La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas se siente «excluida», de manera premeditada por la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien aún no ha respondido a su petición de encuentro urgente solicitado el pasado mes de julio. Por este motivo, y por su falta de firmeza contra la privatización en el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS, solicita públicamente su dimisión.

Consideran que el anteproyecto que pretende impulsar el Gobierno es la «espita para la privatización». «La privatización ha sido el mayor cáncer que ha tenido nuestro sistema sanitario público; no es posible afirmar que se defiende la gestión directa mientras se intenta mantener la versión público-privada, evidente descapitalización del Servicio Sanitaria Público patrimonio de la ciudadanía», advierten.

Asimismo, piden que se de información sobre dónde y cómo se han utilizado los 1.080 millones de euros para Atención Primaria, y, una vez más, exigen la necesidad de tutela por su parte y la reversión del desmantelamiento que, a su juicio, «avanza sin freno cuando hay que potenciar la provisión pública de ésta como estructura nuclear básica del Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de la gestión directa».

Por tanto, muestran su «firme oposición al intento de imponer un ‘nuevo modelo’ en el que se pierden las bondades de un sistema realmente «primarista» tal como hemos presentado y defendido desde hace años». Y, advierte de que promoverá concentraciones en todo el territorio del Estado para denunciar la «actual deriva mercantil» y reivindicar el carácter público de la sanidad. Concretamente, centralizará esas movilizaciones en Madrid en los primeros meses del 2022.

Asimismo, lamenta que la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas no haya sido «oída y atendida», tras múltiples solicitudes de audiencia a la ministra. Mas cuando lo que han tratado es darle a conocer su visión desde la «rica y amplia experiencia transversal» que vienen generando desde hace muchos años.

«Mucho tememos que responda a una actitud de exclusión premeditada, que no justificable sobre todo cuando se prodiga con representaciones mercantiles y corporativas que parecen tener más prioridad ante ella que la presencia de esta plataforma ciudadana perfectamente organizada», señalan.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha ratificado este miércoles la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para el septuagenario detenido por acuchillar a su hija durante una discusión en Vigo.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han detallado que la medida fue acordada este martes por el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, que se encontraba en funciones de guardia.

De este modo, este juzgado se inhibió al Juzgado de Instrucción número 4, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos. Finalmente, este último ha ratificado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para el varón, A.L.V., de 73 años de edad, al que se investiga por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este lunes, cuando varios testigos alertaron de la presencia de una mujer desorientada en la Avenida de Beiramar.

Una dotación se desplazó al lugar y se encontró a una mujer vestida con bata y pijama, desorientada y confusa, y sangrando abundantemente por una herida en el costado izquierdo. Aunque inicialmente la mujer era incapaz de hablar, finalmente logró explicar a los policías que había sido atacada en su domicilio.

Tras solicitar la presencia de una ambulancia, que trasladó a la herida a un centro hospitalario, varios agentes fueron a su vivienda, en la misma Avenida de Beiramar, y se encontraron con el padre de la mujer. Éste explicó a los funcionarios que había tenido una discusión con su hija y que la había atacado con un cuchillo.

Según su relato, él se encontraba descansando en su cama, cuando su hija se presentó en la habitación y lo abordó para pedirle dinero, ya que es consumidora de sustancias estupefacientes. Así se inició la discusión, en la que el hombre acabó agrediendo a su hija. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 envió una ambulancia de soporte vital avanzado al lugar que trasladó a la mujer herida al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Los agentes localizaron en la cocina del domicilio la supuesta arma del crimen, un cuchillo jamonero de 40 centímetros de hoja. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles en el Congreso que todas los «políticas innovadoras» que ha puesto en marcha el Ejecutivo, entre las que ha nombrado el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el bono cultural joven o las ayudas a la emancipación, están destinadas «a reducir la brecha generacional» en España.

El jefe del Ejecutivo ha respondido así a una pregunta del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja, en la que cuestionaba a Sánchez sobre la situación de los jóvenes del país.

El líder socialista ha reconocido como uno de los principales desafíos de la sociedad la desigualdad intergeneracional –junto con la territorial y la de género– y ha señalado que el Estado del Bienestar en el país protege más a las generaciones mayores que a las más jóvenes.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

En este sentido, ha señalado los 2,3 millones de menores en situación de pobreza que hay en España y ha puesto en valor el IMV como medida para frenar esta situación. De las 800.000 personas beneficiadas por esta prestación, ha indicado, 350.000 son niños.

También ha destacado que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 se hayan incluido ayudas a la emancipación o el bono cultural que, ha señalado, «empodera» a los jóvenes y «reconoce su situación económica y social».

Para Sánchez, es reconocible que hay un problema estructural en este sentido que «exige políticas de Estado», pero ha llamado al diputado de ERC a no obviar que el Gobierno esté comprometido con el tema.

ERC RECLAMA REDISTRIBUCIÓN

Sin embargo, Rufián ha destacado algunos datos, como que, de media, los jóvenes españoles cobran 830 euros; que el 55% de ellos viven con sus padres, que la brecha de género en la juventud es del 24%, que el 40% de los jóvenes ha tenido problemas de salud mental y que, en estas edades, se ha triplicado el consumo de psicofármacos.

El portavoz independentista también ha denunciado que el acceso a la vivienda supone el 60% del salario de los jóvenes y que, mientras, el jefe del Ejecutivo «les habla» de cheques y bonos.

A su juicio, «la solución es redistribuir» y ha señalado que «el mejor ansiolítico para todo el mundo son condiciones de vida digna». «Y si las izquierdas no somos capaces de hacerlo estamos regalándole una generación a la desafección o a la ultraderecha», ha señalado.

