La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari segunda del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, abandonará en noviembre el liderazgo del partido en Euskadi «con los deberes hechos» y un partido «robusto y afianzado», presente en todas las instituciones, para abordar «un proyecto renovado» que debe afrontar los «grandes retos» que quedan por delante.

Mendia ha anunciado este martes que no optará a la reelección como secretaria general de los socialistas vascos durante su intervención ante el comité nacional, pese a que la había tomado ya hace más de un año y comunicado al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Siempre he tenido su confianza y su complicidad», ha señalado.

Antes del encuentro, sólo había transmitido sus intenciones a los secretarios generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, Mikel Torres, Cristina González y Eneko Andueza. Este último suena como posible candidato en las próximas primarias.

Visiblemente emocionada, Mendia, que lleva siete años al frente del socialismo vasco tras relevar a Patxi López en la Secretaría General en 2014, ha hecho pública su decisión «personal y política» de no presentarse a la reelección ante el comité nacional reunido en el Teatro Campos de Bilbao para preparar el IX Congreso que se celebrará entre los días 20 y 21 de noviembre.

La todavía líder del PSE-EE, única mujer que lo ha dirigido en su historia, seguirá en sus cargos de vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco.

Idoia Mendia ha asegurado que deja la secretaría general en una Euskadi «más fuerte, más igual, más moderna, y tan plural como siempre», porque «el socialismo ha sabido estar también a la altura de los tiempos».

En su discurso, que desde el principio dejaba entrever su decisión de abandonar su cargo en el PSE-EE, ha expresado su alegría por ver reunido al comité nacional después de que la pandemia haya impedido este tipo de encuentros. «Los socialistas somos sobre todo de afectos», ha asegurado.

Además, ha agradecido a toda la militancia «el inmenso esfuerzo» que han realizado porque, con su compromiso político y su labor en las instituciones, se ha conseguido «recuperar a Euskadi como nadie habría imaginado hace un año», en el que «lo más doloroso» han sido las 4.700 personas fallecidas. «Lo hemos hecho juntos desde lo público, con acuerdos y ofreciendo soluciones», ha aseverado.

MUCHOS RETOS POR DELANTE

En todo caso, ha asegurado que «quedan muchas heridas por curar y muchos retos a los que hacer frente». «Tenemos más fuerza para una reconstrucción justa de la Euskadi que queremos ser, con el proyecto político que tenemos que actualizar cuando toca, y eso toca ahora», ha añadido en referencia al proceso congresual.

Idoia Mendia ha considerado que un Congreso «siempre es una pausa para mirarse hacia dentro, para evaluar el camino recorrido los cuatro años anteriores, y para después salir ahí fuera, a la ciudadanía, con un proyecto renovado y fortalecido».

«No queremos solo recuperar niveles prepandemia, queremos liderar laconstrucción de la Euskadi verde, feminista y moderna, pero sobre todoigualitaria e intensamente plural. Y vamos a celebrar este Congreso en un momento histórico y revolucionario, momentos a los que los socialistas históricamente hemos sabido hacer frente», ha indicado.

«EL ORGULLO» SOCIALISTA

Mendia ha destacado que el PSE-EE es el único partido en Euskadi que «puede sentir el orgullo de haber afrontado todos los procesos transformadores de los últimos 135 años», para recordar su nacimiento en plena revolución industrial.

«En cada ocasión que los vascos se jugaban sus derechos y libertades, el socialismo estaba ahí, para luchar por ellos. Aunque eso tuviera costes, aunque supusiera represión y cárcel, aunque supusiera la amenaza directa del terror», ha manifestado.

Tras defender que su partido siempre «aporta certidumbres» ha dicho que han dejado «los deberes hechos». En referencia a «la profunda crisis» que les ha tocado afrontar, ha asegurado que durante sus siete años de mandato «ha pasado casi de todo: siete convocatoriaselectorales, una moción de censura, una quiebra en Cataluña, la reinvención del PSOE, Trump, el Brexit y, de regalo, la pandemia», ha añadido.

Por ello, ha dicho que acertó, cuando al acceder a la secretaría general de los socialistas vascos, supo que «la clave iba a ser saber mantener firme el timón de la nave, y saber navegar entre muchas emociones y pasiones».

Por entonces, según ha rememorado, venían de «Gobierno más valiente de Euskadi», el de Patxi López, que «no sólo tuvo la osadía de plantar cara al terrorismo y el sectarismo, sino que además le plantó cara a la crisis de entonces con medidas anticíclicas y mucha resistencia social».

Sobre todo, ha puesto en valor «el liderazgo ético y la firmezademocrática» que mantuvo y «que obligó al cese definitivo de ETA», y ha lamentado que, «a pesar de ello, la ciudadanía no nos otorgó el respaldo suficiente en las siguientes elecciones».

En ese momento de crisis, ha relatado que adoptó el compromiso político de liderar el PSE, pese al «inmenso vértigo» que le dio, para «recuperar la confianza» de la ciudadanía y para que «el socialismode lo pequeño, de nuestro querido Txiki Benegas», fuera «el instrumento al servicio de los más vulnerables».

OPOSICIÓN FIRME Y CONSTRUCTIVA

De esta forma, ha remarcado que el partido emprendió «una vía de oposición firme y constructiva, desde su convencimiento «delpragmatismo útil frente a los que militan en el dogmatismo inútil».

Según ha explicado, los socialistas se asomaron, «por primera vez en la historia a un Gobierno entre diferentes para una sociedad plural, sin ningún tipo de amenazas ni violencia». «Hoy, si no hubiéramos tomado aquella decisión, las cosas podrían ser muy distintas. Pero yo os propuse, resistir, insistir, acordar y construir para convivir», ha subrayado.

