La mayoría de comunidades autónomas obligan todavía a los estudiantes no universitarios a llevar la mascarilla en espacios al aire libre como el patio, tal y como establece la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente a la COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022.

Si bien, dicho documento recoge que «en actividades al aire libre controladas en las que el alumnado respeta la distancia de 1,5 metros, se podrá valorar no usar la mascarilla durante esa actividad, sujeto a su vez a la evolución de la situación epidemiológica».

La mayoría de regiones mantienen la obligatoriedad en el recreo, aunque hay algunas que ya han levantado la obligatoriedad, siempre y cuando se respete la distancia interpersonal entre los alumnos. También hay algunas comunidades que están ya estudiando si levantar dicha obligatoriedad.

Tras el anuncio realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios madrileños en los recreos y al aire libre a partir de este lunes, se ha pronunciado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien ha descartado de momento seguir la estela de Madrid, al asegurar que la mascarilla dejará de ser obligatoria en los patios de los centros educativos cuando así lo recomienden los profesionales sanitarios y expertos en Epidemiología y Salud Pública que integran el Comité de Seguimiento Covid-19.

Por su parte, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha afirmado este mismo jueves que este año habrá una incidencia de la gripe mayor que el pasado y «más incidencia» en virus respiratorios, por lo que «el uso de la mascarilla va a estar muy recomendado durante todo el invierno hasta la primavera», entendiéndose así que se mantendrá la obligatoriedad de llevarla en todo momento, incluso al aire libre.

En la misma línea, el Gobierno de Castilla-La Mancha también anunció este miércoles que no se plantea aún acabar con las mascarillas en los patios de los colegios, ni tampoco el Govern de Baleares, que no contempla «de momento» suprimir dicha obligación.

Mientras, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha abierto la puerta a «aparcar» la decisión de eliminar la mascarilla obligatoria en los patios de los centros educativos ante el aumento de contagios de Covid-19 de los últimos días, ya que era una decisión que se estaba estudiando en esta comunidad. En este sentido, el jefe del Consell ha manifestado que la Generalitat «hará siempre caso a lo que digan los expertos y los técnicos de la Conselleria de Sanidad».

En Canarias, es obligatorio hasta el momento llevar la mascarilla en los patios de los colegios. Aunque el protocolo de medidas de esta región contempla excepciones, ninguna de ellas se refiere a los espacios al aire libre, sino que más bien están enfocadas a temas de no obligatoriedad por condiciones médicas. Y en Cantabria, de momento también es obligatorio salir al patio con mascarilla, al igual que en La Rioja.

En Galicia, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este jueves que el Gobierno gallego tiene pendiente la decisión sobre la posible retirada de la mascarilla en los recreos de los centros educativos. Pero ha revelado que se realizará una consulta, a través de los servicios jurídicos de la Xunta, para determinar si retirar la mascarilla en los recreos es «viable jurídicamente».

Y desde Castilla y León, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha defendido que medidas como la eliminación de mascarillas en los patios escolares se adopten a nivel nacional y se consensuen en el Consejo Interterritorial de Salud. Igea ha recordado que los niños menores de 12 años están sin vacunar y son el colectivo en el que se está registrando ahora una mayor incidencia de Covid-19, por lo que ha insistido en la importancia de esperar a una decisión sobre este asunto en el Interterritorial.

CCAA QUE PERMITEN NO LLEVAR MASCARILLA

Entre las regiones que ya permiten no llevar la mascarilla al aire libre está País Vasco. En esta comunidad, los alumnos de la ESO podrán estar en el patio sin mascarilla si se mantiene la distancia de seguridad de 1,5 metros, para la ingesta de alimentos y bebidas y para la realización de ejercicio intenso, según se recoge en el nuevo protocolo de medidas preventivas frente a la Covid-19 en centros educativos del País Vasco para el curso 2021/22 dado a conocer este viernes.

También en Asturias desde hace dos semanas se puede ir sin mascarilla en los patios de los centros educativos si se mantiene la distancia de seguridad. Según el protocolo de esta región, «los centros educativos podrán suprimir la zonificación de los patios como medida obligatoria, posibilitando la interacción del alumnado en actividades al aire libre evitando en todo caso las aglomeraciones», añadiendo que «será obligatorio el uso de mascarilla siempre que no se pueda garantizar la distancia de 1,5 metros».

En el caso de Navarra, se permite ya que el alumnado de los ciclos de Infantil y Primaria de los centros educativos se junte en el recreo por niveles educativos, respetando las medidas de seguridad entre los diferentes niveles. En el caso del alumnado de Educación Infantil esta interacción se puede realizar, además, sin mascarilla.

Y en Cataluña se puede ir sin mascarilla si en el patio no hay alumnos de varios grupos burbuja mezclados, y en patios grandes en los que se puedan delimitar espacios para mantener a los grupos separados entre sí, también se puede suprimir la obligatoriedad de llevarla.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reivindicado la campaña de vacunación contra la COVID-19, señalando que España se ha convertido en «líderes de vacunación a nivel mundial».

«El tiempo y los acontecimientos nos han dado la razón, era la estrategia correcta. Nos ha permitido ir adquiriendo la normalidad paulatinamente», ha defendido la ministra durante su intervención en la III Jornada Anual de Concienciación sobre la Vacunación, que se ha celebrado este jueves en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados.

En esta misma línea, ha loado la actuación de España en materia de vacunación: «Nadie podrá negar que esta misión nos ha situado como líderes de vacunación a nivel mundial. En tan solo diez meses hemos conseguido administrar más de 71 millones de dosis. Para ponerlo en perspectiva, la última campaña de vacunación fue considerada un éxito tras administrar 14 millones de dosis en dos meses».

Tras haber alcanzado esta gran cobertura vacunal, Darias ha fijado como objetivo «seguir vacunando al resto del mundo». «La brecha de vacunación entre países ricos y pobres es impresionante. En África, apenas se alcanza un 2 por ciento de cobertura», ha lamentado.

Por ello, ha recordado que España ha donado ya hasta más de nueve millones de dosis a terceros países, sumando operaciones bilaterales y el mecanismo COVAX liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Lo continuaremos haciendo hasta alcanzar las 30 millones de dosis donadas comprometidas. Tenemos un deber de humanidad que no podemos aludir. Tenemos que compartir el conocimiento, aumentar la producción y acelerarla para asegurar que no se quede nadie atrás», ha remachado.

Por su parte, el presidente la Asociación Española de Vacunología (AEV) y representante de España en el Comité Permanente de la OMS para Europa, Amós García Rojas, también ha celebrado con entusiasmo el «éxito» de España en la vacunación contra la COVID-19.