Sánchez ha respondido a estas cuestiones que compare diagnóstico aunque discrepa en que los valores de la juventud española, basados en la «tolerancia», la «diversidad» y la «integración», tengan que ver con las «opciones políticas» que ha señalado Rufián.

El Tribunal Supremo ha rebajado a dos años y medio de prisión la condena al excura de varias parroquias de Ribadeo y Trabada, en la provincia de Lugo, por apropiarse de varios bienes de las iglesias. El alto tribunal estima parcialmente el recurso de casación y considera atenuante la reparación del daño.

Según han informado fuentes del TS, la Sala de lo Penal condena a dos años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, con la agravación de recaer sobre bienes que integran el patrimonio artístico, histórico o cultural, al excura que, entre 2008 y 2012, se llevó decenas de bienes de diversas parroquias situadas en los términos municipales de Ribadeo y Trabada.

El tribunal estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, que le impuso tres años y medio de prisión por el delito continuado de apropiación indebida en junio de 2019.

También condenó a un año y tres meses de prisión como autor de un delito de receptación a otra persona, a quien el cura entregó algunos de los bienes de los que se apropió.

La Sala aprecia la atenuante de reparación del daño, como consecuencia de la restitución de un número significativo de los objetos apropiados cuando ya no era párroco, lo que supone una rebaja de la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Lugo, que solo tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

ENTRE 2008 Y 2012

Los hechos probados recogen que desde 2008 y hasta 2012, fecha de su cese como párroco, se apoderó e incorporó a su patrimonio, disponiendo de ellos como si fueran propios, «decenas de objetos religiosos y de culto, imágenes religiosas, así como muebles y otros objetos pertenecientes a esas parroquias, a los que el acusado, en su condición de párroco, tenía acceso y era el encargado de su custodia».

El párroco entregó dichos bienes al otro condenado por estos hechos, que permutó algunos de ellos –una campana, una imagen y dos sagrarios– por otros objetos artísticos en un establecimiento de A Pontenova.

El Obispado de Mondoñedo recuperó solo algunos de los bienes apropiados, que están sometidos a un régimen especial y protegidos por la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia. Algunos estaban recogidos en el inventario artístico de Lugo y su provincia y otros figuraban en la lista de bienes de la Iglesia católica y del Ministerio de Cultura.

En su sentencia, la sala explica que el ánimo de lucro y el dolo natural propio del ilícito de la apropiación indebida «parecen pues explícitamente narrados en el relato declarado probado».

El World Press Photo vuelve al Centre de Cultura Contemporania de Barcelona (CCCB) del 11 de noviembre al 12 de diciembre con las imágenes finalistas y ganadoras de una edición «teñida de Covid-19» y que aporta una visión más intimista y local por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia.

Así lo ha defendido este miércoles la directora del Photographic Social Vision, Silvia Omedes, en rueda de prensa en Barcelona junto a la comisaria jefa del World Press Photo, Sanne Schim van der Loeff; la directora del CCCB, Judit Carrera, y el fotoperiodista ganador del primer premio en la categoría de ‘Temas Contemporáneos’, Pablo Tosco.

Para Omedes, esta edición explora realidades más próximas a los fotoperiodistas, que dan visibilidad «a historias de resistencia, resiliencia y adaptación» ante la pademia pero sin olvidar los grandes retos y desafíos actuales como la escasez de los recursos naturales o las consecuencias del cambio climático.

También ha advertido de que la pandemia ha tenido un impacto «transversal, que ha afectado a todas las personas pero sobretodo a los fotógrafos, que han visto caer en picado» los encargos y los viajes, y ha reivindicado la tarea que desarrollan como herramienta de democracia ante el auge que ve de la información no contrastada.

UNA NUEVA ESTRATEGIA CON SEIS REGIONES

Por su parte, Sanne Schim van der Loeff ha anunciado que este jueves la Fundación anunciará una nueva estrategia del certamen que reformula las bases para potenciar el enfoque y la perspectiva regional y evitar así «la predominante visión occidental» del jurado.

Así, en la próxima edición se podrán presentar proyectos en seis regiones del mundo que tendrán un jurado específico que los valorará teniendo en cuenta el contexto de cada zona, y habrá cuatro categorías basadas el formato: individual, historias, fotografías y proyectos a largo plazo y proyectos en abierto.

Van der Loeff ha remarcado que, según datos de Periodistas sin Fronteras, el periodismo está total o parcialmente bloqueado en 73% de los países analizados, por lo que ha celebrado que este certamen permita mostrar las actuales «crisis, visibles e invisibles», y el impacto de la pandemia a nivel global.

A esta edición del concurso se presentaron 74.470 imágenes de 4.315 fotógrafos provenientes de 130 países, un aumento respecto a 2020, y se ha reconocido a 45 fotoperiodistas, un 24% de los cuales son mujeres, el doble que la media de pasadas ediciones.

ABORDAR RETOS Y DEBATES CONTEMPORÁNEOS

Judit Carrera ha defendido que la muestra ponga en valor la tarea de los fotoperiodistas, que trabajan «en situaciones de gran precariedad y, a menudo, jugándose la vida para dar visibilidad a realidades escondidas por la saturación informativa o silenciadas, directamente, por todo tipo de poderes».

Para Carrera, la muestra es «un compromiso con el periodismo y el vínculo con los hechos reales en tiempos de ‘fake news'» que permite abordar debates contemporáneos como la emergencia climática, los conflictos bélicos, las cuestiones de género y las protestas ciudadanas.