Para Mendia, esta actitud es la que ha permitido al PSE-EE «pasar de ser un partido que estaba fuera de todos los gobiernos, uno más entre todos, sin influencia», al partido que gobierna «todas las instituciones». «De ser un partido que se quería ningunear a ser el cauce central por el que tienen que pasar todas las políticas y los acuerdos», ha añadido.

Por ello, ha asegurado que ve al PSE-EE, ante su noveno congreso, «un partido afianzado, creíble, indispensable e imprescindible». «Nadie entiende la Euskadi de hoy sin nosotros, ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro», ha precisado.

Además, ha citado a referentes de la formación como Ramón Rubial, Ramón Rubial, Txiki Benegas, Ramón Jáuregui, Mario Onaindia, Nicolás Redondo y Patxi López, y ha mostrado su «orgullo de ser la primera mujer» y secretaria general «elegida directamente por el voto» de cada compañero.

DECISIÓN PERSONAL Y POLÍTICA

La vicelehendakari ha asegurado que no concurrir a la reelección es «una decisión personal y política, igual que lo fue hace siete años», pese a que «muchos» le han pedido que siguiera «al frente», porque «en política, los tiempos y los momentos son importantes». «Saber escoger el momento óptimo para la organización para hacer un relevo con garantías de éxito en su liderazgo», ha dicho.

Según ha afirmado, cumplido el proyecto por el que se presentó hace siete años, «hay nuevas caras y voces», y considera que es hora de «un nuevo liderazgo que conduzca al partido en los próximos años».

También ha querido agradecer la «confianza» depositada por su partido, que le ha permitido ser «la primera portavoz de un Gobierno Vasco socialista, la primera consejera de Interior de Euskadi, la primera vicelehendakari y «la primera mujer al frente del socialismo vasco».

La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha defendido la presencia del catalán en el mercado audiovisual español y catalán para que esta lengua «deje de ser residual» y se garantice como lengua minoritaria «su protección y su presencia en el mercado audiovisual».

Así lo ha trasladado la ‘número 2’ de Pere Argonès desde los Jardines de la Delegación del Gobierno de la Generalitat en Madrid, donde ha sido la encargada de presidir la Diada Nacional de Cataluña en Madrid, una oportunidad, en sus palabras, para expresar a la capital sus «puntos de vista sobre la lengua, la cultura y sobre el conflicto político».

«Nos encontramos en un momento trascendental en la defensa de nuestra cultura y nuestra lengua. En los próximos años nos lo jugamos todo en cuanto al futuro de la lengua catalana», ha asegurado Vilagrà.

En esta clave, ha recordado la importancia de esta reivindicación ahora que «debe ajustarse la normativa europea» porque, a su juicio, hay una ley audiovisual española que supone una «amenaza» para la lengua catalana. Ha hecho hincapié así en que han impulsado alegaciones y que están trabajando «para que la ley audiovisual española incluya una defensa activa del catalán».

UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD

La dirigente de ERC ha aprovechado la ocasión para recordar que ya van cuatro Diadas que no quieren celebrar con normalidad porque si bien «es verdad que los presos ya están en situación de libertad, es un gran alivio para ellos y sus familias, pero aún continúa el exilio, la represión y numerosas causas judiciales abiertas».

Con todo, ha asegurado que un año más siguen siendo «demócratas, republicanos y mayoritariamente independentistas» y que así lo demostraron «de nuevo el pasado miércoles durante la mesa de diálogo» en la que, ha señalado, iniciaron «una nueva etapa para dar resolución al conflicto político».

«El 80 por ciento de los catalanes quieren una solución del conflicto democrática, no un parche» y, en esta línea, ha asegurado que el Gobierno de la Generalitat «lo liderará». «Entendemos que esta mesa de negociación es una ventana de oportunidad, queremos afrontar la negociación con toda la fuerza poniendo la amnistía encima de la mesa», ha aseverado.

«Cataluña será lo que los catalanes queramos», ha zanjado así su discurso, al tiempo que ha recordado: «Somos catalanes, estamos orgullosos y en este sentido estaremos en la mesa de diálogo y también al lado de buscar la libertad de nuestro país».

CAPELLA APLAUDE LA CELEBRACIÓN DE LA MESA: «DIMOS UN PASO DE GIGANTE»

Pasadas las 19.30 horas y ya ondeando una estelada ha comenzado el acto que ha sido inaugurado por la delegada del Gobierno catalán en Madrid, Ester Capella, que ha recordado la relevancia de esta Diada que coincide con el 50 aniversario del discurso de Pau Casals en Naciones Unidas.

Asimismo, Capella ha hecho referencia a la mesa de negociación que se celebró el pasado miércoles. «La semana pasada dimos un paso de gigante, iniciamos algo que hasta ahora no habíamos podido realizar. Cataluña y el Estado abrían una negociación política para lograr resolver el conflicto político», ha apostillado.

Ha asegurado que el Gobierno catalán afronta este proceso desde la defensa de la amnistía y del derecho al referéndum de autodeterminación. Así, ha señalado que «la solución solo podrá lograrse si se pone fin a la represión que centenares de personas padecen en Cataluña por defender sus ideas, derechos y libertades».

Acompañada de Vilagrà, han procedido a la entrega de la 4ª edición del Amic del Blanquerna, un reconocimientos a las personas que se han inscrito en el Centro Cultural-Librería Blanquerna y las Aulas de Catalunya de la Diputación.

Los premiados han sido la periodista Cristina Villanueva; el estudiante de las Aulas de Catalán Ramon Aldea; la clienta de la Librería Blanquerna Carmen Desviat; la extrabajadora de la Delegación Charo Rubio; el profesor titular de la UCM Jaime Ferri; el filósofo y profesor David Peidró; la directora cultural del Centro Sefarad-Israel, Esther Bendahan, y el director general del Centro Sefarad-Israel, Miguel de Lucas.

