El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que en estos momentos «no existe ningún instrumento jurídico que permita una vacunación obligatoria» y ha destacado que en manos del Ejecutivo vasco y de Osakidetza solo queda «solicitar que llegue el mayor número posible de vacunas», hacer el «esfuerzo» para que la mayor parte de la población vasca pueda disponer de ellas y realizar «una labor pedagógica, que es necesaria desde las instituciones, para convencer al cien por cien de la población de la necesidad de vacunarse».

Zupiria ha realizado estas afirmaciones en declaraciones a los periodistas en el Museo Balenciaga de Getaria (Gipuzkoa), al hilo del debate sobre la vacunación obligatoria, donde ha recordado que el objetivo del Gobierno Vasco es el de «llegar al mayor número de personas con la vacunación completa».

De este modo, ha apuntado que, en estos momentos, más del 70% de las personas de la comunidad autónoma vasca que están en edad de ser vacunadas tienen completada su vacunación con las dos dosis y, según ha remarcado, «ese es el camino que hay que seguir».

«El objetivo del Gobierno Vasco es contar con el mayor número de vacunas posibles que permitan llegar con la vacunación al mayor porcentaje de población que sea objeto de este programa», ha insistido el consejero de Cultura y Política Lingüística.

Con respecto a la vacunación obligatoria, ha recordado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, «lleva meses solicitando una cobertura legal para adoptar medidas extraordinarias que, a día de hoy, no son factibles porque no existe ninguna ley de carácter superior que permita adoptarlas». «Lo hizo por última vez la semana pasada en la Conferencia de Presidentes y lo reiterará siempre que haga falta», ha aseverado.

Según ha dicho, lo que constatan desde el Gobierno Vasco es que «en estos momentos no existe ningún instrumento jurídico que permita una vacunación obligatoria». «En manos del Gobierno vasco y de Osakidetza queda solicitar que llegue el mayor número posible de vacunas, hacer el esfuerzo para que la mayor parte de la población vasca pueda disponer de esas vacunas y realizar una labor pedagógica que es necesaria desde las instituciones para convencer al cien por cien de la población de la necesidad de vacunarse», ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha insistido en que estos meses de pandemia han demostrado que «las únicas herramientas que tenemos para hacer frente a esta situación son las medidas de autoprotección y las vacunas», y ha reiterado que desde las instituciones realizarán «el esfuerzo permanente para convencer al cien por cien de la población de la necesidad de vacunarse».

Según ha destacado, «lo que está claro en esta circunstancia pandémica es que hay que proteger a los más débiles y la vacunación se ha demostrado como la fórmula más eficaz para hacerlo».

«Pero ante la ausencia de una figura legal y jurídica que permita hacerlo, lo que debemos hacer las instituciones públicas es concienciar a la población para que se vacune y administrar todas las dosis que estén disponibles para llegar a la mayor parte de la población posible», ha manifestado.

Asimismo, ha remarcado que en la última reunión de la Comisión Interterritorial de Salud algunas comunidades plantearon la cuestión de la vacunación obligatoria y la ministra de Salud, Carolina Darias, pero dijo que «España no dispone en estos momentos de ningún instrumento legal para obligar a las personas a vacunarse. Por lo tanto, esto es lo que hay».

TERCERA DOSIS

Preguntado por si el Gobierno Vasco defiende que se administre una tercera dosis de la vacuna frente a la covid-19, Bingen Zupiria ha asegurado que lo primero que habría que precisar, según indican los responsables científicos sanitarios de la comunidad autónoma vasca, es que «falta mucha información sobre cómo van a evolucionar las vacunas y cómo va evolucionar su nivel de protección en los próximos meses».

«Lo que parece evidente es, tratándose como es esta pandemia de un problema de salud planetario, que mientras no tenga una solución a nivel planetario, ningún país y ninguna comunidad se encontrará a salvo», ha destacado.

Por lo tanto, en opinión del Gobierno Vasco, «sería importantísimo que se combinaran los dos procesos, el que tiene que ver con la vacunación de nuestras sociedades, pero también el de la vacunación global, porque es la única garantía para poder hacer frente a esta enfermedad».

Finalmente, cuestionado sobre una posible nueva ola por la variante lambda, ha advertido de que «lo que dicen los comités científicos y técnicos es que mientras no se asegure la vacunación a toda la población y haya grupos que no han accedido a la vacunación, existirá un riesgo de nuevas olas o nuevos brotes».

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias, ha medicalizado el centro residencial ‘La Purísima’ en grado 1 después de que esta semana llegar a registrar un total de 42 casos positivos de covid-19 entre usuarios y trabajadores a pesar de que todos ellos cuentan con la pauta completa de vacunación.

Fuentes sanitarias han confirmado que se ha procedido a dar cobertura sanitaria directa al centro residencial desde principios de esta semana tras haberse incrementado el número de positivos tanto entre los residentes, con 37 casos detectados a mitad de semana, y entre los trabajadores, cinco de ellos también afectados.

Las mismas fuentes han apuntado que con esta acción se pretende dar cobertura y apoyo al personal del centro sociosanitario para mantener «controlados» a los residentes, ya que la vacunación únicamente mitiga los efectos del virus pero no evita el contagio ni el desarrollo de la enfermedad.

El último informe sobre la situación de los centros sociosanitarios de la provincia revela 67 positivos en las residencias de mayores, de los que 49 se dan entre residentes –seis de ellos ingresados– y el resto entre los trabajadores.

Así, están bajo vigilancia de la Junta cuatro usuarios de la casa hogar Faisem de Almería, donde también hay tres empleados contagiados, uno de la residencia San Rafael de Níjar, donde otro empleado ha dado positivo, y otro más en la residencia Cortijo El Limonero de Pechina, en donde otros dos trabajadores también sufren el virus.