«MÚLTIPLES OPRESIONES» DE LAS MUJERES EN YEMEN

El fotoperiodista argentino Pablo Tosco ha explicado que su fotografía premiada, ‘Yemen: Hunger, Another War Wound’ (‘Yemen: El hambre, otra herida de guerra’) muestra la crisis humanitaria de Yemen, que lleva años sumergida en un conflicto armado entre rebeldes musulmanes hutíes y la coalición árabe suní, que provoca «un vacío informativo enorme por intereses del poder» cuya víctima principal son las mujeres.

En la imagen se observa a una mujer con un burka, Fátima, madre de nueve hijos, preparando una red de pesca en una barca en la había de Khor Omeira (Yemen) junto a uno de ellos; pese a que su pueblo fue devastado por la guerra, Fátima decidió volver y comprar una barca con el dinero que había ganado vendiendo pescado.

Para Tosco, la imagen muestra las «múltiples opresiones a las que están sometidas las mujeres en general y en Yemen en particular» y la falta de acceso que tienen a espacios de representación.

Su imagen también quiere reivindicar la capacidad de resiliencia de esas mujeres y cuestionar el «rol principal de los hombres», ya que son ellas las que garantizan que sus familias tengan comida, agua potable y una vivienda digna.

VISITAS GUIADAS, PRESENCIALES Y VIRTUALES

Para esta edición, el CCCB ha ampliado el programa de visitas guiadas presenciales, con reserva previa y aforo limitado tanto para público general como a centros educativos y empresas, y virtuales, con un recorrido de 40 minutos disponible en catalán y castellano.

Además, Photographic Social Vision ofrece de forma gratuita más contenidos exclusivos en formato online, como entrevistas con algunos de los fotoperiodistas ganadores de esta edición.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado de «interesante» y «equilibrado» el borrador que ha presentado este miércoles la Presidencia del Reino Unido del Acuerdo final de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP26) que se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow.

En declaraciones a los medios en Glasgow, Ribera ha calificado este primer borrador de «interesante, equilibrado» y celebra que «por primera vez» incluya una serie de referencias que son «aspectos clave» de la acción en materia de clima para la banca de desarrollo en el sector privado.

Además, destaca que el borrador recoge un «reconocimiento expreso» al papel de los jóvenes» así como una llamada «explícita» no solo a incrementar la ambición, sino a consolidar el objetivo de 1.5ºC como crecimiento máximo de la temperatura a final de siglo respecto a la era preindustrial.

No obstante, ha admitido que a este borrador que está sobre la mesa hay que sumarle la «reacción de los distintos grupos» y confía en que es «posible» que sobre esta base «que es una buena base, haya margen de mejora».

La vicepresidenta, que este lunes ha sido elegida por la Presidencia británica de la COP facilitadora en las cuestiones de adaptación, junto a su homóloga de la República de Maldivas, Shauna Aminath, valora que en esta Cumbre del Clima hay una «impresión generalizada» sobre la «necesidad» de que la COP26 sirva para avanzar, consolidar más ambición, dar mayor visibilidad política, financiera y técnica a las necesidades de adaptación de los países en desarrollo.

«Va a ser muy importante como reaccionen los distintos grupos en el plenario y como, en ese sentido, en esa primera intención de consolidar la ambición, pueda sentir el respaldo la Presidencia británica para, en su caso, introducir modificaciones a más y nunca menos», ha concluido.

Este miércoles la Presidencia Británica ha publicado el primer borrador del acuerdo al que se deberá llegar entre más de 190 países en Glasgow antes de este viernes, 12 de noviembre, cuando está prevista la clausura de la Cumbre.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, confía en que todo el grupo parlamentario de Unidas Podemos votará a favor de la renovación del Tribunal Constitucional y que es el PP, y no el espacio confederal, el que debe «dar la cara» y explicar por qué presenta un candidato como el jurista Enrique Arnaldo, que está «muy lejos» de la imparcialidad que debe regir entre los miembros de este órgano.

También ha apuntado, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que es «normal» y «razonables» que existan «quejas» por parte de algunos diputados de su grupo al tener que ratificar esta propuesta de «esta naturaleza», pues evidencia que el PP no ha estado a la altura de las circunstancias, pero no le constan que haya parlamentarios que se desmarquen de la línea fijada.

Y es que por responsabilidad, según ha ahondado, deben votar a favor para corregir el «sesgo reaccionario» que, a su juicio, marca la composición actual del alto tribunal, dado que la alternativa a ello es la no renovación y el boqueo del TC.

Así lo ha manifestado el también coordinador federal de IU respecto a las crítica de varios socios parlamentarios del Ejecutivo, como ERC o Más País, por su posición de apoyar la ratificación mañana en la Cámara Baja a la terna de nuevos candidatos al TC, entre los que figura Arnaldo.

También las diputadas de Unidas Podemos, Gloria Elizo y Meri Pita, han publicado un articulo de opinión conjunto en ‘El Periódico de España’ en el que incluir a Concepción Espejel y Enrique Arnaldo en el TC es incluir una «estrategia partidista de combate político» que no aceptan. Además, tildan de «inasumible» el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática, aunque no especifican en esa columna el sentido de su voto en la sesión plenaria en el Congreso de este jueves.

ES RAZONABLE LAS QUEJAS

Sobre el caso concreto de estas dos diputadas y si teme que se rompa la disciplina de voto mañana, el titular de Consumo ha señalado que nadie en las reuniones y debates dentro de Unidas Podemos ha manifestado que no vaya a apoyar la terna de candidatos. Eso sí, ha dicho que «no es censurable» que publiquen su opinión ante las propuestas del PP.

«Toda la gente de Unidas Podemos somos consciente de que no es nuestro candidato», ha insistido para indicar que en Unidas Podemos impera la creencia de que es la «mejor opción disponible» ante el «bloqueo» que ha ejercido la derecha y que dura ya «mucho tiempo». En consecuencia, En consecuencia, ha explicado que no le consta que ningún parlamentario de su grupo vaya a votar en contra, aunque ha especificado que el sufragio mañana es secreto.

