El presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Gobierno aprobará 345 millones de euros en transferencias para las comunidades autónomas con el fin de que éstas reduzcan la brecha digital.

Así lo ha afirmado durante su intervención en la clausura del «Foro La Toja. Vínculo Atlántico» en la que ha participado junto con el presidente de Portugal, Antonio Costa.

Sánchez ha mostrado sus propuestas para avanzar en la cohesión territorial de España y garantizar seguridades a todos los ciudadanos vivan donde vivan. En este contexto, ha recordado las 18 Conferencias de Presidentes que se han celebrado desde el inicio de la pandemia –14 de ellas durante el confinamiento– para exponer que la «cogobernanza» ha sido, en su opinión, «un éxito» aún con «todas las dificultades» que ha tenido.

Estas Conferencias, ha señalado, reflejan el modelo territorial descentralizado que tiene el país y que muchas de las competencias que se tenían que ejercer durante la pandemia estaban en manos de las comunidades autónomas.

En este sentido, ha recordado que en ese deseo de avanzar en la cohesión territorial, la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Salamanca el pasado mes de julio, se aprobó un presupuesto de 10.000 millones de euros para invertir en los próximos años. La siguiente se celebrará en La Palma el próximo mes de diciembre.

También en ese contexto de cohesión territorial, ha asegurado que el AVE a Galicia va a ser «muy pronto» una realidad, para el mes de diciembre, y supondrá «un ahorro de casi una hora y media en el trayecto de Madrid a Ourense».

Y al hilo de este anuncio, ha avanzado la intención del Gobierno de aprobar 345 millones de euros en transferencias a las CCAA para que reduzcan la brecha digital.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado una actuación «ilegal» en el modo en que AENA gestionó los cambios sufridos en las obras de construcción de la plataforma del dique de la zona oeste de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas que fueron adjudicadas a la Constructora Hispánica, una de las empresas vinculadas a la supuesta ‘caja b’ del PP, según consta en un informe de la causa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha recibido este informe en el marco de las investigaciones para determinar si las donaciones que distintos empresarios habrían realizado al PP tenían como objetivo conseguir adjudicaciones concretas, una instrucción que concluyó el pasado mes de julio, si bien aún tiene pendiente recibir las últimas diligencias acordadas.

Entre ellas se encuentra el análisis de los contratos adjudicados a la Constructora Hispánica, cuyo ex presidente Alfonso García Pozuelo, uno de los arrepentidos de la trama ‘Gürtel’, confesó el pago de comisiones a cambio de obras públicas. Fue condenado a dos años de cárcel sustituibles por una multa por los delitos de cohecho y prevaricación continuada, una pena que no le obliga a entrar en la cárcel.

Este informe, fechado el pasado 20 de septiembre y elaborado por la unidad de apoyo de la IGAE a la Fiscalía Anticorrupción, analiza el expediente administrativo realizado por AENA sobre el contrato licitado en 2001 que fue adjudicado en un concurso con procedimiento abierto a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la Constructora Hispánica y Comsa por un total de 32.898.302,68 euros.

El contrato tuvo dos modificaciones, una por importe de 4.353.999,97 euros aprobada el 28 de julio de 2003 y otra por 610.413,29 euros acordada el 31 de marzo de 2004. Los peritos de la IGAE centran su atención en la primera, que se debió a una suspensión de las obras a causa de otros trabajos de construcción relacionados con la T4.

Así, señalan que en realidad «el primer reformado no es tal» porque esos 4,3 millones de euros incluyen tanto la indemnización por la suspensión de las obras (2.261.621,66 euros) como lo efectivamente modificado (2.092.378,31 euros).

AUMENTO DE LOS PRECIOS Y DE LA INDEMNIZACIÓN

«AENA, en lugar de tramitar dos expedientes distintos, uno por el modificado real y otro por la indemnización de daños y perjuicios causados por la suspensión, ha tramitado un solo expediente calificándolo como modificado para lo cual ha elevado los precios originarios de las distintas unidades de obra del proyecto en un 6,463% de media», explica el informe.

Apunta además que estos precios nuevos se han introducido como «precios contradictorios» cuando estos últimos solo se pueden incluir como consecuencia de una modificación en unidades de obra nuevas, no para las que ya estaban en el proyecto inicial.

La IGAE califica de «ilegal» este modo de actuar, indicando que «los precios del proyecto no se pueden alterar, pues entre otras razones dejaría sin efecto la licitación».

Añade que este comportamiento también provocó que la indemnización que finalmente se pagó al contratista fuera superior a los 2,2 millones, acotando un exceso de 174.000 euros respecto a la cuantía propuesta.

MÁS DE 100.000 KM EN UNA OBRA PARADA

En cualquier caso, los técnicos consideran que «el importe de la indemnización no está justificado» porque se trata de cantidades superiores a las que realmente corresponderían.

La IGAE detalla que, por costes indirectos –personal, vehículos, combustible, maquinaría, móviles e instalaciones y mantenimiento general– se planteaba indemnizar un total de 529.481,03 euros sin aportar «ninguna justificación».

En este sentido, llama la atención sobre el hecho de que para los gastos de personal, que interpreta como retribuciones, todas las cifras eran «redondas». «Son múltiplos de 1.000 euros, salvo dos que lo son de 500 euros». Para la IGAE, «es obvio que esta justificación es insuficiente, ya que habría que aportar las nóminas efectivamente abonadas a este personal acompañadas de los documentos de cotización a la Seguridad Social».

En general, avisa de que las cantidades reflejadas en esta partida «parece que no responden a la realidad». Menciona, por ejemplo, el consumo de combustible entre septiembre de 2002 y marzo de 2003, que se fija en 8.958,85 euros. «Lo que nos llevaría a que los vehículos adscritos a la obra han realizado más de 100.000 km, en una obra que no se ha iniciado», ilustra.

En la misma línea, la IGAE se refiere al consumo en teléfonos móviles, de 3.640,6 euros al mes, «cuando había contratadas 7 personas, lo que supone 520 euros por persona y mes, estando sin iniciar la obra». Y, sin embargo, entre marzo y abril de 2003, cuando se supone que se incorporó más personal, el coste mensual en teléfonos móviles bajó a los 1.165,71 euros mensuales, lo cual tacha de «sorprendente».

El informe también llama la atención sobre la indemnización de 470.215,99 euros que se proponía por la modificación de las condiciones de contratación, la cual contemplaba el incremento de los costes de mano de obra (78.563,55 euros) y de los materiales (391.652,41 euros) durante la paralización de las obras. La IGAE entiende que por el primer concepto correspondía una indemnización de 75.357,71 euros, mientras que no habría que pagar compensación ninguna por los materiales.

Unidas Podemos ha registrado por separado su lista de propuestas de comparecencia para la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso, tras constatar el rechazo del PSOE a incluir los nombres del líder del PP, Pablo Casado y del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán.

Precisamente hoy se acababa el plazo para que los grupos parlamentarios registraran sus respectivos listados y, como ya ocurrió anteriormente no ha habido acuerdo ente morados y socialistas respecto a estos dos nombres.

La comisión de investigación tiene previsto reunirse el próximo día 5 a puerta cerrada para decidir si amplía o no las comparecencias más allá de las de Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz.

Fuentes de la formación han explicado que el PSOE, su socio de coalición, se ha negado a aceptar las incorporaciones de comparecientes para presentarlas de forma conjunta.

En consecuencia, el grupo confederal ya ha formalizado su listado que incluye al líder de la oposición, a Sanz Roldán o el empresario Mauricio Casal, personas que el PSOE declinaba llamar a comparecer. Y es que las citadas fuentes también han destacado que los socialistas «han evitado incidir en la trama que ver con el CNI».

RAJOY, COSPEDAL Y FERNÁNDEZ DÍAZ

También citan la ex secretaria general de la formación María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ya habían sido aprobados pero cuya comparecencia quedó pendiente en verano.

En su terna de solicitudes dejan fuera a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, aunque incluyen a la que fuera jefa de Gabinete de Sáenz de Santamaría, María González Pico.

Desde el grupo parlamentario confederal recalcan que Casado debe acudir para explicar si al llegar a la Presidencia del PP tomó o no alguna medida ante la trama que, supuestamente, se había organizado desde el Ministerio del Interior para espiar a su extesorero Luis Bárcenas, en busca de pruebas que implicaran a dirigentes de la formación en casos de corrupción.