También se han confirmado casos de trabajadores entre los empleados de la residencia Ballesol de Almería, residencia Virgen de la Esperanza, Santo Cristo del Bosque en Bacares, el residencial Ángeles Parra de Huércal-Overa, y en la residencia Aspapros de Viator.

Andalucía registra este viernes 6 de agosto un total de 4.651 casos de coronavirus, similar a los 4.496 de la víspera e inferior a los 5.099 de hace siete días, según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 16 muertes, superiores a las 15 del jueves y a las ocho del viernes pasado.

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por tercera vez tras encadenar 33 días de subidas consecutivas y sitúa en 581,7 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 3,2 puntos menos en 24 horas, pero 13,3 puntos más en un semana.

Los 4.651 positivos de este viernes se registran tras los 4.496 del jueves, los 3.655 del miércoles, los 4.459 del martes, los 4.467 del lunes y domingo, los 5.138 del sábado y los 5.099 del viernes pasado.

Por provincias, Sevilla es nuevamente la que más casos suma, con 1.154, seguida de Málaga con 1.111, Cádiz con 662, Granada con 394, Jaén con 389, Córdoba con 328, Almería con 323 y Huelva con 290.

En cuanto a los 16 fallecidos, Málaga y Sevilla han registrado cinco cada una, seguidas por Córdoba, Granada y Cádiz, donde han muerto dos personas en cada provincia.

141 HOSPITALIZADOS MÁS EN UNA SEMANA

La comunidad ha registrado una subida de hospitalizados hasta un total de 1.336, nueve más en 24 horas y 141 más que hace siete días, mientras que los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajan hasta 252, dos menos en un día, pero 33 más en una semana.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 492 y 95 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 236 y 42 en UCI, Cádiz con 164 y 27 en UCI, Córdoba con 118 y 25 en UCI, Granada con 115 y 21 en UCI, Almería con 73 y 20 en UCI, Jaén con 70 y 13 en UCI y Huelva con 68 y nueve en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 733.439 casos confirmados –4.651 en 24 horas– y ha alcanzado las 10.434 muertes, 16 más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 52.797, 143 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.833 –13 más–, y el número de curados es de 636.176, después de añadirse 3.048.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.434 fallecidos desde el inicio de la pandemia –16 más–, Sevilla con 2.077 se mantiene como la provincia con más muertes –suma cinco–, seguida por Granada con 1.814 –dos más–, Málaga con 1.755 –cinco más–, Cádiz con 1.520 –dos más–, Jaén con 1.023, Córdoba con 992 –dos más–, Almería con 858 y Huelva con 395.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 733.439 desde el inicio de la pandemia –4.651 más–, liderados por Sevilla con 157.314 –1.154 más–, seguida de Málaga con 140.271 –1.111 más–, Cádiz con 103.295 –662 más–, Granada con 102.516 –394 más–, Córdoba con 67.165 –328 más–, Almería con 63.712 –323 más–, Jaén con 59.085 –389 más– y Huelva con 40.081 –290 más–.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 52.797 –143 más en 24 horas–, con Sevilla a la cabeza con 11.651 –31 más–, seguida por Málaga con 9.578 –57 más–, Granada con 8.731 –18 más–, Cádiz con 6.143 –seis más–, Córdoba con 4.988 –nueve más–, Jaén con 4.923 –seis más–, Almería con 4.123 –nueve más– y Huelva con 2.551 –siete más–.

13 INGRESOS EN UCI EN UN DÍA

De ellos, 5.833 han pasado por la UCI en Andalucía –13 más–, con la provincia de Sevilla a la cabeza que se mantiene en 1.151, seguida de Granada con 1.130 –tres más–, Málaga con 906 –siete más–, Almería con 705 –dos más–, Cádiz con 671, Córdoba con 615, Jaén con 466 –uno más– y Huelva con 189.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 636.176 en toda la región, 3.048 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 138.240 –448 más–, seguida de Málaga con 114.173 –1.072 más–, Granada con 92.944 –492 más–, Cádiz con 87.210 –541 más–, Córdoba con 58.200 –222 más–, Almería con 56.665 –176 más–, Jaén con 54.121 –98 más– y Huelva con 34.617 –uno menos por un ajuste en el recuento–.

CÁDIZ BAJA SU TASA DE 600

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 581,7 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Málaga a la cabeza con 745,7. Detrás se sitúan Huelva con 607, Cádiz con 594,8, Almería con 579, Córdoba con 559,3, Jaén con 551,8, Sevilla con 509,9 y Granada con 443,3.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, ha acordado ratificar las medidas sanitarias urgentes adoptadas por la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, consistentes en la limitación de la libertad de circulación de las personas en vías y espacios públicos entre las 02.00 y las 07.00 horas, en el municipio malagueño de Campillos.

Esta medida se ratifica por un periodo de siete días naturales desde las 00.00 horas del día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), haciendo pública su autorización judicial.

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga reunido el pasado miércoles, 4 de agosto, para analizar los datos epidemiológicos de incidencia del COVID-19 en la provincia malagueña decidió proponer medidas de restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno para el municipio malagueño de Campillos. En concreto, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en 14 días era de 1.156,6 y este viernes es de 1.120,8.

El auto considera que la medida propuesta «supera los cánones de necesidad idoneidad y proporcionalidad exigidos, tras someter a contraste la gravedad de la situación provocada por la pandemia, con la naturaleza de las restricciones y el sacrificio que estas medidas implican para los ciudadanos».