ASENS: MEJOR UN ACUERDO QUE EL BLOQUEO

De esta forma, Garzón ha alegado que es el PP el que debe dar explicaciones de la trayectoria de Arnaldo y ha reivindicado que el espacio confederal está «muy orgulloso» de los candidatos que propone el Gobierno de coalición.

Mientras, el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, ha reiterado que votarán con la nariz tapada por «responsabilidad», dado que es «mejor un acuerdo» para renovar que no tenerlo. Sobre si cabe la posibilidad de que no se respete la disciplina de voto mañana en el espacio confederal, Asens ha respondido: «no lo sé».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este miércoles de la «transparencia» de sus acuerdos con la Unión Europea porque es público el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia y ha afeado al PP que intente «buscar tres patas al gato». Sin embargo, el jefe de la oposición, Pablo Casado, le ha emplazado a aclarar en sede parlamentaria qué es lo que ha pactado con Europa y si incluye subidas de impuestos, al tiempo que ha señalado que allí «nadie le cree ni le toma en serio».

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que ha sido una continuación del debate sobre la Cumbre UE-Balcanes Occidentales y la última reunión del Consejo Europeo, Casado ha preguntado a Sánchez si es crecimiento «robusto» de España el 0,5% cuando otros países «han crecido el cinco o el seis por ciento». «¿Para usted es esto recuperación?», ha preguntado.

Además, ha interpelado a Sánchez si no considera una «situación ruinosa deber 400.000 millones al Banco Central Europeo» y si pedirá un «rescate» en caso de que suban los tipos de interés. También ha destacado el hecho de que existan en España «cuatro millones de parados», «un 5,5 por ciento de inflación» y que la gente tenga que «pagar un 30%» más de luz.

Tras pedir al presidente del Gobierno aclarar si va a poner peajes a las a las autopistas y cuánto costarán, ha reclamado a Sánchez que explique en el Congreso «qué compromisos ha asumido con la UE a cambio de los fondos europeos».

«Detalle aquí las reformas porque ya estamos hartos de interpretar a la señora Calviño, a la señora Díaz y de interpretarle a usted en Bruselas y aquí», ha enfatizado, en alusión a la polémica de estas dos últimas semanas sobre la reforma laboral. A su entender, Sánchez debería decirlo en el Parlamento pero «si no se enterarán como siempre por Bruselas, donde ya nadie le cree ni le toma en serio».

SÁNCHEZ A CASADO: «NO SE CIÑE A LA VERDAD»

En su turno, Sánchez ha respondido a Casado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia es «público» y que «todos sus componentes han sido publicados». «Transparencia absoluta por parte del Gobierno de España en esta cuestión», ha afirmado, para añadir que a las 16.00 horas se conocerá el acuerdo operacional sellado con la Comisión Europea.

En este sentido, ha explicado que «lo que se está pactando con la Comisión Europa es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los hitos están calendarizados». «No sé por qué usted intenta buscar tres patas al gato cuando no es tal la cuestión», ha enfatizado, para pedir al PP que no ponga en duda los fondos europeos porque se van a gestionar «de forma ejemplar» y van a servir para «modernizar» la economía española.

Sánchez también ha continuado con el debate previo celebrado en el Congreso y ha pedido de nuevo a Casado que conteste si España está en «recuperación o en bancarrota». Además, ha rechazado los datos de crecimiento esgrimidos por Casado porque en el último trimestre la economía española «ha crecido un 2%». «Es imposible poder debatir con usted porque no se ciñe a la verdad», ha espetado al líder del PP.

CASADO: «NO LE CREEN NI SUS MINISTROS»

En su réplica, Casado ha insistido en que Sánchez ha «mentido a todo el mundo» y que «ya no le creen ni sus ministros». Dicho esto, ha preguntado al presidente del Gobierno si Europa también va bajar las previsiones económicas de España como han hecho otros órganos internacionales. «Diga la verdad al Parlamento por lo menos alguna vez», ha manifestado.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha afirmado que debatir con Casado es «como hablar con una pared» y ha criticado que el PP hable de un 0,5% de crecimiento de España cuando «el último dato del INE es del 2% en el último trimestre publicado».

Además, Sánchez ha destacado que los organismos internacionales sitúan a España este año y el próximo como «una de las principales economías que está creciendo». «Algo vamos avanzando. Usted ya reconoce que no estamos en quiebra y que nos recuperamos», ha manifestado, para añadir que ya hay «20 millones de personas empleadas» y «no tenían este dato desde antes de la crisis de 2008».

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo en contra de la orden ministerial que incluye al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para el conjunto de España y piden la suspensión cautelar de esta decisión del Gobierno que supone prohibir su caza en toda España al considerar que es «contraria a derecho» y que «perjudica gravemente a los ganaderos».

Las organizaciones se suman así con un recurso similar a la petición de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias Cantabria y Castilla y León, presentado recientemente ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del 20 de septiembre que establece la prohibición de cazar lobos en todo el territorio nacional.

En un comunicado, explican que con su recurso tratan de evitar que se agrave «aún más» la situación de los ganaderos que el propio Ministerio reconoce en su última Memoria, aun estando en vigor el anterior régimen de protección, «desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas».

En su recurso reflejan que antes de dicha orden ministerial, los ganaderos al norte del río Duero –donde sí estaba autorizada su caza cinegética– perdían una media de 9.812 animales al año, mientras que ahora, la inclusión del lobo en el LESPRE «lógicamente supondrá un incremento exponencial de estas pérdidas por no hablar de otros daños en el ámbito rural».

