Aena ha presentado este miércoles el proyecto para la ciudad aeroportuaria Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha anunciado que la licitación para la primera fase se iniciará en el último trimestre de 2021.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha destacado durante la presentación que este proyecto servirá para que el aeropuerto se posicione como un ‘hub’ 360 grados.

El Airport City Adolfo Suárez Madrid-Barajas incluye 323 hectáreas de superficie, con una edificabilidad de 2,1 millones de metros cuadrados asociados con actividades diferenciadas de desarrollo. Por una parte, tendrá un nodo logístico con diferentes tipologías de activos como naves de almacenaje y logística, ‘crossdocking’ o empresas proveedoras de servicios a la aviación.

Por otra parte, la Air City contará con oficinas, hoteles y servicios asociados destinados a pasajeros y usuarios, mientras que habrá una tercera zona dedicada a actividades aeronáuticas y de carga.

La primera área que sale al mercado incluye 32 hectáreas de suelo logístico con vinculación aeroportuaria, de las cuales 4 hectáreas están destinadas a zona verde, con una intensidad edificatoria de unos 153.000 metros cuadrados.

Esta área se sitúa adyacente a la primera línea de carga aérea del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en dentro del Corredor del Henares.

El modelo de negocio se basará en la conformación de una sociedad conjunta en la que Aena tendrá una participación no mayoritaria. Así, para lograr la maximización del valor de los terrenos, Aena se asociará con un socio especializado.

Para ello, está previsto que Aena, como titular de los terrenos del Área 1, constituya sobre ellos un derecho de superficie a favor de una nueva sociedad creada conjuntamente entre Aena y el socio o inversor como Sociedad Anónima.

La aportación de Aena a esta sociedad conjunta será en especie, con un derecho de superficie a 75 años, mientras que la aportación del inversor será dineraria, para financiar todos los costes durante el periodo de desarrollo previstos en su oferta y, en su caso, aportaciones dinerarias adicionales para equilibrar la distribución de la sociedad.

El inicio del proceso de selección del socio inversor está previsto para el cuarto trimestre de 2021 y la adjudicación para el primer trimestre de 2022.

El proceso se ha estructurado en una primera fase de calificación, en la que Aena seleccionará a los licitadores interesados que acrediten reunir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego y una segunda fase de adjudicación, en la que se publicará un pliego con información detallada del proyecto para que los inversores puedan preparar su plan de negocio y presentar sus ofertas técnicas y económicas, así como la documentación acreditativa de su solvencia técnica.

Una vez analizadas las ofertas y siguiendo los pasos establecidos en este proceso, se determinará cuál de ellos ha presentado la oferta más ventajosa y, por consiguiente, se constituirá con él la Sociedad Conjunta.

El proceso de conformación de la Sociedad Conjunta tendrá tres etapas. Una primera de adjudicación y constitución de la sociedad, un periodo transitorio para la tramitación urbanística y de infraestructuras habituales y un periodo de derecho de superficie de 75 años, con posibilidad de salida a partir del séptimo año.

Debido a las dimensiones del proyecto, Aena señala que se desarrollará en fases para «asegurar la puesta en valor de cada una de ellas». Una vez se licite esta primera área, seguirá lanzando de forma progresiva el resto de áreas que componen la Airport City Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta completar la totalidad de superficie destinada a actividades aeroportuarias complementarias con un horizonte temporal a largo plazo.

La directora general Comercial e Inmobiliaria, María José Cuenda, ha indicado que se trata de «uno de los proyectos de mayor relevancia en España, que ayudará a reforzar al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como ‘hub’ de referencia y será motor de la economía del entorno.

LIBRO BLANCO

Aena ha redactado un Libro Blanco con medidas de obligado cumplimiento que marcan las directrices básicas de ordenación en el nuevo planeamiento de desarrollo.

Este Libro Blanco, realizado con el apoyo de consultoras de diseño, sostenibilidad e innovación, fija estándares en materia de urbanización, paisaje y edificación, conectividad, gestión de proyectos, sostenibilidad e innovación, alineados con las últimas tendencias globales y que deberán cumplirse en los desarrollos de todas actividades complementarias.

Los objetivos del Libro Blanco consisten principalmente en atraer inversión a través del placemaking y el diseño de calidad; convertirse en una herramienta de consenso con Administraciones Públicas y agentes territoriales; definir las condiciones para un desarrollo sostenible en materia global y nulo en carbono; y apostar por la innovación como vector de diseño y desarrollo de un proyecto nativo digital.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles prohibir la venta de coches de combustión e híbridos a partir de 2035, un objetivo vinculante para el que reclama también el despliegue de una red suficiente de recarga en toda la UE y que forma parte de un paquete más amplio para intentar reducir las emisiones del bloque un 55% en 2030 (con respecto a los registros de 1990).

Para ello, los expertos comunitarios plantean un avance gradual con un objetivo intermedio de reducción del 55% de las emisiones contaminantes de los nuevos coches y furgonetas en 2030 y reducirlas a cero cinco años después.

En esta senda, los automóviles híbridos están también «llamados a desparecer», señalan fuentes comunitarias, que matizan que este tipo de vehículos tienen aún un papel relevante que jugar en la reducción progresiva de emisiones.

En el caso de la automoción, Bruselas quiere centrar los esfuerzos en los coches y furgonetas porque representan el «gran problema» de Europa para controlar las emisiones, por lo que los vehículos de dos ruedas quedan excluidos de las nuevas normas.

Tampoco afectará a los vehículos pesados porque están cubiertos por una legislación más reciente que Bruselas sopesa revisar el próximo año, cuando tenga más datos sobre esta flota y su huella ecológica.

Para asegurar la transición de los conductores europeos a coches de batería o hidrógeno, la Comisión quiere también que los Estados miembro tomen medidas para asegurar que podrán recargar sus vehículos cuando transiten por el territorio europeo.

De este modo, la propuesta de Bruselas prevé un punto de recarga eléctrica fijo cada 60 kilómetros en la red transeuropea de transporte (TEN-T) y cada 150 kilómetros para el repostaje de hidrógeno.

AVIACIÓN Y MAR EN EL SISTEMA ETS

El fin de la producción de coches diesel o gasolina es una de las medidas clave pero no la única del vasto paquete bautizado como ‘Fit for 55’ con el que el Ejecutivo comunitario quiere allanar el camino al objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 (con respecto a los registros de 1990), que incluye también iniciativas que afectarán a los sectores aéreo y marítimo.

Las emisiones de CO2 deben tener un precio para incentivar a consumidores, productores e innovadores a elegir las tecnologías y productos limpios», ha defendido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar las grandes líneas de la nueva ‘hoja de ruta’ para situar a la Unión Europea la cabeza de la lucha climática internacional y justificar que los sectores de la aviación y marítimo serán también incluidos en el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés).

A Bruselas le preocupa también la falta de compromiso en la reducción de emisiones en áreas como el transporte por carretera o la construcción, por lo que plantea también un sistema de comercio de emisiones paralelo para la distribución de combustible en estos dos sectores.

El vicepresidente comunitario responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, ha querido subrayar en rueda de prensa que este nuevo sistema se aplicará «a los proveedores de combustible y no a los hogares ni a los conductores» a partir de 2025.

