El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha celebrado este jueves el acuerdo que el Gobierno y el PP han cerrado para renovar cuatro de los cinco órganos constitucionales con mandato caducado, y ha urgido a aprovechar este «primer paso» para desbloquear lo antes posible el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«Nuestro propósito es seguir avanzando en la negociación. Esperamos que sea el primer paso para avanzar en la renovación del Poder Judicial lo antes posible», ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso, tras hacerse público el acuerdo, a última hora de este jueves.

En cuanto a esa renovación del CGPJ que queda pendiente, y a la exigencia del PP de que el Gobierno se comprometa antes a reformar el sistema de elección, Gómez ha reafirmado que lo primero es renovar con la legislación vigente y, ya después, abordar los debates que se planteen, respetando, eso sí, «la voluntad de todos los grupos representados en el Congreso».

«El PSOE está dispuesto a atender esa sensibilidad y que se planteen propuestas de otros partidos para afrontar cualquier tipo de negociación en materia de un nuevo marco que se pueda establecer, respetando la voluntad de todos los grupos representados», ha asegurado.

Los socialistas han defendido en las últimas semanas que no rehúyen el debate sobre esa reforma que pide el PP, pero recalcando, eso sí, que su postura es la de mantener el sistema actual, y recordando que actualmente los ‘populares’ no cuentan con apoyos suficientes para sacar adelante su propuesta.

A este respecto, fuentes socialistas han remarcado que el acuerdo de este jueves para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos demuestra que era posible pactar «desde el primer día, y que las leyes y la Constitución establecen el marco necesario para el buen funcionamiento de las instituciones».

«Confiamos en que la renovación del CGPJ se pueda dar lo antes posible», ha remarcado Gómez, quien ha avanzado que esperan que los nombramientos pactados entre el PSOE y el PP para renovar los citados órganos puedan aprobarse de forma definitiva en el Pleno de la semana del 10 de noviembre.

NOMBRES PRÓXIMOS A UNIDAS PODEMOS

Según el PSOE, las personas seleccionadas «tienen un prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional», y todos son «nombres de consenso». Asimismo, informan de que el nuevo defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tendrá como adjunta a Patricia Bárcena García, abogada y directora de CEAR Euskadi.

Según fuentes conocedoras de la negociación, Bárcena es una persona próxima a Unidas Podemos, como también lo son el candidato al TC, Juan Ramon Saez; y el candidato al Tribunal de Cuentas, Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla.

Preguntado sobre el papel de Unidas Podemos en estas renovaciones, Gómez ha reconocido que el partido morado no ha estado presente en la negociación como tal, ya que estas se han desarrollado entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

No obstante, el portavoz socialista ha asegurado que el PSOE ha mantenido en todo momento informado a sus socios de gobierno y que, en la medida en que el Gobierno es de coalición, este «avance» también les pertenece.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el PP de Pablo Casado al que considera una «fotocopia barata del discurso progre», al tiempo que le ha afeado por servir de «salvavidas» al Gobierno «de la muerte» con la renovación de órganos constitucionales.

Así lo ha señalado durante un acto celebrado en Valladolid, donde ha querido comenzar su particular «reconquista» presentando la ‘Agenda España’, ante más de un millar de simpatizantes.

Al igual que hizo el pasado domingo en Madrid, el líder de Vox ha centrado su intervención con duras críticas hacia los ‘populares’ y su máximo responsable, Pablo Casado, a quien ha acusado de querer llegar a La Moncloa para dar trabajo a sus seguidores. «Para ellos, el cambio significa que 10.000 socialistas se van al paro y entran 10.000 del PP», ha espetado.

Abascal ha recordado que hoy se cumplía el aniversario de la moción de censura que la formación presentó al Gobierno de Sánchez, una moción que «fracasó» por el «voto» del PP y donde Casado tuvo una intervención «muchísimo más dura» contra Vox que con la que está teniendo con el PSOE en «estos momentos».

«Un PSOE al que ha tendido la mano en el peor momento, con el que se va a repartir las instituciones de espaldas a los intereses de los españoles. Con un PSOE que mientras pacta con el separatismo, el terrorismo y el comunismo se encuentra el aliento y las facilidades del PP», ha continuado.