Así, detallan de manera pormenorizada los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas sufridos por los ganaderos en los últimos años y denuncian que las indemnizaciones son «siempre parciales e insuficientes» para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha.

De ese modo, detalla que en el Principado de Asturias, en el periodo 2017-2020, el número de animales dañados asciende a 12.966, con un importe de resarcimientos de 835.000 euros en 2019 y otro tanto en 2020. En Cantabria, por su parte, la Consejería de Agricultura contabilizó unamedia de dos ataques diarios de lobo en 2020.

En cuanto a Galicia, reflejan en su escrito que las reses atacadas que fueron declaradas ascienden a unas 2.300 al año, aunque el número real de bajas probablemente se acerque a las 4.000. Así, calculan que los daños en la región superan los 2 millones de euros/año de media, computando no solo las reses muertas sino también los abortos por estrés, los descensos en la producción de leche, los costes veterinarios, lucro cesante, etc.

Las organizaciones afirman que, de esos dos millones, la Xunta afrontó en 2020 indemnizaciones por valor de 650.00 euros, un 32% de la pérdidas reales, siendo el resto soportado por los ganaderos. Y desde septiembre de 2021, tras la inclusión del lobo en el LESPRE, esta comunidad autónoma anuncia la supresión de la ayudas por daños del lobo alegando que ahora es responsabilidad del MITECO.

Respecto a Castilla y León, entre enero a septiembre de 2020 se han declarado 1.835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas. Las provincias más afectadas por estos ataques se encuentran al sur del Duero, donde precisamente el lobo está incluido en el LESPRE desde el año 2019, por lo que advierten de que con la aprobación de la orden de Transición Ecológica la situación se extrapole al resto de provincias y el problema se agrave «aún más». En definitiva, ASAJA, COAG y UPA argumentan ante la Audiencia que el lobo «no está en situación vulnerable al norte del Duero» y que la desprotección en la que quedan vacas, ovejas y equinos y la presión que ejerce el lobo sobre la ganadería extensiva causan un grave impacto económico y social tanto a los ganaderos como al conjunto del medio rural, por no hablar de las consecuencias medioambientales que la desaparición de la ganadería extensiva tendría sobre el entorno natural.

A su juicio, la orden dictada por Teresa Ribera «además de desproporcionada e innecesaria, supone una clara agresión para un sector productivo que en estos momentos atraviesa graves dificultades para salir adelante».

Asimismo, alegan que es incomprensible que la orden haya entrado en vigor sin estar precedida de la correspondiente actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo, al tiempo que consideran que su aprobación deja «en papel mojado» los planes de gestión de la especie de cuatro comunidades autónomas, algo que en su opinión, aboca al sector agrario «a un limbo jurídico». Finalmente, creen que de suspenderse cautelarmente la orden ministerial, Ribera emprendería el «cauce del diálogo y la búsqueda de consenso» con todas las partes afectadas, lograr garantizar un equilibrio entre la conservación del lobo y la actividad ganadera.

El PP pedirá en el Congreso la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el incidente provocado por ciudadanos marroquíes en el aeropuerto de Palma, que el pasado viernes obligó a cerrar el tráfico durante varias horas.

Un avión que cubría una ruta entre Marruecos y Turquía aterrizó en Palma por una supuesta emergencia médica y varios jóvenes marroquíes aprovecharon la evacuación para huir por las pistas. La Policía Nacional investiga a la huida del avión se orquestó a través de un grupo de Facebook como un nuevo método para entrar irregularmente en España.

La presidenta del PP balear y diputada en el Congreso, Marga Prohens, ha sostenido que «lo que pasó el viernes es intolerable» y que «demuestra el fracaso de la política exterior y la diplomacia de Pedro Sánchez» respecto a la persecución de las mafias y el control de la migración irregular.

Además, Prohens ha criticado que se vayan conociendo nuevas informaciones a través de los medios de comunicación, exigiendo a la administración que sea quien informe sobre este «error de seguridad gravísimo.

Igualmente, Prohens ha considerado que acusar al PP de intentar sacar rédito político por tratar este tema es un intento para silenciar a la oposición. Dirigiéndose expresamente a la presidenta del Govern, Francina Armengol, Prohens ha dicho que «parece que puede decidir de qué habla y qué no la oposición» y le ha recordado «que en democracia la tarea de la oposición es controlar al Govern y la del Govern decir la verdad y dar explicaciones a los ciudadanos».

Además de la comparecencia de Marlaska en el Congreso, el PP pedirá en el Parlament balear la comparecencia de la delegada del Gobierno, Aina Calvo, por el mismo motivo. Con todo, la delegada nunca ha atendido las peticiones de comparecencia en el Parlament por una cuestión competencial –porque como cargo estatal no está obligatoriamente sujeta al control de un parlamento autonómico–.

Por ello, la presidenta del PP ha apelado a la «voluntad» de Calvo para acudir al Parlament, y ha esperado que «esta vez comparezca». Prohens ha indicado que, al margen de esta iniciativa parlamentaria, también ha solicitado una reunión con Calvo.

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado la condena de un vecino de Gijón acusado de almacenar y compartir pornografía infantil. El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado (1985), entre los días 16 y 26 de febrero de 2019, descargó a un archivo de su ordenador al menos 83 vídeos e imágenes de pornografía infantil, con explicito carácter sexual.

Las imágenes, una vez descargadas, formaban parten de un archivo compartido y cualquier usuario del mismo podía acceder a ellas y descargarlas.

