El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que «ahora mismo entregaba los seis votos del PNV al Gobierno de turno para siempre, me da igual, no jugaría con ellos, si eso garantizara que hay un cumplimiento cabal y leal del autogobierno vasco».

«Lo otro nos lleva a un mercantilismo y un mercadeo, –pasamos por ser los reyes de la negociación–, ¡maldita negociación! a mí no me gusta estar entrando por la puerta de atrás a la Moncloa o en un pasillo del Congreso de los Diputados a cambio de este voto te doy no sé qué», ha indicado.

En su opinión, eso no «no debiera ser así. Es, pero no debiera ser así», por lo que ha dicho que «aquí lo que hay que hacer es cambiar un poco el chip de la voluntad política».

Ortuzar ha hecho estas afirmaciones esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha debatido sobre ‘El impacto de la globalización acelerada en las identidades nacionales’, dentro de una jornada dedicada a ‘Los nacionalismos en Europa’, organizada en el Campus de Verano de la Fundación Canarias Siglo XXI.

En la mesa redonda han participado, además de Ortuzar, el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez; el profesor de Derecho Constitucional y ex portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Parlamento de Canarias, José Miguel Ruano; y la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Rosa Dávila.

En su intervención, el líder jeltzale ha apuntado que «con voluntad política, los instrumentos legales que tenemos en nuestra mano, en el caso vasco la Disposición final del Estatuto de Autonomía, ampararían cualquier cambio, pero necesitamos que en el otro lado haya voluntad política».

En este sentido, ha manifestado que hay compromiso por parte del PNV de «a mitad de camino, no alterar el rumbo». «Tenemos que hacer pactos que den estabilidad y que den fiabilidad para una generación, para lo que sea», ha indicado.

Dicho esto, ha advertido de que no se puede pensar que las leyes son inmutables y que la sociedad no va a cambiar. «La sociedad vasca de hoy no tiene nada que ver con la de 78. El punto crítico es la voluntad política y el reconocimiento de la otra parte», ha insistido.

«Nosotros somos defensores del pacto, primero un pacto entre vascos y vascas, porque la sociedad vasca es compleja. Es verdad que hay una sociedad mayoritariamente abertzale, que entiende que Euskadi es una nación, pero tenemos una parte nada desdeñable de la población que se siente tan vasca como española y que quiere seguir manteniendo unos vínculos», ha relatado.

En este punto, ha destacado que este sector de la población es «muy favorable al autogobierno». «Si tú les preguntas si quiere la independencia, esa gente te dice que no, pero si preguntas si quiere más autogobierno, el noventa y tantos por ciento de la gente te dice que sí, incluso votantes de los partidos constitucionalistas o estatalistas», ha explicado.

Por tanto, ha manifestado que debe haber un consenso entre vascos, pero sobre la base de más autogobierno, «porque eso está así ya, y luego, una vez conseguido ese consenso entre vascos, que sea muy plural, lo más plural posible», ya que «no solo puede ser abertzale».

«No sería bueno para el futuro del país que el nuevo estatus que propusiéramos a Madrid solo lo respaldáramos las fuerzas nacionalistas. Creo que tiene que tener incorporada también a las otras identidades plurales del país, y luego tenemos que ser capaces de pactar esto con Madrid, y ahí es donde ¿nos espera alguien al otro lado del teléfono? ¿con qué voluntad nos espera? esa es la clave: la voluntad política de cambiar la mentalidad para construir un paraguas que dé cobijo a una relación plural de cada parte con el todo», ha dicho.

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones como el estival, ha rechazado este miércoles citar al presidente Pedro Sánchez para que explique la remodelación de su Gabinete, así como a los 13 ministros que el PP solicitaba por distintos asuntos, entre ellos los siete nuevos, que tienen previsto comparecer a partir de septiembre para dar cuentas de sus planes.

En concreto, el PP pedía la comparecencia de Sánchez para que diese cuenta de la incorporación de siete nuevas caras en su Gabinete: Félix Bolaños (Presidencia), Raquel Sánchez (Transportes), Isabel Rodríguez (Portavoz y Política Territorial), José Manuel Albares (Exteriores), Pilar Llop (Justicia), Diana Morant (Ciencia) y Pilar Alegría (Educación).

Asimismo, solicitaba que éstos y los ministros que han cambiado de cartera –Miquel Iceta (antes Política Territorial y Función Pública y ahora Cultura y Deportes) y María Jesús Montero (ahora Hacienda y Función Pública)– hicieran los propio en sus correspondientes comisiones del Congreso para explicar la ‘hoja de ruta’ a seguir en sus respectivos departamentos.

La idea de los ‘populares’ era que los ministros acudieran a la Cámara antes de septiembre para explicar qué va a ocurrir por ejemplo con el desarrollo de la ‘Ley Celáa’, la Ley de vivienda, la reforma de los peajes comprometidos con Bruselas, la deuda de España con los ayuntamientos, la reforma de la financiación local y autonómica o el futuro de los fondos europeos, entre otras.

Sin embargo, todas estas peticiones del PP han recibido el respaldo de Vox y Ciudadanos como el grueso de todas las que se han votado. En cualquier caso, ninguna ha salido adelante porque PSOE y Unidas Podemos han recibido ayuda de sus aliados parlamentarios de ERC, PNV y Bildu, ya sea explícitamente mediante ‘síes’ o con abstenciones.

«SE VAN DE VACACIONES NADA MÁS LLEGAR», DENUNCIA EL PP

En nombre de los ‘populares’, la diputada Isabel Borrego ha subrayado que «no es razonable» que los nuevos responsables ministeriales «se vayan de vacaciones nada más llegar» o que «vayan a las televisiones», pero no al Congreso.

Por contra, el PSOE y Unidas Podemos han insistido en que no hay urgencia y en que los ministros comparecerán en los primeros días de septiembre, cuando arranque el periodo ordinario, como así lo han comunicado ya a la Cámara. El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha recriminado al PP que no les dé los tradicionales «cien días de gracia».

De su lado, la socialista Belén Fernández ha defendido que no es necesario organizar 13 comparecencias extraordinarias pleno agosto para hablar de «las líneas» generales de sus departamentos. También ha recordado que los consejeros de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fueron nombrados a mediados de junio y no comparecerán en la Asamblea regional hasta septiembre.

Para el diputado del PNV Mikel Legarda sería «prematuro» hacer comparecer a los nuevos ministros en agosto y es mejor darles tiempo «para tomar el pulso de sus departamentos» y que acudan en septiembre.