PERIODISTAS Y FRANCISCO CORREA

Asimismo, Unidas Podemos intentará que se cite a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreizkieta para que expliquen su relación con el excomisario José Manuel Villarejo, también apuestan por llamar a los también informadores Ernesto Ekaizer y Javier Ayuso, y al abogado y empresario Mauricio Casals.

El grupo confederal también quiere que regrese al Congreso Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama ‘Gürtel’, que ya compareció en la comisión que la investigó hace dos legislaturas, así como Isidro Sánchez Suárez, preso compañero de Bárcenas, que supuestamente fue contratado para borrar de la nube información del ex tesorero del PP.

La lista de Unidas Podemos se completa con dos policías:el comisario coordinador de la Jefatura de la Casa de su Majestad el Rey, Pablo Antonio Peira Ramírez; el que fuera jefe de sección de vigilancia de la Unidad de Asuntos Internos durante la Kitchen, Jesús Vicente Galán.

El menor de 16 de edad detenido como presunto autor del apuñalamiento mortal de un joven ocurrido este jueves en las inmediaciones de la estación de Abando de Bilbao ha pasado a disposición judicial este viernes, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El principal sospechoso de la puñalada que costó la vida a un joven de 20 años fue arrestado por la Ertzaintza horas después de los hechos en un centro de menores de la propia capital vizcaína.

Se trata de un menor, de 16 años de edad, como se ha podido confirmar durante las pesquisas policiales, y su arresto tuvo lugar en torno a las ocho de la tarde de este pasado jueves en dicho centro de menores. A primera hora de esta tarde, el detenido ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las cinco de la tarde cuando a esa hora se solicitó presencia policial y sanitaria en el interior del hall de la estación de Abando porque, según señalaban desde el aviso, se había registrado una pelea poco antes en la zona y un varón había resultado herido de arma blanca en el tórax.

La agresión había tenido lugar en el exterior y, tras la puñalada, la víctima accedió al hall, donde se desplomó debido a la gravedad de la herida. Tras ser evacuado al hospital de Basurto, el joven fallecía poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Según han confirmado fuentes de la Ertzaintza, la investigación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones ya que el apuñalamiento estuvo precedido de una pelea multitudinaria en los alrededores de la estación ferroviaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros va a aprobar un Proyecto Estratégico en las próximas semanas con el objetivo de generar oportunidades de negocio teniendo como base la lengua española. Se llamará «El español, valle de la lengua» y con él quiere aprovechar el potencial del idioma en multitud de campos como la tecnología, el turismo o la industria.

Así lo ha anunciado hoy el jefe del Ejecutivo durante su intervención en la clausura del «Foro La Toja. Vínculo Atlántico», que preside el exministro Josep Piqué y al que también ha acudido hoy el presidente portugués Antonio Costa. Ayer intervinieron los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy que coincidieron en denunciar la proliferanción de «Torquemadas» en el panorama político español y en pedir a PSOE y PP que renueven el CGPJ.

Sánchez también se ha referido a este asunto, reclamando al PP que cumpla la Constitución y se preste a renovar los órganos constitucionales.

EL MOMENTO DE INVERTIR EN EL POTENCIAL DE LA LENGUA COMÚN, EL ESPAÑOL

Pero el presidente del Gobierno también ha hecho un anuncio, la aprobación en las próximas semanas de un nueve «Proyecto Estratégico» que se va a llamar «El español, valle de la lengua». Según Sánchez, es una iniciativa transversal de «alto valor estratégico» que promoverá el aprendizaje, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la ciencia y la empresa teniendo como base a «nuestro idioma común que es el español».

Pedro Sánchez, ha afirmado que se trata de «generar oportunidades de negocio» en torno a la lengua española y acordes con los principales avances innovadores y tecnológicos en el ámtito de la robótica, de la inteligencia artificial, etc.

«Se suele hablar de la riqueza de nuestras lenguas y qué puedo decir yo aquí en Galicia, por supuesto que sí, de las cuatro lenguas cooficiales reconocidas en nuestra constitución y es un acierto porque atesoramos cuatro lenguas que hacen de España un país único, grande y rico», ha alegado el jefe del Ejecutivo español.

Sin embargo, ha puesto el acento en que, aunque todas esas lenguas encierran un valor económico, es el español, «el castellano», el que «en particular» es conocido fuera de España por «600 millones de seres humanos que forman parte de la comunidad hispano hablante».

Esto conforma, según ha dicho, un potencial de generación de empleo cualificado, de creación de valor y también de desarrollo industrial en toda la transformación digital que está abordando el conjunto de la humanidad.

Por ello, ha concluido que «es el momento de invertir en el potencial que tiene nuestra lengua común que es el español».

Liber 2021, la Feria Internacional del Libro, reunirá en Madrid del 13 al 15 de octubre a editores, autores, agentes literarios, libreros y otros profesionales vinculados con el sector en una cita en la que el sector editorial buscará reforzar su presencia en el mercado exterior para afianzar su crecimiento.

La edición número 39 de esta feria organizada por Ifema Madrid y promovida por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), que tendrá lugar en el pabellón 14 del recinto ferial, tendrá a Guadalaja (México) como ciudad invitada de honor, contará con más de 300 empresas participantes de 10 países, más de 40 actividades, y 300 invitados internacionales y ponentes.

La feria ha sido presentada este viernes en un acto en el que ha participado el director general de Ifema Madrid, Eduardo López-Puertas, y el presidente de la FGEE, Patrei Tixis, quienes se han felicitado del regreso de la presencialidad el que es el gran escaparate del sector del libro en español, que en cualquier caso mantendrá también su apuesta por el formato digital.

Un evento que desde la FGEE afrontan con el objetivo de reforzar su presencia en el mercado exterior para afianzar el crecimiento del sector. En este sentido, el presidente de la Federación ha destacado la caída de las exportaciones del 26% en el mercado exterior en el sector del libro en el último año, frente a un mercado interior que tuvo un buen comportamiento y creció un 0,8%.

«Uno de los objetivos de Liber es reforzar la exportación para afianzar nuestra recuperación», ha señalado Tixis, que ha destacado que la feria supone un tercio de los exportaciones para el sector, que rondan los 300-400 millones de euros de media en los últimos años sin pandemia.

El gremio de editores espera que la feria recupere el 70% de la actividad prepandémica, con una cifra de visitante de 9.000 personas frente a los 11.000 de media de los años precedentes pero, en cualquier caso, ha considerado un «éxito» la vuelta a la presencialidad tras una edición de 2020 en formato digital.

De esta forma, Liber ofrecerá en esta ocasión 2.500 metros de superficie expositiva en la que mostrará la vitalidad de un sector, el del libro español, que en la pandemia ha visto crecer el número de lectores hasta un máximo histórico en España, especialmente durante el confinamiento, al igual que ha incrementado su facturación.

Liber 2021 contará con la participación de 300 empresas de 10 países como Alemania; Chipre; Cuba; Emiratos Árabes Unidos; España; Estados Unidos; Federación de Rusia, Italia; México, y República de Corea y tendrá como invitada de honor a Guadalajara, capital del estado de Jalisco, en México, país que es el principal receptor de los productos editoriales españoles.

Desde hace 35 años acoge cada año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), considerada la reunión editorial más importante de las que se celebran en Iberoamérica. Además, la ciudad ha sido elegida por la UNESCO ‘Capital Mundial del Libro’ en el año 2022.

Durante los tres días de celebración de la feria, con 300 invitados internacionales, se prestará especial atención a los contenidos digitales, los nuevos editores, la autoedición, los servicios a la industria editorial y la propiedad intelectual.

Asimismo, mostrará cómo la industria está afrontando los retos que le presenta las nuevas tecnologías, los cambios de hábitos de consumo y la situación de la pequeña y mediana edición, la edición independiente o la técnica y especializada como base de la bibliodiversidad.

Los organizadores de la feria continuarán además con su apuesta por el formato digital en esta edición. Así, más de 600 profesionales del sector forman parte ya de la comunidad Liber LIVEConnect, plataforma que se mantendrá activa hasta el próximo 30 de noviembre y que prevé acoger un notable número de reuniones entre sus miembros.