«Tenemos que sacar pecho porque nuestro país ha hecho un ejercicio brillante. Hemos conseguido coberturas espectaculares porque el sistema ha funcionado, porque los sanitarios han hecho un ejercicio de responsabilidad y tenemos una ciudadanía ejemplar que ha seguido las recomendaciones y ha huido de los cantos de sirena al margen del sistema», ha concluido.

Los implicados en la causa ‘Lezo’ habrían utilizado a tres empresarios para ocultar la comisión de 1,7 millones de euros que recibieron presuntamente de la constructora OHL por la adjudicación de las obras del tren que uniría las localidades de Móstoles y Navalcarnero, en la Comunidad de Madrid.

Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) adelantado por ‘El Periódico de España’, en el que dan detalles sobre los cerca de 1,7 millones de euros que OHL envió desde México a una cuenta del empresario Adrián de la Joya en Suiza.

Concretamente, los agentes relacionan ese pago con tres transferencias que recibió el exdirectivo del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. La UCO constata «la vinculación entre uno de los beneficiarios reales de esta cuenta y Adrián de la Joya» lo que, a su juicio, «podría dotar de sentido la conexión temporal entre los pagos de OHL y los de Hanalei Holdings a Ildefonso de Miguel en la cuenta que controlaba mediante la empresa Surtain Trading INC en Suiza».

En el informe, los investigadores también explican que esta información explicaría «la conexión con las informaciones iniciales que situaban a De Miguel como uno de los destinatarios de la comisión». La documentación recabada a raíz de una comisión rogatoria a Suiza señala que los encargados de gestionar la sociedad panameña Hanalei Holdings eran tres ciudadanos españoles, usando cada uno de ellos una fundación radicada en Liechtenstein respectivamente.

AVANZIT, EL NEXO COMÚN

Así las cosas, Jesús Gil Pérez estaría a cargo de la Fundación Gibis, Heraclio López Sevillano de la Fundación Cetif y Cándido Cerón Escudero de la Fundación Comedien. Este último, Cerón, fue consejero delegado de la Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), vinculada al caso Púnica.

Los investigadores ponen además el foco en Avanzit, la empresa que sería el nexo común entre los empresarios que realizaron el pago de 1,5 millones a De Miguel y los los 1,7 millones pagados por OHL a Lauryn Group, propiedad de De la Joya.

Así, la UCO cree que «podría tratarse de una operativa de blanqueo para romper la trazabilidad de los pagos de OHL, que recibió el intermediario Adrián de la Joya, y que este podría haber compensado de algún otro modo a los beneficiarios reales de la cuenta de Hanalei Holdings INC, atendiendo a los vínculos profesionales que unían» a De la Joya, Gil Pérez y Cerón.

En este sentido, y pese a que la conexión de las transferencias no está confirmada todavía, los investigadores aseguran que «lo cierto es que la suma de las tres transferencias da un resultado próximo al importe recibido por Adrián de la Joya». «Concretamente hay una diferencia a favor de él de 154.720 euros, compatible con el beneficio que podría haber obtenido este por intermediar y prestar su estructura societaria en la operación», revelan.

DE LA JOYA FUE PROCESADO

Fue el pasado 4 de junio cuando el juez instructor de la causa ‘Lezo’ acordó enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las Administraciones Públicas en el marco de la pieza separada número 3 en la que se investigaba la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez Manuel García-Castellón señalaba además que la vista se debía celebrar contra De la Joya –vinculado al comisario José Manuel Villarejo–; Rafael Arturo Martín, consejero de OHL; Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de OHL; e Ildefonso de Miguel, presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 por los mismos delitos.

Según el escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción de diciembre de 2020, en el que interesaba penas de seis años y medio para López Madrid y cuatro para González (informe del que el juez recoge en su auto las líneas fundamentales), la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero recayó en una UTE participada por OHL en 2007 gracias a la «ventajosa oferta económica» en comparación con otras siete empresas.

Pero «en realidad, la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid –consejero dominical de OHL en el momento de los hechos– y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas». Dicho plan, consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.

«Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares –aproximadamente 1,8 millones de euros– al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad», recordaba el juez en su auto.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han llamado este jueves a «pasar a la acción» para lograr una transición ecológica viable en la clausura del VII Foro Global del Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán.

El evento se ha celebrado esta semana –del martes al jueves– en el marco de la Capital de la Alimentación Sostenible 2021 que ostenta Barcelona, y en la clausura también se ha emitido un mensaje de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Garzón ha subrayado que «no va a haber una transición ecológica viable» si no se transforman los hábitos de consumo, por lo que ha remarcado la importancia de ser corresponsables para combatir el cambio climático, cambiando las dietas y apostando por dietas más saludables, más sostenibles y más responsables.

Ha sostenido que las ciudades están liderando el cambio con procesos para transformar la realidad y ha aceptado la petición que ha trasladado Colau a los estados para que asuman una mayor responsabilidad en este ámbito y ha dicho que llevarán este mensaje a la COP26 de Glasgow.

«Asumamos la profundidad de lo que se esta transmitiendo aquí y seamos capaces de poner en marcha otra serie de iniciativas y dinámicas que conduzcan a cumplir con este objetivo», ha subrayado el ministro.

También ha criticado a los «negacionistas del cambio climático», de los que ha dicho que no solo son los que niegan lo científico sino que también son los que no hacen nada e ignoran el coste que conlleva no actuar.

Por su parte, Ribera –que será la representante del Gobierno en la COP26 de Glasgow– ha alabado la implicación de las administraciones locales impulsando iniciativas que contribuyen a la generación de buenos hábitos en la alimentación sostenibles: «Los gobiernos locales son un actor clave».

CIUDADES «ACTIVAS Y VALIENTES»

Colau ha celebrado que la organización del VII Foro Global haya sido «un éxito» con 700 participantes, 200 ciudades, 150 ponentes de 30 países distintos y 365 organizaciones de la sociedad civil, y ha resaltado la manera de trabajar cooperativa, coordinada y feminista, que quiere trasladar a los estados y a la COP26 de Glasgow.

Ha insistido en que el cambio en el sistema alimentario no es una opción, sino necesario y urgente, y ha erigido a la ciudades como líderes en la erradicación del cambio climático: «Muchas ciudades estamos haciendo lo que nos pertenece y lo estamos haciendo con contundencia. Hemos demostrado ser activas y valientes, más que otras instituciones».

En ese sentido, ha pedido a los estados y a las grandes corporaciones que «asuman la gran responsabilidad que tienen» porque cree que es la única manera de que las administraciones públicas sean creíbles y tengan autoridad democrática.

«Es imprescindible que el cambio de sistema alimentario forme parte del núcleo duro de las políticas de los estados. Es urgente», ha sostenido Colau, que ha reclamado pasar de las palabras a los hechos y no repetir fórmulas que significan repetir errores del pasado, en sus palabras.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, y alcaldes del PP se han quejado este jueves de que los Presupuestos Generales del Estado no incluyan el fondo Covid de 3.000 millones para los ayuntamientos ni ayuda para afrontar la subida del precio de la luz.