La Diputación Permanente también ha tumbado otras solicitudes del PP para que Montero informe, entre otras cuestiones, de la liquidación negativa de las entregas a cuenta a los ayuntamientos y comunidades autónomas que su Ministerio llevó a cabo en el ejercicio 2020 o de su «negativa» a cumplir las «justas» peticiones efectuadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La misma suerte han corrido las demandas de explicaciones a los titulares de Defensa, Margarita Robles, y de Exteriores, José Manuel Albares, por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. El PP pidió, sin éxito, que Albares explicara la posición de España respecto a las protestas que vienen sucediéndose en Cuba.

OTROS NOES

Un ‘no’ también han cosechado las peticiones del PP para que la vicepresidenta Nadia Calviño hablara sobre el calendario para la recepción de los fondos europeos y la reunión mantenida entre el ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo y un grupo de empresarios catalanes en relación al reparto de los mismos, así como la de la titular de Sanidad, Carolina Darias, por el incremento de los contagios por Covid; y la del titular de Agricultura, Luis Planas, por el futuro Plan Estratégico Nacional de España para la PAC post 2020.

También han sido rechazadas las explicaciones al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por la sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad el nombramiento como Administradora provisional única de la Corporación RTVE a Rosa María Mateo, al exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo, por la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, y a su sucesor en el cargo, Óscar López, para que detallara las líneas generales de funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

Por último, el PP ha perdido asimismo la petición de comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, por la subida de la tarifa eléctrica como consecuencia de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno, y por el posible conflicto de intereses en el organismo que preside respecto a las personas que tienen que valorar esas decisiones.

El juez de Instrucción número 46 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven de 19 años detenido por agredir a un sanitario en el Metro de Madrid.

El detenido ha pasado esta mañana a disposición del juez de Instrucción número 46 de Madrid. Tras prestar declaración, el fiscal ha solicitado que ingrese en prisión por un delito de lesiones graves pero la calificación final quedará a expensas de que la víctima pierda la visión de un ojo.

Será investigado por la supuesta comisión de un delito de lesiones agravadas y, además, el Juzgado tomará declaración al implicado y a cinco testigos de los hechos el próximo 8 de septiembre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El joven de 19 años fue detenido el pasado lunes como supuesto agresor del enfermero que el pasado jueves fue agredido en un vagón de Metro de Madrid tras pedirle que se pusiera la mascarilla.

La detención tuvo en un domicilio del madrileño barrio de Villaverde cuando el joven se dirigía a su domicilio a recoger enseres personales con el objetivo probable, según la Policía Nacional, de ocultarse en otro lugar.

Para intentar eludir su arresto, el presunto agresor se había cambiado el color de pelo e incluso ocultaba los aros de las orejas para evitar ser reconocido, ha indicado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado jueves en la estación de Alto del Arenal de la Línea 1 de Metro de Madrid cuando el enfermero del Hospital 12 de Octubre recriminó a un pasajero por no llevar mascarilla, obligatoria en el transporte público.

En un momento determinado, el joven atacó al sanitario con un objeto punzante y le propinó un fuerte golpe en la cara. La víctima fue atendida en el Hospital 12 de Octubre y, como consecuencia del impacto en el ojo, la víctima ha perdido parte de la visión de un ojo.

Tras ello, el presunto autor del golpe abandonó el vagón tras espetar al enfermero: ‘Ojalá te mueras, gilipollas’, según el vídeo de los hechos que ha sido difundidos en redes sociales.

Estos hechos constan en el auto, donde se indica que el agredido le dijo al investigado que se pusiera correctamente la mascarilla, lo que motivó una discusión entre ambos, y el agresor le propinó un puñetazo en el ojo a la víctima, con un objeto punzante.

Además, consideran que concurren los requisitos necesarios para acordar esta medida porque los hechos revisten «suficiente gravedad» y producen una «evidente» alarma.

Los agentes de la Brigada Móvil de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que se hicieron cargo de la investigación lograron identificar al agresor a los pocos días de los hechos, que fueron grabados en vídeo por los testigos y difundidos ampliamente a través de redes sociales.

Así, tras diversos dispositivos policiales para su localización, los agentes de la Policía Nacional han logrado arrestar al joven este mismo lunes.

El Pleno de Cibeles ha aprobado este miércoles en una moción de urgencia, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, suspender los expedientes sancionadores en trámite por incumplimientos durante el primer estado de alarma, pero no iniciar de oficio la devolución de los ingresos concluidos por estas sanciones cobradas por el Ayuntamiento de Madrid.

La moción ha sido presentada por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, después de que el Tribunal Constitucional estimara parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma.

En su intervención, Ortega Smith ha defendido que la diferencia entre un Estado de Derecho y «el Gobierno cubano» es que en el primero hay «que ajustarse al derecho». «No da la mismo un estado de alarma que de excepción», ha subrayado, además de insistir en que se realizó una vulneración de derechos fundamentales y que entienden que debería paralizarse cualquier tramitación de expedientes sancionadores.

En esta línea, la delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha destacado que es «gravísimo» para la democracia el «varapalo judicial galáctico» que ha recibido el Gobierno central por haber realizado un «uso abusivo de su poder suspendiendo derechos fundamentales con un instrumento jurídico no adecuado y todo por no someterse al veredicto del Parlamento».

De la misma forma, ha censurado el «ataque furibundo» al Tribunal Constitucional porque al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no le ha gustado la sentencia». Sanz también ha reprochado que desde el Ayuntamiento han realizado un esfuerzo para cumplir esta normativa con 16 millones de euros en horas extraordinarias a policías municipales y para que luego «no valga para nada».

Así, ha precisado que van a estudiar con calma la sentencia y se dedicarán a «deshacer el entuerto» en el que les ha metido el Gobierno de España.

Por su parte, la concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra ha incidido en que el PSOE ha realizado un «ataque» al poder judicial y que el Ayuntamiento «tiene que cumplir la ley».

En el lado opuesto, la concejala socialista Mar Espinar ha criticado que se contemple la idea de poner a los letrados municipales a trabajar de oficio a favor de los madrileños que han circulado indebidamente durante el estado de alarma y ha subrayado que el estado de alarma «salvó miles de vidas».

En esta línea, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado que personas se hayan dedicado a «sacar tajada política» de la pandemia y ha afirmado que la derecha «va a utilizar todas las armas, la especulación, los insultos y el ataque constante contra el Gobierno de España».