Para incentivar y fomentar las relaciones comerciales con las empresas participantes y promover el conocimiento de los fondos bibliográficos de estos, la FGEE volverá a poner en marcha diferentes programas dirigidos a profesionales de otros países de especial relevancia para el sector.

Por un lado, el Programa de Compradores, con la colaboración de las Oficinas Económicas y Comerciales de España y del ICEX España Exportaciones e Inversiones, llevará a 300 libreros, distribuidores y bilbliotecarios, compradores de libros españoles de más de 36 países.

Por otro, a través del Programa de Prescriptores de Interés Prioritario, realizado en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E) y su programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE), se ha invitado a varias decenas de profesionales del libro – bibliotecarios, agentes editoriales, profesores de universidad, editores y responsables de organismos públicos- que tienen capacidad de prescripción, decisión y compra de libros españoles.

Además, de estos dos programas, volverá a acoger la Misión de bibliotecarios de Estados Unidos, en colaboración con el ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Miami.

MÁS DE 40 ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PREMIOS

Con motivo de su presencia en la Feria Internacional del Libro, desarrollará un programa de actividades culturales y de debate con cerca de 40 jornadas, que también se grabarán y publicarán para su visualización posterior, que abordarán temas como la propiedad intelectual, el fomento de la lectura, el medio ambiente y la sostenibilidad, la logística y distribución.

Además, el 12 de octubre, fecha de su inauguración, se entregarán los Premios Liber 2021 en un acto al que asistirá el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

En esta ocasión, la Federación de Gremios de Editores de España ha concedido sus Premios Liber 2021 a personalidades e instituciones vinculadas al mundo del libro. La Junta Directiva de la FGEE ha otorgado su premio al fomento de la lectura en Medios de Comunicación a Carles Francino, director del programa ‘La ventana’ de la Cadena Ser. También el Premio Liber a la mejor adaptación audiovisual, ha recaído en la serie ‘Patria’, producida por Alea Media para HBO Europe.

Además, se concederá el Premio al Fomento de la Lectura en bibliotecas abiertas al público a la Biblioteca de Navarra. Por su parte, Librería Balmes de Barcelona ha sido reconocida con el Premio «Boixareu Ginesta» al Librero del Año. El Premio Liber 2021 al autor hispanoamericano más destacado ha sido para el escritor y poeta Bernardo Atxaga. Y, por último, Javier Gogeascoechea Arrien, presidente de la editorial Desclée De Brouwer, recibirá el Homenaje de esta edición de la Feria.

Los Veintisiete han aprobado este viernes el mandato que fija las líneas rojas de negociación de la Unión Europea respecto a su relación futura con Gibraltar y que permitirá iniciar ahora las conversaciones formales con Reino Unido para acordar el nuevo marco, en el que Londres y Madrid coinciden en retirar la Verja a cambio de controles en el aeropuerto y puerto.

La Comisión Europea, encargada de negociar en nombre de los 27, presentó su propuesta de mandato el pasado julio pero durante estos meses las capitales han introducido «una serie de cambios» en el documento antes de contar con el visto bueno de todos los Estados miembro, han informado fuentes europeas.

El texto, que el viernes ha recibido el aval de los embajadores pero no será formalmente adoptado hasta la próxima semana en una reunión ordinaria de ministros de la UE, se mantiene en secreto porque la UE no quiere desvelar sus claves antes de arrancar las conversaciones con los británicos.

Uno de los asuntos más controvertidos de la relación futura es el modo en que se controlará el paso fronterizo si se acepta suprimir la Verja, tal y como consensuaron en un acuerdo interino Reino Unido y España, porque Bruselas pidió que sea España quien asuma dicho control en el aeropuerto y el puerto pero Londres rechaza de plano esa opción.

Para contentar al Gobierno británico y facilitar el acuerdo, España abogó por que fueran agentes de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) quien se hiciera cargo de los controles y durante la negociación de los Veintisiete indicó que había solicitado a sus socios incluir esta posibilidad en el documento.

De salida, según fue redactado por el Ejecutivo comunitario, el mandato no hacía ninguna referencia a Frontex y señalaba a las autoridades españolas como responsables, aunque luego en público Bruselas dijo que existía un «compromiso» de que España acudiría a Frontex para delegar la tarea.

Para Reino Unido, sin embargo, la idea de que el texto legal estableciera que es España quien tuviera la responsabilidad del control fronterizo y el papel de Frontex quedara relegado a un compromiso expresado al margen era insuficiente porque pondría en riesgo su soberanía.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá el domingo 3 de octubre en la capital cordobesa el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, dentro de la Semana Institucional de la Benemérita que se festeja en Córdoba desde miércoles de esta semana.

Según confirma el Gobierno, asistirán también el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

En concreto, el acto consistirá en una parada militar y desfile, con la participación de más de 500 efectivos pertenecientes a las diferentes unidades y especialidades de la Guardia Civil, a pie, a caballo y motorizadas.

Previamente, este sábado, María Gámez asistirá a la llegada de la marcha del Camino Mozárabe al Puente Romano, tras iniciarse a las 9,00 horas en Cerro Muriano. Las inscripciones populares cuestan cinco euros, que irán destinados a fines solidarios.

Para más información, pueden ponerse en contacto con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Córdoba, con el teléfono 957414111.

RETRETA MILITAR

Además, en el marco de los actos de celebración de la Semana Institucional de la Guardia Civil en Córdoba, se ha previsto la realización de una retreta militar este sábado 2 de octubre, día previo a la celebración del acto central de la Patrona.

En la retreta militar está prevista la participación de la Banda de Cornetas y Tambores del colegio de Guardias Jóvenes ‘Duque de Ahumada’ y la Banda de Guerra de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X.

Al respecto, las estaciones de la retreta militar serán la Plaza de la Compañía y la Plaza de San Francisco. Está prevista la formación de las bandas en la Plaza de las Tendillas a las 20,45 horas.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha desvelado que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha comprometido, en la reunión que han mantenido ambos este viernes, a reclamar «inmediatamente» a la Unión Europea la incorporación de Cantabria en el Corredor Atlántico europeo.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro de más de hora y media que han mantenido ambos en la sede ministerial, Revilla ha explicado que se trata del primer paso para modificar el reglamento de la UE y permitir así la inclusión de Cantabria en este corredor básico.

Este Corredor Atlántico une la Península Ibérica con el interior de Europa, integra 15 puertos y 34 terminales, además de conectar en diferentes puntos con otros tres corredores.

Revilla ha detallado que este compromiso por parte de Raquel Sánchez era necesario habida cuenta de que la UE necesita que el Gobierno central reclamara esta reivindación para poder seguir dando pasos y modificar su reglamento.

Por ello, Revilla ha anunciado que se desplazará a Bruselas el día 9 y 10 de octubre para ratificar y apoyar la petición «absolutamente razonable» que hace España. Además, ha celebrado que, una vez se apruebe en el seno de la Unión Europea, la inclusión de Cantabria en esta red ferroviaria lo financia Europa.

«La propia ministra no entiende quién y por qué excluyeron a Cantabria de esta red ferroviaria, por lo que es una gran noticia este compromiso», se ha congratulado Revilla al término de la reunión en la sede del Ministerio.

POLÍGONO DE LA PASIEGA

Asimismo, el presidente cántabro ha adelantado que el 5 de octubre se va a firmar un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo de Cantabria y el Ministerio de Raquel Sánchez para la articulación de una intermodal ferroviaria en el Polígono de La Pasiega que descongestionará el Puerto de Santander.

«Esto supone el compromiso doble de que La Pasiega es un proyecto apoyado por el Gobierno de la nación y se va a suscribir y próximamente, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluirá una partida de unos 11 millones», ha desgranado Revilla.

Sobre el AVE Madrid-Santander, Revilla ha asegurado que en el mes de octubre la ministra se desplazará para celebrar un acto en los dos tramos de la obra desde Palencia hasta Osorno.

En cualquier caso, el presidente cántabro ha señalado que esta es la reunión con todos los ministros de Fomento con los que ha tenido ocasión de encontrarse de la que más «satisfecho» sale de todas, celebrando que todos los compromisos se estén ejecutando, aunque ha admitido cierta demora relacionada con la pandemia del Covid-19.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que no impidió investigar al Síndic de Greuges en centros de menores y que solo trató de «facilitar su trabajo» al homogeneizar la información que le requirió. Además, ha apreciado «falta de rigor» en algunas frases de la resolución, al tiempo que ha lamentado que se lancen «insidias o sospechas». «Es más que bienvenido a visitar estos siete centros u otros», ha recalcado.