Al hilo de este argumento, Abascal ha advertido de que el PP es una «fotocopia barata del discurso de los progres» y ha afeado las contradicciones del partido. «Qué es el PP. El de Ayuso que crea en Madrid una oficina para defender el Español dónde no hay problemas, mientras Feijóo lo persigue; es el PP que defiende el concierto vasco, el PP que ha perseguido el español en Valencia o en Baleares, el PP que dice una cosa en un sitio y otra en otro. Es el PP que dice una cosa ayer y otra mañana», ha lamentado.

En este punto, ha insistido en sus críticas a Casado al asegurar que la nueva versión que ha intentado crear en la convención de Valencia le ha durado tres días. «Ya está otra vez tendiendo la mano al Gobierno de la traición a España, al de la ruina y de la muerte cuando lo que tenía que hacer es mantener una distancia infinita con el Gobierno de Pedro Sánchez», ha argumentado.

Además, Abascal cree que están más cerca de los socialistas que de lo que defiende Vox y «sus votantes», que han sido «maltratados y engañados». «Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que le han engañado, pero el primer engañado fui yo y por eso estoy aquí, porque no he tenido un compromiso político para estar al servicio de unas siglas, sino para estar al servicio de unas ideas y de unos principios», ha continuado.

También se ha referido a las actas de las negociaciones con ETA publicadas por ‘El Mundo’ para incidir en sus críticas a los ‘populares’. «Hemos reprochado la negociación con ETA a Zapatero y que ha llevado al blanqueamiento de los terroristas en el Congreso, la negociación que ha permitido que hoy esos terroristas sean los que aprueben el PGE. Pero no podíamos imaginar que el PP le había dado la autorización a Zapatero para gobernar de esa manera», ha apuntado.

De ahí que haya advertido al líder de los ‘populares’ de que no puede contar con el apoyo seguro de Vox. «Igual se encuentra obligado a votarnos a nosotros», ha apuntado.

AGENDA ESPAÑA

Abascal ha continuado su intervención esbozando las líneas básicas de su ‘Agenda ESPAÑA’ con la que Vox se opone a la ‘Agenda 2030’ de Naciones Unidas y que se asienta en la «protección de los españoles, de la igualdad, de la soberanía, de la unidad nacional y en la esperanza y no en la desesperanza».

Ha sido en la ‘Agenda 2030’ donde Abascal ha continuando ahondando en las «similitudes» entre socialistas y ‘populares’. «Es la agenda de comunistas, socialistas, progres y flojos», al considerarlo un ideario que «promueve la inmigración masiva, la ideología de género, la religión climática, un multiculturalismo fracasado y prohibir nuestra cultura arrancando raíces y silenciando la historia.

El «problema», ha continuado, es que no es una agenda de izquierda sino que también la ha «abrazado» el PP, para cargar una vez más contra los ‘populares’ por convertirse en «salvavidas» de Sánchez.

Por último, el líder de Vox se ha dirigido a los jóvenes para advertirles de que les quieren «sometidos» mediante «limosnas, porros o bonos para videojuegos». Todos estos cheques, los recién anunciados para gastar en cultura o el de vivienda, ha denunciado que se sufragan con el dinero que es «arrebatado» a sus padres con impuestos «injustos».

«No permitáis que arrebaten ni vuestra dignidad ni vuestro futuro. Despreciad sus migajas, echádselas a la cara, decidles que no queréis una vida de sumisión y la porquería de futuro al os quieren condenar –ha pedido–. Queréis lo mismo que vuestros padres, patria, libertad, futuro, trabajo, vivienda y familia», ha concluido.

CRÍTICAS A PUENTE Y A LA JUNTA

El acto también ha contado con la intervención del presidente del Comité Ejecutivo de Vox Valladolid y concejal del partido en el Ayuntamiento, Javier García Bartolomé, que ha criticado a Óscar Puente, alcalde «socialcomunista» por imponer «absurdas restricciones» a la circulación con el «pretexto» de un problema de contaminación que Valladolid, a su juicio, «no tiene»; que «persigue» al vehículo privado en una ciudad cuya principal industria es el automoción. «Contra su talibanismo económico nuestro sentido común», ha incidido.

