre los miembros de la Comisión de Defensa una copia de la instrucción dictada por el entonces Jemad y ha garantizado que da explicaciones sobre «hechos» y no «especulaciones».

En este sentido, ha subrayado que la orden del Jemad iba dirigida a 370 pero era voluntaria, por lo que no conoce el número exacto de personas que finalmente fueron vacunados. «Por suerte, como vivimos en un Estado de derecho, hay unas normas que no hacen obligatoria la vacunación y hay protección de datos. Ni yo ni ustedes tenemos que tener conocimiento de quién se ha vacunado», ha enfatizado.

Además, ha defendido a su subsecretaria, quien cree que dictó una instrucción «perfecta». «Cuando trabajo no tengo amigos», ha dejado claro rechazando que su respaldo se deba a «amigos» o «vínculos afectivos», como ha acusado el diputado de Ciudadanos.

DEFENSA HA PUESTO YA 13.600 VACUNAS

Al margen de esta polémica, Robles ha informado cómo ha avanzado la vacunación en el seno de las Fuerzas Armadas una vez que los militares han sido incluidos por el Ministerio de Sanidad dentro de los colectivos esenciales.

En concreto, la pasada semana el Centro Militar de Farmacia había recibido un total de 35.360 dosis de vacunas: 17.160 de Pfizer y 18.200 de AstraZeneca. De ellas, se han administrado un total de 13.610 vacunas y el resto están depositadas en el Centro Militar de Farmacia para asegurar las segundas dosis y mantener un porcentaje como reserva estratégica.

La ministra ha detallado estas dosis han sido suministradas a personal sanitario, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal desplegado en misiones o próximo a ser desplegado, además de centros docentes de formación en régimen de internado.

Y ha aprovechado para revelar que a la Guardia Real ha recibido un total de 24 dosis, ante la pregunta del diputado de Bildu, Jon Iñarritu.

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha considerado que la moción de censura que este miércoles ha presentado en las Cortes con los votos de los 35 procuradores de su grupo abre un tiempo de «esperanza», al tiempo que ha desvelado que existen contactos con procuradores de Ciudadanos y reconoce que la «irresponsabilidad» del PP ante la convocatoria de elecciones en pandemia ha acelerado su registro en la Comunidad.

En su comparecencia ante los medios para detallar los motivos que han llevado al PSOE a presentar esta moción de censura, Tudanca ha asegurado que se abre una «nueva esperanza» en la Comunidad ante la «progresiva degradación de las instituciones».

«Hoy mi obligación y mi deber con la gente de esta tierra es presentar esta moción de censura y lo hago con toda la convicción, el PP ha generando una inestabilidad institucional imperdonable con convocatorias electorales en mitad de una pandemia para aferrarse al poder a cualquier precio», ha señalado el líder socialista, quien ha considerado que tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como su vicepresidente, Franscico Igea, han demostrado «que no están a la altura».

Así, Luis Tudanca se ha dirigido a los ciudadanos de Castilla y León para garantizar que hará todo lo que esté en su mano para que el cambio de Gobierno llegue y demostrar que es posible «otra forma de hacer política» y de «gestionar» en la Comunidad.

De este modo, tras desvelar que existe «disparidad» entre lo que manifiestan los procuradores de Ciudadanos en privado y lo que trasladan en público, ha pedido a los representantes de la formación naranja en la Comunidad que «escuchen a la gente de esta tierra» que «no aguantan ni un día más con este Gobierno.

«Ha llegado el momento, ya no valen las palabras, ya no valen las ambigüedades, esta moción ha llegado se va a votar en las Cortes y todos deberemos decidir si queremos que Igea y Mañueco sigan haciendo daño», ha señalado.

No obstante, Tudanca ha asegurado que será prudente en cuanto a desvelar los contactos pero sí ha detallado que ha mantenido conversaciones con el presidente del PSOE y del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los pasos que hasta el momento se han dado en la Comunidad.

Asimismo, ha manifestado que al PSOE le consta que esta misma mañana, a raíz de la moción de censura presentada al Gobierno de Murcia, el presidente de la Junta recibía llamadas para impulsar un adelanto electoral en la Comunidad como ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid, una «irresponsabilidad» que ha acelerado la presentación de esta moción de censura en la Comunidad.

«Son ellos los que han tirado una bomba en la estabilidad política de este país y de esta Comunidad», ha aseverado, al tiempo que ha añadido que el PSOE no tenía prisa en la presentación de esta moción de censura. «Eran otros tiempos los que manejábamos, ellos han provocado de forma irresponsable esta inestabilidad en este país».

En este sentido, Tudanca ha dejado claro que con la moción de censura se descarta la posibilidad de adelanto electoral y ahora se deberá tomar la decisión sobre si quieren «perpetuar» a Igea y Mañueco en el poder durante esta legislatura y «atar su destino» al e Igea y Mañueco o «dar una esperanza de futuro».

«Quiero dar un proyecto de estabilidad en Castilla y León», ha insistido, quien ha reiterado que los contactos que se mantendrán para lograr los apoyos suficientes hasta que se vote la moción de censura en las Cortes se harán con «discreción, prudencia y responsabilidad».

En concreto, al PSOE, con 35 procuradores, le faltaría sumar seis escaños para lograr los 41 necesarios para tener una mayoría en la Cámara. Así, el hemiciclo se completa con 12 procuradores de Cs, dos de Podemos, uno de UPL, uno de Por Ávila y uno de Vox, con quienes el líder socialista ya mantiene contactos «discretos».

Así, ha asegurado que desde que esta misma mañana se presentara la moción de censura ha sentido un «enorme apoyo, aliento, ánimo y entusiasmo», tanto desde el PSOE como de otros colectivos y particulares. «Innumerables personas y colectivos desde hace tiempo reivindicaban la necesidad de un cambio de rumbo y de gobierno en esta tierra», ha trasladado.

PROYECTO DEL PSOE

En su intervención, el líder socialista ha trasladado que el PSOE de Castilla y León tiene un proyecto «autónomo» y ha garantizado que esta moción de censura tiene que ver «sólo» con Castilla y León. «Nuestro deber y responsabilidad es, hasta que se vote, lograr los apoyos suficientes para cambiar el gobierno y dar la estabilidad que merece y que ha perdido Castilla y León».

De este modo, ha señalado que de triunfar la moción de censura la Comunidad tendrá otro Gobierno, lo que no supondrá «daños» en la lucha contra la pandemia, ya que, a su juicio, el PSOE ha demostrado que a pesar de la situación «tendió la mano» pese a recibir «desprecio». «Es el peor momento posible con el peor gobierno posible».

Así, ha garantizado que si logra la Presidencia trabajará para volver a fraguar la paz social, el diálogo y el consenso, la lucha contra la pandemia será una «prioridad», se protegerá a las familias, las empresas, los autónomos y los trabajadores y se comenzará la lucha contra el reto demográfico. A esto ha sumado la necesidad de aprovechar los fondos de la UE para la recuperación y será un Ejecutivo que «luche» por la limpieza «después de demasiado tiempo de corrupción».

Tudanca ha señalado además que, en el caso de que la moción no prospere, quienes tendrán que asumir una «gran responsabilidad» serán los que la hagan fracasar. «A ellos los ciudadanos me temo que sí les harán pagar un altísimo precio».

Por último, Tudanca ha asegurado ser consciente del momento histórico actual al ser la primera moción de censura que se presenta a un Gobierno de la Junta de Castilla y León. «Asumimos esa responsabilidad muy conscientes de lo que significa y se juega esta tierra que el PP se ha esforzado mucho en adormecer, en que nunca suceda nada para que no se hable de lo mal que nos iba», ha concluido.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, uno de los siete miembros del Comité Permanente del partido, ha justificado que este órgano decidiera presentar sendas mociones de censura contra el PP en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad sin haberlo consultado antes con el resto de la Ejecutiva de Cs.

«Son los órganos del partido, la Ejecutiva permanente, la que tiene que adoptar las decisiones del día a día», ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja cuando le han preguntado por las quejas de algunos dirigentes de Ciudadanos que han expresado su malestar por no haberse enterado antes de lo que se iba a hacer en Murcia.

Bal ha indicado que aquellos miembros de Cs que discrepen «podrán articular sus opiniones a través del cauce que se establece en los Estatutos» del partido.

SE PRECISABA «DISCRECIÓN» EN LAS NEGOCIACIONES

Asimismo, ha defendido que las negociaciones políticas en general y esta en particular «se tienen que llevar con discreción» porque en caso contrario «se frustran y no llegan a buen puerto». «Se ha gestionado dentro de las competencias internas de los órganos del partido que están previstos estatutariamente y cuando ha llegado el momento de contarlo se ha contado», ha añadido.

En cualquier caso, el portavoz parlamentario considera que, en este caso, romper los acuerdos con el PP y aliarse con el PSOE para impulsar mociones de censura y formar nuevos gobiernos en el Ayuntamiento y en la Región de Murcia era «la única decisión posible y responsable».

En este sentido, ha afirmado que Cs ha actuado correctamente ante la actitud «inadmisible» de los ‘populares’, por los cargos públicos que se pusieron la vacuna contra el coronavirus cuando aún no les tocaba y por la querella que el PP presentó contra el teniente de alcalde de Murcia (Cs), Mario Gómez, tras denunciar este irregularidades en contratos municipales.