Así ha contestado la también portavoz de gobierno a la resolución del Síndic, Ángel Luna, en la que acuerda que visitará siete centros de menores para conocer su situación al entender que Conselleria «impide» concluir adecuadamente una investigación abierta sobre este extremo el pasado mes de enero. Estos centros ya fueron objeto de quejas anteriores en 2013 y 2015 que concluyeron con recomendaciones de actuación dirigidas al departamento de Oltra.

En marzo, el Síndic recibió como respuesta un informe de la dirección general de Infancia y Adolescencia y envió un cuestionario a cada director de estos centros –gestionados por entidades de iniciativa social– para recabar más datos. Ante la «generalizada falta de respuesta», lo volvió a pedir en mayo y a final de ese mes recibió un documento conjunto de la dirección general. Todo ello, a su juicio, demuestra que Conselleria impidió concluir la investigación, según la resolución publicada este jueves.

Oltra, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, ha hecho hincapié en que «rotundamente no» se impidió esta investigación que «se abrió a finales de enero, en plena peor ola de la pandemia, cuando uno de cada cuatro muertos en residencias era de la Comunitat y todos los recursos luchaban contra el virus como gato panza arriba».

Según ha explicado, la petición del Síndic comportaba que cada hogar o residencia dedicara personal para desglosar el historial, la fecha de ingreso, los datos médicos, la medicación o las medidas de seguridad establecidas para cada menor. «Toda esta documentación se le facilitó y está a su disposición», ha enfatizado enseñando el tomo a los periodistas.

Tras recordar que estos centros están gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, la consellera ha defendido que sus trabajadores no están acostumbrados a responder este tipo de peticiones y por eso contactaron con la dirección general para «saber cómo actuar».

«En plena tercera ola, la más letal, la dirección general les dice: no sufráis, que ahora enviamos un cuadro sistematizado para que todos tengáis lo mismo», ha subrayado, garantizando que después lo remitieron homogeneizado al Síndic para evitar «disfunciones» entre los centros. También ha mostrado el cuestionario que remitió el Síndic y el que envió la dirección general: «Todos los datos están aquí».

«EL DOBLE DE QUEJAS DE OFICIO QUE CIUDADANAS»

Por tanto, Oltra ha insistido en que su departamento actuó «igual que en todas las 58 quejas abiertas de oficio desde 2016» por el Síndic; un porcentaje que ha indicado que está «bastante por encima, prácticamente el doble, que el de las quejas ciudadanas» y de las que 31 están relacionadas con la infancia. «En todas se ha contestado con diligencia», ha ahondado, y ha asegurado que en esta petición se trató de «facilitarle la faena para que no tuviera cajas de información dispersa».

Aunque ha descartado «especular» sobre la motivación de la investigación, ha deslizado que «parece que se ha puesto de moda redactar resoluciones con frases como ‘de estos hechos parece desprenderse que alguien con autoridad suficiente dio instrucciones…’, una frase que dice el defensor del pueblo valenciano en su escrito ligándola a la remisión de información «incompleta» de los siete centros a la dirección general.

Para Oltra, estas palabras son «como la tinta del calamar», demuestran «falta de taxatividad y rigor» y lanzan «insidias y sospechas». «Si eso no se tiene claro, no se pone en la resolución; sea administrativa, judicial o sea lo que sea», ha aseverado, para afirmar que «‘parece desprenderse’ es decir que ‘alguien ha matado a alguien'».

«Ni se dificultó, ni se impidió; se facilitó», ha reiterado, advirtiendo que «no volverá a pasar» porque ya no dedicarán a «mucha gente trabajando para facilitar el trabajo del Síndic».

«TODO EN EL MISMO SACO»

Pero ha lamentado que tiene «la impresión de que la conclusión siempre es la misma: parece ser, resulta sospechoso, quién me iba a decir, cómo iba a pensar otra cosa…». Frases que «lanzan insidias y sospechas sin tener ni un solo hecho que lo corrobore», ha constatado, y ha aventurado que esto «será así mañana, pasado mañana y después de pasado mañana».

«Aquí el caso es desprenderse. Llega el PP y dice: Ximo Puig, despréndase de la vicepresidenta. Pues está todo en el mismo saco», ha ilustrado sobre la petición de dimisión de la oposición.

A preguntas de los periodistas, Oltra ha puntualizado que no le corresponde valorar las quejas del Síndic y que solo se refiere al «saco de las especulaciones» y que ella no quiere especular ni del saco «ni del hombre del saco, solo del saco de vaguedades, insidias y de nada que sea tangible». «Es muy fácil generar una sospecha, más en este mundo digital y trepidante, y algo siempre queda», ha dicho.

Tampoco ha querido hacer «juicios de valor» ni sobre el momento de interponer la queja ni sobre el número de quejas de oficio del Síndic, remarcando que ha destacado las 58 abiertas desde 2016 como «datos objetivos, públicos e incontestables». Y ha defendido la actitud y el «espíritu colaborador» de su departamento con el defensor del pueblo: «El Síndic hace su faena y yo la mía».

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia, y Administración Local, Juan Marín, ha considerado este viernes que la predisposición mostrada por el secretario general del PSOE, Juan Espadas, tras la reunión mantenida con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a negociar el proyecto de Presupuestos de 2022 «sería una buena noticia«, aunque ha expresado sus reservas sobre la voluntad real del PSOE: «sigo teniendo muchas dudas por lo que hemos vivido estos últimos tres años».

En declaraciones a los medios, Marín ha fundamentado su desconfianza hacia el apoyo del PSOE al proyecto de Presupuestos de 2022 en el hecho de que «son buenas palabras, pero después se quedan en eso cuando llega la hora de la verdad y se trata de darle al botón en sí».

«Creo que si decide abstenerse o apoyar el Presupuesto de PP y Cs, porque este Gobierno hemos conseguido aprobar tres proyectos sin ayuda o colaboración del PSOE porque nunca ha estado cuando se le ha necesitado, sería una buena noticia», ha afirmado el vicepresidente de la Junta.

«Bienvenido sea», ha expresado Juan Marín sobre el pronunciamiento público de Espadas tras su encuentro con Moreno, quien ha apelado a que sería «un hito histórico» el entendimiento de PP y PSOE en aspectos presupuestarios más allá de 2022 y ha esgrimido que «es posible el acuerdo» si el Gobierno andaluz «está dispuesto a modificar el Presupuesto».

Marín ha defendido las bondades de las cuentas autonómicas para 2022 con argumentos como que «vamos a poner el Presupuesto más importante de la historia económica de la Comunidad de las últimas décadas para la recuperación económica, se blindan los servicios públicos fundamentales con un 7% para sanidad, un 5% para educación y reforzamos las políticas sociales y económicas».

«Si eso significa que está dispuesto a apoyar los Presupuestos de la Junta de Andalucía de Cs y de PP bienvenido sea», ha reiterado Marín sobre la voluntad de Espadas con las cuentas de 2022.

El sector editorial español tuvo un desarrollo desigual durante el pasado año marcado por la pandemia del Covid-19, con una caída de las exportaciones del 26% respecto al año precedente, y un incremento del 0,8% en el mercado interior.

El presidente de los editores españoles, Patrici Tixis, ha destacado este viernes durante la presentación de la Feria Internacional del Libro, que se celebrará en Ifema Madrid del 13 al 15 de octubre en Madrid, la necesidad de reforzar la presencia en el mercado exterior para afianzar el crecimiento del sector.

En este sentido, las exportaciones de libros sufrieron el pasado año una caída del 26% en 2020, hasta los 391,75 millones de euros, con respecto a las obtenidas en 2019, 529,96%, según se desprende del Estudio de Comercio Interior del Libro en España 2020, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), con el respaldo de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte y de CEDRO.

«El año 2020 fue un año irregular para el comercio del libro. Mientras el mercado interior ha tenido un buen comportamiento, no ocurrió lo mismo con las exportaciones que se han visto muy condicionadas por las restricciones establecidas para luchar contra la pandemia. Tenemos toda la confianza en que ésta será una situación coyuntural, dado que, en la última década, especialmente el sector editorial, dentro de lo que llamamos sector del libro, se ha mostrado muy dinámico en los mercados exteriores», ha explicado.