Por su parte, el diputado nacional por Valladolid, Pablo Sáez, ha incidido en que la ‘Agenda España’ es el compromiso «presente y futuro» de Vox con España y los españoles y que supone una «esperanza» de quienes comparten la ilusión de una España «unida, solidaria y soberana».

Además, ha cargado contra el «fracaso de casi 37 años de gobierno ‘popular'» en la Comunidad por lo que ha llamado a la movilización ciudadana para evitar que el «continuismo» del PP lleve a Castilla y León a la «insignificancia».

JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha renovado su dirección y ha nombrado este jueves a su nuevo secretario general, Aarón Rivero, quien ha abogado por la «unidad» de la Policía Nacional y la Guardia Civil para conseguir «la equiparación salarial total, real y absoluta» de ambos cuerpos con las policías autonómicas.

Durante la celebración de la Asamblea General, el recién nombrado secretario general ha desarrollado los objetivos que «marcan el horizonte de la nueva etapa que afronta el sindicato», tal y como ha recogido JUPOL en un comunicado.

En este sentido, Rivero ha impulsado «recuperar los valores originales con los que nace JUSAPOL y JUPOL». Entre ellos, ha resaltado que JUPOL «seguirá luchando día a día por todos y cada uno de los agentes el Cuerpo Nacional de Policía, defendiendo sus Derechos y mejorando sus condiciones sociolaborales».

Asimismo, ha expresado la «ilusión» con la que afronta la nueva etapa y el estímulo que implica «contar con el apoyo de la gran mayoría de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía».

Por último, Rivero ha recordado la imagen exterior de la Policía Nacional, por lo que ha asegurado que seguirán trabajando para «preservar los valores» que han llevado al Cuerpo a ser «una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos», además de «seguir luchando por dignificar cada vez más la institución», ha apostillado.

EL NOMBRAMIENTO DE AARÓN RIVERO

En cuanto al proceso de elección para el secretario general, JUPOL ha informado que solo la candidatura liderada por Rivero logró alcanzar los avales necesarios para poder optar a la secretaría general.

Se ha aprobado, por tanto, el nombramiento de Aarón Rivero como secretario general de JUPOL con 1.630 votos a favor de los 2.653 votos emitidos. Lo que supone, según se ha comunicado, «el mayor apoyo a una candidatura a la secretaría general de JUPOL desde su fundación»

APOYO A JUCIL

Por otro lado, el nuevo secretario general de JUPOL ha querido mostrar su apoyo a la asociación de Justicia Guardia Civil (JUCIL), dado que, según ha relatado Rivero, la semana próxima podría entrar en el Consejo de la Guardia Civil «con mucha fuerza». En las elecciones previstas, «podrían lograr ocho o nueve vocales en el órgano de representación de la Benemérita», ha indicado Rivero.

Además, ha tendido la mano a la candidatura liderada por Ernesto Vilariño «para seguir trabajando juntos al amparo de JUSAPOL», la asociación que une a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves la necesidad de que las elecciones previstas en Libia para cerrar el conflicto en el país se celebren en la fecha prevista y la salida de todos los combatientes extranjeros que apoyan a las distintas facciones.

Albares ha asistido en Trípoli a la conferencia internacional para la estabilización de Libia durante la que ha expresado «el apoyo a que las elecciones se celebren el 24 de diciembre como está previsto» y ha defendido «la necesidad de estabilizar el país con la salida de todos los combatientes extranjeros, incluidos los mercenarios».

Asimismo, ha considerado necesario que el país «se dote de un presupuesto único que garantice la estabilidad económica» tras una década de inestabilidad iniciada con el levantamiento contra Muamar Gadafi y su muerte y posteriormente por la división del país con dos administraciones enfrentadas.

El ministro ha defendido que «Libia es un país fundamental para el control de los flujos migratorios en el Mediterráneo, para la estabilidad de la región, tanto en el Mediterráneo como en el Sahel, y que cuenta con la mayor reserva de hidrocarburos en la zona».

Igualmente, ha dicho que también es «fundamental para la seguridad, para la estabilidad y para el desarrollo económico en todo el Mediterráneo y clave para España y los españoles», de ahí la importancia de su presencia en el encuentro.