Conscientes de que parte de esta medida podría repercutir en la factura de los usuarios, la Comisión plantea la creación de un Fondo Social para el Clima con el que ayudar a los colectivos más vulnerables a cumplir con el nuevo sistema.

El fondo contará con recursos del presupuesto europeo hasta sumar el equivalente a un 25% de los ingresos previstos a través del sistema ETS para edificios y carreteras, lo que según las estimaciones de Bruselas supondrá 72.200 millones de euros para el periodo 2025-2032.

Las doce grandes propuestas que arman el proyecto ‘Fit for 55’ para acelerar la transición ecológica incluyen también compromisos más ambiciosos, por ejemplo al 40% la proporción de renovables en el consumo energético de la UE en 2030, deberán aún superar la negociación con el Parlamento europeo y los Veintisiete, en donde se prevé un proceso complejo por las diferencias entre países.

Silbon ha implementado en Córdoba un centro logístico a la vanguardia del sector del ‘retail’ español, que permite una mayor precisión y rapidez de lectura en la recepción y salida de mercancías, una disminución de roturas de ‘stock’, además de inventarios más agiles y lecturas de etiquetas a distancia.

El nuevo centro logístico cuenta con el primer túnel de RFID o identificación por radiofrecuencia, un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID, lo que facilita en gran medida la distribución de mercancías a nivel nacional y europeo.

La insignia de moda masculina, que ha inaugurado este miércoles sus nuevas instalaciones de la mano del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, cuenta en la actualidad 27 puntos de venta en todo el país.

Ubicadas en una superficie de 2.470 metros cuadrados del Polígono Industrial de Chinales y con una inversión superior a los 242.000 euros, las nuevas instalaciones incluyen, en 800 metros cuadrados y junto al centro logístico, el primer punto de venta ‘outlet’ de la firma, oficinas centrales, almacén y exposición de venta, en donde se encuentran 1.700 prendas de colecciones anteriores.

Su centro logístico, donde se ha instalado el túnel de RFID, facilita la mejor trazabilidad del producto, incluye una identificación única en cada mercancía, y también mapea y establece ubicaciones para cada producto, disminuyendo el tiempo de ‘picking’ y estableciendo circuitos lógicos de búsqueda, con lo que ofrece una respuesta rápida, tanto a su negocio digital, como físico.

A este respecto, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha afirmado que la compañía «es un ejemplo del talento que existe en Andalucía, en Córdoba en particular, en el ámbito empresarial, y prueba evidente de los beneficios de la digitalización para la mejora de la competitividad».

Acompañado por el consejero delegado de Silbon, Pablo López, Velasco ha comprobado la eficacia del primer túnel de identificación por radiofrecuencia del nuevo centro logístico, un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que facilita la distribución de la mercancía.

Velasco ha destacado que la estrategia de crecimiento de la enseña cordobesa, cuya actividad económica se ha incrementado un 37 por ciento en el primer cuatrimestre del año, «ha pasado por diversificar su producto, adaptándose siempre a la demanda, la reinversión íntegra de su beneficio para acometer mejoras continuas, su marcado compromiso social y la digitalización y la innovación de su proceso productivo».

En apenas once años, la compañía ha escalado hasta lograr un volumen de facturación de 12 millones de euros y ha creado 116 empleos directos. Silbon que nacía en Córdoba en 2010, cuenta en la actualidad con 116 empleados de los cuales 39 trabajan exclusivamente en el centro logístico cordobés. La firma de moda masculina llega a 2021 con 27 puntos de venta más una plataforma ‘ecommerce’ en auge.

Para el CEO de Silbon, Pablo López, la apuesta desde el primer día por la omnicanalidad ha sido clave para que la firma, no solo haya mantenido un crecimiento constante, sino que haya salido fortalecida de la crisis de consumo provocada por la pandemia.

«El concepto Silbon –ha explicado– se basa en proporcionar una experiencia de compra única y personalizada en donde el público es capaz de interactuar desde el primer momento con la marca; desde la elección de looks únicos, sastrería y asesoramiento personalizados hasta la disposición inmediata de cualquier prenda en cualquier punto del país».

Para ello, según ha dicho Pablo López, «la digitalización y la apuesta tecnológica han sido clave» y, por eso, «hemos implementado nuevos conceptos de compra en nuestras tiendas, como la combinación de elementos físicos y digitales», asegurando que las nuevas instalaciones son capaces de satisfacer la demanda actual del consumidor, en cuanto al «aquí y el ahora», ya que «todos sabemos que hoy en día el comercio electrónico juega un papel clave en la consolidación de cualquier marca; sin embargo, el aquí y para hoy marcan la diferencia».

La conjunción del modelo ‘boutique’, donde el trato personalizado y cercano es el valor que aporta la marca con las ventajas que supone la tecnología, han sido claves en el desarrollo de una marca que ha impuesto un modelo de negocio innovador capaz de adaptarse a los rápidos cambios del consumo.

Con un crecimiento del 37 por ciento en el primer cuatrimestre del año, la compañía fundada por Pablo López en 2010 se anima en la conquista del mercado ‘retail’, diversificando con nuevas apuestas como la línea ‘Silbon Woman’ o la propuesta ‘Home’ para el hogar, que verán la luz a partir del mes de septiembre.

A lo largo del año continuará con su política de implementación tecnológica y su estrategia omnicanal, con nuevas aperturas de tiendas físicas en el Norte de España e Islas Baleares, en línea con las anteriores inauguraciones, llevadas a cabo este mismo año en Cádiz y Salamanca.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha planteado un acuerdo con un total de 30 cambios al Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) para «que ningún agricultor andaluz se quede fuera» en la reunión mantenida este miércoles con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Consejo Consultivo de Política Agraria y la Conferencia Sectorial de Agricultura.

Este documento presentado se trata de un acuerdo de la Consejería con asociaciones agrarias y cooperativas por «unanimidad» con el testigo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, según ha explicado la consejera en atención a los medios.

El objetivo de los cambios propuestos es «defender al agricultor andaluz y exigir que se produzca una convergencia del 85 por ciento para 2026, que vaya al mismo ritmo durante los próximos años para garantizar que no se produzcan disfunciones en el sector agrario».

Entre los cambios propuestos, además de los citados, la consejera ha destacado «la inclusión» del sector de las frutas y hortalizas en la reserva nacional de derechos, además de priorizar a los jóvenes y mujeres agricultores.

Por otro lado, con respecto a los ecoesquemas, la Consejería propuso en junio que fuesen «posibles y flexibles», alcanzando un máximo del 20 por ciento para garantizar la estabilidad de los agricultores. Sin embargo, este miércoles Crespo ha confesado que se trata de un tema «complejo» y del que queda «mucho trabajo técnico por hacer y definir».

La consejera ha exigido también la presencia de un mayor número de ayudas asociadas, centrándose en el sector de la aceituna de mesa, «que es un sector que lo ha pasado mal que necesita de un programa sectorial».

La PAC se trata de una reforma exigida por la Unión Europea para con el sector. En este sentido, la consejera ha remarcado la «falta» de gestión en el mercado y de establecimiento de relaciones de futuro con tercero países, pero «con mayores exigencias medioambientales y menos recursos para los agricultores».