Mediante auto de fecha 20 de enero de 2020, dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, se decretó la entrada y registro en el domicilio del acusado, en Gijón, donde se encontraron 83 vídeos, los cuales contenían imágenes reales de menores de edad desnudos o realizando acto de contenido sexual con personas adultas, que el acusado tenía en su poder no solo para su propio uso, sino también para compartirlos con otros usuarios.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de corrupción de menores, consistente en distribuir y facilitar la difusión de pornografía infantil, tipificado en el artículo 189.1.B) del Código Penal.

Por eso, solicita que se condene al acusado a 3 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Abono de costas procesales. Asimismo, con arreglo al artículo 192 del Código Penal, se solicita la medida de libertad. vigilada consistente en la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecer o facilitar la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza. y la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales y de educación sexual u otros similares durante 5 años, que se cumplirá tras la prisión.

La vista oral está señalada mañana, 11 de noviembre de 2021, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, a las 10.10 horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles en el Congreso duramente contra el líder del PP, Pablo Casado, y le ha acusado de «desinformación y demagogia» al hablar de que España está en «quiebra» o al cuestionar las cifras de fallecidos por el Covid. Es más, ha llegado a decir que le da «vergüenza ajena» su actitud y, en concreto, cuando los dirigentes conservadores europeos le hacen llegar lo que comenta con ellos el presidente de los ‘populares’ en foros europeos.

«No hable mal de España porque deja mal a España y queda mal usted. Cuando tengo que escuchar algunas de las cosas que dicen sus colegas de usted, en fin», ha recriminado Sánchez durante su turno de réplica en el debate monográfico que se ha celebrado en el Congreso para informar de las últimas cumbres europeas.

Así lo ha asegurado, después de que Casado haya acusado a Sánchez de «vender» una recuperación «robusta y justa» cuando, a su entender, los indicadores económicos evidencian que «no hay recuperación en V» y España va «muy mal».

«Hace daño fuera y socava la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático, dando la razón a aquellos que no quieren este sistema y dicen que no funciona. Da vergüenza ajena escucharle hablar de la evolución de la pandemia de nuestro país, ni reconocer ni un centímetro de mérito», ha denunciado el presidente en su respuesta a líder del PP.

En concreto, Sánchez ha recriminado a Casado que sostenga que él como presidente va a «repartir a dedo» los fondos europeos y obtener dádivas por ello, en relación a las acusaciones del líder del PP de que el Gobierno está ocultado el contrato y las condiciones pactadas con la Unión Europea para recibir esas ayudas.

Es más, el presidente ha anunciado que este mismo miércoles a las 16.00 horas se hará público el acuerdo operacional para materializar la llegada de los fondos europeos, y se demostrará que hay «absoluta transparencia» y «ninguna novedad», sino lo ya incluido en plan de recuperación que se remitió a Bruselas hace meses.

«¿ESPAÑA ESTÁ EN QUIEBRA O EN RECUPERACIÓN?»

El presidente ha comenzado su segunda intervención instando al líder de la oposición a «que aclare públicamente si España está en quiebra o en recuperación», ya que «la economía crece. Según ha destacado Sánchez, en el último año la afiliación ha aumentado en 854.100 nuevos empleos y en los últimos siete meses el registro de personas desempleadas ha caído en 750.987 personas, y la prima de riesgo es un 30% menor a la de 2018.

Por ello, ha afeado a Casado que sostenga que hay 4 millones de personas desempleadas pues, aun calificando como «absolutamente intolerable» los niveles de paro, en realidad son 3,2 millones, la tasa de paro ha caído casi dos puntos en el último año y hay 20 millones de personas ocupadas. «No teníamos ese dato desde antes de 2008, no jueguen con los datos ni la desinformación si quieren ser un partido serio», ha aseverado.

«Hay trabajo por hacer, sin duda alguna, pero vamos por la senda correcta», ha insistido el presidente del Gobierno, asegurando que «el éxito no es casual», y responde a «las políticas socialdemócratas» y no neoliberales empleadas en la anterior crisis.

En este sentido, Sánchez ha asegurado que es «muy difícil» tomar en serio a Casado, y le ha reprochado que debería «sentirse orgulloso de pertenecer a este país», por los datos económicos y también por el «éxito» de la vacunación.

«¿Por qué le molesta tanto que España salga bien parada, que consiga 140.000 millones, que salga adelante y cree empleo con intensidad? ¿Por qué les molestan tanto las buenas noticias, después de tantos meses de crecimiento?», le ha preguntado.

Además, Sánchez ha pedido a Casado que no «juegue» con la esperanza de los españoles ni tampoco «con los números de fallecidos por el covid». «Sea serio con la memoria de las personas que han perdido la vida por el Covid. Este es un país serio, con profesionales serios, pese a la desinformación y demagogia que vierten», ha reclamado.

INSULTOS E INTERRUPCIONES DURANTE EL DEBATE

Las críticas de Sánchez a Casado han generado gran revuelvo en la bancada ‘popular’ y, según ha señalado él mismo desde la tribuna, incluso algún insulto. «Esto es lo que pasa siempre: cuando no hay argumentos, se usa el insulto», ha denunciado, tras escucharse en el hemiciclo a un diputado gritando ‘mentiroso’.

También han vuelto a escucharse quejas desde la bancada de la derecha cuando en su respuesta al diputado de UPN, Carlos García Adanero, Sánchez ha pedido que dejen de «insultar» y de «hablar de cosas que ocurrieron hace muchos años», en relación a ETA.

En este punto, ha vuelto a dirigirse a Casado, como secretario general del PSOE, para exigirle que no use la memoria de las víctimas socialistas de la banda terrorista. «De la memoria de los asesinados por ETA del PSOE, si no les rinde el respeto que merecen, al menos déjennos a nosotros hacerlo», ha avisado.

