El PP, Vox y Ciudadanos han clamado en el Congreso contra los acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco o próximas que realiza cada semana el Gobierno de Pedro Sánchez y el resto de grupo parlamentarios les han recordado que el expresidente ‘popular’ José María Aznar tiene el récord en esta materia y han censurado a los tres partidos por seguir utilizando a las víctimas de ETA en la ‘batalla’ políticas.

El debate ha tenido lugar este martes en el Pleno del Congreso a raíz de una moción de Ciudadanos, que es consecuencia de la interpelación que este partido dirigió al ministro del ramo, Fernando Grande Marlaska.

Con esta iniciativa, que se votará el jueves, los de Inés Arrimadas pretenden que el Congreso «repruebe la política de acercamiento de presos etarras» y que el Gobierno aclare si esos traslados se llevan a cabo «a cambio de apoyos parlamentarios de Bildu». Así lo ha confirmado el diputado Pablo Cambronero durante la defensa de la misma.

Cambronero ha acusado al Gobierno de «despreciar» y «traicionar» a las víctimas de ETA con los cinco acercamientos de media de presos etarras que cada semana el Gobierno autoriza a distintas cárceles del País Vasco, unos traslados que, según ha denunciado, se han incrementado desde el pasado verano, tras la aprobación de los Presupuestos de 2021 con el apoyo, entre otros, de Bildu.

AIZPURUA, «EL ROSTRO DE LA MUERTE»

En este punto, ha pedido saber si existe un «pacto de la infamia» con Bildu, por el cual la coalición abertzale apoya las políticas del Gobierno a cambio de estos acercamientos semanales y el futuro traspaso de la competencia de Prisiones al País Vasco.

Desde Vox, la diputada Macarena Olona ha acusado al Gobierno de tener un pacto «con ETA», en alusión constante a Bildu, lo que ha llevado a la Presidencia del Congreso, que en ese momento ocupaba el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a pedirle que tratara con «el adecuado respeto» a todos los grupos parlamentarios.

Pero Olona ha hecho caso omiso a la solicitud y ha seguido hablando de Bildu como ETA e incluso ha preguntado si cuando miran a la portavoz de ese partido en el Congreso, Mertxe Aizpurua, no ven en ella «el rostro de la muerte» y su intención, junto con la del resto de compañeros, de «blanquear» a la banda terrorista, conseguir la impunidad para sus presos a través de la amnistía y, posteriormente, un referéndum para el País Vasco.

EL PSOE «TRAGA CON TODO»

Jaime Mateu, diputado del PP y hermano e hijo de víctimas de ETA, ha lamentado que el PSOE «trague con todo» con tal que los «bilduetarras» apoyen sus iniciativas en el Congreso, lo cual considera una «amoralidad», sobre todo teniendo en cuenta que en las filas socialistas haya once asesinados por la organización terrorista.

Y ha acusado al Gobierno de «mentir» por seguir alegando que debe cumplir la legislación penitenciaria para justificar los acercamientos de presos etarras cuando, a su juicio, lo que hace es «pagar» por el respaldo de Bildu a sus políticas. A su juicio, más que apisonar las armas de ETA lo que debe hacer el Gobierno es hacer lo propio con sus pactos con Bildu y otras fuerzas «indignas».

En la misma línea, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos García Adanero ha acusado al Gobierno de haber pasado «todas las líneas rojas» con Bildu y de restar «arrodillado ante ETA» y ha destacado que el acercamiento de los presos a cárceles vascas es el único de todos los pactos políticos que realmente está cumpliendo. «Es el pago lógico por el poder de Sánchez», ha resumido.

El portavoz de Interior del PSOE, David Serrada, ha defendido que el Gobierno de coalición no está cometiendo «ninguna ilegalidad» y que, de hecho, lo único que hace es aplicar la misma política penitenciaria que los Gobiernos del PP. Como otros portavoces, Serrada ha recalcado que fue bajo mandato de José María Aznar, en 1999, con ETA aún matando, cuando se batió el récord de acercamientos, con un total de 105.

A su juicio, en lo que no se puede equiparar a socialistas y ‘populares’ es en que ellos son «leales», nunca cuestionaron la política penitenciaria del PP, ni utilizaron a las víctimas. También ha coincidido con otros intervinientes en recalcar que este debate «no está en la sociedad» y en lamentar que la derecha «siga necesitado a ETA para seguir viviendo políticamente». «Patriotismo de hojalata y dignidad de hojalata», ha apostillado.

En representación de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha recriminado a Ciudadanos que haya «montado un circo» con una moción de la que «no se beneficia nadie» porque «destila odio, venganza, ignorancia y no respeto por el Derecho». Aunque ha reconocido que aún quedan cosas por hacer respecto al reconocimiento a las víctimas y del daño que se les causó, ha destacado que la dispersión supone un incremento de la pena y un «castigo cruel e injusto a las familias» de los reclusos.