Además, ha exigido las subvenciones otorgadas por la UE para los agricultores y ganaderos a nivel nacional «debe repartirse de forma igualitaria entre todas las comunidades autónomas, por lo que la aportación del Estado debe ser la misma que en el periodo anterior».

«En estos momentos Andalucía quiere dar certidumbre a los agricultores con ese Plan Estratégico Nacional para permitir que sigan siendo competitivos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer», ha concluido Crespo.

CaixaBank ha sido elegido ‘Mejor Banco en España 2021’ en los premios ‘Awards for Excellence’ de la revista británica Euromoney por su «liderazgo, excelencia y compromiso social» en un ejercicio marcado por la Covid-19 y la fusión con Bankia.

Según ha indicado la entidad a través de un comunicado este miércoles, se trata de la sexta vez en la última década en la que CaixaBank recibe este galardón de la revista británica, reconocimiento que se suma al de ‘Mejor Banco en España 2021’ por la revista estadounidense Global Finance.

El jurado de los premios –formado por el comité editorial de la revista– ha escogido a CaixaBank también por su capacidad para «anticiparse y adaptarse a las condiciones de un mercado en continua evolución».

También ha sido un factor importante el compromiso social de la entidad con los colectivos más afectados por la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha dicho que «el premio es un reconocimiento a la capacidad de adaptación y anticipación de CaixaBank que, con la fusión con Bankia, se ha convertido en el principal grupo financiero del país».

APOYO A LAS FAMILIAS EN PANDEMIA

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha mostrado su satisfacción por el premio y ha indicado que, «en los últimos meses, CaixaBank ha consolidado su liderazgo en el sistema financiero con una intensa actividad bancaria y el fortalecimiento del balance para apoyar de manera decidida a las familias y empresas durante la pandemia».

CaixaBank ha concedido en España más de 501.000 moratorias por un volumen total de más de 17.100 millones de euros, de los que 11.276 procedían de CaixaBank y 5.825 millones de Bankia.

Por su parte, se han concedido cerca de 263.000 préstamos con aval del ICO con un saldo dispuesto total de 22.001 millones de euros, de los que 13.310 son de origen CaixaBank y 8.691 millones de Bankia.

El Tesoro Público espera captar mañana entre 5.000 y 6.000 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado en la que será la última subasta del mes de julio, según los objetivos de emisión publicados en la página web del organismo.

Concretamente, el Tesoro subastará bonos del Estado con vida residual a 3 años, con cupón del 0,25% y vencimiento el 31 de julio de 2024; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 0,00% y vencimiento el 31 de enero de 2028; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 0,50% y vencimiento el 31 de octubre de 2031, y obligaciones del Estado con vida residual a 15 años y seis meses, con cupón del 4,2% y vencimiento el 31 de enero de 2037.

En la subasta del bono a 3 años, la referencia será el tipo marginal del 0,348% de la emisión anterior, mientras que en la de obligaciones a 7 años la rentabilidad marginal de la última subasta de este papel fue del 0,022%.

En el caso de las obligaciones a 10 años, la última vez que se subastó un papel similar el tipo de interés marginal fue del 0,598%. Para las obligaciones a 15 años, la rentabilidad marginal de referencia será el 0,979%.

En la última subasta de bonos y obligaciones del Estado, celebrada el pasado 17 de junio, el Tesoro captó 5.520 millones de euros, dentro del rango medio previsto.

Tras la emisión de este jueves, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos no volverá a los mercados hasta el próximo 10 de agosto, cuando tiene previsto celebrar una nueva subasta de letras a 6 y 12 meses, a la que seguirá otra emisión el día 17 de letras a 3 y 9 meses.

La Estrategia de Financiación del Tesoro para 2021 contempla una emisión neta de 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró 2020, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones del año pasado, debido a que, aunque el déficit bajará este año, el nivel de deuda acumulada obliga a refinanciar más vencimientos cada año.

Orange ha confirmado este miércoles que participará en la subasta 5G de la banda de los 700 MHz poco tiempo después de que Telefónica anunciara públicamente su concurrencia.

Las dos compañías competirán desde la próxima semana con Vodafone por los dos lotes de 2x10MHz, dos de 2×5 MHz para comunicaciones pareadas y otros tres de 5MHz para comunicaciones solo descendentes por un precio de salida conjunto de 995 millones de euros.

En un comunicado, Orange asegura que concurre a la subasta «con el objetivo de seguir apoyando la transformación digital en España a través del impulso de la tecnología 5G».

El operador es el que cuenta con mayor cantidad de espectro en la banda 3,5GHz (3,4-3,8 GHz), la banda prioritaria para el 5G que ya ha sido subastada y de la que también tienen espectro MásMóvil, Vodafone y Telefónica.

Orange alcanzó los 110 MHz tras una inversión total de 173 millones de euros.

A cierre del primer trimestre, la compañía cubría con sus servicios 5G 442 municipios de 38 provincias, lo que supone el 28% de la población española, y continúa trabajando para terminar el año con más de la mitad de la población y más del 90% en 2022.

La directora general de Red en Orange España, Mónica Salas ha resaltado que la banda de 700 MHz es clave para el desarrollo del 5G SA (Stand Alone) y que su utilización por parte de los operadores permitirá que el ritmo de despliegue de esta tecnología se vaya acelerando aún más, favoreciendo así un aprovechamiento pleno de todas las ventajas que posibilitará el 5G

El 5G SA es considerado el ‘5G puro’ y permitirá optimizar la baja latencia e incrementar el número de dispositivos conectados con los nuevos servicios y actividades económicas que esto supone, ha explicado la directiva.

«Gracias a los Fondos Europeos, estamos convencidos de que se convertirá en una banda clave para eliminar la brecha digital territorial en España», ha subrayado.

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido aprobar de forma definitiva el lanzamiento de una investigación formal sobre el euro en forma de divisa digital tras cerca de nueve meses en los que han tratado las consideraciones previas sobre las necesidades de los ciudadanos y la idoneidad de este tipo de dinero.

En un comunicado publicado este miércoles, el BCE ha explicado que la fase de investigación durara 24 meses. No obstante, ha alertado de que la apertura de esta investigación «no prejuzga» la decisión sobre si se lanzará al mercado el euro digital o no. Una vez finalizado el proceso, el organismo tendrá que decidir de nuevo si se implementa o no.

«Nuestro trabajo está dirigido a asegurarnos de que en la era digital, los ciudadanos y las empresas siguen teniendo acceso a la forma más segura de dinero: dinero de un banco central», ha subrayado la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Durante la fase de investigación que se abre ahora, el BCE tendrá que resolver algunas cuestiones «clave» como el diseño y la distribución de esta divisa digital. La autoridad monetaria ha subrayado que debe cumplir con las necesidades de los europeos, prevenir actividades ilícitas y evitar un impacto «indeseable» en la estabilidad financiera y la política monetaria.

El miembro del Comité Ejecutivo del BCE a cargo de sistemas de pago, Fabio Panetta, ha indicado que el organismo estará en contacto con el Parlamento Europeo y otros órganos legislativos europeos para informarles regularmente de sus hallazgos. También se involucrará a ciudadanos, minoristas y la industria de pagos.