«No es una proposición preocupada por la sanciones», ha defendido Maestre, quien ha subrayado que su única intención es hacer de nuevo «oposición» al Gobierno central, algo que asegura que es «lo contrario» que hizo la oposición en el Ayuntamiento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que «más que ganar, hay que reformar y solucionar los problemas de España» porque, según ha dicho, el «mal no descansa» como demuestran las normas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, entre las que ha citado la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma educativa, conocida como ‘Ley Celáa’

Así se ha pronunciado tras escuchar en la Junta Directiva del PP el discurso del líder del PP, Pablo Casado, quién ha afirmado que el partido está «preparado para ganar» con una agenda reformista para España. Además, se ha erigido en «única alternativa» a Sánchez, que «es ya pasado aunque él no lo sepa».

Ayuso ha tomado la palabra –junto a otros presidentes autonómicos tras la intervención de Casado– para darle la enhorabuena por «estos tres años de ilusión». Además, ha destacado que el PP está en una situación de «privilegio» para recuperar el país. «El centroderecha está de moda», ha asegurado a puerta cerrada, para apostar por dar todas las batallas y llevar a cabo las reformas que sean necesarias, según han señalado fuentes del partido.

AYUSO: «EL MAL NO DESCANSA»

Después, la presidenta madrileña ha hecho hincapié en las reformas a través de su cuenta oficial de Twitter: «Más que ganar, hay que reformar y solucionar los problemas de España. El mal no descansa: Ley de ‘seguridad’ ciudadana, Ley Celaá, Ley de ‘Memoria’ Histórica. Todo contra la libertad, la calidad educativa y la unidad de los españoles», ha enfatizado.

Fuentes de la cúpula del PP consultadas han rechazado que con ese mensaje esté lanzando algún mensaje a Casado, dado que, según han subrayado, el propio Casado ha hecho hincapié en esa agenda reformista que tendrán que llevar a cabo en cuanto lleguen a Moncloa y la propia Ayuso así lo ha reconocido en su intervención ante la Junta Directiva.

Y como prueba de su sintonía, el propio Casado ha ‘retuiteado’ esta tarde ese mensaje de la presidenta madrileña en redes sociales, igual que el de otros presidentes autonómicos que le han felicitado por su labor estos tres años con el hashtag ‘#3añosConstruyendo’.

CASADO ALMUERZA CON SU EQUIPO EN ÁVILA

Dentro de la reunión de la Junta Directiva del PP también han tomado la palabra –por vía telemática– el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que han dado también la enhorabuena a Casado.

Además, estos tres presidentes autonómicos han expuesto la situación sanitaria en sus respectivas autonomías ante el aumento de casos de Covid en la quinta ola y han denunciado el «abandono» de Sánchez, según han informado fuentes de la formación.

Casado ha elegido este lugar simbólico en la sierra de Gredos, donde se redactó la primera ponencia de la Constitución a primeros de 1978, para hacer balance de sus tres años al frente del PP. Al término de la Junta Directiva, ha almorzado allí con su comité de dirección, según han indicado fuentes del partido.

APOYO DE TODOS LOS ‘BARONES’ DEL PP EN REDES TRAS LA REUNIÓN

Poco después de finalizar la Junta Directiva, todos los ‘barones’ territoriales del PP han utilizado las redes sociales para felicitar a Casado por su labor estos tres años como presidente del partido. Este 21 de julio de 2018 se impuso a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el proceso interno de primarias que elegió al sucesor de Mariano Rajoy.

López Miras ha afirmado que han sido tres años construyendo «más y mejor España frente a un Gobierno sectario que se olvidó de los españoles hace ya demasiado tiempo». Por eso, ha dicho que Casado es el presidente que necesitan en defensa de la libertad.

De la misma manera, Mañueco ha asegurado en su cuenta oficial de Twitter que han sido tres años «creciendo y consolidando un proyecto centrado en las personas», defendiendo «la mejor España y para todos los españoles».

FEIJÓO: «NO LO TUVO FÁCIL EN GÉNOVA NI LO TENDRÁ FÁCIL EN MONCLOA»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que Casado «ni lo tuvo fácil en Génova ni lo tendrá fácil en Moncloa». Sin embargo, ha dicho que «ha demostrado que se puede ser útil» a España «trabajando desde la oposición» y «por eso está cada vez más cerca de poder hacerlo desde el Gobierno».

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado que ha subrayado que están «cada día más cerca del cambio de Gobierno y del nuevo rumbo que necesita España, con Casado y el PP. «¡Todos empujamos para conseguirlo!», ha exclamado en la misma red social.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso Joan Mena ha reconocido que la negociación con el PSOE para la convalidación del decreto de interinos ha sido «muy dura», pero ha servido para poder introducir cambios que benefician tanto al colectivo como a los servicios públicos.

Además, la decisión de tramitarlo como proyecto de ley da la opción a los grupos parlamentarios de introducir enmiendas a esta iniciativa, en la que hay «margen de mejora».

Este miércoles el Gobierno ha salvado en el Congreso la convalidación del decreto ley para estabilizar empleo en la Administración Pública en una votación ajustada, gracias al apoyo acordado con ERC, Compromís y Teruel Existe, y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes.

El acuerdo, negociado con el Ministerio de Hacienda y el PSOE, ha permitido también el apoyo de Unidas Podemos, que hasta este miércoles no confirmó su voto a favor por sus reticencias al decreto que impulsó el ahora ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, durante su etapa en Política Territorial y Función Pública.

CAMBIOS DEMANDADOS POR PODEMOS

En un vídeo en Twitter, Mena ha destacado modificaciones introducidas, como conseguir que las pruebas de los procesos de oposición no sean eliminatorias para los interinos y que la nota se produzca al final del proceso, algo que había demandado su grupo directamente a la ministra de Función Pública, María Jesús Montero.

Además, ha celebrado que se permita conservar la nota de oposición hasta 10 años para los empleados interinos de cara a los procesos selectivos, lo que aporta «ciertas ventajas» a las personas con más experiencia.

Por último, ha valorado el acuerdo para que los interinos asignados a una misma plaza durante más de 10 años puedan pasar a ser personal fijo sin oposición.

