Los 34 excargos de la Generalitat de Cataluña tienen hasta este jueves para recurrir la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
Las defensas de los excargos del Govern –incluidos el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras– tienen un plazo de cinco días hábiles, que empezó a correr desde el pasado miércoles, para presentar recurso contra el requerimiento acordado por el órgano fiscalizador, según lo establecido en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
La semana pasada, en el marco del acto en el que el órgano fiscalizador comunicó a las defensas y acusaciones la suma a reclamar, el exconseller de Presidencia de Cataluña y letrado de varios excargos Francesc Homs mostró públicamente su oposición a la decisión del tribunal al asegurar que era «un despropósito» que «no tiene fundamentación jurídica razonable» y «busca perseguir una ideología».
Fuentes cercanas a la causa explican que si las defensas presentan recursos, estos darán paso a que la instructora abra trámite para estudiar las alegaciones y poder así dar respuesta. Según precisan no hay un plazo fijo determinado para la resolución.
Las mismas fuentes subrayan que la presentación de recurso no paraliza el plazo de 15 días hábiles –que también empezó a correr el pasado miércoles– que tienen los excargos para depositar la fianza requerida, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.
Tal y como establece la normativa del órgano fiscalizador, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.
INICIATIVA DE LA GENERALITAT
En el marco del plazo para presentar la fianza, la Generalitat de Cataluña ha aprobado un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Institut Català de Finances (ICF).
La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.
Fuentes del órgano fiscalizador insisten en que corresponderá a la instructora decidir si prospera o no la estrategia de la Generalitat, que figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional aunque desde el Govern no coincidan con ello.
PLAZO PARA DEMANDAS
Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat– y las demás acusaciones –Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes– para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.
Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.
Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante –quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar–, al que por turno le correspondió este asunto.
5,4 MILLONES ENTRE 34
Según el acta de liquidación provisional, se les reclama a 34 ex cargos –incluidos el ex presidente catalán huido Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras– cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos.
La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.
En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.
Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.