La fase de investigación abarcará grupos focales, prototipado y trabajo conceptual. Se examinarán los casos de uso en los que el euro digital tendrá que cumplir con sus objetivos: ser una forma de dinero de banco central eficiente, accesible y sin riesgo.

«Un euro digital reduciría los costes de las transacciones, promovería la inclusión financiera, al asegurar que las personas que actualmente no tienen acceso a los servicios financieros puedan utilizar los pagos digitales, y permitiría a los usuarios comprar en cualquier tienda y país de la zona del euro», ha apostillado Panetta.

Con respecto a los bancos, durante esta fase de investigación se abordarán las opciones de diseño que eviten riesgos para los intermediarios financieros. En concreto, se definirá un modelo de negocio para dichos actores en el ecosistema del euro digital.

El BCE ha destacado que la arquitectura que emplee en la infraestructura de euro digital será «amistosa» con el medio ambiente. De las arquitecturas que se han probado de forma experimental, el coste energético empleado para realizar decenas de miles de transacciones por segundo ha sido «insignificante» en comparación con el consumo de energía «de criptoactivos como el bitcoin.

El Consejo Económico y Social ha señalado la importancia del consenso y de llegar a grandes acuerdos entre los agentes sociales para imponer medidas económicas efectivas, que «reduzcan el conflicto y mejoren la productividad».

«Si las medidas económicas se realizan de forma muy rápida, no serán efectivas para mejorar la productividad y conseguir paliar las cicatrices sociales», ha apuntado el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, que ha alertado del «efecto bumerán» de no alcanzar grandes acuerdos en materia económica, ya que cuando se produce un cambio electoral, el nuevo gobierno invalida las medidas económicas del anterior.

Costas, además, se ha felicitado por el impulso al diálogo social que se ha producido durante la pandemia, que se ha materializado en medidas políticas que han permitido que el empleo solo caiga dos puntos porcentuales en esta crisis. El economista ha realizado estas declaraciones en la presentación de la Memoria Socioeconómica y Laboral 2020, documento elaborado por la institución que el preside.

Este trabajo, tal y como ha explicado el presidente de su Comisión de Trabajo, Raymond Torres, analiza cuatro aspectos clave de la económia española: la política macroeconómica (cuya principal conclusión es que se ha conseguido proteger el aparato productivo), las políticas de empleo (de la que destacan el haber impulsado fórmulas alternativas que han conseguido reducir la caída del empleo), el diálogo social y las brechas de desigualdad.

Torres ha alertado con especial énfasis en este último aspecto, ya que la pandemia ha contrubuido a incrementar estas desigualdades. «No solo se ha acrecentado la brecha de desigualdad de ingresos, sino que también observamos brechas entre la igualdad de oportunidades entre entornos rurales y urbanos o la brecha digital», ha explicado.

Sobre la brecha que puede provocar la tecnificación, asociada a pérdida de oportunidades y destrucción de empleo, ha alertado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, que ha recordado que más allá de la pandemia los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española son el envejecimiento poblacional y el cambio climático.

Para superar este reto, Arce ha señalado que es «fundamental» plantear estímulos activando a las capas vulnerables y activar el crecimiento, algo «básico» para fortalecernos y ser «más resilentes» ante crisis futuras.

Preguntado sobre sí existen riesgos inflacionistas (en España, el IPC creció un 2,7% en junio) y que se rompa el consenso existente en la Unión Europea sobre la expansión monetaria, Arce ha lanzado un mensaje tranquilizador y ha apuntado que no estiman que las tasas de inflación vayan a superar el 2%.«Pensamos que este brote no va a ser duradero y las subidas no van a tener continuidad», ha pronosticado.

EVITAR SOLAPAMIENTO ENTRE RENTAS PÚBLICAS

El profesor de Economía de la Universidad de Salamanca Miguel Ángel Malo ha señalado lo inédito de esta situación, en la que la economía «se ha congelado y descongelado» en un lapso de tiempo muy reducido, algo «inédito» en la economía moderna. Malo, además, ha recalcado la importancia de las instituciones en esta crisis, tanto para impulsar el diálogo social como para negociar en la Unión Europea.

Por otra parte, ha advertido sobre un posible solapamiento entre dos instrumentos de corrección de desigualdes como las rentas mínimas de inserción y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), del que ha afirmado que «no es un mecanismo de urgencia y es necesario que sea coordinado con otras administraciones» para evitar vacíos y errores de cobertura.

La catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma, Ana de la Puebla, ha lamentado que el trabajo de diálogo entre los agentes sociales no sea posible actualmente en el Parlamento, ya que el hecho de que estos acuerdos no se alcancen en la sede de la soberanía popular le resta «legitimidad» a ojos de la sociedad.

De la Puebla, además, ha alertado sobre la importancia de la mejora de la formación para mejorar las políticas de activas de empleo, especialmente en aquellas relacionadas con las brechas de género.

RESPONSABILIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Por último, todos los participantes en el acto han destacado la importancia de una asignación «responsable, inteligente, con publicidad y basada en criterios de igualdad» de los Fondos Europeos Next Generation, a los que han considerado «un hito sin precedentes» a nivel europeo.

«Nos jugamos el bienestar de las generaciones futuras durante varias décadas», ha recalcado Costas, que ha subrayado la importancia de estos fondos para la reactivación de la economía como para su transformación.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este miércoles que es necesario reforzar la confianza del consumidor en los productos ecológicos e incrementar la promoción de los mismos como fórmulas para estimular la demanda, que es uno de los objetivos contemplados en el Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica de la Comisión Europea.

El Consejo Consultivo de Agricultura, reunido hoy en Madrid, ha dado el apoyo a las conclusiones de este plan, que tienen previsto aprobar los ministros de Agricultura de la UE el próximo día 19, ya que, según ha explicado Planas, éstas «se alinean con las inquietudes de España», que es el primer país europeo en producción ecológica y el tercero del mundo.

El consultivo se ha celebrado previamente a la Conferencia Sectorial en la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo sobre la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en España que se prolongará en sesiones de mañana y tarde.

Además de fomentar la demanda y asegurar la confianza de los consumidores en los productos ecológicos, este plan contempla como ejes estimular la conversión de cultivos y reforzar la cadena de valor en la producción ecológica y mejorar la aportación de ésta a la sostenibilidad y a los desafíos medioambientales.

La producción ecológica juega un importante y creciente papel en la consecución de la soberanía alimentaria dentro de la Unión Europea, así como en la creación de empleo en el medio rural y en la mejora de los ingresos de los agricultores.

El titular del ramo ha valorado la «flexibilidad» del plan europeo para que cada estado miembro pueda escoger entre las medidas propuestas las que mejor se adapten a la situación de cada uno de ellos.

En España, el 10% de la superficie agraria útil es ya de producción ecológica, con una superficie total de 2,4 millones de hectáreas.

Planas ha avanzado que su Departamento ya trabaja en la elaboración de una ‘hoja de ruta’ para impulsar este tipo de producción y acercarla a los objetivos marcados por la UE de que en 2030 suponga la cuarta parte del total de la producción agrícola.

Durante el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del próximo día 19, éstos mantendrán una videoconferencia con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vislack en la que se abordarán los desafíos que suponen para la actividad agraria el cambio climático y la transición a sistemas alimentarios más sostenibles.