Mena ha destacado que el ministro Iceta, cuando ostentaba la cartera de Función Pública, aprobó un decreto que perseguía corregir el «abuso de temporalidad» que se estaba dando en España desde hace tiempo, algo de lo que responsabiliza a los gobiernos del PP que aprobaron la tasa de reposición cero, lo que dificultaba las convocatorias de concursos oposición para reponer vacantes.

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS INTERINOS

Tras recordar que hay sentencias europeas que señalaban ese «abuso» de interinidad, Iceta lanzó el decreto sobre el que Unidas Podemos valoró algunos aspectos como «muy positivos», dado que por primera vez se introducía el derecho de indemnización para el personal interino, que hasta ahora padecía una «anomalía» en cuanto derechos laborales.

No obstante, el también dirigente de En Comú Podem ha especificado que el texto que impulsó Iceta, si se «aplicaba mal» podía «incentivar el despido masivo» de este tipo de personal, lo que vulneraría sus derechos fundamentales y debilitaría los servicios públicos.

Por tanto, con las modificaciones efectuadas y el posterior trámite parlamentario, Mena ha destacado que se «tiene que acabar con el abuso de temporalidad» pero se precisa continuar «trabajando» para «garantizar» los derechos laborales de los interinos y no debilitar los servicios públicos.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recalcado este miércoles que el Partido Popular lidera el centro-derecha y es «primero» en los sondeos con un liderazgo «indiscutible» mientras que el PSOE tiene cuenta con «un líder cuestionado y un partido deshecho». Dicho esto, ha recalcado que solo Pablo Casado «puede frenar» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado García Egea en su intervención –a puerta cerrada– ante Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, dónde ha expuesto su análisis de gestión coincidiendo con el tercer aniversario de Pablo Casado al frente del PP. El 21 de julio de 2018 se impuso a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras un proceso interno de primarias.

Durante la reunión, Casado ha afirmado que el PP ha puesto fin a la «travesía del desierto» y está «preparado para ganar», siendo la «única alternativa» a Sánchez. A partir de este viernes, los diputados y senadores del PP harán hincapié en ese mensaje en sus circunscripciones, subrayando que se ha abierto «un cambio de ciclo», según han confirmado fuentes de la dirección del partido.

UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA «INEQUÍVOCA»

García Egea ha sacado pecho del trabajo realizado estos tres años y ha resaltado que no existen las casualidades sino que la solidez del proyecto que señalan las encuestas se basa en una «visión política clara y una planificación estratégica inequívoca», según fuentes de la formación.

Pese a que el barómetro del CIS publicado este martes sitúa al PSOE en cabeza, García Egea ha recalcado que hoy el PP es «líder del centro-derecha y el primero según todas las encuestas». Además, ha recordado que Casado ya dijo que la reunificación del centro-derecha debía hacerse «ensanchando el espacio del PP desde la centralidad y la moderación».

Tras asegurar que el PP ha vivido momentos «complejos», ha recalcado que su labor en estos tres años ha permitido que hoy tenga proyecto y tenga partido mientras que el PSOE tiene un líder cuestionado, un partido deshecho y ausencia de proyecto alguno».

EL PP, «UN PARTIDO FUERTE, RENOVADO Y UNIDO»

García Egea ha asegurado que el PP tiene «un líder indiscutible; un partido fuerte, renovado y unido; y un proyecto de futuro para España» que expondrán en la Convención Nacional del PP de octubre que se celebrará en Valencia, han añadido las mismas fuentes.

García Egea ha señalado que solo el PP puede ofrecer a los españoles una «alternativa moderada, centrada, reformista y de libertad que tanto necesita el país». «Hoy solo Pablo Casado puede frenar a Sánchez», ha proclamado.

Una vez más, el ‘número dos’ del PP ha insistido en la idea de que «sin partido no hay gobierno» y ha indicado que frente a los discursos basados en la «mentira» de Sánchez la solución pasa por «la revolución de las promesas cumplidas» que plantea el Partido Popular.

Tras asegurar que quedan dos años de «intenso trabajo» por delante antes de las generales y «no va a ser fácil», ha pedido a los suyos hacer que el proyecto del partido llegue a todos los españoles, según fuentes ‘populares’.

VARIOS PRESIDENTES TOMAN LA PALABRA TRAS EL DISCURSO DE CASADO

Durante la reunión de al Junta Directiva Nacional del PP, varios presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Fernando López Miras (Murcia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) han tomado la palabra –también a puerta cerrada– para felicitar a Casado por sus tres años de mandato al frente del PP y la labor que ha realizado.

Ayuso ha señalado que el centro-derecha «está de moda» y ha hecho hincapié en que hay que el PP tendrá que hacer reformas cuando llegue a Moncloa, mientras que López Miras ha puesto el acento en que Casado ha rearmado el partido en un tiempo récord, según fuentes de la formación.

Por su parte, Mañueco ha asegurado que Casado es «el presidente que necesita España» y que están «unidos» en torno a su Presidencia. También ha tomado la palabra la presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, que ha agradecido al líder del PP que esté pendiente de los intereses de las islas.

A instancias de Casado, estos presidentes autonómicos han explicado ante la Junta Directiva cómo está la situación sanitaria en su comunidad ante el aumento de los contagios. Todos ellos han denunciado el «abandono de Sánchez», según el PP.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía y Galicia, así como Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana (esta última del PSPV), han criticado los criterios para el reparto de fondos, y han pedido al Ministerio de Educación y FP flexibilización a la hora de implementar los mismos para que se puedan destinar a las necesidades de cada territorio.

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, se ha reunido este miércoles con los consejeros de las 17 comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, donde se ha aprobado la distribución y los criterios de reparto de créditos de Cooperación Territorial por valor de más de 1.486 millones de euros. De estos fondos, validados en Consejo de Ministros en junio y la semana pasada, 1.398 millones proceden de los componentes 19, 20 y 21 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A la cita han acudido todos los consejeros autonómicos de manera presencial, a excepción del de Canarias, que ha estado presente de manera online. Han asistido todos los consejeros del ramo, menos los de Andalucía, Murcia y Madrid, comunidades que han mandado a otros representantes.

Desde Andalucía, se ha insistido en la necesidad de «flexibilizar» la implementación de los fondos europeos para que se puedan destinar a las necesidades de cada territorio, y se ha solicitado fondos específicos para el curso 2021-2022 para cubrir las medidas de carácter extraordinario por la pandemia, según ha explicado la viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo.