«Si usted quiere utilizar la memoria de las víctimas, hágalo, pero no lo haga con la memoria de las víctimas del PSOE. No lo haga. No se lo permito», ha apostillado, tras tener que intervenir la presidenta del Congreso, Meitxell Batet, para pedir silencio a los diputados y, en concreto, al parlamentario del PP Pablo Hispán.

A VOX: «A ESPAÑA HAY QUE SALVARLA DE USTEDES»

El tono bronco se ha mantenido también durante la réplica de Sánchez al líder de Vox, Santiago Abascal, al que le ha reprochado su oposición a los «grandes consensos», y que además lo considere una «virtud». «No van a salvar España, a España hay que salvarla de ustedes», ha avisado el presidente.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha cuestionado las críticas de la portavoz de Junts, Miriam Noguera, contra el Gobierno y, en concreto, contra los Presupuestos, cuando las cuentas garantizan inversiones en Cataluña, como reclama su formación. «Es una paradoja», ha lamentado.

«Pero es que ustedes son así, y su planteamiento es decir que no a todo, y votar que no a todo. Y eso no es una política útil para los catalanes», ha avisado.

Al portavoz de Más País, Íñigo Errejón, Sánchez le ha pedido que no haga el «caldo gordo a discursos que no son verdad», en relación a las dudas que siembra, a su juicio, la derecha en torno a los fondos europeos. «El plan de recuperación y los compromisos con la Comisión Europa son públicos. Hay absoluta transparencia», ha garantizado.

Antes de finalizar el Pleno, Sánchez ha tomado la palabra por tercera vez, en su último turno, para volver a rechazar los «discursos catastrofistas que juegan con la esperanza de la gente» y para acusar la derecha y la extrema derecha de no estar «a la altura» del «gran país» que es España.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha mostrado su confianza en sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad de Andalucía para 2022 porque aún queda margen para lograr un «acuerdo histórico» y lograr tener con estas cuentas «las mejores herramientas para salir de la crisis y abordar el futuro de nuestra tierra».

«No vamos a renunciar a unos Presupuestos que son vitales para Andalucía cuando todavía quedan días para hacer posible que salgan adelante en el debate a la totalidad de forma que podamos aprobarlos definitivamente los próximos 22 y 23 de diciembre», ha sostenido Nieto, según una nota de este partido.

El portavoz parlamentario popular ha afeado especialmente al PSOE que busque el «titular» yendo «al bulto» pidiendo la contratación de los 8.000 profesionales sanitarios destinados a la quinta ola de la pandemia que ahora terminan su labor tras el cambio de escenario.

«No tiene nada que ver con los presupuestos, pero aun así, si el PSOE propone eso debería tener la responsabilidad de decir de dónde sacaría los 300 o 400 millones de euros necesarios para tener en plantilla a esos profesionales», ha señalado Nieto.

El portavoz popular ha pedido hacer un «trabajo responsable» a los grupos parlamentarios, que, según ha informado, no se han pronunciado sobre las partidas y «ni han dicho si 1.100 millones más para la sanidad les parece mucho o poco».

LA LISTA FACILITA LA ORDENACIÓN LEGAL

Sobre la futura Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), cuyo dictamen se aprobó este miércoles con el voto a favor de Vox y la abstención del PSOE, Nieto ha dicho que se trata de una de las leyes «más importantes de la legislatura», que facilitará la «ordenación legal» y el desarrollo de los municipios.

Sobre una enmienda referida a la construcción en suelo rústico, ha explicado que la ley va a evitar que se construya indiscriminadamente en este tipo de suelos, y que «evidentemente, ni ahora se puede, ni se podrá construir en suelo rústico protegido».

Nieto ha señalado que las construcciones sólo se permitirían en parcelas con un mínimo de 2.500 metros y que tendrán que abastecerse de agua; al tiempo que recordó el «fraude» que existe en la actualidad, desde hace décadas, donde se construye en estos suelos con una supuesta vinculación a una actividad agrícola que luego no se da.

«Hay que ser realista», ha asegurado el portavoz popular, quien pidió a la izquierda «responsabilidad» para dar luz verde a esta ley, en lugar de criticar con «brochazos».

Unidas Podemos propone, dentro de las enmiendas en solitario que ha presentado a la Ley de Seguridad Ciudadana, suprimir del apartado de sanciones graves la mera tenencia de plantas de marihuana en balcones o terrazas, dado que cabe la posibilidad de que sean inocuas y rebaja a infracción leve la tenencia de drogas para consumo personal en la vía pública.

Por otro lado, plantea que se considere infracción leve las injurias o insultos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en lugar de la redacción de 2015 que habla de «faltas de respeto y consideración», dado que aporta mayor seguridad jurídica.

Además, solicita que las grabaciones de videovigilancia que se realicen sobre intervenciones policiales en protestas sean registradas en los atestados y pasen a un sistema de custodia.

Así lo expone el grupo parlamentario en su paquete de enmiendas a la proposición de ley del PNV para derogar los principales aspectos de la denominada ‘Ley Mordaza’, que se suman a las ya acordadas de forma conjunta con el PSOE.

No obstante, el espacio confederal ha optado también por plantear más modificaciones a las ya consensuadas con su socio parlamentario, sobre todo para rebajar las multas que la norma del PP asociaba con el cannabis.

Cabe recordar que los morados presentaron una proposición de ley en el Congreso que establece la regulación del cannabis, ciñéndose al ámbito del consumo privado en domicilio o clubs sociales cannábicos.

TENER UNA PLANTA DE MARIHUANA VISIBLE NO DEBE SER SANCIONADO

De esta forma, Unidas Podemos plantea suprimir el apartado 18 del artículo 36, que sanciona «la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público».