«Los PGE 2022 son agridulces e insuficientes para los ayuntamientos», ha afirmado González Terol tras la reunión telemática con alcaldes y portavoces del PP en municipios de menos de 15.000 habitantes de Asturias, Cantabria y Galicia para analizar, entre otros asuntos, el impacto del proyecto de los PGE a nivel municipal.

En este sentido, ha recalcado que las cuentas públicas son «insuficientes» para hacer frente a las necesidades que todavía existen derivadas de la pandemia. A su entender, los PGE no cumplen con las expectativas de las entidades locales al no contemplar el fondo Covid de 3.000 millones de euros.

POCOS FONDOS EUROPEOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

De la misma manera, Terol se ha quejado que no recoja un fondo extraordinario para hacer frente «a las subidas desorbitadas del precio de la luz que va a dificultar cubrir las necesidades en un invierno que será frío y cuyas perspectivas de bajar no son nada previsibles a corto plazo». También ha criticado que desaparezca el fondo adicional de transportes, salvo para algunas capitales. «El transporte interurbano rural, otra vez desasistido», ha denunciado.

González Terol ha asegurado que «solo hay una buena noticia»: la devolución del IVA de diciembre de 2017 a los ayuntamientos gracias a los recursos ganados por los gobiernos de Galicia y Castilla y León por el IVA que se debía a las CCAA. Sin embargo, ha dicho que es devolución parcial y que el PP exige que se devuelva en su totalidad.

En el caso de los fondos europeos, el dirigente del PP ha afirmado que se han presupuestado 2.050 millones de euros para los municipios, algo que, a su juicio, es una «cantidad muy alejada de la que piden». Por eso, ha avanzado que el PP reclamará que se alcance el 14,56% de los 140.000 millones de euros que corresponden a España.

EL LOBO Y LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL

En la reunión con sus alcaldes, González Terol ha abogado por que el lobo «vuelva a ser una especie cinegética, cazable al norte del Duero y recuperar el statu quo que existía antes de su protección total para garantizar la sostenibilidad de la ganadería extensiva».

En cuanto a la Ley de Bienestar Animal, ha indicado que regular el número máximo de tenencia de perros es un ataque directo al mundo rural donde existen las realas y un obstáculo a los aprovechamientos cinegéticos que nutren de beneficios a los municipios pequeños.

«Defendemos la racionalidad en las políticas de protección y bienestar animal, pero rechazamos los daños colaterales que ocasiona en el mundo rural, condenado a no poder levantar cabeza y perder las pocas posibilidades de subsistencia que todavía tienen. El mundo rural es un mundo de oportunidades y debemos promoverlas, no prohibirlas», ha concluido.

La Audiencia Nacional juzga a partir de este viernes a Abdelkader E.L.E., un hombre acusado de apoyar a la organización terrorista DAESH y de realizar publicaciones de contenido violento y radical en la red social Instagram.

Abdelkader, para quien la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión por un delito de enaltecimiento terrorista, habría difundido una serie de imágenes y videos que incitaban a la violencia contra los cuerpos policiales y otros de temática relacionada con el radicalismo violento islámico.

Asimismo, el Ministerio Fiscal interesa las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de 10 años. Y, por último, la medida de libertadvigilada por tres años.

Alternativamente, la Fiscalía propone que le sea impuesta por el delito de auto adoctrinamiento terrorista la pena de dosaños y tres meses de prisión.

Con 687 seguidores en la red social, Abdeldaker tenía como foto de portada la frase ‘Nadie os va a tocar mientras yo esté con vida’. Más abajo, en su muro, una serie de fotografías: un jinete a lomos de un caballo portando un fusil Kalashnikov, una persona que simulaba apuntar a un agente de policía por la espalda e incluso una instantánea de Osama Bin Laden con una bandera de DAESH.

IMÁGENES DE LAS TORRES GEMELAS O NIÑOS SOLDADO

Así se recoge en el escrito de acusaciones provisionales del fiscal, que también apunta a imágenes sobre el atentado de las Torres Gemelas, de muyahidines combatiendo y de niños uniformados y con armas.

La Fiscalía considera que esas publicaciones tenían la «finalidad de difundir el ideario violento de la organización terrorista DAESH y lograr que esta organización» consiguiera su «objetivo de instaurar violentamente un califato universal regido por la Sharia», la ley islámica.

Además, la incautación en julio de 2019 de una serie de dispositivos electrónicos a Abdeldaker permitió a la Guardia Civil averiguar que el acusado trató de adquirir más conocimientos eimágenes sobre el yihadismo violento y radical con la finalidad de difundirlos a terceras personas y lograr la implantación del DAESH.

Así las cosas, Abdeldaker seleccionaba desde internet o del material que recibía de otros usuarios el contenido de carácter yihadista que más se adecuaba a su ideología y procedía al tratamiento o edición de las imágenes para posteriormente compartirlo en Instagram y también en Facebook.

Los investigadores también encontraron en su teléfono más imágenes e, incluso, un contacto guardado con «grafía árabe», originario de Turquía y cuya imagen de perfil era una persona portando un arma corta, en posición desafiante.

La Denominación de Origen Ribera del Duero ha destacado que ha ampliado su colaboración con la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y se «consolida» como patrocinador Oro y vino oficial del festival.

Según han informado fuentes de la Denominación de Origen, Ribera del Duero «inundará la Seminci con su Espíritu Ribera, ofreciendo un programa en el que la gastronomía y los vinos harán las delicias de los invitados».

La D.O. ha destacado que la marca se «consolida» como «única patrocinador oro cien por cien de Castilla y León».

Los tintos, blancos y rosados de la Denominación de Origen serán los vinos oficiales del festival de Valladolid y se servirán «con excelentes maridajes» en todas las comidas, cenas y cócteles exclusivos de la Seminci. Más de 70 bodegas de Ribera del Duero participan con sus vinos en este encuentro con el cine de autor.

La D.O. volverá a obsequiar de botellas personalizadas a todos los invitados VIP del certamen, con un formato exclusivo de edición única, con una etiqueta que recorra la trayectoria profesional del protagonista y también para las producciones nacionales e internacionales que se presentan en la muestra, inspiradas con la imagen de cada película o documental.

El director y guionista Álex de la Iglesia, que será galardonado con la Espiga de Honor, recibirá su peso en vino de bodegas de la DO, mientras que el también productor y director Juan José Campanella será agasajado con un viaje «exclusivo» por Ribera del Duero. Además, Ribera del Duero nuevamente patrocinará el Premio Ribera del Duero a la Mejor Dirección, dotado con 6.000 euros.

VUELVE EL ESPACIO RIBERA A SEMINCI

La 66 edición de Seminci tiene como país invitado a Argentina y Ribera del Duero ofrecerá una fiesta a los invitados argentinos, a quienes se agasajará con una edición especial de los vinos de la DO.

