La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha recordado que desde el próximo 1 de octubre, cerca de 700 funcionarios y laborales de las cárceles vascas pasarán a depender de la Administración vasca, y ha anunciado que está preparando un plan de acogida para acordar un itinerario y realizar de manera conjunta, junto a las centrales sindicales más representativas, la negociación de las condiciones laborales. «Pondremos todo de nuestra parte para propiciar un trasvase ordenado, correcto y satisfactorio para todas las partes», ha subrayado.
La comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco ha acogido este miércoles la comparecencia, a petición propia, de la consejera para presentar el ‘Modelo Penitenciario Vasco’, que prevé aplicar el Ejecutivo autonómico una vez que asuma la competencia sobre la gestión de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma.
El traspaso de esta competencia, que aparece recogida en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, fue acordado el pasado mes de mayo por los gobiernos central y vasco.
La consejera ha recordado que desde el 1 de octubre, Euskadi asumirá la organización, el régimen y el funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios, así como de reinserción social y la ejecución de la legislación penitenciaria. Cerca de 700 funcionarios y funcionarias, así como personal contratado, pasará a depender de la Administración vasca.
«Su formación y su profesionalidad son nuestra fortaleza. Como también lo es su experiencia en el trabajo diario con los presos y presas», ha señalado antes de mostrar su respeto a las víctimas del terrorismo de este colectivo, «al que debemos reconocer el sufrimiento vivido por la barbarie terrorista».
En este sentido, ha recordado que en los último días ha visitado, junto al equipo de Justicia, las tres cárceles vascas — Martutene, Zaballa y Basauri– donde ha encontrado a dos directores y a una directora «receptivos y proactivos» con el modelo planteado.
Asimismo, ha pedido «tranquilidad» a los casi 700 funcionarios de prisiones y personal laboral y ha informado de que la dirección de Administración de Justicia está preparando un plan de acogida «que llegue una a una a todas las personas vinculadas a la transferencia de instituciones penitenciarias» para generar «conocimiento y confianza mutua e intentar resolver las dudas e incertidumbres».
«Hablaremos del contenido del acuerdo de transferencia y de los efectos que pueda tener sobre ellos y acordaremos un itinerario para realizar de manera conjunta la negociación de las condiciones laborales y de las cuestiones que les afectarán por el cambio de administración», ha indicado.
Artolazabal ha informado de que se han convocado ya reuniones bilaterales con las organizaciones sindicales más representativas — ELA, LAB, CCOO y UGT– y se invitará también a CSIF. «Pondremos todo de nuestra parte para propiciar un trasvase ordenado, correcto y satisfactorio para todas las partes», ha reiterado.
Por otro lado, la consejera ha subrayado que «trabajar con las personas presas no debe entenderse como un agravio a las víctimas» y ha insistido en que el modelo penitenciario vasco «pondrá un especial foco en las personas que han sufrido cualquier tipo de violencia, por un acto terrorista o por cualquier otro delito».
CONVIVENCIA Y NORMALIZACIÓN POLÍTICA
«Siempre vamos a pensar en las víctimas y vamos a estar con ellas.En Euskadi, por sus circunstancias, la política penitenciaria ha de ser también un activo para la convivencia y la normalización política», ha defendido.
Según ha explicado, se trabajará sobre la base del reconocimiento de las víctimas y la defensa de sus derechos; la autocrítica y la responsabilización por parte de los victimarios por la sinrazón política, democrática y ética del ejercicio de la violencia; y la exploración del potencial de la vía restaurativa.
«No vamos a obviar que hay un colectivo especialmente afectado por esta transferencia, las víctimas del terrorismo de ETA. Esta consejera siempre estará dispuesta a escuchar cualquier aportación que estas víctimas estimen oportuna. Tienen mi respeto,cercanía y cariño, al igual que lo tienen las víctimas de otros delitos», ha subrayado.
En este sentido, ha explicado que este es el mensaje que ha trasladado a los integrantes de la AVT o a la presidenta de Covite en las reuniones que ha mantenido en los últimos días, así como con víctimas no organizadas en asociaciones, y ha señalado que mantendrá más reuniones «las próximas semanas».
«Colaboración, transparencia e intercambio de información son sus peticiones y nuestro compromiso. La intención de este Gobierno no es ahondar en sus heridas; muy al contrario, mi intención es mantener una comunicación fluida y establecer una estrecha relación con sus asociaciones. No vamos a fallar a las víctimas», ha insistido.
Artolazabal ha destacado que el ordenamiento penitenciario cuenta con «principios, criterios legales y límites que no pueden ser traspasados» y ha recordado que durante años, los presos y presas de ETA han tenido unas condiciones carcelarias «muy específicas».
Para la consejera, «una vez desaparecida la actividad delictiva de ETA, mantener un trato excepcional no es compatible con los principios de ejecución penal». «Ante las víctimas me comprometí que los presos de ETA no iban a tener ningún trato de favor. Hoy reafirmo este compromiso en sede parlamentaria. La aplicación progresiva de los criterios generales no puede ser considerada una forma de concesión de privilegios o trato de favor; es simplemente cumplir la ley», ha indicado.
En este sentido, ha pedido a los grupos parlamentarios que hagan un ejercicio de «amplitud de miras» porque el modelo que se plantea «no es ni más permisivo, ni concede privilegios, ni decide excarcelaciones».
JUSTICIA RESTAURATIVA
La consejera ha destacado que la base del modelo penitenciario vasco es la justicia restaurativa y ha subrayado los «resultados excelentes» en otros países europeos de este «modelo alternativo de justicia», reiterando la apuesta de su departamento por «resocializar, reeducar y reinsertar».
Artolazabal ha afirmado que los índices de reinserción avalan la semilibertad y el trabajo que se hace con los internos en estas condiciones. Tras informar de que en España la media de semilibertad se sitúa en el 25%, ha avanzado que su objetivo es llegar al 40% «de manera paulatina».
También ha expuesto la necesidad de realizar un plan de infraestructuras que recoja las necesidades «en un horizonte de entre cinco y diez años» y ha explicado la reordenación de la dirección de Justicia encabezado por la viceconsejera Ana Agirre, con sus tres directores, Eugenio Artetxe, Javier Landeta y Jon Uriarte, y el asesor en materia penitenciaria, Jaime Tapia.
Por último, Artolazabal ha anunciado la constitución del órgano interdepartamental para el desarrollo del modelo penitenciario que contará con representación de departamentos como Gobernanza Pública y Autogobierno, Salud, Educación y Seguridad, entre otros.
En el turno de grupos, el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha pedido que los presos de ETA no reciban un «trato de favor» con esta transferencia, y la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que «hay un grupo parlamentario que está negociando privilegios para presos de ETA en cárceles de Bilbao».
El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha abogado por debatir este traspaso «con tranquilidad y de forma técnica», sin usar un «relato político que use narrativa del pasado» y desde Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi ha mostrado su posición favorable al modelo presentado que «intenta garantizar el respeto a los Derechos Humanos».
