El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, uno de los siete miembros del Comité Permanente del partido, ha justificado que este órgano decidiera presentar sendas mociones de censura contra el PP en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad sin haberlo consultado antes con el resto de la Ejecutiva de Cs.

«Son los órganos del partido, la Ejecutiva permanente, la que tiene que adoptar las decisiones del día a día», ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja cuando le han preguntado por las quejas de algunos dirigentes de Ciudadanos que han expresado su malestar por no haberse enterado antes de lo que se iba a hacer en Murcia.

Bal ha indicado que aquellos miembros de Cs que discrepen «podrán articular sus opiniones a través del cauce que se establece en los Estatutos» del partido.

SE PRECISABA «DISCRECIÓN» EN LAS NEGOCIACIONES

Asimismo, ha defendido que las negociaciones políticas en general y esta en particular «se tienen que llevar con discreción» porque en caso contrario «se frustran y no llegan a buen puerto». «Se ha gestionado dentro de las competencias internas de los órganos del partido que están previstos estatutariamente y cuando ha llegado el momento de contarlo se ha contado», ha añadido.

En cualquier caso, el portavoz parlamentario considera que, en este caso, romper los acuerdos con el PP y aliarse con el PSOE para impulsar mociones de censura y formar nuevos gobiernos en el Ayuntamiento y en la Región de Murcia era «la única decisión posible y responsable».

En este sentido, ha afirmado que Cs ha actuado correctamente ante la actitud «inadmisible» de los ‘populares’, por los cargos públicos que se pusieron la vacuna contra el coronavirus cuando aún no les tocaba y por la querella que el PP presentó contra el teniente de alcalde de Murcia (Cs), Mario Gómez, tras denunciar este irregularidades en contratos municipales.

«ESTO ES UN PARTIDO DE CENTRO»

Por otro lado, Bal ha dicho que le «sorprende la sorpresa» ante la decisión de Ciudadanos de romper la coalición con el PP en Murcia y pactar con el PSOE, teniendo en cuenta la importancia que siempre le han dado su partido a la regeneración y la lucha contra la corrupción.

«Siempre vamos buscando lo bueno para los españoles, nos da igual que venga del flanco derecho o del izquierdo», ha manifestado, recordando que Cs gobierna con el PP en varias comunidades autónomas y al mismo tiempo ha alcanzado acuerdos presupuestarios con el PSOE en otros territorios. Por tanto «no veo dónde está el cambio de rumbo, esto es un partido de centro de verdad», ha agregado.

Las conversaciones entre el PSOE y Cs sobre la situación en Murcia comenzaron hace más de un mes y se han desarrollado tanto a nivel autonómico como nacional. La presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, encargó esta tarea a Marina Bravo, Carlos Cuadrado y José María Espejo-Saavedra.

Sin embargo, la decisión anunciada este miércoles en Murcia por la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal –que tras la moción de censura presidirá el nuevo Ejecutivo con el PSOE– no se trató previamente con la Ejecutiva nacional en su conjunto, que se reunió por última vez el pasado 15 de febrero.

SE ESTÁ «DANDO UN ESPECTÁCULO»

Esto ha disgustado a algunos cargos de Cs, como el coordinador en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, que ha admitido en Twitter su discrepancia con la actuación de su partido en Murcia y ha avanzado que pedirá explicaciones a la dirección, al revelar que ni él ni «gran parte de la Ejecutiva» conocía esa decisión.

También se ha pronunciado el eurodiputado Adrián Vázquez, que cree que este ha sido «un día triste» y que en un momento en que los ciudadanos necesitan «estabilidad y buena gestión», los políticos están «dando un espectáculo», por lo que ha pedido perdón.

Por su parte, el viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios en la Junta de Castilla y León, Fernando Navarro, ha dicho que «nadie puede negar que es innovador presentar una moción de censura contra uno mismo», por el hecho de que Cs gobernaba con el PP en Murcia.

A raíz de los acontecimientos en Murcia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha convocado elecciones anticipadas y ha destituido a su vicepresidente, Ignacio Aguado, y al resto de consejeros de Cs que había en el Gobierno.

Mientras, el PSOE y Más Madrid han registrado sendas mociones de censura en la Asamblea de Madrid y los socialistas han hecho lo mismo en Castilla y León contra el Ejecutivo de coalición del PP y Cs, liderado por el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco.

«MARIONETAS» DEL PSOE

Por otro lado, la decisión de Arrimadas respecto a Murcia ha sido criticada por personas que en el pasado ocuparon cargos públicos y estuvieron en la Ejecutiva del partido, como el exportavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta; la exportavoz en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán –ahora en el PP–; el exportavoz en el Parlamento de Baleares, Xavier Pericay; y la exdiputada en el Congreso Orlena de Miguel.

Girauta ha difundido un vídeo, que estaba haciendo circular el PP, en el que Arrimadas declaraba en una rueda de prensa que ahora hay que combatir la crisis del coronavirus y que «quien esté pensando en estos momentos en poner en peligro la estabilidad de los gobiernos tiene un problema moral». «Pues nada, a ver si los más rezagaditos entienden de una vez quién es, qué es y qué mueve a esta señora», ha escrito.

A Pericay le parece «grave y triste» comprobar que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y su jefe de Gabinete, Iván Redondo, «mueven los hilos de la política» española «sin importarles un pimiento este país». De Miguel ha apuntado que también es «extremadamente triste» ver «quiénes se prestan gustosos al papel de marionetas», en alusión a Cs, algo en lo que el exportavoz en el Parlamento balear ha coincidido con ella.

Pero también ha habido quienes han respaldado públicamente a Arrimadas, miembros de la Ejecutiva nacional como Miguel Gutiérrez, diputado en el Congreso, y Daniel Pérez Calvo, portavoz en las Cortes de Aragón.

NO TOLERAR LA CORRUPCIÓN DEL PP

Este último ha validado el movimiento realizado en Murcia contra el PP afirmando que «la estabilidad de los gobiernos la ponen en riesgo quienes, desde la prepotencia y la convicción de que las instituciones son suyas, llevan años anteponiendo la corrupción y el mangoneo al interés general de las personas», que es «lo único» que preocupa a Ciudadanos. «Nunca nos quisieron como socios, sólo como cómplices», ha añadido.

Gutiérrez, por su parte, ha arremetido contra quienes, desde que Cs nació, «entendían la necesidad de un partido liberal de centro y reformista» y, en cambio, «ahora solo quieren que se diluya en un viejo partido podrido de corrupción sistémica», en alusión al PP. «Para eso no vinimos muchos», ha advertido.

También ha aplaudido a Arrimadas el exsecretario de Programas de Ciudadanos y exportavoz económico en el Congreso, Toni Roldán, que se ha congratulado de que el partido empiece a «mostrar con acciones valientes que quiere ser un partido útil para anclar España al centro, a las reformas y a la regeneración».

A su modo de ver, «lo raro era que tras 25 años de gobiernos del PP en Murcia» –donde las últimas elecciones autonómicas las ganó el PSOE–, la formación naranja «no hubiera sido garantía de cambio antes».

Roldán cree que «antes o después Ciudadanos tenía que enfrentarse a la disyuntiva entre seguir tratando de contentar a votantes de un lado que no iban a volver», un camino que «le estaba llevando a la irrelevancia», u «optar por volver a ser un partido útil a ambos lados», una opción «arriesgada pero a futuro mejor para España y para Cs».

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pilota las negociaciones que ha emprendido su partido con Ciudadanos para tratar de desbancar al PP tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León, donde los socialistas han presentado sendas mociones de censura que esperan que salgan adelante, sobre todo en el primer caso, según informan fuentes socialistas.

El jefe del Ejecutivo se ha reunido este miércoles durante casi tres horas con sus más estrechos colaboradores del partido en la sede socialista de la calle Ferraz para abordar el terremoto político que se ha desencadenado en España tras romper Ciudadanos con el PP en Murcia, al presentar una moción de censura junto al PSOE contra el presidente ‘popular’ Fernando López Miras.

El viraje de Ciudadanos en esta comunidad pronto ha tenido consecuencias más allá de Murcia y, a las pocas horas de registrarse la moción, la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que iba a convocar elecciones anticipadas para evitar una moción de censura contra su gobierno, que también compartía, hasta ahora, con Ciudadanos.

ELECCIONES ANTICIPADAS EN MADRID VS MOCIÓN DE CENSURA

Sin embargo, antes de hacerse oficial el adelanto, tanto Más Madrid como el PSOE se han apresurado a presentar sendas mociones de censura para tratar de evitar los comicios. Según la Asamblea, estas iniciativas ya han sido admitidas a trámite, por lo que ahora se abre un escenario incierto, si la presidenta quiere pelear en los tribunales que su adelanto electoral ha llegado antes.

A pesar de este posible litigio, en el PSOE creen que su moción de censura contra Ayuso, con su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, como candidato, tiene muchas posibilidades de salir adelante, ya que Ciudadanos ya ha roto con el PP en esta Comunidad. De hecho, la presidenta madrileña ha cesado a su vicepresidente y dirigente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y al resto de consejeros del partido naranja tras conocerse la moción de censura de Murcia.

Por tanto, el objetivo para el PSOE ahora es lograr amarrar el apoyo de Ciudadanos a su moción de censura, algo que ven factible y para lo que se ha volcado ya todo el partido, empezando por el líder socialista y presidente del Gobierno.

Además, unas posibles elecciones anticipadas en Madrid, que Ayuso quiere convocar para el 4 de mayo, pillarían al PSOE sin candidato, ya que todos en el partido dan por hecho la marcha de Gabilondo para asumir el Defensor del Pueblo.

Para ocupar el primer puesto de esa hipotética candidatura suenan ya varios nombres, tanto entre la militancia socialista como entre miembros de la dirección, pero sobre todo el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Varios dirigentes socialistas reconocen que sería una buena opción para disputarle a Ayuso la Presidencia de la comunidad, aunque también señalan más opciones, como la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Por otra parte, el PSOE no descarta sacar adelante la moción de censura que ha registrado en Castilla y León contra el presidente ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, donde el PP también gobierna con Ciudadanos. En este caso, los socialistas asumen que el objetivo es más difícil de lograr, ya que Ciudadanos y el PP mantienen todavía unido su gobierno, al igual que en Andalucía. No obstante, no ven «improbable» que logren que triunfe.

Sánchez ha abordado este nuevo escenario en una reunión de casi tres horas en Ferraz con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial, Santos Cerdán; y la vicesecretaria general del partido y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra. Un encuentro al que también ha asistido el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, el Delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

El presidente ha abandonado la sede de los socialistas pasadas las 17.00 horas y, tras ello, el PSOE ha informado de que se cancelaba la rueda de prensa que tenía previsto ofrecer Ábalos en Ferraz para dar explicaciones, con el objetivo de dejar todo el protagonismo a los socialistas madrileños, que tienen previsto comparecer a última hora de este miércoles en la Asamblea de Madrid.

La comparecencia de Ábalos se había convocado en un primer momento para las 13.45 pero después se informó de que se retrasaba, sin hora concreta. Mientras, Sánchez convocaba a su núcleo duro del PSOE en Ferraz para una reunión de urgencia que se ha extendido durante casi tres horas.

Fuentes socialistas han explicado este miércoles que aunque los acontecimientos para presentar la moción en Murcia se «precipitaron anoche», las conversaciones vienen de largo. En concreto, aseguran que llevan más de un mes hablando con Ciudadanos con discreción, y que las direcciones de ambos partidos estaban al corriente.

MONCLOA, EN LAS NEGOCIACIONES CON CIUDADANOS DESDE HACE UN MES

Por parte del PSOE, las negociaciones las ha liderado Ábalos, Cerdán y también el secretario general de la Presidencia del Gobierno y persona de máxima confianza de Sánchez, Félix Bolaños.

El sector socialista en el Gobierno se ha mostrado este miércoles a primera hora esperanzando de que el movimiento en Murcia se replicara en otros territorios. De hecho, varios ministros recordaban que el propio Sánchez ya instó la semana pasada a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a desvincularse del PP y de la extrema de derecha y convertirse en un verdadero partido de centro útil, antes de acabar «mermado» por sus alianzas con la derecha y la extrema derecha.