Además, el director del Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural y exalcalde de Gerona, Joaquim Nadal, ha ofrecido una conferencia y, por último, el acto ha terminado con la actuación musical de Marina Rosell.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una reunión telefónica este martes con su homólogo marroquí, Nasser Bourita y, en ella, ambos se han comprometido a mantener próximamente un encuentro en persona, en lo que supone un paso más en el acercamiento de las relaciones entre España y Marruecos tras la crisis de Ceuta, según fuentes de Exteriores.

El encuentro entre Albares y Bourita se ha producido en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, a petición del responsable de la diplomacia española, si bien se ha tenido que celebrar por teléfono porque el marroquí no ha viajado a Nueva York.

Albares solicitó este encuentro en su afán por «consolidar» la relación entre España y Marruecos de «respeto mutuo», y «dar un paso más en la normalización» tras la crisis de Ceuta, según informaron fuentes diplomáticas.

Este fue uno de los objetivos que se marcó tras asumir la cartera de Exteriores en la remodelación que hizo el presidente Pedro Sánchez a mediados de julio, sustituyendo a Arancha González Laya, quien había recibido duras críticas por parte de Marruecos, por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Es más, la exministra y su homólogo no volvieron a hablar.

El Gobierno marroquí terminó reconociendo que la crisis que se generó por la entrada masiva de marroquíes en Ceuta vino motivada, entre otras cosas, por el caso Ghali, y también por la negativa de España a cambiar su política respecto al Sáhara y a reconocer como marroquí este territorio, como hizo Estados Unidos con Donald Trump aún como presidente en diciembre de 2020.

Esta crisis, que supuso la ruptura de relaciones con Marruecos y la retirada de su embajadora en Madrid, fue también duramente criticada por la oposición. Precisamente, González Laya ha sido imputada este martes por el juez que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario.

Ahora, Albares trabaja para normalizar las relaciones con Marruecos, a quien ya calificó de «gran amigo» en su toma de posesión. Tras su conversación telefónica de este martes, lo siguiente será verse en persona con su homólogo marroquí, para seguir reconstruyendo la relación «mutuamente respetuosas» entre España y Marruecos, según las fuentes consultadas.

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores entiende como un gesto clave el discurso que hizo el pasado 20 de agosto el rey Mohamed VI, en el que expresó su intención de inaugurar una «nueva etapa inédita» en la relación con España, construida sobre la base de la «confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos».

En cuanto a la reunión de alto nivel que Marruecos y España tienen pendiente desde diciembre del año pasado, y que fue aplazada por la pandemia, las fuentes diplomáticas consultadas explican que el Gobierno está muy interesado en ese primer viaje, pero sobre todo «en el segundo, el tercero y el cuarto», y recalcan que lo más importante es «construir una relación sólida».

Además, en las últimas semanas ha habido informaciones sobre un posible retorno de la embajadora marroquí, pero por el momento esta no se ha materializado.

En todo caso, el Gobierno considera que existe una «gran oportunidad» de redefinir las relaciones con Marruecos tras los «gestos positivos» que ha realizado recientemente el reino tras la crisis vivida en los últimos meses.

Así lo puso de manifiesto también el Ejecutivo la semana pasada en una respuesta escrita a pregunta de Vox. En concreto, el Ejecutivo defendió que «existe en la actualidad una gran oportunidad para redefinir las relaciones y los pilares sobre las que se sustentan, teniendo en cuenta los gestos positivos que se han producido recientemente por parte de las autoridades marroquíes».

En esa respuesta, el Ejecutivo ya aseguraba está trabajando «en unas nuevas y firmes relaciones con Marruecos» que permitan consolidar «la cooperación bilateral», siempre en cumplimiento de los acuerdos y la legislación internacional.

CRISIS DE CEUTA

La relación con Marruecos atravesó una grave crisis a raíz de la llegada a España por razones humanitarias de Ghali el pasado mes de abril. Rabat expresó su malestar por no haber sido informado de antemano y, tras algunas semanas de tiranteces, desembocó en la llegada masiva de migrantes a Ceuta facilitada por Marruecos y en la llamada a consultas de su embajadora en Madrid, Karima Benyaich.

Desde entonces, primero con Arancha González Laya aún como ministra de Exteriores y luego con la llegada de Albares, el Gobierno ha venido insistiendo en la necesidad de discreción para desbloquear la crisis, de la que Rabat responsabilizaba en gran medida a la anterior jefa de la diplomacia.

Por otro lado, además de su conversación con el ministro marroquí, Albares se va reunir también con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, el miércoles 22 a las 19.00 horas de Nueva York, en su intento de trabajar «por el acercamiento» entre «dos grandes países amigos y vecinos», en alusión a la disputa que Argelia y Marruecos tienen abierta entre ellos.

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios han abroncado este martes a Vox en el Pleno del Congreso por pedir la reprobación de tres ministros del Gobierno por cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional contra el primer estado de alarma decretado en 2020 por la pandemia de coronavirus. Los portavoces de estos grupos han recriminado a Vox que llevara al TC aquella medida cuando el partido fue uno de los primeros en solicitarla e incluso la apoyó inicialmente en el Congreso.

Vox ha defendido una proposición no de ley en la que pedía que la Cámara Baja censurase a las ministras Pilar Llop (Justicia) y Margarita Robles (Defensa) por cuestionar dicho fallo del Alto Tribunal, y a Félix Bolaños (Presidencia) por ser «el autor material del decreto» que restringió la movilidad. La iniciativa, que se votará en el Pleno del jueves, no tiene sin embargo ninguna posibilidad de salir adelante.

Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sostiene que la actuación de los tres ministros y de otros del Gobierno supone «una ofensiva sin precedentes» contra el Poder Judicial y, por ende, contra la separación de poderes. «En un Estado de Derecho hay fronteras que no se pueden traspasar», ha manifestado el dirigente de Vox, quien ha acusado al Ejecutivo de coalición de haber hecho del enfrentamiento con el Poder Judicial «una seña de identidad».

EL EPISODIO DE SÁNCHEZ GARCÍA

El grueso de los portavoces que han intervenido en este debate han cuestionado que sea precisamente Vox el que pretenda reprobar a los ministros por valorar la citada sentencia contra un estado de alarma que ellos mismo solicitaron y que luego recurrieron ante el máximo intérprete de la Constitución.

Pero, además, algunos han aprovechado para cargar contra los de Santiago Abascal por el episodio que ha tenido lugar este martes en el Pleno después de que el diputado de Vox José Sánchez García llamara «bruja» a una diputada del PSOE durante el debate de una proposición de ley para penalizar el acoso ante las clínicas abortivas.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han salido en defensa de los tres ministros y han enumerado a Vox una batería de declaraciones de diferentes dirigentes de ese partido criticando y cuestionando la actuación del TC pero también de otros tribunales, como el Supremo.

«Vox ha llegado a decir que el TC está sometido a la corrupción de los partidos políticos o que elude su responsabilidad en el marco legislativo», ha recordado la socialista Andrea Fernández, quien ha calificado de «pulcras, «prudentes» y «cabales» las declaraciones de Robles y Llop sobre la mencionada sentencia del Constitucional, con las que ambas respondieron a preguntas de los periodistas, y ha respaldado la actuación de Bolaños.

«Vox critica la acción judicial asiduamente y utilizan la Justicia cuando les interesa», ha comentado, por su parte, Santiago Romero, de Unidas Podemos, quien ha denunciado la, a su juicio, «doble vara de medir» de «los señoritos de Vox» con los tribunales en España.

CS DENUNCIA EL «POPULISMO» DE VOX

También ha cargado contra Vox el portavoz adjunto Ciudadanos, Edmundo Bal, quien ha denunciado la «demagogia» y el «populismo» con el que, en su opinión, ha actuado este partido con el estado de alarma, pese a reconocer que las declaraciones de las ministras fueron «desafortunadas» y a criticar que el Gobierno siga «sin hacer los deberes» pese al fallo del TC.

Sin embargo, no ha desvelado el sentido de su voto, como tampoco lo ha hecho la diputada del PP Isabel Borrego, quien sí ha criticado por «irresponsables» las declaraciones de Robles y Llop contra el TC y la «intromisión» del Gobierno en la independencia de éste, pero ha recalcado que estos «ataques» no son nuevos. «El Gobierno no respeta ni al Poder Judicial ni al Parlamento», ha sentenciado Borrego, quien ha pedido a Pedro Sánchez revertir sus modos «autoritarios» y respetar la separación de poderes.

De su lado, ERC ha afeado a Vox que pidan reprobaciones «sin base sólida», el PDeCAT le ha acusado de no tener respeto «por ningún órgano constitucional», y Joan Baldoví, de Compromís, ha arremetido contra el diputado de ese partido que ha insultado a una diputada del PSOE por «maleducado, grosero y chabacano».

Ante esto, el señalado se ha dirigido, malhumorado, a la Presidencia del Congreso, ejercida en ese momento por el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha pedido a Baldoví que retirase los indultos al diputado del Vox. Ante su negativa, Gómez de Celis ha pedido retirarlos del Diario de Sesiones.

La reciente reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán centrará las preguntas que el PP y Vox dirigirán al Ejecutivo en el Pleno de control en el Congreso de este miércoles, al que no asistirá el presidente, Pedro Sánchez, por estar de viaje en Estados Unidos, ni varios de sus ministros.

Así, el PP plantará sendas preguntas a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Isabel Rodríguez. «¿Avala el ministro la comisión de delitos como método democrático legítimo para sentar al Gobierno en una mesa independentista de negociación?», reza la pregunta que la portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Edurne Uriarte, formulará a Bolaños.

Y su compañero de filas Vicente Betoret quiere que la portavoz del Gobierno aclare «qué negocia el Gobierno en esa mesa que no se pueda debatir en el Parlamento».

Tanto Bolaños como Rodríguez fueron dos de los ministros que integraron la delegación del Gobierno que acudió la semana pasada al segundo encuentro de la mesa de diálogo sobre Cataluña que encabezaron los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès.

También Vox registró dos preguntas sobre la reunión de la mesa de Cataluña, pero dirigidas a las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Pero el Ejecutivo, que es quien decide cuál de sus integrantes responde a las preguntas de la oposición, ha preferido que las contesten Bolaños y Rodríguez.

Así, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, preguntará al ministro de Presidencia su opinión sobre el hecho de que en Barcelona se retirara la bandera española antes de la comparecencia de Aragonès», y su ‘número dos’, Macarena Olona, debatirá con la Portavoz del Gobierno sobre si apoyará la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como exigen los independentistas.

Y después de las preguntas, el PP defenderá una moción, consecuencia de la interpelación que formuló el pasado miércoles a la titular de Política Territorial, con la que busca que el Congreso inste al Gobierno a reconocer que el «inviable jurídica y políticamente, ahora y en el futuro, cualquier referéndum de autodeterminación que se pueda promover por parte de la Generalitat».

También aspira a que el Gobierno declare un «compromiso inquebrantable» con la Constitución y la igualdad de los españoles, y que se comprometa a que la mesa de diálogo «no tenga ningún efecto jurídico» y a circunscribir su relación institucional con la Generalitat a lo previsto en la Carta Magna y el Estatut.

La coordinadora de Ciudadanos Madrid y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, considera que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, se «equivocó» al permitir la manifestación neonazi en Chueca y ha afeado que «se escude detrás de la Policía».