«No estamos contentos porque pensamos que son fondos de la UE y, por tanto, cada comunidad podría haber aportado los proyectos que consideraba más eficientes para su comunidad educativa», se ha quejado la viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en declaraciones a los medios. Además, Albert ha criticado la cantidad que percibirá la Comunidad, un 10,8% cuando, según ha dicho, le correspondería un 15% por población estudiantil o un 19% por PIB. «Recibimos menos de lo que recibe la Comunidad Valenciana, teniendo dos millones más de habitantes», ha expuesto.

Tampoco País Vasco está contento con el reparto: «Hemos trasladado nuestra actitud crítica porque no ha habido mayor posibilidad para negociar de una manera amplia y respetando esa actitud que trasladaba la ministra de colaboración, hemos trasladado nuestra abstención con respecto a la gestión de los fondos europeos», ha señalado el consejero de Educación del País Vasco, Jokin Bildarratz.

Desde la Comunidad Valenciana, su conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha valorado «positivamente» la cantidad que se destinará a la educación de fondos UE, pero ha destacado que «algunos consejeros», como los de País Vasco, Cataluña o Galicia, según ha dicho, han planteado «flexibilización. «Hemos pedido que pudieran ser flexibilizados los criterios de reparto y ejecución», añade el conseller, con el objeto así de «poder adaptarlos a la realidad de cada territorio».

OTRAS CCAA, DE ACUERDO

Por el contrario, comunidades como la de Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura, se han mostrado de acuerdo con los criterios de distribución de los fondos así como con las cantidades percibidas.

«Nosotros nos hemos mostrado conformes, algunas comunidades han mostrado que no estaban tan conformes con esa distribución, nosotros creemos que sí, hay que entender que son fondos europeos y van destinados a dos cuestiones que son plenamente reconocibles: el desarrollo y modernización de los centros a través de la digitalización y para aquellos que son más vulnerables», ha afirmado la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Rosana Rodríguez.

Desde el Gobierno de Aragón, el consejero de Educación, Felipe Faci, ha afirmado que la valoración sobre el tema de los fondos ha sido «positiva», destacando también el «amplio consenso por parte de todas las comunidades autónomas». «No podemos estar al margen», ha advertido.

También valora positivamente la distribución y criterio de reparto de los fondos la consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ya que considera que estos fondos extraordinarios de la UE son «muy necesarios para la transformación» del sistema educativo de la región. «Estamos muy satisfechos», ha celebrado.

ANTEPROYECTO DE LEY DE LA FP

Además de los fondos, la ministra ha abordado también con los consejeros el Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, un proyecto que, en general, suscita algo más de consenso entre los territorios.

Este Anteproyecto de Ley fue presentado en primera lectura en Consejo de Ministros el pasado 15 de junio y ha seguido recabando aportaciones desde entonces. La semana pasada, la ministra presentó el proyecto en el Pleno del Consejo General de la Formación Profesional y en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, y este martes lo hizo en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.

Desde la Comunidad de Madrid, la viceconsejera ha solicitado a la nueva ministra un mayor clima de colaboración y de entendimiento, además de que se tenga en cuenta las propuestas realizadas por las comunidades autónomas. Según asegura, hasta el momento, el anteproyecto de Ley de FP presentado por el Ministerio no recoge ninguna de las sugerencias, mejoras o rectificaciones planteada por las comunidades a esta normativa. «Nuestra posición no es favorable hasta que no veamos incorporado lo que hemos solicitado», manifiesta Rocío Albert.

También ha mostrado discrepancias la consejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que ha expuesto en la Sectorial que, aunque comparte la convicción que queda reflejada en el anteproyecto de Ley de FP sobre el papel «clave» que deben jugar estas enseñanzas en el presente y el futuro de los jóvenes para el acceso a un mercado laboral cada vez más complejo, considera que la normativa, «siendo oportuna», dibuja un horizonte «cortoplacista» y adolece de «falta de determinación».

Asimismo, la Xunta de Galicia demanda una mayor participación en la elaboración de la nueva ley de FP, con el fin de corregir los defectos que, a su juicio, presenta el anteproyecto para que así «no se convierta en una nueva ley Celaá».

En cualquier caso, la mayoría de territorios ven con buenos ojos el Anteproyecto de Ley. «Es una ley que nosotros aplaudimos, nuestra opinión es favorable», señala la consejera extremeña, mientras que desde Aragón y País Vasco ponen el foco en que el proyecto normativo está alineado con las políticas que se quieren llevar a cabo en sus respectivas comunidades.

«Es una ley que Castilla-La Mancha va a apoyar incondicionalmente. Hemos mostrado cada uno nuestras opiniones, y en general hay consenso en que el anteproyecto es transformador», comenta la consejera manchega. También desde la Comunidad Valenciana resaltan que la valoración de este borrador es «muy positiva», según ha afirmado su conseller, que también ha subrayado que «ahora es buen momento» para modernizar la FP.

Por su parte, la ministra ha reiterado su voluntad de buscar el consenso y el diálogo en el proceso de consolidación del nuevo modelo de FP impulsado por el Ministerio. «La cooperación entre administraciones no solo es un cauce obligado de colaboración institucional, sino que es también el mejor mecanismo para enriquecer y mejorar la gestión del sistema educativo en beneficio de toda la ciudadanía –ha dicho–. Trabajemos juntos, desde la lealtad institucional, y con la convicción de que desde la unidad contribuiremos a mejorar la educación y la vida de todas las personas».

La Fiscalía de Área de Gijón solicita una condena de cinco años de prisión para un acusado de estafar más de 210.000 euros a la suegra de su hermana. La vista oral está señalada para este jueves, 22 de julio, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado convenció a la víctima, a la que unía una relación de confianza ya que era hermano de su nuera, y además le hacía desde hacía años la declaración de la renta, para que abriera tres cuentas bancarias para, a través de Internet, llevar a cabo la compra y venta de acciones y otros productos financieros, y el traspaso entre ellas el dinero obtenido de dichas operaciones.

Según el relato fiscal, la víctima tenía plena confianza en el acusado, al que consideraba una persona seria y mucho más capacitada que ella en el ámbito financiero. La víctima no solo accedió a la apertura de las cuentas siguiendo las indicaciones del acusado, sino que, basándose en la ausencia absoluta de dudas sobre la integridad del mismo, le facilitó las claves precisas para que él pudiera invertir su dinero por Internet.

El acusado comenzó a realizar la compra y venta de productos financieros en nombre de la víctima, viendo con el paso del tiempo que la mujer ejercía un nulo control sobre sus operaciones y que se daba por satisfecha con la información verbal que le suministraba. Así, decidió abusar de la facilidad que le reportaba su posición para enriquecerse.

