La Conselleria de Salud y la de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña ha autorizado las visitas en las residencias de familiares, amigos y cuidadores, con contacto físico, en las situaciones que garanticen la no propagación de la infección en función de la clasificación de la residencia --verde, amarilla o roja--.

Así lo han anunciado ambos departamentos en un comunicado este lunes después de actualizar el plan sectorial para las residencias, que establece "nuevos criterios y medidas para adaptar el funcionamiento de los centros frente a la mejora de la situación de la pandemia".

Las residencias con categoría verde --en las que los pacientes no están expuestos al virus-- recuperan las visitas, siempre con cita previa, y se permite el contacto físico entre visitantes y residentes; para las de categoría amarilla, se permiten las visitas en las zonas habilitadas para ello, también para los residentes de nueva incorporación con una PCR negativa.

Con todo y debido a la actual situación de la pandemia con transmisión comunitaria, la Generalitat ha recomendado que el número de visitas no sea de más de tres personas por residente y se mantendrá el registro diario de visitas para facilitar el estudio de contactos en caso que el residente desarrolle sintomatología compatible con el virus.

CRIBADOS

El plan también recoge que los residentes "correctamente" vacunados o que hayan superado la enfermedad no tienen que ser sometidos a cribados ni a medidas de restricción social durante los tres meses posteriores a la infección.

Los profesionales externos y colaboradores esporádicos en contacto directo con los residentes tendrán que hacerse siempre un test de antígenos rápido (TAR) antes de entrar en la residencia, independientemente de su estado de vacunación.

Para los profesionales vacunados, se mantiene la necesidad de hacer un cribado cada quince días y para los que no lo están, el número de cribados sigue siendo de tres semanales; motivo por el que la Generalitat ha insistido en la necesidad que todos los trabajadores "completen la pauta de vacunación, siempre que no existan contraindicaciones específicas".

Salud y Derechos Sociales han destacado la recuperación de todo tipo de salidas, así como la posibilidad de pasar períodos de tiempo largos fuera de los centros; para las salidas de más de tres semanas, los residentes tendrán que hacerse una PCR a la vuelta, mientras que si es menor, no hará falta ningún tipo de prueba ni tampoco cuarentena.

AISLAMIENTOS Y CUARENTENAS

No tendrán que aislarse los residentes sin riesgo de infección vacunados ni los que hayan superado la enfermedad en los seis meses previos.

Tampoco lo tendrán que hacer los residentes vacunados con riesgo de infección por haber sido contacto estrecho de un caso confirmado, aunque, a pesar de que podrán hacer actividades con su grupo de convivencia, no podrán recibir visitas ni hacer salidas hasta que las dos primeras PCR --que se harán los días 0 y 4-- sean negativas.

En cuanto a los profesionales, no tendrán que hacer cuarentena los que estén vacunados con la pauta completa y, en cambio, sí tendrán que cumplir una cuarentena de 14 días los que no tenga la pauta completa y no hayan superado la enfermedad en los seis meses previos.

Los departamentos han recordado que el nivel de inmunización es elevado tanto para los residentes, con un 95% de vacunados, como para los profesionales que trabajan en los centros, con un 90%, y han recordado que las medidas pueden ser modificadas en cualquier momento función de la evolución de la pandemia o bien la aparición de nuevas variantes.

WWF ha reclamado un cambio urgente de estrategia de lucha contra el fuego para evitar desastres el de Sierra Bermeja, en Málaga. "Es necesario actuar para estar mejor preparados para el nuevo escenario de incendios extremos, poniendo en marcha una ambiciosa política de prevención que ponga la gestión del territorio en primer plano", ha advertido.

La ONG recuerda que el cambio climático acelera e intensifica los grandes incendios, lo que evidencia que tanto la sociedad como el sistema actual de actuación contra incendios no están preparados y en consecuencia, se van a producir más "tragedias".

El incendio de Sierra Bermeja, que arde sin control desde hace cinco días y ha obligado al desalojo de 3.000 personas de seis municipios diferentes ha desatado las alarmas, no se podrá apagar hasta que cambien las condiciones meteorológicas, deje de soplar el viento, baje la humedad y la temperatura y llegue la esperada y deseada lluvia, tal y como han indicado los responsables del operativo de extinción.

En este sentido, la organización denuncia que la actual política contra incendios, que se basa exclusivamente en un avanzado sistema de extinción, está obsoleta y es ineficaz para combatir un incendio como el actual de Sierra Bermeja.

"En España se invierte más dinero en extinción por hectárea y se dispone de uno de los mejores sistemas de extinción a nivel mundial, . Sin embargo, ante los grandes incendios se ignoran los efectos del calentamiento global y se producen incendios que ya no se pueden controlar", advierten.

Según Maria Melero, del programa de bosques de WWF España, este incendio ha puesto de manifiesto que es "realmente urgente poner el foco en la gestión del territorio y combatir el cambio climático". "Si no se toman medidas urgentes, el cambio climático y las implacables consecuencias del abandono de los montes nos condenan a un futuro cada vez más negro: veranos con grandes incendios simultáneos, muy virulentos e imposibles de controlar por los medios de extinción, que planteen auténticas emergencias sociales", ha advertido.

La organización informa, además, de que ya ha recopilado 90.000 firmas dentro de su campaña #ArdeelMediterráneo para exigir un acuerdo global por la naturaleza y las personas en defensa de los bosques.

La declaración de un último testigo, pendiente de la obtención de un visado para poder salir de Malí, es el último paso antes de que el encargado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tome una decisión sobre la querella del activista saharaui Fadel Breica contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por supuestas violaciones de Derechos Humanos.

Se trata de un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que habría presenciado las presuntas torturas que el activista saharaui habría sufrido a manos del Frente Polisario. Fuentes jurídicas han señalado que su declaración precederá a la decisión que tome el juez sobre la querella formulada por Breica.

Este testigo --propuesto por la defensa de Breica-- había sido citado inicialmente por el magistrado para el 29 de junio y posteriormente para el 27 de julio, pero todavía no ha podido acudir a sede judicial por problemas con la obtención del visado para entrar en España desde Mali.

En la querella, el activista acusa a Ghali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf. Según cuenta, al llegar allí agentes del Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

En su declaración ante Pedraz el pasado mes de junio, Breica insistió en que fue torturado durante seis meses en una cárcel secreta del Frente Polisario, apuntando a Ghali como su máximo responsable. Además, denunció que no sería la única víctima, sosteniendo que la tortura sería una práctica habitual del Frente Polisario entre los refugiados saharauis, al tiempo que ha reprochado a Argelia que permita esto en su territorio.

LA QUERELLA DE ASADEDH, ARCHIVADA

La querella de Breica contra Ghali en la Audiencia Nacional no es la única. Existe una segunda que fue archivada por Pedraz y que firmó la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, "especialmente" a los de origen español.

El archivo fue recurrido a finales de julio por ASADEDH, insistiendo en que Ghali es culpable de un delito de genocidio "imprescriptible" por cuanto habría participado en torturas a los detenidos en las cárceles de Tinduf entre los años 70 y 90 que se enmarcarían en un plan de "destrucción física" de esta población.

La asociación presentó un recurso de apelación contra el auto donde Pedraz archivaba la querella para Ghali al considerar, por un lado, que los hechos habrían prescrito porque se aplicaría el Código Penal de 1973 que fija en 20 años la responsabilidad criminal y, por otro, que aunque se pudieran investigar hay una "manifiesta insuficiencia" de indicios que apunten a que Ghali participó en las presuntas torturas.

En su interrogatorio ante Pedraz el pasado 1 de junio, Ghali negó cualquier implicación en las violaciones de los Derechos Humanos de las que le culpan. Su defensa argumentaba que, como ministro de Defensa de la RASD, estuvo dedicado "en exclusiva" a la guerra contra Marruecos, por lo que "era ajeno a cualquier centro de detención", donde habrían ocurrido las torturas.

Además, la defensa de Ghali denunció que la finalidad de estas querellas es "política", reprochando a las acusaciones que "están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la Justicia, (...) para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática", mediante un ataque "feroz" a su líder.

Ese mismo día, el magistrado de la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por los querellantes --prisión provisional y retirada de pasaporte-- al entender que no había indicios de que Ghali hubiera cometido delito alguno. Esa madrugada partió hacia Argelia.

GHALI EN ESPAÑA

Las acusaciones contra el líder del Frente Polisario se reanudaron cuando se supo que Ghali se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, estuvo en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.

Por otro lado, un juzgado de instrucción de Logroño ha incoado diligencias contra Ghali tras recibir una denuncia que apunta a que pudo haberse registrado con una identidad falsa a su llegada el 18 de abril. Otro juzgado de la capital riojana ha dado traslado al Ministerio Fiscal de una causa por un presunto delito de terrorismo genérico contra el presidente de la RASD para que informe sobre la posible inhibición a la Audiencia Nacional.

El Grupo Parlamentario Socialista presentará este miércoles en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a agilizar el proceso de tramitación del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI ante el "aumento" de los "ataques" contra el colectivo LGTBI.

"Los casos de ataques, insultos o vejaciones a personas del colectivo LGTBI siguen creciendo en un país como el nuestro, pionero en el reconocimiento y en la protección de los derechos civiles y referente en el resto del mundo en cuanto a la defensa de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales", señala el PSOE en la exposición de motivos.

Según precisa, "estas actitudes violentas e intolerantes, probablemente reprimidas durante mucho tiempo, proceden de personas que han asumido los discursos de odio y han normalizado los mismos como una vía de escape para decir y hacer todo aquello a lo que antes no se atrevían".

Ante esta situación, considera "imprescindible" que desde todos los ámbitos y desde todas las instituciones "se visibilicen y se denuncien estas agresiones" y "poner en marcha todas las herramientas legislativas necesarias para combatirlas".

Según recuerda el grupo socialista, citando datos facilitados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio denunciados han aumentado de 1.172 en el año 2013 a 1.706 en 2019 y, concretamente, los que atañen a la orientación sexual han aumentado un 8,6%.

Además, señala que especialmente en las últimas semanas en las que se ha celebrado el Día Internacional del Orgullo LGTBI, "los casos de agresiones y la agresividad de las mismas han ido en aumento, así como la violencia verbal contra este colectivo en las redes sociales".

Entre otros casos recientes, el PSOE recuerda el "brutal" asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña, "un terrible crimen que conmocionó a gran parte de la ciudadanía española y que despertó una ola de rabia e indignación"; la agresión con una porra extensible a un matrimonio de homosexuales en esa la misma ciudad; la que sufrió una pareja en el paseo de Grácia de Barcelona; o la de un hombre de 52 años que fue atacado por diez jóvenes en el Parc Güell.

Por todo ello, el grupo parlamentario socialista presenta esta PNL por la que insta al Gobierno a "agilizar, en la medida de lo posible, el proceso de tramitación del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI".

Asimismo, pide coordinar, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, la puesta en marcha de campañas de sensibilización, información y formación, sobre la realidad de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', se enfrenta desde este martes a la petición de Fiscalía, que solicita una pena de 27 años de prisión por presuntamente dar la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.

El juicio arrancará a las 10.00 horas en la Audiencia Nacional varios meses después de que se suspendiese su celebración, inicialmente prevista para el mes de marzo. La Fiscalía solicita para 'Anboto' 27 años de prisión por un delito contra la Corona con finalidad terrorista y otro de depósito de armas de guerra.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, entre 1993 y hasta, al menos, diciembre de 1997, Iparraguirre asumió la dirección y coordinación de los comandos "legales" de la banda terrorista, es decir de aquéllos integrados por personas no identificadas policialmente.

En el año 1996 se conformó el comando "Katu", integrado por los ya condenados por estos hechos Eneko Gogeaskoetxea Arronategui y Kepa Arronategi Azurmendi, los cuales recibieron el pertinente adiestramiento en el uso de armas y explosivos y en la fabricación de los mismos.

'Anboto', según la acusación fiscal, ordenó a Eneko Gogeaskoetxea Arronategui y Kepa Arronategi Azurmendi que mataran al Rey de España con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao.

DESTRUIR CON GRANADAS

El asesinato debía cometerse "siempre y cuando ello no implicara el riesgo de afectar a personas ajenas al aparato del Estado, en cuyo caso se limitarían a atacar el museo con la finalidad de destruirlo por medio del lanzamiento de granadas".

Para la ejecución de la orden dada por la acusada, en fecha no concretada pero aproximada al mes de septiembre de 1997, ésta proporcionó a los citados integrantes del comando "Katu", 12 granadas autopropulsadas Mecar de calibre 83 (10 anticarro y dos antipersona), cuya carga inflamadora estaba constituida por pólvora negra.

Dada las características de estas granadas, habrían perforado las paredes del museo, accediendo a su interior y provocando su destrucción y la muerte de cuantas personas se encontraran en su interior o aledaños.