En este sentido, fuentes de Moncloa avisaban de que a Ciudadanos «se le puede estar acabando el tiempo», y defendían que Arrimadas debería dejar de jugar con sus diez escaños, darse cuenta de que sus alianzas con la derecha les están perjudicando, y romper ya con un PP que, a su juicio, cada día es más «radical» por su comportamiento y sólo está en el «acoso y derribo».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado en redes sociales de «lamentable» que Ciudadanos (Cs) «esté más pendiente de intrigas para cambiar gobiernos que de gestionar la pandemia».

«Ha obviado principios y priorizado intereses partidistas sobre el bienestar de los españoles. Agradezco que Galicia votase estabilidad y que esté al margen de este caos», ha celebrado el también líder del PP gallego en su perfil de ‘Twitter’.

Feijóo se ha pronunciado de este modo tras evitar hacer declaraciones en la rueda de prensa posterior a su reunión con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras los distintos movimientos que han derivado en el paso de su compañera de partido y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones anticipadas en la Comunidad.

El ‘terremoto’ político se inició con el anuncio de Cs de que rompía con el PP y presentaba con el PSOE una moción de censura que le da la presidencia de Murcia. A este paso le siguió el anuncio de elecciones anticipadas en Madrid, al que partidos de la oposición han respondido con el registro de mociones de censura. Posteriormente, el PSOE presenta también una moción de censura en Castilla y León.

FEIJÓO RECHAZÓ ‘ESPAÑA SUMA’ EN GALICIA

Feijóo, en las elecciones autonómicas de julio, rechazó ir en coalición con Ciudadanos (Cs) pese a que la tesis del PP estatal, ya previa, era explorar esta fórmula bajo el lema de ‘España Suma’ con el fin de tratar de volver a unir el voto. En Euskadi sí se ratificó la coalición, liderada por Carlos Iturgáiz, aunque los resultados en las urnas tampoco fueron positivos.

El presidente gallego reivindicó las siglas de su formación, aunque abrió las puertas de Cs, sin ningún paso concreto más allá de la integración simbólica en las listas de Juan José Chouza, exrepresentante de la formación naranja en Galicia, quien se sumó a la candidatura coruñesa como independiente y a título personal.

IRONÍA EN TWITTER DEL PPDEG

Por su parte, el PP de Galicia también ha colgado un tuit en el que reivindica la estabilidad y da las gracias a los gallegos.

«A esta hora del día no tenemos constancia de que Cs Galicia vaya a presentar una moción de censura con el apoyo de Podemos en el Parlamento autonómico», bromean los populares en su perfil de Twitter, ya que ninguna de las dos formaciones tienen representación en el Parlamento autonómico –en cuyo hemiciclo se sientan representantes de PSdeG, BNG y PPdeG (con mayoría absoluta este último partido)–.

El Senado ha aprobado este miércoles, con 145 votos a favor, 91 en contra y 19 abstenciones, el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que provenía del Congreso de los Diputados, conocido como el decreto de la ‘nueva normalidad’.

Las enmiendas del PP han sido rechazadas, lo que ha motivado las críticas del senador popular Antonio Alarcó. «En la primera Ley sanitaria de esta legislatura resulta que ninguna de las enmiendas del partido mayoritario de la oposición han sido apoyadas. Todas estaban encaminadas a mejorar la salud y prevención de todos los españoles. Me produce tremenda tristeza. Me ha dolido muchísimo. Meten ideología en la Ley, pero hay que hacer política sanitaria», ha argumentado.

En contraste, el senador socialista Manuel Ángel Fernández Palomino ha destacado que este norma «era y es necesaria para afrontar la pandemia». «Es muy complicado adaptar una legislación, pero estos meses han servido para certificar que fue y es una buena norma para dar respuesta a una situación cambiante», ha defendido.

Entre las medidas contempladas en el texto, se mantiene la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

En relación a los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el texto recoge que deberán comunicar a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el ‘stock’ disponible, la cantidad suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes de los mismos, incluyendo las fechas y cantidades estimadas.

Además, incluye que las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades en cada momento. Asimismo, alude a la garantía de un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón ha acusado este miércoles al PSOE y al PP de «pervertir el espíritu constitucional» al querer repartirse los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en lugar de llegar a un consenso sobre todos ellos, una actitud que además, según ha denunciado, traslada a la opinión pública una apariencia de imparcialidad de las personas elegidas que no suele corresponderse con la realidad.

Así lo ha señalado Aragón durante su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, donde ha acudido a plantear propuestas para mejorar la independencia de los órganos reguladores.

Aragón, que llegó al TC a propuesta del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho hincapié en que, cuando la ley exige una determinada mayoría para la elección de un órgano –él es partidario de mantener los tres quintos (210 votos)–, los partidos no pueden limitarse a repartirse los puestos, sino que han de llegar a un acuerdo mediante el que todos los elegidos obtengan la confianza de todos los que los eligen, para lo que hay que aplicar un método de «vetos mutuos».

Eso es lo que, a su juicio ocurrió cuando se designó a los primeros miembros del Tribunal Constitucional, pero dista mucho de lo que ocurre ahora cuando, a su juicio, lo que se pretende es un mero reparto de puestos.

«ME SOBREPASA EL ASUNTO»

«Eso es una perversión del espíritu constitucional sin duda alguna. Así de claro lo digo ya que se me da la oportunidad», ha dicho, visiblemente irritado en el Congreso. «Siento ponerme así pero me sobrepasa el asunto», ha confesado.

Ese «reparto puro y simple de cuotas» es, desde su punto de vista, lo que crea «apariencia de politización», aunque no implica que quienes vayan a llegar al puesto «vayan a obedecer instrucciones». «Yo no he recibido nunca instrucciones de nadie, nadie se atrevió a dármelas y si me las hubieran dado yo hubiera respondido de la peor manera», ha advertido.

Según ha relatado, el conoce muchas personas que han ocupado este tipo de puestos y que han actuado con total independencia por su prestigio personal y su honorabilidad.

APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD

«Lo que me preocupa y lo que hay que combatir es la imagen, la apariencia de imparcialidad», ha dicho, subrayando que se pueden utilizar medidas del Derecho para «forzar consensos» pero que bastaría con actuar con «lealtad al espíritu constitucional».

También el magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma por la Independencia Judicial, ha criticado el actual sistema de elección de vocales del CGPJ pues considera que es «una farsa política» en la que los principales líderes se «reparten los cargos» en un «intercambio de cromos», sin que los candidatos jueces sean siquiera examinados en las Cortes.

Ruiz de Lara, que defiende el sistema original del CGPJ de que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos directamente por los jueces, cree que sólo caben dos alternativas al bloqueo actual: o cambiar la ley vigente o bien que los partidos que mantienen «la farsa» se comprometan a nombrar sólo a aquellos vocales de extracción judicial (doce de los 10 del Consejo) que sean elegidos previamente por los jueces en unas elecciones libres y democráticas.

El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado finalmente este miércoles, con el voto en contra de la Comunidad de Madrid, aprobar el documento común de medidas para Semana Santa y el puente de San José, que incluye, entre otras cuestiones, el cierre perimetral de las autonomías entre el 17 y el 21 de marzo en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo por el puente de San José, y desde el 26 de marzo al 9 de abril por la Semana Santa.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que también ha asegurado que todas las autonomías, salvo Madrid, se han posicionado a favor del documento para estas fechas.

Dicho texto de actuaciones, que se recogerá en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y será de obligado cumplimiento, apunta al cierre perimetral autonómico en estas fechas, cuestión que no afectará a Canarias y Baleares, donde quedará limitada la entrada a los supuestos establecidos en el estado de alarma que rige hasta mayo.

En cuanto al toque de queda, el Consejo Interterritorial ha acordado adelantar el horario máximo a las 23.00 horas, por lo que las autonomías tendrán la oportunidad de establecerlo a las 22.00 horas o bien a las 23.00 horas, pero no más.

La ministra también ha explicado que las reuniones sociales se limitarán a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados, a seis en sitios abiertos, y las reuniones se limitarán a convivientes en espacios privados.

ACUERDO DE MÍNIMOS

Según ha explicado Darias, este documento es un acuerdo de mínimos, por lo que las Comunidades Autónomas podrán seguir manteniendo medidas más restrictivas en estas fechas, como adelantar el toque de queda hasta las 22.00 horas o, en el caso de que lo prefieran, ampliar el cierre perimetral a nivel provincial o municipal.

Además, se han dado una serie de recomendaciones que tienen que ver con no bajar la alerta en las Comunidades Autónomas en las dos semanas previas a estas fechas y también con las que tengan que ver con eventos masivos.

AVISO A MADRID

Durante su comparecencia en la rueda de prensa, Darias también ha querido lanzar un aviso a las Comunidades Autónomas y, en especial, a la región madrileña que este acuerdo es de obligado cumplimiento, después de que el consejero de Salud de este territorio anunciara que no cerrarían Madrid.

En la reunión, la Comunidad de Madrid también se ha quejado de que los turistas internacionales puedan llegar a los archipiélagos mientras que no lo pueda hacer un ciudadano madrileño. Aquí, Darias ha precisado en su comparecencia que se pretende evitar el turismo nacional.

Sobre este turismo internacional, Darias ha repetido ante varias preguntas en este sentido, las medidas acordadas y recogidas en el estado de alarma en relación al control y restricciones a los vuelos procedentes de otros países.

La plataforma ‘Renovadores’ de Ciudadanos, crítica con la dirección liderada por Inés Arrimadas, ha cuestionado este lunes la moción de censura en la Región de Murcia presentada por PSOE y Cs para desbancar al ‘popular’ Fernando López Miras pues, en su opinión, genera la creencia de un partido poco «fiable» en el resto de España lo que podría provocar la desaparición del partido.

En la presentación telemática de la corriente crítica en Madrid, el exdiputado en el Parlament catalán y portavoz de la plataforma, Antonio Espinosa, ha señalado que la moción de censura en Murcia es la «constatación de una serie de errores estratégicos» de «cómo» se entiende la política en la dirección actual de Cs, que «se producen desde hace tiempo» y ahora «están empeorando» en todas las comunidades autónomas.

«¿Cómo es posible que nos hayamos hecho una autocensura?», ha preguntado Espinosa, que ha lamentado que la moción «no tiene coherencia ninguna» y «no se va a entender» porque Cs ya estaba en el gobierno regional. «Será un error capital para el devenir de Ciudadanos. No solo ya en esta comunidad, también en otras y en España. No se nos va a ver como un partido fiable», ha avisado.

A su juicio, si el pacto de gobierno entre PP y Cs es «imposible de seguir cumpliéndose, lo coherente» es abandonar ese Ejecutivo y, «desde esa posición te replanteas la estrategia a desarrollar», ya sea «una moción o unas elecciones», o sino «confundirá» al electorado.

«Aquí se trata de un cambio sin querer perder la silla, sin someternos al veredicto de las urnas. Si haces un pacto y se incumple, lo normal es que lo denuncies. No es normal hacer una moción de censura, no es ético», ha señalado el que fuera diputado autonómico. Espinosa también ha criticado que el nacimiento de ‘Renovadores’ de Cs surge porque «la dirección actual es una auténtica losa para el partido», con Arrimadas tomando «decisiones muy inapropiadas» con una «estructura de organización» basada en un «modelo de hiperliderazgo».

En esta línea, ha afeado que la Ejecutiva de la formación ‘naranja’ no tiene una función «de órgano deliberativa», sino «decorativa», que «no se entera» y se «limita a aplaudir la mayoría de veces». «El resultado es el declive de la organización», ha alertado el portavoz de la plataforma, que ha pedido «cambiar las estructuras del partido» porque, en su opinión, de seguir así, «con decisiones tan torpes», Cs llegará «incluso a la desaparición».

CONGRESO EXTRAORDINARIO

Espinosa también ha pedido un congreso extraordinario en «condiciones democráticas y de igualdad para todo el mundo» porque la situación es «extraordinaria».