Además, presenta una duración «ponderada que se extiende durante siete días naturales, plazo que se estima prudencial a la vista de la situación sanitaria descrita, pues una de menor duración no podría garantizar el éxito de la medida en orden a controlar la extensión de la infección».

El toque de queda nocturno tiene excepciones, como son, entre otros, la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios o de atención veterinaria por motivos de urgencias, el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores o dependientes, actividades de lonja pesquera, centros de expedición de primeras ventas, repostaje en gasolineras, entre otros.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha autorizado a la Xunta a mantener la limitación, en toda la comunidad autónoma, del número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados –seis, en interiores; y diez, en exteriores–, así como a prohibir encuentros con no convivientes entre las 03,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada.

Así lo ha informado el Tribunal a través de un comunicado en el que han señalado que los jueces, «tras examinar el informe de la Consellería de Sanidade», consideran que las medidas propuestas son «idóneas, necesarias y proporcionadas» y que «responden a una situación clara de incremento en el virus».

De este modo, las restricciones, ahora avaladas por el Tribunal Superior de Xustiza, entrarán en vigor a partir de este sábado 07 de julio, tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este pasado jueves.

Los magistrados entienden que las limitaciones «no tienen un impacto significativo en el derecho de reunión, más necesitado de control en el horario nocturno, frecuentado en mayor medida por los jóvenes, másproclives al contacto social».

Es por este motivo, que la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG también ha avalado la decisión de la Xunta de scender de nivel de riesgo a determinados municipios en los que ha empeorado la evolución del virus.

RESTRICCIONES

Según las últimas decisiones, además de la prohibición de reuniones de madrugada y la limitación durante el resto del día, los ayuntamientos en nivel máximo y alto deberán cerrar los locales de ocio nocturno y sus locales hosteleros verán reducido su aforo al 30% y 50%, respectivamente, con obligatoriedad de certificado covid-19.

Los vecinos de ayuntamientos de nivel medio dispondrán de locales de hostelería, sin necesidad de certificados, al 50% de su capacidad. Donde sí necesitarán certificados es para el ocio nocturno, que abre hasta las 3,00 horas. Además, las reuniones de no convivientes entre las 3,00 y las 6,00 horas están prohibidas, mientras que durante el resto de día, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

En el nivel medio-bajo –para el resto de municipios–, la hostelería estará a un 100% de aforo en terrazas y 50% en interior, sin necesidad de certificados; mientras que el ocio nocturno abre hasta las 3,00 horas, con la obligatoriedad de presentar certificados. Las reuniones de no convivientes entre las 3,00 y las 6,00 horas están prohibidas, y para el resto de horas, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

«INCREMENTO PREOCUPANTE»

Para su aval, el tribunal se ha apoyado en el informe técnico remitido por el comité clínico, así como en los gráficos con los datos de contagios de cada municipio presentados por la administración autonómica, que para la audiencia «amparan las limitaciones propuestas», puesto que revelan «un preocupante incremento en la transmisión de la infección».

El documento especifica que entre el 20 y el 26 de julio se realizaron 82.881 pruebas diagnósticas -52.501 PCR y 30.480 de antígenos-, con un porcentaje de positividad a siete días del 12,51 %, lo que supone un aumento del 16% respecto a los test realizados entre el 13 y el 19 de julio. El informe también refleja que la incidencia acumulada a siete y 14 días fue de 294 y 628 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Con todo, contra el auto cabe presentar recurso de casación ante del Tribunal Supremo.

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha confirmado dos nuevos fallecimientos por COVID-19 registrados este jueves. Se trata de una mujer de 86 años y de un hombre de 77.

A lo largo del jueves se confirmaron en Asturias 175 nuevos casos de coronavirus detectados, en un día en el que se produjeron 11 ingresos en planta y 2 en UCI. Además, se registraron 14 altas hospitalarias.

Actualmente hay 118 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 35 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El Servicio de Salud del Principado de Asturias realizó el jueves 2.658 pruebas de detección y la tasa de positividad se situó en el 9,40%. La ocupación total por COVID en los hospitales asturianos es del 4,58% y, en el caso de las UCI, se eleva al 11,74%.

Con los datos actualizados de la última semana, se confirma un descenso en la incidencia acumulada a 7 días, que se sitúa en 161,86 casos por 100.000 habitantes, y también en el indicador a 14 días, que ahora alcanza los 417,65.

Por grupos etarios, sigue disminuyendo la incidencia en personas de 15 a 30 años, aunque se mantiene en niveles altos, con cifras superiores a los 600 casos por 100.000 habitantes.

Por otra parte, se observa una tendencia de estabilización en los contagios entre la población de más de 65 años, aunque todavía se alcanzan niveles de riesgo muy alto, según la clasificación del Ministerio de Sanidad.

El Pleno del Consell ha aprobado el anteproyecto de la Ley Valenciana de Cambio Climáticco y Transición Ecológica, que fija como objetivo la reducción del 40% de las emisiones de CO2 en 2030.

Esta es una propuesta de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática que fija los objetivos y los instrumentos necesarios para hacer frente al impacto del cambio climático que afectará de manera sustancial al Mediterráneo y que ha presentado la consellera Mireia Mollà en la rueda de prensa.

La conselleria señala en el texto la necesidad de actuar de manera urgente para afrontar la tropicalización del Mediterráneo, la pérdida de biodiversidad y la intensificación de los fenómenos meteorológicos con un objetivo prioritario: garantizar las condiciones de vida y progreso en un territorio que será epicentro del cambio climático.