«ESTO ES UN PARTIDO DE CENTRO»

Por otro lado, Bal ha dicho que le «sorprende la sorpresa» ante la decisión de Ciudadanos de romper la coalición con el PP en Murcia y pactar con el PSOE, teniendo en cuenta la importancia que siempre le han dado su partido a la regeneración y la lucha contra la corrupción.

«Siempre vamos buscando lo bueno para los españoles, nos da igual que venga del flanco derecho o del izquierdo», ha manifestado, recordando que Cs gobierna con el PP en varias comunidades autónomas y al mismo tiempo ha alcanzado acuerdos presupuestarios con el PSOE en otros territorios. Por tanto «no veo dónde está el cambio de rumbo, esto es un partido de centro de verdad», ha agregado.

Las conversaciones entre el PSOE y Cs sobre la situación en Murcia comenzaron hace más de un mes y se han desarrollado tanto a nivel autonómico como nacional. La presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, encargó esta tarea a Marina Bravo, Carlos Cuadrado y José María Espejo-Saavedra.

Sin embargo, la decisión anunciada este miércoles en Murcia por la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal –que tras la moción de censura presidirá el nuevo Ejecutivo con el PSOE– no se trató previamente con la Ejecutiva nacional en su conjunto, que se reunió por última vez el pasado 15 de febrero.

SE ESTÁ «DANDO UN ESPECTÁCULO»

Esto ha disgustado a algunos cargos de Cs, como el coordinador en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, que ha admitido en Twitter su discrepancia con la actuación de su partido en Murcia y ha avanzado que pedirá explicaciones a la dirección, al revelar que ni él ni «gran parte de la Ejecutiva» conocía esa decisión.

También se ha pronunciado el eurodiputado Adrián Vázquez, que cree que este ha sido «un día triste» y que en un momento en que los ciudadanos necesitan «estabilidad y buena gestión», los políticos están «dando un espectáculo», por lo que ha pedido perdón.

Por su parte, el viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios en la Junta de Castilla y León, Fernando Navarro, ha dicho que «nadie puede negar que es innovador presentar una moción de censura contra uno mismo», por el hecho de que Cs gobernaba con el PP en Murcia.

A raíz de los acontecimientos en Murcia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha convocado elecciones anticipadas y ha destituido a su vicepresidente, Ignacio Aguado, y al resto de consejeros de Cs que había en el Gobierno.

Mientras, el PSOE y Más Madrid han registrado sendas mociones de censura en la Asamblea de Madrid y los socialistas han hecho lo mismo en Castilla y León contra el Ejecutivo de coalición del PP y Cs, liderado por el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco.

«MARIONETAS» DEL PSOE

Por otro lado, la decisión de Arrimadas respecto a Murcia ha sido criticada por personas que en el pasado ocuparon cargos públicos y estuvieron en la Ejecutiva del partido, como el exportavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta; la exportavoz en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán –ahora en el PP–; el exportavoz en el Parlamento de Baleares, Xavier Pericay; y la exdiputada en el Congreso Orlena de Miguel.

Girauta ha difundido un vídeo, que estaba haciendo circular el PP, en el que Arrimadas declaraba en una rueda de prensa que ahora hay que combatir la crisis del coronavirus y que «quien esté pensando en estos momentos en poner en peligro la estabilidad de los gobiernos tiene un problema moral». «Pues nada, a ver si los más rezagaditos entienden de una vez quién es, qué es y qué mueve a esta señora», ha escrito.

A Pericay le parece «grave y triste» comprobar que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y su jefe de Gabinete, Iván Redondo, «mueven los hilos de la política» española «sin importarles un pimiento este país». De Miguel ha apuntado que también es «extremadamente triste» ver «quiénes se prestan gustosos al papel de marionetas», en alusión a Cs, algo en lo que el exportavoz en el Parlamento balear ha coincidido con ella.

Pero también ha habido quienes han respaldado públicamente a Arrimadas, miembros de la Ejecutiva nacional como Miguel Gutiérrez, diputado en el Congreso, y Daniel Pérez Calvo, portavoz en las Cortes de Aragón.

NO TOLERAR LA CORRUPCIÓN DEL PP

Este último ha validado el movimiento realizado en Murcia contra el PP afirmando que «la estabilidad de los gobiernos la ponen en riesgo quienes, desde la prepotencia y la convicción de que las instituciones son suyas, llevan años anteponiendo la corrupción y el mangoneo al interés general de las personas», que es «lo único» que preocupa a Ciudadanos. «Nunca nos quisieron como socios, sólo como cómplices», ha añadido.

Gutiérrez, por su parte, ha arremetido contra quienes, desde que Cs nació, «entendían la necesidad de un partido liberal de centro y reformista» y, en cambio, «ahora solo quieren que se diluya en un viejo partido podrido de corrupción sistémica», en alusión al PP. «Para eso no vinimos muchos», ha advertido.

También ha aplaudido a Arrimadas el exsecretario de Programas de Ciudadanos y exportavoz económico en el Congreso, Toni Roldán, que se ha congratulado de que el partido empiece a «mostrar con acciones valientes que quiere ser un partido útil para anclar España al centro, a las reformas y a la regeneración».

A su modo de ver, «lo raro era que tras 25 años de gobiernos del PP en Murcia» –donde las últimas elecciones autonómicas las ganó el PSOE–, la formación naranja «no hubiera sido garantía de cambio antes».

Roldán cree que «antes o después Ciudadanos tenía que enfrentarse a la disyuntiva entre seguir tratando de contentar a votantes de un lado que no iban a volver», un camino que «le estaba llevando a la irrelevancia», u «optar por volver a ser un partido útil a ambos lados», una opción «arriesgada pero a futuro mejor para España y para Cs».

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pilota las negociaciones que ha emprendido su partido con Ciudadanos para tratar de desbancar al PP tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León, donde los socialistas han presentado sendas mociones de censura que esperan que salgan adelante, sobre todo en el primer caso, según informan fuentes socialistas.

El jefe del Ejecutivo se ha reunido este miércoles durante casi tres horas con sus más estrechos colaboradores del partido en la sede socialista de la calle Ferraz para abordar el terremoto político que se ha desencadenado en España tras romper Ciudadanos con el PP en Murcia, al presentar una moción de censura junto al PSOE contra el presidente ‘popular’ Fernando López Miras.

El viraje de Ciudadanos en esta comunidad pronto ha tenido consecuencias más allá de Murcia y, a las pocas horas de registrarse la moción, la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que iba a convocar elecciones anticipadas para evitar una moción de censura contra su gobierno, que también compartía, hasta ahora, con Ciudadanos.

ELECCIONES ANTICIPADAS EN MADRID VS MOCIÓN DE CENSURA

Sin embargo, antes de hacerse oficial el adelanto, tanto Más Madrid como el PSOE se han apresurado a presentar sendas mociones de censura para tratar de evitar los comicios. Según la Asamblea, estas iniciativas ya han sido admitidas a trámite, por lo que ahora se abre un escenario incierto, si la presidenta quiere pelear en los tribunales que su adelanto electoral ha llegado antes.

A pesar de este posible litigio, en el PSOE creen que su moción de censura contra Ayuso, con su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, como candidato, tiene muchas posibilidades de salir adelante, ya que Ciudadanos ya ha roto con el PP en esta Comunidad. De hecho, la presidenta madrileña ha cesado a su vicepresidente y dirigente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y al resto de consejeros del partido naranja tras conocerse la moción de censura de Murcia.

Por tanto, el objetivo para el PSOE ahora es lograr amarrar el apoyo de Ciudadanos a su moción de censura, algo que ven factible y para lo que se ha volcado ya todo el partido, empezando por el líder socialista y presidente del Gobierno.

Además, unas posibles elecciones anticipadas en Madrid, que Ayuso quiere convocar para el 4 de mayo, pillarían al PSOE sin candidato, ya que todos en el partido dan por hecho la marcha de Gabilondo para asumir el Defensor del Pueblo.

Para ocupar el primer puesto de esa hipotética candidatura suenan ya varios nombres, tanto entre la militancia socialista como entre miembros de la dirección, pero sobre todo el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Varios dirigentes socialistas reconocen que sería una buena opción para disputarle a Ayuso la Presidencia de la comunidad, aunque también señalan más opciones, como la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Por otra parte, el PSOE no descarta sacar adelante la moción de censura que ha registrado en Castilla y León contra el presidente ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, donde el PP también gobierna con Ciudadanos. En este caso, los socialistas asumen que el objetivo es más difícil de lograr, ya que Ciudadanos y el PP mantienen todavía unido su gobierno, al igual que en Andalucía. No obstante, no ven «improbable» que logren que triunfe.

Sánchez ha abordado este nuevo escenario en una reunión de casi tres horas en Ferraz con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial, Santos Cerdán; y la vicesecretaria general del partido y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra. Un encuentro al que también ha asistido el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, el Delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

El presidente ha abandonado la sede de los socialistas pasadas las 17.00 horas y, tras ello, el PSOE ha informado de que se cancelaba la rueda de prensa que tenía previsto ofrecer Ábalos en Ferraz para dar explicaciones, con el objetivo de dejar todo el protagonismo a los socialistas madrileños, que tienen previsto comparecer a última hora de este miércoles en la Asamblea de Madrid.