DEJEN DE USAR EL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS

Mikel Legarda, del PNV, ha subrayado que los acercamientos no son un «beneficio penitenciarios concedido arbitrariamente» y ha recalcado que, una década después del fin de la banda, no hay razones para mantener la dispersión. «Tenemos que ser capaces de seguir caminando hacia el cierre definitivo del pasado y es necesaria la articulación de una nueva política penitenciaria acorde a la Constitución y la reinserción social de los penados», ha dicho.

Desde Bildu, Jon Iñarritu ha pedido el fin de la dispersión, ha acusado a Cs de hacer una moción plagada de «falsedades e incoherencias», que «invita al Gobierno a cometer un delito de prevaricación», y le ha recordado que, según Covite, fueron los gobiernos del PP los que más presos acercaron. También ha reprochado a Cs que haya incluido «calumnias» en su texto, a su juicio, para «ver si les hacen un hueco los partidos de derecha o extrema derecha» ahora que tienen tanto «lío» en el partido naranja.

En nombre de Compromís, Joan Baldoví, ha exigido a PP, Vos y Cs que dejen de «instrumentalizar el dolor de las víctimas en beneficio partidista de una vez por todas» y de utilizarlas «de forma obscena». «No podemos estar cada día hablando de ETA», ha dicho, recalcando a Vox que gobierna con un partido que también acercó etarras.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumirá finalmente la vicepresidencia tercera del gobierno dentro de la reorganización del Gobierno en coalición provocada por la futura salida del Ejecutivo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Se trataba del principal escollo pendiente entre los dos socios de gobierno para fraguar el relevo de Iglesias, tras la reunión que ha mantenido con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este mismo martes.

Tras este encuentro ambos dirigentes consideraban que había acuerdo en los cambios que deben producirse para su relevo, pero faltaban por cerrar algunos «detalles».

Posteriormente ha transcendido que la cuestión que faltaba por determinar era el rango de Díaz, pues el presidente del Gobierno había planteado reparos al hecho que ostentara la vicepresidencia segunda y compatibilizar el cargo de titular de Trabajo, como había propuesto el lunes el líder ‘morado’.

En esa negociación, la alternativa del ala socialista consistía en que Díaz fuera vicepresidenta tercera y mantenerse como ministra de Trabajo. Ese cambio evitaba que, en el organigrama del Ejecutivo, una ministra con una cartera económica, como es Trabajo, se sitúe por delante de la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con quien además Díaz protagoniza importantes pulsos dentro del Gobierno, como el de la derogación de la reforma laboral.

EN NINGÚN CASO IBA A RENUNCIAR A TRABAJO

En cambio, Unidas Podemos reivindicaba que era compatible la vicepresidencia segunda y la cartera en las negociaciones entabladas. Sin embargo, fuentes conocedoras de la negociación ya deslizaban que la cuestión del rango no era un problema insalvable y no supondría una pugna entre las dos partes.

Sí estaba garantizado en esos contactos dentro de la coalición que Díaz iba a mantenerse como ministra de Trabajo, a falta de concretar el nivel de su vicepresidencia, que también estaba asegurada.

«Tiene todo el respeto Unidas Podemos en su participación en el Gobierno y en su composición, y en el reparto que hicimos de esas funciones, hay una Vicepresidencia Segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno», afirmó Sánchez ayer, aunque no detalló si ese rango implicaba combinar también el Ministerio de Trabajo.

Fuentes gubernamentales explicaban ya esta tarde que la intención del presidente en esta nueva reestructuración, provocada por la salida de Iglesias para ser candidato en las elecciones autonómicas de Madrid, era mantener la «coherencia», y no realizar muchos cambios.

A su vez, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, también dejó claro en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Calviño iba a seguir al frente de la llamada Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que viene trabajando con «mucha intensidad» durante todo este año a consecuencia de la pandemia, según ha defendido.

Fuentes del sector socialista del Ejecutivo reconocen que el perfil de Díaz es más dialogante que el Iglesias, como demuestran los numerosos acuerdos que ha alcanzado con les agentes sociales, y que podría servir para suavizar las tensiones internas que se han vivido hasta ahora entre los socios o, al menos, para que estas se desarrollen con menos ruido.

YOLANDA DÍAZ SERÁ LA MÁXIMA INTERLOCUTORA DE UP DENTRO DEL GOBIERNO

Ahora y con el salto de Iglesias a Madrid, Yolanda Díaz se convertirá en la máxima interlocutora de Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición, papel que asumía hasta la fecha el líder de Podemos.

Salvado este asunto, parece perfilado también el ascenso de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, como futura ministra de Derechos Sociales. Belarra es una de las principales interlocutoras con el PSOE, como se ha revelado con la negociación sobre la Ley de Vivienda y la prohibición de desahucios durante el estado de alarma.

Las direcciones regionales de PSOE y Ciudadanos han reconocido que será «complicado» sacar adelante la moción de censura para desbancar al PP del Ejecutivo murciano, y han apelado a los 45 diputados a que mediten su voto porque se trata de decidir entre «corrupción o dignidad».