El ministro se ha reunido con el primer ministro libio, Abdul Hamid Dbeibé, así como con el presidente del país, Mohamed al Menfi, y también ha aprovechado para mantener varios encuentros bilaterales con algunos de los asistentes, entre los que estaban sus homólogos francés, Jean-Yves Le Drian, y el italiano, Luigi di Maio.

ENCUENTRO CON ARGELIA

Así, Albares se ha reunido con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, con quien ya se entrevistó durante su visita a Argel el pasado 30 de septiembre, cuando consiguió garantías para el suministro de gas a España. Con él, ha dicho, «he seguido reforzando nuestra asociación estratégica, especialmente en el plano energético», sin entrar en más detalles.

También ha mantenido encuentros con el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, «para seguir relanzando nuestras relaciones», y con su homóloga de Sudán, Asma Abdalá, ha precisado en declaraciones remitidas por el Ministerio.

El PSOE y el PP han acordado que la diputada sevillana del PP Teresa Jiménez Becerril sea la adjunta al Defensor del Pueblo, un puesto que ocupará el exministro socialista Ángel Gabilondo, según han informado fuentes ‘populares’.

Este pacto se enmarca en las negociaciones entre ambos partidos para renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y su adjunto, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, y la Agencia de Protección de Datos.

Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano asesinado por la banda terrorista ETA, tiene escaño en el Congreso por Sevilla desde 2019 y actualmente ejerce como vicepresidenta Segunda de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Anteriormente fue eurodiputada del PP durante diez años.

CRÍTICA CONTRA SÁNCHEZ POR ACERCAR PRESOS DE ETA

En estos años, Jiménez Becerril ha sido muy crítica con la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. También ha censurado sus acuerdos con Bildu.

De hecho, este mismo jueves censuró las declaraciones del coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, por vincular presos y Presupuestos. «Aquí Otegi deja bien claro, que los presos son suyos, porque son de ETA, como él. Por si alguien tenía dudas», dijo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Con la marcha de Jiménez Becerril a la institución del Defensor del Pueblo, a propuesta del PP, regresará al Congreso de los Diputados el sevillano Ricardo Tarno, que fue ya diputado nacional por el Grupo Popular desde 2008 hasta 2016.

GABILONDO SERÁ EL NUEVO DEFENSOR DEL PUEBLO

En estas negociaciones para renovar los órganos constitucionales, el PSOE y PP han acordado que el exministro y exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sea el próximo Defensor del Pueblo, un órgano que lleva pendiente de renovación desde julio de 2017.

Gabilondo –cuyo nombre ya puso el PSOE estaba encima de la mesa en las negociaciones de hace meses que se truncaron por la falta de acuerdo en el CGPJ– dejó la primera línea política tras el batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid, en las que la candidatura que encabezaba cosechó el peor resultado histórico de los socialistas en esta Comunidad.

La carrera política de Gabilondo empezó en 2009, de la mano del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando decidió nombrar al entonces rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) nuevo ministro de Educación. El catedrático de Filosofía también era en ese momento presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Tras su paso por el Gobierno –que acabó en 2011 con la llegada del PP a Moncloa–, Gabilondo decidió seguir vinculado al PSOE y a la política y, en las autonómicas de 2015, se convirtió en el candidato a presidir la Comunidad de Madrid. Desde entonces ha estado vinculado a la política madrileña hasta que su marcha el pasado mes de mayo tras la derrota del PSOE en los comicios madrileños.

ERC y Junts pedirán que el Parlament apruebe instar al Gobierno a ampliar el techo de efectivos de los Mossos d’Esquadra, así como a garantizar su jubilación anticipada y el «retorno de los más de 619 millones de euros pendientes a fecha de 2017, que son necesarios para la compra de material, vehículos y dispositivos de defensa».

Se trata de una moción que ambos grupos han presentado a la Mesa del Parlament este jueves y que se debatirá en el próximo pleno de la Cámara catalana previsto para el 2, 3 y 4 de noviembre.

Estos grupos también reclamarán que el Parlament inste al Govern –compuesto por ambas formaciones– a realizar una propuesta presupuestaria que garantice que los Mossos cuenten con medios técnicos suficientes y «renovar la uniformidad e incrementar la plantilla» de la policía catalana, un compromiso que ya anunció el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en la Cámara catalana.