También volverá el Espacio Ribera, un rincón al que sólo quienes sean previamente invitados podrán acudir, y que contará con un ‘wine bar’ con una gran selección de vinos y aperitivos. Allí se entregarán a los afortunados obsequios personales, en un lugar que este año contará con las pertinentes medidas sanitarias, y en el que ya en anteriores ediciones asistieron rostros como Alejandro Amenábar, Najwa Nimri, Clara Lago o Karra Elejalde, entre muchos otros.

En Espacio Ribera se servirán vinos de Avelino Vegas-Fuentespina, Nabal, Resalte, Servilio-Arranz, Olimarum, Lleiroso, Vega De Yuso, Dominio Fournier, Mélida Wines, Protos, Señorío de Bocos, Bela, San Roque de la Encina, Tamaral y Neo.

Con motivo de la unión de la Denominación de Origen con Seminci, se organizará una cena premium en el Restaurante Trigo de Valladolid, que cuenta con una Estrella Michelin. La cena ‘Ribera del Duero: Vivir Brindando’ a la que acudirá un exclusivo grupo de invitados; entre ellos el ilustre enólogo Peter Sisseck, quien recibirá la Espiga de Oro de Honor por su gran contribución al mundo del vino y promoción de la región.

Pingus será uno de los vinos que se presenten en esa cita, que tendrá un maridaje de lujo con Dominio del Águila Blanco Albillo Mayor, Le Rosé de Dominio de Es, y Janus Gran Reserva de Familia Fernández Rivera.

Se celebrarán también cenas premium el domingo, lunes y martes en el Restaurante Suite 22, con la presencia de los invitados más destacados de cada jornada, maridadas con vinos de Aalto, Viña Mambrilla, San Roque de la Encina, Neo, Félix Callejo, Avelino Vegas-Fuentespina, Olimarum, Señorío de Villalvaro, Tamaral, Convento Oreja y Resalte.

Las comidas y cenas de jurados, foros de cineastas, los almuerzos del director, y las cenas de inauguración y clausura de Seminci, que tendrá lugar en Hotel Olid, Restaurante Ángela, Don Bacalao, Los Zagales, Sala 20, Gabino y Villaparamesa, también estarán maridadas con grandes vinos de las bodegas de Ribera del Duero.

Tinto, blancos, rosados gentileza de bodegas Luz del Duero, Protos, Tamaral, Félix Callejo, Neo, Señorío de Villalvaro, Ismael Arroyo, Vega de Yuso, Martín Berdugo, Olimarum, Bardos, Mélida Wines, San Roque de la Encina, Valdubón, Lleiroso, Nabal, Señorío de Bocos, Bela, Finca Villacreces y Avelino Vegas-Fuentespina.

Ribera del Duero estará presente además en las citas del Ciclo del Cine y Cambio climático, con vinos ecológicos como Arzuaga Crianza, Finca Villacreces, Protos Crianza y Entre Palabras de Valdemonjas.

Ribera del Duero ha añadido que quiere mostrar «de nuevo» su apoyo por el sector de la cultura «que tan afectado se ha visto en los últimos meses por la situación sanitaria. «La cultura y el arte son, como los vinos de Ribera del Duero, parte imprescindible de nuestras vidas. Nos han acompañado durante toda la pandemia, en los hogares o con restricciones, y poco a poco por fin se pueden disfrutar en comunidad. Ribera del Duero brindará con y por la cultura en SEMINCI, un socio y un amigo», ha señalado el director general de la DO, Miguel Sanz.

El Partido Popular (PP) y varios de los diputados del partido en Cataluña –que eran parlamentarios durante el ‘procés’– han presentado dentro de plazo las demandas correspondientes contra el Real Decreto por el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba la concesión de la medida de gracia del indulto a los nueve condenados por el proceso independentista de Cataluña.

En los escritos de demanda, queda reflejado que además del partido, también recurren el líder de la formación en Cataluña Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, la presidenta del Comité de Garantías Andrea Levy, el coordinador de estrategia en el PP catalán Juan Milián y la que fuera líder de Ciudadanos en Cataluña Lorena Roldán.

En concreto, en el relativo al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, la representación legal de los parlamentarios indica que dado que la condición para que haya indulto es que no cause perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos, considera que «provoca un severo perjuicio» a sus mandantes en diversas facetas, «en tanto afectado por los hechos delictivos que fueron objeto de condena».

«Y ello por cuanto precisamente de esa afectación dimana (…) el interés legítimo de mis mandantes en el presente procedimiento, en su condición de diputados en el Parlament en el momento de la comisión de los hechos delictivos», explica, para luego añadir que finalmente se ha llegado «a un indulto colectivo, aunque fraccionado en los distintos expedientes, prescindiendo de las circunstancias personales de los condenados».

Subraya asimismo que el perjuicio es consecuencia de los indultos porque éste no es irrelevante para los parlamentarios ya que «causa un claro perjuicio» el hecho de que los condenados no cumplan «íntegramente» la pena impuesta, máxime cuando por ejemplo en el caso de Junqueras, «no ha mostrado el más mínimo gesto de arrepentimiento».

Para sustentar la afectación de los parlamentarios, añade que tanto ellos como el resto de Diputados del Partido Popular en el Parlament sufrieron «la violencia ambiental buscada» a propósito y utilizada «como un elemento de la acción criminal, así como las vulneraciones de derechos fundamentales de los Diputados del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, hechos que formaron parte del tipo delictivo por el que fue condenado el indultado», en referencia a Junqueras.

En el caso de las demandas presentadas por el PP directamente como partido político afectado –«víctima»– por los delitos que se recogen en la sentencia del Supremo de 2019, indica que «existe un evidente interés del Partido Popular en que, en línea con la STS 546/2013, se mantenga alejado al indultado y a sus graves prácticas objeto de condena de la actividad en que desempeña su función, la política».

SIN ARREPENTIMIENTO

«A mi mandante provoca un claro perjuicio el retorno de los indultados a la actividad, de una forma u otra, en legitimación de sus gravísimas prácticas de las cuales el mismo ha reconocido expresamente no arrepentirse», añaden en la demanda contra el indulto de otra de las indultadas, la exprsidenta del Parlament Carme Forcadell.

Por otro lado, incide el letrado en que el indulto provoca perjuicio al Partido Popular desde la perspectiva de su «legítima aspiración de obtener el favor de la mayoría de los electores para hacerse con el Gobierno y dirigir la política catalana con arreglo a su propio programa».

Explica que el perdón a los condenados no arrepentidos provoca el efecto de legitimar sus acciones delictivas como medio para el ejercicio de la política, y añade que esto minimiza «el reproche unánime que los referidos hechos merecieron a cuantos organismos con potestades jurisdiccionales han examinado». Considera que esto beneficia «a los partidos políticos cuyos líderes orquestaron tales hechos, y que son, indudablemente, competidores directos y naturales» del PP.