«Se ha equivocado. Creo en el derecho de manifestarse, pero por Chueca… debería haber saltado alguna alarma. A mí me hubiese hecho saltar algún radar. Igual se podían haber manifestado por otro lado», ha trasladado en una entrevista en la ‘Cadena Ser’.

Además, ha indicado que no le parece «justo» que «se escude detrás de la Policía», pues son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «los que deben confiar en ella». «No me termina de convencer, pero no voy a pedir la dimisión… Creo que muchas veces pedimos la dimisión muy a la ligera», ha apostillado.

Mercedes González ha anunciado este mismo martes que se impondrá la máxima sanción que permite la ley, 600 euros, a cada uno de los dos organizadores de la marcha homófoba del sábado por la tarde entre la plaza de Chueca y la Puerta del Sol; y otros 800 euros a cada una de las seis personas que encontraron con bengalas y otros objetos peligrosos.

Durante el desarrollo de la marcha, comunicada en tiempo y forma por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, bajo el lema ‘Di no a las Agendas 2030-2050’, se exhibió una pancarta en la que se podía leer ‘En Madrid ni bandas latinas ni menas’.

Villacís ha criticado que «en Madrid parece que la homofobia campa a sus anchas cuando no es verdad» y que los participantes en la manifestación «son una minoría muy poco representativa». «No podemos volver a esos tiempos oscuros», ha lanzado.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado este martes de que está «amenazado» el orden liberal ante el «auge» de populismos y totalitarismos. Además se ha referido a la asociación estratégica de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido para contrarrestar a China, llamada AUKUS, un paso que ve como «un triunfo de los partidarios duros» del Brexit.

Así se ha pronunciado durante su intervención junto a los expresidentes de Argentina y Colombia, Mauricio Macri y Andrés Pastrana, en la mesa ‘España ¿puente entre la UE y América Latina?’ que ha moderado el exministro Josep Piqué en el marco del Campus FAES 2021.

Aznar ha explicado que el AUKUS, sin la UE, es una alianza «claramente anglosajona» para «intentar contrarrestar la influencia de China». «Y significa también desde el punto de vista europeo un triunfo para aquellos partidarios duros de lo que fue estratégicamente el Brexit, es decir, podemos prescindir de la UE porque somos capaces de organizar alianzas en el mundo anglosajón y de habla inglesa», ha enfatizado.

Tras asegurar que le parece un «gravísimo error» la retirada de Afganistán que traerá «grandes consecuencias», Aznar ha señalado que en las actuales circunstancias estratégicas del mundo es «especialmente importante el reforzamiento del vínculo atlántico» y ha lamentado que ahora la relación atlántica esté «debilitada» y que el papel de España ahí tampoco viva su «mejor momento».

EVITAR QUE COLOMBIA «CAIGA EN EL MISMO MAL»

También ha alertado de que Latinoamérica esté sujeta a «grandes convulsiones», lo que dificulta el proceso natural de incorporación de muchos de esos países al vínculo atlántico. De hecho, ha asegurado que «el próximo objetivo de la izquierda radical iberoamericana es Colombia». «El objetivo prioritario debe ser evitar que Colombia caiga en el mismo mal que han caído otros países», ha enfatizado.

Durante el coloquio, Aznar ha apostado por «practicar la política de los propósitos, no de la queja», ya que, a su entender, el objetivo debe ser tener un «pensamiento estratégico común definido», con una visión clara de «dónde se está».

Y hoy el orden liberal, los sistemas democráticos, de libertades y de defensa de los derechos humanos y de la economía de mercado, está amenazado», ha avisado, para añadir que hay un «auge» de las políticas autoritarias, populistas y totalitaristas.

Aznar ha señalado que la UE, que es algo que hay que «defender y preservar porque es esencial para la convivencia europea y la defensa del orden liberal», tiene «pinta en este momento de ser un actor secundario». «Y dentro de eso, España también tiene pinta de ser un acto secundario. Y eso no es bueno para Iberoamérica», ha indicado.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha apostado, tras la introducción del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, por conseguir una estrategia estatal que permita garantizar la coexistencia de esta especie con la ganadería para que «de una vez por todas no sea el ganadero quien asuma el coste».

«Lo que debemos conseguir ahora es una estrategia estatal que permita una gestión que garantice la coexistencia de la especie con las actividades que se desarrollan en el medio rural», ha indicado Morán.

En este sentido, ha precisado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene ya las previsiones de incorporación de un paquete de compromisos presupuestarios y de apoyo técnico y de recursos humanos para contribuir a la tarea que hasta este momento habían soportado en exclusiva las CCAA «y sobre todo para que de una vez por todas no sea el ganadero quien tenga que asumir sobre sus espaldas el coste de la gestión de una especie que forma parte del conjunto de la biodiversidad del país».

Según ha precisado, el lobo es «patrimonio del conjunto de la sociedad» y, por lo tanto, «es el conjunto de la sociedad el que debe asumir los costes de gestión de protección de la biodiversidad». «Es en ese sentido en el que la Administración General del Estado asume ese compromiso», ha subrayado.

Morán ha indicado que en el caso concreto del lobo, es «una especie que genera algunas dificultades históricamente constatadas de coexistencia con actividades que se desarrollan en el mismo medio».

Por ello, ha precisado que lo que han hecho durante dos años es «escuchar a todos los interesados, tener en cuenta cada una de las aportaciones, tanto de las administraciones, como de las organizaciones profesionales agrarias y las ONG» y «a todo ello darle un sustento de seguridad jurídica para garantizar tanto los derechos de unos como los de otros, teniendo en cuenta que no son posiciones coincidentes».