Así lo han comunicado este martes por la tarde el vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, y el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, en una rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Socialista antes de la segunda y última reunión de los equipos negociadores de ambas formaciones políticas.

Molina ha explicado que el objetivo de este encuentro es ultimar el programa de gobierno que acompañará la moción, que recoge 24 puntos –que simbolizan los 24 meses que quedan de legislatura– en los que destacan actuaciones encaminadas a luchar contra la pandemia, alcanzar la recuperación económica y la regeneración y dotar de una mayor transparencia las instituciones.

El documento que recoge estos puntos será firmado en un acto este miércoles, antes del debate en la Asamblea regional, por el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, y la portavoz autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal.

Según Molina, la moción de censura presentada, y cuya votación tendrá lugar este jueves, «no es solo un intento de cambiar el Gobierno», sino también «un cambio de ciclo para acabar con unas prácticas políticas que son absolutamente falta de ética».

«Nos estamos jugando la calidad de nuestra democracia, y los 45 diputados tendrán que elegir entre votar dignidad o votar transfuguismo; votar, en definitiva, corrupción política», ha dicho el portavoz parlamentario de la formación ‘naranja’.

A su juicio, «si el PP ha sido capaz de encontrar entre los 45 diputados tres personas sin dignidad, sin principios y sin escrúpulos», los firmantes de la iniciativa «creemos que el jueves entre esos diputados también encontraremos gente con dignidad que sabrá estar a la altura de las circunstancias y que votará a favor de esta moción de censura.

UNA REGIÓN «LIMPIA DE TRANSFUGUISMO»

Por su parte, Francisco Lucas ha insistido en que durante los últimos días se ha puesto de manifiesto «la necesidad de regenerar la Comunidad Autónoma» y, en este sentido, la moción responde a la lucha por «una región limpia de tránsfugas y de corrupción».

«Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez se han paseado orgullosos estos días de haberse vendido a la corrupción y en el PP están orgullos de comprar tres votos; esto es corrupción y transfuguismo, no se le puede llamar de otra manera», ha dicho el dirigente socialista.

Lucas ha señalado que «no se puede cometer el error» de «normalizar o blanquear este tipo de comportamientos» porque de hacerlo, en su opinión, «estaríamos poniendo en juego las instituciones, las reglas de juego y, por qué no decirlo, la democracia».

Por ello, ha añadido, «seguimos trabajando por seriedad, adelante con esta moción de censura, porque es necesario recuperar la dignidad». Así, «los 45 diputados regionales deben tener claro» que lo que se vota el jueves «no es ideología, no es votar derechas o izquierdas», sino «votar si se está a favor de la corrupción o de la regeneración».

RECHAZAN NEGOCIACIONES CON VOX

Tanto Molina como Lucas han rechazado que hayan intentado negociar con los diputados de Vox para sacar adelante la moción. «No, rotundamente no», ha dicho el representante de Cs, quien ha recordado que «hace tres o cuatro días» sí que el partido mantuvo conversaciones telefónica «simplemente para tantear qué posición tenía, que era muy ambigua, y la han seguido manteniendo hasta el día de hoy que yo sepa».

Por parte del PSOE, Lucas ha aseverado que su partido «no ha negociado ni va a negociar con Vox», al tiempo que ha hecho un llamamiento a la Cámara y remarcado que «el diputado o diputada que vote en contra de la moción será cómplice de la corrupción y de la descomposición de las instituciones en la Región de Murcia».

«HAY QUE SER REALISTAS»

Molina ha indicado que, en el actual contexto político y tras el cambio de opinión de tres parlamentarios de Ciudadanos que firmaron la moción, «hay que ser realistas» con respecto a la situación final de esta iniciativa.

«Está muy complicado y creemos que esos tres diputados de Vox tienen difícil votar a un gobierno en el que haya un Partido Socialista, pero vamos a seguir luchando; esperamos que, al final, como he dicho, igual que hay tres personas que no tienen ni escrúpulos, ni dignidad y se han vendido, igual puede haber una, dos, tres o más que tengan altura en estas circunstancias y apoyen esta moción de censura», ha agregado.

Por tanto, ha recalcado, «está muy difícil pero no es imposible».

LA DECISIÓN DE CASTILLO

Respecto a la posición del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, miembro de Ciudadanos, Molina ha señalado que firmó la moción y, «por lo tanto, entiendo que lo que ha firmado es lo que va a votar en el debate».

«No tengo por qué pensar que va a votar otra cosa. Confío en que Alberto será fiel a su firma y a su palabra y a lo que dijo en aquella reunión en la que estuvo de acuerdo con todos sus compañeros, por tanto espero que vote sí».

Precisamente en relación con aquella reunión, el dirigente de Cs ha asegurado que es «rotundamente falso» que hubiera coacciones para firmar la iniciativa. «Se dijo que o se firmaba por todos, hablo de concejales y diputados, o no se hacía nada», y finalmente «todos, libremente, por supuesto, decidimos apoyarla», ha apostillado Molina.