El día 13 de octubre, "en ejecución de las instrucciones dadas por la acusada, los ya condenados por estos hechos, cargaron las granadas ocultas en unas jardineras en una furgoneta a la que, para evitar su identificación, sustituyeron sus placas de matrícula y se dirigieron hasta las inmediaciones del museo.

Tras descargar una de las jardineras, fueron sorprendidos por dos agentes de la Ertzaintza por lo que huyeron, no sin antes disparar contra uno de los agentes y causarle la muerte.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado este lunes 13 de septiembre una Proposición no de Ley para crear un Abono Básico de Telecomunicaciones, para su debate ante el Pleno del Congreso de los Diputados.

La iniciativa, firmada por el portavoz Adjunto del GPC, Edmundo Bal, y la diputada Sara Giménez, insta al Gobierno de España a la creación de un Abono Básico de Telecomunicaciones.

De este modo, la formación naranja apuesta por la creación de un Abono Social de Internet del que puedan beneficiarse a los ciudadanos que perciban el Ingreso Mínimo Vital, las familias monoparentales y numerosas donde ninguno de sus miembros se encuentren empleado, los parados de larga duración y los pensionistas y jubilados con ingresos inferiores al 120% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Asimismo, pide la extensión del vigente Abono Social Telefónico a estos beneficiarios e incrementar el número de canales que disponen actualmente los ciudadanos para solicitar el abono social, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.

Para el Grupo Parlamentario Ciudadanos el acceso a Internet "es una herramienta fundamental para garantizar el desarrollo personal, la comunicación y el acceso a un enorme abanico de posibilidades en materia laboral, formativa y lúdica".

Sin embargo, según datos proporcionados por Unión General de Trabajadores, en España todavía existían en el año 2020 un total de 26.767 poblaciones con más de 10 habitantes a las que no llega una Internet del siglo XXI (900 de estas poblaciones solo están afectadas parcialmente) y alrededor de 13 millones de millones de personas estarían afectadas por esta falta de cobertura.

La formación naranja también recuerda que, del total de personas que no tienen acceso a Internet, "el 28 por ciento afirma que no cuenta con los recursos económicos necesarios para sufragar este servicio".

El exinspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, está citado a declarar este martes ante el Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid a raíz de la querella interpuesta por los líderes de la trama por presunta falsificación documental.

En una providencia de 19 de julio, la magistrada Belén Sánchez ha fijado fecha de declaración para el inspector Morocho y otro funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en calidad de querellados y para otros 11 agentes en calidad de testigos.

La investigación responde a la querella presentada en enero de 2019 por Pablo Crespo --el 'número dos' de Francisco Correa en la Gürtel-- en la que afirma que en 2009 Morocho y otro compañero firmaron actas de entrada y registro en la calle Serrano 40 --sede de empresas de la trama-- al mismo tiempo en el que en otro lugar estaban interrogando a la que fuera administradora de estas sociedades, Isabel Jordán.

Tanto la defensa de Correa como la de Crespo han intentado anular estos registros alegando vulneración de derechos e irregularidades durante la instrucción de diversas piezas del 'caso Gürtel' y en los propios juicios que hasta ahora se han celebrado.

AÑO Y MEDIO DESPUÉS

La declaración de este martes tiene lugar después de que la juez suspendiera, en enero del año pasado, la citación de Morocho para resolver si permitía o no la personación en la causa de otro de los condenados en la 'Época I' de la trama que se investigó en la Audiencia Nacional.

Fuentes consultadas precisaron en su momento que los abogados de los querellados impugnaron el intento de personación al considerar que el condenado no era un perjudicado y, por tanto, no tenía legitimidad para presentar acusación.

La querella presentada por Crespo, y a la que se adhirió después la defensa de Correa, fue inicialmente archivada por la juez instructora, pero en noviembre de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó reabrir la causa.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha afirmado en un correo electrónico que no es su competencia retirar los fangos y lodos del Mar Menor, pero admite que sí depende de él autorizar dichas operaciones.

Así aparece reflejado en un correo electrónico con el que la directora general de la Costa y el Mar dependiente del MITECO, Ana M. Oñoro Valenciano, responde a la propuesta del presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, para que la comunidad pueda ejecutar la retirada de lodos y fangos.

En la respuesta, Oñoro afirma que no es competencia del Ministerio retirar fangos y lodos pero, al mismo tiempo, recuerda que sí depende del Estado autorizar la retirada.

A juicio del Gobierno regional, esta respuesta "evidencia" que la tarea sí es competencia del MITECO.

A este respecto, el Ejecutivo murciano ha recordado que la propia Ribera dijo, y dejó por escrito en una nota de prensa del Ministerio el 5 de septiembre de 2019, que estaban estudiando la mejor técnica para retirar fangos y lodos para llevarlo a cabo. A juicio de la comunidad, esta negativa a suscribir el convenio supone "un nuevo revés a las propuestas planteadas por el gobierno regional".

EL ORIGEN DEL PROBLEMA: "LA ACTIVIDAD HUMANA"

En el correo electrónico, Oñoro aclara que, para identificar al órgano administrativo que promueva la retirada de fangos y lodos "hay que estar a la finalidad que esa actividad persiga, sin perjuicio de que en todo caso el Estado deba intervenir autorizándola por desarrollarse en espacios de dominio público estatal".

En este sentido, precisa que si la Administración autonómica, "competente para adoptar medidas tendentes a luchar contra la contaminación y eutrofización que padece la laguna, así como en materia de vertidos tierra-mar, calidad de las aguas y protección del medio ambiente, considera adecuado a tal fin retirar fangos y lodos", puede promover tal actuación "sin necesidad de ninguna encomienda intermedia, ya que su legitimación para promover esa intervención es plena".

De hecho, Oñoro destaca que, tal y como queda recogido en el apartado V del preámbulo de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, al glosar las competencias autonómicas sobre el Mar Menor, sobre la laguna recaen múltiples figuras de protección, "todas ellas de competencia autonómica".

"Y la gestión y protección de estos espacios protegidos corresponde a la comunidad Autónoma, incluida la obligación de identificar y ejecutar las acciones necesarias para proteger los valores que determinaron su declaración", señala la directora general.

En su correo, Oñoro precisa que la extracción de un determinado material en el ámbito marino o marítimo terrestre "es una actuación instrumental que se ejecuta para alcanzar un objetivo" y no siempre ese objetivo forma parte del haz de competencias de su Dirección General, "ni siquiera del Estado".

Por este motivo, afirma, "no siempre ha de ser esta Dirección General, ni el Estado, quien deba abordarlo materialmente" aunque aclara que, de acuerdo con el artículo 63 de la ley de costas, "sí le corresponda en todo caso tramitar la oportuna autorización".

Oñoro insiste en su "absoluta voluntad" de colaboración en pro de la recuperación del Mar Menor, pero no considera posible el objeto del convenio de encomienda que le traslada la comunidad, "ya que no existe tarea estatal que encomendar".

"Tanto la administración autonómica como la local es ya plenamente competente para abordar las tareas a que se ha venido haciendo referencia, cada una desde su propia perspectiva", según la directora general, quien insiste en que "lo que sí se precisará para la ejecución de las actuaciones a desarrollar, bien por la administración autonómica, bien por la local, es la autorización de este centro directivo al tratarse de actuaciones a realizar en el dominio público".

Así, señala que esta autorización se producirá "previo informe de compatibilidad con la estrategia marina y previa evaluación de impacto ambiental, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Costas y la Sección 4ª del Capítulo IV del Reglamento General de Costas".

"Por tanto, cuando dispongáis de suficiente evidencia científica que respalde que una retirada de fangos y lodos permitirá mejorar las condiciones ambientales de la laguna y no producirá impactos negativos, cuenta con que se tramitará con toda la celeridad posible el oportuno procedimiento de autorización", concluye.

RECOMENDACIONES DEL IEO

No obstante, Oñoro recuerda en su texto que el Instituto Español de Oceanografía, como organismo científico de referencia, se ha pronunciado sobre la conveniencia de llevar a cabo esas tareas en su informe de 2020, 'Evolución y estado actual del Mar Menor en relación al proceso de eutrofización y sus causas'.

Tal y como recuerda, este informe sostiene que los argumentos para eliminar los fangos y secos son únicamente de "tipo socio-económico"; y que el dragado de fangos y secos "debe tener en cuenta su alto contenido en metales traza y que su movilización aumenta la toxicidad de las aguas".

Asimismo, según el IEO, "se ha comprobado que la eliminación de sedimentos puede provocar efectos negativos no solo sobre la calidad ambiental de la playa sino también sobre el uso de la playa que precisamente se pretende potenciar".

"La retirada de fangos no está relacionada con la recuperación del ecosistema, sino más bien con la optimización del uso del baño", según este informe, que recuerda que "las soluciones para este tipo de problemática local deben tener en cuenta el origen del problema, ser eficaces y sostenibles y su impacto sobre los hábitats someros del Mar Menor debe ser mínimo o nulo".

De lo anterior, entre otras cosas, Oñoro deduce claramente que la retirada de fangos y lodos "es una tarea que, de llevarse a cabo, ha de abordarse con todas las cautelas ambientales".

El Tribunal de Apelación de París ha acordado suspender el juicio que se debía celebrar este lunes contra el exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', para enviar la causa a fase de instrucción con la intención de retomar la investigación.

Fuentes jurídicas han confirmado que la justicia francesa ha estimado pertinente que se practiquen diligencias que quedaron pendientes durante las pesquisas al considerar que la investigación original fue insuficiente.

La decisión implica que en los próximos meses --o incluso un año, según las fuentes consultadas-- no se celebrará la vista contra Urrutikoetxea, quien ya había sido condenado en ausencia a siete años de cárcel y este lunes iba a ver repetido el juicio en su contra.

Estaba previsto que el exjefe de ETA fuese nuevamente juzgado por presunta asociación de malhechores con fines terroristas --equivalente al delito de integración en organización terrorista en España-- entre 2002 y 2005.

Justo hace dos semanas, la justicia francesa absolvió Urrutikoetxea de un delito de pertenencia a organización terrorista por el que la Fiscalía gala pedía cinco años de prisión. El Ministerio Público había solicitado la pena en un juicio celebrado el pasado junio al considerar que el exjefe de ETA no dejó de formar parte de la organización hasta que anunció su disolución en mayo de 2018, pese a que él insistiera --en el marco de su defensa-- en que la había dejado en septiembre de 2006.

BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Urrutikoetxea disfruta de nuevos beneficios penitenciarios desde el pasado 13 de agosto cuando empezó a cumplir libertad provisional sin pulsera telemática. Desde entonces, el exdirigente de ETA se trasladó con su familia desde su residencia en París --donde vivía desde que en julio de 2020 se acordó que permaneciera en régimen de arresto domiciliario con una pulsera electrónica por motivos de salud-- a la localidad de Anglet, cerca de la frontera con el País Vasco.

A pesar de la retirada de ese control telemático, sigue sujeto a medidas cautelares por lo que debe presentarse tres veces a la semana en dependencias policiales.

Urrutikoetxea fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. Tiene varias causas pendientes en la Audiencia Nacional y, según fuentes consultadas, lo más probable es que hasta que no ventile sus asuntos con la Justicia francesa no será entregado a España.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha criticado duramente este lunes la salida de Estados Unidos de Afganistán, con una "retirada y un abandono tan humillante" que, a su juicio, ha provocado una derrota "total" del mundo occidental. Es más, ha avisado que "la rendición ante los talibanes ha sido un error" que van a "pagar muy caro y durante mucho tiempo".

Así se ha pronunciado Aznar durante su intervención por vía telemática en el seminario 'Gobernanza global y crecimiento en libertad' que ha organizado el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) que él mismo preside, Miami Dade College, iniciativa IDEA y Escuela de Gobierno Benjamin Franklin.

Tras asegurar que se vive la crisis más grave en el orden internacional después de la II Guerra Mundial, Aznar ha afirmado que la retirada del mundo occidental de Afganistán, liderada por Estados Unidos, ha confirmado "de una manera muy dramática los cambios que se están produciendo en la gobernanza global". "La ausencia de liderazgo por aquellos que lo podían ejercer ha sido en estos tiempos especialmente clamoroso", ha apostillado.

"LOS TALIBANES, CONSTRUCTORES DE UN ESTADO TERRORISTA"

Tras asegurar que una de las mayores consecuencias de la pandemia del coronavirus es que se ha acentuado el cuestionamiento del orden internacional liberal, ha criticado que algunos pretendan presentar "los regímenes autoritarios, populistas e incluso las dictaduras totalitarias como un ejemplo de solución de los problemas globales".

Por eso, Aznar ha subrayado que retirada del mundo occidental, de los Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán ha sido "un golpe muy duro al orden liberal internacional" y ha advertido de que este paso "va a producir grandes cambios estratégicos". "Se trata de una retirada incondicional, porque hemos entregado todo y al entregar todo, en ese sentido la derrota es total", ha alertado.