La comparecencia de Ábalos se había convocado en un primer momento para las 13.45 pero después se informó de que se retrasaba, sin hora concreta. Mientras, Sánchez convocaba a su núcleo duro del PSOE en Ferraz para una reunión de urgencia que se ha extendido durante casi tres horas.

Fuentes socialistas han explicado este miércoles que aunque los acontecimientos para presentar la moción en Murcia se «precipitaron anoche», las conversaciones vienen de largo. En concreto, aseguran que llevan más de un mes hablando con Ciudadanos con discreción, y que las direcciones de ambos partidos estaban al corriente.

MONCLOA, EN LAS NEGOCIACIONES CON CIUDADANOS DESDE HACE UN MES

Por parte del PSOE, las negociaciones las ha liderado Ábalos, Cerdán y también el secretario general de la Presidencia del Gobierno y persona de máxima confianza de Sánchez, Félix Bolaños.

El sector socialista en el Gobierno se ha mostrado este miércoles a primera hora esperanzando de que el movimiento en Murcia se replicara en otros territorios. De hecho, varios ministros recordaban que el propio Sánchez ya instó la semana pasada a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a desvincularse del PP y de la extrema de derecha y convertirse en un verdadero partido de centro útil, antes de acabar «mermado» por sus alianzas con la derecha y la extrema derecha.

En este sentido, fuentes de Moncloa avisaban de que a Ciudadanos «se le puede estar acabando el tiempo», y defendían que Arrimadas debería dejar de jugar con sus diez escaños, darse cuenta de que sus alianzas con la derecha les están perjudicando, y romper ya con un PP que, a su juicio, cada día es más «radical» por su comportamiento y sólo está en el «acoso y derribo».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado en redes sociales de «lamentable» que Ciudadanos (Cs) «esté más pendiente de intrigas para cambiar gobiernos que de gestionar la pandemia».

«Ha obviado principios y priorizado intereses partidistas sobre el bienestar de los españoles. Agradezco que Galicia votase estabilidad y que esté al margen de este caos», ha celebrado el también líder del PP gallego en su perfil de ‘Twitter’.

Feijóo se ha pronunciado de este modo tras evitar hacer declaraciones en la rueda de prensa posterior a su reunión con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras los distintos movimientos que han derivado en el paso de su compañera de partido y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones anticipadas en la Comunidad.

El ‘terremoto’ político se inició con el anuncio de Cs de que rompía con el PP y presentaba con el PSOE una moción de censura que le da la presidencia de Murcia. A este paso le siguió el anuncio de elecciones anticipadas en Madrid, al que partidos de la oposición han respondido con el registro de mociones de censura. Posteriormente, el PSOE presenta también una moción de censura en Castilla y León.

FEIJÓO RECHAZÓ ‘ESPAÑA SUMA’ EN GALICIA

Feijóo, en las elecciones autonómicas de julio, rechazó ir en coalición con Ciudadanos (Cs) pese a que la tesis del PP estatal, ya previa, era explorar esta fórmula bajo el lema de ‘España Suma’ con el fin de tratar de volver a unir el voto. En Euskadi sí se ratificó la coalición, liderada por Carlos Iturgáiz, aunque los resultados en las urnas tampoco fueron positivos.

El presidente gallego reivindicó las siglas de su formación, aunque abrió las puertas de Cs, sin ningún paso concreto más allá de la integración simbólica en las listas de Juan José Chouza, exrepresentante de la formación naranja en Galicia, quien se sumó a la candidatura coruñesa como independiente y a título personal.

IRONÍA EN TWITTER DEL PPDEG

Por su parte, el PP de Galicia también ha colgado un tuit en el que reivindica la estabilidad y da las gracias a los gallegos.

«A esta hora del día no tenemos constancia de que Cs Galicia vaya a presentar una moción de censura con el apoyo de Podemos en el Parlamento autonómico», bromean los populares en su perfil de Twitter, ya que ninguna de las dos formaciones tienen representación en el Parlamento autonómico –en cuyo hemiciclo se sientan representantes de PSdeG, BNG y PPdeG (con mayoría absoluta este último partido)–.

El Senado ha aprobado este miércoles, con 145 votos a favor, 91 en contra y 19 abstenciones, el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que provenía del Congreso de los Diputados, conocido como el decreto de la ‘nueva normalidad’.

Las enmiendas del PP han sido rechazadas, lo que ha motivado las críticas del senador popular Antonio Alarcó. «En la primera Ley sanitaria de esta legislatura resulta que ninguna de las enmiendas del partido mayoritario de la oposición han sido apoyadas. Todas estaban encaminadas a mejorar la salud y prevención de todos los españoles. Me produce tremenda tristeza. Me ha dolido muchísimo. Meten ideología en la Ley, pero hay que hacer política sanitaria», ha argumentado.

En contraste, el senador socialista Manuel Ángel Fernández Palomino ha destacado que este norma «era y es necesaria para afrontar la pandemia». «Es muy complicado adaptar una legislación, pero estos meses han servido para certificar que fue y es una buena norma para dar respuesta a una situación cambiante», ha defendido.

Entre las medidas contempladas en el texto, se mantiene la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

En relación a los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el texto recoge que deberán comunicar a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el ‘stock’ disponible, la cantidad suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes de los mismos, incluyendo las fechas y cantidades estimadas.

Además, incluye que las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades en cada momento. Asimismo, alude a la garantía de un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón ha acusado este miércoles al PSOE y al PP de «pervertir el espíritu constitucional» al querer repartirse los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en lugar de llegar a un consenso sobre todos ellos, una actitud que además, según ha denunciado, traslada a la opinión pública una apariencia de imparcialidad de las personas elegidas que no suele corresponderse con la realidad.

Así lo ha señalado Aragón durante su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, donde ha acudido a plantear propuestas para mejorar la independencia de los órganos reguladores.

Aragón, que llegó al TC a propuesta del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho hincapié en que, cuando la ley exige una determinada mayoría para la elección de un órgano –él es partidario de mantener los tres quintos (210 votos)–, los partidos no pueden limitarse a repartirse los puestos, sino que han de llegar a un acuerdo mediante el que todos los elegidos obtengan la confianza de todos los que los eligen, para lo que hay que aplicar un método de «vetos mutuos».

Eso es lo que, a su juicio ocurrió cuando se designó a los primeros miembros del Tribunal Constitucional, pero dista mucho de lo que ocurre ahora cuando, a su juicio, lo que se pretende es un mero reparto de puestos.

«ME SOBREPASA EL ASUNTO»

«Eso es una perversión del espíritu constitucional sin duda alguna. Así de claro lo digo ya que se me da la oportunidad», ha dicho, visiblemente irritado en el Congreso. «Siento ponerme así pero me sobrepasa el asunto», ha confesado.

Ese «reparto puro y simple de cuotas» es, desde su punto de vista, lo que crea «apariencia de politización», aunque no implica que quienes vayan a llegar al puesto «vayan a obedecer instrucciones». «Yo no he recibido nunca instrucciones de nadie, nadie se atrevió a dármelas y si me las hubieran dado yo hubiera respondido de la peor manera», ha advertido.

Según ha relatado, el conoce muchas personas que han ocupado este tipo de puestos y que han actuado con total independencia por su prestigio personal y su honorabilidad.

APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD

«Lo que me preocupa y lo que hay que combatir es la imagen, la apariencia de imparcialidad», ha dicho, subrayando que se pueden utilizar medidas del Derecho para «forzar consensos» pero que bastaría con actuar con «lealtad al espíritu constitucional».

También el magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma por la Independencia Judicial, ha criticado el actual sistema de elección de vocales del CGPJ pues considera que es «una farsa política» en la que los principales líderes se «reparten los cargos» en un «intercambio de cromos», sin que los candidatos jueces sean siquiera examinados en las Cortes.

Ruiz de Lara, que defiende el sistema original del CGPJ de que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos directamente por los jueces, cree que sólo caben dos alternativas al bloqueo actual: o cambiar la ley vigente o bien que los partidos que mantienen «la farsa» se comprometan a nombrar sólo a aquellos vocales de extracción judicial (doce de los 10 del Consejo) que sean elegidos previamente por los jueces en unas elecciones libres y democráticas.

El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado finalmente este miércoles, con el voto en contra de la Comunidad de Madrid, aprobar el documento común de medidas para Semana Santa y el puente de San José, que incluye, entre otras cuestiones, el cierre perimetral de las autonomías entre el 17 y el 21 de marzo en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo por el puente de San José, y desde el 26 de marzo al 9 de abril por la Semana Santa.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que también ha asegurado que todas las autonomías, salvo Madrid, se han posicionado a favor del documento para estas fechas.

Dicho texto de actuaciones, que se recogerá en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y será de obligado cumplimiento, apunta al cierre perimetral autonómico en estas fechas, cuestión que no afectará a Canarias y Baleares, donde quedará limitada la entrada a los supuestos establecidos en el estado de alarma que rige hasta mayo.

En cuanto al toque de queda, el Consejo Interterritorial ha acordado adelantar el horario máximo a las 23.00 horas, por lo que las autonomías tendrán la oportunidad de establecerlo a las 22.00 horas o bien a las 23.00 horas, pero no más.