Han reclamado que se garantice la formación y recursos a los integrantes de los diferentes cuerpos policiales catalanes «manteniendo un papel activo en el conocimiento continuo para la mejora de su seguridad y desarrollo de funciones», y también han pedido dar una mejor respuesta a los retos actuales de los cuerpos policiales.

También exigen que se garantice la defensa jurídica de los miembros de los Mossos en los casos en que durante sus funciones hayan sufrido «lesiones acreditadas» y garantizar que se resarza la responsabilidad civil en casos de lesiones.

Asimismo, han pedido que la Generalitat garantice la defensa de los Mossos en los casos en que sean objeto de acusación, «tal y como tiene la obligación de realizar con cualquier otro trabajador público de la Generalitat».

ERC y Junts han urgido a impulsar campañas de sensibilización para garantizar la seguridad de la ciudadanía, «ya que depende de la legitimidad y reconocimiento de las autoridades públicas dentro del marco de una sociedad democrática».

Este mismo jueves ERC y Junts han votado en contra de un punto de la moción del PP sobre seguridad ciudadana en la que se pedía al Govern destinar una partida de 62 millones de euros en los Presupuestos de la Generalitat de 2022 para garantizar la jubilación anticipada a los miembros de los Mossos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el próximo día 23 de noviembre es finalmente la fecha elegida para la reunión con los presidentes autonómicos en Santiago de Compostela para abordar el sistema de financiación autonómica.

La cumbre, convocada en un principio por el ‘popular’ para el 2 de noviembre en Santiago, se ha aplazado finalmente al día 23 de noviembre por motivos de agenda de diversos presidentes autonómicos, según ha explicado este jueves a los medios Feijóo tras su reunión en Madrid con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El mandatario gallego ha explicado que la reunión estaba fijada con anterioridad a «cualquier evento político y no político» y que se trata de un encuentro que han ido manteniendo cinco comunidades autónomas –la última con el presidente de Aragón, Javier Lambán–, y que pensó que «era bueno» invitar también a Cantabria y Extremadura para, así, «ser ocho con Galicia».

En un principio, Feijóo cerró la fecha para el día dos con sus jefes de gabinete, pero posteriormente se les trasladó que «preferían» unos días más tarde, por lo que se pospuso al 13 de noviembre.

Sin embargo, ha matizado, el 13 de noviembre «tenemos la suerte de tener al Jefe del Estado en Galicia, con lo cual no puede ser», por lo que han seguido «tirando de calendario» teniendo en cuenta las agendas de los demás presidentes invitados a la reunión.

«Hay unos presidentes que se van, yo también me voy a Bruselas, el presidente (Emiliano García) Page también tiene otros viajes y el presidente de Cantabria también está de viaje», ha explicado Feijóo, por lo que el día que finalmente «ha quedado despejado» es el 23 de noviembre.

El presidente de la Xunta ha subrayado que esta reunión «no va contra nadie», sino todo lo contrario: «Somos más de un 55% del territorio de España y haremos coincidencia en nuestros factores para ponderar el coste efectivo de los servicios que gestionan las comunidades autónomas. Es muy bueno para las comunidades y muy bueno para el Gobierno que va a tener una postura prácticamente unida de ocho presidentes. Es un buen ejercicio de cogobernanza y corresponsabilidad», ha zanjado.

La cantautora y compositora María de los Ángeles, Rozalén, galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, ha celebrado que el jurado haya destacado su sensibilidad y su compromiso con el feminismo pues el público «lleva mucho tiempo escuchando canciones escritas por hombres», y ha adelantado que reinvertirá en cultura el galardón, dotado con 30.000 euros.

«Me ha llamado la atención que resaltaran eso y, sobre todo, la palabra sensibilidad, eso me ha encantado porque está muy relacionado con lo que hacemos, sin sensibilidad no puede haber canciones ni arte ni cultura. Que destaquen eso, y que destaquen, claro, el feminismo, es que yo escribo mi canciones desde mi yo mujer, sucede que llevamos mucho tiempo escuchando canciones escritas por hombres, entonces que destaquen eso me parece muy importante e interesante», ha subrayado Rozalén este jueves en una entrevista, con motivo del galardón.