Morán ha puntualizado que el hecho de que el lobo alcance este nivel de reconocimiento a nivel estatal no es otra cosa «que reconocerle en toda la península ibérica el mismo estatus que venía teniendo al sur del Duero» por lo que indica que «no es una novedad a nivel de gestión».

El Congreso y el Senado ha cumplido en el último año 45 de los 142 indicadores (el 30,9%) que incluye el Plan de Igualdad de las Cortes Generales y está en proceso de cumplimiento en el caso de otros 53, según se recoge en el informe de seguimiento sobre la aplicación de este Plan.

El documento, se ha realizado analizando las medidas puestas en marcha entre marzo de 2020 y abril de 2021 y las conclusiones ha sido aprobadas este martes por las mesas de Congreso y Senado, con la única abstención de Vox.

En este análisis se detecta diferencias de aplicación entre los ocho ejes de actuación que recoge el Plan. El que más indicadores tiene pendientes por poner en marcha es el referente a ‘Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad’: 18 de sus 25 iniciativas aún no han comenzado a implementarse.

Le sigue el eje sobre la ‘Carrera profesional y retribuciones del personal funcionario y laboral de las Cortes’, que aún tiene pendientes 6 de sus 13 indicadores.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE INCLUSIVO, EL MÁS AVANZADO

En cuanto a las medidas relacionadas con la ‘Salud laboral, prevención del acoso y violencia de género’, se han completado 4 indicadores de sus 25 totales, aunque 15 de ellos están en proceso de consecución y solo son 5 los que están pendientes.

De las 17 del eje ‘Medidas organizativas’, las Cortes ya han realizado 9, 4 están en proceso de hacerlo y 3 están pendientes; las mismas que en el eje ‘Representatividad’, que cuenta con 9 indicadores en total; y el de ‘Formación, información y sensibilización’, que tiene 22.

Comunicación y lenguaje inclusivo’ es el eje que más indicadores ha cumplido hasta ahora: de sus 12 indicadores, solo 2 están pendientes de poner en marcha, aunque son 9 los que están en proceso de cumplimiento.

MAYORES AVANCES EN LAS WEBS Y PLIEGOS DE LICITACIONES

Entre las medidas que ya se han completado, el informe destaca la creación de una unidad específica con competencias en materia de Igualdad en las secretaría de Congreso y Senado; la creación de portales de Igualdad en las webs de ambas cámaras, la inclusión de cláusulas sociales en materia de igualdad en los pliegos para la licitación de los contratos públicos de las Cortes; o la publicación actualizada de la composición de los cuerpos de funcionarios y otros grupos profesionales desagregados por sexos.

También se ha cumplido con medidas como facilitar la participación de aspirantes a los procesos de selección de personal laboral en situación de gestación, parto o lactancia. Además, explica el informe en sus conclusiones, se ha añadido al temario cuestiones relativas a igualdad y violencia de género y los tribunales calificadores y las comisiones de selección ya han realizado información relativa a la distribución por sexo de los aspirantes en distintas fases de los procedimientos.

En cuanto a las medidas que ya se han iniciado, pero aún no se han completado, está la revisión de la normativa con perspectiva de género, la creación de un espacio de igualdad en la Intranet de Congreso y Senado o la existencia de infraestructuras adaptadas. En este caso, el informe destaca la existencia de la escuela infantil y ludoteca del Congreso que, apunta, mejorará sus instalaciones en verano de 2021.

También están en proceso de aplicación la creación de una guía para la conciliación; o la recogida de datos sobre los funcionarios y trabajadores con hijos menores de 12 años que han solicitado vacaciones

Entre los puntos pendientes, está la inclusión del principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género en el Estatuto del Personal de las Cortes; la aprobación de una norma que garantice la composición paritaria de las comisiones de Congreso y Senado; la incorporación de medidas de conciliación al ámbito de las Cortes; o el estudio y realización de un informe sobre el absentismo en las cámaras.

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes, con el único voto en contra de Vox, el Presupuesto de la Cámara para 2022, que ascenderá a 100 millones de euros, un 3,28% más que el de este año. El proyecto analizado por el órgano de gobierno contemplaba una subida de sueldo para los diputados del 2%, pero finalmente se ha descartado por unanimidad, eliminándose los 294.000 euros que se habían presupuestado para ese aumento.

La Cámara cuenta con autonomía para aprobar sus propias cuentas que después serán incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que está ultimando el Gobierno.

En concreto, el Presupuesto aprobado con los votos de PSOE, PP y Unidas Podemos, asciende a 100.292.214,78 euros, frente a los 97.106.572 millones con los que ha contado en el presente ejercicio.

Como es habitual, el capítulo más abultado es el correspondiente a los gastos de personal, que ascenderá a 48,03 millones, un 5,27% más que en 2021. Se utilizarán para sufragar el incremento del personal laboral y eventual, «así como al incremento de las retribuciones experimentadas en 2021», según se detalla en el documento aprobado por la Mesa.

También se incrementa el pago de cuotas de la Seguridad Social en un 20%, debido a un aumento de personal y a la subida de las bases de cotización, para alcanzar 5.400.000 euros. Por contra, se mantiene la misma dotación en el subconcepto de Acción Social para las prestaciones sociales a personal eventual y laboral, al considerar suficiente la partida actual de 640.000 euros.

MÁS DINERO PARA ASEGURAR EL SISTEMA INFORMÁTICO

El capítulo correspondiente a ‘Gastos corrientes en bienes y servicios’ asciende a 37.831.154,78 euros, un 1,28% más que en Presupuesto vigente. En líneas generales, este Capítulo mantiene la contención del gasto e incluye la dotación para el Centro de Producción de Televisión del Congreso, que aumenta un 9,23 % respecto de la anterior licitación.

Además, aumentan las dotaciones de otras partidas con lafinalidad de incorporar nuevos sistemas informáticos más seguros, como puede ser el mantenimiento de la electrónica de red (cableada y wifi) y desarrollo de la nueva Intranet.