El Pleno del Congreso tiene previsto elegir la próxima semana al nuevo presidente de RTVE, un puesto para el que el PSOE, el PP, Podemos y el PNV tienen pactado apoyar la candidatura de José Manuel Pérez Tornero para poner fin a más de 30 meses de administración provisional en la corporación pública.

Rosa María Mateo fue elegida administradora provisional en julio de 2018 con idea de estar unos meses en el cargo mientras se realizaba un concurso público para elegir al nuevo Consejo de Administración, pero el proceso se fue dilatando y la periodista lleva más de 30 meses al frente de RTVE.

Tras examinar a los más de noventa aspirantes que se presentaron en 2018 al concurso público, el Congreso eligió el pasado 25 de febrero a los seis consejeros que le corresponden. Se trata de José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro Castro y Juan José Baños Loinaz, cuyos nombres habían sido pactados por el PSOE, Unidas Podemos, el PP y el PNV.

En la votación, los candidatos necesitaban contar con un apoyo de dos tercios de la Cámara (233 diputados), y las cuatro fuerzas sumaron 249 votos y superaron el listón requerido. Tanto Ciudadanos como Vox se desmarcaron del acuerdo, que tampoco sumó más apoyos en el Congreso.

EL SENADO VOTA A SUS CUATRO CONSEJEROS

El proceso se trasladó después al Senado, que esta semana ha estado examinando de nuevo a los aspirantes del concurso público, aunque es un puro formalismo ya que el Gobierno y el PP ya tienen seleccionados a los cuatro nombres que van a apoyar la próxima semana en la votación de la Camara Alta: Ramón Colom, Concepción Carmen Cascajosa Virino, Roberto Lakidaín Zabalza y María Consuelo Aparicio Avendaño.

El broche se pondrá el próximo día 25 de marzo en el Pleno del Congreso, según el orden del día que ha aprobado este martes la Junta de Portavoces. Ese día se elegirá al presidente de entre los diez consejeros elegidos en las Cortes.

El candidato, conforme a lo pactado hace semanas, es José Manuel Pérez Tornero, periodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, que fue el quinto mejor puntuado en el concurso público para RTVE.

Pérez Tornero, director de la Cátedra UNESCO Media and Information Literacy and Quality Journalism de la Cátedra sobre Innovación de los informativos (RTVE-UAB), doctor honoris causa por la Universidad Aix-Marseille y doctor en Comunicación por la UAB. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación (Premio Extraordinario de Periodismo) y licenciado en filología hispánica.

Ha sido director programas culturales y educativos en el ámbito público y privado y asesor de diversos organismos tanto en España como en el extranjero. En TVE, desarrolló la TV Educativa (RTVE y el Ministerio de Educación) siendo creador del programa ‘La Aventura del Saber’, que se emite desde 1990.

CANDIDATO A FAVOR DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE RTVE

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que examinó a los candidatos, Pérez Tornero afirmó que la financiación de la cadena pública «tiene que ver con lo que las Cortes le encomienden en el próximo mandato-marco». «Por la experiencia vivida en el tiempo de pandemia, por la experiencia de los sucesivos sistemas de transformación de financiación, les diré que no estamos, en principio, en un mal sistema de financiación», indicó en relación a la actual sistema de financiación de RTVE en la que no hay publicidad.

Además, puso de relieve que la británica BBC y la televisión francesa acaban de perder porque «su dependencia del sistema comercial es demasiado complejo». «Habría que estudiarla, pero al cobrar de las tasas, de los beneficios de las privadas, de las de pago y, sobre todo, de las plataformas digitales, probablemente pueda ser uno de los sistemas más estables en Europa en el próximo futuro, si se hace en proporción a los servicios del mandato-marco», recalcó.

Si su candidatura no lograra la mayoría requerida de dos tercios, la ley contempla una segunda oportunidad en la elección de Pérez Tornero: una nueva votación en un próximo Pleno en la que ya bastaría con mayoría absoluta (176 votos) y el aval de cuatro grupos.

La Asamblea de Madrid tendrá un total de 136 diputados tras las elecciones autonómicas anticipadas del 4 de mayo, cuatro más que en la presente legislatura, debido al aumento de la población, tal y como estipula el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

Concretamente, el artículo 10.2 del Estatuto establece que la Asamblea estará compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.

Normalmente, a la hora de convocar las elecciones para las próximas elecciones se suele tomar de base el último censo actualizado del Padrón facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, que señala que a 1 de enero de 2020 hay censadas en la región un total de 6.779.888. Por tanto, siguiendo la normativa antes citada, al Parlamento regional le corresponderían ahora 136 diputados, cuatro más que ahora.

De esta forma, la mayoría absoluta ya no se conseguiría con 67 votos como hasta ahora, sino con 69. Además, al ser un número par podría ocurrir que hubiera el mismo número de votos a favor que en contra de un candidato a ser investido o para cualquier otra proposición. Y podría darse la circunstancia de un empate entre a 68 entre los bloques de centroizquierda y centroderecha, lo que abocaría previsiblemente a una repetición de elecciones.