La Ley de Cambio Climático marca como objetivo, de acuerdo con las líneas fijadas por la Unión Europea, reducir un 40% las emisiones de CO2 en 2030 y declarar la neutralidad de emisiones en 2050. En materia de consumo de energía, el objetivo se fija en una reducción del 35,4% en 2030 y se establece como objetivo que el 42% de la energía consumida en 2030 sea procedente de fuentes renovables.

Estos objetivos son más ambiciosos que los previstos en la norma estatal y que se acompañan de los instrumentos necesarios para proteger a los colectivos, los sectores económicos y las zonas más vulnerables en el proceso de transición ecológica.

Así, se establece la elaboración de una Estrategia Valenciana de Transición Justa que se completará con los Convenios de Transición Justa y el Plan de Acción contra la Pobreza Energética. Tres medidas específicas inclusivas e integradoras.

El anteproyecto también el impulso de la implantación de actividades económica y creación puestos de trabajo verdes y la potenciación de la educación ambiental.

La nueva Ley se fija en las características del territorio valenciano en materia de consumo, combustibles, recursos naturales y oportunidades al alcance para definir estrategias adaptadas de lucha contra al calentamiento global en torno a cuatro ejes: Energía, Urbanismo y Territorio, Movilidad y Fiscalidad Verde,

En Energía, Eficiencia, Ahorro y Expansión de Renovables son las tres estrategias para conseguir los porcentajes de origen renovable de la energía desde la planificación y la democratización de la energía limpia, Esta contará con el impulso del Plan Director de Energías Renovables de la Conselleria de Transició Ecològica.

Para cumplir con los propósitos vinculantes, la Conselleria se dota de un Plan Integrado de Energía y Cambio Climático, ya en licitación, un instrumento, integrado y transversal, de ordenación y planificación de los objetivos sectoriales y de las acciones específicas que se desarrollarán para dar respuesta a las finalidades de esta ley.

En referencia a las actuaciones de Territorio la propuesta de Ley alude al establecimiento de zonas de desarrollo prioritario, en colaboración con los Ayuntamientos, o al derecho de superficie, dos mecanismos dedicados a simplificar la implantación de proyectos promovidos por cooperativas, comunidades energéticas locales o incluso corporaciones locales.

Dentro de las principales medidas en movilidad destaca la red pública de puntos de recarga junto con fórmulas de transporte sostenible y peatonalización, mientras que la fiscalidad verde articula un fondo con carácter finalista para asumir las inversiones en Transición Ecológica.

En esta línea, la justicia social impregna las actuaciones desde la perspectiva de ‘quien contamina paga’, revirtiendo los gravámenes que se establezcan a la ayuda de los sectores más vulnerables en el proceso de transición energética.

Castilla y León ha notificado este jueves 880 nuevos positivos de COVID-19 –ocho más que ayer–, para sumar un total de 286.072 desde el inicio de la pandemia, con dos fallecidos más en los hospitales de la Comunidad para un total de 5.896 y 42 nuevas altas médicas, 31.849 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 286.072 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 880 más en la última jornada. De ese total, 279.585 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

Los brotes activos registrados ascienden a 560, 27 más, con un total de 3.012, 100 más que en la jornada anterior, vinculados a ellos.

BURGOS SUMA 210 CONTAGIOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos ha notificado desde la jornada anterior, con 210 casos más para un total de 48.808; le sigue Valladolid con 188 y un total de 63.198; León, con 104 y 49.060 totales; Ávila, con 101 y 15.458 en total; Palencia, con 76 nuevos y un total de 23.618; Salamanca con 71 nuevos y 37.172 totales; Zamora, con 53 y 17.002 en total; Segovia, con 47 y 19.975; y Soria, con 30 para un total de 11.781.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 5.896, después de que se hayan registrado dos nuevos decesos en las provincias de Valladolid y Palencia.

Del total, 1.198 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.180; Salamanca, que tiene 847; Burgos, 738; Palencia, 479; Zamora, con 442; Segovia, con 373; Ávila, con 349, y Soria, con 290.

En el caso de las altas hospitalarias, éstas suman un total de 31.849, 42 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 7.772 en Valladolid; 5.496 en León; en Burgos, 4.624; en Salamanca, 4.214; en Palencia, 2.452; en Zamora, 2.091; en Segovia, 1.996; en Ávila, 1.832, y en Soria, 1.372.

BAJAN LOS INGRESOS

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 469 pacientes con COVID-19, uno menos que en la jornada anterior. De ellos, 82 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI), dos menos, mientras que en planta se encuentran ingresados 387, uno menos.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias –todos los que tienen unidades de este tipo– y ocupan un 25 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, idéntico porcentaje que el día anterior.

Así, se informa de 18 ingresados en el Complejo Universitario de Burgos; 11 en el Complejo Asistencial de Palencia; diez en el Río Hortega en Valladolid y nueve en el Hospital Clínico Universitario; siete en el Hospital de El Bierzo; seis en los complejos de León y Segovia; cinco en el de Ávila, cuatro en Salamanca, los mismos en el de Soria y dos en el de Zamora.

SIETE RESIDENTES MUERTOS MÁS.

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 asciende a 4.081 en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad. Esto supone siete fallecidos más que en el último parte facilitado el pasado martes, 30 de julio.

De los fallecidos, 2.976 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, siete más, y otras 1.105 residentes han fallecido con síntomas compatibles con el virus, sin cambios desde el mes de junio de 2020.

En la estadística difundida por la Junta se notifican dos residentes aislados con síntomas compatibles con la COVID-19, sin variación, y 385 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, cinco más que en el último registro.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 300, de ellos 183 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 20 residentes, los mismos que en el anterior parte, y se mantiene en 1.018 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, tres menos. Actualmente no hay residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19 ni aislados de forma preventiva sin síntomas.

