El Proyecto Esperanza de la Congregación Religiosa Adoratrices ha denunciado este miércoles la «visión parcial» de las políticas públicas en España hacen de la trata, en las que no se atienden los diferentes delitos que ella implica, ni la interseccionalidad que, en muchos casos, presenta con, por ejemplo, la violencia de género.
Esta entidad ha presentado, tras dos años de trabajo, el proyecto ‘Speaking Out: #Tambiénestrata, en el que se ha analizado la legislación existente en esta materia en 24 casos de los que el Proyecto Esperanza atiende.
A través de estos casos, tal y como han explicado sus autoras, Nerea Bilbatua y Marta González, se ha estudiado, además, tres tipos de trata concreta: con fines de explotación laboral en el hogar, con fines de matrimonio forzado y con fines de criminalidad forzada.
El primero de ellos, ha indicado González, se produce a través del engaño y las amenazas a la víctima por parte de los propios empleadores o por personas o agencias intermediarias. Estas mujeres sufren «trato degradante», «actitudes racistas y clasistas», la ausencia de salario o el cobro de una «cuantía mínima», «jornadas laborales abusivas», falta de «libertad de movimiento», «retirada de documentos» o «aislamiento social», entre otras situaciones.
Este tipo de delitos, apuntan las expertas, es complicado de detectar porque se produce en el ámbito «privado», donde «las autoridades laborales o policiales» no pueden acceder fácilmente. Además, ha advertido González, este delito no está tipificado como autónomo en el Código Penal.
INTERSECCIONA CON OTROS DELITOS
Lo mismo le ocurre a la trata con fines de criminalización forzada, que es cuando se engaña o amenaza a una persona para obligarla a cometer delitos para terceras personas, como hurtos y robos, tráfico de drogas, cultivo de cannabis, venta de productos falsificados o estafas por Internet o telefónicas.
En la mayoría de los casos, apunta González, la víctima de trata no recibe ningún tipo de beneficio económico de estas actividades, también se le retira la documentación, se le niega la libertad de movimiento, sufre maltrato o violencia y amenazas con ser denunciada a las autoridades.
Las autoras de este trabajo advierten de que estas actividades no se tratan como delitos autónomos. En las reformas del Código Penal de 2010 y 2015, este recoge esta práctica en los términos que dictan las leyes internacionales: con fines de imposición de trabajo, en casos de esclavitud, mendicidad, explotación sexual, extracción de órganos o matrimonios forzados, entre otras.
«Históricamente, España y las instituciones internacionales tienen una visión parcial de la trata», ha declarado González, quien ha señalado la necesidad de «incidir» en que la trata «es un delito de violación de derechos humanos» y que, en algunas de sus finalidades también interseccional con otros delitos, como por ejemplo el de violencia de género.
RECLAMACIONES
Este es el caso, indican en el informe, de los matrimonios forzosos, un delito que, advierten las expertas, se ve en algunos casos desde los «estereotipos». González apunta que las víctimas de estos delitos son en si mayoría niñas o adultas jóvenes que se ven presionadas por su familia o allegados. «Sufren una ambivalencia grande entre el sentimiento de pertenencia y el desarraigo que pueden sufrir» si no aceptan el matrimonio, destaca el estudio.
Pero además, este delito suele conllevar, advierten, un «delito de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos», además de violencia de género. Tal y como analiza el informe, estas víctimas no suelen poder dar su opinión sobre cuándo o cómo tener hijos y, a veces estos pasan a la tutela del padre o la familia paterna. Además, puede conllevar la violencia del marido sobre ella, así como una situación se servidumbre y esclavitud en relación a las labores domésticas.
Ante esta situación, Bilbatua ha llamado al Gobierno, en líneas generales, a poner en marcha una ley integral contra la trata y de protección de todas las víctimas, la revisión y actualización del protocolo marco de protección a las victimas de estos delitos y asegurarse, así, de que todas son identificadas y acceden de forma efectiva a los derechos que les corresponden.
Además, proponen promover alianzas con los actores clave en esta materia y consolidar el derecho al asilo de las víctimas que requieran de protección internacional, siempre en consonancia con sus condiciones específicas.
En este sentido, también han añadido peticiones en relación a los tres tipos de trata analizados en el proyecto ‘Speaking Out: #Tambiénestrata. Para la que conlleva fines de explotación en el empleo del hogar, reclaman la ratificación del Convenio 189 de la OIT o la adopción de un Plan Nacional contra el Trabajo Forzoso; contra el matrimonio forzoso, llaman a cumplir con las recomendaciones del Convenio de Estambul en este sentido, involucrar a actores clave en materia de atención a menores o de servicios educativos y actualizarse con los protocolos de prevención que sí existen en CCAA.
Finalmente, y en el caso de la trata con fines de criminalización forzada, llama a formar a profesionales y a sectores clave no profesionalizados en la detección de indicios, garantizar la aplicación de exencionalidad de responsabilidad penal o la cancelación de antecedentes, e incluso reclaman el indulto para estos casos. Ahora, han explicado las expertas, se ha concedido en algunos casos en los que se demuestra que la víctima era obligada a cometerlos, aunque, reconocen, son casos «complicados».