En cambio, el expresidente ha recalcado que se ha producido una "gran victoria para los talibanes, constructores de un Estado terrorista, cómplices del terrorismo", así como una "gran victoria para las fuerzas del islamismo radical y las fuerzas del yihahidismo".

UNA RETIRADA "INCOMPRENSIBLE"

Aparte de tildar de "error" esa "rendición occidental", ha señalado que también es "incomprensible" que se produzca "abandono tan humillante" después de "haber ganado la guerra hace 20 años, año y medio sin bajas y haber conseguido modestos, pero significativos avances en el intento de construcción de instituciones democráticas y la defensa de los derechos humanos, especialmente de mujeres y niños".

Aznar ha indicado que esa retirada de Afganistán refleja la política de los últimos tres expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, y es un síntoma de la evolución del orden internacional. A su entender, las libertades, democracias y sistemas políticos están "cada vez más comprometidos".

En este punto ha invitado a hacer una reflexión estratégica sobre este contexto, en el que está "mutando el orden liberal internacional" con el objetivo de afrontar con "coraje, liderazgo y claridad moral" el populismo, los autoritarios, "el nuevo comunismo, el indigenismo en Iberoamérica o el islamismo radical que volverá a golpear si tiene oportunidad". Y para ello, ha defendido impulsar una "fuerte y sólida" relación trasatlántica, que ha ido "devaluándose" estos años.

PIDE RESTABLECER LAS REGLAS FISCALES

Por otra parte, Aznar ha asegurado que la recuperación económica en el mundo muestra ya "claras señales de consolidación" y ha destacado que ha sido gracias a la intervención de los Bancos Centrales. Según ha añadido, la política monetaria ha ayudado a evitar "males mayores en esta pandemia".

En el caso de España, ha recalcado que ha emitido desde el comienzo de la pandemia 129.000 millones de deuda pública que ha comprado el Banco Central Europeo, institución a la que debe su "supervivencia". Pero dado que esto "no va a ser siempre así", ha avisado que aquellos países con altos niveles de déficit y de deuda "casi insostenible" se hacen "extremadamente vulnerables".

Por eso, el expresidente del Gobierno ha asegurado que hay que "acercarse muy pronto a políticas de recuperación del orden en las cuentas públicas" y "restablecer las reglas fiscales" que regían antes de la pandemia.

También se ha referido a la evolución de los países en América Latina y ha indicado que se pueden contar con los "dedos de la mano" los países que están apostando por mejorar sus democracias e instituciones liberales, ya que la mayoría "está en grave riesgo, grave amenaza o graves crisis políticas". Además, ha tildado de "preocupante" la ausencia de políticas en algunos de ellos por parte de Estados Unidos y de España.

Andalucía registra este lunes 13 de septiembre un total de 504 contagios, 206 menos que este sábado --el domingo no se informa de los datos del Covid-- cuando se registraron 710 y 794 menos que los comunicados hace siete días, según los datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía (IECA), que también notifica siete fallecidos, los mismos que hace 48 horas y uno más que hace una semana.

Por su parte, la incidencia acumulada continúa bajando y se sitúa en 102,2 puntos por cada 100.000 habitantes, que supone 6,9 puntos menos respecto a la del sábado y 66,9 puntos menos que hace siete días.

Los 504 de este lunes (48 horas) se registran tras los 710 positivos del sábado, los 604 del viernes, los 699 del jueves, los 680 de este miércoles, los 307 de este martes y los 1.298 del lunes anterior.

Por provincias, Málaga es la región con más contagios con 145, seguida de Sevilla con 115, Almería con 80, Cádiz con 41, Granada y Huelva con 38 cada una, Córdoba con 29 y Jaén con 18.

En cuanto a los siete fallecidos registrados en las últimas 48 horas, hay que sumar dos en Cádiz, otros dos en Sevilla y Málaga, respectivamente, y uno en Jaén. El resto de provincias no registran muertes esta jornada.

LOS HOSPITALIZADOS SE SITÚAN POR DEBAJO DE LOS 600

Andalucía ha registrado este lunes una bajada de 62 pacientes hospitalizados por Covid respecto a la jornada anterior (48 horas) para situarse en un total de 573, lo que supone un descenso de 200 en la comparativa intersemanal y que la situación hospitalaria continúe a niveles de mediados de julio, mientras que los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han descendido en seis y están en 153, 34 menos que los difundidos hace siete días.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 171 y 40 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 132 y 35 en UCI, Córdoba con 60 y 20 en UCI, Granada con 53 y 16 en UCI, Almería con 46 y 19 en UCI, Cádiz con 42 y 12 en UCI, Jaén con 37 y seis en UCI y Huelva con 32 y cinco en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 795.273 casos confirmados --504 más en 48 horas-- y ha alcanzado las 11.047 muertes, siete más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 56.197, 127 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.130 --uno más--, y el número de curados es de 744.188, después de añadirse 3.411.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 11.047 fallecidos desde el inicio de la pandemia --siete más--, Sevilla con 2.233 se mantiene como la provincia con más muertes --dos más--, seguida por Málaga con 1.932 --dos más--, Granada con 1.858, Cádiz con 1.588 --dos más--, Jaén con 1.063 --uno más--, Córdoba con 1.056, Almería con 911 y Huelva con 406.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 795.273 desde el inicio de la pandemia --504 más--, liderados por Sevilla con 173.899 --115 más--, seguida de Málaga con 152.672 --145 más--, Cádiz con 111.691 --41 más--, Granada con 108.107 --38 más--, Córdoba con 71.703 --29 más--, Almería con 68.811 --80 más--, Jaén con 63.611 --18 más-- y Huelva con 44.779 --38 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 56.197 --127 más--, con Sevilla a la cabeza con 12.654 --76 más--, seguida de Málaga con 10.317 --ocho más--, Granada con 9.087 --uno más--, Cádiz con 6.619 --30 más--, Córdoba con 5.257 --cuatro más--, Jaén con 5.164 --uno más--, Almería con 4.368 y Huelva con 2.731 --siete más--.

De ellos, 6.130 han pasado por la UCI en Andalucía --uno más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.215, seguida de Granada con 1.156, Málaga con 990 --uno más--, Almería con 744, Cádiz con 683, Córdoba con 652, Jaén con 482 y Huelva con 208.

La cifra de curados alcanza los 744.188 en toda la región, 3.411 más en 48 horas, con Sevilla a la cabeza con 160.595 --912 más--, seguida de Málaga con 142.739 --733 más--, Cádiz con 104.776 --566 más--, Granada con 102.435 --369 más--, Córdoba con 67.334 --310 más--, Almería con 64.899 --197 más--, Jaén con 60.250 --137 más-- y Huelva con 41.160 --187 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 102,2 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Huelva a la cabeza con 138,7. Detrás se sitúan Almería con 123,8, Sevilla con 120, Málaga con 104,3, Granada con 98, Jaén con 88,5, Cádiz con 73,1 y Córdoba con 70,8.

SEIS PUEBLOS SUPERAN LA TASA 1.000 DE INCIDENCIA

Por su parte, ningún municipio andaluz de más de 5.000 habitantes sigue sin superar este lunes la tasa de 1.000 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días fijada por la Junta como criterio para decretar cierre perimetral y toque de queda con aval judicial, a dos días de que los comités provinciales de alerta de salud pública se reúnan para revisar las restricciones vigentes por municipios, que podrían cambiar tras la reunión este martes del comité de expertos.

Sin embargo, hay seis municipios con tasa Covid superior a 1.000 pero menos de 5.000 habitantes, en los que los Comités Territoriales de Alto Impacto en Salud Pública tendrán que decidir si aplican o no cierre perimetral, y son Alhabía (1.034) en Almería, Nevada (2.518,7), Víznar (1.107,8) y Zagra (1.129,9) en la provincia de Granada y Cañaveral de León (1.515,2) y San Silvestre de Guzmán (1.140,1), en Huelva.

SALUD RESPONDE Y 061

Asimismo, la Consejería de Salud ha informado de que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo de 2020 hasta este domingo, 40.618.340 llamadas por todas las líneas, recibiendo 20.438 ayer. De ellas, los ocho Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaron el 40,62% de llamadas, el 58,56% fueron atendidas desde el 955 54 50 60 de Salud Responde y a través del 900 40 00 61, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 0,82% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 1.175.032 llamadas.

Las primeras consultas por coronavirus comenzaron a ser solventadas por los centros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el pasado 25 de febrero de 2020. Desde esa fecha hasta el 12 de septiembre de 2021, los centros coordinadores de 061y Salud Responde han resuelto 412.430 peticiones de asistencia o de información por este motivo. En la jornada de ayer, los operadores de los centros del 061 y Salud Responde resolvieron 136 consultas.

La aplicación móvil de Salud Responde suma 1.286.479 consultas desde el 25 de febrero de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2021, siendo el 45,2% para la realización de los test rápidos, llevándose a cabo un total de 19 ayer y 581.944 desde su puesta en marcha el 14 de marzo de 2020, con el fin de ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitarles la toma de decisión.

LA INCIDENCIA ANDALUZA, INFERIOR A LA NACIONAL

Atendiendo a los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 8.619 casos en los últimos 14 días con una tasa de 101,83 por cada 100.000 habitantes --por debajo de la media nacional de 116,13-- y 3.018 en los últimos siete días con una tasa de 35,66, inferior a la nacional de 45,26.

El Gobierno contabiliza 599 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 3,37% de camas, inferior a la media nacional, situada en el 3,92%, y 153 en UCI, que registran una ocupación del 8,17% de las camas, inferior a la media nacional de 12,80%. Además, registra 83 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 56 altas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a solicitar a Países Bajos que complete la información requerida sobre las cuentas bancarias de Oleguer Pujol, el pequeño del clan Pujol, un último paso antes de decidir el rumbo de esta pieza separada de la macrocausa dedicada a investigar el origen de la fortuna del ex presidente catalán y familia.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 5 (JCI5) ha acordado enviar "un OEI (Orden Europea de Investigación) recordatorio a las autoridades de Países Bajos, para reclamar el cumplimiento de la acordada" en junio de 2020 a petición de la defensa de Oleguer Pujol y conforme al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, según una providencia del pasado 1 de septiembre avanzada por Vozpopuli.

El anterior juez instructor del 'caso Pujol', José de la Mata --ahora en Eurojuts--, libró en octubre de 2019 una OEI dirigida a Países Bajos para que se practicaran unas diligencias de investigación en relación a dos empresas vinculadas al hijo menor del ex president, Dotricia BV y Anline Services BV.

Las autoridades neerlandesas respondieron en enero de 2020 detallando que esas dos cuentas acumularon en 2015 --el año analizado-- algo más de 26 millones de euros, acompañando su contestación con los extractos bancarios de los activos que, a 31 de diciembre de 2015, tenían ambas cuentas.

Sin embargo, la defensa esgrimió que dicha información no era más que una "foto final", reclamando el detalle de las operaciones realizadas en esas dos cuentas a lo largo de 2015. De la Mata accedió y pidió a Países Bajos que completara los datos requeridos en la OEI.

La respuesta sigue sin llegar, por lo que en un escrito del pasado mes de marzo Oleguer Pujol se dirigió ya a Pedraz, como nuevo responsable del JCI 5, para que insistiera a sus colegas holandeses. Ahora, el magistrado ha dado curso a este "OEI recordatorio".

Según las fuentes jurídicas, la respuesta de Países Bajos es la última pieza que queda para completar la investigación sobre las operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol.

LA PIEZA 'DRAGO'

Pedraz acordó el pasado mes de julio no alargar más la instrucción de esta pieza separada del 'caso Pujol', denominada 'Drago', sin perjuicio de recibir las cuestiones pendientes, entre ellas la respuesta a dicha comisión rogatoria y el informe definitivo de la Agencia Tributaria.

De la Mata abrió 'Drago' un año antes, en julio de 2020, para esclarecer el origen del dinero que Oleguer Pujol invirtió en diversas operaciones inmobiliarias de la empresa Drago Capital y en la propia compañía, tras constatarse el uso de sociedades extranjeras para el cobro de comisiones.

Destaca el denominado 'proyecto Brick', consistente en la compraventa de 1.152 locales de sucursales del Banco Santander, que se llevó a cabo por Samos Servicios y Gestiones SLU.

En un principio, De la Mata mantuvo imputados a Oleguer Pujol y a su antiguo socio Luis Iglesias --yerno del ex ministro Eduardo Zaplana--, así como a otras seis personas, entre ellas los hijos del financiero Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, y a José María Villalonga Bardella y José María Villalonga Cabarrocas. Tras la llegada de Pedraz al juzgado la causa se archivó para Iglesias, pero continúa para el resto.

Entretanto, la pieza principal sigue su curso. Pedraz acordó la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política, y pidió al clan que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.