La cantautora ha explicado que está «en shock» por la concesión de este premio, una noticia que ha recibido mientras iba en el coche de vuelta de un recital de poesía en Granada. Según ha indicado Rozalén, ha sido el propio ministro de Cultura, Miquel Iceta, quien la ha llamado para anunciárselo.

Sobre el hecho de que sea la artista más joven (tiene 35 años) que ha recibido este premio, Rozalén ha asegurado que le genera «mucha presión» porque este premio se lo otorgan «a gente con trayectoria mucho más grande» que la suya. «Pienso: ‘Esta gente espera mucho de mí’. Es mucha presión de seguir haciendo las cosas cada vez mejor y yo no quiero defraudar nunca, la presión me hará continuar», ha añadido.

EL BONO CULTURAL JOVEN, UN EMPUJÓN

Preguntada por el bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años, aprobado por el Gobierno, Rozalén ha afirmado que le parece «maravilloso» porque hace la cultura «mucho más cercana a la gente joven». «Ojalá yo hubiera tenido eso cuando estaba en el instituto; a veces hay cosas que no te puedes permitir y esto es un empujón», ha remarcado.

Por otro lado, en relación al compromiso feminista al que hace mención el jurado, Rozalén ha defendido que «no se puede permitir que muchas de las luchas de derechos y libertades que han conseguido tantas mujeres y tantos hombres, lo echen para atrás» los discursos negacionistas. En todo caso, ha precisado que los autores de estos discursos «son pocos» aunque hagan «mucho ruido».

La artista, que estudió psicología y el máster en musicoterapia, ha subrayado la importancia de las canciones para las personas. «Sería literalmente imposible vivir sin música porque ya nuestro corazón late a un ritmo y andamos a un ritmo. Nuestra vida, nuestros recuerdos están siempre asociados con canciones, con momentos importantes que han tenido una banda sonora detrás, hasta en las revoluciones sociales, los himnos», ha explicado.

En este sentido, ha destacado que «las personas con Alzheimer, lo último que olvidan son las canciones». «Eso lo resume todo, somos música y es el alimento del alma, lo de dentro es lo que sigue floreciendo, lo demás envejece pero hay que echarle de comer al alma, esa es la parte que le toca a la cultura», ha enfatizado, al tiempo que ha recordado lo importante que fue la música durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19.

Sobre el premio, que está dotado con 30.000 euros, Rozalén ha avanzado que le gustaría que «al menos una parte» se reinvierta en cultura. «Lo justo sería reinvertir en cultura, como tenemos tantas cosicas en nuestro proyecto, Leturalma, el festival contra la despoblación rural, inclusión, hay muchos frentes a los que podemos pensar en dedicar parte de este dinero», ha revelado.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha destacado este jueves el trabajo que se está realizando desde el Gobierno para avanzar en materia de enseñanzas artísticas en los colegios, al tiempo que ha añadido que «ya está en los planes del Ministerio de Educación y Formación Profesional».

Durante una entrevista en RNE, el ministro ha incidido en la necesidad de que desde la escuela se «adquiera el hábito a la lectura, pero también al cine, baile, música, teatro…».

En este sentido, Iceta ha asegurado que ya ha hablado de ello con la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, a la par que ha especificado que se pretende «dar mayor peso a la cultura en el currículo escolar».

Sin embargo, ha reconocido que «a veces se le piden demasiadas cosas a la escuela, parece que se le tiran todos los problemas». En este contexto, ha puesto en valor a los profesores, quienes «tienen una oportunidad tremenda de ayudar a la gente más joven a acercarse al mundo de la cultura.

Asimismo, ha recordado que en España «no se ha apretado tanto en el conocimiento de la literatura y de la cultura general», por lo que ha señalado que «la escuela puede hacer más» y que, desde el Gobierno, «se debe ayudar a que se haga más».

BONO CULTURAL

Respecto al acercamiento de los jóvenes a la cultura, Iceta ha explicado que el bono cultural sigue la fórmula «que están practicando ya con éxito países como Francia e Italia».

Además, ha incidido en que este bono también pretende «ayudar de forma indirecta» a los sectores culturales que durante la pandemia lo han pasado mal y que «necesitan sentir el aliento colectivo». Por ello, ha concretado que «una manera de que sientan ese aliento es que la gente joven se acerque con más ganas y con un incentivo económico al sector cultural».