En su intervención en la videoconferencia con el responsable de la política agroalimentaria de Estados Unidos, Planas saludará la iniciativa de innovación agrícola para el clima que impulsa el Gobierno nortemericano y mostrará nuestra disposición a estudiar la posibilidad de sumarnos a ella en un futuro.

«Tenemos que producir más alimentos para una población creciente, y para ello no hay otra salida que el progreso técnico, la innovación y la digitalización», ha subrayado.

Ifmea Madrid y Smobhuba han presentado este miércoles el proyecto Global Mobility Call, una apuesta por liderar la movilidad sostenible de forma «holística» e integrada aunando los diferentes sectores que la atraviesan.

«Es una iniciativa pionera en lo social, lo económico, tecnológico, medioambiental y regulatorio para hacer de España un foco principal de atracción de inversión y talento», ha explicado el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, en un acto en el que ha estado presente la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, David Pérez.

La iniciativa se celebrará del 14 al 16 de junio de 2022 en el Recinto Ferial y tendrá los siguientes bloques temáticos: Tech, Data and Innovation, New Urban Planning, Economic Development and Regulation, Sustainable Transportation y Future Society.

El objetivo es fomentar que se «aprovechen las sinergias con un espacio compartido de debate» y «superar la falta de liderazgo» a través de la unificación de mensajes y estableciendo bases para definir colectivamente un nuevo ecosistema de movilidad.

«En Madrid las administraciones han puesto sobre la mesa una clara apuesta por la movilidad sostenible tanto en la gran ciudad como en entorno rurales. Esperamos ser innovadores y que este macroevento tenga réplica y se expanda a otros lugares», ha indicado López-Puertas.

Para ello tienen un abordaje «holístico y multisectorial» que pone la mirada en la Agenda 2030 y a las cero emisiones, abandonando el formato «puntual» sino que tendrá espacios «durante todo el año» para colocar al usuario en el centro y «cohesionar sectores y disciplinas». Las espectativas de la parte presencial de este macroevento pasan por tener más de 7.000 habitantes, 150 expositores y 250 ponentes con los cinco foros conectados.

ESPAÑA SE PODRÍA POSICIONAR COMO LÍDER EN DIVERSOS ÁMBITOS

Desde Ifema Madrid consideran que España se podría posicionar como líder en diversos ámbitos como el ‘fintech’ –vinculado a la movilidad, gestión de infraestructuras y transportes–; ‘smart mobility’ –turismo– o ‘big data y blockchain’.

El director general ha citado el estudio elaborado por Anfac en el que se explicita que en 2040 el mercado de la movilidad sostenible añadirá 310.000 millones de euros a la facturación anual estatal y generará entre 860.000 y 1,4 millones de empleos, un 5% del PIB anual.

Mientras que la zona expositiva dará espacio a esos cinco bloques, la parte congresual se celebrará en el auditorio y acogerá a los «principales speakers internacionales, empresariales, institucionales y académicos».

INICIATIVAS SOCIALES

En el marco del evento se desarrollarán tres grandes iniciativas sociales, el Congreso New Generation –menores de 35 años–, el Rural Challenge y el New Economy. Asimismo, la Global Mobility Call contará con una plataforma digital disponible los 365 días del año.

Entre los apoyos que ha recibido el evento se encuentran los ministerios de Transportes, Industria y Transición Demográfica, además de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital .

Mientras que también se han adherido asociaciones como la CEOE, AER, Anfac y Anesdor o empresas como Alsa, Iberdrola, Iberia o Metro de Madrid.

BBVA Research ha revisado al alza en un punto porcentual su previsión de crecimiento del PIB español para este año, desde el 5,5% de la anterior edición del informe Situación España al 6,5%, y mantiene en el 7% la de 2022.

En el anterior informe, BBVA ya avisó de que si los contagios por Covid se seguían limitando y se avanzaba en los planes de vacunación previstos por el Gobierno, «el sesgo de estas previsiones podría ser al alza».

Según BBVA Research, los datos del segundo trimestre de 2021 apuntan a una vuelta al crecimiento (entre el 2,3% y el 3,3% trimestral). Además, ha explicado que el fin del estado de alarma, el avance de la vacunación y la flexibilización de las restricciones han permitido un adelantamiento del crecimiento del consumo privado.

El último informe ‘Situación España’ de BBVA Research ha sido presentado este miércoles telemáticamente por el director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, Jorge Sicilia; el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el economista jefe para España, Miguel Cardoso.

BBVA Research espera, a corto plazo, un crecimiento al alza en la medida en que se mantenga la enfermedad bajo control. Por otro lado, ha apuntado que, a medio plazo, el sesgo dependerá de las reformas que se implementen durante los próximos meses y de la rapidez y eficiencia en la ejecución de los fondos europeos.

Doménech ha señalado que las razones que están por detrás de esta revisión son que el PIB se redujo en el primer trimestre de 2021, pero menos de lo previsto y que, aunque la demanda interna terminó cayendo lo previsto por el servicio de estudios, aunque el comportamiento de las exportaciones netas redujo esta caída.

Además, ha destacado que hubo un mejor comportamiento del sector exterior y del consumo de los hogares y un punto de partida para un crecimiento del segundo trimestre mejor de lo previsto.

Doménech ha señalado que la inversión se contrajo por la evolución desfavorable de la construcción. Asimismo, ha destacado que el consumo público se estancó y que el turismo extranjero cayó más de lo esperado.

También ha explicado que cuando hicieron las anteriores previsiones, los contagios iban en aumento y que, aunque los datos apuntaban hacia una contracción tanto de la demanda externa como del consumo, esta «no fue tan intensa como se esperaba».

BBVA Research calcula que la tasa de paro será del 15,7% y que caerá al 14,2% el próximo ejercicio. Por otro lado, prevé un crecimiento del empleo (EPA) del 1,9% este año y del 3,6% el siguiente. De igual forma, estima que el déficit público se disparará al 7,7% del PIB este año y se moderará al 5,5% el próximo ejercicio.

A nivel global, según ha apuntado Sicilia, «se espera un crecimiento del PIB del 6,3% en 2021 y del 4,7% en 2022, gracias a la reapertura económica, favorecida por la vacunación y los estímulos, que han permitido una rápida recuperación y reforzado las perspectivas de crecimiento mundial».

NIVELES PRECRISIS EN 2022

BBVA Research estima que el entorno internacional se mantendrá favorable por el avance de la vacunación y las políticas de demanda. De hecho, considera que la tendencia positiva, junto a las medidas de expansión fiscal, sobre todo en Estados Unidos, pero también en la Eurozona, deberían apoyar el crecimiento de las ventas de bienes y servicios a nivel mundial.

Además, ha destacado que el ahorro es significativo y podría impulsar el consumo. Según el servicio de estudios de la entidad, el ahorro forzado habría aumentado en 144.000 millones de euros entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2021. A lo que habría que añadir los recursos guardados por motivos precautorios (23.000 millones) para llegara una bolsa acumulada de 68.000 millones.

En esta línea, ha señalado que si la bolsa de ahorro es asimilada como un aumento de renta de los hogares, el consumo podría crecer, de media, entre un 1,1% y un 2% en 2021 y 2022.