De esta forma, el magistrado siguió el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra toda la familia, al estimar que actuaron conjuntamente, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y a otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr y su madre en la "dirección operativa" de esta presunta organización criminal.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido al Reino Unido, Noruega, Suiza y a la Unión Europea, cuya postura tiene el respaldo firme de Alemania, que dejen de bloquear la iniciativa sobre la eliminación de los monopolios de los instrumentos médicos vitales en la lucha contra la COVID-19.

El este martes tendrá lugar una nueva ronda de debates sobre la propuesta de "exención de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC" (la suspensión temporal de la propiedad intelectual) en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Casi un año después de que la exención fuera propuesta por primera vez por India y Sudáfrica en octubre de 2020 _y que cuenta ya con el apoyo de más de 100 estados_ esta se enfrenta a la oposición de un pequeño grupo de miembros de la OMC, entre los que se encuentran la UE, el Reino Unido, Noruega y Suiza.

"Estos siguen paralizando las discusiones constructivas sobre una propuesta que, de salir adelante, permitiría suspender, mientras dure la pandemia, las patentes y otros tipos de propiedad intelectual sobre las vacunas, los tratamientos, los diagnósticos y otras herramientas médicas esenciales que se necesitan urgentemente para luchar contra la COVID-19, lo que allanaría el camino para que muchos países aumenten la producción y el suministro", explican.

"A pesar de las revolucionarias innovaciones médicas desarrolladas en el último año, y de los compromisos de algunos países ricos que prometen solidaridad y equidad a nivel mundial, el acceso a estas herramientas médicas contra la COVID-19 sigue siendo escaso en demasiados países de ingresos bajos y medios", denuncia Candice Sehoma, responsable de incidencia política en Sudáfrica de la Campaña de Acceso de MSF.

"Los ciudadanos de estos países, que se enfrentan a la vida o a la muerte en esta pandemia, no pueden confiar únicamente en las medidas caritativas o voluntarias dictadas por un pequeño número de países de renta alta y su industria farmacéutica. Exigimos a los estados que se oponen a la exención de los ADPIC que dejen de bloquear la voluntad de la mayoría del mundo de contar con esta herramienta legal adicional durante la pandemia para lograr la autosuficiencia en la producción de vacunas, tratamientos y pruebas de COVID-19", añade.

"Ante la proximidad de la Conferencia Ministerial de la OMC en noviembre, instamos encarecidamente a los países a que aceleren las negociaciones sobre la suspensión de la propiedad intelectual y garanticen su rápida adopción", afirma Yuanqiong Hu, coordinadora de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF.

"Hacerlo sería un paso crucial e histórico para eliminar las barreras de los monopolios que obstaculizan tanto el aumento de la producción mundial como la diversificación de los suministros y el acceso de todas las personas a las herramientas médicas COVID-19 que se necesitan desesperadamente", concluye.

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha anunciado que dará "un paso al lado" y no optará a la reelección como secretario general de su partido en la Región de Murcia, cargo que ostenta desde septiembre de 2017, tras comunicarlo este lunes por la mañana a la Secretaría de Organización del PSOE.

En una carta dirigida a la militancia, Conesa ha admitido que este año ha sido "bastante duro" y ha sufrido "ataques furibundos, no solo políticos, también personales y familiares que superan cualquier línea roja".

"Siempre he manifestado que antes que político soy vecino de la Región, a la que amo y por la que me he entregado en cuerpo y alma, anteponiendo los intereses generales de cada una de las mujeres y hombres de nuestra tierra, por encima de cualquier otra consideración", ha indicado en su misiva.

Así, ha precisado que estos cuatro años en los que ha estado al frente del PSRM ha dado "todo cuanto tenía", y ha dedicado "todas las horas posibles del día, durante los siete días de la semana, para hacer una Región de Murcia mejor a través de un PSRM centrado en ser útil a sus 45 municipios".

El líder de los socialistas murcianos se ha mostrado convencido en su carta de que es "el momento de dar un paso al lado, tomar oxígeno, respirar fuerte y coger impulso para seguir dejándome la piel y el alma en mantener, mejorar y hacer crecer el único proyecto político alternativo a la derecha corrupta y a la extrema derecha tóxica que cree que la Región es su cortijo".

Así, ha avanzando que tras el congreso de diciembre, se pondrá "a disposición de nuestro partido y de la nueva dirección regional".

"Los socialistas continuaremos demostrando que defendemos, sentimos y respetamos unos valores e ideales de libertad, igualdad y justicia social. Que somos el partido y la alternativa que necesita y merece nuestra Región, por nuestros jóvenes y mayores, por unos servicios públicos de calidad, que reduzca las desigualdades, especialmente entre hombres y mujeres, que luche por la recuperación del patrimonio natural y ponga a la Región de Murcia en el lugar que se merece", ha concluido Conesa.

El Congreso analizará este martes, tanto en las reuniones de la Mesa como de la Junta de Portavoces, la conveniencia de rebajar las restricciones de aforo que mantiene por la pandemia y si permite que, al menos en las votaciones, los 350 diputados puedan ocupar sus escaños del hemiciclo.

La semana pasada este asunto ya fue objeto de debate por parte de los grupos parlamentarios, pues la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quiere que estas decisiones sean fruto de pactos entre las distintas formaciones políticas.

El PP es partidario de levantar todas las restricciones, como comunicó públicamente su portavoz, Cuca Gamarra, y de que se recupere la normalidad en la sede parlamentaria, siempre, eso sí, teniendo en cuenta el criterio de los expertos en salud pública.

Por su parte, Vox ha presentado una propuesta formal ante la Mesa del Congreso para que el aforo máximo en el Salón de Plenos pase del actual 50% al 75%. También demanda que se elimine la obligación de intervenir con mascarilla en las sesiones de control, donde la mayoría de las intervenciones se hacen desde el escaño.

Los de Santiago Abascal también piden que se permita el regreso de público, con limitaciones, a las sesiones plenarias, y que se reactiven las visitas a la institución. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, Batet es partidaria de reactivar esas visitas de grupos, dando prioridad a las de escolares.

Además, tanto 'populares' como Vox y otros grupos parlamentarios, como Esquerra Republicana (ERC), son partidarios de levantar todas las restricciones que aún se aplican a los representantes de los medios de comunicación.

75% PARA ESPECTÁCULOS EN MADRID

Hasta ahora el Congreso se ha venido guiando, en líneas generales, por las restricciones de aforo fijadas por la Comunidad de Madrid, donde ahora, por ejemplo, en el caso de los espectáculos teatrales está fijado en el 75%.

La Junta de Portavoces ya analizó la semana pasada un informe de los servicios de la Cámara en el que se apuntaba que, de aplicarse el porcentaje del 75% en el hemiciclo, no se podría garantizar la distancia interpersonal de un metro y medio entre sus señorías.

Por ello, sugieren que se mantenga la restricción del 50% en el Salón de Plenos, si bien plantean que sí se permita a los 350 diputados ocupar sus escaños a la vez para votar, dado que no suelen durar "más de 20 minutos", y ese es, precisamente, "el tiempo que se toma como referencia para valorar la eventual existencia de un 'contacto estrecho'".

De aceptarse esa idea, habría que derogar el acuerdo adoptado en su momento por el que se permitía votar telemáticamente a todos los diputados que lo solicitaran.

La Audiencia Nacional decide este martes sobre la legalidad de la orden que adoptó el Ministerio del Interior al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8M con el inicio de contagios de coronavirus.

Según informan fuentes jurídicas, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reúnen este martes para deliberar sobre el recurso de Interior al fallo en primera instancia que ya declaró ilegal dicho cese, aunque su resolución es posible que no se comunique hasta pasado unos días.

El cese fue ordenado un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por el Covid-19, dando paso a las críticas de los partidos de la oposición al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referéndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisas --luego archivadas-- que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

INTERIOR: CESE POR PÉRDIDA DE CONFIANZA

El pasado mes de abril, la Abogacía del Estado alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso "desviación de poder" al deberse a una pérdida de confianza. Además, sostenía que con su decisión la Audiencia Nacional "eliminaba" la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial, de acuerdo al "juicio de confianza" que establezca la cadena de mando.

El escrito de apelación presentado por Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo planteaba el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos "contradijo el resultado de la prueba practicada". "El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", sostuvo.

En este sentido, Interior alegaba que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación sobre el 8M antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta de una videoconferencia con la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para "acelerar la investigación", de una conversación sobre el "plus de cautela" y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

"No es cierto que el demandante informase 'hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones'. Dicha afirmación no es cierta se mire la prueba por donde se mire", se quejaba Interior.

Sobre el fondo del problema, que el ministro Grande-Marlaska quisiera conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón en el curso de una investigación judicial, Interior también negaba su interés: "Estamos hablando de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento --entre ellas, el Delegado del Gobierno-- y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación.

REQUERIMIENTOS POR LA CADENA DE MANDO

El 24 de mayo, según el recurso de Interior, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, realizó una llamada al entonces Director Adjunto Operativo, el teniente general Laurentino Ceña, "a fin de aclarar si él era conocedor de que se habían entregado las diligencias referentes a la investigación". A través del Mando de Operaciones, se requirió explicaciones a Pérez de los Cobos, que contestó que "ni conocía ni debía conocer nada".

La contestación no satisfizo al Ministerio del Interior, según detalla el recurso: "Esta fue la única respuesta ofrecida por el demandante a la cadena de mando en relación con su conocimiento sobre la entrega de las diligencias (no el contenido), después de haber informado a la cadena de mando sobre diversas incidencias de la investigación (hasta cuatro) y tan solo dos días después de que el contenido de esas mismas diligencias, practicadas por la UOPJ integradas en su Comandancia, se hubiese comunicado a todos los lectores del periódico digital 'El Confidencial.

La Abogacía se apoyaba en la jurisprudencia y el cese como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de otro mando de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, por ser un puesto de libre designación. "El cese analizado viene regulado en la legislación específica aplicable al personal de la Guardia Civil; por tanto, la normativa general sobre ceses de empleados públicos (y la interpretación que de ella se haga por el Tribunal Supremo) no puede extenderse al personal de la Guardia Civil", alegaba.

Más de una veintena de provincias en una decena de comunidades autónomas tendrá este martes riesgo por lluvias fuertes, tormentas, en algunos casos acompañadas de granizo y, en el caso de Menorca el fenómeno meteorológico adverso serán las rissagas, según ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que espera una jornada otoñal, con precipitaciones, viento y descenso de las temperaturas, sobre todo en la mitad oeste.

Así, el riesgo (amarillo) por precipitaciones y por tormentas, que pueden ser fuertes e incluso muy fuertes, es decir que pueden acumular entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, afectará a La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Principado de Asturias, León, Zamora, Salamanca, Ávila, Cáceres, Badajoz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Además, el riesgo por lluvias también se extenderá a las provincias de Toledo, Ciudad Real, Huesca, Zaragoza, Lérida y Madrid. En Menorca las rissagas provocarán riesgo al esperarse una oscilación del mar de 0.7 metros.

En general, la AEMET prevé viento con rachas muy fuertes en zonas de montaña de la Península y Mallorca, que se sumarán a los chubascos y tormentas localmente fuertes o persistentes en Andalucía occidental, zonas montañosas de Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha, sistema Central, Comunidad de Madrid, montes de León, cordillera Cantábrica occidental y sur de Pirineos.

La situación está motivada por una borrasca atlántica situada al oeste de la Península se desplazará hacia el este, que irá extendiendo la inestabilidad, los chubascos y las tormentas a amplias zonas, principalmente en la vertiente atlántica y Pirineos.

En concreto, insiste en que estos chubascos serán abundantes y estarán repartidos de manera desigual. También afectarán, aunque de forma más débil y dispersa al Cantábrico y alto y medio Ebro, mientras que en el área mediterránea oriental son poco probables o no se esperan.

En los entornos de Andalucía occidental, zonas montañosas de Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha, sistema Central, Comunidad de Madrid, León, cordillera Cantábrica occidental y sur de Pirineos, podrán ser localmente fuertes y persistentes.

Mientras, en Canarias se esperan intervalos nubosos y no se descarta en el archipiélago alguna precipitación débil, más probable en el norte de islas de mayor relieve.

La AEMET informa también de la posibilidad de que el polvo en suspensión llegue al área mediterránea y de que se registren brumas matinales en el bajo Ebro.

Asimismo, prevé que las temperaturas diurnas sufrirán un descenso casi generalizado, más acusado en el interior peninsular. Ascienden en Baleares y que los vientos soplarán del sur en la vertiente atlántica, y del sudeste en Baleares y valle del Ebro, con intervalos de fuerte en Baleares y Ampurdán, y con rachas fuertes en gran parte de la Península y Baleares, más probables e intensas en zonas de montaña. En Canarias, los vientos serán flojos, con carácter variable y llegarán desde el noroeste.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de promover una ordenanza de Movilidad que pasará de una ciudad que era "referente" en este ámbito a "hazmerreír de Europa".