El apartado de gastos financieros se mantiene con la misma dotación que en 2021 (4.000 euros), por considerar que essuficiente para hacer frente al abono de los intereses cargados comoconsecuencia de la exigencia, por parte del Banco de España, deremuneración de los saldos de las cuentas titularidad de entidades del sector público.

Para ‘transferencias corrientes’ se presupuestan 11.457.580 euros, un 1,37% más, por el incremento de la partida para hacer frente a las obligaciones contraídas para la creación de la Oficina de Ciencia y Tecnología en el Congreso de los Diputados, en colaboración con la Fundación española de Ciencia y Tecnología (FECYT).

TAMBIÉN CORTES GENERALES

La dotación para inversiones reales crece un 5,37% hasta los 2.961.750 euros, para hacer frente a la previsión de licitaciónde adquisición de software de transcripción de voz a texto para suutilización por la Redacción del Diario de Sesiones y la actualización y soporte de licencias del sistema de grabación de audio.

Además, las Mesas del Congreso y el Senado han aprobado, también con el rechazo de Vox, el Presupuesto de 2022 para las Cortes Generales, que se incrementa en un 6,77% hasta los 67.518.892,02 euros.

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios han rechazado este martes en el Congreso la tramitación de la proposición de ley que planteaba el PP para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que precisamente era la condición que los ‘populares’ habían puesto para pactar la renovación de dicho órgano. La iniciativa sí ha sido apoyada por Vox, que no ha ahorrado críticas al PP.

El actual CGPJ, que se eligió en 2013, en época de mayoría absoluta del PP, ha cumplido más de mil días en funciones, ya que su mandato caducó en diciembre de 2018.

El PP pretende cambiar el sistema de elección para que los jueces elijan a los doce consejeros que corresponden a la carrera judicial y así lo ha defendido este martes en el Pleno del Congreso, casi un año después de que el líder de la formación, Pablo Casado, presentara la proposición de ley. En aquel momento, el PSOE y Unidas Podemos registraban en el Congreso su propuesta para rebajar la mayoría de tres quintos a mayoría cualificada con el fin de poder renovar el órgano de gobierno de los jueces sin el concurso del PP.

En el debate, el PSOE, Unidas Podemos, Bildu, el PNV, ERC, Compromís, el PDeCAT y Junts ya han avanzado su voto en contra de la propuesta, mientras que Vox ha mostrado su apoyo, aunque con críticas.

El diputado del Grupo Socialista José Luis Ramos ha reprochado al PP que lleve 36 meses en bloqueo y ha acusado a la formación de querer cambiar la ley ahora que, según ha subrayado, no la cumplen. En el marco de su intervención ha insistido en que lo que piden los jueces y lo que pide Europa es «normalidad democrática» y que eso se traduce en la configuración de los órganos constituciones que actualmente se encuentran en funciones.

QUIEREN QUITAR LA VOZ AL PUEBLO

Ramos también ha recriminado a los ‘populares» que acusen al CGPJ de «politizados» y «partidistas» y ha preguntado al PP si despolitizar la justicia es deslegitimar el Congreso y «quitarle la voz al pueblo», en referencia al sistema de elección vigente por el que los partidos eligen a «los jueces que proponen los jueces».

El presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha desestimado la iniciativa acusando a los ‘populares’ de «cinismo» y de tener «secuestrado» al CGPJ. Y ha rematado diciendo que el PP es la «verdadera amenaza de la independencia judicial».

«Ustedes son el problema», ha dicho Asens tras señalar que si la formación liderada por Pablo Casado no tuviese todo un «ejército de jueces afines» tendrían que construir una cárcel solo para el PP.

Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, ha tildado de «buena puesta en escena» la intervención de Gamarra y, con sorna, ha asegurado que su discurso «casi cuela» de no ser porque «llevan tres años bloqueando el CPGJ». Ha acusado al PP de intentar «blanquear su imagen» con esta iniciativa para quedar como «garantes de la independencia judicial».

«MANDA HUEVOS» QUE EL PP HABLE DE INDEPENDENCIA JUDICIAL

El diputado de Compromís Joan Baldoví también ha intervenido en el Pleno para reprochar la propuesta de los de Casado. «Manda huevos que el PP hable de independencia judicial», ha dicho.

Desde el PNV, el diputado Mikel Legarda ha avisado de que no darán su apoyo a la iniciativa porque «eso sería validar la labor obstruccionista» del PP en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, algo que -a su juicio– se ha convertido para los ‘populares’ en «un trofeo político que no están dispuestos a perder».

Desde ERC, Junts y PDeCAT han reprochado también al PP por llevar al Congreso la propuesta en medio de la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ desde hace tres años.

Entre los reproches varios entonados esta tarde en el Pleno han destacado el mensaje de Whatsapp del exsenador popular Ignacio Cosidó sobre el supuesto control del PP sobre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el SMS del expresidente Mariano Rajoy al extesorero del PP Luis Bárcenas.

INICIATIVA «OPORTUNA»

La propuesta del PP, defendida por su portavoz, Cuca Gamarra, ha sido abiertamente apoyada por Cs, UPN y Foro Asturias. El portavoz de los ‘naranjas’, Edmundo Bal, ha dicho que respaldará al PP, aunque ha recriminado a la formación que no apoyara la iniciativa que presentó su partido el año pasado para modificar la ley y el sistema de elección del CGPJ.

Sergio Sayas, diputado de UPN, ha asegurado que «no aprobar esta proposición de ley es estar en contra de que a los jueces los dejemos de elegir los políticos para que lo elijan los jueces». El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez también ha apoyado la propuesta y ha defendido que «resulta muy oportuna» adoptar la fórmula de elección de vocales de plantea el PP.