De esta forma, el acusado solicitó la emisión de dos tarjetas de crédito en nombre de la víctima, sin su conocimiento, y pidió vía Internet tres préstamos, entre febrero y mayo de 2017: el primero, por importe de 24.000 euros; el segundo, por 19.000 euros; y el tercero, por importe de 18.000 euros. Para la concesión de estos préstamos no se exigía ni firma ni presentar documentación alguna, al considerar la entidad bancaria al supuesto solicitante un cliente solvente.

A partir de ahí, el acusado, desde enero de 2017 a mayo de 2018, sirviéndose de las tarjetas y de las claves que poseía para operar con las cuentas, realizó traspasos de dinero, extrajo dinero en cajeros, efectuó pagos y compras, todo ello por importe de 210.695 euros, hasta vaciar progresivamente las cuentas.

El descubierto que esto generó y el que no se pudiera hacer frente a los pagos de los préstamos provocó que la entidad bancaria se pusiera en contacto con la víctima, que hasta ese momento desconocía lo que estaba sucediendo.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita que se condene al acusado a 5 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 10 meses, con una cuota diaria de 30 euros y una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima con 210.695 euros, más los intereses legales correspondientes y el abono de las costas procesales.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye en el orden del día del Pleno que celebra mañana jueves su informe sobre el último proyecto legislativo del ya ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, la Ley de Eficiencia Procesal, de la que cuestiona su carácter coyuntural vinculado a la situación de crisis sanitaria.

El borrador del informe que se discutirá mañana, cuestiona la idoneidad de unas medidas de reforma adoptadas a la vista de la situación generada por el coronavirus y que, no obstante, se articulan con vocación de generalidad y permanencia.

El informe que se discutirá recuerda que el legislación ya dotó ordenamiento jurídico de instrumentos normativos para hacer frente a la pandemia por covid e insiste en la necesidad de que las leyes partan de un examen más sosegado.

El Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal se incluye en la agenda 2030 para la Justicia y contiene medidas para adaptar la labor de los juzgados al «mundo digital», tales como la videoidentificación y medios alternativos para la resolución de conflictos que permitan ‘desatascar’ los tribunales.

Para el CGPJ, a falta de conocerse si este dictamen obtiene la aprobación de la mayoría del Pleno, la reflexión sobre la idoneidad de las medidas dispuestas es tanto más necesaria cuanto por medio de ellas se establecen presupuestos o requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio del derecho a la tutela judicial.

También se cuestiona en el informe la referencia a la incorporación de los nuevos valores de interdependencia, de solidaridad y de humanismo en la norma, cuyo objetivo se aventura que es para introducir la idea de la responsabilidad de la ciudadanía y su contribución a la sostenibilidad del servicio público de Justicia.

Así, según el autor del informe que se somete a debate, se diseña un régimen de solución de conflictos previo a la jurisdicción, que queda en un segundo escalón, con el riesgo de ver degradada su función constitucional, cuya relevancia se relativiza.

INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Tampoco la potenciación del uso de las tecnologías debería desplazar tales principios, apunta el informe, sino que deberían convivir armónicamente, en adecuado y ponderado equilibrio, de forma que la tecnología sirva a los fines del proceso, pero no constituya ni configure el proceso mismo.

En otro orden de cosas, la técnica normativa es mejorable, según el borrador del informe. El prelegislador ha optado por introducir las reformas en las leyes de procedimiento a través de artículos de la ley anteproyectada, en vez de hacerlo por medio de disposiciones finales mediante las que se introduzcan las modificaciones en las respectivas leyes procesales, a juicio del análisis realizado.

Además, el informe echa en falta una mayor presencia del criterio de este órgano de gobierno del Poder Judicial a la hora de articular normativamente las medidas de agilización procesal en aras a dotar al sistema de Justicia del grado de eficiencia, eficacia y efectividad que se propugna desde la norma proyectada.

El bróker Javier Biosca, acusado de ser el cabecilla de una estafa con criptomonedas que habría dejado cientos de afectados y más de cien millones de euros estafados, declarará este jueves como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal.

Biosca debía haber comparecido presencialmente el 15 de julio, para lo cual Abascal ordenó que fuera trasladado desde la cárcel de Alhaurin de la Torre (Málaga), donde se encuentra desde el pasado 8 de julio. Sin embargo, su declaración tuvo que suspenderse por circunstancias de la defensa, aplazándose al día 22.

Este mismo jueves se espera que se resuelva también sobre la situación de libertad de su mujer, Paloma Gallardo, y del hijo de la pareja, Sergio Biosca Gallardo, acusados de los mismos delitos que el bróker, una larga lista que va desde estafa a blanqueo de dinero pasando por apropiación indebida.

La mujer y el hijo están señalados como parte implicada en la estafa con un rol concreto: supuestos captadores. Sin embargo, en su declaración judicial del pasado viernes, ambos aseguraron que desconocían a qué se dedicaba Biosca y que nunca participaron en sus negocios.

Biosca fue detenido el 6 de junio en la provincia de Málaga en relación con otro asunto y dos días después compareció por videoconferencia ante el juez Santiago Pedraz, entonces a cargo de dicho juzgado.

Pedraz ordenó el ingreso en prisión provisional del bróker para evitar que pudiera fugarse, que destruyera pruebas o que pudiera contactar con los perjudicados, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas el día de la vistilla.

CHIRINGUITO FINANCIERO

La Audiencia Nacional comenzó a investigar este asunto a raíz de las querellas presentadas por particulares y por la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins –representada por el bufete de Emilia Zaballos– contra el ‘clan’ Biosca y Algoritmhmics Group, la empresa creada por el bróker con la que se habría perpetrado la estafa.

En la querella de esta asociación, que calcula que habría unos 300 afectados y más de 100 millones de euros estafados, se detalla que Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019 pero que carecía de todo tipo de autorizaciones, dado que no estaba inscrito, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras montar ese chiringuito financiero comenzaron a captar clientes que debían entregar su dinero a Biosca, quien garantizaba una rentabilidad del 20 o del 25 por ciento semanal –al menos al inicio–. Dado que los primero inversores comenzaron a recibir beneficios, se corrió la voz entre familiares y amigos y el negocio pasó rápidamente de 30 a 500 inversores.