"Mientras el resto de Europa avanza, Madrid retrocede. Mientras que las otras capitales europeas, como París, Viena, Londres o Copenhague, avanzan hacia ciudades menos contaminadas, más vivibles y modernas, Madrid da pasos atrás", ha lamentado Maestre en un comunicado.

Maestre ha culpabilizado de estos pasos atrás a "un alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no tiene soluciones del siglo XXI para los retos que tiene nuestra ciudad".

Esto se traduce en que Madrid "cae en picado en los índices de calidad de vida de las capitales europeas pasando de ser un referente internacional de políticas de movilidad y mediombientales, como fue la puesta en marcha de Madrid Central en 2018, imitada después por muchas otras capitales europeas, a ser el hazmerreír de Europa".

"La contaminación no es una cuestión ideológica sino de salud", ha subrayado la portavoz de Más Madrid, después de apostillar que ya hoy "Madrid es la ciudad con más muertes por contaminación en Europa, por lo que son incomprensibles los objetivos de Almeida aprobando una ordenanza que implicará la entrada diaria de 50.000 coches más".

A lo que ha sumado "los métodos por los que ha conseguido los votos para sacar adelante esa pésima ordenanza".

Además, esta tarde se ha unido a la manifestación frente al Consistorio organizada por la Plataforma en Defensa de Madrid Central donde ha subrayado que la nueva ordenanza es "un retroceso" para la calidad del aire, la modernidad y la movilidad sostenible. "Vamos a perder otra oportunidad para nuestra ciudad", ha aseverado.

"Es un retroceso inadmisible que va a perjudicar la salud de millones de madrileños", ha insistido Maestre, a la vez que ha sostenido que esto se debe a un Gobierno municipal que "piensa en el pasado y no en el futuro de Madrid".

España destinara 20 millones de euros a asistencia humanitaria para Afganistán, de los que al menos 7 millones de ejecutarán este mismo año, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

El ministro ha participado por vía telemática en la Conferencia deAyuda Humanitaria a Afganistán organizada por la ONU y celebrada en Ginebra con vistas a recabar fondos para atender las necesidades de la población del país, que se han visto agravadas por la reciente toma del poder por los talibán.

Durante su intervención, según ha informado Exteriores en un comunicado, Albares ha resaltado la necesidad de prestar ayudar urgente "para evitar el drama de una crisis humanitaria de grandes proporciones".

Asimismo, ha reconocido el esfuerzo de quienes asisten a los muchos desplazados y víctimas en la crisis afgana y, en especial, a aquellos que han perdido la vida en este fuerzo. "Es esencial asegurar que los actores humanitarios puedan desarrollar su labor en condiciones de seguridad", ha recalcado.

"No vamos a dar la espalda a esta crisis", ha señalado el ministro, que ya durante su visita a Pakistán el viernes había adelantado la intención del Gobierno de contribuir con fondos a atender esta crisis humanitaria.

Así las cosas, ha hecho especial hincapié en que países como Pakistán acogen ya 2,2 millones de refugiados afganos y que para España resulta prioritario garantizar la educación de más 2,5 millones de niños al igual que la atención a los colectivos más vulnerables, entre los que ha destacado a mujeres y niñas.

ESPAÑA TRABAJARÁ PARA QUE NO SE PIERDA LO LOGRADO

Por último el jefe de la diplomacia ha prometido que España seguirá trabajando "para que los muchos años invertidos en crear un futuro mejor para el país no hayan sido en balde", en línea con el compromiso expresado por el Gobierno desde que los talibán se hicieron con el control de Afganistán el pasado 15 de agosto.

La ONU ha solicitado algo más de 606 millones de dólares para poder prestar asistencia a unos 11 millones de afganos en los próximos meses. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido durante su intervención de que los afganos necesitan ahora "un salvavidas".

"Tras décadas de guerra, sufrimiento e inseguridad, se enfrentan quizá al momento más peligroso. Ahora es el momento de que la comunidad internacional esté junto a ellos", ha reclamado, advirtiendo de que uno de cada dos afganos ya tienen problemas para garantizar su próxima comida y "mucha gente podría quedarse sin alimentos para finales de mes".

Al término de la conferencia, Guterres ha anunciado que se han realizado compromisos por 1.000 millones de dólares, si bien no está claro qué montante irá destinado a la ayuda de emergencia solicitada por Naciones Unidas y cuál se desbloqueará posteriormente.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha entregado este lunes a la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, la Memoria del Ministerio Público correspondiente al año 2020.

El acto de entrega ha tenido lugar en un encuentro privado una semana después de que Delgado presentara la Memoria en el acto de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, presidido por el rey Felipe VI y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

En la reunión, Delgado le ha expuesto a De la Fuente los aspectos más relevantes de la Memoria, según ha informado la Fiscalía en una nota de prensa. También ha mantenido un encuentro con el Fiscal de Sala Jefe, Miguel Ángel Torres, y con el resto de fiscales de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

La Memoria recoge la actividad del Ministerio Fiscal durante 2020, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. Asimismo, contiene las observaciones que las Fiscalías de los distintos órganos elevan a la Fiscalía General del Estado.

Este año la Memoria contiene como anexo el libro 'La Fiscalía ante el reto de la pandemia COVID-19 (marzo-junio 2020)', una publicación que recopila la intensa actividad de la Fiscalía durante esos meses para prestar el mejor servicio público a la ciudadanía.

Con motivo de la celebración este año del 40 aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Fiscal General ha presentado a su vez a la Presidenta del Tribunal de Cuentas el libro conmemorativo 40 años del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Esta misma mañana, Delgado ha entregado también la Memoria a la titular de Justicia, Pilar Llop en un acto en la sede del Ministerio.

Anteral, empresa derivada del grupo de investigación de Antenas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), formará parte del proyecto Space Rider de la Agencia Espacial Europea (ESA), que consiste en la puesta en órbita de un vehículo espacial, reutilizable y no tripulado, que alcanzará la órbita terrestre baja para llevar a cabo diferentes tipos de misiones.

Compuesta por un equipo de 16 personas, Anteral ha sido seleccionada por Thales Alenia Space Italia, contratista principal de la misión de la ESA, para formar parte del citado proyecto. En concreto, se encargará de tareas de diseño, fabricación, prueba y calificación de las antenas del subsistema de seguridad del vehículo, ha explicado la UPNA en una nota.

Space Rider se lanzará integrado en el cohete Vega-C previsiblemente en 2023, desde el puerto espacial de Europa en la Guayana francesa. Se concibe como un laboratorio robótico capaz de realizar experimentos durante misiones que durarán unos dos meses y que permitirán la demostración de tecnologías y el avance de investigaciones en sectores como biomedicina, farmacia, biología y ciencias físicas.

El vehículo no tripulado permanecerá en el espacio en una órbita de baja altitud y volverá a entrar en la atmósfera terrestre para aterrizar con su carga útil, con la ayuda de un paracaídas. Después, será renovado y preparado para su próxima misión.

Space Rider tendrá el potencial de acoger aplicaciones de vuelo libre, como experimentos de microgravedad; demostración y validación de tecnología en órbita para aplicaciones de exploración, robótica, observación de la tierra, instrumentación, telecomunicaciones, etc.; y aplicaciones como vigilancia de desastres terrestres o inspección de satélites.

Desde la UPNA han destacado que Anteral surgió en 2010 del Grupo de Antenas del centro como "un ejemplo perfecto de transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa". Desde su creación ha apostado por la investigación y el desarrollo. Cuenta con dos líneas de negocio, la primera, más madura y consolidada, se centra en el desarrollo de antenas y pasivos de altas prestaciones para el sector aeroespacial, telecomunicaciones, seguridad y defensa, entre otros. Así, algunos de sus desarrollos han sido aplicados en más de 12 satélites y ha trabajado con empresas y organismos líderes en el sector como Airbus, Thales Alenia, Indra, ESA, JPL-Nasa, etc.

Su segunda línea de negocio es el desarrollo de tecnología radar y busca potenciar y universalizar su uso en sectores como ciudades inteligentes, industria, educación, salud, etc. Además, englobando ambas líneas, Anteral cuenta con una amplia cartera de productos desarrollados a partir de su capacidad tecnológica y experiencia en el campo de las radiofrecuencias.

Este lunes ha comenzado en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla el juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), conocida como pieza de personal, en la que figuran como acusados el ex presidente y exconsejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector financiero Antonio Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino este último del expresidente socialista del Gobierno Felipe González.

En el comienzo de esta primera sesión, el presidente del tribunal ha dado cuenta de que Pérez-Sauquillo, condenado a 3 años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis; ha solicitado quedar eximido de la obligación de comparecer a la totalidad de la vista oral, salvo el día en el que preste declaración como acusado "una vez desarrolladas el resto de pruebas" previstas para el conjunto del juicio.

En ese sentido, ha anunciado que el jueves se celebrará una videoconferencia para que Pérez-Sauquillo, desde Madrid, "confirme" esta petición, algo a lo que ninguna de las partes se ha opuesto.

DECLARARÁN AL FINAL DE LA VISTA ORAL

A continuación, los restantes acusados han comparecido brevemente para manifestar que conocen los escritos de acusación formulados en su contra y formalizar su petición de prestar declaración al final de la sesión, una vez practicadas las pruebas testificales previstas.

Ha sido en esta tanda de breves comparecencias, cuando Cantos se ha declarado "no culpable", González Mejías se ha declarado "inocente" y Nieto Garrido también "no culpable".

A continuación, las partes han enumerado sus propuestas de prueba, destacando una petición del letrado Ángel García Diéguez, defensor de Nieto Garrido, para que testificase el abogado que representa a IDEA, Gregorio Pérez, que ejerce la acusación particular, sobre las "circunstancias del despido y liquidación" de Pérez-Sauquillo como presidente de Invercaria.

Tal petición ha contado con la oposición de la Fiscalía, mientras el mencionado abogado de IDEA ha avisado de un "intento" de apartarle del proceso. "Es un intento de apartarme", ha enfatizado, mientras el letrado defensor de Nieto Garrido ha admitido su "interés" en esa "salida del procedimiento", achacándole "falta de rigor".

El presidente del tribunal no ha admitido esta petición avisando de que el abogado Gregorio Pérez "estaría condicionado" a la hora de testificar, al ejercer la acusación particular en representación de IDEA.

Ya en el trámite de las cuestiones previas, el abogado defensor de Nieto Garrido ha insistido en este asunto, reclamando que IDEA fuese expulsada de la causa como acusación particular, bajo la premisa de que "la única perjudicada" por los hechos enjuiciados fue la sociedad Invercaria, perteneciente a IDEA y que ejerce su propia acusación particular en este juicio. A su entender, IDEA "no está legitimada" para ejercer la acusación particular, por lo que "no puede permanecer ni un minuto más" en la causa y "deber ser apartada" de la misma, según manifestaba.

La defensa de Pérez Sauquillo ha apoyado esta petición del abogado defensor de Nieto Garrido, apreciando igualmente una "falta de legitimación" de IDEA a ejercer la acusación particular cuando ya lo hace Invercaria.

En el caso del abogado defensor de González Mejías, ha alegado como cuestión previa una supuesta vulneración a la tutela judicial efectiva, avisando de una situación de "indefensión real" al ser enjuiciado su patrocinado por "dos motivos distintos" señalados en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, mientras la Fiscalía le atribuye un único delito de malversación.

En el auto de apertura de juicio oral emitido en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, dicha instancia atribuía a Pérez-Sauquillo supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, achacando presunta malversación a los restantes acusados.

LAS PENAS DE LA FISCALÍA

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para el expresidente de Invercaria 6 años de cárcel por un delito continuado de malversación y 9 años de inhabilitación especial. Asimismo, reclama para Nieto Garrido 6 años de prisión por el delito continuado de malversación, mientras que para cada uno de los dos ex directores de Promoción pide 3 años y medio de cárcel por ese mismo delito.

Durante la instrucción del caso, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas indicaba respecto a la presunta malversación que hay "indicios racionales claros" de la misma "al existir disposiciones de fondos públicos a los que tenían acceso" los investigados en su relación laboral con Invercaria, "prevaliéndose de las facultades que ostentaban en los cargos que ocupaban para así realizar actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público y en orden a obtener un lucro ilícito".

En ese sentido, señalaba supuestas "actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos, actuaciones que supusieron" la "disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados".

De este modo, sostenía que Pérez-Sauquillo --condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza separada por el préstamo a la empresa Aceitunas Tatis-- "asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo", de forma que "decidía qué personas eran contratadas para trabajar en Invercaria, así como los sueldos". Según el instructor, "esta decisión la adoptaba el expresidente sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido".