Previamente, en una carta que está dirigida a Arrimadas y firmada por el exdiputado en el Parlament y portavoz de la plataforma, Antonio Espinosa, han manifestado su «total desacuerdo» y han asegurado que la última Asamblea ordinaria fue en febrero de 2017, por lo que una nueva debe celebrarse el 15 de junio –deben pasar cuatro meses desde las elecciones a menos que la dirección decida lo contrario–, ya que los estatutos establecen que las asambleas ordinarias deben celebrarse una vez cada cuatro años, han resaltado.

«De no actuar así, a nuestro juicio, tú como presidenta y el resto del Comité Ejecutivo estaréis incurriendo en un grave incumplimiento estatutario que se sumaría al que supuso la no celebración de primarias para elegir candidato» a la Presidencia del Govern, cuando se sustituyó a Lorena Roldán por Carlos Carrizosa sin unas nuevas primarias.

El Senado ha instado al Gobierno, a través de una moción en la que se han puesto de acuerdo todos los grupos políticos, a adoptar «todas las medidas necesarias» para garantizar la «reparación moral y económica» de todos los afectados por la talidomida en España.

El texto pide al Ejecutivo que proceda «cuanto antes» a cumplir con los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que recogían las ayudas para las víctimas de este fármaco en los años 60. De la misma forma, los grupos han acordado exigir a la compañía farmacéutica Grünenthal la «reparación económica del daño causado en cuantías adicionaes a las ayudas previstas».

«Seguiremos exigiendo la responsabilidad a la farmacéutica para que reconozca el daño, pida perdón y asuma la colaboración económica en las reparaciones a estas personas, que nunca serán suficientes», ha comentado en su intervención la senadora socialista Ana Belén Edo, quien ha pedido «disculpas» a los afectados. «No hemos sabido ajustarnos antes a vuestras demandas», ha señalado.

En este sentido, Edo ha avanzado que las ayudas «están pendientes solo de los informes del Ministerio de Hacienda, Presidencia y dictamen del Consejo de Estado». «Se prevé su aprobación en pocos meses y después se abrirá otra vez el plazo para la solicitud de ayudas», ha destacado. Según ha indicado, se va a reconocer con 12.000 euros por punto de discapacidad producto de la talidomida, y por el momento solo quedan pendientes 61 expedientes de un total de 593 solicitudes.

La proponente de la moción ha sido la senadora Mirella Cortès, de ERC, quien también defendió esta cuestión en el Pleno del Senado del 23 de febrero ante el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. «Los efectos negativos del fármaco dejaron a multitud de bebés con malformaciones congénitas muy importantes que están acarreando durante toda su vida. Alrededor de 3.000 personas en España llevan reclamando medidas de reparación por los daños sufridos. Medidas llevadas a cabo en todo el mundo excepto en el Estado español», ha explicado.

Así, y «después de 60 años de olvido institucional», Cortès ha argumentado que «ya ha llegado el momento, hace tiempo que lo era, de asumir y reparar los derechos de todos los afectados que han sido olvidados». «Solo es cuestión de voluntad política», ha esgrimido.

Iglesias reconoció ante Cortès que el hecho de que los afectados por la talidomida en los años 50 y 60 aún no hayan recibido indemnizaciones «revela las carencias de un sistema democrático que no siempre ha sabido hacer justicia de una tragedia que sucedió durante el franquismo pero se extiende en los gobiernos durante la democracia». «Pone en cuestión nuestra salud democrática, por eso tenemos la obligación de reparar las injusticias que se han cometido», reconoció.

El ministro de Derechos Sociales avanzó que la regulación de las ayudas, en cualquier caso, «se va a culminar en cuestión de meses». Sin embargo, ha admitido que «la reparación económica y moral va a ser insuficiente». «Eso tenemos que reconocerlo aunque vayamos en la línea adecuada. Lo que está en mis manos se está gestionando todo lo rápido que podemos», añadió al respecto.

La moción aprobada este miércoles exige culminar «en un plazo máximo de seis meses» la elaboración y tramitación del Proyecto de Real Decreto para regular estas ayudas para los afectados entre el periodo de 1950 a 1985, sin que se requiera un grado mínimo de discapacidad. Asimismo, se insta al Gobierno a pagar antes de que finalice el año 2022 las ayudas previstas en los Presupuestos de 2018.

Otras medidas contempladas son «analizar» posibles exenciones fiscales y tributarias para las indemnizaciones; realizar en nombre del Estado una «disculpa pública» hacia las víctimas y sus familiares; o crear un comité de seguimiento con la participación de las asociaciones de víctimas para «velar por el correcto cumplimiento de esta iniciativa».

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado adelantar el comienzo del juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo por tres de las piezas de la causa ‘Tándem’ al 13 de octubre. Con una providencia, se modifica el calendario que fijaba el inicio de la vista oral para el 13 de diciembre.

Esta decisión llega después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa ‘Tándem’, acordara el pasado día 3 de marzo la puesta en libertad provisional para el comisario jubilado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, la Sala ha decidido revisar fechas y ha logrado encontrar huecos en los que encajar sesiones de la vista oral tanto en octubre como en noviembre y ha modificado por completo el calendario. Así, las nuevas fechas son el 13 y el 14 de octubre, el 3,4 y 15 de noviembre, el 13, 14, 15, 16, 17 de diciembre y ya en 2022 los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de enero.

La Sala apunta que estas nuevas fechas surgen después de haber recibido en la agenda de distribución de las salas correspondientes al año 2022.

Cabe recordar que la petición del Ministerio Fiscal de su puesta en libertad se produjo después de que esta misma Sala rechazara él recurso de los fiscales contra la puesta en libertad por las tres piezas por las que va a ser juzgado.

Tras esta petición, García-Castellón acordó que saliera de Estremera pero con medidas cautelares consistentes en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio (Boadilla del Monte, en Madrid), la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al Juzgado Central de Instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.

IRON, LAND Y PINTOR

En esta vista se juzgará al comisario y a otros procesados por las piezas 2, 3 y 6 –Iron, Land y Pintor–, que se acumulan, y que son las primeras que serán juzgadas de la treintena que conforman Tándem. Por ellas, la fiscalía pide más de 109 años de cárcel para Villarejo.

En ‘Iron’, donde consta la pena más elevada, Anticorrupción reclama 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para el ex comisario por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia. En ‘Land’, donde se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’, el Ministerio Público solicita 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para Villarejo.

En cuanto a ‘Pintor’, que versa sobre el encargo que habrían hecho al comisario jubilado unos empresarios para extorsionar a un ex socio y al abogado de este último, el ex juez Francisco Javier de Urquía, Fiscalía pide 14 años de cárcel para Villarejo.

Sectores de Junts cercanos al secretario general del partido, Jordi Sànchez, quieren situar a la candidata a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, como presidenta del Parlament, pero ella es reticente a ocupar este puesto porque preferiría asumir otras responsabilidades y entrar en el Govern como vicepresidenta, han explicado fuentes de la formación.

Esto explica que Junts no haya concretado todavía su propuesta de nombres para la Mesa del Parlament a falta de dos días para la constitución del Parlament, en unas negociaciones en las que el partido reclama la Presidencia del órgano y otro puesto en la Mesa, que ERC ocupe dos más y uno la CUP, ostentando el independentismo mayoría en el órgano.

«Nos podríamos asegurar cinco de siete puestos si votamos bien», aseguran otras fuentes del partido, que apuntan que, en caso de que Borràs no sea la presidenta del Parlament, hay otros nombres sobre la mesa como la de la consellera de Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, la de la candidata por Girona, Gemma Geis, y la del actual vicepresidente de la Cámara catalana, Josep Costa –debería obtener su escaño al haber renunciado Carles Puigdemont al suyo–, aunque ERC se opone a este último, afirman.

El partido también es consciente de que sobre Borràs recae una investigación por parte del Tribunal Supremo por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que ahora pasará al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y que ello conllevará que empiece la instrucción de nuevo y que el proceso de su posible inhabilitación se alargue.

¿ARTADI VICEPRESIDENTA?

En caso de que Borràs aceptara presidir el Parlament, Junts baraja la posibilidad de situar a la vicepresidenta del partido, Elsa Artadi, como vicepresidenta económica del futuro Govern, pero están a la espera de la decisión que tome Borràs.

También está sobre la mesa que el hasta ahora presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ocupe la Conselleria de Territorio, y que ERC se quedara el departamento de nueva creación sobre acción climática y sostenibilidad, dado que fue una apuesta del candidato republicano, Pere Aragonès, durante la campaña.

Otro de los nombres que están en las quinielas del futuro Ejecutivo catalán es el del diputado electo Jaume Alonso-Cuevillas como conseller de Justicia, y el de Jordi Puigneró si finalmente se mantiene la Conselleria de Políticas Digitales.

En relación al grupo parlamentario de Junts, Geis podría presidirlo y situar nombres como Francesc de Dalmases en puestos de responsabilidad, como portavoz del grupo, entre otros.

ERC, Junts y la CUP se han reunido este miércoles de manera conjunta por segunda vez pero no han alcanzado ningún acuerdo a falta de dos días para que se celebre el pleno de constitución del Parlament, en el que se escogerá la composición de la Mesa de la Cámara catalana.

Fuentes conocedoras han explicado que el encuentro ha terminado sin acuerdo y que seguirán negociando, por lo que se mantiene la incógnita de quién presidirá el Parlament en la próxima legislatura.

Junts sigue defendiendo que este cargo le corresponde a su formación pero sin concretar a quién proponen para asumirlo, algo que sí ha hecho la CUP planteando al que fue su cabeza de lista por Lleida, Pau Juvillà, como su candidato para presidir el Parlament.

En un comunicado, la CUP ha asegurado que durante el encuentro han propuesto formalmente a Juvillà como candidato a la Presidencia del Parlament «con el objetivo de garantizar que ésta sea capaz de frenar los discursos de odio, las amenazas y las coacciones de la extrema derecha, por un lado, y por el otro, que vele, desobedeciendo si hace falta, para que el Parlament pueda llevar a cabo políticas para avanzar social y nacionalmente».

«SITUACIÓN AL LÍMITE»

Los ‘cupaires’ han criticado que Junts «siga exigiendo la Presidencia del Parlament sin querer concretar ni propuesta política ni nombres, y que ni tan solo estén dispuestos a hablarlo, llevando la situación al límite, 48 horas antes de la constitución del Parlament».

También han acusado a ERC y Junts de «poca concreción» tanto en el proyecto para la próxima legislatura y cómo en concretar las propuestas que ambos partidos se habían comprometido a trabajar: hacer una moratoria del uso de proyectiles de foam, que la Brigada Mòvil (Brimo) de los Mossos d’Esquadra no participe en los desahucios y que la Generalitat no se persone como acusación particular contra activistas.

Así, la CUP ha urgido a los dos partidos a trabajar en un acuerdo que «evite situarse en las mismas coordenadas que durante la legislatura anterior, que dé respuestas a la población ante la crisis política, social y económica, y que se aleja del intercambio de sillas».

JUNTS QUIERE LA PRESIDENCIA

En otro comunicado, Junts ha asegurado que sigue trabajando con ERC y la CUP para llegar a un acuerdo «fiel a los resultados del 14F que vaya más allá de la investidura y la formación de Govern».

Según la formación de Laura Borràs, para superar las discrepancias de la última legislatura han defendido que «el rigor pasaba por acordar las bases de actuación y coordinación entre las formaciones independentistas, y después entrar a debatir elementos como la elección de los miembros de la Mesa del Parlament».

Ha afirmado que Junts tiene la voluntad de presentar candidatura a la Presidencia de la Cámara pero que «la elección de la persona se hará a través de procedimientos de validación interna del partido».