De controlarse la enfermedad, los sesgos en las previsiones serán al alza. «El fuerte crecimiento que se ha observado en el gasto privado podría ser más elevado de lo que en principio se pensaba», según BBVA, que cree que la recuperación del turismo extranjero será «clave», aunque su recuperación será más lenta que la del nacional. Sin embargo, pide no perder de vista las restricciones que se puedan poner en marcha por el aumento de los contagios por nuevas variantes del virus.

Entre los riesgos, BBVA Research también ha puesto de relieve el aumento de la inflación, aunque ha dicho que no se espera una espiral descontrolada de los precios. Además, ha alertado de que la mayor parte de la recuperación es cíclica y que «sin reformas ambiciosas que permanezcan en el tiempo, la mayor parte del crecimiento será temporal».

HERRAMIENTAS PARA REORIENTAR LA CARRERA DE PERSONAS EN ERTE

Por otro lado, Doménech ha señalado que la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta septiembre ayudará a superar «una temporada turística atípica».

Igualmente, cree que algunos ERTE podrían estar contribuyendo a sostener empresas y puestos de trabajo inviables. No obstante, ve necesario desarrollar herramientas para reorientar la carrera laboral de las personas en ERTE que tienen poca probabilidad de volver a su puesto de trabajo.

Preguntado sobre la subida del salario mínimo interprofesional, Doménech ha destacado que lo importante, desde el punto de vista de la cohesión social, es la recuperación del empleo. Además, ha dicho que es relevante que no se impida la empleabildiad de los colectivos más vulnerables en el objetivo en alcanzar el 60% del salario medio.

«Es muy importante que el ritmo sea el adecuado para no poner en riesgo la creación de empleo», ha subrayado Doménech, que ha alertado de que sus estimaciones y las del Banco de España indican que un aumento demasiado rápido puede poner en riesgo el empleo de los colectivos más vulnerables, especialmente el de los jóvenes, «que pueden tener más problemas para incorporarse al mercado de trabajo».

REFORMA DE PENSIONES

Respecto a la reforma de pensiones, cree que mejora la suficiencia, pero que no aborda la sostenibildiad. La desincentivación de la jubilación anticipada y la promoción del retraso de la jubilación son bienvenidas.

«Sin embargo, serán insuficientes para compensar el aumento esperado de la esperanza de vida en las tres próximas décadas», ha añadido, tras señalar que «hubiera sido preferible que estos incentivos formaran parte de un sistema integral que garantizase el equilibrio actuarial y permitiese la jubilación flexible».

Sobre el factor de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, piensa que supondrá una menor generosidad si se quiere que se cumpla con su objetivo.

El consumo de cemento creció un 17,3% durante el primer semestre de 2021, hasta alcanzar las 7.309.916 toneladas, lo que supone 1.078.205 toneladas más que en el mismo periodo de 2020, según los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento, difundidos por Oficemen, agrupación de fabricantes de cemento en España.

Entre enero y junio se redujo también el diferencial con el mismo periodo de 2019, aunque el consumo de cemento cae un 1,4% todavía por debajo de los niveles de consumo prepandemia. Este diferencial se ha reducido gracias a la evolución del mes de junio, con el consumo más alto para este mes desde el año 2011. En concreto, en el sexto mes del año, se consumieron en España 1.389.619 toneladas de cemento, un 4,7% y 9,3% más que en 2020 y 2019, respectivamente.

Los datos del año móvil arrojan también un diferencial positivo del 7,1%, con un crecimiento de más de 950.000 toneladas respecto al periodo precedente.

SE REDUCEN LAS EXPORTACIONES

Las exportaciones moderaron su ritmo de crecimiento en el acumulado del primer semestre hasta el 35,9%, 2,3 puntos porcentuales menos que el alcanzado durante los cinco primeros meses del año, y todo ello a pesar del crecimiento experimentado en junio de un 23,5%, con 684.266 toneladas exportadas.

En el acumulado anual ya se alcanzan los 3,8 millones de toneladas y en el cómputo de los últimos 12 meses la cifra asciende a 7,1 millones de toneladas.

«Tras la caída por debajo de los seis millones en 2020, lo cierto es que, a nuestro juicio, la inestabilidad de los mercados internacionales por la incidencia de la pandemia continúa siendo el componente exógeno que marca esta evolución en positivo. Desgraciadamente, si no se toman medidas, cuando se estabilice la situación a escala internacional, los elevados costes eléctricos y de emisiones de CO2 que soporta actualmente la industria cementera española incidirán de nuevo negativamente en nuestra balanza comercial», explica el presidente de Oficemen, Víctor García Brosa.

El precio eléctrico, en la media acumulada, es de 64,9 euros/kWh frente a los 34,9 euros de 2020, o los 57,4 euros de 2019. Por otro lado, el precio de derechos de emisión de CO2 se ha duplicado en un año, alcanzando los 52,78 euros/tonelada de media en junio de 2021, frente a los 23,33 euros/tonelada de junio de 2020.

La evolución del primer semestre y otros indicadores económicos, perfilan un cierre de ejercicio para 2021 con un crecimiento respecto 2020 más optimista que el vaticinado en enero, aunque con un consumo inferior al del año 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles durante la presentación de la Carta de Derechos Digitales que el texto sitúa a España «a la vanguardia internacional» del derecho de la ciudadanía en el ámbito digital, ya que se trata de una medida «inédita» a nivel internacional.

El presidente ha presentado en el palacio de la Moncloa el texto en compañía de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Senado, Ander Gil, y algunos de los miembros del comité de expertos que ha participado en la elaboración del documento.

Sánchez ha señalado que pese a que el carácter de la carta no es «normativo», supone un deber «autoimpuesto» para el Gobierno que debe servir como referencia para la acción de todos los poderes públicos en el objetivo de desarrollar políticas públicas más justas.

El presidente del Gobierno ha subrayado que este texto era «uno de los compromisos más importantes» del Gobierno y que supone, no solo reaccionar, sino reconocer y ampliar derechos para la ciudadanía».

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de hacer campaña por estos derechos a nivel global en foros como la Unión Europea o Naciones Unidas, ya que, si no hay consenso en estos derechos entre Gobiernos y empresas ,no habrá nunca «seguridad absoluta», en su opinión.

«(La Carta de Derechos Digitales) Demuestra una vez más que España está dispuesta a abrir el camino de la conquista de derechos en todo el mundo, también en el mundo digital», ha señalado poco después de reclamar un multilateralismo más fuerte.

Sánchez ha destacado algunos aspectos de la carta como la protección ante la inteligencia artificial, el derecho a solicitar intervención humana en un proceso o la no discriminación algorítmica.

El presidente del Gobierno ha insistido en la oportunidad que representa la transformación digital y la necesidad de «mitigar los riesgos» que esta conlleva para que sea integradora.

Asimismo, también ha remarcado la importancia de que esta sea un elemento de vertebración territorial.

Ningún territorio puede quedar al margen de esta transformación y transición digital», ha subrayado el presidente, que ha reconocido que la pandemia ha evidenciado que, a veces, la tecnología ha avanzado más rápido que las políticas públicas.