La ministra también ha explicado que las reuniones sociales se limitarán a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados, a seis en sitios abiertos, y las reuniones se limitarán a convivientes en espacios privados.

ACUERDO DE MÍNIMOS

Según ha explicado Darias, este documento es un acuerdo de mínimos, por lo que las Comunidades Autónomas podrán seguir manteniendo medidas más restrictivas en estas fechas, como adelantar el toque de queda hasta las 22.00 horas o, en el caso de que lo prefieran, ampliar el cierre perimetral a nivel provincial o municipal.

Además, se han dado una serie de recomendaciones que tienen que ver con no bajar la alerta en las Comunidades Autónomas en las dos semanas previas a estas fechas y también con las que tengan que ver con eventos masivos.

AVISO A MADRID

Durante su comparecencia en la rueda de prensa, Darias también ha querido lanzar un aviso a las Comunidades Autónomas y, en especial, a la región madrileña que este acuerdo es de obligado cumplimiento, después de que el consejero de Salud de este territorio anunciara que no cerrarían Madrid.

En la reunión, la Comunidad de Madrid también se ha quejado de que los turistas internacionales puedan llegar a los archipiélagos mientras que no lo pueda hacer un ciudadano madrileño. Aquí, Darias ha precisado en su comparecencia que se pretende evitar el turismo nacional.

Sobre este turismo internacional, Darias ha repetido ante varias preguntas en este sentido, las medidas acordadas y recogidas en el estado de alarma en relación al control y restricciones a los vuelos procedentes de otros países.

La plataforma ‘Renovadores’ de Ciudadanos, crítica con la dirección liderada por Inés Arrimadas, ha cuestionado este lunes la moción de censura en la Región de Murcia presentada por PSOE y Cs para desbancar al ‘popular’ Fernando López Miras pues, en su opinión, genera la creencia de un partido poco «fiable» en el resto de España lo que podría provocar la desaparición del partido.

En la presentación telemática de la corriente crítica en Madrid, el exdiputado en el Parlament catalán y portavoz de la plataforma, Antonio Espinosa, ha señalado que la moción de censura en Murcia es la «constatación de una serie de errores estratégicos» de «cómo» se entiende la política en la dirección actual de Cs, que «se producen desde hace tiempo» y ahora «están empeorando» en todas las comunidades autónomas.

«¿Cómo es posible que nos hayamos hecho una autocensura?», ha preguntado Espinosa, que ha lamentado que la moción «no tiene coherencia ninguna» y «no se va a entender» porque Cs ya estaba en el gobierno regional. «Será un error capital para el devenir de Ciudadanos. No solo ya en esta comunidad, también en otras y en España. No se nos va a ver como un partido fiable», ha avisado.

A su juicio, si el pacto de gobierno entre PP y Cs es «imposible de seguir cumpliéndose, lo coherente» es abandonar ese Ejecutivo y, «desde esa posición te replanteas la estrategia a desarrollar», ya sea «una moción o unas elecciones», o sino «confundirá» al electorado.

«Aquí se trata de un cambio sin querer perder la silla, sin someternos al veredicto de las urnas. Si haces un pacto y se incumple, lo normal es que lo denuncies. No es normal hacer una moción de censura, no es ético», ha señalado el que fuera diputado autonómico. Espinosa también ha criticado que el nacimiento de ‘Renovadores’ de Cs surge porque «la dirección actual es una auténtica losa para el partido», con Arrimadas tomando «decisiones muy inapropiadas» con una «estructura de organización» basada en un «modelo de hiperliderazgo».

En esta línea, ha afeado que la Ejecutiva de la formación ‘naranja’ no tiene una función «de órgano deliberativa», sino «decorativa», que «no se entera» y se «limita a aplaudir la mayoría de veces». «El resultado es el declive de la organización», ha alertado el portavoz de la plataforma, que ha pedido «cambiar las estructuras del partido» porque, en su opinión, de seguir así, «con decisiones tan torpes», Cs llegará «incluso a la desaparición».

CONGRESO EXTRAORDINARIO

Espinosa también ha pedido un congreso extraordinario en «condiciones democráticas y de igualdad para todo el mundo» porque la situación es «extraordinaria».

Previamente, en una carta que está dirigida a Arrimadas y firmada por el exdiputado en el Parlament y portavoz de la plataforma, Antonio Espinosa, han manifestado su «total desacuerdo» y han asegurado que la última Asamblea ordinaria fue en febrero de 2017, por lo que una nueva debe celebrarse el 15 de junio –deben pasar cuatro meses desde las elecciones a menos que la dirección decida lo contrario–, ya que los estatutos establecen que las asambleas ordinarias deben celebrarse una vez cada cuatro años, han resaltado.

«De no actuar así, a nuestro juicio, tú como presidenta y el resto del Comité Ejecutivo estaréis incurriendo en un grave incumplimiento estatutario que se sumaría al que supuso la no celebración de primarias para elegir candidato» a la Presidencia del Govern, cuando se sustituyó a Lorena Roldán por Carlos Carrizosa sin unas nuevas primarias.

El Senado ha instado al Gobierno, a través de una moción en la que se han puesto de acuerdo todos los grupos políticos, a adoptar «todas las medidas necesarias» para garantizar la «reparación moral y económica» de todos los afectados por la talidomida en España.

El texto pide al Ejecutivo que proceda «cuanto antes» a cumplir con los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que recogían las ayudas para las víctimas de este fármaco en los años 60. De la misma forma, los grupos han acordado exigir a la compañía farmacéutica Grünenthal la «reparación económica del daño causado en cuantías adicionaes a las ayudas previstas».

«Seguiremos exigiendo la responsabilidad a la farmacéutica para que reconozca el daño, pida perdón y asuma la colaboración económica en las reparaciones a estas personas, que nunca serán suficientes», ha comentado en su intervención la senadora socialista Ana Belén Edo, quien ha pedido «disculpas» a los afectados. «No hemos sabido ajustarnos antes a vuestras demandas», ha señalado.

En este sentido, Edo ha avanzado que las ayudas «están pendientes solo de los informes del Ministerio de Hacienda, Presidencia y dictamen del Consejo de Estado». «Se prevé su aprobación en pocos meses y después se abrirá otra vez el plazo para la solicitud de ayudas», ha destacado. Según ha indicado, se va a reconocer con 12.000 euros por punto de discapacidad producto de la talidomida, y por el momento solo quedan pendientes 61 expedientes de un total de 593 solicitudes.

La proponente de la moción ha sido la senadora Mirella Cortès, de ERC, quien también defendió esta cuestión en el Pleno del Senado del 23 de febrero ante el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. «Los efectos negativos del fármaco dejaron a multitud de bebés con malformaciones congénitas muy importantes que están acarreando durante toda su vida. Alrededor de 3.000 personas en España llevan reclamando medidas de reparación por los daños sufridos. Medidas llevadas a cabo en todo el mundo excepto en el Estado español», ha explicado.

Así, y «después de 60 años de olvido institucional», Cortès ha argumentado que «ya ha llegado el momento, hace tiempo que lo era, de asumir y reparar los derechos de todos los afectados que han sido olvidados». «Solo es cuestión de voluntad política», ha esgrimido.

Iglesias reconoció ante Cortès que el hecho de que los afectados por la talidomida en los años 50 y 60 aún no hayan recibido indemnizaciones «revela las carencias de un sistema democrático que no siempre ha sabido hacer justicia de una tragedia que sucedió durante el franquismo pero se extiende en los gobiernos durante la democracia». «Pone en cuestión nuestra salud democrática, por eso tenemos la obligación de reparar las injusticias que se han cometido», reconoció.

El ministro de Derechos Sociales avanzó que la regulación de las ayudas, en cualquier caso, «se va a culminar en cuestión de meses». Sin embargo, ha admitido que «la reparación económica y moral va a ser insuficiente». «Eso tenemos que reconocerlo aunque vayamos en la línea adecuada. Lo que está en mis manos se está gestionando todo lo rápido que podemos», añadió al respecto.

La moción aprobada este miércoles exige culminar «en un plazo máximo de seis meses» la elaboración y tramitación del Proyecto de Real Decreto para regular estas ayudas para los afectados entre el periodo de 1950 a 1985, sin que se requiera un grado mínimo de discapacidad. Asimismo, se insta al Gobierno a pagar antes de que finalice el año 2022 las ayudas previstas en los Presupuestos de 2018.

Otras medidas contempladas son «analizar» posibles exenciones fiscales y tributarias para las indemnizaciones; realizar en nombre del Estado una «disculpa pública» hacia las víctimas y sus familiares; o crear un comité de seguimiento con la participación de las asociaciones de víctimas para «velar por el correcto cumplimiento de esta iniciativa».

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado adelantar el comienzo del juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo por tres de las piezas de la causa ‘Tándem’ al 13 de octubre. Con una providencia, se modifica el calendario que fijaba el inicio de la vista oral para el 13 de diciembre.

Esta decisión llega después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa ‘Tándem’, acordara el pasado día 3 de marzo la puesta en libertad provisional para el comisario jubilado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, la Sala ha decidido revisar fechas y ha logrado encontrar huecos en los que encajar sesiones de la vista oral tanto en octubre como en noviembre y ha modificado por completo el calendario. Así, las nuevas fechas son el 13 y el 14 de octubre, el 3,4 y 15 de noviembre, el 13, 14, 15, 16, 17 de diciembre y ya en 2022 los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de enero.