«Por este motivo se pide respeto por estos procedimientos de validación y el tiempo que requieren, especialmente en esta semana que se ha atentado contra los derechos del secretario general, Jordi Sànchez, el vicepresidente, Jordi Turull, y el presidente del partido, Carles Puigdemont», en alusión a la retirada del tercer grado y a que el Parlamento Europeo levantara la inmunidad del líder de la formación.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cifrado este miércoles en más de 758 millones de euros el coste de las misiones militares desplegadas en el exterior en el año 2020, un dato menor al inicialmente previsto debido a la reducción de actividades y efectivos como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

En una comparecencia en el Congreso, Robles ha repasado las operaciones internacionales en las que participan las Fuerzas Armadas españolas y el coste que tuvieron el pasado año. En total, las cifras aportadas por la ministra suman 758,7 millones, menos de los 1.176 millones previstos por el Gobierno. Para este 2021, están presupuestados cerca de 900 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Defensa han precisado que el coste de las misiones fue menor del que se preveía el pasado año debido a la reducción de actividades y contingentes como consecuencia del Covid-19.

La incidencia de la pandemia obligó a España a reducir el número de efectivos desplegados en varias operaciones internacionales, como las de Malí o Irak, así como a retrasar el relevo en otras o imponer periodos de cuarentena a los militares desplegados.

En cualquier caso, las fuentes ministeriales han precisado que los gastos que ha citado la ministra son los de las operaciones desplegadas. Y a ellos se deben sumar otros gastos de unidades preparadas por si tuvieran que intervenir. Por tanto, el coste total que se computa en la partida de misiones en el exterior será algo superior a los 758 millones detallados por la ministra.

Los costes de cada misión en 2020 fueron: Letonia 72.725.337 euros; Policía Aérea del Báltico 49.301.128 euros; Balcanes 278.265 euros; agrupaciones de la OTAN 151.507.903 euros; Sea Guardian 25.109.620 euros; Turquía 29.874.000 euros; Líbano 108.796.000 euros;Irak 98.606.000 euros; Afganistán 8.017.000 euros; Malí 75.655.000 euros; República Centroafricana 3.239.164 euros; destacamentos aéreos en Senegal 51.380.000 euros; seguridad cooperativa 2.128.104 euros; Somalia 2.838.146,18 euros y Atalanta 79.197.963 euros.

CASI 2.500 EFECTIVOS DESPLEGADOS

Actualmente España está empezando a recuperar su presencia militar en misiones internacionales tras la merma del pasado año como consecuencia de la pandemia. Las Fuerzas Armadas han recuperado prácticamente las cifras de efectivos desplegados en el exterior anteriores al Covid-19 gracias a un aumento en Malí y en las fuerzas navales de la OTAN y la Unión Europea, pese a la importante reducción de presencia que ha tenido lugar en Irak.

Según la documentación remitida por el Ministerio a la Cámara Baja, el número de militares desplegados en el exterior, a fecha de 1 de febrero, era de 2.464 efectivos; un total de 368 más de los que había en junio del pasado año.

El Consejo de Ministros ya dio el visto bueno a finales de 2020 al plan de para las misiones militares en el exterior en las que participan las Fuerzas Armadas españolas, sin que se prevean cambios sustanciales y un coste previsto para este año 2021 de 1.176 millones de euros.

La mayor reducción de presencia desde el pasado año ha sido en Irak, donde se ha pasado de 265 efectivos a los 188 actuales como consecuencia de la finalización de la misión de adiestramiento a las fuerzas de seguridad locales. España cerró la base de Besmayah y centra ahora sus tareas en la base de Al Assad con una unidad de helicópteros y en las localidades de Erbil y Bagdag.

Las Fuerzas Armadas también han continuado mermando en Afganistán, donde se ha pasado de 36 militares a 24. La misión está actualmente en proceso de revisión tras el acuerdo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump para abandonar el país en mayo de este año, aunque la OTAN ya ha avisado de que quiere hacerlo en condiciones de seguridad y estabilidad.

Frente a estas reducciones, España ha aumentado considerablemente el número de efectivos desplegados en Malí y prevé seguir haciéndolo durante los próximos meses. Actualmente son 397 los militares españoles que participan en esta misión de la Unión Europea (213 más que a mediados del pasado año) y Defensa se comprometió a aumentarlos hasta los 550, coincidiendo además con el mandato de la operación de un general español, el general de brigada Fernando Gracia.

A la vez, las Fuerzas Armadas cuentan con un destacamento aéreo de apoyo a la misión de Malí compuesto por 66 efectivos y tienen presencia en Somalia (18) y República Centroafricana (8). El aumento total en el exterior se debe también a la participación española en los grupos navales permanentes de la OTAN y la Unión Europea, donde España cuenta actualmente con un total de 227 militares desplegados.

LÍBANO, LA MÁS NUMEROSA

Además, las Fuerzas Armadas mantienen su presencia en misiones en las que participan desde hace años, como la de Letonia, con 339 militares desplegados; la de Turquía con 149 efectivos, Líbano, la más numerosa con 621 militares; o la misión Atalanta de lucha contra la piratería en el Índico, con 288 efectivos.

El Ejército del Aire también participa actualmente en la misión de Policía Aérea con 130 efectivos desplegados en Rumanía para la vigilancia del espacio aéreo del Mar Negro. Esta misión, en la que España participa por primera vez, se alterna con su ‘gemela’ desde Lituania para la vigilancia del cielo báltico.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha exigido «un compromiso más sólido» por parte de Eudel, del Ararteko y de todas las instituciones vascas para «trabajar más y mejor por impedir la exaltación a ETA en las calles».

Además, ha manifestado que «echa de menos» una denuncia «más explícita de este déficit democrático» que supone tener a una fuerza política como EH Bildu «que siga justificando la barbarie terrorista de ETA» en el documento elaborado en el seno del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha tomado parte, vía streaming, en la sesión extraordinaria del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo, celebrada en Vitoria con motivo del ‘Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo’, que se conmemora el 11 de marzo, y que ha presidido el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

Covite ha valorado que el documento elaborado en el seno del Consejo Vasco de Participación de las Victimas del Terrorismo, «en líneas generales, es correcto», ya que hace hincapié en que la violencia y el terrorismo ejercidos por ETA «han supuesto la mayor vulneración de derechos humanos en la historia reciente del País Vasco».

Según ha señalado, también se incide en que ETA «contó con sustento social y que su violencia (el terror, los asesinatos, los atentados con heridos, el acoso y la amenaza) fue un medio para tratar imponer un proyecto político totalitario, que no admitía la diversidad ideológica y política», planteamiento que también comparte el colectivo.

No obstante, echan de menos que «se diga con claridad que ese proyecto político se sigue defendiendo hoy, que Bildu es una fuerza política heredera de la antigua Batasuna y que sus portavoces siguen justificando el asesinato de nuestros familiares y llamando presos políticos a los asesinos». «Echamos de menos una denuncia más explícita de este déficit democrático que supone tener a una fuerza política que siga justificando la barbarie terrorista de ETA», ha insistido.

Covite, cuando en el documento se hace hincapié en la necesidad de reparar a las víctimas del terrorismo, reconociendo que «ha habido importantes déficits en este sentido durante mucho tiempo», ha considerado que «es importante que se hable de una cuestión que revictimiza a las víctimas y que supone una humillación y un grave ataque a su dignidad: los homenajes públicos a miembros de ETA y la ocupación de las calles y de los espacios públicos por parte de la izquierda abertzale para sus proclamas».

«ESFORZARSE MÁS»

A su juicio, las instituciones vascas deben «esforzarse más por evitar esta realidad tan dolorosa para las víctimas y tienen la competencia para ello, pues así lo establece el artículo 4 de la ley vasca de víctimas del terrorismo».

En ese sentido, el colectivo ha recordado que envió un informe exhaustivo al Ararteko haciéndole saber dónde habían encontrado pintadas y pancartas de apoyo y de exaltación a ETA y a sus presos y no les ha contestado «ni ha puesto en marcha ninguna actuación al respecto».

«En cambio, el Defensor del Pueblo de Navarra, cada vez que le hemos solicitado que borrase una pintada o retirase una pancarta, inmediatamente lo ha hecho», ha resaltado, al tiempo que ha exigido «un compromiso más sólido» por parte de Eudel, del Ararteko y de todas las instituciones vascas para «trabajar más y mejor por impedir la exaltación a ETA en las calles, que son de todos».

En cuanto a las Placas en Memoria de las víctimas, Covite ha señalado que en el documento se indica la posibilidad de proponer que a nivel local se promueva un acuerdo para «señalizar los lugares en que se produjeron atentados» y ha asegurado que «siempre» va a apoyar iniciativas que promuevan la Memoria de las víctimas en los lugares donde fueron asesinadas.

En su opinión, «promover la memoria pública de las víctimas del terrorismo debería ser una prioridad» y ha recordado que hay ayuntamientos, como el de San Sebastián, que lo están haciendo. «Covite lleva años reivindicando esta necesidad, desde que pusimos en marcha la iniciativa ‘Una víctima, una placa'», ha apuntado.

Podemos ya ha confirmado que apoyará las mociones de censura registradas en Castilla y León y Murcia. Además, ha dejado claro en el caso murciano que no formará parte de ninguno ejecutivo en el que esté Ciudadanos, continuando por tanto en su papel de oposición.

El coordinador autonómico de Podemos en Murcia, Javier Sánchez Serna, ha detallado que no tenían información de los planes de Cs y PSOE respecto a las mociones de censura, pero que ambas formaciones contarán con sus votos, tanto en el caso del Ejecutivo autonómico como en el Ayuntamiento de Murcia.

En un vídeo publicado en redes, Sánchez Serna ha indicado que es necesario «desalojar al partido de la corrupción», en referencia al PP, del Ejecutivo murciano y poner «un cordón sanitario antifascista» ante el avance de la «extrema derecha», en alusión a Vox.

Por tanto, ha dejado claro que apoyarán estas mociones de censura pero en ningún caso formarán parte de futuros gobiernos con Cs. Por tanto, una vez que los nuevos ejecutivos se conformen, estarán en la oposición para «empujar» hacia políticas de progreso social, que están «muy alejadas» de los planteamientos de la formación morada.

«Hay que poner por delante los intereses de Murcia y la regeneración democrática que pare los pies a la derecha», ha destacado el coordinador autonómico de Podemos.

TAMBIÉN EN CYL

Mientras, el secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha confirmado este miércoles en Twitter que ha hablado con el portavoz socialistas en las Cortes de esta región, Luis Tudanca, y le ha mostrado su apoyo para lograr un cambio de Gobierno regional mediante la moción de censura que ha registrado el PSOE.

En el tuit, Fernández ha apostado por ese cambio de Gobierno autonómico que propicie «políticas progresistas basadas en la justicia social, que fortalezca los servicios públicos, revierta la despoblación y ampare a los más castigados por esta terrible crisis».

Podemos cuenta con dos procuradores en las Cortes de Castilla y León –Fernández y Laura Domínguez– y está incluido en el Grupo Parlamentario Mixto, del que el secretario general autonómico es también portavoz.

En este caso, la moción de censura de los socialistas requiere contar con apoyo de parlamentarios de Ciudadanos. Al respecto, el portavoz de Cs en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha pedido al PSOE que «abandone toda esperanza» sobre la posibilidad de una moción de censura como la planteada en Murcia.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha destacado esta mañana que la moción de censura en Murcia para «desbancar al PP y Vox» es una «buenísima noticia», pero reclama «valentía» para extenderla también a Madrid, Castilla y León y Andalucía.

Foro de Asturias, PP y Vox han pactado una texto que será sometido este jueves a votación en el pleno del Congreso para que la Cámara Baja inste al Gobierno a reconsiderar su decisión de incluir todas las poblaciones de lobo en el ‘Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial’ (LESPRE), lo que en la práctica supondría la prohibición de cazarlo en toda España. Además, la iniciativa pide que se trabaje en Europa para que la especie también sea considerada cinegética al sur del Duero.

La iniciativa es resultado de la negociación del texto de la moción consecuencia de interpelación defendida este martes por Foro de Asturias y las enmiendas presentadas a la misma por PP y Vox, que coinciden en solicitar al Ejecutivo, no sólo no incluir las poblaciones de lobo al norte del Duero en el LESPRE, sino revertir esta protección que ya reciben actualmente las poblaciones al sur del Duero, que no se pueden cazar.