LA LEGITIMIDAD

EL pasado viernes fue Vox quien presentó sus nueve recursos, y se apoyó en los informes contrarios a los indultos que emitieron tanto la Sala de lo Penal del Supremo como la Fiscalía con el objetivo de «calibrar si la concesión del indulto está o no motivada y si es o no arbitraria».

Con todo, la Sala Tercera tiene que valorar además sobre los recursos presentados la legitimación de los partidos para poder recurrir decisiones como la del Gobierno al conceder los indultos a los condenados. Esta legitimación, unida a la escasa jurisprudencia existente sobre este asunto –proclive además a respetar las decisiones del Ejecutivo sobre la medida de gracia siempre que estén suficientemente motivadas–, son los principales obstáculos que pueden encontrarse Ciudadanos, Vox, PP y el resto de partes que han decidido recurrir.

El vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lárazo, de Vox, espera que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no ceda a «presiones groseramente extrajurídicas» y ejecute la sentencia del Tribunal Supremo inhabilitando al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, porque, según remarca, eso es lo que ella misma ha anunciado que iba a hacer durante la reunión que ha celebrado este jueves la Mesa del Congreso.

Desde la Presidencia de la Cámara se ha informado de que Batet será la que tome una decisión, dado que esa es su competencia, pero que, por lo pronto, lo único que va a hacer es dirigirse al Supremo pidiéndole que le aclare el alcance de la sentencia contra Rodríguez.

«Confiamos en que Batet esté en su sitio y haciendo prevalecer la separación de poderes», ha comentado Gil Lázaro en rueda de prensa en la Cámara Baja.

De su lado, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha llegado a congratularse de que la presidenta haya optado por «la prevalencia del Estado de Derecho» dejando claro en la Mesa que las sentencias «ni se votan ni se interpretan», sino que se «ejecutan», y que «no quiere alentar un conflicto entre las instituciones del Estado».

BATET BUSCABA UNANIMIDAD

Gil Lázaro ha explicado que Batet ha intentado lograr la «unanimidad de la Mesa» para solicitar aclaración al Supremo, pero que su grupo se ha opuesto y, como el PP, ha defendido que se ejecute la sentencia de forma inmediata y se suspensa a Rodríguez en su condición de diputado.

El vicepresidente cuarto de la Mesa también ha recordado a Batet durante el encuentro que la decisión final sobre la ejecución le corresponde a ella y no a la Mesa, tesis que, según ha remarcado, ha corroborado el secretario general de la Cámara.

Ha sido en ese momento, según Gil Lázaro, cuando Batet ha comunicado a sus compañeros que ella tenía «claro» desde antes de recibir el oficio del Supremo, y «mucho más claro» después, que la sustitución de la pena de prisión por la de multa no deja sin efecto la de suspensión del derecho del sufragio pasivo, es decir, que la sentencia acarrea la inhabilitación sobrevenida del diputado canario.

NO ES BATET QUIEN QUITARÍA EL ESCAÑO

Gil Lázaro ha dicho esperar que Batet no haya cedido a «presiones» externas que hayan querido forzarle a hacer una cosa distinta a lo que, según su versión, ha anticipado que haría durante la reunión de la Mesa: dirigirse al Supremo para comunicarle que ejecutaba la sentencia contra Rodríguez.

«Espero que no haya cedido a presiones groseramente extrajurídicas, pero sí es así, pediremos explicaciones», ha enfatizado Gil Lázaro, quien, no obstante, ha querido dejar claro que, si ejecuta la sentencia, no será Batet quien le quite «a un diputado su escaño».

«Es el Supremo el que condena a un ciudadano que es diputado a una pena accesoria de inhabilitación sobrevenida y por tanto la pérdida del escaño. La presidenta hace lo único que puede hacer, poner en marcha el procedimiento de intendencia para hacer ejecutivo ese fallo en la parte que corresponde a la institución parlamentaria que es comunicarle la pérdida del escaño», ha resumido Gil Lázaro.

La justicia mexicana ha respaldado la necesidad de continuar la investigación en el caso de Ligia (Lily) Ceballos Franco, ciudadana mexicana que podría haber sido un ‘bebé robado’ en España en 1968.

Este lunes, en juicio oral, el juzgado de control revocó la decisión adoptada por la Fiscalía mexicana el pasado 25 de mayo de 2021, que daba por concluida la investigación, entre otros argumentos, por el fallecimiento de los presuntos perpetradores de este delito.

«Es una muy buena noticia que la justicia mexicana tome una decisión que, sin duda, ayudará a Lily a encontrar la verdad sobre quién fue su madre biológica y si fue separada de ella con o sin su consentimiento. Con esta decisión, la justicia mexicana da un paso importante en la lucha contra la impunidad por crímenes de derecho internacional cometidos en España durante el franquismo», ha manifestado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional recuerda, como ya hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que los efectos de este tipo de delitos «solo cesan cuando se descubre la verdad sobre la identidad y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecerla, así como sus lazos familiares», extremos que, según la ONG, no se han garantizado aún en este caso y por ello «debe continuarse con la investigación».

Ligia Ceballos ha manifestado que «ha sido muy emotivo conocer la decisión de la jueza». «El proceso de investigación continúa abierto, tener la posibilidad de conocer mis orígenes me supone una gran alegría. Agradezco a Amnistía Internacional y a los asesores legales todos sus esfuerzos por esclarecer la verdad», ha subrayado.

Ceballos, ciudadana mexicana, presentó el 15 de febrero de 2017 una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República Mexicana, que, en pocos días, fue admitida a trámite, por presunta desaparición forzada.

Unos años antes de presentar la demanda, Lily descubrió que había nacido en España como María Diana Ortiz Ramírez y que fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural, nacida en México.

Según el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios recogidos directamente por Amnistía Internacional, este matrimonio recurrió a las autoridades eclesiásticas del estado de Yucatán, al sur de México, pues no podían tener hijos de forma natural. Así, se habría iniciado una correspondencia entre el entonces arzobispo de Yucatán y el entonces arzobispo de Madrid, según informa AI.

En junio de 1968, el matrimonio viajó a España con el fin de recibir a la niña en adopción. En esas mismas fechas, el secretario particular del arzobispo de Mérida, Ramón Bueno y Bueno, viajó desde México a Madrid. Según el padre de Ligia, miembros del arzobispado les dijeron que les tenían preparado «algo especial, pero aún no ha nacido». Según testimonios de los familiares a Amnistía Internacional, el matrimonio habría pagado la cantidad de 50.000 pesetas por la adopción.

Para Amnistía Internacional, que apoyó la presentación de la denuncia, este caso podía enmarcarse dentro del así denominado «robo de bebés» en España.