De estas cifras totales, el 86,3% (323,51 millones de euros) correspondieron a libros del sector editorial, mientras que el 13,7% (51,18 millones de euros) fueron exportaciones del sector gráfico.

En cuanto a las áreas geográfica, Iberoamérica sigue siendo el principal mercado del sector del libro, con 184 millones de euros de ventas, fundamentalmente exportaciones del sector editorial, seguida de la Unión Europea, con unas cifras de facturación de 126,6 millones de euros, el 60,36% correspondientes al sector editorial (75,83 millones de euros).

Si se suma el resto de los países europeos, entre los que se incluye Reino Unido, esta cifra se incrementa hasta los 181,5 millones de euros. El 18% de las exportaciones realizadas por el sector corresponden a mercados de otros continentes.

En cuanto a las exportaciones por países, México continúa siendo el principal receptor de los productos editoriales españoles, seguido de Francia y Argentina.

Respecto a las importaciones, se situaron en los 140,91 millones de euros, lo que deja un saldo positivo de la balanza comercial española de 250,8 millones de euros.

MEJORA EL MERCADO INTERIOR

Frente a ello, las cifras de ventas en el mercado interior registraron un incremento del 0,8% hasta alcanzar los 2.439,93 millones de euros.

Según el estudio, durante el pasado año se vendieron 164,45 millones de ejemplares en papel, un 1,4% más que en 2018, y 13,27 millones de descargas de ejemplares digitales, un 4,24% más que en el ejercicio anterior.

En cuanto a los títulos editados, los efectos del confinamiento y la pandemia si se han dejado notar ya que se editaron un 9,4% menos de títulos, fundamentalmente en formato papel, cuyo descenso fue del 16,5%, hasta los 50.698. Por el contrario, el número de títulos en formato digital se incrementó un 10,6%, alcanzando los 23.891 títulos digitales.

«Los datos de incremento de las ventas o de la producción de títulos digitales muestran la capacidad de adaptación del sector que buscó fórmulas para hacer llegar los libros a los lectores», ha señalado el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España.

CAÍDA DE VENTAS DE LIBROS DE TEXTO

El incremento de la facturación se produjo en casi todos los subsectores del libro, especialmente en la literatura infantil y juvenil, que registró un crecimiento del 17,6%, hasta alcanzar los 367 millones de euros. Por su parte, la Ficción para adultos obtuvo un 2,1% más que en 2019, hasta los 507,23 millones de euros, incrementos que también registraron novela, poesía y teatro.

Los géneros de no ficción tuvieron comportamientos desiguales, mientras los libros de divulgación general, prácticos y de religión incrementaron su facturación respecto al año anterior, frente a los científico técnico y universitarios, los de ciencias sociales y humanidades o los de derecho y ciencias económicas, registraron descensos frente a 2019.

En el caso de los libros de texto, un subsector que representa un tercio de las ventas del sector, registró una caída del 6,6% reflejando la incertidumbre vivida en el comienzo del curso 2020-2021.

Respecto a las ventas por libros digitales se incrementaron un 5,9% respecto a 2019, hasta alcanzar los 126,19 millones de euros. Esta cifra sigue representando entorno al 5% de la facturación total del sector. El número de títulos registró un incremento del 10,6%, con un total de 23.891 títulos, lo que supone seguir incrementando la oferta de títulos digitales que se situó en los 186.695 títulos.

En cuanto a la facturación por géneros, los libros de no ficción, especialmente los títulos de derecho y ciencias económicas representan el 60% de la facturación. Además, han registrado un incremento del 21,6%. También tuvieron una subida de la facturación del 15% los libros de literatura infantil y juvenil.

Sin embargo, y a diferencia de las ventas de libros en formato papel, los títulos de ficción de adultos tuvo una caída en la facturación en formato digital del 7,5%. Los libros de texto digitales también sufrieron una caída del 21,7%. En este caso, esto reflejó la apertura realizada por muchas editoriales para facilitar el acceso a los contenidos digitales durante los pasados cursos.

El Grupo Popular de Vox ha registrado una proposición no de ley en la que pide reforzar los medios de prevención antiterrorista previstos en la Ley de Seguridad Nacional aludiendo al atropello mortal de Torre Pacheco (Murcia) que investiga la Audiencia Nacional como posible acto yihadista. En concreto, reclama declarar «la crisis migratoria y la amenaza terrorista que se infiltra en ella como situación de interés para la Seguridad Nacional».

«El pasado 17 de septiembre un joven marroquí de 27 años, de nombre Abdellah Gmara, que llegó a España e 2004 como Menor Extranjero No Acompañado (mena), perpetró un atentado terrorista en Torre Pacheco (Murcia), matando a dos personas a las que atropelló en coche», apunta Vox.

Según la proposición no de ley, Vox lo que solicita es el despliegue de «todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes en aras de la prevención, protección y disuasión del proceso de entrada en España y radicalización del terrorismo yihadista, tal y como recoge la Ley de Seguridad nacional».

El partido que preside Santiago Abascal quiere que se debata esta cuestión en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, mencionando también la «creciente radicalización de los jóvenes musulmanes que viven en nuestro país».

Vox menciona un informe de la Guardia Civil dentro de una investigación sobre la que se ha declarado el secreto de las actuaciones, por orden del juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, para sostener que el atropello mortal en el que fallecieron dos personas es un «atentado terrorista ya que el presunto terrorista habría dejado una carta asegurando que efectivamente se trataba de un atentado islamista».

INVESTIGACIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Fuentes de la investigación señalaron desde que se supo que la Audiencia Nacional asumía la investigación que el suceso se investigaba como un posible acto yihadista, aunque pendiente de pesquisas policiales que no descartaban que se tratara de un acto relacionado con un problema mental. Las anotaciones aludían a cuestiones religiosas y a la violencia producida de forma telepática. Tampoco se había detectado conexión con células terroristas.

Para Vox, el de Torre Pacheco es el «primer atentado que se produce tras los atentados de 2017 en Cataluña». «Es evidente que la inmigración ilegal y descontrolada supone un peligro para la Seguridad Nacional española. No obstante, si le sumamos el problema del terrorismo camuflado en dicha inmigración, el conflicto que se produce es crítico para cualquier nación», añaden.

El partido de Santiago Abascal cita diferentes operaciones recientes –de las que ha informado la prensa– para sostener que avalan su petición de atender a la peligrosidad de la infiltración de yihadistas entre los inmigrantes que acceden a España por vía marítima. Citan, por ejemplo, el arresto el pasado 10 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife de E.M.C., reclamado por la Audiencia Nacional debido a su peligrosidad y por infligir trato degradante hacia sus parejas.

Por este motivo, solicitan declarar la situación de interés para la seguridad nacional, en virtud de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

La fiscal Elena Sarasate ha recibido este viernes la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort en reconocimiento a su labor en el caso de la violación grupal de los Sanfermines de 2016, una distinción que acoge con «honor», ya que está «orgullosa» de ser fiscal y de pertenecer a esta carrera profesional.

«Con nuestro trabajo en mayor o menor medida intentamos conseguir una sociedad más justa y mejor y estoy muy orgullosa de pertenecer a la Fiscalía de Navarra. Es una suerte contar con los compañeros que tengo y un privilegio trabajar con ellos», ha enfatizado.

Elena Sarasate ha recibido la cruz de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales, de manos del fiscal superior de la Comunidad foral, José Antonio Sánchez, en un acto celebrado en el Palacio de Justicia de Pamplona.

La fiscal ha reconocido que «siempre» ha tenido ilusión por recibir este reconocimiento» al suponer «un honor». Y se ha mostrado «orgullosa» de ser fiscal, ya que «intentamos conseguir una sociedad más justa y mejor», un orgullo que también ha mostrado por pertenecer a la Fiscalía de Navarra.

«En esta fiscalía lo normal es que nos ayudemos, nos apoyamos y siempre nos felicitamos del éxito de los compañeros. Por eso, este reconocimiento os pertenece un poco a todos, muchas gracias por vuestro apoyo», le ha dicho a sus compañeros.

Un agradecimiento que ha extendido a los jueces magistrados, así como a todo el personal de la administración de Justicia, de los que «siempre» ha recibido «un trato cordial y amable». También ha tenido palabras de agradecimiento para sus amigos y sus padres, con su madre presente en el acto y su padre fallecido, y ha destacado que fueron ellos quienes le animaron a formarse y «a ser lo que quisiera en la vida».