La Sala apunta que estas nuevas fechas surgen después de haber recibido en la agenda de distribución de las salas correspondientes al año 2022.

Cabe recordar que la petición del Ministerio Fiscal de su puesta en libertad se produjo después de que esta misma Sala rechazara él recurso de los fiscales contra la puesta en libertad por las tres piezas por las que va a ser juzgado.

Tras esta petición, García-Castellón acordó que saliera de Estremera pero con medidas cautelares consistentes en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio (Boadilla del Monte, en Madrid), la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al Juzgado Central de Instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.

IRON, LAND Y PINTOR

En esta vista se juzgará al comisario y a otros procesados por las piezas 2, 3 y 6 –Iron, Land y Pintor–, que se acumulan, y que son las primeras que serán juzgadas de la treintena que conforman Tándem. Por ellas, la fiscalía pide más de 109 años de cárcel para Villarejo.

En ‘Iron’, donde consta la pena más elevada, Anticorrupción reclama 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para el ex comisario por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia. En ‘Land’, donde se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’, el Ministerio Público solicita 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para Villarejo.

En cuanto a ‘Pintor’, que versa sobre el encargo que habrían hecho al comisario jubilado unos empresarios para extorsionar a un ex socio y al abogado de este último, el ex juez Francisco Javier de Urquía, Fiscalía pide 14 años de cárcel para Villarejo.

Sectores de Junts cercanos al secretario general del partido, Jordi Sànchez, quieren situar a la candidata a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, como presidenta del Parlament, pero ella es reticente a ocupar este puesto porque preferiría asumir otras responsabilidades y entrar en el Govern como vicepresidenta, han explicado fuentes de la formación.

Esto explica que Junts no haya concretado todavía su propuesta de nombres para la Mesa del Parlament a falta de dos días para la constitución del Parlament, en unas negociaciones en las que el partido reclama la Presidencia del órgano y otro puesto en la Mesa, que ERC ocupe dos más y uno la CUP, ostentando el independentismo mayoría en el órgano.

«Nos podríamos asegurar cinco de siete puestos si votamos bien», aseguran otras fuentes del partido, que apuntan que, en caso de que Borràs no sea la presidenta del Parlament, hay otros nombres sobre la mesa como la de la consellera de Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, la de la candidata por Girona, Gemma Geis, y la del actual vicepresidente de la Cámara catalana, Josep Costa –debería obtener su escaño al haber renunciado Carles Puigdemont al suyo–, aunque ERC se opone a este último, afirman.

El partido también es consciente de que sobre Borràs recae una investigación por parte del Tribunal Supremo por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que ahora pasará al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y que ello conllevará que empiece la instrucción de nuevo y que el proceso de su posible inhabilitación se alargue.

¿ARTADI VICEPRESIDENTA?

En caso de que Borràs aceptara presidir el Parlament, Junts baraja la posibilidad de situar a la vicepresidenta del partido, Elsa Artadi, como vicepresidenta económica del futuro Govern, pero están a la espera de la decisión que tome Borràs.

También está sobre la mesa que el hasta ahora presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ocupe la Conselleria de Territorio, y que ERC se quedara el departamento de nueva creación sobre acción climática y sostenibilidad, dado que fue una apuesta del candidato republicano, Pere Aragonès, durante la campaña.

Otro de los nombres que están en las quinielas del futuro Ejecutivo catalán es el del diputado electo Jaume Alonso-Cuevillas como conseller de Justicia, y el de Jordi Puigneró si finalmente se mantiene la Conselleria de Políticas Digitales.

En relación al grupo parlamentario de Junts, Geis podría presidirlo y situar nombres como Francesc de Dalmases en puestos de responsabilidad, como portavoz del grupo, entre otros.

ERC, Junts y la CUP se han reunido este miércoles de manera conjunta por segunda vez pero no han alcanzado ningún acuerdo a falta de dos días para que se celebre el pleno de constitución del Parlament, en el que se escogerá la composición de la Mesa de la Cámara catalana.

Fuentes conocedoras han explicado que el encuentro ha terminado sin acuerdo y que seguirán negociando, por lo que se mantiene la incógnita de quién presidirá el Parlament en la próxima legislatura.

Junts sigue defendiendo que este cargo le corresponde a su formación pero sin concretar a quién proponen para asumirlo, algo que sí ha hecho la CUP planteando al que fue su cabeza de lista por Lleida, Pau Juvillà, como su candidato para presidir el Parlament.

En un comunicado, la CUP ha asegurado que durante el encuentro han propuesto formalmente a Juvillà como candidato a la Presidencia del Parlament «con el objetivo de garantizar que ésta sea capaz de frenar los discursos de odio, las amenazas y las coacciones de la extrema derecha, por un lado, y por el otro, que vele, desobedeciendo si hace falta, para que el Parlament pueda llevar a cabo políticas para avanzar social y nacionalmente».

«SITUACIÓN AL LÍMITE»

Los ‘cupaires’ han criticado que Junts «siga exigiendo la Presidencia del Parlament sin querer concretar ni propuesta política ni nombres, y que ni tan solo estén dispuestos a hablarlo, llevando la situación al límite, 48 horas antes de la constitución del Parlament».

También han acusado a ERC y Junts de «poca concreción» tanto en el proyecto para la próxima legislatura y cómo en concretar las propuestas que ambos partidos se habían comprometido a trabajar: hacer una moratoria del uso de proyectiles de foam, que la Brigada Mòvil (Brimo) de los Mossos d’Esquadra no participe en los desahucios y que la Generalitat no se persone como acusación particular contra activistas.

Así, la CUP ha urgido a los dos partidos a trabajar en un acuerdo que «evite situarse en las mismas coordenadas que durante la legislatura anterior, que dé respuestas a la población ante la crisis política, social y económica, y que se aleja del intercambio de sillas».

JUNTS QUIERE LA PRESIDENCIA

En otro comunicado, Junts ha asegurado que sigue trabajando con ERC y la CUP para llegar a un acuerdo «fiel a los resultados del 14F que vaya más allá de la investidura y la formación de Govern».

Según la formación de Laura Borràs, para superar las discrepancias de la última legislatura han defendido que «el rigor pasaba por acordar las bases de actuación y coordinación entre las formaciones independentistas, y después entrar a debatir elementos como la elección de los miembros de la Mesa del Parlament».

Ha afirmado que Junts tiene la voluntad de presentar candidatura a la Presidencia de la Cámara pero que «la elección de la persona se hará a través de procedimientos de validación interna del partido».

«Por este motivo se pide respeto por estos procedimientos de validación y el tiempo que requieren, especialmente en esta semana que se ha atentado contra los derechos del secretario general, Jordi Sànchez, el vicepresidente, Jordi Turull, y el presidente del partido, Carles Puigdemont», en alusión a la retirada del tercer grado y a que el Parlamento Europeo levantara la inmunidad del líder de la formación.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cifrado este miércoles en más de 758 millones de euros el coste de las misiones militares desplegadas en el exterior en el año 2020, un dato menor al inicialmente previsto debido a la reducción de actividades y efectivos como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

En una comparecencia en el Congreso, Robles ha repasado las operaciones internacionales en las que participan las Fuerzas Armadas españolas y el coste que tuvieron el pasado año. En total, las cifras aportadas por la ministra suman 758,7 millones, menos de los 1.176 millones previstos por el Gobierno. Para este 2021, están presupuestados cerca de 900 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Defensa han precisado que el coste de las misiones fue menor del que se preveía el pasado año debido a la reducción de actividades y contingentes como consecuencia del Covid-19.

La incidencia de la pandemia obligó a España a reducir el número de efectivos desplegados en varias operaciones internacionales, como las de Malí o Irak, así como a retrasar el relevo en otras o imponer periodos de cuarentena a los militares desplegados.

En cualquier caso, las fuentes ministeriales han precisado que los gastos que ha citado la ministra son los de las operaciones desplegadas. Y a ellos se deben sumar otros gastos de unidades preparadas por si tuvieran que intervenir. Por tanto, el coste total que se computa en la partida de misiones en el exterior será algo superior a los 758 millones detallados por la ministra.

Los costes de cada misión en 2020 fueron: Letonia 72.725.337 euros; Policía Aérea del Báltico 49.301.128 euros; Balcanes 278.265 euros; agrupaciones de la OTAN 151.507.903 euros; Sea Guardian 25.109.620 euros; Turquía 29.874.000 euros; Líbano 108.796.000 euros;Irak 98.606.000 euros; Afganistán 8.017.000 euros; Malí 75.655.000 euros; República Centroafricana 3.239.164 euros; destacamentos aéreos en Senegal 51.380.000 euros; seguridad cooperativa 2.128.104 euros; Somalia 2.838.146,18 euros y Atalanta 79.197.963 euros.

CASI 2.500 EFECTIVOS DESPLEGADOS

Actualmente España está empezando a recuperar su presencia militar en misiones internacionales tras la merma del pasado año como consecuencia de la pandemia. Las Fuerzas Armadas han recuperado prácticamente las cifras de efectivos desplegados en el exterior anteriores al Covid-19 gracias a un aumento en Malí y en las fuerzas navales de la OTAN y la Unión Europea, pese a la importante reducción de presencia que ha tenido lugar en Irak.