Para el espacio confederal, «no parece razonable» la sanción de la «mera tenencia» en un domicilio privado de plantas o similares de algún tipo de sustancia, en especial de marihuana o sucedáneas, que es la razón por la que se impuso esta norma en el año 2015.

«A la ya difícil circunstancia de probar que dentro de un domicilio privado se encuentra una planta con capacidad psicoactiva, se suma la nueva realidad ligada al cannabis, en la que nuevos derivados como el CBD hacen de las plantas inocuas y sin carácter psicoactivo, además del cáñamo para uso industrial, por lo que la sanción por la exposición de terrazas o balcones de una planta de la que no es posible conocer con certeza si tiene o no capacidad psicoactiva aparece como desproporcionada y sin justificación», razona en sus enmiendas.

INFRACCIÓN LEVE LA TENENCIA DE DROGAS EN LUGAR O TRANSPORTE PÚBLICO

Por otro lado, desplaza al apartado de infracción leve la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares o establecimientos públicos, así como en transportes colectivos».

Bajo su criterio, no resulta «razonable» que se sancione la mera tenencia de otras sustancias que «socialmente son mayoritariamente admitidas, incluso para su uso terapéutico», en clara alusión al cannabis.

A su vez, el espacio confederal pide que las multas por infracciones por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes podrán suspenderse siempre que, a solicitud de los infractores, accedan a someterse a tratamiento de rehabilitación o actividades reeducativas. No obstante, la sanción se reactivará si abandonan estos tratamientos.

CUSTODIA DE LAS GRABACIONES DE ACTUACIONES POLICIALES

Por otro lado, demanda que las grabaciones con cámaras de videovigilancia, fijas o móviles, debe constar en cada atestado por actuación policial en la vía pública, con obligación de custodia dentro de los plazos que marca la legislación en materia de protección de datos, pudiendo ser recabadas por la autoridad judicial.

También plantea que se exima a los menores de edad de la expedición del DNI y demanda desarrollar una norma sobre el régimen jurídico del pasaporte que tenga en cuenta las diversas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.

La Fiscalía de Barcelona ha reclamado condenar al director de la Oficina de expresidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación al supuestamente usar dinero público para un viaje «personal y ajeno a sus funciones» en la Generalitat.

El escrito de acusación, también reclama una indemnización de 4.732 euros para la Conselleria de Presidencia de la Generalitat –de la que depende la Oficina de expresidente–, que es la cantidad que supuestamente costó el viaje.

Según la fiscal, Alay usó su tarjeta corporativa para comprar un billete de avión a Nueva Caledonia para asistir a un acto de promoción del referéndum de independencia de la región, lo que según la acusación pública era «una actividad personal y ajena a sus funciones».

El lunes, el juzgado que investiga la causa, Instrucción 28 de Barcelona, decidió enviar el caso a juicio y dio 10 días para que la defensa y la acusación presentaran sus escritos, a lo que la Fiscalía ha contestado con esta petición de tres años de cárcel.

La jueza instructora investiga si Alay usó fondos públicos de la Oficina de expresidente para este viaje «personal y particular» a Nueva Caledonia.

En septiembre, la Audiencia de Barcelona avaló llevar el caso a juicio al considerar que la invitación para el acto en Nueva Caledonia no formaba parte de sus funciones como director de la Oficina de Puigdemont, sino que al parecer de los jueces era una invitación personal.

PNV y Bildu han aprovechado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar de una reciente cumbre entre la UE y los Balcanes para reclamar que se reconozca «de una vez» la independencia de Kosovo.

«Reconozcan de una vez a Kosovo, si hasta se han enfrentado con ellos en fútbol», ha subrayado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en referencia al cruce protagonizado por la selección española de fútbol con la kosovar para la clasificación para el Mundial de Qatar.

«Lo que tenga que pasar pasará», ha sostenido el diputado vasco, conminando a Sánchez a dejar de «ponerse vendas en la herida» y escudarse en lo que podría ocurrir en Cataluña o el País Vasco. «Lo que tenga que pasar pasará, reconozcan ustedes o no, en Kosovo, en Escocia, en Cataluña o en Euskadi», ha defendido.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, quien ha afeado a Sánchez que en su intervención haya mencionado a casi todos los países de los Balcanes «menos uno, Kosovo, un país que todavía su Gobierno no ha reconocido».

Kosovo proclamó su independencia unilateral de Serbia en febrero de 2008 que han reconocido buena parte de la comunidad internacional aunque no España y otros cuatro estados miembro de la UE –Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia.

«Ya es hora de que se reconozca la soberanía y la legitimidad de Kosovo como un Estado de pleno derecho», ha insistido la diputada de Bildu, «porque es un nuevo estado surgido por la voluntad de su ciudadanía». «No hay que dar la espalda a la democracia ni a la decisión ciudadana ni en los Balcanes ni en este estado», ha remachado Aizpurúa.

SÁNCHEZ SE DEFIENDE

En su turno de réplica, Sánchez ha evitado responder a la interpelación que le han trasladado, asegurando que no tiene ningún problema en decir el nombre de Kosovo y defendiendo que «lo importante» es trabajar para que haya un acuerdo entre Serbia y su antigua provincia.

El presidente ha afeado a los diputados que usen este debate «para traer el agua a su molino» y frente a las palabras de la diputada de Bildu ha sostenido que él «pinta de Milosevic» no tiene, en referencia al expresidente serbio Slobodan Milosevic bajo cuyo mandato tuvo lugar la guerra de Kosovo.

En este sentido, les ha invitado a «salvar las distancias y conocer las circunstancias históricas de Serbia y Kosovo» así como de España, Cataluña o el País Vasco a las que «han hecho referencia».