«Ellos me inculcaron la responsabilidad y el deber de cumplir con las obligaciones de la mejor manera posible, también a disfrutar de la vida. Han sido un ejemplo de vida que ha trascendido en mi forma de ser», ha manifestado.

UNA FISCAL «INTELIGENTE Y TRABAJADORA»

Por su parte, el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, ha dedicado unas «palabras sinceras y de corazón» a Elena Sarasate, de quien ha destacado que es una fiscal que «cualquier Fiscalía estaría encantada de tener en sus filas». «Es un placer estar contigo», le ha dicho.

Ha definido a la premiada como una persona «extraordinariamente práctica, que sabe estar en cada momento en su sitio y con un gran sentido común». «Una persona inteligente, trabajadora, rigurosa en su trabajo, una buena persona con dos cualidades especiales para una Fiscalía: el compañerismo y buen humor», ha ensalzado.

También ha destacado su «carácter vocacional», ya que vive «su profesión de forma permanente», así como la «dosis de humanismo que tiene en relación a las víctimas». En este sentido, ha afirmado que tanto la víctima del caso de La Manada como su madre acudieron a la Fiscalía Superior para dar las gracias por el trato recibido, un agradecimiento que también se ha dado en otros casos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, también ha tenido palabras de elogio para la fiscal Elena Sarasate, «siempre impecable, educada, elegante, siempre sonriente, con un carácter alegre innato».

«Siempre tienes una sonrisa, un comentario amable, con ironía cuando hace falta», ha resaltado Galve, que también ha valorado de Elena Sarasate que es «buena compañera, trabajadora, seria e implacable, a pesar de no aparentarlo con tu sonrisa».

Sobre el trabajo que realizó en el caso de La Manada, ha destacado que se trata de una labor por la que ha recibido «multitud de agradecimientos y reconocimientos» que también le han hecho llegar a él, no sólo por parte de la víctima, sino también por el propio abogado de la defensa.

Ha recordado que se trató de «un asunto complicado, también por lo mediático, pocos en España ha habido así» y ha puesto en valor «la forma en la que supo desenvolverse en el juicio». «Pero sería injusto centrar el reconocimiento sólo en este procedimiento, todos sabemos que tu profesionalidad está por encima de todo durante años», ha manifestado.

Elena Sarasate accedió a la carrera fiscal en 1989. Cádiz fue su primer destino, y después Pamplona, donde permanece desde 1991. Entre otras atribuciones, fue delegada de la Fiscalía de Menores, donde estuvo trabajando desde 2005 a 2015.

El 60% de los profesionales sanitarios ha sufrido trastornos mentales por la covid y más de la mitad no se ha recuperado año y medio después y el 65% de los trabajadores sanitarios ha experimentado problemas generales de salud durante la pandemia.

Así, se ha puesto de manifiesto en la mesa ‘Impacto del covid-19 en los profesionales sanitarios’ celebrada en el IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, en la que han participado el presidente de CECOVA, Juan José Tirado, la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España, María Isabel Moya, y el vicedecano primero del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Óscar Torrijo.

Al respecto, el presidente de CECOVA, Juan José Tirado, ha detallado que el 44% de los profesionales sanitarios han sufrido un alto nivel de estrés, y el 37% de ellos han estado deprimidos. Así, ha advertido de que todos los estudios sobre el impacto psicológico de la Covid-19 en los profesionales sanitarios ofrecen datos «muy preocupantes».

Por su parte, la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España, María Isabel Moya, se ha referido al estudio de OMC (Organización Médica Colegial) sobre el impacto de la Covid-19 en los médicos españoles que concluye que las mujeres, los jóvenes, los que han estado en primera línea, y los que tienen menos experiencia o poca formación en catástrofes son «los que más sufren el impacto psicológico de la pandemia».

Además, este informe refleja que ya durante la primera ola de la pandemia se han alargado las jornadas laborales, los hábitos de vida han empeorado, ha aumentado el consumo de alcohol y disminuido el ejercicio físico. Asimismo, un tercio ha sufrido dilemas éticos y un 25% han estado de baja por Covid.

La doctora María Isabel Moya también ha indicado que un 20% de los médicos se han planteado adelantar la jubilación, un 34% han pensado en abandonar la profesión y un 32% tienen problemas para dormir.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

A continuación se ha celebrado la mesa ‘Eutanasia versus cuidados paliativos’ con el presidente del Consejo General de Colegios Médicos España, Tomás Cobo Castro, el responsable de la Unidad de Cuidados paliativos y jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital doctor Moliner, Miguel Fombuena Moreno, y el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en la Universitat de València y Miembro del Comité de Bioética de España, Vicente Bellver Capella.

Los participantes han coincidido en que hubiera sido «más lógico» promulgar la Ley de Cuidados Paliativos antes que la ley de Eutanasia, han reclamado que se dote a todos los hospitales de una Unidad de Cuidados Paliativos y que a estos profesionales se les reconozca como una especialidad médica.

Del mismo modo, han reclamado un registro ‘positivo’ de objetores de conciencia de forma que se inscriban a los profesionales sanitarios que sí que están dispuestos a prestar la ayuda a morir en lugar de, como marca la Ley, aquellos que rehúsan.

Por otro lado, el presidente de la ADSCV, Carlos Fornes, hará entrega a vicepresidenta primera de la OMC, la doctora María Isabel Moya, del premio Derecho Sanitario, un galardón que otorga por primera vez la ADSCV y cuya finalidad es reconocer el compromiso con la defensa de las garantías jurídicas en el desempeño del trabajo de los profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana, según han informado fuentes de la organización.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha salido este viernes de la reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar el proyecto de Presupuestos andaluces de 2022 con la «sensación» de que «es posible un acuerdo» entre el principal partido de la oposición en el Parlamento –el PSOE-A– y el que sustenta la Presidencia de la Junta, el PP, que sería «histórico», sobre «cuestiones que incluso podrían ir más allá del acuerdo presupuestario para 2022».

Así lo ha trasladado el dirigente socialista en una comparecencia ante la prensa en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, tras mantener una reunión con el presidente de la Junta que ha valorado como «positiva» y en la que se ha «podido iniciar un diálogo constructivo» entre el jefe del Ejecutivo andaluz y «el principal partido del Parlamento» andaluz, el PSOE-A, que es el que cuenta con más diputados en la Cámara aunque lidera la oposición merced al acuerdo de gobierno que alcanzaron PP y Ciudadanos (Cs) y que contó con el apoyo de Vox para la investidura de Juanma Moreno al inicio de la legislatura.

Espadas ha indicado que, tras esta reunión, que ha calificado como «hito», espera «en los próximos días recibir la llamada del consejero» de Hacienda, Juan Bravo, también presente en este encuentro, «para situar las primeras reuniones técnicas», que, según ha apostillado el líder del PSOE-A, «tendremos que acelerar para ver la posibilidad de un acuerdo antes de que el proyecto de Presupuestos llegue a sede parlamentaria y decidir la posición política» del Grupo Socialista en la Cámara.

El líder socialista ha dicho que se va de esta reunión «con la sensación de que es posible un acuerdo político» que, si al final se logra, «sería histórico para Andalucía y, sin duda, un mensaje muy potente de que otra forma de entender la política en España es posible».

«UN MENSAJE» PARA LA POLÍTICA NACIONAL

En esa línea, Espadas ha sostenido que «un acuerdo político entre las dos principales fuerzas» andaluzas es «un mensaje claro de que es posible avanzar en este país en grandes acuerdos de Estado entre los dos grandes partidos políticos que tienen la mayoría de respaldo popular», y que eso «nos centra y estabiliza en lo que necesita ahora mismo España y Andalucía, que es la recuperación económica y poner solución a los problemas» de la ciudadanía.

Se trata de «no dejar que permanentemente la política sea un problema para los ciudadanos más que una solución», ha añadido Espadas antes de comentar que «vamos a trabajar» en la búsqueda de ese acuerdo y, «si lo conseguimos, seguramente habremos hecho un gran favor a la política española y habremos tomado una buena decisión para los intereses de los andaluces». En todo caso, a preguntas de los periodistas ha aclarado que lo que cree posible «no incluye ninguna opción de gobierno» de coalición entre PP y PSOE.