UNA BRÚJULA DIGITAL

Calviño ha destacado el objetivo de que esta carta de derechos digitales sea una «brújula» para la digitalización que busca que los ciudadanos tengan los mismos derechos en el mundo online y offline.

Para la vicepresidenta se trata de un «proyecto muy ambicioso» que trata de asuntos «transcendentales».

Calviño ha remarcado la apuesta por la digitalización del Gobierno y ha puesto como prueba de ellos el papel reservado para esta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Calviño ha agradecido especialmente a la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, Carme Artigas, por su «energía» para sacar adelante el proyecto y a Sánchez, al que le ha agradecido su «impulso», «inspiración» y gran conciencia y responsabilidad».

La vicepresidenta ha remarcado que «no es habitual» que un presidente preste atención a temas de «largo plazo» como este.

En cuanto al contenido de la carta, la ministra de Asuntos Económicos ha hecho hincapié en el carácter colaborativo de su elaboración con dos consultas públicas, así como en la importancia de derechos como el pseudonimato, que protege la identidad digital.

Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, en su estreno en su nuevo cargo, ha señalado la importancia del conjunto de «principios y derechos» que reúne la carta y que deben servir como guía de proyectos y políticas públicas para los nuevos ecosistemas digitales.

En este sentido, ha señalado la importancia de adaptar los marcos jurídicos a esta nueva realidad digital y ha hecho hincapié en que el proyecto sitúa a España en una posición de «motor» respecto a los derechos en el espacio digital.

Asimismo, Llop ha remarcado la importancia de la protección de datos, los derechos de identidad y el pseudonimato, el derecho a no ser localizado o la neutralidad de la red, así como que la carta se base en la universalidad.

La ministra ha subrayado que la transición digital es «esencial» para una sociedad más igualitaria y ha resaltado la importancia de esta en campos como la protección contra todo tipo de delitos, especialmente el ámbito de la mujer.

Asimismo ha apuntado también a la necesidad de cerrar brechas digitales y responder a las «necesidades de eficiencia» del sistema judicial de España.

También ha participado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que ha señalado que es «vital» que la tecnología esté siempre al servicio de las personas.

«Dejar a alguien al margen de la digitalización es como dejarlo al margen del mundo», ha remarcado al tiempo que defendía una digitalización que llegue a «todos y todas».

Morant ha enfatizado que, con este documento, el Gobierno «toma los mandos» para eliminar «incertidumbres sobre lo que se puede o no se puede hacer» en el entorno digital.

LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES

La carta cuenta con seis categorías, cada uno dedicados a un tipo de derecho como la identidad, la libertad, derechos digitales en el entorno laboral, derechos de participación y en entornos específicos y derechos de garantías y eficacias.

En el acto han participado expertos que han colaborado en su confección como el abogado Borja Adsuara, que ha recordado como pasó la Semana Santa revisando 200 aportaciones de asociaciones y ciudadanos a la carta.

Este ha remarcado la importancia de pensar en el texto como una «foto dinámica» que, en el futuro, debe ir cambiando.

Además, ha pedido al Gobierno que defienda la libertad de expresión en Internet ante las redes sociales y sus políticas de borrados de contenidos.

Por su parte, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid, Celia Fernández, otra de las contribuyentes, ha alertado sobre el poder de los gigantes de Internet que cuentan con capacidades que «exceden a los estados».

Asimismo, ha llamado a regular las cajas de recompensa de los videojuegos y vigilar que este sector cumple la ley, especialmente en lo relacionado con los menores.

También ha intervenido, Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, que ha remarcado la apuesta por los derechos de la carta y la necesidad de una «lectura en positivo» de la transformación digital.

Martínez ha mostrado su «convencimiento» de que los derechos son aplicables al mundo digital y ha subrayado la importancia de resolver el reto global que supone la educación digital.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido 46 advertencias sobre entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en países como Reino Unido, Austria, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Francia y Grecia.

La FCA de Reino Unido ha avisado sobre ‘chiringuitos financieros’ como Fixedratereturninvestment (fixedrate-return-bond.net) y Fixed Rate Isa Compare (fixedrateisacompare.com).

Además, ha advertido sobre las páginas web ethicalsavingsoptions.com; fixed-uk-bonds.com; bestbonds-uk.net; fixedrate-isa-comparison.net; investments-comparison.net/; isa-comparison.net; search-fixedrate-bond.net/; best-investment-finder.com; fixed-income-investor.com; search-fixedrate-investment.com.

De su lado, la FMA de Austria ha informado de que no están autorizadas a prestar servicios de inversión las empresas Hardson Becker Global (hardson.com); Richmondsuper (richmondsuper.com); WS Consulting LLC (ws-consulting.com); Edufintech (client.fx-trade.tech/register); Ulac Global Finanzen (ulacglobalfinanzen.com); Mountain Wolf (mountainwolf.com); Seabreeze Partners LTD (profitassist.io); Swissfuturefx (swissfuture-fx.com); y KG Finances (kg-finances.com).

La Consob italiania ha advertido sobre seis entidades: Vibeinv Invest Limited (vibeinv.com); Fxgbp Markets (fxgbpmarkets.com); Maxinvesto (maxinvesto.com); Lexis Solution LTD/Ventera Group (venteragroup.com); optimarket.cc; y Scintilla Enterprise LTD (solidstocks.co).

La FSMA de Bélgica también ha avisado sobre 14 entidades no autorizadas: Bitengecko (bitengecko.com); Cryptomatex (cryptomatex.com); Deltamarket (deltamarket.net); Eiro-group (eiro-group.com); Eurostandarte (eurostandarte.com); Finetero (finetero.com); Fxct Investments (fxctinvestments.com); Goldenrodfx (goldenrodfx.com); Kapitalfx (kapitalfx.de); Riva Financial Systems (rivafinancialsystems.com); Tradergy (tradergy.io); y del clon Profxmarket (profxmarket.eu).

La CSSF de Luxemburgo ha advertido sobre la entidad Grandefex (grandefex.com); y sobre Primecryptocapital (primecryptocapital.com), firma que «ofrece servicios de inversión y que indica que tiene relación con una entidad denominada ‘Banc de Luxembourg'».

La CBI de Irlanda ha emitido advertencias contra dos ‘chiringuitos’: Okuras Global Capital (okuras-global.capital); Mandarin Pacific Transfer Agent (mptagent.com/en).

La CYSEC de Chipre ha habilitado un enlace a su web que lleva a un documento PDF descargable para consultar los dominios que no cuentan con autorización para ofrecer servicios financieros.

Por su parte, la AMF de Francia ha adveritido sobre ofertas de inversión en residencias de ancianos.

Finalmente, la HCMC de Grecia ha emitido una advertencia sobre Timarkets Beradora LTD (timarkets.com).

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la página web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias, según recuerda el supervisor de los mercados españoles.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.

El Corte Inglés ha firmado un acuerdo marco con CCOO Industria yUGT FICA para facilitar la participación sindical en la aplicación de las normas internacionales del trabajo y el seguimiento en su cadena global de suministros, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, se trata del primer acuerdo multisectorial firmado por una empresa española, y cuyo principal objetivo es la colaboración para el respeto y la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, laborales, sociales y medioambientales en la cadena de suministro, así como la participación conjunta en la resolución mediante el diálogo de cualquier incidencia o situación de incumplimiento que en ellas pudiera darse.

