Pedraz da dos días al PSOE para que entregue los contratos con abogados y consultoras de 2021 a 2025.
La providencia, dictada este pasado martes por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, llega tras un primer requerimiento del 6 de octubre que sigue sin respuesta documental. La causa investiga un posible delito de tráfico de influencias.
Qué pide Pedraz y qué plazo tiene ahora el PSOE
El destinatario es el servicio jurídico del PSOE. Lo que exige el instructor es una relación completa de letrados y despachos de abogacía o consultoría contratados por el partido en cualquiera de sus órganos, centrales o territoriales, entre 2021 y 2025.
No es solo una lista de nombres. El juez pide también copia de los expedientes, las notas de encargo o los contratos, la autorización correspondiente y la documentación que acredite que esos servicios se prestaron. En la práctica, quiere comprobar quién cobró y por qué trabajo.
Hay un detalle que aprieta. En la providencia, el instructor constata que ha transcurrido el tiempo desde el primer requerimiento sin recibir nada y fija ahora un margen de dos días. Traducido: el requerimiento deja de ser una petición formal y pasa a tener fecha límite.
El texto incluye dos límites. La entrega debe respetar el secreto profesional de los abogados y el derecho del partido a no aportar información que pueda incriminarle, en los términos del Estatuto General de la Abogacía. Es decir, el juez acota el perímetro de lo que puede exigir.
El juez no pide solo una lista de nombres: pide contratos, notas de encargo y pruebas de que los servicios se prestaron.
Del requerimiento al 'caso Leire Díez': quién es quién en la causa
Nada de esto se entiende sin el 'caso Leire Díez'. La diligencia se enmarca en esa instrucción, donde Pedraz investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Según las investigaciones, la red habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa sitúa en el centro a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también imputada. Según ese documento, habría falseado dos notas de encargo profesional bajo las directrices de Cerdán y con la intermediación de Díez.
Una de esas notas correspondería al despacho vinculado a Ismael Oliver, exletrado del exasesor ministerial Koldo García; la otra, a Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. Ambos letrados figuran como investigados en el procedimiento. De ahí el interés del juzgado en los contratos originales: comparar lo firmado con lo declarado.
La instrucción tiene otra línea abierta. Pedraz quiere aclarar si el PSOE usó sociedades mercantiles ligadas a Oliver y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para canalizar pagos a Leire Díez como contraprestación por sus servicios en la trama.
Lo que se juega el PSOE con este pulso judicial
Conviene separar dos planos. El PSOE comparece aquí como titular de la documentación requerida, no como investigado: los imputados son personas concretas, no el partido. Un requerimiento no es una imputación, aunque cada negativa a colaborar añada desgaste político.
El marco que se aplica es el general. La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a aportar los documentos que un instructor reclama en una investigación, y el ordenamiento prevé apercibimientos e incluso consecuencias por desobediencia si no se entregan. El precedente inmediato es el requerimiento del 6 de octubre, que según el juez quedó sin respuesta.
Las posturas, por ahora, se mueven entre el silencio y el expediente. En la información disponible no constan declaraciones del PSOE sobre este último requerimiento. El siguiente movimiento depende de lo que el partido entregue.
Los hitos están claros. Primero, la entrega o no de la documentación en ese plazo de dos días. Después, la decisión del instructor sobre si eleva el tono con apercibimientos o cita a declarar a responsables del servicio jurídico. Y por detrás, el calendario de una instrucción que sigue abierta.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz da dos días al PSOE para entregar los contratos con despachos y consultoras de 2021 a 2025.
- Por qué te importa: La causa revisa contratos y pagos del partido durante cinco años y si se falsearon notas de encargo para justificarlos.
- A quién afecta: Al PSOE y su servicio jurídico, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, imputada, y a los letrados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados.
- Hacia dónde vamos: El partido tiene dos días para entregar la documentación; luego el juez decidirá si apercibe o cita a declarar.