Espadas ha insistido en subrayar que Andalucía, al igual que otros territorios, atraviesa «una situación excepcional» en la que los ciudadanos plantean a los gobiernos que la «única prioridad» que deben tener es «la recuperación sanitaria, económica y del empleo», y por eso ha acudido a esta reunión con el presidente, que él mismo había solicitado, no «para hacerse una foto», sino para ver si en el Gobierno andaluz había «disposición» para iniciar negociación «seria» con el PSOE-A en torno a los próximos Presupuestos.

Ha remarcado que «este mes llegan las primeras partidas de fondos europeos» para la recuperación en una «cantidad importante, y hay que decidir dónde van esas partidas».

«Tenemos que decidir entre si la legislatura está agotada o el año que queda por delante lo utilizamos para la recuperación económica y resolver problemas de la ciudadanía o en clave de coyuntura y de interés político partidario», ha sentenciado el líder socialista, quien ha remarcado que, como alcalde de Sevilla, tiene «experiencia» en negociar presupuestos en la situación de gobernar en minoría, como le ocurre a PP y Cs en la Junta.

DIÁLOGO «POSITIVO Y CONSTRUCTIVO»

Espadas ha señalado que el «diálogo» con el presidente de la Junta y el consejero de Hacienda ha sido «positivo, constructivo», y «nos hemos emplazado para dentro de unos días, cuando el Gobierno ya tenga los números del Presupuesto disponibles», para «sentarnos a plantear un acuerdo político y presupuestario en torno a una serie de ejes» que el secretario general del PSOE-A ha planteado en un documento que, según ha confirmado, ha entregado a Moreno y que constituye «la base» sobre la que «planteamos la negociación».

Entre las prioridades que el líder socialista ha trasladado al presidente figura la de «sentar las bases para que la administración local, los ayuntamientos y las diputaciones, nos convirtamos junto con el Gobierno andaluz en el motor de la recuperación económica de nuestro territorio» a través de «un trabajo conjunto, leal, para tener más recursos que gestionar en el ámbito municipal», según ha desgranado Espadas.

Al respecto se ha referido a la necesidad, a su juicio, de diseñar una «estrategia» para la gestión de los fondos europeos que llegarán a Andalucía que, por su volumen, «en sí mismo» el Gobierno de la Junta no puede «gestionar solo», según ha advertido.

Igualmente, Espadas ha planteado a Moreno que «necesitamos revisar la financiación municipal», y ha explicado que le ha trasladado «una propuesta muy concreta», la de aplicar una «discriminación positiva» para la financiación local de los «pequeños municipios rurales que tienen un mayor grado de afectación por la despoblación», lo que «podría ser una sobrefinanciación en una Patrica rural».

Asimismo, entre las cuestiones que Moreno y Espadas han abordado ha estado la de «los jóvenes», la «necesidad de una estrategia potente que se inicie con estos Presupuestos en relación con la financiación de programas relacionados con la Formación Profesional y la búsqueda de la primera oportunidad laboral para los jóvenes», según ha comentado el líder socialista, para quien este es «un tema nuclear que debe arrancar este año y que tendrá en los próximos el ser o no ser».

«LA CLAVE DEL ACUERDO LA TIENE EL GOBIERNO»

Tras la reunión, Espadas ha dicho que cree que «el presidente de la Junta y el secretario general del PSOE-A queremos un acuerdo de Presupuestos para Andalucía», y ha apuntado que «la clave la tiene el Gobierno».

«La única cuestión aquí no es si el PSOE va a ser capaz o no de apoyar los Presupuestos, sino si un gobierno de PP y Ciudadanos es capaz de cambiar algunas de las cuestiones del Presupuesto que tiene planteado para incorporar prioridades de los andaluces que el PSOE considera imprescindible para su acuerdo», ha argumentado Espadas.

En esa línea, ha añadido que «habría que preguntar si es posible que el PP esté dispuesto a modificar su Presupuesto para incorporar propuestas del PSOE», y ha sentenciado que, «si es así, habrá acuerdo».

Según ha añadido, eso significaría, «en primer lugar, un acuerdo entre partidos, entre PP y PSOE, sobre cuestiones que incluso podrían ir más allá del acuerdo presupuestario para 2022», porque supondría «la senda de una alianza entre los grandes partidos para resolver problemas estructurales de Andalucía».

Al respecto, Espadas ha indicado que «la equiparación salarial del personal sanitario y docente» en relación a la media de otros territorios del Estado que plantea el PSOE-A «va más allá del Presupuesto de 2022», y si PSOE y PP son «capaces de alcanzar un acuerdo que se pueda reflejar en el Presupuesto de 2022 significa que cualquiera que gobierne la próxima legislatura» –dando por hecho que sería uno de esos dos partidos– «cumplirá ese acuerdo».

Espadas ha concluido que lo que ha visto en la reunión es «la búsqueda de un acuerdo desde la responsabilidad entre quien hoy es presidente» de la Junta y quien «puede serlo en el futuro».

El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha enviado al Tribunal Supremo la denuncia presentada por la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) contra el exmagistrado del Alto Tribunal Luciano Varela por un presunto delito de tráfico de influencias relativo a su permanencia en la Sala de lo Penal que juzgó la causa del ‘procés’.

En un auto de 9 de septiembre, el magistrado Antonio Serrano-Arnal se ha inhibido al entender que los hechos denunciados no son competencia de los Juzgados de Instrucción de Madrid sino del Supremo.

La decisión del juez tiene lugar después de que el pasado 1 de septiembre recibiera por reparto la denuncia de Acodap contra el exmagistrado Varela, quien formó parte del tribunal que juzgó y dictó sentencia del proceso independentista catalán.

La asociación sostiene en su escrito, que el nombramiento de Varela y la decisión de mantenerle en el tribunal del ‘procés’ fue «ilegal».

NOMBRAMIENTO «ILEGAL»

Según ha precisado, el 11 de abril de 2019 –dos meses después de que empezara la vista oral contra los líderes independentistas en el Supremo– la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó habilitar al exmagistrado para que siguiera en la Sala «a pesar de su jubilación».

La asociación ha insistido en que «los magistrados jubilados solo pueden ser habilitados para dictar sentencia, no para seguir trabajando como si fueran jueces en activo».

En la denuncia, el presidente de Acodap, el exjuez Fernando Presencia -inhabilitado en firme por el Supremo por un delito de prevaricación– ha asegurado que desde el CGPJ «intentaron evitar de manera ilegal que el juicio se anulara y hubiera que repetirlo».

Acodap ha asegurado en su escrito que la Comisión Permanente «decidió que Varela continuara formando irregularmente parte del tribunal durante la totalidad del juicio del ‘procés» y «además cobrando como jubilado».

Así, ha desestimado el argumento del órgano de gobierno de los jueces de que en el pasado ya se habían adoptado numerosos acuerdos similares, lo que a su juicio son afirmaciones «totalmente falsas». Por ello, ha incluido también en su denuncia un presunto delito de nombramiento ilegal de funcionario público, en el caso de Varela, por parte del CGPJ, tal y como ha adelantado El Confidencial Digital.

ACODAP PIDE LA DETENCIÓN DE LESMES

En el marco de la denuncia, la asociación ha reclamado que se requiera al órgano del Poder Judicial que aporte los «expedientes completos y debidamente testimoniados» relativos a los hechos denunciados y que «se ordene la detención inmediata del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes».

Ahora, una vez recibido el auto de inhibición del juzgado madrileño, el Alto Tribunal deberá determinar si admite o no investigar a Varela, tal y como pide Acodap.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este viernes los lazos históricos entre México y España, con una «intensa historia común de cinco siglos», y ha rechazado que desde España tengan que pedir perdón por la Conquista de México. A su entender, hay que «dar las gracias a una historia común que ha sido el mayor hito de la humanidad después de Roma: la Hispanidad».

Así se ha pronunciado Casado en la quinta jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Cartagena, en medio del debate abierto por el perdón del Papa Francisco a México por los «pecados cometidos» en la Conquista de América.

Casado ha presentado en el cónclave la conferencia del expresidente de México Felipe Calderón, quien se ha declarado que ha se ha declarado «orgullosamente mexicano» y de «raíces indisolubles indígenas y españolas como todos los mexicanos». «Y profundamente orgulloso de todas esas raíces. Así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir», ha proclamado.