Según la documentación remitida por el Ministerio a la Cámara Baja, el número de militares desplegados en el exterior, a fecha de 1 de febrero, era de 2.464 efectivos; un total de 368 más de los que había en junio del pasado año.

El Consejo de Ministros ya dio el visto bueno a finales de 2020 al plan de para las misiones militares en el exterior en las que participan las Fuerzas Armadas españolas, sin que se prevean cambios sustanciales y un coste previsto para este año 2021 de 1.176 millones de euros.

La mayor reducción de presencia desde el pasado año ha sido en Irak, donde se ha pasado de 265 efectivos a los 188 actuales como consecuencia de la finalización de la misión de adiestramiento a las fuerzas de seguridad locales. España cerró la base de Besmayah y centra ahora sus tareas en la base de Al Assad con una unidad de helicópteros y en las localidades de Erbil y Bagdag.

Las Fuerzas Armadas también han continuado mermando en Afganistán, donde se ha pasado de 36 militares a 24. La misión está actualmente en proceso de revisión tras el acuerdo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump para abandonar el país en mayo de este año, aunque la OTAN ya ha avisado de que quiere hacerlo en condiciones de seguridad y estabilidad.

Frente a estas reducciones, España ha aumentado considerablemente el número de efectivos desplegados en Malí y prevé seguir haciéndolo durante los próximos meses. Actualmente son 397 los militares españoles que participan en esta misión de la Unión Europea (213 más que a mediados del pasado año) y Defensa se comprometió a aumentarlos hasta los 550, coincidiendo además con el mandato de la operación de un general español, el general de brigada Fernando Gracia.

A la vez, las Fuerzas Armadas cuentan con un destacamento aéreo de apoyo a la misión de Malí compuesto por 66 efectivos y tienen presencia en Somalia (18) y República Centroafricana (8). El aumento total en el exterior se debe también a la participación española en los grupos navales permanentes de la OTAN y la Unión Europea, donde España cuenta actualmente con un total de 227 militares desplegados.

LÍBANO, LA MÁS NUMEROSA

Además, las Fuerzas Armadas mantienen su presencia en misiones en las que participan desde hace años, como la de Letonia, con 339 militares desplegados; la de Turquía con 149 efectivos, Líbano, la más numerosa con 621 militares; o la misión Atalanta de lucha contra la piratería en el Índico, con 288 efectivos.

El Ejército del Aire también participa actualmente en la misión de Policía Aérea con 130 efectivos desplegados en Rumanía para la vigilancia del espacio aéreo del Mar Negro. Esta misión, en la que España participa por primera vez, se alterna con su ‘gemela’ desde Lituania para la vigilancia del cielo báltico.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha exigido «un compromiso más sólido» por parte de Eudel, del Ararteko y de todas las instituciones vascas para «trabajar más y mejor por impedir la exaltación a ETA en las calles».

Además, ha manifestado que «echa de menos» una denuncia «más explícita de este déficit democrático» que supone tener a una fuerza política como EH Bildu «que siga justificando la barbarie terrorista de ETA» en el documento elaborado en el seno del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha tomado parte, vía streaming, en la sesión extraordinaria del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo, celebrada en Vitoria con motivo del ‘Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo’, que se conmemora el 11 de marzo, y que ha presidido el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

Covite ha valorado que el documento elaborado en el seno del Consejo Vasco de Participación de las Victimas del Terrorismo, «en líneas generales, es correcto», ya que hace hincapié en que la violencia y el terrorismo ejercidos por ETA «han supuesto la mayor vulneración de derechos humanos en la historia reciente del País Vasco».

Según ha señalado, también se incide en que ETA «contó con sustento social y que su violencia (el terror, los asesinatos, los atentados con heridos, el acoso y la amenaza) fue un medio para tratar imponer un proyecto político totalitario, que no admitía la diversidad ideológica y política», planteamiento que también comparte el colectivo.

No obstante, echan de menos que «se diga con claridad que ese proyecto político se sigue defendiendo hoy, que Bildu es una fuerza política heredera de la antigua Batasuna y que sus portavoces siguen justificando el asesinato de nuestros familiares y llamando presos políticos a los asesinos». «Echamos de menos una denuncia más explícita de este déficit democrático que supone tener a una fuerza política que siga justificando la barbarie terrorista de ETA», ha insistido.

Covite, cuando en el documento se hace hincapié en la necesidad de reparar a las víctimas del terrorismo, reconociendo que «ha habido importantes déficits en este sentido durante mucho tiempo», ha considerado que «es importante que se hable de una cuestión que revictimiza a las víctimas y que supone una humillación y un grave ataque a su dignidad: los homenajes públicos a miembros de ETA y la ocupación de las calles y de los espacios públicos por parte de la izquierda abertzale para sus proclamas».

«ESFORZARSE MÁS»

A su juicio, las instituciones vascas deben «esforzarse más por evitar esta realidad tan dolorosa para las víctimas y tienen la competencia para ello, pues así lo establece el artículo 4 de la ley vasca de víctimas del terrorismo».

En ese sentido, el colectivo ha recordado que envió un informe exhaustivo al Ararteko haciéndole saber dónde habían encontrado pintadas y pancartas de apoyo y de exaltación a ETA y a sus presos y no les ha contestado «ni ha puesto en marcha ninguna actuación al respecto».

«En cambio, el Defensor del Pueblo de Navarra, cada vez que le hemos solicitado que borrase una pintada o retirase una pancarta, inmediatamente lo ha hecho», ha resaltado, al tiempo que ha exigido «un compromiso más sólido» por parte de Eudel, del Ararteko y de todas las instituciones vascas para «trabajar más y mejor por impedir la exaltación a ETA en las calles, que son de todos».

En cuanto a las Placas en Memoria de las víctimas, Covite ha señalado que en el documento se indica la posibilidad de proponer que a nivel local se promueva un acuerdo para «señalizar los lugares en que se produjeron atentados» y ha asegurado que «siempre» va a apoyar iniciativas que promuevan la Memoria de las víctimas en los lugares donde fueron asesinadas.

En su opinión, «promover la memoria pública de las víctimas del terrorismo debería ser una prioridad» y ha recordado que hay ayuntamientos, como el de San Sebastián, que lo están haciendo. «Covite lleva años reivindicando esta necesidad, desde que pusimos en marcha la iniciativa ‘Una víctima, una placa'», ha apuntado.

Podemos ya ha confirmado que apoyará las mociones de censura registradas en Castilla y León y Murcia. Además, ha dejado claro en el caso murciano que no formará parte de ninguno ejecutivo en el que esté Ciudadanos, continuando por tanto en su papel de oposición.

El coordinador autonómico de Podemos en Murcia, Javier Sánchez Serna, ha detallado que no tenían información de los planes de Cs y PSOE respecto a las mociones de censura, pero que ambas formaciones contarán con sus votos, tanto en el caso del Ejecutivo autonómico como en el Ayuntamiento de Murcia.

En un vídeo publicado en redes, Sánchez Serna ha indicado que es necesario «desalojar al partido de la corrupción», en referencia al PP, del Ejecutivo murciano y poner «un cordón sanitario antifascista» ante el avance de la «extrema derecha», en alusión a Vox.

Por tanto, ha dejado claro que apoyarán estas mociones de censura pero en ningún caso formarán parte de futuros gobiernos con Cs. Por tanto, una vez que los nuevos ejecutivos se conformen, estarán en la oposición para «empujar» hacia políticas de progreso social, que están «muy alejadas» de los planteamientos de la formación morada.

«Hay que poner por delante los intereses de Murcia y la regeneración democrática que pare los pies a la derecha», ha destacado el coordinador autonómico de Podemos.

TAMBIÉN EN CYL

Mientras, el secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha confirmado este miércoles en Twitter que ha hablado con el portavoz socialistas en las Cortes de esta región, Luis Tudanca, y le ha mostrado su apoyo para lograr un cambio de Gobierno regional mediante la moción de censura que ha registrado el PSOE.

En el tuit, Fernández ha apostado por ese cambio de Gobierno autonómico que propicie «políticas progresistas basadas en la justicia social, que fortalezca los servicios públicos, revierta la despoblación y ampare a los más castigados por esta terrible crisis».

Podemos cuenta con dos procuradores en las Cortes de Castilla y León –Fernández y Laura Domínguez– y está incluido en el Grupo Parlamentario Mixto, del que el secretario general autonómico es también portavoz.

En este caso, la moción de censura de los socialistas requiere contar con apoyo de parlamentarios de Ciudadanos. Al respecto, el portavoz de Cs en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha pedido al PSOE que «abandone toda esperanza» sobre la posibilidad de una moción de censura como la planteada en Murcia.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha destacado esta mañana que la moción de censura en Murcia para «desbancar al PP y Vox» es una «buenísima noticia», pero reclama «valentía» para extenderla también a Madrid, Castilla y León y Andalucía.

Foro de Asturias, PP y Vox han pactado una texto que será sometido este jueves a votación en el pleno del Congreso para que la Cámara Baja inste al Gobierno a reconsiderar su decisión de incluir todas las poblaciones de lobo en el ‘Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial’ (LESPRE), lo que en la práctica supondría la prohibición de cazarlo en toda España. Además, la iniciativa pide que se trabaje en Europa para que la especie también sea considerada cinegética al sur del Duero.