El portavoz accidental del Gobierno de Ceuta, Carlos Rontomé (PP), ha anunciado este viernes que el Ejecutivo local destinará 6,3 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea a la construcción de un centro de menores en la parcela que actualmente acoge la antigua cárcel de Los Rosales, cuya concesión demanial a tal efecto ya ha firmado el Ministerio del Interior en favor de la Ciudad Autónoma.

El también consejero de Educación y Cultura ha explicado que la infraestructura penitenciaria, construida a finales de los años cincuenta y clausurada en 2017, presenta tal estado de deterioro en «elementos estructurales» que su rehabilitación sería «más costosa» que la construcción de un nuevo equipamiento, por lo que será demolida.

Fuentes del Gobierno que preside Juan Vivas han explicado que la intención de la administración local es levantar un inmueble con capacidad para alrededor de 125 menores (sobre todo migrantes foráneos no acompañados, aunque «no exclusivamente») que se encuentren a cargo de su Servicio de Protección a la Infancia en fase de primera acogida o residencial, el «máximo» que se considera capaz de asumir, aunque actualmente atiende a siete veces más.

El Área de Menores de la Ciudad Autónoma lleva años reclamando la construcción de un equipamiento específico «que cumpla todos los requerimientos legales» para atender unas competencias que asumió en 1999. La administración autonómica acondicionó primero un antiguo chalé militar que la Fiscalía obligó a cerrar en 2012, cuando trasladó a los menores que tutelaba a otro edificio concebido inicialmente como albergue para personas sin hogar. Se trataba de una solución «provisional» que se ha prolongado hasta la actualidad.

El anuncio de la construcción del nuevo centro, que debería estar terminado en 2023 de acuerdo con la programación que maneja el Ejecutivo ceutí, llega dos meses y medio después de la crisis fronteriza de mediados de mayo que ha dejado cerca de un millar de niños y adolescentes marroquíes no acompañados en la ciudad autónoma.

Unos 750 han sido acogidos provisionalmente en módulos prefabricados mientras la Delegación del Gobierno dice que se sigue trabajando en su reagrupación familiar y la Ciudad explora de la mano de oenegés como Engloba o Mensajeros de la Paz su posible traslado a la península manteniendo la tutela si alguna autonomía da su beneplácito.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado la medida cautelarísima solicitada por la Asociación de Empresarios Lugo Monumental para que se suspendiese la exigencia de aportar el certificado covid-19 para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno, así como las restricciones relativas a la ocupación en las terrazas en los ayuntamientos con peor situación epidemiológica.

Entre otras medidas, en los ayuntamientos son más incidencia de la covid-19, la Xunta ha decretado varias restricciones y obliga, para el acceso al interior de locales de hostelería aportar una prueba PCR negativa reciente, o bien el certificado de vacunación o de haber superado la enfermedad. La Asociación Lugo Monumental ha recurrido esta decisión por vía judicial.

Según informa el TSXG, dado que la tramitación de las medidas cautelarísimas suponen que no se dé traslado del recurso a la Xunta, el tribunal ha acordado, con el objetivo «de no hurtar a la administración la posibilidad de hacer alegaciones y de atender a la petición subsidiaria efectuada por la parte actora», que se continúe su tramitación como una pieza ordinaria de medidas cautelares.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG entiende que «no concurre el requisito de la urgencia», indispensable para adoptar la medida cautelarísima demandada, «ya que no se ha acreditado el concreto perjuicio infligido a la asociación hostelera recurrente ni su carácter de irreparable».

Así, el alto tribunal gallego destaca que, en todas las medidas adoptadas por la Xunta, incluidas las que son objeto de impugnación, «subyace el interés en evitar la aglomeración de personas, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento y, en definitiva, de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisiones existentes, procurando garantizar su contención».

«EVIDENTE FUNDAMENTO SANITARIO» DE LAS MEDIDAS

Los magistrados resaltan que tienen «un evidente fundamento sanitario, dados los riesgos de transmisión de una enfermedad contagiosa como es la COVID-19». «Nos encontramos ante unas medidas de prevención que se adoptan en un contexto de emergencia de salud pública», advierten.

Además, inciden en «la preocupante evolución del número de contagios en estos últimos días en el área geográfica a la que se extienden las medidas cuestionadas, afectando de forma predominante a los jóvenes, que es el grupo poblacional que frecuenta en mayor medida las discotecas y demás locales de ocio nocturno, así como las cafeterías, restaurantes y bares».

«La orden impugnada en este procedimiento se caracteriza no solo por la limitación geográfica a la que van destinadas las medidas, sino también por su limitación temporal, en cuanto su eficacia queda condicionada al resultado del seguimiento y evaluación continua a la que quedan sujetas y, por tanto, en función de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria», indica el tribunal, al tiempo que insiste en que todas las limitaciones «vienen avaladas por informes de autoridades sanitarias y de un comité científico».

NO ENTRA A VALORAR LA SUPUESTA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

En el auto, el TSXG no entra a valorar los argumentos de la asociación respecto a la supuesta vulneración del derecho a la intimidad de la ciudadanía al tener que exhibir documentación de carácter sanitario, ya que es una cuestión que no le compete en este estado del procedimiento, «en el que no cabe oír a la administración autonómica».

Los jueces recuerdan que, en este momento del procedimiento, limitan su actuación «a comprobar la motivación y justificación prima facie de las medidas adoptadas».

Así, concluyen que no se acreditado la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia necesarias para la adopción de la medida cautelarísima solicitada por la asociación.

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha recordado que, con motivo de la pandemia de la covid-19, este año tampoco se celebrará la Aste Nagusia de la capital vizcaína, por lo que ha reclamado «responsabilidad» y ha realizado un llamamiento a evitar las aglomeraciones de personas.

En declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar una exposición con motivo de los 35 años del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, el primer edil ha sido cuestionado además por los incidentes generados en algunos puntos del País Vasco en las últimas semanas.

En este sentido, ha sostenido que no se puede apelar «exclusivamente» a la labor policial, que es «intensa», para evitar aglomeraciones de personas, que es «donde se está produciendo una propagación del virus con una intensidad casi desconocida hasta este momento, aunque con menor letalidad y gravedad».

«Además de los medios policiales, es muy importante apelar a la responsabilidad de parte de la gente joven para que entiendan que la lucha contra el virus no tiene edad y todos debemos tomar parte; ser parte de la solución, no del problema», ha defendido.

Por ello, el primer edil ha realizado un llamamiento a «evitar las aglomeraciones en playas y calles, así como los encuentros de naturaleza pseudofestiva que provocan un agravamiento de la pandemia».

Tras valorar el comportamiento mostrado por la ciudadanía durante los días de la pasada Aste Nagusia, el alcalde ha confiado en que éste año se repita, aunque ha mostrado su preocupación por los hechos vistos en otros puntos de Euskadi. «Un mensaje claro, no hay Aste Nagusia y eso significa que no hay fiestas», ha remarcado.

De este modo, y ante la próxima vuelta del público a los estadios de fútbol, Aburto ha reiterado su preocupación por las aglomeraciones que se pudieran provocar.

«Hoy he tenido ocasión de ver cómo se va a producir una entrada escalonada al campo, lo que redundará en una menor aglomeración y pedir una vez más responsabilidad. Vuelve el fútbol y la gente a los estadios, es una buena noticia a celebrar, pero con responsabilidad. Con un ojo mirando al fútbol y el otro a la pandemia», ha insistido.

Ante el debate sobre la obligatoriedad de la vacunación en determinados sectores, Aburto ha afirmado que «el derecho a la salud, a la vida, debe estar por encima de otro tipo de derechos también contemplados en las normas».

PALIZA DE AMOREBIETA

Por otro lado, y en lo que respecta a la paliza sufrida por un joven en Amorebieta y las detenciones de 14 personas integrantes de la banda ‘Los Hermanos Koala’, Aburto ha destacado que los efectivos policiales trabajan «en coordinación» y ha defendido que «la coordinación con la Ertzaintza es uno de los elementos fundamentales para la lucha contra el delito».

Según ha detallado, la Policía municipal de Bilbao ha colaborado en algunas de las detenciones producidas en relación a este caso, que ha calificado de «fenómeno delictivo inaceptable», y al que hay que enfrentarse «con toda la fuerza del derecho, la ley y la justicia».

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades contabiliza a fecha de hoy 167 casos activos de la enfermedad COVID-19 de personas residentes en centros de mayores de Castilla y León, de acuerdo con los datos notificados por las residencias a la Gerencia de Servicios Sociales.

Los casos de infección por SARS-CoV-2 entre residentes se han reducido el 41 por ciento en la última semana, puesto que a fecha del pasado viernes, 30 de julio, eran 284 los contabilizados. Además, las cifras ponen de manifiesto que el impacto de los brotes por infección por coronavirus se limitan al 0,39 por ciento de la población residente en centros del territorio autonómico, tanto de titularidad pública como privada, informa la junta a través de un comunicado.

Los 167 positivos computados a fecha de hoy se localizan en 33 centros residenciales de la Comunidad. La Junta señala que, en las residencias de personas mayores y centros socio sanitarios, la declaración de un brote puede producirse por la existencia de un único caso conforme al criterio determinado por las autoridades sanitarias.

No obstante, la Gerencia de Servicios Sociales mantiene contacto y vigilancia especialmente estrechos sobre las residencias afectadas por estos brotes, añade.

La Comunidad se encuentra en nivel 1 de alerta sanitaria por la pandemia, con las medidas, obligaciones y limitaciones que, para ese estadio, se recogen en el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

MEDIDAS

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene vigentes las medidas y recomendaciones contenidas en la Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León, publicada el 10 de junio. Este documento contiene protocolos restrictivos, que pueden ser modulables en función de la situación epidemiológica del momento.

Así, en el caso de las visitas, se establece con carácter general que deben realizarse preferentemente en espacios al aire libre o ventilados, en todo caso en zonas exclusivas y reservadas, y nunca en las habitaciones. Deben concertarse con cita previa y, durante las mismas, aplicar todas las medidas de higiene y prevención, tales como el uso de mascarillas, lavado de mano y distancia social.

En el caso de salidas de los residentes, se establecen unos protocolos de control a la entrada y salida de los mayores. También deben programarse con antelación y respetarse las mismas medidas de protección y prevención que en el caso de encuentros en el interior de un centro.

La Guía precisa que, ante situaciones de nuevos ingresos, debe garantizarse la vacunación del residente con antelación y, en supuestos de prioridad social, se realizará una prueba PCR que debe ser negativa.

En lo que respecta a los trabajadores, entre las previsiones y recomendaciones del documento se prevé la vacunación del personal de nuevo ingreso y la realización de pruebas periódicas de detección del virus tras periodos vacacionales o ausencias prolongadas del centro.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades insiste en la necesidad de realizar un cumplimiento estricto de las medidas de prevención y protección estipuladas, extremando todas las precauciones especialmente en los centros residenciales. También recuerda la importancia de las responsabilidades individual y colectiva de los ciudadanos para superar la pandemia, concluye el comunicado.