CALDERÓN: «MI LENGUA ES LA DE CERVANTES»

Calderón ha echado en cara al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que esté intentado cubrir los «problemas» de México con estas «cortinas de humo» como la «criminalidad, el nulo crecimiento económico, el problema de la corrupción o el pésimo manejo del Covid».

Además, ha censurado la «vil estrategia política de dividir y manipular las emociones manipulables de la gente». «Llamo a no caer en la polarización y la división», ha afirmado, para resaltar que la lengua de Cervantes es la suya también y le «enorgullece». Incluso ha señalado que abuelo del propio presidente de Mexico tiene un abuelo cántabro y «quizá le enseñó a caminar».

El expresidente de México ha insistido en que no pueden «caer en la trampa» porque lo que se está buscando es «provocar y dividir». A su entender, los «verdaderos enemigos son la pobreza, la miseria, la inseguridad o el cambio climático».

CASADO: «DAR LAS GRACIAS A UNA HISTORIA COMÚN»

Casado ha afirmado entonces, ante esas palabras del expresidente de México, que «no podía estar mejor dicho». «Acabaría diciendo que desde España no tenemos que pedir perdón pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido en mi opinión el mayor hito de la humanidad después de Roma, la Hispanidad», ha manifestado.

El presidente del PP ha reivindicado el «lazo histórico» entre México y España, con una «intensa historia común desde hace cinco siglos» que ha traído «lo mejor a ambas orillas del Atlántico». Según ha añadido, con «el mestizaje y el aprendizaje mutuo» se construyeron «sociedades mejores» con «el reto de avanzar».

Casado ha señalado que en México se abrieron muchas universidades y colegios «en esos años» y hay que «aprender de esas experiencias». Y ha recordado que la Constitución de 1812 hablaba de «los españoles de ambos hemisferios».

Tras asegurar que él como muchos españoles tiene familia en México, el presidente de los ‘populares’ ha subrayado que es «continuo el flujo que ha habido de españoles a México y de mexicanos a España en las últimas décadas».

Dicho esto, el presidente de los ‘populares’ ha asegurado que quería dar las «gracias» a México desde España. «Y con el gran orgullo de sentirnos una nación hermana», ha enfatizado, cosechando un aplauso de los asistentes.

TRAS LAS DECLARACIONES DE AYUSO Y AZNAR

Hasta ahora, Casado no se había pronunciado ante esas palabras del Pontífice, algo que sí había hecho hecho tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Este último se sumó a las críticas este mismo jueves en el marco de la Convención del PP, donde defendió la «importancia histórica de la nación española» y afirmó rotundo que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón por la conquista de América.

«Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso, pero no voy a pedir perdón», resaltó Aznar.

A raíz de esas declaraciones, el partido de López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha mostrado su «rotunda» condena a las declaraciones de Aznar alegando que «ofende abiertamente» la «historia de México y la dignidad y memoria de sus pueblos originarios».

La Policía Nacional ha analizado la normativa en vigor sobre lucha contra el terrorismo en unas jornadas organizadas con apoyo de EUROPOL y la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), contando con la asistencia de representantes de numerosas instituciones y hasta 40 participantes, todos ellos de servicios antiterroristas de diferentes cuerpos policiales de Estados miembros.

Las jornadas «Terrorismo y Lucha contra el Terrorismo en la Unión Europea (UE)» se han celebrado en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) entre los días 27 de septiembre y 1 de octubre de 2021, contando también con la participación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) y la Red de Formación Judicial Europea (EJTN).

Entre los especialistas en la materia participantes se encuentra la Comisaría General de Información, que ha representado a la Policía Nacional impartiendo varias ponencias. El curso ha contado también con representantes de la EJTN, todos ellos jueces y fiscales de varios países europeos, y que han sido invitados por CEPOL.

Según ha informado la Policía Nacional, el curso ha permitido mejorar y actualizar los conocimientos de los expertos en la lucha contra el terrorismo, a través del intercambio de mejores prácticas en el marco de esta fenomenología, incluyendo el papel de las agencias europeas implicadas.

Se han llevado a cabo ponencias y presentaciones sobre diversas temáticas relacionadas como, por ejemplo, la dimensión de los derechos fundamentales en la lucha antiterrorista, la repercusión del COVID-19 en los diferentes extremismos, el papel que debe jugar FRONTEX o las iniciativas de la Red de Detección de la Radicalización (RAN).

Esta iniciativa organizada por la Policía Nacional, CEPOL y EUROPOL, no acabará el día 1 de octubre, ya que la ciudad holandesa de La Haya, sede de EUROPOL, albergará una visita de estudios programada para principios del próximo año 2022.

Esta actividad formativa es parte del catálogo del Centro de Conocimiento de CEPOL (CKC) en materia de lucha contra el terrorismo (CKC CT). Este Centro de CEPOL reúne a profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea, a instituciones y agencias expertas en la lucha contra el terrorismo.

Un total de 1.755.641 vascos están ya inmunizados completamente contra la covid-19, al haber finalizado la pauta de vacunación, lo que supone un 88,7% de la población de 12 años o más, mientras que 1.784.178 personas, el 90,2%, han recibido ya al menos una dosis, y un 2,8% de la población diana tiene contraindicación o se ha negado a recibir el suero. Además, el 81,8% de los menores de 12 a 15 años ya han recibido las dos dosis y el 39% de los usuarios de residencias ha recibido la tercera dosis, según ha informado este viernes el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

En conjunto, en función del último boletín de vacunación del Departamento de Salud actualizado este viernes, ya se han inoculado en Euskadi 2.382.095 dosis de Pfizer/Biontech (1.150.698 de ellas en segunda dosis y 190.742 en dosis únicas a personas que ya han pasado la enfermedad), 353.444 de Moderna (163.339 de ellas segundas dosis y 21.327 en dosis únicas), 477.408 de AstraZeneca (213.715 segundas dosis y 6.837 dosis únicas) y 98.983 de Janssen (dosis únicas).

Euskadi ha administrado el 90,3% del total de 3.668.820 vacunas recibidas, 1.556.289 correspondientes a primeras dosis y 1.755.641 a segundas dosis o dosis únicas. En concreto, se han recibido hasta la fecha 2.597.220 vacunas de Pfizer (el 91,7% administradas), 526.100 de Moderna (el 67,2% inoculadas), 444.200 de AstraZaneca (todas puestas) y 101.300 de Janssen (el 97,7% administradas).

Por edades, han recibido la primera dosis de la vacuna el 95,8% de los mayores de 100 años, el 93,2% de los vascos de 90 a 99 años, y el 97,2% de los que tienen entre 80 y 89 años. Entre la franja de 70 a 79 años, el porcentaje alcanza el 95,9%, entre la población de 60 a 69 años es del 94,2% y del 94,6% entre las personas de 50 a 59 años.

También han sido ya vacunados con una primera dosis el 90,9% de la población de 40 a 49 años, el 82,8% de las personas de 30 a 39 años, el 77,5% de los de 20 a 29 años, un 85,2% de la franja de edad de 16 a 19 años y un 86,1% de los menores de 12 a 15 años.

INMUNIZACIÓN COMPLETA

La tasa de personas con inmunización completa alcanza ya el 94,5% entre los mayores de 100 años, es del 93,2% entre las personas de 90 a 99 años, y del 96,9% en la franja mayores de 80 a 89 años. El porcentaje es del 95,8% en las personas de 70 a 79 años, mientras que en el colectivo de 60 a 69 años la tasa es del 94,2% y en el de 50 a 59 años, del 93,1%.

Además, ya han recibido la segunda dosis el 90% de las personas de 40 a 49 años, el 80,3% de la franja de edad de 30 a 39 años, el 74,1% del colectivo de 20 a 29 años, el 81,5% de la franja de edad de 16 a 19 años y el 81,8% de los jóvenes de 12 a 15 años.

TERCERA DOSIS

Por su parte, han recibido la tercera dosis 8.743 personas usuarias de residencias, el 39% de las 22.428 censadas, y el 71,1% de personas trasplantadas, lo que supone 2.360 de un total de 3.321.

Además, otras 36 personas que se encuentran en tratamiento inmunosupresor han recibido la tercera dosis de la vacuna, lo que representa el 5,7% de las 637 censadas.