El convenio ha sido rubricado por el director de compras de El Corte Inglés, Eduardo Sotillos, y por los secretarios generales de UGT FICA, Pedro Hojas, y de CCOO Industria, Garbiñe Espejo.

El Corte Inglés ha precisado que este acuerdo nace para avanzar hacia una industria más sostenible y cuenta con la peculiaridad de incluir varios sectores industriales.

El documento firmado es el resultado del trabajo que las partesvienen realizando desde 2012, ya que ambos sindicatos son miembros del grupo de trabajo de partes interesadas de El Corte Inglés.

El texto tiene como objetivo colaborar para garantizar unas condiciones de trabajo dignas y acordes con la legislación vigente en las distintas fábricas y países dónde se fabrican sus productos.

De esta forma, CCOO y UGT podrán realizar un seguimiento y control de la cadena de suministro conjuntamente con la empresa, que les proporcionará los mecanismos para garantizar que se cumplen las normas internacionales. Por su parte, los sindicatos asumen una parte de corresponsabilidad en el seguimiento de la cadena de suministro.

La firma presidida por Marta Álvarez ha indicado que esta acción se enmarca en el compromiso de la compañía de vinculación con lasociedad, así como en el espíritu de cercanía que mantiene con las inquietudes de los ciudadanos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario confederal de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, han emplazado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que ponga fin a las «discrepancias internas» en el seno del Ejecutivo y abra un proceso de negociación con los sindicatos para consensuar cuánto tiene que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) tanto este año como los dos siguientes.

De lo contrario, ha advertido Álvarez, las organizaciones sindicales «se replantearán endurecer el diálogo social». «El Gobierno no puede pretender que nos sentemos a negociar sólo cuando él quiere. Se tiene que sentar para ver qué pesamos en relación con el SMI. Tenemos que llegar a una acuerdo para llegar a esa senda del 60% del salario medio, que serían unos 1.100 euros, y solo si se da esa situación será posible dar normalidad a la concertación social», ha subrayado.

Durante una concentración convocada por ambas centrales sindicales ante el Banco de España en el marco de su campaña para la subida del SMI y la derogación de las reformas laborales, el líder de UGT ha asegurado que los sindicatos «tienen autoridad para exigir al Gobierno» que abra ese proceso de negociación sobre el SMI porque se trata de una medida que afecta a los sectores más débiles de la sociedad, entre ellos jóvenes y mujeres.

Álvarez ha afirmado además que, «por mucho que se empeñen en intentar trasladar» que la subida del SMI destruye empleo, lo cierto es que lo crea y que ese dinero va directamente al consumo.

«Los trabajadores no se lo van a llevar a grandes cuentas ni a paraísos fiscales. Lo que hace es poner en marcha la rueda del consumo», ha subrayado Álvarez, que ha indicado que el hecho de hacer la concentración ante el Banco de España no es casual, pues se trata de que esta institución entienda también que debe ser «más prudente» y no publicar «estudios de parte» cuando «más conviene» a los argumentos de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El dirigente de UGT ha señalado que parece existir un monólogo sobre el SMI en la propia Calviño, «que habla y se contesta a sí misma». «Hace unos meses dijo que en junio se vería lo del SMI en función de la situación económica. Ahora la economía va como un tiro. En el segundo trimestre con toda seguridad creceremos por encima del 15%. Y ahora dice que en julio», ha lamentado.

CCOO: EL SMI DEBE CRECER DE MANERA SIGNIFICATIVA ESTE AÑO

Por su parte, Carlos Bravo, de CCOO, ha insistido en que la recuperación económica que ya está viviendo España debe ir acompañada de una subida del SMI, en un recorrido que debe empezar ya este mismo año para alcanzar el 60% del salario medio.

«Queremos un crecimiento significativo del SMI en 2021», ha subrayado Bravo, que ha añadido que esa mejora salarial contribuirá además a impulsar la economía española y la demanda interna.

Asimismo, Bravo ha reclamado al Gobierno la reversión de la reforma laboral de 2012 para reequilibrar la negociación colectiva, «seriamente dañada» con dicha reforma, y le ha advertido que «no es momento de regatear las condiciones de trabajo y salariales» de los trabajadores.

«Todo esto debe ser abordado en el marco del diálogo social. Hemos demostrado nuestra capacidad de negociación y pedimos lealtad y responsabilidad al resto de integrantes de la mesa. Nadie tiene capacidad de veto», ha defendido.

CCOO y UGT han defendido el valor de la fábrica de Volkswagen Navarra para asumir la fabricación de alguno de los modelos de coche eléctrico.

En declaraciones a los periodistas, el secretario general de CCOO Navarra, Chechu Rodríguez, ha considerado «imprescindible que Volkswagen decida que uno de los coches que se vayan a hacer en España se haga en Pamplona».

Asimismo, ha afirmado que la de Landaben es «una de las plantas estratégicas del Grupo Volkwsagen» y ha destacado que es «pequeñita pero muy productiva, donde se fabrican unos coches de alta calidad, donde la profesionalidad de la plantilla está más que demostrada en estos 40 años». Ha resaltado, también, la «posición geoestratégica de Navarra» así como las «condiciones económicas que se dan en Navarra y la calidad del empleo, aunque con sus deficiencias».

Elementos, ha subrayado, que «tienen que situar a la planta de Pamplona como un lugar preferente para que el coche eléctrico llegue». «No pongo en duda el empleo de los 4.000 trabajadores de la planta más los casi 7.000-8.000 de los proveedores, pero evidentemente el futuro está en la electrificación de la movilidad y, por tanto, es imprescindible que Volkswagen decida que uno de los coches que se vayan a hacer en España se haga en Pamplona», ha insistido.

Por su parte, Jesús Santos, secretario general de UGT en Navarra, ha llamado a «ir de la mano» sindicatos, Gobierno de Navarra, Estado y Grupo Volkswagen, y ha pedido una mesa de trabajo para «poder ir avanzando en todas estas cuestiones».

Santos ha indicado que el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del vehículo eléctrico «viene a decir en grandes números lo que está a disposición de los fondos europeos y la parte que corresponde a las entidades privadas rondaba los 25.000 millones, pero a partir de ahí es donde viene las convocatorias públicas en concurrencia competitiva, que tendrá que haber consorcios y unirse empresas para poder avanzar en esta línea».

Sobre las intenciones del Grupo Volkswagen respecto a dónde se realizará el coche eléctrico, ha señalado que «ponía como énfasis mayoritario allá donde tenga más incentivos, con lo cual nos deja un poco a las manos del albur de las decisiones políticas dónde se va a poner más cuantía económica». «Nosotros siempre habíamos sido fuertes en Navarra en competitividad, dar un ejemplo de relaciones laborales, pero si se lleva solamente a esa parte debemos todos hacer fuerza para andar», ha manifestado.

Por ello, ha llamado a «ir de la mano» los sindicatos que «hemos llegado a la confianza del grupo alemán», junto con los gobiernos central y foral y el Grupo VW. «Empieza ahora un camino donde va a haber que presentar todas aquellas memorias y trabajos, y las empresas tienen que entrar en concordancia y concurrencia para poder llevarnos la mejor tajada posible», ha concluido.