El juez agregaba que el 17 de abril de 2006, Nieto suscribió un contrato de trabajo con Invercaria como director financiero, siendo acordado sin "fundamento objetivo que lo justificara" retribuir a este investigado de 2007 a 2010 con "cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato y la legislación, sin causa legal justificada".

En paralelo, el 1 de noviembre de 2005, Cantos suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a éste un préstamo de 30.000 euros a devolver mediante un descuento en la nómina.

El juez aseveraba que el expresidente y el exdirector financiero de esta sociedad, "manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo", con lo que "permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria". El instructor considera en ese sentido que estos tres investigados "eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía adeudada".

EL PRÉSTAMO PREVIO DE IDEA

A continuación, el magistrado señalaba que, el 1 de julio de 2005, Juan María González suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que cuando comenzó a trabajar esta sociedad de capital riesgo, "a petición" de este investigado, "se subrogó en el préstamo personal que IDEA le había hecho durante el tiempo que desarrolló su trabajo" allí, una operación con la que "pasó a contraer una deuda con Invercaria" de 17.468,75 euros "en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales" de su nómina.

El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral, González "tenía pendiente de devolver 27.406 euros de los que Invercaria le había prestado" y señala que Pérez-Sauquillo y Nieto "decidieron condonarle esa cantidad", con lo que "permitieron que obtuviera un lucro indebido en perjuicio de Invercaria".

Algo más de tres cuartas partes (el 76,2%) de la población navarra y el 86,6% de la vacunable (mayores de 12 años) han completado ya su vacunación frente al Covid-19, después de que este fin de semana se superara la cifra de medio millón de personas con la pauta finalizada, hasta alcanzar a día de hoy los 503.589 navarros.

Por otra parte, el Departamento de Salud prevé iniciar esta semana la citación progresiva de las personas en riesgo grave de inmunosupresión para las que el Ministerio de Sanidad aprobó la semana pasada la inoculación de una dosis adicional de la vacuna, con el fin de paliar el riesgo de una insuficiente respuesta inmune ante una posible infección.

Se trataría de las personas con trasplante de órgano sólido, los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20, que, en conjunto, sumarían en Navarra más de 2.000 personas.

Salud contactará con ellos en los próximos días para asignarles fecha y lugar para su vacunación, que, en el caso de Pamplona se producirá en las dependencias de Forem en Mutilva y en Tudela, en el Hospital Reina Sofía, ha informado el Gobierno foral a través de un comunicado.

El Departamento de Salud continúa con la campaña de vacunación a la población general mayor de 12 años y, siguiendo el criterio de flexibilidad y adaptación a las circunstancias concretas del proceso, mantiene la posibilidad de recibir la vacuna sin cita previa, al tiempo que trabaja en la ampliación de agendas los fines de semana, con el fin de acercar la vacuna a quienes, por motivos laborales o de otro tipo, pudieran tener más dificultades para recibirla entre semana.

Como en semanas precedentes, continúa abierta la posibilidad de vacunarse sin la reserva previa de fecha y hora en las instalaciones de Forem y en el polideportivo de los Jesuitas de Tudela. En ambos puntos se vacuna de lunes a domingo y el horario es de 08.30 a 19.00 horas en Forem y de 08.30 a 19.30 horas en Tudela. Es necesario acreditar la identidad mediante DNI, pasaporte y/o tarjeta sanitaria.

Las personas que deseen formalizar su cita para recibir la dosis pueden hacerlo preferentemente a través de la página web citasalud.navarra.es (mediante la fecha de nacimiento y el número de la tarjeta sanitaria). Para cambios de citas ya programadas y dudas al respecto, está disponible el correo electrónico citas.covid@navarra.es.

Desde el Departamento de Salud han insistido en la importancia de vacunarse tanto para prevenir contagios como ingresos y fallecimientos. Según los datos publicados en el último informe epidemiológico del ISPLN, la efectividad promedio de las vacunas de Covid-19 en Navarra para prevenir ingresos hospitalarios es del 80% con una dosis y del 92% con vacunación completa, y del 62% con una dosis y del 73% con pauta completa para prevenir casos sintomáticos de la enfermedad.

PLANIFICACIÓN SEMANAL

Respecto al proceso de vacunación, en conjunto, esta semana está previsto administrar en Navarra 5.423 vacunas. En el Área de Pamplona, los equipos coordinados por Atención Primaria vacunarán esta semana todavía en los puntos habituales: de lunes a domingo, en Forem; el jueves 16, en el polideportivo UPNA; y el viernes 17, en el antiguo colegio de Maristas. Así, según estas previsiones, en el Área de Pamplona se va a citar a 3.350 personas.

Por su parte, en el Área de Salud de Tudela, de lunes a domingo, se prevé administrar un total de 960 dosis, desde hoy hasta el domingo, en el polideportivo del colegio de Jesuitas de la capital ribera, en horario de 08:00 a 20:00 horas.

En el Área de Estella se vacunará en el Hospital García Orcoyen lunes, martes, miércoles y viernes. Además, el jueves se administrarán dosis en la escuela de música de Estella, en la casa de cultura de Lodosa, en la casa de la juventud de San Adrián; en el frontón de Allo, en el ayuntamiento de Ancín-Améscoa y en la casa de cultura de Los Arcos. Durante esta semana está previsto que se administren 1.113 dosis.

En lo que respecta al proceso de vacunación, este domingo se administraron 2.244 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas a 961.089, de las 1.064.455 recibidas, lo que supone el 90,2% de las disponibles.

Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 503.589 personas (el 86,6% de la población vacunable, a partir de 12 años, y el 76,2% de la total), después de haber cerrado ayer su pauta 2.026 de ellas. Además, ha recibido al menos una dosis el 88,8% de la población vacunable y el 78,1% de la total, 516.360 personas.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100% de mayores de 80 años y al mismo porcentaje de los de 70 a 79 años. Además, tienen la pauta completa el 97% de los de 60 a 69 años; el 94% de los de 50 a 59 años; el 87% de 40 a 49 años; el 74% de 30 a 39 años; el 73% de 20 a 29 años; y el 70% de 12 a 19 años.

Respecto a la cobertura con al menos una dosis, en el tramo de 80 y más, el 100%; de 70 a 79 años, el 100%; de 60 a 69 años, el 97%; de 50 a 59 años, el 95%; de 40 a 49 años, el 87%; de 30 a 39 años, el 77%; de 20 a 29 años, el 78%; y de 12 a 19 años, el 79%.

El exdiputado de Cs Maxo Benalal ha cesado este lunes como secretario segundo de la Mesa del Parlament balear tras adquirir formalmente la condición de diputado no adscrito.

Benalal fue expulsado del Grupo Parlamentario de Cs el viernes, en una votación en la que solamente el menorquín Jesús Méndez votó en contra de su salida. Esta votación se produjo tres meses después de que Benalal fuera expulsado del partido.

La Mesa del Parlament se ha reunido este lunes en una sesión extraordinaria para tramitar el escrito de Cs en el que se comunicaba la expulsión del grupo parlamentario, lo que conllevaba la salida de Benalal de la Mesa.

A consecuencia de la expulsión, Benalal deja también de formar parte de las Comisiones en las que figuraba en nombre de Cs. Se trata de la Diputación Permanente, la Comisión de Participación Ciudadana, la Comisión de estudio de gestión de recursos hídricos, de Reglamento, del Estatuto de los Diputados, de Medio Ambiente y de Consells Insulars.

El ibicenco pasa a tener la condición de diputado no adscrito para el resto de la legislatura, algo que le permite formular una pregunta por periodo de sesiones y defender las enmiendas parciales formuladas durante la tramitación de textos legislativos. También podrá pertenecer a una comisión legislativa, en la que podrá formular preguntas orales y participar en comparecencias, entre otras cuestiones.

Según el reglamento de la Cámara, como diputado no adscrito Benalal tendrá derecho exclusivamente a las percepciones económicas que previstas para los diputados individualmente. La Mesa será quien decida qué medios materiales se le otorgan para sus funciones.

Cs deberá comunicar ahora quién sustituirá a Benalal en las Comisiones. Además, el grupo tiene hasta el próximo viernes a las 10.00 horas para designar al candidato para relevar a Benalal como miembro de la Mesa. Por el momento los rumores apuntan a Marc Pérez-Ribas, si bien este mismo lunes la portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, ha indicado a preguntas de los medios que "el Grupo parlamentario no se ha reunido todavía para tomar esta decisión".

Debido a la salida de Benalal, Cs podrá hacer menos propuestas de resolución en el Debate de Política General, al contar con cuatro diputados en vez de cinco.

La crisis que dio lugar a la expulsión se produjo cuando tres diputados de Cs -Benalal, Pérez-Ribas y Jesús Méndez- firmaron un escrito para que Pérez-Ribas sustituyera a Guasp como portavoz. Desde el partido se consideró a Benalal como "instigador" de esta maniobra. Asimismo, estuvo envuelto en una polémica por el supuesto cobro de unas dietas percibidas de manera irregular. Concretamente, las cantidades percibidas indebidamente ascenderían a unos 15.000 euros.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 499 nuevos casos por infección de coronavirus durante el fin de semana, así como siete fallecimientos.

Así, el viernes se registraron 189 casos, el sábado 252 y el domingo 58, según ha informado la Junta en nota de prensa. Por provincias, Toledo ha registrado 194 casos, Ciudad Real 118, Albacete 88, Guadalajara 61 y Cuenca 38.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 235.450. Por provincias, Toledo registra 88.581 casos, Ciudad Real 55.152, Albacete 36.860, Guadalajara 31.705 y Cuenca 23.152.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 172. Por provincias, Toledo tiene 72 de estos pacientes (54 en el Hospital de Toledo y 18 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 39 (16 en el Hospital de Ciudad Real, 9 en el Hospital Mancha Centro, 9 en el Hospital de Tomelloso, 3 en el Hospital de Manzanares y 2 en el Hospital de Puertollano), Albacete 26 (17 en el Hospital de Albacete, 4 en el Hospital de Villarrobledo, 3 en el Hospital de Hellín y 2 en el Hospital de Almansa), Guadalajara 23 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 12 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 36. Por provincias, Ciudad Real tiene 13 de estos pacientes, Toledo 11, Guadalajara 6, Albacete 6 y Cuenca 1.

Durante el fin de semana se han registrado 7 fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, en concreto 4 en la provincia de Toledo, 1 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 1 en Guadalajara.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.270. Por provincias, Toledo registra 2.372 fallecidos, Ciudad Real 1.771, Albacete 911, Guadalajara 656 y Cuenca 560.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

21 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los 21 centros, 8 están en la provincia de Toledo, 5 en la provincia de Cuenca, 4 en la de Ciudad Real, 3 en Guadalajara y 1 en la de Albacete. Los residentes con caso confirmado son 123.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.108.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la Universidad de Oviedo han organizado seis jornadas de vacunación contra el coronavirus sin cita previa para aumentar el grado de inmunización de personal y alumnado de la institución académica.

Con este fin, se habilitarán seis puntos de vacunación móviles en los diferentes campus, según ha informado el Principado en nota de prensa. Los espacios estarán operativos en horario de 09.00 a 12.00 horas. El viernes 17 de septiembre el punto de vacunación se habilitará en la explanada lateral del teatro Campoamor de Oviedo. La convocatoria se dirige al alumnado y personal de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales y de la Facultad de Psicología, así como a todo el personal de servicios centrales que aún no se haya vacunado.

El lunes 20 de septiembre será en el campus de Gijón se aplicará la profilaxis a personal y alumnado de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, de la Escuela Politécnica de Ingeniería, de la Escuela Superior de la Marina Civil y de la Facultad de Enfermería de Gijón. El punto móvil se ubicará entre los aularios Norte y Sur, concretamente en la calle peatonal entre los edificios.

El martes 21 de septiembre, la vacunación de la comunidad universitaria de la Escuela Politécnica de Mieres se llevará a cabo en el campus de Mieres, en un punto que se instalará en la puerta principal, en la calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, sobre la acera.

El miércoles 22 de septiembre, la unidad móvil se instalará en el campus de Llamaquique de Oviedo, en el Edificio Norte, ubicado en la calle Aniceto Sela, en la antigua facultad de Pedagogía. La convocatoria va dirigida al personal y alumnado de las facultades de Geología, Ciencias y Formación del Profesorado, de la Escuela de Ingeniería Informática, de la Facultad Padre Ossó, y de los colegios mayores San Gregorio y América.

El jueves 23 de septiembre, la profilaxis se aplicará en el campus del Cristo de Oviedo, delante del edificio Severo Ochoa Cristo B, en la calle Fernando Bongeda. La jornada se dedicará al personal y alumnado de las facultades de Biología, Derecho, Economía y Empresa, Medicina y Ciencias de la Salud y Química.

Por último, el viernes 24 de septiembre el punto móvil se instalará en el campus del Milán de Oviedo, frente al aulario A de la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle peatonal intercampus. El llamamiento se dirige a la comunidad universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras.