A raíz de una petición de auxilio judicial formulada por las autoridades mexicanas, la Fiscalía Provincial de Madrid inició otra investigación que, «pese a su exhaustividad», según Amnistía Internacional, se cerró sin proporcionar certeza sobre el origen de Lily.

Sin embargo, la ONG precisa que, fruto de los esfuerzos de ambos ministerios públicos, Lily ha podido conocer detalles de su pasado que avanzan en la reconstrucción de su propia historia y en la satisfacción de su derecho a conocer su verdadera identidad.

«Con esta última decisión judicial, se continuará con la investigación y se tendrán que aclarar hechos que podrían ser muy relevantes para Lily; entre ellos, corroborar si hubo contacto de la familia adoptiva con el Consulado o embajada estadounidense en España, previo a la escala en Miami del viaje de Lily hasta México; si se expidió un pasaporte para la bebé y a qué nombre», explica la abogada del despacho ‘Mijangos y González Abogados’ que lleva el caso de Lily, Carolina Marrusich Esquivel.

También se podrá determinar, según añade, «si siguen vivos los funcionarios mexicanos que participaron en el ingreso de Lily a México y su posterior inscripción al registro civil con otro nombre; el papel que desempeñaron en este prohijamiento los arzobispos de Mérida y de Madrid, y el sacerdote asesor de este último, entre otros aspectos».

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, ha declarado que desde la organización seguirán «apoyando las acciones que permitan a Lily, y a miles de personas en situación similar, restaurar su derecho a la identidad, a la nacionalidad y al nombre».

En marzo de 2021, Amnistía Internacional hizo pública la investigación, ‘Tiempo de verdad y de justicia’. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados’, en la que denunciaba obstáculos y dificultades para las personas que sospechan haber sido bebés robados o haber sufrido la sustracción de sus hijos e hijas.

Las denuncias y testimonios documentados por la organización engloban a personas que pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades desde finales de la Guerra Civil hasta los primeros años de la democracia.

Amnistía Internacional lamenta que, en España, múltiples juzgados han aplicado la prescripción a estas denuncias, lo que en la práctica ha supuesto no llevar a cabo «ni un mínimo intento por proporcionar verdad a las víctimas». Por ello, pide al Estado español que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y busque e identifique a quienes podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada o sustitución de su identidad, y lleve a los responsables ante la justicia.

Para la ONG, una oportunidad «histórica» para avanzar en la verdad y la justicia es la Ley sobre Bebés Robados, que se encuentra «paralizada» en el Congreso español desde hace varios meses y no avanza en su tramitación parlamentaria. Amnistía Internacional y familiares de ‘bebés robados’ pidieron hace unos días un impulso decidido a esta ley.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido a la Comunidad de Madrid que no se adelante a otras comunidades autónomas a la hora de retirar la obligatoriedad de las mascarillas en los patios de los colegios madrileños en los recreos y al aire libre, sino que espere a un acuerdo conjunto de Ministerio y CCAA.

«Pido a las comunidades autónomas que sigamos yendo de la mano, porque toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuertes, un modelo de éxito. No vale que unos corran más que otros. Tenemos el Consejo Interterritorial, la Conferencia Sectorial de Educación… Hago una llamada a la unidad de acción, que nos ha permitido que nuestros entornos escolares sigan siendo seguros», ha señalado la ministra en declaraciones a los medios antes de su participación en la III Jornada Anual de Concienciación sobre la Vacunación, que se han celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados.

Darias ha insistido en que el modelo educativo de presencialidad en las aulas durante la pandemia ha sido un «éxito». «Con olas importantes el curso pasado solo tuvimos un 0,4 por ciento de aulas cuarentenadas. Eso significa que el trabajo conjunto realizado entre el ámbito educativo y el sanitario el seno del Consejo Interterritorial ha sido el camino adecuado, que juntos hemos llegado más lejos», ha reivindicado.

Por otra parte, la ministra ha recordado que la Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, ya estableció que «en el exterior no era necesario llevar mascarilla» si se podía cumplir la distancia de 1,5 metros.

«Y también en junio establecimos una nueva declaración de actuaciones coordinadas para este curso escolar, donde establecimos la importancia de seguir haciendo que nuestros entornos escolares sean seguros», ha recordado.

En cualquier caso, ha indicado que las medidas para controlar la pandemia tanto en las escuelas como en otros ámbitos están siendo evaluadas por la Ponencia de Alertas, que «está revisando los documentos sobre contactos y contagios en los colegios».

Esta mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado en el Pleno de la Asamblea de Madrid la retirada de la mascarilla en el patio de los colegios madrileños, haciendo hincapié en que «es mucho» lo que se le debe a los niños, «a una generación marcada por la pandemia». «Hay que seguir su ejemplo», ha recalcado.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han aclarado que «con el marco legislativo actual, durante el recreo al aire libre se debe usar mascarilla si no es posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las personas». «En la situación actual, donde la incidencia acumulada no se ha estabilizado aún, y donde la población menor de 12 años aún no es población vacunada, es importante seguir manteniendo estas medidas», han insistido.

El Parlament catalán ha rechazado este jueves la decisión del Tribunal de Cuentas de no aceptar los avales de la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas que pide el mismo tribunal a excargos del Govern por la acción exterior durante el denominado proceso independentista.

Se trata de un punto de una moción debatida en el Parlament que se ha aprobado con el apoyo de Junts, ERC, CUP y comuns y el voto en contra de PSC-Units, Cs, PP y Vox, y que añade que la decisión del Tribunal de Cuentas «ignora la plena vigencia del decreto, la legalidad del cual ha sido avalada por el Consell de Garanties Estatutàries para poder expropiar a 34 servidores públicos por motivos puramente políticos».

En materia de infraestructuras, también se ha aprobado instar al Govern a cuantificar «la discriminación acumulada de inversiones en infraestructuras del Estado en Cataluña y a reclamarla como deuda histórica» con el respaldo de Junts, ERC y comuns, la abstención de la CUP y el rechazo del resto de grupos.

Sin embargo, los comuns no han apoyado otro punto del texto, que también ha prosperado con el voto de Junts y ERC y la abstención de la CUP, que constata que ha habido «una discriminación de los gobiernos del Estado en relación a Cataluña, gobernara el partido que gobernara».

El diputado de los comuns Joan Carles Gallego ha argumentado que apoyan el apoyo cuantificar el déficit de inversiones del Estado en Catalunya con voluntad de resolverlo, pero ha defendido que «no todos los gobiernos son iguales ni hacen la misma política», reivindicado así el trabajo del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Lo mismo ha hecho el diputado del PSC Jordi Terrades, que ha asegurado que con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha empezado a revertir la inversión en infraestructuras en Cataluña, y cree que más se podría haber hecho si Junts hubiera apoyado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Desde la CUP, la diputada Eulàlia Reguant ha justificado la abstención de su grupo en los puntos en materia de infraestructuras porque, a su juicio, no se concreta qué modelo se persigue en Catalunya, pero sí han votado a favor del rechazo a la decisión del Tribunal de Cuentas, al que ha acusado de aplicar «el derecho del enemigo».