Concretamente, en el texto pactado el Congreso declara su apoyo incondicional a la ganadería extensiva de especial trascendencia para la supervivencia del mundo rural y la protección de las actividades socioeconómicas que deben convivir con el lobo e insta al Gobierno a reconsiderar la decisión de incluir a la especie en el LESPRE, ya que esta medida podría poner en grave riesgo la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas y la pervivencia del mundo rural.

Asimismo, le pide renunciar a dictar la orden ministerial para la inclusión de toda la población del lobo en el LESPRE, y mantener por tanto el estatus actual de protección y gestión de la especie.

Igualmente, reclama recuperar la voluntad de consenso institucional entre la Administración del Estado y los representantes de las comunidades autónomas en la Comisión de Patrimonio Natural, que el pasado 4 de febrero decidió modificación del estatus sobre el lobo en una apretada votación que contó con el rechazo de las regiones que cuentan con el 95 por ciento de las poblaciones de lobo: Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria.

También exige que se respeten las competencias de las comunidades autónomas, y singularmente de las mencionadas, y elaborar de común acuerdo los cambios en la estrategia de gestión y conservación del lobo.

Asimismo, pide abrir inmediatamente un espacio de diálogo con los sindicatos y organizaciones representativas del sector agroganadero y del medio rural para tratar de alcanzar puntos de entendimiento en materia preventiva de los ataques del lobo e indemnizaciones, con una financiación específica adicional que no detraiga fondos del sector primario.

También solicita trabajar en la elaboración de una nueva Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España, que sustituya la vigente de 2005, desde la plena lealtad institucional y con la participación de los representantes de los sectores interesados: Administraciones, ganaderos, propietarios de terrenos, expertos, conservacionistas y científicos.

A la vez, quiere que se defiendan los valores culturales, científicos y ecológicos del lobo, y hacerlos compatibles con el actual estatus legal de la especie. «Esos valores y el objetivo de conservar la especie son la piedra angular de los planes de gestión de las comunidades autónomas», se asegura en la iniciativa.

Y, finalmente, requiere que se retomen las negociaciones que había venido desarrollando el Gobierno del PP en Europa en el sentido de reinterpretar la Directiva Hábitat para unificar la gestión y protección de toda la población del lobo español como en el norte del Duero, es decir, con gestión cinegética, «única garantía demostrada de compatibilidad y supervivencia tanto del lobo, como del ganado, en todo el territorio nacional. A su vez, pide al Ejecutivo promover la modificación de esta directiva para permitir el control cinegético del lobo al sur del río Duero.

Ecologistas en Acción ha celebrado este miércoles la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources, de desestimar los recursos de reforma formulados por los nueve investigados objeto del auto de procedimiento abreviado emitido el pasado mes de febrero, contra dicho auto.

Isidoro Albarreal, coordinador en materia de minas de Ecologistas en Acción, ha señalado que su organización, parte en la causa judicial, está de acuerdo con dicha medida, rememorando además su petición de incluir en el procedimiento un posible delito de prevaricación ambiental, porque los acusados que participaron en la mesa de contratación del concurso y la comisión técnica «ignoraron completamente las condiciones de las bases del concurso minero que tenían que impedir la participación de ofertas que fueran a contaminar el corredor del Guadiamar».

En un nuevo auto emitido este pasado 8 de marzo, la juez instructora da cuenta de los recursos de reforma interpuestos por los nueve investigados afectados por dicho auto de continuación de las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado y de Minorbis, contra dicha decisión judicial.

Según resume, todos ellos consideran, groso modo, que «no se han valorado y analizado en debida forma en el auto recurrido el conjunto de diligencias de investigación practicadas a lo largo de los últimos cinco años».

Pero todos los recursos de reforma son desestimados porque «frente a lo expuesto por los impugnantes, no es exigible desde luego que en el auto de incoación de procedimiento abreviado se realice un pronunciamiento expreso de cada una de las pruebas que se hayan practicado a lo largo de la instrucción con expresa mención de las mismas, cuando lo que sí se hace es un análisis pormenorizado de su resultado desde el prisma que ha sido contemplado además por la Audiencia de Sevilla».

LOS «INDICIOS»

«Tan solo ha de valorarse la existencia de indicios para la prosecución del procedimiento, que en este momento procesal solo han de ser esbozados como suficientes para finalizar la fase de instrucción e iniciar el procedimiento abreviado», indica la juez, que ve «indicios suficientes para sustentar la imputación respecto de los recurrentes de un delito de prevaricación administrativa, en los términos que se acotan en la resolución de referencia y sin perjuicio de la calificación definitiva que se efectúe por las acusaciones».

Además, la juez defiende que el auto recurrido alberga «una motivación sucinta pero suficiente, que no es la de suplantar la función acusatoria del Ministerio Publico o las acusaciones, sino únicamente conferir el oportuno traslado procesal para que esta pueda verificarse, así como expresar el doble pronunciamiento de conclusión de la instrucción y de prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia».

Respecto al recurso de reforma del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero, otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, señala por ejemplo que «la necesidad ineludible de resolver sobre la continuación del procedimiento viene dada por las resoluciones de la Audiencia», cuya sección séptima ha reabierto la causa dos veces tras dos archivos iniciales en decisiones adoptadas por la juez Mercedes Alaya en dicha sección, «cuando concluyen y aprecian la existencia de indicios suficientes racionales de criminalidad, que en esta fase y a efectos de resolver sobre la continuación de apertura de juicio oral resultan suficientes».

EL AUTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO

En el citado auto impugnado, la juez Patricia Fernández Franco ordena incoar el procedimiento abreviado respecto a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la SEPI Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

La juez acuerda la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra todos los ya mencionados por un presunto delito de prevaricación administrativa, dando traslado de ello a la Fiscalía y al resto de partes para que «formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa», toda vez que la Fiscalía ha pedido en varias ocasiones el sobreseimiento provisional del caso.

Para la juez instructora, que desde la apertura de la causa en 2015 ha archivado dos veces la investigación, siendo la misma reabierta en ambos casos por orden de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, «los indicios existentes son bastantes para abrir la llamada fase intermedia, dando por terminada la instrucción jurisdiccional y acomodando las actuaciones al procedimiento legalmente previsto».

Todos los partidos representados en el Senado, con la excepción de Vox, han respaldado este miércoles una moción en la que piden al Gobierno que «facilite activamente» la consecución de una solución política al conflicto del Sáhara Occidental y que esta sea una política de Estado al margen de «enfrentamientos partidistas».

La moción, resultado de una enmienda transacional pactada por todos los grupos con la excepción de Vox, «reconoce que España tiene una vinculación histórica y afectiva en el conflicto político del Sáhara Occidental, por lo que pide al Gobierno español que apoye y facilite activamente en la ONU, en la UE y en el resto de organizaciones internacionales una solución política conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU».

En este sentido, los senadores han subrayado que «debe constituir una política de Estado alejada y despojada de controversias y enfrentamientos partidistas, que en nada favorecen la solución política requerida».

El senador del PNV Luis Jesús Uribe-Etxebarría, promotor de la moción, ha puesto en valor este último punto y ha agradecido el «acuerdo muy amplio» alcanzado sobre el texto, al que se han incorporado las mociones presentadas por PP y PSOE.

«Nos debemos de felicitar porque creo que aportamos un granito de arena a intentar que entre todos soluciones a este lamentable asunto», ha resaltado. También el resto de grupos han celebrado el consenso alcanzado.

Así, el portavoz del PP, Gonzalo Robles, ha resaltado que se haya llegado a un acuerdo sobre un texto que «es de sentido común y una obligación moral», mientras que el portavoz del PSOE, Rafael Lemus, ha hecho hincapié en que en «una tarde de tensiones» y en un «país con tantas polarizaciones» se haya alcanzado «un punto de neutralidad».

RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA

Por otra parte, han sido varios los portavoces que se han referido a la «responsabilidad histórica» del Gobierno con el Sáhara, considerado por la ONU como un territorio sin descolonizar, y han defendido que sigue siendo la «potencia administradora», algo que desde el Ejecutivo ya se ha negado en repetidas ocasiones.

Por ello, el portavoz de Ciudadanos, Emilio Argüeso, ha lamentado la «falta de acciones» respecto al Sáhara por parte del Gobierno actual, mientras que la senadora de Adelante Andalucía, María Pilar González, ha recalcado que no quieren que «el Gobierno siga mirando para otro lado». A su vez, el senador de JxCat Josep Lluis Cleries ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con su papel de «garantizar el derecho de autodeterminación».

En el texto que se va a aprobar, los senadores han manifestado su «preocupación por la situación en el Sáhara Occidental, que pone en peligro el acuerdo de alto el fuego de 1991» y han pedido a Marruecos y el Frente Polisario «que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier acto de violencia, provocación o uso de la fuerza».

Además, han expresado su «pleno apoyo a los esfuerzos de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO)» para que pueda cumplir con su misión. Precisamente, algunos de los portavoces han incidido en el fracaso tanto de la ONU como de la MINURSO en cumplir con el objetivo de la celebración de un referéndum de autodeterminación. «El pueblo saharaui continúa sin poder ejercer su derecho», ha subrayado el parlamentario de Bildu Gorka Elajabarrieta.

La moción aprobada subraya que es «imprescindible una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas, en el marco de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, apelando a la responsabilidad de todas las partes, para la búsqueda de una solución con un enfoque multilateral y constructivo».

REANUDACIÓN DE CONVERSACIONES Y HOJA DE RUTA

En este sentido, pide la «reanudación de las conversaciones y negociaciones permanentes, creíbles y constructivas bajo el liderazgo de Naciones Unidas y de un nuevo enviado personal» del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puesto que está vacante desde hace casi dos años.

Además, los senadores han defendido que es necesaria una «hoja de ruta efectiva, con objetivos concretos y unos plazos claros, en el convencimiento de que sólo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU, son el único camino para el logro de la paz, la convivencia, la confianza, la seguridad y el progreso económico y social en la región.

La resolución de este conflicto «es fundamental para la cooperación regional entre los países del Magreb y la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región, que es vital para el Mediterráneo, para España y, por lo tanto, para el conjunto de Europa«, han advertido.

A este respecto, la Cámara Alta insta al Gobierno «a trabajar, tanto desde la política europea, como en sus relaciones bilaterales, en el impulso» de la Vecindad Sur, «apostando por la creación de nuevas oportunidades para los ciudadanos de las dos orillas del Mediterráneo».

AUMENTO DE LA AYUDA A LOS SAHARAUIS

Por otra parte, han hecho un llamamiento para que se incremente «en lo posible la ayuda humanitaria necesaria para ayudar a cubrir las necesidades básicas de alimentos, agua, alojamiento y servicios médicos para mejorar las condiciones de vida y los Derechos Humanos del pueblo saharaui».

Y por último, han aprovechado para manifestar su «agradecimiento y reconocimiento a todas las administraciones y organizaciones sociales en su labor humanitaria y solidaria con el pueblo saharaui», animándoles a que «persistan e incrementen su apoyo en lo posible».

Vox ha sido el único grupo que no ha dado su apoyo a la moción, después de que no se haya aceptado su enmienda, que en opinión de Uribe-Etxebarría estaba en cierta medida incluida en el texto pactado. La parlamentaria de los de Santiago Abascal en el Senado, Yolanda Merelo, ha recalcado en su intervención que, a diferencia de los movimientos independentistas en España, los saharauis «sí que tienen derecho» a la autodeterminación.

Además, ha defendido que España es la «potencia administradora» y por tanto el Gobierno «le corresponde dar un paso al frente y asumir su papel» en lo que se refiere al Sáhara Occidental, afeando el hecho de que el Ejecutivo actual «se pone de perfil».

Rastreadores militares se encargan del seguimiento de los pasajeros de vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para controlar la expansión de las cepas de Covid-19 surgidas en esos países, según ha revelado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En una comparecencia en el Congreso, Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas formaron a aproximadamente 5.000 efectivos para poder realizar labores de rastreo del coronavirus y colaborar así en las tareas de control de su propagación.