La última vez que aumentó el número de diputados del Parlamento regional fue tras las elecciones de 2019, que pasaron de 129 a 132. En 2011 pasaron de 120 a 129, al aumentar considerablemente la población los años anteriores.

Sin embargo, en los comicios de 2015 apenas hubo variación en el censo de la región, por lo que se mantuvo la misma cifra. No obstante, en legislaturas anteriores subió sobremanera el número de escaños desde los 96 con los que comenzó en 1983.

El incremento de cuatro diputados no generará problemas para la funcionamiento de la institución, ya que tras las obras que la Cámara acometió en 2007 el hemiciclo tiene un aforo de 147 escaños. Eso sí, supondrá un aumento del presupuesto destinado al pago de los sueldos y dietas de los parlamentarios.

PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Desde hace varias legislaturas, especialmente con la crisis económica de 2008 y tras movimiento 15M, diferentes partidos defendieron una reforma amplia del Estatuto de Autonomía que incluya, entre otras cuestiones de regeneración política, la reducción del número de diputados, ya que consideraban que es excesiva para una comunidad uniprovincial y la posibilidad de cambiar el sistema para que sea un número fijo de escaños, sin que esté asociado a los habitantes en una región en continuo crecimiento de su población como Madrid.

En 2016 el Ejecutivo autonómico entonces presidido por Cristina Cifuentes aprobó un anteproyecto de Ley sobre reforma del Estatuto que incluía la eliminación de aforamientos y la reducción del número de parlamentarios a unos 80-90, entre otras cuestiones.

En marzo de 2018 se llevó al Pleno el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos, que fueron rechazadas por PP y Ciudadanos. Sin embargo, tras la polémica salida de Cifuentes del Gobierno la iniciativa cayó en el olvido, aunque sí se sigue tramitando una reforma para limitar los aforamientos.

El PP regional no ha preguntado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por nadie del Equipo de Gobierno local para formar parte de la lista ‘popular’ a la Asamblea de Madrid y entiende que eso sería «desvestir un santo para vestir otro».

«No me han preguntado respecto a la lista para la Asamblea. Seguro que será una gran lista con personas que ya están, que han hecho un gran trabajo, y los que se incorporen. En el Ayuntamiento tenemos un gran equipo, no es cuestión de desvestir un santo para vestir otro», ha asegurado el regidor en una entrevista en ‘Onda Cero’, en la que ha bromeado con que espera que no le «abonen la cláusula de rescisión en el último minuto».

Sobre la campaña de las elecciones anticipadas ha indicado que habrá que hacer «un esfuerzo adicional» para poder apoyar a su partido en unos comicios «muy importantes para Madrid y España», pero ha advertido que su prioridad es «ser alcalde» y que por encima de su formación están «los madrileños».

Ha defendido, además, el proyecto del PP para la región centrado en las necesidades de los ciudadanos frente a «los fuegos artificiales y cortinas de humo» que puedan lanzarse en la campaña y confía en que los madrileños respaldarán las políticas «que se llevan haciendo durante décadas».

En este sentido ha recomendado al que será cabeza de lista de Podemos en esas elecciones, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que se centre en las necesidades de los madrileños y no «en los problemas de su partido».

Entiende, además, que la sociedad madrileña es lo «suficientemente plural y diferente» para que una persona que hace «el discurso de odio que hizo ayer sobre las elecciones, no tenga demasiada cabida el 4 de mayo».

Por último, sobre su relación con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha remarcado que es «muy buena» y que entiende que en los gobiernos de coalición cada uno tendrá que buscar que su partido logre los mejores resultados en mayo, pero con una «neutralidad exquisita», especialmente ante los «problemas» de los ‘naranjas’, y ha negado que nadie de esta formación se le haya acercado para preguntarle por un trasvase al PP.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por extemporáneo el recurso presentado el pasado mes de enero por la defensa de los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull y Josep Rull y del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, condenados por sedición en el juicio del ‘procés’ independentista en Cataluña, interesando su inmediata puesta en libertad.

Esgrimían para ello los mismos argumentos que dio la justicia belga para no detener y entregar al también ex consejero Lluis Puig, han informado fuentes del tribunal de garantías.

Apoyándose en la decisión de los jueces belgas, los condenados argumentaron que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarlos y que se había vulnerado la presunción de inocencia.

La consecuencia directa de todo ello debería ser por tanto «la declaración de nulidad de la Sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, dictada en vulneración de derechos fundamentales» y, mientras el Pleno del Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la estimación del presente recurso de amparo, solicitan la suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria y por ende «la inmediata puesta en libertad» de todos ellos.

El Pleno ha desestimado de forma unánime esta pretensión por extemporánea y dictará auto que será notificado en los próximos días argumentando su decisión.