Cs: «ACTUALIZACIÓN DEL ESPAÑA NOS ROBA»

Para el diputado de Cs Nacho Martín Blanco, la moción de Junts es una «actualización del mantra y del hit principal del nacionalismo catalán del ‘España nos roba», que considera un discurso propio de la Liga Norte, y por ello ha acusado a Junts de recurrir al victimismo constante –en sus palabras– para fomentar la división de la sociedad catalana.

El diputado de Vox Antoni Gallego también ve en la moción de Junts «un nuevo ejemplo de victimismo en que la malvada España oprime y aplasta» a los catalanes, y ha cuestionado que en la moción se aborde el punto sobre el Tribunal de Cuentass.

La diputada del PP Eva Parera ha coincidido con Cs y Vox en que el texto pretende «seguir alimentado el relato de que ‘Madrid nos roba», y ha criticado que culpen al Estado de la falta de inversiones en Catalunya tras haberse perdido la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona – El Prat.

Desde ERC, el diputado Lluís Salvador ha opinado que la situación de las inversiones del Estado en Cataluña es una cuestión que va más allá de las infraestructuras, y pese a asegurar que no es lo mismo un Gobierno de PSOE-Podemos que uno del PP, cree que «sí se parecen bastante en materia de infraestructuras».

El diputado de Junts Joan Canadell ha acusado al Estado de «discriminar a los catalanes» en este ámbito en relación a otras comunidades, destacando que en los últimos ocho años han sido inferiores al 12% y que un informe de Foment del Treball de julio de 2019 constata que el déficit alcanzó los 28.000 millones de euros desde 2009.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha presentado este jeves el proyecto ‘España Invitado de Honor’ en la Feria del Libro de Fráncfort 2022, poniendo el foco en la ‘Creatividad desbordante’ de España.

«Nuestra creatividad traspasa fronteras y no entiende de barreras, tampoco idiomáticas», ha destacado el ministro en una rueda de prensa en Fráncfort, donde ha puesto en valor la «vitalidad y compromiso con la innovación».

En el acto también han participado el presidente de la Feria del Libro de Fráncfort, Juergen Boos; la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez; y la comisaria del proyecto Elvira Marco.

Iceta ha destacado la importancia de la Feria del Libro de Fráncfort, los estrechos lazos culturales entre España y Alemania, así como la gran oportunidad que supone para España ser el Invitado de Honor en 2022, cuando se cumplirán 31 años de la anterior participación.

El ministro ha valorado la pluralidad y diversidad de España en el terreno lingüístico y en el cultural: «Más de un 20% de los 74.000 libros publicados en nuestro país el año pasado fueron escritos en catalán, gallego o euskera, según datos del sector».

También ha señalado «el papel del español como puente entre Europa y América Latina» y ha hecho hincapié en que lo hablan cerca de 600 millones de personas en todo el planeta y que es la segunda del ranking mundial en cuanto al número de hablantes. En este sentido, ha destacado el «compromiso» del Ministerio de Cultura y Deporte «con el fomento de la traducción, para difundir la obra» de los autores y autoras por el mundo.

APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN

Por otro lado, Iceta se ha referido a la apuesta para la digitalización y la innovación «para lograr la sostenibilidad del libro». Se trata de uno de los pilares sobre los que se asienta el proyecto de España Invitado de Honor.

Por su parte, el presidente de la Feria, Juergen Boos, ha destacado «la tradición, vitalidad y creatividad» de la literatura y la cultura españolas y ha hecho hincapié en el valor de las diferentes lenguas, gracias al «importante esfuerzo en traducción», y de las expresiones creativas que España presentará en su programa como Invitado de Honor 2022.

En este sentido, la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, ha señalado la «extraordinaria oportunidad» que supondrá para la industria del libro española ser Invitado de Honor, «construyendo una red internacional para las editoriales y los agentes y promocionando a los autores y la literatura».

La comisaria del proyecto, Elvira Marco, también ha apuntado cómo ser Invitado de Honor permitirá «mostrar la diversidad cultural de España» y construir relaciones a largo plazo entre las instituciones españolas y las alemanas.

Marco ha puesto de relieve el esfuerzo empleado en la traducción de las obras españolas para dar a conocer «la forma en la que los autores españoles piensan y sueñan sobre el mundo». Según ha afirmado, la inversión destinada a traducciones ha aumentado en un 30% desde 2019, apoyando así la traducción de todas las lenguas oficiales en España.

El proyecto España Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022 está dirigido por el Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Libro y Fomento de la Lectura, junto a Acción Cultural Española (AC/E) y la Federación del Gremio de Editores de España.

CONVERSACIÓN ENTRE AUTORAS

Tras la rueda de prensa, la periodista de Radio Nacional de España, Laura Barrachina, y las autoras Elvira Lindo, Karmele Jaio, Najat El Hachmi y Rosa Montero han protagonizado una conversación en la que han puesto de manifiesto la importancia de esta cita para la literatura española.

Lindo, creadora de ‘Manolito Gafotas’ y galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1998, ha hecho hincapié en «las posibilidades de cruzar fronteras y estrechar lazos entre una comunidad internacional de lectores» que permite la Feria.

El Hachmi, ganadora de la última edición del Premio Nadal con su novela ‘El lunes nos querrán’, ha hablado de una oportunidad única para «descubrir al mundo un país con una literatura rica y abundante, diversa en sus expresiones y enraizada sólidas tradiciones, pero abierta al mundo contemporáneo».

Por su parte, Jaio, cuya novela ‘Aitaren etxea’ (‘La casa del padre’) ha recibido el premio Euskadi de Literatura, ha hecho hincapié en la necesidad de «visibilizar la literatura escrita por mujeres y la literatura vasca en el mundo».

La cita ha finalizado con un recital poético a cargo de Mario Obrero. El madrileño, ganador del XIV Premio de Poesía Joven Félix Grande en 2018, ha recitado su poema ‘His Ancestors’, que forma parte del poemario ‘Peachtree City’ (Visor, 2021) con el que obtuvo el XXXIII Premio Loewe de Poesía a la Creación Joven. Una visión personal y renovadora que escribió entre Getafe y Estados Unidos bajo la sombra de Federico García Lorca.

Este domingo, 24 de octubre, España tomará el testigo de Canadá como Invitado de Honor de la Feria de Francfort 2022. Jürgen Boos presidirá la entrega del ‘Guest scroll’ (pergamino del Invitado de Honor) por parte de la representante del Comité Organizador canadiense, Caroline Fortin, a la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez.