La Xunta de Galicia sostiene que el próximo curso 2021/22 habrá «más unidades en Infantil y Primaria que en el curso anterior a la pandemia, 2019/20». «Esto, a pesar de a la caída de matrícula en unos 6.000 alumnos en estas etapas», añade después de las críticas a este respecto por parte de asociaciones de padres y sindicatos.

Lo hace tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la modificación del catálogo de unidades que «confirma, además, que se mantienen abiertas todas las escuelas unitarias en funcionamiento», defiende la Administración gallega.

Al respecto, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade argumenta que se dispone de «todas las unidades precisas para dar respuesta a las necesidades del sistema educativo el próximo curso». «De este modo, tendrá todos los puestos escolares y el plantel de profesorado para garantizar los máximos estándares de calidad de la enseñanza, a pesar de la tendencia de merma del alumnado».

En concreto, argumenta un incremento de 191 unidades en el próximo curso respeto al último curso previo a la pandemia (2019/20)»a pesar de perder en ese período 6.000 alumnos».

«Independientemente de este descenso demográfico, la Xunta de Galicia sigue apostando por el refuerzo y estabilización de las plantillas de profesorado», añade la Consellería que alude a las oposiciones de educación con casi de 4.000 plazas y la aprobación de una nueva oferta de empleo para el próximo año con otras 1.600

ALUMNOS POR AULA

El Gobierno gallego asevera que mantiene, además, «las ratios establecidas por la normativa estatal para Infantil y Primaria, de 25 alumnos por aula».

De hecho, apostilla, «Galicia mejora esa ratio, dado que tiene la mejor ratio alumno/profesor de España junto a Extremadura (9,2 frente al promedio estatal de 11,3)». «Asimismo, el 70% de las aulas de Infantil y Primaria de nuestra Comunidad tienen 20 alumnos o menos y el 30% tienen 10 alumnos o menos».

Por otra parte, recuerda que próximo curso no hay cambios en el protocolo covid de Primaria determinado por los Ministerios de Sanidad y Educación, por lo que se mantienen los grupos burbujas y las principales medidas previstas para el conjunto de las comunidades autónomas.

El dispositivo especial de Policía Municipal de Madrid con motivo de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, que arranca este viernes en el distrito Centro de la capital a las 18 horas, contará con hasta 70 efectivos, además del apoyo de drones, perros y unidades de patrulla a caballo para labores de vigilancia.

Según ha informado el Consistorio madrileño en un comunicado, para mantener la seguridad y controlar que se cumplan las medidas sanitarias ante la Covid-19 se comprobará el uso obligatorio de mascarillas y la distancia de seguridad, pero manteniendo el desarrollo «normal» de la programación.

La intendente de la Unidad de Apoyo Institucional del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, Esther de Gregorio, ha explicado en declaraciones a los medios el aumento en el número ordinario de agentes que se reforzará hasta los 70 efectivos, en turnos de mañana, tarde y noche. Además, contarán con los drones de la Sección de Apoyo Aéreo, así como de los perros de la Sección Canina y de las caballerías de la Unidad del Escuadrón.

«El trabajo de los drones se ha convertido en un elemento fundamental para la vigilancia de espacios públicos, para evitar aglomeraciones, el consumo de alcohol en la vía pública y para ayudar a nuestros agentes», ha apostillado la intendente que ha señalado que este mismo dispositivo se mantendrá durante todas las festividades del mes de agosto en la capital.

Así, el Ayuntamiento de Madrid, a través la Policía Municipal, ha puesto en marcha este dispositivo con motivo de la celebración San Cayetano (viernes y sábado), de San Lorenzo (los días 10 y 11) y de La Paloma (los días 14 y 15).

De Gregorio ha explicado que además de las tareas de vigilancia del cumplimiento de la normativa, los agentes se emplearán en evitar «el consumo de alcohol en la vía pública, así como garantizando que las actividades de ocio se ajustan a todo lo establecido en la normativa».

Por último, desde la Policía Municipal se ha hecho un llamamiento para que los madrileños y visitantes disfruten de las fiestas «con la máxima responsabilidad, dada la situación sanitaria existente aún».

CORTES DE TRÁFICO EN DISTINTAS ZONAS DEL CENTRO

Los agentes municipales han establecido cortes de tráfico y restricciones del estacionamiento en la Plaza General Vara del Rey e inmediaciones.

También lo han hecho en los alrededores de la Plaza Barea, en la calle Embajadores a la altura de la Iglesia de San Cayetano y en la calle del Doctor Piga a la altura de la Iglesia de San Lorenzo.

Por otro lado, en lo referente a las Fiestas de la Paloma, se realizarán cortes y restricciones de estacionamiento en las inmediaciones de los jardines de las Vistillas y en la calle de la Paloma, a la altura de la iglesia.

AUSENCIA DE BARRAS DE BARES EN LAS CALLES

En esta ocasión y debido a las medidas sanitarias, no está permitida la instalación de barras para el consumo en las calles. Por este motivo preocupa especialmente el riesgo de aglomeraciones y botellones en las zonas colindantes.

La Policía Municipal por su parte ha asegurado que se garantizará «que las actividades de ocio se ajusten a toda la normativa». No obstante, en el caso de que se incumpla alguna o se cometa alguna infracción, se interpondrán propuestas de sanción.

De Gregorio también ha especificado que «la mayoría de actividades se realizarán en la Plaza General Vara del Rey» como los conciertos o el pregón. Sin embargo, se vigilarán otros «puntos de afluencia típicos» donde pueden producirse botellones.

Por último, la entrada y salida se va a controlar mediante un aforo ya que «son unas fiestas muy populares» y se esperan aglomeraciones.