A petición del Ministerio de Sanidad, algunos de esos rastreadores militares han asumido las últimas semanas la función de control de los pasajeros de los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para tratar de evitar la expansión de las cepas locales de Covid-19 en España.

Actualmente están limitados los vuelos entre estos dos países y los aeropuertos españoles. Solo pueden realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas, sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.

Además, hasta 2.500 militares han colaborado con las labores de rastreo de las comunidades autónomas, integrados en sus servicios autonómicos de sanidad. Robles ha detallado que han realizado un total de 2.284.000 contactos desde que se inició la Operación Baluarte el pasado mes de septiembre.

Esto supone una media de 19.300 contactos diarios. «Pocas personas pueden sentirse tan orgullosas», ha enfatizado la ministra, que ha insistido en que la coordinación con el resto de administraciones es «dinámica» y se adapta a nuevas peticiones.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, y el vicepresidente del Gobierno andaluz y líder regional de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, han querido dejar claro este miércoles, durante una comparecencia conjunta en el Parlamento tras lo ocurrido en Madrid y Murcia, que en esta comunidad existe estabilidad, con un Ejecutivo «sólido» conformado por ambas formaciones, y que la intención es agotar la legislatura.

Ese ha sido el mensaje que Moreno y Marín han querido trasladar a los andaluces tras la ruptura de PP y Ciudadanos en la región de Murcia y la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones anticipadas en dicha región, donde también había un gobierno de coalición de ambos partidos.

«El Gobierno de Andalucía goza de muy buena salud», según ha sentenciado el presidente de la Junta, quien ha destacado la «enorme complicidad» entre los dos socios. «En Andalucía la coalición goza de una espléndida y robusta salud», según ha sentenciado Juanma Moreno, afirmando que su Gobierno aspira a concluir la legislatura.

Por su parte, Juan Marín ha señalado que refrenda las palabras de Moreno, porque «esa es la realidad». «Somos conscientes de que la situación que se ha provocado hoy en Murcia y en Madrid pueden hacer ruido, pero en Andalucía no nos vamos a hacer eco», ha indicado el vicepresidente, quien ha defendido la estabilidad que hay en esta comunidad y la intención de agotar la legislatura.

LA ISLA DENTRO DEL RUIDO

Ha querido dejar claro que Andalucía va a seguir siendo una «isla» dentro de ese ruido y de esa inestabilidad que existe en varios puntos de España.

En cuanto al hecho de que Vox, socio de investidura del PP-A, haya pedido la celebración inmediata de elecciones en Andalucía, el presidente no se ha pronunciado sobre esta petición, pero Juan Marín sí ha indicado que es legítimo que cada uno piense o solicite lo que considere, pero que él no se va a «preocupar de Vox, que tiene bastante con preocuparse de ellos mismos».

El presidente de la Junta ha manifestado que este miércoles ha hablado con el presidente del PP, Pablo Casado, sobre lo acontecido: Ha sido una conversación «muy cercana», con «contraste de opiniones» que entran dentro de lo normal, en el marco de las consultas semanales que mantienen.

Marín, por su parte, ha señalado que ha hablado con el vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, quien le ha traslado las decisiones tomadas por el partido en Murcia y le ha dado cuenta de la convocatoria de elecciones en Madrid.

Tanto Moreno como Marín ha sido tajantes al expresar que las circunstancias de Madrid y de Murcia son «completamente distintas» a las de Andalucía. «Aquí hemos construido una enorme complicidad entre los dos grupos», según ha señalado el presidente de la Junta, quien ha expresado su respeto a las decisiones de otros presidentes autonómicos.

Según ha incidido, en Andalucía la voluntad de ambos partidos es seguir construyendo lo que se ha hecho a lo largo de estos dos años de legislatura, y siempre «hemos traslado un mensaje de moderación, de serenidad y de diálogo hasta el agotamiento» para buscar estabilidad, que es «el bien más ansiado» en estos momentos en España.

El presidente de la Junta ha justificado este comparecencia conjunta en la necesidad de trasladar un mensaje de tranquilidad, serenidad y de confianza en el Gobierno andaluz, después de que a lo largo del día se hayan recibido muchas llamadas de sectores económicos y sociales preocupados por la estabilidad del Ejecutivo tras lo ocurrido en otras comunidades.

GOBIERNO CON MUY BUENA SALUD

«Queremos transmitir que afortunadamente el Gobierno de Andalucía goza de muy buena salud, de una enorme complicidad en los objetivos, y de afecto, la comprensión y la responsabilidad mutua para sacar a Andalucía adelante», según ha recalcado Moreno, para quien ante la peor crisis de la historia de Andalucía, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, lo que se necesita ahora más que nunca es «gestión, responsabilidad y futuro».

Los objetivos de su Gobierno son claros, según ha dicho, proteger la salud de los andaluces y pasar lo antes posible la página de esta pandemia, recuperando empleos, el tejido productivo andaluz y la actividad económica y, en definitiva, el bienestar de los andaluces. «Hay un Gobierno sólido con una hoja de ruta marcada de modernización y de reformas», según Moreno, quien ha dicho que los andaluces piden legislaturas de cuatro años.

Por su parte, Juan Marín ha señalado que los andaluces pidieron un cambio político hace dos años y se está haciendo «de forma tranquila y sosegada» y ante las «diferencias» que pueda haber entre los socios sobre algunas cuestiones se resuelven hablando y tomando decisiones que mejoren la vida de los ciudadanos. Ha defendido que los acuerdos que suscribieron ambos partidos se están cumpliendo al «cien por cien».

«No es momento de hacer ningún tipo de gestos ni de giros que pongan en cuestión absolutamente nada», según el vicepresidente de la Junta, quien ha señalado que los andaluces lo que quieren ahora es que «solucionemos problemas, no que convoquemos elecciones». Por ello, ha indicado que lamenta decir a aquellos que piden adelanto electoral, que «vamos a agotar la legislatura».

Ha insistido en que el Ejecutivo andaluz está más preocupado por salir de la actual crisis generada por la pandemia, por que llegue vacunas contra el coronavirus y por reactivar la economía que por elecciones y por sillones, «tenga el coste político que tenga.

El Jurado de la Publicidad de Autocontrol considera que una publicidad de apuestas del ‘influencer’ James Lover, a través de los denominados stories de Instagram, es contraria al Código de Conducta Publicitaria.

Así consta en la Resolución de 19 de febrero de 2021 de la Sección Cuarta del Jurado de Autocontrol por la que se estima una reclamación presentada por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) contra una publicidad de la que es responsable el ‘influencer’ James Lover.

En dicha publicación, sobre un fondo negro en el que aparecían varios emoticonos, se iban sucediendo los siguientes textos: «Hazme una pregunta. Jajajajaj como [sic.] mientes tanto? 1 meti [sic.] los 30 € a estos partidos que dijo y salieron», «con lo que fui ganando iba metiendo a lo que iba diciendo. Y acabe [sic.] con 1046 € ósea [sic.] de locos jajaja».

Asimismo, según consta el la resolución, de manera intercalada, aparecían insertadas diferentes imágenes en las que se visualizaban varios pronósticos de apuestas.

El Jurado ha estimado la reclamación de AUC y considera que la publicación infringe la norma 13 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol ya que «no se desprendía de forma clara e inequívoca su carácter publicitario» ni se incluía «ninguna etiqueta o advertencia que pudiese solventar esta falta de claridad acerca de la naturaleza publicitaria».

Por otro lado, el Jurado ha resuelto que la publicidad infringía la norma 2 del Código de Conducta en relación con los artículos 7.1, 10, 15 y 26 del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, ya que «se inducía a error respecto a las posibilidades de resultar premiado».

Según el Jurado, no se incluía un mensaje relativo a jugar con responsabilidad; la publicación realizada por el ‘influencer’ vulneraba la prohibición general de aparición de personas con relevancia o notoriedad pública. Tampoco quedó acreditado ninguno de los requisitos que regulan las comunicaciones comerciales de las actividades del juego a través de las redes sociales.

En la resolución, añade además que «varios ‘influencers’, de manera prácticamente coincidente en el tiempo, han publicado o difundido mensajes con un contenido prácticamente coincidente».

En este sentido, destaca que las publicaciones de estos ‘influencers’ seguían el mismo esquema: «abrir publicaciones en las que se pueden hacer preguntas, responder a ellas con idénticas expresiones, tratando cuestiones como cuántos ingresos se obtienen, y que este contexto de actividad económica dé pie a referirse a las ganancias que están obteniendo a través de las apuestas, gracias a haber conocido un grupo en una red social en la que son aconsejados».

Por otra parte, agrega que todas las publicaciones «hacían alusión a los mismos partidos, dinero invertido inicialmente y ganancias obtenidas». «Esta coincidencia en el tiempo y en el contenido en la difusión de mensajes prácticamente idénticos por parte de distintos influencers revela, por si sola, su naturaleza publicitaria. Pero, en el concreto caso que nos ocupa, y a mayor abundamiento, ha de destacarse que el propio influencer ha reconocido la existencia de una colaboración con la empresa Best Analistas», subraya.

Así, el Jurado de la Publicidad ha acordado estimar la reclamación de AUC frente al ‘influencer’, declarar que la publicidad reclamada infringe las normas 2 y 13 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol, e instar a James Lover’ al cese y la no reiteración futura de la publicidad reclamada.

La sociedad de autores SGAE ha sido readmitida en la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) tras implementar una serie de reformas «que han transformado a la entidad y su funcionamiento».

La SGAE fue expulsada temporalmente de la CISAC en mayo de 2019 por infracción de las normas de la confederación internacional, trato discriminatorio a los titulares de derechos e irregularidades en la distribución de derechos.

«El Consejo de Administración de la CISAC ha decidido readmitir a la SGAE, tras realizar una exhaustiva revisión de todos los cambios en las prácticas de la sociedad, que han sido implementados durante los últimos tres años con el apoyo de la CISAC», ha señalado la entidad en un comunicado.

Antes de la expulsión, la CISAC llevó a cabo «una profunda revisión» del funcionamiento de la SGAE y emitió un informe incluyendo un amplio paquete de reformas que la sociedad debía implementar para poder cumplir con las normas de la CISAC.

Entre las reformas que han conducido ahora a la readmisión de la SGAE, se incluye el cese de las prácticas discriminatorias en la elección de los miembros de los órganos de gobierno y de la Comisión de Supervisión o la celebración de nuevas elecciones para la Junta Directiva con la restauración de la representación de todos los titulares de derechos afiliados en los órganos de gobierno de la sociedad.

CISAC también ha destacado la introducción de un nuevo código de conducta para resolver los conflictos de interés; cambios en las ponderaciones y coeficientes de distintas categorías de música, y la separación de bolsas de música y audiovisual o el tope máximo del 20% de derechos musicales en la franja de madrugada de televisión.

El director general de la CISAC, Gadi Oron, y el Presidente del Consejo, Marcelo Castello Branco, han reconocido que se ha tratado de «una difícil tarea de máxima importancia» tanto para los miembros de la CISAC como para los autores españoles, «que se merecen una sociedad que funcione correctamente y en la que puedan confiar».

«Las reformas introducidas deben ayudar a la SGAE para que ésta pueda servir mejor a sus miembros y socios internacionales, y a la recuperación de la recaudación tras la profunda crisis provocada por la pandemia», han concluido.

SGAE CELEBRA LA «UNIÓN DEL COLECTIVO AUTORAL»

Por su parte, el presidente de SGAE, Antonio Onetti, considera que esta readmisión se produce «gracias a la unión del colectivo autoral, a la suma de voluntades y a la participación de los socios, además del esfuerzo llevado a cabo por el equipo técnico para poner al día esta institución».

«Ellos han sido los que han hecho posible el cambio. Con la vuelta a la CISAC y la aprobación de los estatutos por el Ministerio de Cultura, órganos que nos tutelan, hemos puesto los cimientos para contar con una entidad más democrática y plural. Ahora debemos seguir trabajando todos juntos para lograr una SGAE más eficiente», ha señalado Onetti.