Recientemente, en la primera sentencia que se dictó contra la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del ‘procés’ –que rechazó el recurso de la ex consejera de Gobernación condenada por desobediencia, Mertitxell Borrás–, el TC avaló la competencia del alto tribunal para el enjuiciamiento de este procedimiento, en atención a la condición de aforados de los encausados y a que parte de los hechos fueron cometidos en el extranjero.

Por otro lado, las mismas fuentes señalan que entre mañana y el próximo jueves está previsto que el Tribunal Constitucional resuelva el segundo recurso que llega a su Pleno contra la sentencia del ‘procés’, el presentado por el ex consejero de Justicia y condenado por desobediencia Carles Mundó, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Juan Antonio Xiol.

Previsiblemente este recurso llevará a los magistrados a la misma conclusión que el del primero de los estudiados sobre este asunto, el presentado por Borrás, , igualmente condenada por desobedecer en su día los requerimientos del propio tribunal de garantías. Este recurso fue rechazado en todos sus términos hace justo un mes.

El papel que debe jugar la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Gobierno de coalición tras la marcha del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, es el escollo que mantiene abierta la negociación entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos sobre cómo debe ser su relevo en el Ejecutivo, según explican fuentes conocedoras de la negociación.

En concreto, Sánchez discrepa con Iglesias sobre la conveniencia de que Díaz asuma la vicepresidenta segunda y compatibilice este cargo con el Ministerio de Trabajo, como ha propuesto el líder ‘morado’, y como ella misma dio por hecho este lunes en un mensaje que difundió en las redes sociales.

VICEPRESIDENCIA TERCERA Y TRABAJO

La alternativa pasa por que Díaz asuma la Vicepresidencia Tercera y pueda así conservar Trabajo. Ese cambio evitaría que, en el organigrama del Ejecutivo, una ministra con una cartera económica, como es Trabajo, se sitúe por delante de la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con quien además Díaz protagoniza importantes pulsos dentro del Gobierno, como el de la derogación de la reforma laboral.

La cuestión sobre el rango que tendrá la Vicepresidencia de Díaz se sigue negociando entre ambos socios de coalición, según las fuentes consultadas. Y es que Unidas Podemos mantiene que es compatible el rango de vicepresidencia segunda y la cartera de Trabajo. Lo que está claro es que Díaz no renunciará a su Ministerio, por lo que se trata de consensuar si será vicepresidenta segunda o tercera.

«Tiene todo el respeto Unidas Podemos en su participación en el Gobierno y en su composición, y en el reparto que hicimos de esas funciones, hay una Vicepresidencia Segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno», ha afirmado Sánchez ayer en su comparecencia, aunque no detalló si ese rango implicaba combinar también el Ministerio de Trabajo.

Fuentes gubernamentales explican que la intención de Sánchez en esta nueva reestructuración, provocada por la salida de Iglesias para ser candidato en las elecciones autonómicas de Madrid, es mantener la «coherencia», y no realizar muchos cambios.

Sánchez e Iglesias han mantenido este martes un «breve» encuentro para abordar esta cuestión y, según ha informado Moncloa, ambos están de acuerdo en los cambios, pero deben todavía «rematar» algunos «detalles».

Esos detalles pasan por el papel que debe jugar Díaz y por cómo conjugar esa coherencia en la estructura del Gobierno con la Vicepresidencia Segunda que le corresponde a Unidas Podemos, según el acuerdo que Sánchez e Iglesias firmaron hace más de un año para conformar la coalición.

En todo caso, la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de que le corresponde al presidente Sánchez y a nadie más decidir la estructura de su Ejecutivo.

CORRESPONDE AL PRESIDENTE DECIDIR LOS CAMBIOS

«Corresponde solo y exclusivamente al presidente», ha defendido. «Es una prerrogativa que tiene, de las pocas que tiene, se le reserva la capacidad cuando estime oportuno de dar detalles sobre la incorporación de nuevos miembros», ha ahondado.

Así lo ha asegurado, después de que Iglesias diera este lunes por hecho que sus propuestas para relevarle en el Ejecutivo se harán realidad; propuestas que planteó en el vídeo con el que este lunes anunció que dejaba el Gobierno para ser candidato de Podemos en Madrid, y que difundió sólo minutos después de informar a Sánchez de su decisión.

Montero también ha dejado claro que Calviño va a seguir al frente de la llamada Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que viene trabajando con «mucha intensidad» durante todo este año a consecuencia de la pandemia, según ha defendido.

Por su parte, la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presente en la rueda de prensa, también ha querido posicionarse sobre esta cuestión, al asegurar que debía preservarse la estructura actual según la cual hay una vicepresidencia social, otra económica y otra medioambiental. «Esas tres vicepresidencias corresponden a la idea de una sociedad moderna basada en la sostenibilidad», ha reivindicado.

Por otra parte, Montero ha asegurado que la salida de Iglesias no va a afectar al trabajo del Gobierno, y ha garantizado la estabilidad de la legislatura.