Tras el acto, el escritor Manuel Vilas protagonizará un encuentro con el autor canadiense Dany Laferrière. Por su parte, el quinteto Spanish Brass, Premio Nacional de Música 2020, cerrará el evento interpretando piezas de Isaac Albéniz y Joan Manuel Serrat, entre otros.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha clausurado este jueves la Cumbre Internacional de la Profesión Docente 2021 (ISTP, por sus siglas en inglés), que el año que viene tendrá a España como país anfitrión, tal y como estaba previsto en 2020.

En una intervención virtual, Alegría ha anunciado que la próxima Cumbre tendrá lugar en Valencia del 11 al 13 de mayo de 2022 bajo el lema ‘Avanzando después de la pandemia: gobiernos y sindicatos docentes trabajando juntos para no dejar a nadie atrás’.

La cita llega así a España después de que fuera suspendida a causa de la pandemia la reunión de 2020, que iba a celebrarse también en la capital del Turia.

De este modo, España organizará esta conferencia internacional junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el sindicato Internacional de la Educación (IE).

En la Cumbre, que finaliza este jueves, se han dado cita, como cada año, ministros de Educación, líderes de sindicatos docentes, expertos en educación y profesionales docentes para compartir prácticas que fortalezcan la profesión docente, identificar desafíos comunes y debatir cómo mejorar los sistemas educativos.

Coorganizada por Estados Unidos, ha girado en torno a la excelencia y la equidad en la educación para todos y ha contado con la participación del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), Julio Albalad; y los representantes sindicales Paco García (CCOO) y Maribel Loranca (UGT).

Según ha señalado la ministra, la Cumbre de 2022 «brindará una oportunidad incomparable para que los ministros de educación y los líderes sindicales exploren, en profundidad, cómo la profesión docente puede mejorar las oportunidades educativas para todos los niños y jóvenes durante el periodo de recuperación postpandemia».

«Tenemos la intención de discutir cómo podemos aprovechar el potencial de las tecnologías digitales en la educación; cómo los maestros, las comunidades escolares y los responsables políticos pueden trabajar juntos para diseñar e implementar políticas educativas para restaurar y mejorar la educación después de la pandemia; y el papel de los profesores y de toda la comunidad educativa para garantizar un futuro sostenible», ha explicado la ministra.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) de Vox, que ha contado con el apoyo del PP, para reforzar la vigilancia policial ante la «invasión por la inmigración ilegal que sufre el Reino de España».

En la defensa de la PNL, votada en sus propios términos, el diputado de Vox Víctor Sánchez del Real ha denunciado los riesgos que supone para la seguridad nacional la «avalancha» de inmigración, lo que provoca una «ardua y sofocante tarea» de control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sánchez del Real ha hablado de la situación de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, donde los policías trabajan con peores medios que los marroquíes, en su caso «pagados con recursos españoles». Además, ha alertado del «riesgo del terrorismo yihadista» que se infiltra en estas redes, citando el atropello mortal ocurrido en Torre Pacheco (Murcia) que investiga la Audiencia Nacional como posible atentado yihadista.

Sin mencionar esto último, el PP ha respaldado la PNL de Vox como una defensa de los ‘populares’ de una «migración legal y ordenada», así como en respaldo a la labor que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ciudadanos, por su parte, se ha abstenido entre reproches al partido de Santiago Abascal.

El diputado ‘naranja’ Miguel Gutiérrez ha defendido la necesidad de mejorar las condiciones de los policías, pero ha afeado a Vox su discurso «antieuropeísta». «Intentan adueñarse de las reclamaciones justas de policías y guardias civiles, ya no cuelan», les ha dicho.

PSOE DENUNCIA LA «PROPAGANDA FASCISTA»

Tanto PSOE como Unidas Podemos han subrayado esta cuestión para acusar a Vox de «electoralismo» y al PP de hacer «seguidismo a la ultraderecha». El diputado socialista Luc André Diouf Dioh ha señalado a Vox por llevar al Congreso «propaganda fascista» para confundir en patriotismo la «hostilidad hacia personas vulnerables y desatar la ira hacia migrantes y el Gobierno».

El diputado de Vox Sánchez del Real ha pedido el amparo de la presidencia, pero el exministro José Luis Ábalos, que se estrenaba en la dirección de la Comisión de Interior, ha rechazado abrir un debate al margen del tasado en los turnos para defender proposiciones y fijar posición de los grupos.

El PP, por su parte, no ha contado con los apoyos suficientes para sacar adelante dos PNL, una sobre la ‘pasarela’ para que los policías autonómicos puedan ejercer en las plantillas de la Policía Nacional y otra sobre las agresiones que sufren los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en ambos casos enfocado principalmente por la situación en Cataluña.

El ‘popular’ Carlos Rojas ha lamentado que el PSOE «no es ya un partido de Estado» porque está dispuesto a «cualquier cosa por estar en el Gobierno», aludiendo a los pactos con EH Bildu y a la contratación de cargos de Unidas Podemos condenados por agredir a policías.

PP: AUMENTAN LAS AGRESIONES A POLICÍAS

Rojas ha sostenido que la violencia hacia los policías «se repite cada fin de semana y cada día» sin que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenga una estrategia para frenarla ni nadie del Gobierno salga en defensa de los agentes frente a unos actos promovidos por «movimientos de extrema izquierda, independentistas y antisistema».

El diputado de Unidas Podemos Juan Antonio Delgado ha recordado su condición de guardia civil en excedencia para contrastar la estrategia del Gobierno con la del PP durante el referéndum del 1-O, mencionando las denuncias por las condiciones sociolaborales de los policías alojados en el barco de Piolín. También ha recordado que medidas como la ‘pasarela’ fueron anunciadas por los exministros del Interior Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido.

En otra PNL, el PP ha sostenido que con el Gobierno de Pedro Sánchez han aumentado las agresiones a los agentes de los cuerpos policiales, con una media de 30 casos al día. La proposición ha contado con el apoyo de Vox –que ha añadido a los funcionarios de prisiones en una enmienda–, Cs y UPN, aunque ha sido rechazada al sumar el PSOE sus votos a los de Unidas Podemos y el resto de socios.

El portavoz de Interior del PSOE, David Serrada, ha subrayado que el Gobierno combate «cualquier tipo violencia» y ha criticado la falta de concreción en la petición de un «refuerzo» de la condición de autoridad de los policías para frenar las agresiones.

«Presenten una proposición de ley, hagan un trabajo serio y no sean la muletilla mala de Vox», le ha dicho el diputado socialista al PP, reprochándoles que lo que hacen es «poner en duda la labor de jueces y fiscales que investigan este tipo de delitos».

La Comisión de Interior ha aprobado otras PNL presentadas por el PSOE que buscan impulsar la cooperación policial internacional y las actuaciones de la Guardia Civil en el medio rural tanto en delitos de odio como en la violencia sobre la mujer.