El bono cultural aprobado recientemente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) proporciona la cantidad de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años, a partir del año que viene 2022, que podrán invertir en cultura y proyectos culturales.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el doctor Tomas Cobo, considera que la ley española de la eutanasia aún plantea demasiados interrogantes que impiden una total garantía al profesional, ya que la ley la forma concreta en la realización de la objeción de conciencia.

Cobo, que ha participado dentro del XXVII Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario en una mesa sobre la experiencia europea con las leyes reguladoras de la eutanasia en la que los representantes de España, Alemania, Francia, Holanda y la Asociación Médica Mundial (AMM), ha expuesto que, a día de hoy, la atención al final de la vida es uno de los mayores retos que comparten los médicos, los responsables de los sistemas sanitarios y la sociedad.

Entendiendo que este asunto es complejo y atraviesa a la profesión médica, ha recordado que «la eutanasia no está considerada un acto médico» y, por tanto, «todos censuramos la idea de acabar con la vida de una persona, pero también sabemos que, en nuestro día a día, nos enfrentamos a dilemas de decisión que rebasan la simplicidad y que nos obligan a pensar y concebir alternativas para los nuevos problemas creados por la propia efectividad y evolución de la medicina».

«Cuando nuestro Código de Deontología refleja que ‘el médico que actuara amparado por las leyes del Estado no podrá ser sancionado deontológicamente’ también determina que aceptamos estar sometidos a unas leyes que, en contextos democráticos, representan necesariamente el posicionamiento de la ciudadanía. Ante esta responsabilidad legal, la profesión médica reclama una mayor atención por parte de los poderes públicos», ha explicado.

Respecto a la normativa española sobre eutanasia ha reflejado que los políticos no han contemplado el asesoramiento de la profesión para la elaboración de esta ley o para advertir de los problemas prácticos que puedan surgir en su aplicación y que tampoco han reflejado en la ley la forma concreta en la realización de la objeción de conciencia.

«Los profesionales necesitamos garantías y protección en este sentido. Ante la responsabilidad profesional, la profesión médica reclama jugar un doble papel. En primer lugar, poder garantizar que la eutanasia se pueda aplicar en las mejores condiciones para los pacientes y para los médicos», ha explicado.

En segundo lugar, reivindica más recursos y mejor organización a las Comunidades Autónomas y al Gobierno central «para que todos y cada uno de los médicos puedan activar estrategias de cuidados paliativos cuando sus pacientes ya no tiene opciones de éxito por medio de la asistencia convencional».

En el mismo sentido, el presidente del Consejo de la Asociación Médica Mundial (WMA) y presidente del Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME), el doctor Frank Ulrich Montgomery, ha reiterado la postura de oposición de oposición a la eutanasia y al Suicidio Asistido acordado en 2019 tras intensas discusiones en el Consejo, la Asamblea General de la AMM, los Grupos de Trabajo y varias Conferencias Regionales en todo el mundo.

En este sentido ha explicado que desde la Asociación Médica Mundial se considera que ningún médico debe ser obligado a participar en la eutanasia o el suicidio asistido, ni debe obligarse a ningún médico a tomar decisiones de derivación con este fin. Por otra parte, ha añadido que el médico que respeta el derecho básico del paciente a rechazar el tratamiento médico no actúa de forma poco ética al renunciar o retener la atención no deseada.

Finalmente, ha explicado que el fundamento de estas enmiendas fue la exclusión de la culpa personal del comportamiento poco ético dirigido al médico individual y la inclusión del suicidio asistido por un médico.

FRANCIA: RECHAZO DE LOS SANITARIOS A UNA LEY DE EUTANASIA

El doctor Jean-François Rault, delegado general de Asuntos Europeos e Internacionales del Consejo Nacional de la Orden Médica de Francia (CNOM), ha expuesto que no existe un consenso social sobre las cuestiones del suicidio, asistido y eutanasia en el país galo, una postura que es más clara en el caso de los profesionales de la salud y las sociedades científicas donde existe una oposición amplia y firme a estas prácticas.