Esta nueva campaña de refuerzo de la captación de personas que aún no han recibido la profilaxis contra el coronavirus está dirigida prioritariamente al personal y alumnado universitario. No obstante, puede sumarse cualquier persona residente en el Principado, siempre que acuda con su DNI.

Paralelamente, el Sespa mantiene la convocatoria para la segunda jornada de vacunación contra el coronavirus sin cita previa para el próximo viernes, día 17. Para ello se han habilitado ocho puntos fijos, uno en cada área sanitaria.

La comunidad de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 32 casos positivos de Covid-19 confirmados (frente a los 43 del día anterior), así como dos personas fallecidas y siete ingresos nuevos.

Así, tras haberse registrado un alta hospitalaria, en la región hay actualmente 105 personas hospitalizadas (frente a las 99 del domingo), y de las que doce están en UCI (cifra que no varía).

Igualmente, se han dado 166 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 95.610 altas. La incidencia acumulada a 14 días en la región se sitúa en 160,34 (frente a los 169,71 del domingo) y a los 7 días en 54,04 (frente a los 56,57 de la jornada anterior).

Al mismo tiempo, en la jornada de hoy hay que lamentar dos fallecidos, por lo que el total de víctimas es de 1.897 desde el inicio de la pandemia en la comunidad.

En concreto, el Área de Salud de Cáceres notifica el fallecimiento de un varón de 87 años de Cáceres, vacunado, de la residencia Ciudad Jardín (Cánovas); y el Área de Salud de Badajoz comunica el fallecimiento de una mujer de 62 años de Badajoz, vacunada.

Por otra parte, no se notifican brotes nuevos; y se cierran dos brotes, en concreto, el 654 de Moraleja-Coria y el 668 de San Martín de Trevejo, según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, la de Badajoz en las últimas 24 horas notifica cuatro casos positivos. Tiene quince pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 324 fallecidos y ha dado 26.729 altas.

Asimismo, el Área de Salud de Cáceres notifica tres casos positivos. Tiene 38 pacientes ingresados, seis de ellos en UCI. Acumula 515 fallecidos y ha dado 15.007 altas.

De igual modo, el Área de Salud de Mérida registra diez casos positivos. Tiene cinco pacientes hospitalizados por Covid-19, uno de ellos en UCI. Acumula 243 fallecidos y ha dado 16.844 altas.

Mientras, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica nueve casos positivos. Tiene 17 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 256 víctimas mortales y ha dado 13.368 altas.

A su vez, el Área de Salud de Plasencia registra dos casos positivos. Tiene 22 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado un total de 223 fallecidos y ha dado 8.039 altas.

También, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata notifica un caso positivo. No tiene pacientes ingresados por Covid-19, y ha registrado 113 fallecidos. Ha dado 4.638 altas.

Asimismo, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra dos casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados. Ha registrado un total de 130 fallecidos y ha dado 7.862 altas.

Mientras, el Área de Salud de Coria registra un caso positivo. Tiene cinco pacientes hospitalizados por Covid-19. Registra un total de 93 personas fallecidas y se han dado 3.123 altas.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha aplazado hasta 2024 o incluso 2025 la posibilidad de poder presentar a la Comisión Europea una senda de corrección del déficit dentro del límite del 3% del PIB, umbral sobre el cual las normas fiscales europeas contemplan una especial vigilancia a través de un procedimiento de déficit excesivo.

Así, ha explicado ante el Pleno del Congreso que por mucho que el déficit público para este año caiga del 11% al 8,4%, y que en 2022 se sitúe en el 5%, para 2024 la tasa de referencia que contempla el Gobierno seguirá por encima del 3%, concretamente dos décimas.

"Será por ese entorno, en el 2024, si es posible aproximándose más al 2025, cuando estaremos en condiciones de presentar ya una senda que retoma ese compromiso con la consolidación fiscal, cara a las autoridades europeas", ha dicho.

AVAL DE LA CÁMARA PARA SUSPENDER LAS REGLAS FISCALES

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la Cámara Baja para defender la situación de extraordinaria de necesidad, a raíz de la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales, que justifica la suspensión de las reglas fiscales.

Una suspensión que, ha recordado, viene avalada tanto por las autoridades europeas como por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La paralización de estas reglas permite a las administraciones públicas incurrir en déficit estructural y no estar sujetas a objetivos fiscales, si bien cuentan con tasas de referencia.

Según esta referencia, la Administración central pasará de un déficit del 6,3% al 3,9%, un salto, ha incidido Montero, "muy superior al que se pide a la Seguridad Social o a las comunidades autónomas", para las que se prevé un mantenimiento del gasto para hacer frente a la financiación de los servicios públicos de Sanidad, Educación y Dependencia.

En el caso de la Seguridad Social, pese a comunicarse a Bruselas un déficit del 0,8%, se contempla un desfase en las cuentas del 0,5%, al asumir tres décimas el Estado con una transferencia que se elevará en las próximas cuentas a 18.369 millones de euros (un 32% más que en anteriores Presupuestos, en las que el trasvase de recursos se quedaba en unos 13.000 millones).

INICIA EL CAMINO HACIA UNOS NUEVOS PRESUPUESTOS

La intervención de Montero ha servido también para dar el pistoletazo de salida al trámite presupuestario, al informar a la Cámara del nuevo límite de gasto no financiero --el conocido como 'techo de gasto'--, que para el próximo año será de 196.142 millones de euros, el más alto de la historia, al elevar ligeramente el anterior en su parte de cuentas públicas (169.787 millones) y mantener la previsión de fondos europeos a recibir en el Plan de Recuperación (26.355 millones).

La titular de Hacienda ha subrayado que, con vistas a la tramitación de las próximas cuentas públicas, mantiene "abiertas todas las líneas de comunicación para sumar todos los acuerdos posibles", instando al resto de formaciones de la Cámara a apoyar los próximos Presupuestos.

Rechazarlos, ha dicho, "sería lo mismo que negar el pan y la sal a una sociedad expectante" de una recuperación económica, pues, según ha dicho, impulsar la misma no es únicamente una responsabilidad del Ejecutivo, sino también del resto de formaciones políticas.

"Las grandes plataformas son medios de comunicación y deben someterse al control democrático, a las mismas reglas y exigencias legales que los demás medios". Esta es la principal conclusión en la que han coincidido hoy Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español, y María Peral, periodista especializada en información judicial, en una sesión del seminario 'Libertad de expresión en la era digital', celebrada en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Las dos expertas han alertado del peligro que representa para la convivencia democrática la manipulación de los datos de los ciudadanos; e indicaron que "hace falta leyes para combatir contra la desinformación y las fake news".

El ciclo de conferencias, organizado por el Consejo Social de UNIR en colaboración Nueva Revista, está dirigido por Sánchez de Lara, presidenta de Tribune for Human Rights (THRibune); directora para Europa de International Human Rights Legal (IHRLegal); socia titular de Sánchez de Lara Abogados y vicepresidenta de El Español.

Sánchez de Lara ha abierto la sesión, que ha estado moderada por Juan Carlos Laviana, director de Nueva Revista, citando a Noam Chomsky: "Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en absoluto". Pero ha advertido del peligro que supone abusar de la misma, mediante la manipulación que suponen las fake news y la falta de control de las grandes plataformas. Puso el ejemplo de un bot de Inteligencia Artificial de Microsoft que, en 2016, se convirtió en manos de los haters en nazi y homófobo; y del uso que el Ejército de Myanmar hizo de Facebook para justificar la matanza de civiles, presentándolos como enemigos del Estado.

"Las redes, el espacio virtual, el acceso ininterrumpido a la posibilidad de atacar la integridad ajena, a través de dispositivos electrónicos, y con total impunidad han superado con creces los Dos Minutos de odio -fomentados por un Estado totalitario- de la ficción de George Orwell", ha señalado. Y ha agregado que "los cambios de algoritmo, que invisibilizan contenidos rigurosos y de calidad, suponen una manipulación y nos convierten a los ciudadanos en esclavos hasta cierto punto del dictado de las plataformas".

NO HAY LEGISLACIÓN SUFICIENTE

"Se convierte en enemigo público de la sociedad -apostilló Sánchez de Lara- quien vulnera la libertad de expresión, prohibiéndola; pero también quien hace un mal uso de ella o se excede, con malicia, dolo, mala fe". Y debe encontrarse con "el reproche y el castigo social". El problema es que "no hay legislación suficiente para combatir contra la desinformación y las fake news; y el camino de los ciudadanos para recurrir a los tribunales es largo y complicado.

Por su parte María Peral, adjunta al director de El Español, ha puesto como ejemplos de los graves peligros que puede entrañar la manipulación de las redes en la economía, en los procesos electorales o incluso en la vida de las personas -como el periodista disidente saudí Jamal Kashogui-. Y señaló que no hay libertad de expresión "en atentar contra la democracia dirigiendo el voto de los ciudadanos" o cuando se "ataca nuestro sistema de valores".

Ha explicado que en "la falta de control está el negocio de las grandes plataformas", a diferencia de los medios de comunicación sometidos "al control de la veracidad", y la actuación de los tribunales "que aplican el código penal cuando los periodistas lanzamos calumnias.

Ha coincidido con Cruz Sánchez de Lara en considerar "medios de comunicación" a las grandes plataformas, "en la medida en que seleccionan y jerarquizan los contenidos que difunden"; y, por lo tanto, deben tener reglas claras de control y someterse a límites. Indicó que sería preciso "comisiones de censura, pero formados por expertos independientes y dotados de herramientas".

"Las plataformas digitales y redes sociales invocan la autorregulación, pero me parece insuficiente. Han hecho méritos para que no podamos fiarnos". El Plan de la Unión Europea contra la desinformación - ha indicado Peral- ha sido un primer paso, efectivo en los contenidos relacionados con la pandemia; "pero no basta".

Además de nuevas leyes para defender al ciudadano de la desinformación, la periodista considera que es necesaria una concienciación de los usuarios, comenzando por los menores y los jóvenes. Citó el caso de Finlandia y Suecia "donde en los colegios se enseña cómo detectar la desinformación, quienes están detrás y qué intereses tienen".

SOBRE UNIR

UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad. Imparte 25 grados oficiales, más de 100 postgrados y 3 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 50.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 100 países, especialmente en España y Latinoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso.

Las comunidades parroquiales de los municipios afectados por el incendio en Sierra Bermeja y el Valle del Genal están viviendo en primera persona la situación generada por el fuego y los desalojos, trasladando la dureza de la misma y admitiendo que ha habido "momentos difíciles".

Andrés Conde, párroco de Pujerra, Igualeja, Cartajima y Parauta, ha explicado a la página web de la Diócesis de Málaga esta dureza y cómo se vivieron "momentos muy duros y difíciles, porque en el Valle del Genal hay mucha población en situación de dependencia, ancianos y enfermos".

En un primer momento, los desalojados en Pujerra se albergaron en el pabellón del barrio de San Francisco, en Ronda, y posteriormente fue posible reubicarlos en otros lugares, ha dicho el sacerdorte, quien ha agradecido la ayuda prestada al pueblo por parte de la Guarda Civil, la Policía Local y Nacional, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Cruz Roja, etcétera, "que no han escatimado en ayudar a nuestros pueblos".

Conde se sostiene en la fe: "Se afronta con la confianza de que Dios nos va a sacar de todo esto. Como Iglesia, las herramientas más importantes que tenemos es estar cerca de la gente, ayudarles, pero sobre todo rezar".

Gerardo Rosales, párroco de Júzcar, Faraján y Alpandeire, estaba "de servicio" en pleno desalojo. "Ser el cura del pueblo significa estar cerca de la gente, en lo bueno y en lo malo. A mí me cogió allí, después de celebrar la Eucaristía a las 10.00 horas en Alpandeire y a las 11.30 en Faraján", ha explicado respecto a estas dos localidades evacuadas.

Rosales se quedó al ver el empeoramiento de la situación y se ofreció a llevar a gente en su coche hasta Ronda: "La vuelta a Alpandeire desde Ronda no fue sencilla, me encontré con una columna de humo y caían sobre el coche abundante cenizas y restos de carbón", ha explicado.

Ha admitido que la situación "ha sido muy dura" y que le impresionó especialmente "ver a los ancianos cuando tuvieron que desalojarlos de la residencia, subirlos en ambulancias y autobuses para llevarlos a Ronda: fue desolador".

"La gente está muy nerviosa, temiendo por la situación en que han dejado a sus animales, su ganado. Con ellos solo podemos estar, acompañar y consolar", ha relatado, aludiendo a esa "fe y confianza en Dios; eso nunca falta".

Por su parte, Francisco Hierro de Bengoa, párroco de Jubrique y Genalguacil, también vive el operativo y el sábado se confinó ante la recomendación de los efectivos: "La esperanza no la perdemos nunca pero la situación es muy dura".

