El Gobierno ha propuesto subir el salario de los empleados públicos un 2% para 2022 durante la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada para este martes, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que defienden que este incremento está en línea con la evolución de los precios.
Además, las mismas fuentes han indicado que los empleados públicos han ganado 3,7 puntos de poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
El Ejecutivo también ha informado de que incluirá en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 una tasa ordinaria de reposición de vacantes del 110%, que alcanzará el 120% en sectores prioritarios como la sanidad y la educación y en aquellas entidades locales que hubieran amortizado su deuda financiera a 31 de diciembre de 2021.
En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y policías autonómicas y locales, la tasa de reposición será del 125%.
Estos porcentajes son superiores a los de 2021, cuando la tasa de reposición general se situó en el 100%, y en el 110% para los sectores prioritarios. Las mismas fuentes recuerdan que el Gobierno del PP mantuvo en el 0% la tasa de reposición durante cuatro años seguidos, desde 2012.
Presidida por la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, la Mesa General inició su reunión hacia las 9.00 horas de este martes y a ella estaban convocadas las organizaciones sindicales más representativas, así como los directores generales de Función Pública de las comunidades autónomas, representantes de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El aumento del 2% planteado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública coincide con el que inicialmente se introdujo en el presupuesto del Congreso de cara a la subida salarial de los diputados.
Sin embargo, la Mesa del Congreso aprobó el pasado 21 de septiembre su Presupuesto para 2022 eliminando por unanimidad la partida de 294.000 euros que había previsto para aumentar en un 2% el salario de los diputados.
No obstante, éste sí se aplicará al personal de la institución si finalmente los Presupuestos Generales del Estado de 2022 contemplan esa subida para todos los empleados públicos, como así ha propuesto el Gobierno.
Este incremento salarial del 2% coincide con el objetivo de IPC del Banco Central Europeo (BCE) y supera el 0,9% en el que subieron los sueldos de los funcionarios este año. No obstante, no colma las expectativas sindicales, que reclamaban al Gobierno una subida mayor ante el alza de los precios (el IPC está en un 4%) y el poder adquisitivo perdido por el colectivo desde 2010.
MALESTAR ENTRE LOS SINDICATOS Y RECHAZO AL 2%
Los sindicatos están molestos con el Gobierno por las «formas» en las que se ha convocado la Mesa General y se oponen a una subida salarial de sólo el 2%.
CCOO ya anunció ayer que no asistiría a la reunión al considerar esta convocatoria como «una farsa de negociación«, pues, según denunció, el Ejecutivo llegará a la cita con «una decisión inamovible» sobre las reivindicaciones de los trabajadores de las Administraciones Públicas.
Fuentes de UGT han indicado que no aceptarán ninguna subida salarial que ahonde en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.
De hecho, el sindicato ha denunciado en un comunicado que un 2% «condenaría» a los empleados públicos a sufrir un año más una merma de su capacidad de compra. «El Gobierno debe reconocer, como lo ha hecho la ciudadanía, el papel esencial que desempeñamos los empleados públicos, más aún cuando las previsiones de alza del PIB para 2022 son más que halagüeñas, del orden del 5,9%», ha señalado la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.
Tampoco CSIF está dispuesto a aceptar esta subida salarial, que ha calificado de «insuficiente«. Fuentes del sindicato han asegurado que este incremento salarial propuesto «no está a la altura y la dedicación» que han mostrado los empleados públicos durante la pandemia.
El sindicato de Miguel Borra ha pedido al Gobierno que repare las retribuciones económicas a los empleados públicos ante la constante evolución al alza de los precios y para no agravar la pérdida de poder adquisitivo que acumula el colectivo desde 2010.
Según un estudio de CSIF, desde los recortes de 2010, cuando se decretó una bajada del sueldo de los empleados públicos, estos arrastran una pérdida del 10% en su poder de compra, el equivalente a haber trabajado gratis entre 13 y 18 meses en función de la categoría.
CSIF reclama un acuerdo para el resto de legislatura, que permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, tomando como referencia la desviación de este año por el alza de los precios, la previsión del IPC para el año que viene, más 1,5 puntos que permitan avanzar en la recuperación de este poder adquisitivo. «La subida debe ir en consonancia con el esfuerzo que se les ha exigido a nuestros empleados públicos durante la pandemia», subraya.
En lo que respecta a la tasa de reposición, aunque CSIF considera un «avance» los porcentajes planteados por el Gobierno, todavía le parecen «insuficientes» y pide directamente que se elimine la tasa de reposición para que las Administraciones Públicas puedan convocar plazas estructurales y reforzar los servicios.
Desde UGT también valoran positivamente que el Gobierno haya dado un primer paso para abordar el empleo en el sector público al aumentar las tasas de reposición, aunque el sindicato mantiene su reivindicación de eliminarlas y de elaborar un «plan integral» de recursos humanos que vaya más allá de fijar una tasa anual de reposición.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE MÁS DE 30.000 PLAZAS
Junto a la subida salarial y el aumento de las tasas de reposición, fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública han recordado que en julio se aprobó la mayor oferta de empleo público de la historia, con 23.491 plazas que, sumadas a las de las Fuerzas Armadas y FCSE, ascienden en total a 30.445 plazas.
Asimismo, han destacado que actualmente se tramita en el Congreso el plan de choque contra la temporalidad que el Gobierno acordó con los sindicatos para reducir la temporalidad en el sector público por debajo del 8%, tal y como contempla el Plan de Recuperación de España enviado a Bruselas.