Fuentes del sector socialista del Ejecutivo reconocen que el perfil de Díaz es más dialogante que el Iglesias, como demuestran los numerosos acuerdos que ha alcanzado con les agentes sociales, y que podría servir para suavizar las tensiones internas que se han vivido hasta ahora entre los socios o, al menos, para que estas se desarrollen con menos ruido.

El PSOE, Podemos, ERC y PNV han rechazado este martes en el Congreso la toma en consideración de la Proposición de Ley Integral de Protección y Apoyo a las Familias propuesta por Ciudadanos, en la que se propone la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios en cuanto a derechos, o la consideración de familia numerosa a partir de dos hijos.

«Queremos convertir a España en el mejor país para tener una familia pero para ello necesitamos un consenso amplísimo y mirada amplia», ha declarado la portavoz de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, Sara Giménez, este martes 16 de marzo durante la defensa de la proposición de ley, que ha contado con el apoyo de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Compromís y con el rechazo de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV.

Según se indica en la exposición de motivos de la proposición, «en España, el proceso que va de la formación académica a la emancipación económica, la consolidación de un puesto de trabajo, el acceso a la vivienda y la puesta en marcha de un proyecto familiar y personal autónomo es arduo».

Además, el texto señala que los expertos dicen que las mejores condiciones para tener hijos son «haber completado una educación, gozar de estabilidad económica y laboral, disponer de una vivienda adecuada y contar con una pareja estable».

Si bien, Giménez ha precisado que las mujeres se enfrentan al desempleo, a la discriminación laboral, a la decisión de dejar sus puestos de trabajo para cuidar de familiares dependientes o de reducir su jornada o pedir una excedencia para cuidar de los niños. Por ello, ha destacado la incorporación en la ley de los cuidados.

Entre los cambios que contempla la proposición de ley, destaca que todas las familias con dos o más hijos serán consideradas numerosas, y a partir de tres, tendrán una categoría especial. Además, los beneficios de estas familias se extienden a las monoparentales.

Por otra parte, la ley persigue garantizar la equiparación de derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de realizar la declaración de la Renta conjunta, tener un permiso de 15 días análogo al que se concede a una pareja al casarse, o el derecho a la pensión de viudedad.

Asimismo, se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la adopción de medidas que favorezcan su ejercicio corresponsable; se equipara el permiso para trabajadoras para la realización de tratamientos de fecundación o reproducción asistida; y se extiende el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares a quienes tengan a su cuidado directo a una persona mayor.

Durante el debate de la Proposición de Ley, la diputada del PSOE María del Pilar Rodríguez ha anunciado el voto en contra de su partido porque considera que el texto de Ciudadanos «no aborda la diversidad de familias que existen».

A su juicio, hace falta una ley que adecue las ayudas a la situación de necesidad «no con promesas populistas que embriaguen a la población» sino «teniendo en cuenta el tamaño de las familias, el número de integrantes, la renta familiar o las características». En este sentido, ha defendido la ley de diversidad familiar en la que está trabajando el Gobierno de coalición.

Mientras, la diputada del PP Alicia García Rodríguez ha apoyado la iniciativa porque considera que «la familia es uno de los pilares sobre los que pivota la sociedad» y que «hay que reforzar su protección» pero ha precisado que al texto de Ciudadanos le «falta concreción y presupuesto» y lo ha calificado de «desfasado» al «no tener en cuenta el contexto social derivado de la Covid o la corresponsabilidad».

Por parte de Vox, la diputada María de los Reyes Romero ha apoyado la proposición a pesar de «no compartir del todo la filosofía» de la proposición de ley y ha apostado por promover familias «sólidas» que «se decidan a tener hijos» y no «parejas volátiles» porque así, a su juicio, «pocas mujeres se van a animar a tener descendencia».

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón ha anunciado su voto en contra porque la propuesta de Ciudadanos, a su juicio, tiene «un punto de partida errado», no incluye a «todas las familias que lo necesitan» y no tiene en cuenta los «criterios socioeconómicos».

La diputada de Esquerra Republicana de Catalunya María Carvalho se ha preguntado «a qué familias» va a apoyar esta ley, y aunque acepta algunas propuestas como la equiparación de la pareja de hecho al matrimonio, cree que «no soluciona el problema que impide a las parejas y a las madres poder desear tener o adoptar niños», que es «la imposibilidad de acceder a un trabajo estable, a una vivienda digna o a una vida sin racismo».

Por parte del PDeCAT, el diputado Genís Boadella ha apoyado la toma en consideración de esta proposición de ley porque duda que llegue a término el compromiso de Pablo Iglesias de aprobar una Ley de diversidad Familiar. «Es evidente que no se va a cumplir porque se va», ha remarcado.

El portavoz de Compromís en el Congreso Joan Baldoví ha anunciado su voto a favor de la ley porque considera «necesario» hablar de «familias numerosas, conciliación, parejas de hecho, familias monoparentales y maternidad», sobre todo, teniendo en cuenta la «preocupante» caída del número de nacimientos en España.

El diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha argumentado que votan en contra porque aunque no están en desacuerdo con la mayor parte de la ley, consideran que el «defecto principal» es que «carece de una herramienta básica: su estudio económico financiero».

La diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas ha mostrado su apoyo, aunque considera que «falta el elemento de la vivienda como impulsor de la natalidad»; y el diputado de Foro Asturias Isidro Manuel Martínez ha subrayado la necesidad de «legislación en favor de la familia» pues «un territorio sin relevo generacional carece de futuro».

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para este jueves 18 de marzo las conclusiones definitivas en el juicio que se sigue desde el año pasado contra Ausbanc y Manos Limpias. Se vislumbra así el final de una vista oral que arrancó sus sesiones antes de la pandemia de coronavirus y que se ha visto interrumpida en varias ocasiones tanto por el confinamiento de marzo de 2020 como por positivos en Covid-19 de alguno de los acusados.

En esas conclusiones definitivas la Fiscalía y el resto de partes ratificarán o modificarán sus escritos de conclusiones provisionales, previos al comienzo del juicio. El Ministerio Público interesaba para el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, 118 años y 5 meses de cárcel, y para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses.

A ambos les acusaba de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso de Pineda añadía el de estafa y blanqueo de capitales y le pedía una multa de 10 millones de euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el ‘caso Nóos’, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicitaba 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

El fiscal, que además reclamaba la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirigía su acusación contra ocho personas más, para los que solicitaba penas que oscilan entre los 16 y los 66 años y 10 meses de prisión.

Así, en ese segundo nivel, se encontraba el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales, y el adjunto a la Presidencia de la asociación, Ángel Garay, para quien interesaba 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.

Los miembros de la Junta Directiva que se encuentran en un tercer nivel son María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), y María Isabel Medrano (60 años de prisión). Finalmente en un cuarto y último nivel se ubica a la letrada López Negrete, Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses), Luis María Suárez (16 años).

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal, en su primera intervención en la sesión inicial de cuestiones previas, anunció ya que retiraba la acusación contra Hermenegildo García dado que se archivó la causa contra él.

Tras las conclusiones de este jueves, la providencia del tribunal, señala que las sesiones se reanudan el viernes 26 de marzo con los informes de las partes, que seguirán tras Semana Santa los días 12, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril, y los días 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo. Tras esto, y después de escuchar la última palabra de los acusados, el juicio quedará visto para sentencia.

UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El informe del fiscal previo al juicio relataba cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación «sin finalidad de lucro» que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos –quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc–.

La Fiscalía establecía una estructura de la organización en cuya cúspide situaba a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.

También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron desde 2012, según explicaba el fiscal, con el beneplácito del secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.

La Comisión Europea presentará este miércoles su propuesta para crear un certificado digital que facilite los desplazamientos de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también de aquellos que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar.

La iniciativa legislativa de Bruselas responde a las demandas de países que como Grecia y España cuentan con un importante sector turístico y reclaman medidas para poder reactivar esta industria de cara al verano, si bien desde el Ejecutivo de Ursula von der Leyen insisten en que no debe entenderse como un «pasaporte» sino como un documento con información médica.

La idea de que la vacunación contra el coronavirus lleve asociado el derecho a la libre circulación despierta fuertes reservas en otros países como Francia o Bélgica, que ya han avisado de que no ven con buenos ojos vincular derechos fundamentales a la inoculación de una vacuna.

El debate de los últimos meses sobre la necesidad de un certificado que ayude a reactivar los viajes ha chocado también con las reservas de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que advierten de que falta información sobre la protección que ofrece la vacuna.

También plantea dudas legales que una cartilla de vacunación incurra en la discriminación entre europeos por la inoculación de una vacuna cuya administración no es obligatoria, ni la UE ha conseguido vacunar a una parte relevante de su población para garantizar una protección eficaz del grupo.

Por ello, el Ejecutivo comunitario insiste en que su propuesta de un ‘Pase Digital Verde’ se centra en diseñar un único documento que reúna información útil sobre la situación médica de la persona, de modo que cada Estado miembro pueda fácilmente adaptar su situación a las medidas de control de la pandemia.

La Comisión mantiene que es prematuro plantear si debería abrir fronteras u otorgar mayor flexibilidad a su titular frente a medidas como la cuarentena, por lo que dirige su propuesta a la parte técnica del proyecto, con el objetivo de intentar que de cara al verano exista un certificado reconocido por todos los Estados miembro en su formato físico y digital.

Para ello, el certificado deberá incluir una serie limitada de información clave del paciente para saber su situación respecto a la pandemia pero evitará otros datos considerados sensibles y que complicarían el desarrollo del proyecto por las estrictas normas de intercambio y protección de datos en la UE.

De este modo, el titular podrá demostrar en sus desplazamientos si ha sido vacunado (y con qué marca), si tiene anticuerpos porque ha superado la enfermedad (y cuándo fue contagiado) o si cuenta con una prueba diagnóstica reciente que demuestre que no es portador del virus.