La entidad considera que, de esta manera, finaliza su proceso de renovación institucional y completa así su adaptación a los ordenamientos jurídicos español y europeo. La ampliación del voto para todos sus socios, la creación de la Comisión de Supervisión y el traslado del poder ejecutivo a la Dirección técnica, son algunas de las medidas aprobadas por la SGAE «en esta etapa de normalización como entidad de gestión».

RELACIÓN «BUENA» ENTRE CULTURA Y LA SGAE

«En este periodo de actualización institucional, CISAC nos ha mostrado su plena colaboración para adaptarnos a las normas y estándares internacionales de la gestión colectiva. Es fundamental que a las entidades de gestión se nos exijan una serie de medidas cuyo objetivo sea el buen gobierno, la eficacia y las buenas prácticas», ha concluido Onetti.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ya señaló este pasado lunes 8 de marzo que la relación de su departamento con la SGAE es «buena» y que Cultura tiene «la obligación de ayudarles en todo lo posible, al tiempo que exigir el cumplimiento de las leyes.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado este jueves a la jefa de Seguridad de BBVA, Inés Díaz Ochagavia, y a cuatro mandos policiales recientemente imputados, en el marco de la pieza separada del caso ‘Tándem’ donde investiga los contratos del banco con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Los cuatro policías –un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales– declararán a partir de las 10.00 horas sobre su presunta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho, mientras que la también imputada Díaz Ochagavia lo hará a las 11.00.

García-Castellón ha decidido tomar declaración como investigados a los cuatro uniformados a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Así, el magistrado indaga en los múltiples contratos de BBVA con el Grupo Cenyt –cuyo titular real era Villarejo– que tendrían «un carácter ilícito» y durante los cuales se llevaron a cabo injerencias en los derechos fundamentales de determinadas personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos o acceso a cuentas bancarias.

10,2 MILLONES POR LOS TRABAJOS DE VILLAREJO

García-Castellón recordó en un auto del pasado 22 de febrero por el que imputó a los cuatro agentes que esos contratos con Cenyt se hicieron a cambio de elevadas sumas de dinero, precisando que hubo abonos del banco por un importe total de 10,2 millones de euros.

Además, señaló que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporan «una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales».

La regulación vigente del acceso a esos ficheros del Ministerio del Interior no contempla la cesión de tal información a entidades privadas, sin embargo, en el curso de las investigaciones se ha conocido que en el fichero policial Adextra se realizaron búsquedas en noviembre de 2016 que se plasmaron en una carpeta denominada ‘búlgaros’ y que contenía datos de hasta ocho personas de Europa del este.

El juez instructor apuntó que sobre todas esas personas se realizaron búsquedas en ese mes por parte de una de las oficiales que cita como imputada y que estaba destinada en la Comisaría General de Información (CGI) y que el otro oficial investigado realizó también búsquedas ese mes sobre uno de ellos.

Pero la actividad no se quedó ahí. Según informe de Asuntos Internos, además se realizaron búsquedas sobre ellos en Argos, Atlas, Sidenpol y Objetos entre el 1 y el 28 de noviembre de 2016 en las que se implicó el subinspector imputado y también adscrito a la CGI.

ASUNTO NEIGBOUR, TEMPLAR Y HARD

Asimismo, García-Castellón indicó que también se realizaron búsquedas en ficheros policiales relativos a extranjeros entre febrero y marzo de 2015 en el marco del denominado ‘Asunto Neigbour’ de dos personas, M. Chistyakov y M. Smolnikov. Y añadió que en el ‘Asunto Templar’ se investigó en ficheros policiales por parte del subinspector a otras cinco personas en las mismas fechas.

Asuntos Internos también se remontó a 2014 para saber si se usaron las aplicaciones policiales para realizar búsquedas relativas a intereses de Cenyt, y encontraron que en el programa relativo al DNI ese año se indagó –en concreto lo hizo el inspector jefe imputado– sobre una persona, Luis Rodríguez Durón, que era el principal investigado en el ‘asunto Hard’.

El juez recordó en su auto que tanto el inspector jefe como el subinspector ya constaban como investigados en otras piezas separadas de la macrocausa ‘Tándem’ por haber participado ya en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha asegurado este miércoles que su partido quiere mantener la estabilidad de los gobiernos de coalición que comparte con el PP en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía y ha lamentado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya utilizado las mociones de censura contra el PP en Murcia como «excusa» para convocar unas elecciones que, a su juicio, deseaba hace tiempo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha defendido que Cs ha actuado con «responsabilidad absoluta» al romper sus acuerdos de gobierno con el PP en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad e impulsar sendas mociones de censura junto al PSOE para gobernar con este partido, pues no podían seguir siendo socios de una formación política que busca «tapar la corrupción» en vez de combatirla.

En cambio, cree que Díaz Ayuso «se ha comportado de la forma más irresponsable posible» porque ha decidido adelantar los comicios pese a que el gobierno del PP y Cs en Madrid «funciona» y es una fórmula «de éxito». «Pretende que los madrileños paguen por las corrupciones del PP en Murcia», ha concluido, subrayando que Cs dejó claro desde el primer momento que su decisión de romper con el PP en Murcia se circunscribía a este territorio.

AYUSO HA ENCONTRADO «LA EXCUSA PERFECTA»

Según Bal, la presidenta madrileña tenía el decreto de convocatoria de elecciones «redactado y guardado en un cajón» y ahora «ha salido corriendo» a presentarlo al encontrar «la excusa perfecta para poder cumplir con sus deseos». También ha censurado su decisión de destituir al vicepresidente, Ignacio Aguado, y los demás consejeros de Cs: «Me parece fatal».

A su juicio, Díaz Ayuso ha generando «una situación de inestabilidad e inseguridad» en la región en medio de la pandemia del coronavirus. Pero tampoco cree que hayan actuado correctamente quienes desde la oposición han presentado ahora mociones de censura en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, donde también gobiernan juntos el PP y Cs, «con el único objetivo de obtener réditos políticos».

Bal ha recordado que anteriormente los medios informaron de que el PSOE quería impulsar una moción de censura contra Díaz Ayuso y que incluso le había ofrecido a Aguado convertirse en presidente del Ejecutivo autonómico, y Cs siempre rechazó esa posibilidad.

MOCIONES DE CENSURA EN MADRID

Sobre las mociones registradas ahora en la Asamblea de Madrid por el PSOE y por Más Madrid, ha opinado que demuestran «oportunismo» y ha agregado que Cs prefiere no romper gobiernos. En cualquier caso, cree que hay esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, si finalmente se celebran elecciones o si se vota una moción de censura.

Respecto a Murcia, el portavoz parlamentario de Ciudadanos ha argumentado que estuvieron «hasta el último minuto» hablando con el PP para intentar mantener la coalición y que fueron siempre «a las claras», haciendo ver al PP murciano la importancia que conceden a la regeneración y la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la situación se volvió «insostenible», según ha relatado, después de que varios cargos públicos designados por ese partido se vacunaran contra el coronavirus antes de que les tocara su turno –el consejero de Sanidad y el concejal de Salud en el Ayuntamiento dimitieron por exigencia de Ciudadanos– y de que el PP se querellara contra el teniente de alcalde de Murcia, Mario Gómez (Cs).

Ante las prácticas irregulares de contratación en el Ayuntamiento detectadas por Gómez, el PP prefirió «mirar para otro lado y cerrarse en banda, protegiendo a los suyos y negándose a investigarlo», y cuando el teniente de alcalde lo denunció ante la Policía, sufrió «episodios de espionaje y pintadas en su casa», ha apuntado. En cuanto a los vacunados irregularmente, Bal ha dicho que aún están esperando a conocer la lista completa.

Esto es lo que llevó a la formación naranja a iniciar conversaciones con el PSOE, que fue la fuerza más votada en las últimas elecciones autonómicas, con la intención de formar «un gobierno estable» y «sin corrupción», según ha explicado. Ese gobierno de coalición estará encabezado por la coordinadora autonómica de Cs en Murcia y hasta ahora portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal.

CONVERSACIONES CON EL PSOE SOBRE MURCIA

El diputado ha detallado que los responsables de la formación naranja en Murcia trasladaron su preocupación a la dirección del partido encabezada por Inés Arrimadas al ver que no obtenían respuesta por parte del PP.

Las conversaciones se desarrollaron a nivel autonómico y también nacional: por parte del PSOE, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Félix Bolaños, y por parte de Cs, Carlos Cuadrado, Marina Bravo y José María Espejo-Saavedra. Quienes no han tratado la cuestión de Murcia son Arrimadas y el presidente del PP, Pablo Casado, según Bal.

Por otro lado, ha insistido en que el contexto de Murcia es diferente al de otros lugares donde Ciudadanos comparte el poder con el PP y que tanto en Andalucía, Castilla y León y la Comunidad de Madrid como en ciudades como Madrid, su intención es mantener la coalición.

«Lo prudente es no romper gobiernos si no existe un motivo justificativo tan grave como el que ha sucedido en Murcia», ha afirmado, reiterando que en estos momentos de crisis sanitaria y económica los ciudadanos «merecen estabilidad».

MANTENER LA COALICIÓN EN ANDALUCÍA

Sobre Castilla y León, el dirigente de Cs ha recalcado que no van a apoyar la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), como ya ha avanzado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

En cuanto a la posibilidad de que haya diputados díscolos que voten a favor, ha respondido que no puede contestar por otras personas a las que en algunos casos ni siquiera conoce personalmente. Pero «yo no lo haría», ha añadido, antes de señalar que quien forma parte de un partido lo hace para respaldar el proyecto político que se defiende, no para «convertirse en un rebelde».

Igualmente, Bal ha asegurado que la intención de Ciudadanos, y cree que también la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es «mantener la estabilidad del Gobierno» de coalición del PP y Cs en esta comunidad.

El PSOE y el PP han acordado repartirse, como grupos mayoritarios en las Cortes, la representación del Congreso y el Senado en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, unos puestos (uno por cada Cámara) que están vacantes desde junio de 2019. Este jueves el Congreso elegirá como vocal al secretario de Transparencia del PSOE, Odón Elorza, mientras que el PP promoverá a la senadora andaluza Teresa Ruiz Sillero para la plaza del Senado.

Hasta junio de 2019 estos dos puestos estaban ocupados por una diputada y una senadora del PP pero ambas dejaron de tener escaño en las primeras elecciones generales de aquel año. Tras las segundas, que tuvieron lugar en noviembre, los grupos ya no fueron capaces de ponerse de acuerdo para cubrir esas vacantes.

Fue a finales del pasado mes de enero, tras nombrarse al nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, cuando el Ejecutivo se dirigió a las Cortes para que procedieran a proponer nombres para cubrir ambos puestos.

Según han informado fuentes parlamentarias, el PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo por el cual los ‘populares’ propondrán al representante del Senado y los socialistas al del Congreso.

Ambos tienen que ser elegidos en las comisiones de Política Territorial y Función Pública de sus respectivas Cámaras. La del Congreso votará este mismo jueves la candidatura de Elorza. El Senado aún no ha puesto fecha para su votación, pero el PP ya tiene decidido promover a la senadora andaluza de designación autonómica Teresa Ruiz Sillero.

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno tiene entre sus funciones asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, hacer informes sobre las leyes relativas a estas material, aprobar una memoria anual sobre el grado de aplicación de Ley de Transparencia, proponer recomendaciones, directrices o guías de buenas prácticas e impulsar la cooperación con órganos similares a nivel autonómico o internacional

Este órgano lo preside quien ocupa la Presidencia del Consejo (ahora Rodríguez Álvarez) y siete vocales nombrados por el Gobierno a propuesta del Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Función Pública y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Ninguno de ellos recibe remuneración por esta responsabilidad.

SIEMPRE CON RETRASO

Todos ellos tienen un mandato de cinco años prorrogable por otros cinco. Las vacantes que se produzcan antes de esos cinco años, según estable la norma que rige su funcionamiento, deben ser cubiertas dentro del siguiente año desde la fecha de la misma y hasta completar el mandato de un lustro.

Pero esta premisa se ha venido incumpliendo por parte del Congreso y el Senado, que también tardaron meses en acordar la propuesta de nuevos vocales tras la repetición electoral de 2015.