Pero con la llegada de la pandemia de coronavirus y el confinamiento se produjeron los primeros incumplimientos. Biosca dejó de pagar a casi todos los inversores, lo que contribuyó a extender la desconfianza en este producto financiero. A finales de octubre de 2020 Algoritmhmics Group dejó de hacer abono de cantidad alguna.

La pandemia ha consolidado la elevada valoración social de la familia en España pero también ha reforzado comportamientos que limitan la reproducción familiar, según el último número de ‘Panorama Social’, revista editada por Funcas, que aborda las múltiples dimensiones de la sociedad afectadas por la pandemia.

Así, Luis Garrido y Elisa Chuliá muestran en su artículo que el porcentaje de mujeres de 20 a 34 años que viven en pareja ha caído a su nivel más bajo (desde que existen registros de estos datos): en el año de la pandemia –los cuatro trimestres comprendidos entre el segundo trimestre de 2020 y el primero de 2021– se sitúa en el 31%, diez puntos porcentuales menos que en 2000.

Los autores también llaman la atención sobre el descenso de la natalidad y la fecundidad. Así, el número de hijos por mujer cae sostenidamente desde 2016, alcanzando desde 2018 los niveles más bajos de la historia: en 2020, la tasa de fecundidad de las españolas se situó en 1,12, y la de las extranjeras, en 1,45. Las primeras han vistodescender su tasa de fecundidad un 12,5% entre 2016 y 2020; las segundas, un 15,7%.

No fue hasta el pasado mes de marzo de 2021 cuando los nacimientos se recuperaron en España, con 29.260, la cifra más alta desde octubre de 2020 y con la que se ponía fin a los mínimos registrados los tres meses anteriores, cuando no se superaron los 25.000 nacimientos, según la Estimación mensual de nacimientos publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque el número de nacimientos presenta desde hace ya varios años una constante tendencia a la baja, el descenso se acentuó los nueve primeros meses después del confinamiento de la población española, durante el primer estado de alarma por la Covid-19.

Según los autores, muchos de los potenciales progenitores renuncian, por diversas razones, a la posibilidad de reproducirse, una renuncia que se concreta en la anticoncepción pero, cuando este recurso no se hace efectivo, se traduce en interrupciones voluntarias del embarazo.

A este respecto, en 2019, por cada 1.000 nacimientos, se produjeron 275 interrupciones (entre las mujeres jóvenes menores de 30 años, la cifra es significativamente más alta). En 2019, el número de interrupciones voluntarias del embarazo (99.149) fue 3,12 veces mayor que el número de bebés nacidos por reproducción asistida (31.756, de los casi 150.000 ciclos reproductivos realizados).

Mientras la pandemia ha reforzado las pautas descendentes de la convivencia en pareja de las jóvenes, la natalidad y la fecundidad, ha revertido las pautas de mortalidad e inmigración. Así lo muestran Albert Esteve, Amand Blanes y Andreu Domingo, según los cuales la mortalidad y las migraciones internas «dejarán probablemente una huella limitada por su carácter coyuntural».

No obstante, añaden que la pandemia ha interrumpido la tendencia ascendente de la esperanza de vida, reduciéndola en casi un año de vida media para hombres y mujeres en 2020. Con datos todavía provisionales, la esperanza de vida al nacer se estima para el año 2020 en 79,6 años en los hombres y 85,1 años en las mujeres, lo que supone un «retorno» a las cotas observadas en 2013 para ellos y en 2010 para ellas.

El número 33 de Panorama Social incluye también numerosos datos sobre el impacto de la COVID en el mercado de trabajo, como las horas de trabajo perdidas durante la pandemia. En concreto, en el primer trimestre de 2021, se perdieron 47 millones de horas de trabajo semanales respecto al mismo trimestre de 2019, una cifra muy elevada que representa en torno a una cuarta parte de las horas perdidas en el segundo trimestre de 2020 (172 millones), según el artículo de Miguel Ángel Malo.

FALTA DE CONCILIACIÓN Y OTRAS DESIGUALDADES

Por otro lado, los artículos de Olga Salido e Israel Escudero-Castillo ponen de relieve el impacto de la pandemia sobre el empleo de las mujeres: el trabajo a distancia o teletrabajo fue utilizado con mayor intensidad por las mujeres durante el confinamiento. Casi la mitad de las mujeres ocupadas (48%) teletrabajó durante el confinamiento (frente al 44% de los hombres ocupados).

Este hecho puede ser interpretado como una ventaja para ellas, pero diversas evidencias apuntan a que el teletrabajo les generó más problemas de conciliación (sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado) y estrés psicológico que a los hombres. Es posible afirmar, por tanto, que las mujeres se beneficiaron en mayor medida de la posibilidad del teletrabajo, pero también sufrieron más sus inconvenientes, según los autores.

Otro tipo de desigualdades también cobran importancia a la hora de analizar el impacto social de la pandemia, concretamente las relativas a los recursos de las residencias de mayores.

Partiendo de la situación que el coronavirus provocó en estos centros en 2020, Julia Montserrat estima en su artículo que, dada una ratio actual personal/usuario de 0,27 en el conjunto de centros residenciales para personas mayores (27 trabajadores por cada 100 residentes), las residencias de mayores en España precisarían aumentar el número de empleos entre 21.000 y 50.000 para ajustar los ratios de personal entre un mínimo de 32 y un estándar de 41 trabajadores por cada 100 residentes. Además, solo dos comunidades alcanzaron o superaron en 2019 el estándar de 0,41: Comunidad Valenciana (0,48) y La Rioja (0,41).

Por otro lado, dos artículos analizan los cambios en la opinión sobre las instituciones políticas durante la pandemia. El artículo de María Miyar-Busto y Francisco Javier Mato-Díaz pone de manifiesto cierta recuperación de la confianza en la Unión Europea, deteriorada durantela última década mientras que el de Marta Fraile y Mónica Méndez analizan cómo ha evolucionado durante la pandemia la confianza de los españoles en las instituciones nacionales y quienes las encabezan.

Las autoras constatan que, si bien la irrupción de la pandemia trajo consigo un incremento de la confianza en el presidente del Gobierno,el líder de la oposición y las principales instituciones políticas, este efecto no ha persistido en el tiempo y creen que se ha perdido una oportunidad para mejorar un indicador de calidad de la democracia en España, que presenta niveles muy bajos.