También el obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha compartido "el inmenso dolor que le produce esta situación, que ha afectado a varias poblaciones de nuestra Diócesis". Así, ha agradecido el trabajo de todas las personas e instituciones "que han puesto tanto esfuerzo para apagar el fuego. Y pedimos por el eterno descanso de quien ha perdido la vida en esa buena acción", en referencia al bombero del Infoca fallecido el pasado jueves mientras luchaba contra las llamas.

También ha tenido palabras para los sacerdotes de los pueblos afectados: "Les hemos dicho que les apoyamos y que rezamos por toda la gente. Nuestro deseo es que pueda ser controlado y apagado este fuego devastador, que ha quemado tanto terreno valioso. Esperamos que la lluvia pueda coadyuvar a la extinción del fuego".

El Gobierno de Canarias ha activado el Plan Especial de Protección Civil y Atención a Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) en la zona de Cumbre Vieja (La Palma) por el aumento de la actividad sísmica registrada en los últimos días.

Según ha informado la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la decisión la ha adoptado el Comité Científico del PEVOLCA convocado este lunes para valorar la situación.

En concreto, se ha activado el Plan en situación de Alerta para Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Mazo y el cambio del semáforo de verde a amarillo para dichos municipios.

Por su parte, el PEVOLCA establece un semáforo volcánico como sistema de alerta a la población basado en cuatro colores en función del riesgo.

En amarillo se intensifica la información a la población, las medidas de vigilancia y monitorización de la actividad volcánica y sísmica. En el nivel actual, la actividad no implica un incremento del riesgo para la población.

ACTIVIDAD SÍSMICA ANÓMALA DESDE 2017

Con todo, el Comité Científico informó que desde 2017 se viene registrando una actividad sísmica anómala en el sur de la isla de La Palma, que desde el verano de 2020 se ha incrementado con la ocurrencia de ocho enjambres sísmicos.

El último, que comenzó el pasado sábado, 11 de septiembre, ha sido el más intenso, tanto por el número de sismos localizados --más de 400 hasta la mañana de hoy--, como por su magnitud, siendo sentidos por la población los mayores.

Además, el Comité indicó que la profundidad de los sismos, que hasta ahora había oscilado entre los 20-30 km, ha disminuido hasta los 12 km durante este enjambre. En cuanto a la monitorización geoquímica de gases volcánicos, resaltó que los datos registrados de emisión de Helio-3 confirman el carácter magmático de este proceso, al registrarse el mayor valor observado de los últimos 30 años.

SEMÁFORO DE VERDE AMARILLO

Ante esta situación, el Comité recomendó a la Dirección del Plan el cambio del semáforo volcánico de verde a amarillo en la zona de Cumbre Vieja, no pudiéndose descartar que se intensifique la actividad sísmica sentida en los próximos días, dependiendo de la evolución.

A partir de este momento se incrementa el seguimiento del fenómeno y se comunicará cualquier cambio significativo. La población debe permanecer atenta a la información que faciliten las autoridades de Protección Civil.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha acusado a la Xunta de llevar a cabo "una nueva manipulación" sobre el polémico vaciado de los embalses de la cuenca después de que miembros del Ejecutivo gallego hayan acusado a la entidad dependiente del Estado de actuar en "connivencia" con las empresas concesionarias de las presas.

En un comunicado remitido a los medios este lunes, el organismo que dirige José Antonio Quiroga censura que la Administración autonómico "lleva cambiando de criterio en las últimas semanas por lo menos en tres ocasiones": primero cuando esgrimían "que nadie los había avisado" sobre el vaciado de los embalses, "después que si tuviesen las competencias no permitirían" estas bajadas de nivel y, por último, "aludiendo a una supuesta connivencia de la confederación con las concesionarias".

Así, la CHMS considera "evidente" que la Xunta supo, de la mano de la empresa concesionaria, del vaciado de los embalses de Cenza y Portas en el mes de junio pero "no comenzó a visitar los embalses hasta el 20 de agosto como consta en los expedientes sancionadores" abiertos por el Gobierno gallego.

De este modo, censura que la Xunta "dejó pasar más de 70 días sin hacer nada" pese a ejercer las responsabilidades en medio ambiente, al tiempo que sostiene que la CHMS "no tiene competencia ninguna para evitar la bajada de niveles de agua embalsada a menos que afecten a las normas de explotación de los embalses".

A renglón seguido, la CHMS recuerda que ha abierto "expedientes informativos" a las empresas concesionarias de embalses que presentan niveles bajos y que "a día de hoy no se detectó incumplimiento de las normas de concesión y explotación de las citadas presas".

Así las cosas, considera "una nueva manipulación" la "connivencia" entre el organismo estatal y las empresas que apuntó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en un acto del Partido Popular celebrado el pasado viernes 10 de septiembre.

"Utilizar el agua y el medio ambiente como arma de confrontación política muy grave, no asumiendo las competencias en medio ambiente que le fueron transferidas en su día y dando una imagen de que el único que importa a la Xunta de Galicia es hacer ruido y enlamar en lugar de preservar y defender el medio ambiente", concluye Quiroga.

El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno, Miquel Iceta, y su homóloga andorrana, Sílvia Riva, han acordado impulsar un encuentro bilateral de trabajo para reforzar la cooperación en materia cultural y deportiva.

Iceta y Riva se han encontrado en la Setmana del Llibre en Català y han visitado conjuntamente el stand que Andorra tiene en la feria que se organiza en Barcelona, explica este lunes el Ejecutivo andorrano mediante una nota de prensa.

En su estancia a Barcelona, Riva también ha mantenido una reunión bilateral con la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga.

Este encuentro "retoma los puntos tratados el pasado mes de julio" en la reunión que mantuvieron el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

De entre los temas tratados, el Gobierno andorrano destaca "la importancia de continuar fomentando y proyectando la cultura y la lengua catalanas, mediante un nuevo impulso de la Fundació Ramon Llull", que preside el Principado de Andorra.

EL STAND NÚMERO 7

El stand número 7 de la feria de la Setmana del Llibre en Català agrupa el propio Gobierno de Andorra, la Associació d'Editors d'Andorra y la Associació Llibre del Pirineu.

En el puesto, impulsado y coordinado desde el área de Lectura Pública y Bibliotecas, se ofrecen cerca de 200 títulos, incluyendo materiales con formatos diferentes al libro, como es la revista Portella y la que publicación que edita Àgora Cultural cada año.

Para Riva es importante estar presente en la feria para apoyar a los editores andorranos y pirenaicos, presentar las publicaciones que directamente o indirectamente se han hecho por encargo o con apoyo institucional "y exponer, de esta manera, una muestra del abanico cultural del Principado y del Pirineo".

Andalucía Por Sí (AxSí) ha urgido este lunes a la Junta a que "inste a la mayor brevedad posible la declaración de zona catastrófica en Málaga" por el incendio forestal de la Sierra Bermeja que está causando un daño "colosal", que es de "una magnitud tremenda" y "ha arrasado con un espacio medioambiental de especial significación".

Así lo ha señalado Andalucía Por Sí en un comunicado en el que subraya que el referido incendio "está dejando a su paso un daño colosal a nivel medioambiental, territorial y humano, así como la grave perturbación de las condiciones de vida de muchos ciudadanos afectados".

AxSí ha querido además transmitir su "apoyo a las personas y los pueblos afectados por el incendio", al tiempo que envía su "aliento y reconocimiento a todas las personas que están trabajando intensamente en el control del mismo, especialmente los efectivos del Infoca y de la UME --Unidad Militar de Emergencias-- que recientemente se han incorporado al operativo".

Sobre la petición de declaración de zona catastrófica, desde este partido andalucista sostienen que "no podemos esperar a que concluya el incendio", porque "el daño ya es evidente y la zona va a precisar de una rápida intervención para iniciar lo que debe ser su recuperación".

"Sabemos que este tipo de declaraciones se realizan una vez concluido el esfuerzo realizado en la extinción del daño, pero los ciudadanos necesitan de respaldo institucional ante las desastrosas imágenes que están padeciendo en sus carnes viendo cómo arde el parque natural y las inmediaciones de sus pueblos", ha argumentado el coordinador nacional de AxSí, Modesto González.

Desde Andalucía Por Sí han aprovechado además para defender que "la previsión, el trabajo de desbroce y control que se debe realizar en invierno, y las medidas preventivas como habilitar cortafuegos en el monte son inexcusables, y en Andalucía, con la masa forestal que registra nuestra tierra, deben ser actuaciones ineludibles".

Asimismo, AxSí aprovecha esta situación para justificar "la necesidad de un Infoca dotado de medios técnicos y de personal". "La Junta de Andalucía debe hacer una apuesta clara y rotunda por mantener el servicio de forma pública, invirtiendo en sus recursos y haciendo del mismo un ejemplo en una tierra rica en parajes medioambientales y, por tanto, de especial cautela en cuanto al riesgo de incendio", ha añadido en esa línea Modesto González.

Finalmente, desde Andalucía Por Sí "prefieren no entrar a valorar en estos momentos las decisiones seguidas para contener el fuego, evitando de este modo que nada pueda descentrar de lo que realmente importa ahora, que es el control y la extinción del mismo". "Tendremos tiempo de conocer, valorar y debatir, pero ahora todos los esfuerzos deben centrarse en apagar el fuego y en ayudar a los pueblos y familias que se han visto afectados", ha concluido en esa línea Modesto González.

Los discursos antiinmigrantes dirigidos a menores concentraron el 30 por ciento del discurso de odio online entre los meses de julio y agosto, mientras que en el periodo anterior (mayo-junio) se situaba en el 17,1 por ciento.

Así lo pone de manifiesto el último boletín de monitorización de discurso de odio en redes sociales publicado este lunes 13 de septiembre por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El informe refleja que la principal motivación de estos discursos de odio son los dirigidos a la población inmigrante en su conjunto. Así, los discursos antiinmigración aumentaron ligeramente entre julio y agosto (30,8% del total del contenido analizado) con respecto al período anterior (28,5% en mayo-junio).

En el boletín publicado este lunes se observa un descenso del contenido xenófobo dirigido hacia la población asiática (0,5% del total), que se reduce en 6,3 puntos con respecto al boletín anterior. Disminuyen igualmente los contenidos de xenofobia hacia las personas de origen sudamericano (2,3%) y europeo (0,5%).

Asimismo, en el periodo analizado, el Observatorio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concluye que disminuyeron los contenidos de odio dirigidos a las personas de etnia gitana (2,1%).

OBERAXE identificó y comunicó a las a las plataformas Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok un total de 607 contenidos de discurso de odio, lo que supone un incremento del 9 por ciento con respecto al boletín bimensual anterior (1 de abril - 31 de mayo 2021).

De estos, 221 contenidos fueron eliminados al ser notificados como usuario normal, por lo que la tasa de eliminación se ha situado en un 36,4 por ciento. Esto supone un descenso en la eliminación de este contenido de 4,9 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.

En todas las redes sociales se ha utilizado, además, la vía de comunicación como 'trusted flagger. Este mecanismo se utiliza desde el Observatorio cuando, transcurrida una semana desde las comunicaciones realizadas como usuario normal, los contenidos no han sido eliminados. Tras las notificaciones como 'trusted flagger', las plataformas retiraron 122 contenidos adicionales, un 20,1 por ciento del total.

AUMENTO DEL RECHAZO HACIA PERSONAS DE ORIGEN MAGREBÍ

Los últimos boletines bimensuales publicados por OBERAXE también reflejan un aumento del discurso de odio online hacia personas de origen migrante. Así, los contenidos de xenofobia y rechazo hacia las personas de origen magrebí se duplicaban en apenas dos meses, pasando del 7,9 por ciento en marzo-abril al 15,3 por ciento en mayo-junio, coincidiendo en el tiempo con la entrada de personas marroquíes en la ciudad de Ceuta. En este último boletín, es del 16 por ciento.

De igual modo, el informe del Ministerio de Interior sobre la evolución de los delitos de odio en España correspondiente al año 2020 señalaba al racismo como principal causa de los delitos de odio registrados durante el año pasado. El mismo estudio arrojaba datos similares al centrarse exclusivamente en 'menores', ya que en este grupo de edad la principal causa de victimización del delito de odio también fue 'racismo y xenofobia'.

Los delitos de odio registrados en el año 2020 también tuvieron como principal causa el racismo y la xenofobia en los siguientes grupos de edad: 18-25 años (88 delitos), 26-40 años (233 delitos), 41-50 años (126 delitos). En las siguientes franjas de edad, fue 'ideología' la principal causa, siendo el racismo la segunda motivación.

Ante la irrupción de la pandemia en 2020, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de OBERAXE, impulsó el inicio de una monitorización específica en las redes sociales con la finalidad de valorar el discurso de odio que en aquel momento se producía contra la población asiática.