Los actuales miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno fueron nombrados en febrero de 2019. El Congreso renovó en el puesto a la entonces diputada por Zaragoza Pilar Cortés, que, salvo los meses en que su puesto quedó vacante por falta de acuerdo entre los grupos, era vocal desde la creación de este órgano.

Por su lado, el Senado designó a María Auxiliadora Pérez, que sucedió a la también ‘popular’ Mar Angulo, quien había sido designada en 2017. Antes que ella había ocupado este puesto el senador del PNV Jokin Bildarratz.

En febrero de 2019 también fueron nombrados otros tres vocales a propuesta de otras tantas instituciones. El Tribunal de Cuentas propuso a la consejera Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con José María Aznar y que cubrió la vacante que había dejado María José de la Fuente al ser nombrada presidenta del fiscalizador.

YA NO HAY EQUILIBRIO DE SEXOS

La Agencia Española de Protección de Datos promovió al jefe de su gabinete jurídico, David Javier Santos, y el Ministerio de Función Pública hizo lo propio con Pablo González de Herrero, entonces director de la Oficina de Planificación Estratégica de la Secretaría de Estado de Función Pública, que cubría así el puesto que estaba pendiente desde el cambio de Gobierno en junio de 2018.

La composición actual de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno se completa con el director de la División Jurídico Institucional de la AIRef, Diego Pérez Martínez, y el secretario general del Defensor del Pueblo, José Manuel Sánchez Saudinós.

La ley estable que la composición de este órgano debe tener una representación equilibrada de hombres y mujeres, una premisa que no se cumple en la actualidad. Con la elección de Elorza, habrá un total de siete varones por tan solo dos mujeres (Mariscal de Gante y la senadora promovida por el PP).

El pleno del Senado ha dado este miércoles luz verde a la regulación y despenalización de la eutanasia, a pesar de contar con la oposición de los grupos parlamentarios de PP y VOX quienes han presentado dos propuestas de veto que, finalmente, han sido rechazadas.

El texto aprobado en la Cámara Alta, que ha contado con varias enmiendas que la mayoría han sido rechazadas, volverá ahora al Congreso de los Diputados, que lo aprobó el pasado 17 de diciembre, donde se tendrá que ratificar y, finalmente, aprobar para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma recoge que la eutanasia se podrá llevar a cabo en el país a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable». Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y «ser capaz y consciente en el momento de la solicitud».

Asimismo, sobre el proceso, indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es «resultado de ninguna presión externa».

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita». Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos.

Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el «ámbito de las patologías que padece el paciente» pero que no sea de su «mismo equipo del médico». Además, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.

Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, si no, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación «podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia», un reparo que «deberá manifestarse anticipadamente y por escrito».

«QUIEREN INSTAURAR LA INDUSTRIA DE LA MUERTE»

No obstante, tanto el PP como VOX la han calificado de «injusta e inconstitucional». «Quieren instaurar la industria de la muerte», ha avisado el senador de VOX José Manuel Marín Gascón, que ha lamentado que en lugar de potenciar las unidades de cuidados paliativos «se quiera matar a los pacientes que están en una situación de deterioro avanzado».

Del mismo modo se ha pronunciado el senador del Grupo Parlamentario Popular Antonio Román Jasanada, que ha asegurado que esta ley supone «un retroceso porque va en contra de la vida», y ha recordado que no cuenta con el apoyo de la comunidad médica, que es quien va a tener que practicar la eutanasia.

«Sólo quieren colgarse leyes de supuestos derechos sociales, con leyes que conducen de forma frívola a una muerte provocada que no se puede considerar natural», ha reprochado el senador ‘popular’, para advertir de que el Estado «no puede pasar de proteger la vida a causar la muerte».

Todos estos argumentados en contra de la ley han sido criticados por el resto de partidos de la Cámara Alta. En concreto, el senador del Grupo Parlamentario Socialista Francisco Javier de Lucas Martín ha recordado que la ley no va en contra de los cuidados paliativos, sino que ambos «se complementan», asegurando que con la normativa se garantiza el «derecho personal a la muerte propia».

«Esta ley quiere ofrecer un nuevo derecho desde la igual libertad de todos. Estoy seguro de que abrirá camino porque la avalan muchas razones, por lo que hay que dar la oportunidad, a quienes así lo manifiesten, de escoger su propia muerte», ha recalcado el senador socialista.

Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal Carles Mulet García ha recordado que «la derecha votó en contra del aborto, de la ley del divorcio y del matrimonio igualitario», por lo que ha esperado que una vez aprobada la ley de la eutanasia «nunca necesiten acudir a este nuevo derecho».

Por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el senador Tomás Marcos Arias ha explicado que, pese a que consideran que la ley «se puede mejorar», con la misma se avanza en la libertad de los derechos individuales, por lo que ha pedido tanto al PP como a VOX que no hagan una «caricatura» sobre la misma.

«Es una ley que configura y refuerza la dignidad humana de las personas. Para Ciudadanos no va a imponer creencias ni decisiones, sino que fomenta el respeto a las decisiones y creencias individuales y, de hecho, el 80 por ciento de la población está de acuerdo con esta normativa, en cuya tramitación también se ha garantizado que el suicidio asistido siga siendo un delito», ha recalcado el senador de la formación naranja.

Finalmente, el senador del PSOE José María Oleaga ha insistido en la importancia de esta ley por la «enorme trascendencia que tiene para la vida de las personas». «Esta ley surge como una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, pero las aportaciones de todos los grupos han hecho que se haya convertido en una ley de la inmensa mayoría de la Cámara y de la sociedad, que tiene un nuevo derecho a su alcance», ha zanjado.

La asociación ACE Traductores está abordando internamente la polémica surgida a raíz de las traducciones de la obra de la poeta Amanda Gorman, que leyó un poema durante el acto de investidura de Joe Biden, y para la quien se está estableciendo una serie de requisitos de género y raciales para traducir.

De hecho, el poeta catalán Víctor Obiols, que ya tenía preparada una traducción de Gorman para la editorial Univers del grupo Enciclopèdia Catalana, ha lamentado este miércoles 10 de marzo que el sello Viking Books le haya descartado por no ajustarse al perfil deseado, ya que «quieren una traductora mujer, activista y preferiblemente negra».

ACE Traductores, que cuenta con 500 asociados en toda España de pleno derecho, ha abierto estos días un debate en el que «hay opiniones muy diferentes» y cuyo resultado será publicado en la revista de la asociación ‘Vasos comunicantes’. No obstante, el presidente de ACE Traductores, Vicente Fernández, ya ha lamentado en declaraciones que, en este caso, «más que a una traductora se esté buscando una marca».

«Me da la impresión de que, tal y como se están produciendo las decisiones, lo que se busca más que una persona traductora es a una persona que pueda tener ese márchamo. Habiendo elementos comprensibles en la selección, parece que se buscan más unas impresiones que una traducción que haga justicia al original», ha destacado.

Fernández ha incidido en que el asunto está «lleno de complejidad y matices», pero adelantando parte de las posturas diferenciadas que se están generando en la asociación. «Yo no puedo estar de acuerdo con la idea de que para traducir a alguien haya necesariamente que tener unas características personales, biológicas o raciales, porque entonces no podríamos traducir a Herodoto con ese tipo de exigencias», ha advertido.

«Pero también es verdad que, en un momento determinado, las circunstancias políticas, sociales o de lucha de un sector determinado por alcanzar visibilidad o conseguir demandas puede hacer aconsejable algún tipo de opción como la que estamos comentando: la discriminación positiva en algunos casos ha tenido resultados positivos», ha defendido.

BUENOS Y MALOS TRADUCTORES

En cualquier caso, Fernández ha hecho hincapie en la decisión de no contar con traductores habituales para este tipo de trabajo, como ha ocurrido por ejemplo en Holanda o como se ha sugerido en algunos artículos críticos con las primeras elecciones de traductores.

«Hay escritores que son muy buenos traductores pero también los hay que son malos traductores: el hecho de ser escritor no hace a una persona ser traductora, como el hecho de hablar una lengua no te hace ser traductor», ha resaltado.

De todas formas, a pesar de admitir que no conoce «a fondo» el asunto relacionado con Obiols, Fernández sí considera que la decisión de la editorial de descartar su trabajo una vez terminada la traducción «no es nada habitual» en el día a día de los profesionales del sector. «No sé cómo es el contrato, pero me imagino que (Obiols) tendrá derecho a reclamar», ha asegurado.

UN TRADUCTOR «FASCISTA»

El presidente de la Asociación Colegial de Escritores (ACE), Manuel Rico, ha defendido que se pueda escoger a traductores atendiendo a su «sensibilidad», aunque ve «fuera de lugar que sea el elemento decisivo». «Ayuda a una mejor traducción que la persona que lo haga esté más en sintonía con el escritor, pero no tiene que ser lo único», ha indicado en declaraciones.

«Si a mí tuvieran que tarducrme al italiano, elegiría a un traductor que fuera muy bueno y que supiera mucho de poesía. Es verdad que si fuera un traductor de ideología fascista lo tendría mas difícil para traducirme y a lo mejor sí mostraba reservas, pero no sería un mandato definitivo», ha terminado.

WWF ha presentado un nuevo proyecto para reforzar dos líneas de acción clave para avanzar en la conservación del lince ibérico bajo el nombre de ’20Lince40′, y con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este proyecto va a permitir «seguir incidiendo en la recuperación de territorios recientemente perdidos por el lince», ayudar a definir el estado de conservación a alcanzar a largo plazo, así como mejorar el seguimiento de la especie mediante la optimización de las técnicas de fototrampeo, según ha explicado en un comunicado WWF.

A pesar de la recuperación del lince ibérico en los últimos años, WWF ha subrayado que «aún queda mucho trabajo por hacer para no retroceder décadas de progreso con la especie y alcanzar el Estado de Conservación Favorable (ECF) del lince ibérico».

Precisamente conocer cuándo se alcanzará dicho ECF es una de las acciones del proyecto ’20Lince40′ que comienza ahora y que parte de una estimación previa de WWF que calculaba que «se podría alcanzar en 2040 con un total de 750 hembras».

Según WWF, para poder llegar a ese objetivo es, además, necesario optimizar las actuaciones de conservación del lince y el nuevo proyecto ’20Lince40′ aborda precisamente dos de las principales actuaciones de conservación y gestión de la especie, el seguimiento y la mejoras de hábitat, completando y reforzando otras acciones y proyectos de conservación de lince ya en marcha en otras zonas.

El censo de lince se realiza desde el año 2000 mediante fototrampeo, identificando manualmente cada individuo gracias a su patrón de pelaje único. Para facilitar esta identificación y la puesta en común de la información, WWF ha desarrollado la web ‘https://lynx.wildbook.org/’.

En el marco del ’20Lince40′ se impartirá la formación necesaria para que esta web «sea la herramienta común en todas las poblaciones linceras, optimizando el seguimiento de la especie, consiguiendo así un gran avance en las técnicas de identificación de especies y permitiendo que las lecciones aprendidas sean aplicables al seguimiento de otros animales».

El otro pilar del proyecto ’20Lince40′ se centra en la optimización de medidas de mejora de hábitat, principalmente en cómo hacer más duraderas y económicas las actuaciones de fomento del conejo, como la creación de zonas de alimentación y refugio.

Estas pruebas se realizarán en la población de Andújar (Jaén), para favorecer al mismo tiempo «la recuperación de territorios recientemente perdidos».

El experto en lince ibérico de WWF España, Ramón Pérez de Ayala, ha explicado que desde WWF se quiere «dar el impulso definitivo a la conservación del lince ibérico para que continúe la tendencia favorable alcanzada las dos últimas décadas y se mantenga en el tiempo, que ha permitido pasar de menos de 100 individuos en 2002, a más de 1.000 en 2020».

«El proyecto ’20Lince40′ puede ser el empujón necesario para iniciar la recuperación definitiva del felino más amenazado del planeta que poco a poco va abandonando el ‘estado crítico’, así como complementar y reforzar aspectos clave para la conservación de esta especie que no se estaban abordando con la intensidad necesaria mediante otros proyectos», ha concluido.