Por Vox ha intervenido el diputado José María Sánchez, quien ha asegurado que la propuesta del PP se ha quedado «escasa» pues considera que mantiene cierto nivel de arbitrariedad y de politización. Su exigencia es «nombrar a los jueces con criterios reglados».

LA PROPUESTA DEL PP

Los ‘populares’ han decidido llevar esa propuesta al Pleno de esta semana como forma de presionar al Gobierno, puesto que Casado comenzó el curso político advirtiendo de que sólo actualizaría el CGPJ si antes arrancaba al Ejecutivo el compromiso de reformar la legislación para que los jueces elijan a los jueces.

Con esta proposición de ley, el PP busca volver al sistema de elección que promovieron los constituyentes para garantizar la separación de poderes, pese a que el partido ya incluyó esta iniciativa en su programa electoral de las generales.

En su reforma, el PP plantea en su propuesta que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por entre los jueces y magistrados que se encuentren en activo y que se descarten perfiles políticos en los ocho juristas que proponen los grupos parlamentarios.

Asimismo, propone ampliar el sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo, que éste redacte informes para cualquier iniciativa que afecte al funcionamiento de la justicia y que las asambleas legislativas autonómicas no puedan designar vocales de los tribunales superiores de justicia.

En su propuesta, los ‘populares’ también apuestan por la «despolitización» de la Fiscalía con una serie de medidas que abrirían la puerta a la recusación de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

El movimiento de protesta impulsado por Fridays for Future-Juventud por el Clima en España ha convocado para el próximo viernes 24 de septiembre un nuevo Día de Acción Global por el Clima. En esta ocasión, la jornada se dedicará a exigir justicia frente a la emergencia climática y mostrar el apoyo al llamado Juicio por el Clima que cuenta ya con más de 48.000 adhesiones; la denuncia ante el Tribunal Supremo presentada por varias organizaciones contra el Gobierno por su falta de compromiso y ambición en la materia.

Según informan los impulsores, se han convocado concentraciones en 16 localidades diferentes para exigir medidas «ambiciosas», «inmediatas» y «concretas» por la crisis climática.

«La crisis climática es una injusticia global, los territorios que menos contribuyen a la misma son los que más sufren sus consecuencias», han añadido desde Juventud por el Clima, que culpa al Gobierno de España de «eludir» sus responsabilidades.

España no es el primer Estado en llevar un caso de este tipo ante unTribunal Supremo. En Holanda, Francia y Alemania ya se han llevado casosmuy similares. «Sabemos que aquí también es posible», señalan desde lasorganizaciones convocantes.

«Este caso, lo que nos reúne aquí hoy, no trata solo de clima — subrayan desde Rebelión por el Clima–. Se trata de la ciudadanía haciendo valer su derecho a una tutela judicial efectiva. Se trata de la ciudadanía obligando al Tribunal Supremo a proteger nuestros derechos, a hacer su trabajo».

A su juicio, es necesario que los tribunales escuchen la voz de la sociedad civil más de cerca. Por ello, se hace un llamamiento de cara a este 24 de septiembre «en un momento históricamente excepcional para reivindicar la justicia climática».

«Hemos recurrido a la justicia como una herramienta de lucha más –explica Lorena Ruiz-Huerta, abogada del Juicio por el Clima–. Al ver que las movilizaciones masivas no hacían cambiar las políticas del gobierno, hemos pedido ayuda a la justicia para que obligue al Gobierno a cumplir con sus compromisos internacionales adquiridos. La lucha contra el cambio climático es imprescindible para garantizar el derechofundamental a tener una vida digna de las generaciones presentes yfuturas».

Las organizaciones consideran ineludible iniciar este litigio contra el Gobierno, «la única instancia a la que acudir dada su falta total de ambición climática en las últimas décadas».

La nueva edición de enlightED 2021 contará con Vinton Cerf, considerado el padre de internet; Daniel Goleman, psicólogo, periodista y autor del best-seller Emotional Intelligence; el tenista Rafael Nadal; José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, entre sus participantes.

Junto a ellos también estarán Diego del Alcázar Benjumea, CEO y vicepresidente de IE University; María Brown, ministra de educación de Ecuador; Milton Ribeiro, ministro de educación de Brasil; Olli-Pekka Heinonen, exministro de educación de Finlandia y actual director general de la Organización de Bachillerato Internacional; Wendy Kopp, fundadora de Tech for All; y Dean Kamen, creador de Segway, iBOT y Fundador de FIRST.

Así lo han avanzado la Fundación Telefónica, IE University y South Summit, que vuelven a unirse en la cuarta edición de la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación. Los próximos días 19, 20 y 21 de octubre, enlightED Hybrid Edition 2021 reunirá a destacados expertos y pensadores nacionales e internacionales en un novedoso formato híbrido.

Los impulsores de este evento han destacado que esta nueva lista de expertos se une a otros nombres que ya habían confirmado su participación, como Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard; Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change y The Riverside School en India y finalista del Global Teacher Prize 2019; Hadi Partovi, fundador de Code.org; o Michelle Weise, autora de Long Life Learning y una de las integrantes de la lista Thinkers50 de 2021, entre otros.

enlightED Hybrid Edition 2021 reunirá durante sus tres jornadas a estos expertos y pensadores para reflexionar y compartir soluciones sobre tres de las grandes brechas que se han desarrollado por la pandemia del COVID19: el reto de estrechar la brecha en innovación para transformar los sistemas educativos; el desafío de resolver la falta de competencias en relación con las nuevas necesidades sociales; y en tercer lugar, cómo afrontar la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo. La inscripción es gratuita en enlightED.education

enlightED, la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación, ha reunido desde su creación en 2018 a 470.000 espectadores únicos de 46 países y 300 ponentes internacionales.