La iniciativa es resultado de la negociación del texto de la moción consecuencia de interpelación defendida este martes por Foro de Asturias y las enmiendas presentadas a la misma por PP y Vox, que coinciden en solicitar al Ejecutivo, no sólo no incluir las poblaciones de lobo al norte del Duero en el LESPRE, sino revertir esta protección que ya reciben actualmente las poblaciones al sur del Duero, que no se pueden cazar.

Concretamente, en el texto pactado el Congreso declara su apoyo incondicional a la ganadería extensiva de especial trascendencia para la supervivencia del mundo rural y la protección de las actividades socioeconómicas que deben convivir con el lobo e insta al Gobierno a reconsiderar la decisión de incluir a la especie en el LESPRE, ya que esta medida podría poner en grave riesgo la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas y la pervivencia del mundo rural.

Asimismo, le pide renunciar a dictar la orden ministerial para la inclusión de toda la población del lobo en el LESPRE, y mantener por tanto el estatus actual de protección y gestión de la especie.

Igualmente, reclama recuperar la voluntad de consenso institucional entre la Administración del Estado y los representantes de las comunidades autónomas en la Comisión de Patrimonio Natural, que el pasado 4 de febrero decidió modificación del estatus sobre el lobo en una apretada votación que contó con el rechazo de las regiones que cuentan con el 95 por ciento de las poblaciones de lobo: Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria.

También exige que se respeten las competencias de las comunidades autónomas, y singularmente de las mencionadas, y elaborar de común acuerdo los cambios en la estrategia de gestión y conservación del lobo.

Asimismo, pide abrir inmediatamente un espacio de diálogo con los sindicatos y organizaciones representativas del sector agroganadero y del medio rural para tratar de alcanzar puntos de entendimiento en materia preventiva de los ataques del lobo e indemnizaciones, con una financiación específica adicional que no detraiga fondos del sector primario.

También solicita trabajar en la elaboración de una nueva Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España, que sustituya la vigente de 2005, desde la plena lealtad institucional y con la participación de los representantes de los sectores interesados: Administraciones, ganaderos, propietarios de terrenos, expertos, conservacionistas y científicos.

A la vez, quiere que se defiendan los valores culturales, científicos y ecológicos del lobo, y hacerlos compatibles con el actual estatus legal de la especie. «Esos valores y el objetivo de conservar la especie son la piedra angular de los planes de gestión de las comunidades autónomas», se asegura en la iniciativa.

Y, finalmente, requiere que se retomen las negociaciones que había venido desarrollando el Gobierno del PP en Europa en el sentido de reinterpretar la Directiva Hábitat para unificar la gestión y protección de toda la población del lobo español como en el norte del Duero, es decir, con gestión cinegética, «única garantía demostrada de compatibilidad y supervivencia tanto del lobo, como del ganado, en todo el territorio nacional. A su vez, pide al Ejecutivo promover la modificación de esta directiva para permitir el control cinegético del lobo al sur del río Duero.

Ecologistas en Acción ha celebrado este miércoles la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources, de desestimar los recursos de reforma formulados por los nueve investigados objeto del auto de procedimiento abreviado emitido el pasado mes de febrero, contra dicho auto.

Isidoro Albarreal, coordinador en materia de minas de Ecologistas en Acción, ha señalado que su organización, parte en la causa judicial, está de acuerdo con dicha medida, rememorando además su petición de incluir en el procedimiento un posible delito de prevaricación ambiental, porque los acusados que participaron en la mesa de contratación del concurso y la comisión técnica «ignoraron completamente las condiciones de las bases del concurso minero que tenían que impedir la participación de ofertas que fueran a contaminar el corredor del Guadiamar».

En un nuevo auto emitido este pasado 8 de marzo, la juez instructora da cuenta de los recursos de reforma interpuestos por los nueve investigados afectados por dicho auto de continuación de las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado y de Minorbis, contra dicha decisión judicial.

Según resume, todos ellos consideran, groso modo, que «no se han valorado y analizado en debida forma en el auto recurrido el conjunto de diligencias de investigación practicadas a lo largo de los últimos cinco años».

Pero todos los recursos de reforma son desestimados porque «frente a lo expuesto por los impugnantes, no es exigible desde luego que en el auto de incoación de procedimiento abreviado se realice un pronunciamiento expreso de cada una de las pruebas que se hayan practicado a lo largo de la instrucción con expresa mención de las mismas, cuando lo que sí se hace es un análisis pormenorizado de su resultado desde el prisma que ha sido contemplado además por la Audiencia de Sevilla».

LOS «INDICIOS»

«Tan solo ha de valorarse la existencia de indicios para la prosecución del procedimiento, que en este momento procesal solo han de ser esbozados como suficientes para finalizar la fase de instrucción e iniciar el procedimiento abreviado», indica la juez, que ve «indicios suficientes para sustentar la imputación respecto de los recurrentes de un delito de prevaricación administrativa, en los términos que se acotan en la resolución de referencia y sin perjuicio de la calificación definitiva que se efectúe por las acusaciones».

Además, la juez defiende que el auto recurrido alberga «una motivación sucinta pero suficiente, que no es la de suplantar la función acusatoria del Ministerio Publico o las acusaciones, sino únicamente conferir el oportuno traslado procesal para que esta pueda verificarse, así como expresar el doble pronunciamiento de conclusión de la instrucción y de prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia».

Respecto al recurso de reforma del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero, otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, señala por ejemplo que «la necesidad ineludible de resolver sobre la continuación del procedimiento viene dada por las resoluciones de la Audiencia», cuya sección séptima ha reabierto la causa dos veces tras dos archivos iniciales en decisiones adoptadas por la juez Mercedes Alaya en dicha sección, «cuando concluyen y aprecian la existencia de indicios suficientes racionales de criminalidad, que en esta fase y a efectos de resolver sobre la continuación de apertura de juicio oral resultan suficientes».

EL AUTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO

En el citado auto impugnado, la juez Patricia Fernández Franco ordena incoar el procedimiento abreviado respecto a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la SEPI Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

La juez acuerda la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra todos los ya mencionados por un presunto delito de prevaricación administrativa, dando traslado de ello a la Fiscalía y al resto de partes para que «formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa», toda vez que la Fiscalía ha pedido en varias ocasiones el sobreseimiento provisional del caso.

Para la juez instructora, que desde la apertura de la causa en 2015 ha archivado dos veces la investigación, siendo la misma reabierta en ambos casos por orden de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, «los indicios existentes son bastantes para abrir la llamada fase intermedia, dando por terminada la instrucción jurisdiccional y acomodando las actuaciones al procedimiento legalmente previsto».

Todos los partidos representados en el Senado, con la excepción de Vox, han respaldado este miércoles una moción en la que piden al Gobierno que «facilite activamente» la consecución de una solución política al conflicto del Sáhara Occidental y que esta sea una política de Estado al margen de «enfrentamientos partidistas».

La moción, resultado de una enmienda transacional pactada por todos los grupos con la excepción de Vox, «reconoce que España tiene una vinculación histórica y afectiva en el conflicto político del Sáhara Occidental, por lo que pide al Gobierno español que apoye y facilite activamente en la ONU, en la UE y en el resto de organizaciones internacionales una solución política conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU».

En este sentido, los senadores han subrayado que «debe constituir una política de Estado alejada y despojada de controversias y enfrentamientos partidistas, que en nada favorecen la solución política requerida».

El senador del PNV Luis Jesús Uribe-Etxebarría, promotor de la moción, ha puesto en valor este último punto y ha agradecido el «acuerdo muy amplio» alcanzado sobre el texto, al que se han incorporado las mociones presentadas por PP y PSOE.

«Nos debemos de felicitar porque creo que aportamos un granito de arena a intentar que entre todos soluciones a este lamentable asunto», ha resaltado. También el resto de grupos han celebrado el consenso alcanzado.

Así, el portavoz del PP, Gonzalo Robles, ha resaltado que se haya llegado a un acuerdo sobre un texto que «es de sentido común y una obligación moral», mientras que el portavoz del PSOE, Rafael Lemus, ha hecho hincapié en que en «una tarde de tensiones» y en un «país con tantas polarizaciones» se haya alcanzado «un punto de neutralidad».

RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA

Por otra parte, han sido varios los portavoces que se han referido a la «responsabilidad histórica» del Gobierno con el Sáhara, considerado por la ONU como un territorio sin descolonizar, y han defendido que sigue siendo la «potencia administradora», algo que desde el Ejecutivo ya se ha negado en repetidas ocasiones.

Por ello, el portavoz de Ciudadanos, Emilio Argüeso, ha lamentado la «falta de acciones» respecto al Sáhara por parte del Gobierno actual, mientras que la senadora de Adelante Andalucía, María Pilar González, ha recalcado que no quieren que «el Gobierno siga mirando para otro lado». A su vez, el senador de JxCat Josep Lluis Cleries ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con su papel de «garantizar el derecho de autodeterminación».

En el texto que se va a aprobar, los senadores han manifestado su «preocupación por la situación en el Sáhara Occidental, que pone en peligro el acuerdo de alto el fuego de 1991» y han pedido a Marruecos y el Frente Polisario «que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier acto de violencia, provocación o uso de la fuerza».