Los españoles han duplicado en los últimos diez años las cifras de reciclaje de envases plásticos domésticos, hasta alcanzar en 2020 las 616.282 toneladas, una cifra similar a la del año anterior, aunque durante año marcado por el COVID-19 se redujo un 2,1 por ciento el consumo de este tipo de envases, según el informe anual de Cicloplast, la entidad que agrupa a productores y transformadores del plástico.

La cifra indica que cada ciudadano recicló 13,1 kilogramos de envases plásticos en el hogar durante el ejercicio de 2020, lo que sitúa a España en los primeros puestos de Europa, solo por detrás de República Checa y por delante de países «con fama de más recicladores» como Suiza o Reino Unido, pero que finalmente destinan gran parte de sus envases a valorización energética.

Así lo ha expuesto la directora general de Cicloplast, Isabel Goyena, en una rueda de prensa en la que ha indicado que estos datos, de la European Plastic Recycling and Recovery Organization (EPRO) precisan que en Reino Unido la tasa de reciclaje es de 8,4 kilogramos por habitante; en Suiza 6,9 kilogramo por habitante y Noruega, 6,7 kilogramos por habitante.

A nivel interno, destaca que Valencia, con 16,2 kilogramos; Cataluña, 14,3 kilogramos; Andalucía, 14,3 kilogramos; Murcia, 13,8 kilogramos y País Vasco, 13,1 kilogramos, son las comunidades autónomas que lideran las primeras posiciones. En total, ha afirmado que en España se reciclaron 868.015 toneladas de envases de plástico domésticos, comercial e industrial.

Para Goyena, los datos reflejan un cambio de tendencia en las vías por las que se recogen los envases por el impacto del COVID-19, ya que fueron los hogares los que más envases aportaron al contenedor amarillo, ya que pasaron más tiempo en casa y por la mayor concienciación ambiental lograda durante el pasado año. De hecho, ha afirmado que el uso del contenedor amarillo por los hogares creció un 8,5 por ciento en 2020 respecto a 2019.

Al estar cerrada durante buena parte del tiempo, la restauración no aportó tanta actividad, ya que no distribuyó este tipo de envases ni generó el mismo volumen de residuos. También se redujo la aportación de las recogidas que habitualmente se realizan fuera del hogar con gran concurrencia, como los eventos o las actividades deportivas, que también fueron a menos o incluso cancelaron.

Goyena ha asegurado que desde 2019, España ha superado el objetivo de reciclado de envases de la Unión Europea para 2025 (50%), ya que si se tiene en cuenta todos los envases de plástico: domésticos, comerciales e industriales, se ha alcanzado el 51,5 por ciento de índice de reciclado. De todas formas, ha dicho que el reto está en lograr el próximo objetivo –reciclar el 55 por ciento de los envases en 2030– porque «parece fácil», pero «cada punto es difícil de conseguir».

Por tercera vez consecutiva, la cifra de toneladas de plásticos de reciclado de todas las aplicaciones (no solo envases) supera a las que se depositan en vertedero, es decir que en la actualidad ya se recicla más plástico del que va a vertedero.

Respecto al número de toneladas recicladas de plástico, ha apuntado que llega a más de 1.100.000 toneladas, es decir el 43 por ciento de todo el material, de acuerdo con el informe anual estadístico que realiza Ciclopast junto con la Asociación Nacional de Recicladores de Plásticos (Anarpla).

Por otro lado, se ha referido al destino de estos envases de plástico que van al contenedor amarillo. Así, ha comentado que en primer lugar se dirigen a las 97 plantas de clasificación que hay en España, automatizadas al 75 por ciento y en las que se obtiene un nivel de efectividad del 90 por ciento, algo que admite que «habrá que mejorar para obtener mayor calidad de las balas seleccionadas». Desde allí, estos residuos se dirigen a los recicladores autorizados, que suman en el conjunto el país una capacidad de reciclado de un millón de toneladas. «España es el primer país en capacidad instalada para reciclar todos los polímeros per cápita de la UE», ha apostillado.

Con todo, ha subrayado que si se tiene en cuenta todos los residuos, 122 millones de toneladas de todas las tipologías, los plásticos apenas supone 2,6 millones de toneladas, el 2 por ciento del total de residuos.

Para Goyena el problema en España no está en el reciclado, ya que está 10 puntos por encima de la media de Europa sino que donde se «falla» respecto a otros países es en vertedero, que en otros países «sustituyen» por valorización. Sin embargo, ha puntualizado que el destino a vertedero se ha reducido en los últimos años y hace tres ejercicios que se invirtió la tendencia, de modo que ya se recicla más de lo que acaba en el basurero.

LEY DE RESIDUOS, PERJUDICIAL PARA LA INDUSTRIA

Durante la rueda de prensa, Goyena ha advertido de que al sector le preocupa «mucho» porque es «perjudicial para la industria» el impacto del impuesto que propone el Gobierno en la ley de residuos y suelos contaminados de 0,45 euros por kilogramo para los envases plásticos domésticos, comerciales e industriales, que se sumará a los 0,98 euros por kilogramo del pago del punto verde –para la gestión–. Todo esto conllevará la pérdida de 30.000 empleos en los próximos años, según cálculos de la industria.

La representante de Ciclopast ha explicado que la plataforma de los Plásticos, EsPlásticos, ya ha conversado con casi todos los grupos parlamentarios para exponerles su punto de vista respecto al proyecto de ley al que presentarán una serie de alegaciones este mismo verano, de cara a su próxima tramitación parlamentaria.

«Queremos que la economía circular y sus objetivos se vinculen a los de reciclaje. Esta ley va a afectar de forma importante al sector», insiste Goyena que, además alerta de que la ley va a provocar la sustitución de materiales por otros «no tan eficientes» energéticamente lo que afectará a la competitividad de la industria española.

Por ello, en sus alegaciones solicitarán la anulación del impuesto algo que califica de «medida política» y, en caso de que eso no sea posible, «al menos» esperan que se puedan acoger a exenciones los envases industriales y comerciales así como a los plásticos de origen renovable.

«Nosotros teníamos una hoja de ruta para ir hacia la economía circular de los plásticos, pero ahora estas acciones pueden ir en contra de la industria», comenta Goyena que precisa que el sector está centrado en el ecodiseño, en mejorar los sistemas de reciclado, en la lucha contra el abandono de plásticos y en la educación ambiental.

«Somos los primeros interesados en acabar contra el ‘littering’, que perjudica la imagen de los plásticos, pero su prohibición no es la solución: esto es un gran problema de educación», ha concluido.