Euskadi ha registrado este pasado jueves 1.048 nuevos casos de covid-19, lo que supone 54 menos que el día anterior, con lo que la incidencia acumulada en 14 días vuelve a anotar un nuevo descenso, hasta 752,64. Sin embargo, la tasa de positivos ha aumentado medio punto, con lo que se coloca en el 12,7%, y los 66 pacientes ingresados en las UCI superan en cinco a los del miércoles.

Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, a lo largo de esta pasada jornada, se han efectuado 8.276 test diagnósticos, con 108 positivos en Álava, 591 en Bizkaia, 327 en Gipuzkoa y 22 en personas con residencia fuera de Euskadi.

Estos 1.048 nuevos casos, 54 menos que los 1.102 del día anterior, elevan la tasa de positivos respecto a las PCR y test de antígenos practicados del 12,2% el miércoles al 12,7% este jueves. La trazabilidad de los casos se mantiene en una media en los últimos siete días del 33,2%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 41,4% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Entre los indicadores que también evolucionan favorablemente en esta última jornada, la razón de tasas de incidencia, que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana, baja a 0,87 (-0,03). Por su parte, el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, sigue en 0,83.

La tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes suma una jornada más de descenso, con una caída de 32,78 puntos que la sitúa en 752,64. Supera esta media Bizkaia, con una tasa de 815,03, mientras que Gipuzkoa anota un valor de 676,65 y Álava de 589,63.

En esta última jornada, Gipuzkoa es el único de los tres territorios que aumenta su cifra de positivos respecto al miércoles, con ocho casos más. De los 327 positivos, San Sebastián concentra 79, Errenteria 32, Eibar 15, Azpeitia 14, Zarautz trece, Zumaia doce e Irun once.

Bizkaia, el territorio con más casos, registra 17 positivos más que el miércoles. De los 591 contagios, se dan 161 en Bilbao, 63 en Getxo, 57 en Barakaldo, 20 en Basaruri, 18 en Leioa, Portugalete, Sopela y Santurtzi, 17 en Erandio, 16 en Sestao, 15 en Galdakao y doce en Durango.

Álava registra el mayor descenso, con 35 menos. De los 108 casos, 76 se dan en Vitoria y en Llodio y Elburgo cinco. Por su parte, los 22 positivos en personas con residencia fuera de Euskadi suponen diez menos que un día antes.

Con los datos del jueves, alrededor de 70 municipios de más de 5.000 habitantes superan los 400 casos de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, incluidas las tres capitales vascas.

LOS JÓVENES

Por edades, destacan de nuevo los contagios en la franja de edad de entre 20 y 29 años, con 280 casos, y de entre 10 a 19 años, con 187 positivos. En estos colectivos la tasa de incidencia acumulada en 14 días es de 2.297,54 y 1.958,63, respectivamente. Teniendo en cuenta solo a los jóvenes de 17 y 18 años, la incidencia es de 3.882,90.

También superan el centenar de casos el colectivo de 30 a 39 años, con 130 casos; la población de 40 a 49 años, con 110 contagios; las personas de entre 50 y 59 años, con 118 positivos; y los menores de nueve años, con 105. Además, se han dado 54 contagios de personas de 60 a 69 años, 27 en la franja de 70 a 79 años, 26 en la población de 80 a 89 años y seis en mayores de 90 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más baja se da entre las personas de 70 a 79 años, de 183,96, mientras que en el conjunto de mayores de 65 años es de 231,21 (tras caer 3,64 puntos en la última jornada).

SUBEN LOS PACIENTES EN UCI

En los hospitales vascos, a lo largo del día de ayer 54 personas han ingresado por covid en planta, dos menos que el día anterior, y el total de pacientes en planta baja a 259, seis menos que el miércoles pero 16 más que una semana antes.

En las Unidades de Cuidados Intensivos hay 66 pacientes con coronavirus, cinco más que el día anterior y cuatro más que hace una semana.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha acordado este viernes en una reunión extraordinaria celebrada vía telemática limitar el aforo para todas las competiciones deportivas al 40% en espacios abiertos y al 30% en recintos cerrados. Además, siempre se deberá garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, excepto si se trata de convivientes.

Esta decisión afecta a eventos deportivos multitudinarios, incluidos los de la liga profesional de fútbol, a competiciones nacionales no profesionales y a las de carácter autonómico, según ha explicado al Ejecutivo asturiano.

Las personas que acudan a estos eventos serán preferentemente abonadas y público local y se fijarán franjas horarias para garantizar una entrada y salida escalonadas.

El uso de mascarilla será obligatorio, no estará permitido fumar y, con carácter general, tampoco se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas. Además, las localidades se preasignarán antes del inicio de las competiciones, aunque estas sean de acceso gratuito.

Por su parte, los entrenamientos se realizarán preferentemente sin público y, en todo caso, se tendrán que respetar los mismos aforos establecidos para las competiciones.

El Gobierno ha explicado que estas medidas, que estarán vigentes del 13 al 29 de agosto, adaptan al Principado el acuerdo general alcanzado el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en relación con eventos deportivos multitudinarios.

El Ejecutivo considera que estas limitaciones son proporcionadas y permitirán contener la propagación de la enfermedad, al tiempo que garantizarán la protección de la salud.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha acordado prorrogar hasta el 23 de agosto el cierre del interior de los establecimientos de ocio nocturno, así como la prohibición de vender alcohol en gasolineras y comercios minoristas entre las 22.00 y las 6.00 horas.

La prórroga estará vigente desde las 00:00 horas del próximo martes, 10 de agosto, hasta las 24.00 horas del día 23. No obstante, las medidas serán objeto de seguimiento y evaluación continua para garantizar su adaptación a la situación epidemiológica.