Además, han expresado su «pleno apoyo a los esfuerzos de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO)» para que pueda cumplir con su misión. Precisamente, algunos de los portavoces han incidido en el fracaso tanto de la ONU como de la MINURSO en cumplir con el objetivo de la celebración de un referéndum de autodeterminación. «El pueblo saharaui continúa sin poder ejercer su derecho», ha subrayado el parlamentario de Bildu Gorka Elajabarrieta.

La moción aprobada subraya que es «imprescindible una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas, en el marco de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, apelando a la responsabilidad de todas las partes, para la búsqueda de una solución con un enfoque multilateral y constructivo».

REANUDACIÓN DE CONVERSACIONES Y HOJA DE RUTA

En este sentido, pide la «reanudación de las conversaciones y negociaciones permanentes, creíbles y constructivas bajo el liderazgo de Naciones Unidas y de un nuevo enviado personal» del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puesto que está vacante desde hace casi dos años.

Además, los senadores han defendido que es necesaria una «hoja de ruta efectiva, con objetivos concretos y unos plazos claros, en el convencimiento de que sólo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU, son el único camino para el logro de la paz, la convivencia, la confianza, la seguridad y el progreso económico y social en la región.

La resolución de este conflicto «es fundamental para la cooperación regional entre los países del Magreb y la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región, que es vital para el Mediterráneo, para España y, por lo tanto, para el conjunto de Europa«, han advertido.

A este respecto, la Cámara Alta insta al Gobierno «a trabajar, tanto desde la política europea, como en sus relaciones bilaterales, en el impulso» de la Vecindad Sur, «apostando por la creación de nuevas oportunidades para los ciudadanos de las dos orillas del Mediterráneo».

AUMENTO DE LA AYUDA A LOS SAHARAUIS

Por otra parte, han hecho un llamamiento para que se incremente «en lo posible la ayuda humanitaria necesaria para ayudar a cubrir las necesidades básicas de alimentos, agua, alojamiento y servicios médicos para mejorar las condiciones de vida y los Derechos Humanos del pueblo saharaui».

Y por último, han aprovechado para manifestar su «agradecimiento y reconocimiento a todas las administraciones y organizaciones sociales en su labor humanitaria y solidaria con el pueblo saharaui», animándoles a que «persistan e incrementen su apoyo en lo posible».

Vox ha sido el único grupo que no ha dado su apoyo a la moción, después de que no se haya aceptado su enmienda, que en opinión de Uribe-Etxebarría estaba en cierta medida incluida en el texto pactado. La parlamentaria de los de Santiago Abascal en el Senado, Yolanda Merelo, ha recalcado en su intervención que, a diferencia de los movimientos independentistas en España, los saharauis «sí que tienen derecho» a la autodeterminación.

Además, ha defendido que España es la «potencia administradora» y por tanto el Gobierno «le corresponde dar un paso al frente y asumir su papel» en lo que se refiere al Sáhara Occidental, afeando el hecho de que el Ejecutivo actual «se pone de perfil».

Rastreadores militares se encargan del seguimiento de los pasajeros de vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para controlar la expansión de las cepas de Covid-19 surgidas en esos países, según ha revelado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En una comparecencia en el Congreso, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas formaron a aproximadamente 5.000 efectivos para poder realizar labores de rastreo del coronavirus y colaborar así en las tareas de control de su propagación.

A petición del Ministerio de Sanidad, algunos de esos rastreadores militares han asumido las últimas semanas la función de control de los pasajeros de los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para tratar de evitar la expansión de las cepas locales de Covid-19 en España.

Actualmente están limitados los vuelos entre estos dos países y los aeropuertos españoles. Solo pueden realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas, sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.

Además, hasta 2.500 militares han colaborado con las labores de rastreo de las comunidades autónomas, integrados en sus servicios autonómicos de sanidad. Robles ha detallado que han realizado un total de 2.284.000 contactos desde que se inició la Operación Baluarte el pasado mes de septiembre.

Esto supone una media de 19.300 contactos diarios. «Pocas personas pueden sentirse tan orgullosas», ha enfatizado la ministra, que ha insistido en que la coordinación con el resto de administraciones es «dinámica» y se adapta a nuevas peticiones.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, y el vicepresidente del Gobierno andaluz y líder regional de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, han querido dejar claro este miércoles, durante una comparecencia conjunta en el Parlamento tras lo ocurrido en Madrid y Murcia, que en esta comunidad existe estabilidad, con un Ejecutivo «sólido» conformado por ambas formaciones, y que la intención es agotar la legislatura.

Ese ha sido el mensaje que Moreno y Marín han querido trasladar a los andaluces tras la ruptura de PP y Ciudadanos en la región de Murcia y la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones anticipadas en dicha región, donde también había un gobierno de coalición de ambos partidos.

«El Gobierno de Andalucía goza de muy buena salud», según ha sentenciado el presidente de la Junta, quien ha destacado la «enorme complicidad» entre los dos socios. «En Andalucía la coalición goza de una espléndida y robusta salud», según ha sentenciado Juanma Moreno, afirmando que su Gobierno aspira a concluir la legislatura.

Por su parte, Juan Marín ha señalado que refrenda las palabras de Moreno, porque «esa es la realidad». «Somos conscientes de que la situación que se ha provocado hoy en Murcia y en Madrid pueden hacer ruido, pero en Andalucía no nos vamos a hacer eco», ha indicado el vicepresidente, quien ha defendido la estabilidad que hay en esta comunidad y la intención de agotar la legislatura.

LA ISLA DENTRO DEL RUIDO

Ha querido dejar claro que Andalucía va a seguir siendo una «isla» dentro de ese ruido y de esa inestabilidad que existe en varios puntos de España.

En cuanto al hecho de que Vox, socio de investidura del PP-A, haya pedido la celebración inmediata de elecciones en Andalucía, el presidente no se ha pronunciado sobre esta petición, pero Juan Marín sí ha indicado que es legítimo que cada uno piense o solicite lo que considere, pero que él no se va a «preocupar de Vox, que tiene bastante con preocuparse de ellos mismos».

El presidente de la Junta ha manifestado que este miércoles ha hablado con el presidente del PP, Pablo Casado, sobre lo acontecido: Ha sido una conversación «muy cercana», con «contraste de opiniones» que entran dentro de lo normal, en el marco de las consultas semanales que mantienen.

Marín, por su parte, ha señalado que ha hablado con el vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, quien le ha traslado las decisiones tomadas por el partido en Murcia y le ha dado cuenta de la convocatoria de elecciones en Madrid.

Tanto Moreno como Marín ha sido tajantes al expresar que las circunstancias de Madrid y de Murcia son «completamente distintas» a las de Andalucía. «Aquí hemos construido una enorme complicidad entre los dos grupos», según ha señalado el presidente de la Junta, quien ha expresado su respeto a las decisiones de otros presidentes autonómicos.

Según ha incidido, en Andalucía la voluntad de ambos partidos es seguir construyendo lo que se ha hecho a lo largo de estos dos años de legislatura, y siempre «hemos traslado un mensaje de moderación, de serenidad y de diálogo hasta el agotamiento» para buscar estabilidad, que es «el bien más ansiado» en estos momentos en España.

El presidente de la Junta ha justificado este comparecencia conjunta en la necesidad de trasladar un mensaje de tranquilidad, serenidad y de confianza en el Gobierno andaluz, después de que a lo largo del día se hayan recibido muchas llamadas de sectores económicos y sociales preocupados por la estabilidad del Ejecutivo tras lo ocurrido en otras comunidades.

GOBIERNO CON MUY BUENA SALUD

«Queremos transmitir que afortunadamente el Gobierno de Andalucía goza de muy buena salud, de una enorme complicidad en los objetivos, y de afecto, la comprensión y la responsabilidad mutua para sacar a Andalucía adelante», según ha recalcado Moreno, para quien ante la peor crisis de la historia de Andalucía, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, lo que se necesita ahora más que nunca es «gestión, responsabilidad y futuro».

Los objetivos de su Gobierno son claros, según ha dicho, proteger la salud de los andaluces y pasar lo antes posible la página de esta pandemia, recuperando empleos, el tejido productivo andaluz y la actividad económica y, en definitiva, el bienestar de los andaluces. «Hay un Gobierno sólido con una hoja de ruta marcada de modernización y de reformas», según Moreno, quien ha dicho que los andaluces piden legislaturas de cuatro años.

Por su parte, Juan Marín ha señalado que los andaluces pidieron un cambio político hace dos años y se está haciendo «de forma tranquila y sosegada» y ante las «diferencias» que pueda haber entre los socios sobre algunas cuestiones se resuelven hablando y tomando decisiones que mejoren la vida de los ciudadanos. Ha defendido que los acuerdos que suscribieron ambos partidos se están cumpliendo al «cien por cien».

«No es momento de hacer ningún tipo de gestos ni de giros que pongan en cuestión absolutamente nada», según el vicepresidente de la Junta, quien ha señalado que los andaluces lo que quieren ahora es que «solucionemos problemas, no que convoquemos elecciones». Por ello, ha indicado que lamenta decir a aquellos que piden adelanto electoral, que «vamos a agotar la legislatura».

Ha insistido en que el Ejecutivo andaluz está más preocupado por salir de la actual crisis generada por la pandemia, por que llegue vacunas contra el coronavirus y por reactivar la economía que por elecciones y por sillones, «tenga el coste político que tenga.