El representante de la profesión médica francesa ha hecho referencia a un documento del Comité Consultivo Nacional de Ética de septiembre de 2018 que resume la postura y propuestas sobre el final de la vida. Entre las cuestiones más destacadas ha señalado que se ponía de relieve que no era necesario modificar por el momento la ley existente sobre el fin de la vida (Ley Claeys-Leonetti) al haber sido aprobada recientemente con consenso y tras una intensa consulta.

Por ello considera que se debe de trabajar en dar a conocer, aplicar y respetar esta normativa, así como establecer un nuevo plan de desarrollo de cuidados paliativos para reducir las desigualdades territoriales y facilitar la organización regional de los cuidados paliativos y desarrollar una labor de investigación descriptiva y exhaustiva sobre situaciones excepcionales, a las que la legislación vigente no da respuesta, para ver si es necesario modificar la legislación.

EL NUEVO GOBIERNO ALEMÁN TENDRÁ QUE ABORDAR LA REGULACIÓN

El doctor Ramin Parsa-Parsi, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Asociación Médica Alemana en Berlín, ha relatado que, aunque las organizaciones de la profesión médica alemana han participado a menudo en debates sobre este delicado tema, tanto a nivel nacional como mundial, el Código Deontológico sigue siendo firme al respecto ya que «no es tarea de la profesión médica realizar el suicidio asistido, sino más bien «preservar la vida, proteger y restaurar la salud, aliviar el sufrimiento, apoyar a los pacientes al final de la vida».

No obstante, y ante el reciente fallo del Tribunal Constitucional Federal que insta al gobierno alemán a desarrollar un marco legal apropiado para abordar la falta de regulación resultante del suicidio asistido, los delegados han votado voa favor de la eliminación del siguiente párrafo: «[El médico] no puede realizar el suicidio asistido».

Respecto a la situación actual en Alemania, el representante de los médicos germanos ha explicado que algunas formaciones políticas han presentado propuestas de posibles regulaciones; sin embargo, debido a los desafíos de la pandemia en curso y la complejidad de este tema, tanto el ministerio de sanidad como la Comisión Parlamentaria del Bundestag no llevaron a cabo ninguna de las propuestas por este motivo y ante las elecciones federales que han tenido lugar en septiembre.

Por tanto, ha concluido «Alemania se embarca en la formación de un nuevo gobierno y este tema será sin duda uno de los desafíos a los que se enfrenta el parlamento alemán recién elegido».

HOLANDA, GARANTIZA LA TRANSPARENCIA CON RESPECTO A LA EUTANASIA

El doctor René Hemán, presidente de la Real Asociación Médica de los Países Bajos ha hecho referencia a la ley en su país sobre el final de la vida, promulgada en 2002 y de la que dijo «fue el resultado de muchas décadas de intensivas discusiones en la sociedad y el parlamento holandés en las que los médicos holandeses participaron activamente llegando a la conclusión de que apoyarían mejor a sus pacientes aplicando la eutanasia cuando esta se solicite voluntariamente y el paciente esté debidamente informado».

El doctor Hemán ha asegurado que esta ley establece requisitos como que el paciente padezca un sufrimiento insoportable y ninguna perspectiva de mejora; no exista alternativa razonable para la mejora de la situación del paciente; se produzca una valoración por parte de un segundo médico y exista consentimiento de un comité de evaluación independiente y, en última instancia, de la Inspección de Salud y Fiscalía.

Unidas Podemos ha defendido la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de solicitar una aclaración al Tribunal Supremo (TS) sobre el alcance de la condena sobre el diputado, Alberto Rodríguez, dado que en su fallo no existe «nada» en el que se infiera que debe perder el escaño. Y en este sentido, ha advertido al alto tribunal que esclarecer no puede comportar «inventar» algo que no está en la sentencia».

De esta forma, el grupo parlamentario ha subrayado que privarle de su condición de parlamentario, como quería PP y Vox, hubiera implicado tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en una clara «prevaricación», una «barbaridad» y una «vergüenza» para España.

Así lo han indicado en rueda de prensa los dos secretarios de Unidas Podemos en este órgano parlamentario, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, tras la reunión de la Mesa en la que, por cinco votos a favor y tres en contra, se ha acordado remitir al Supremo un escrito aclaratorio de las consecuencias del fallo, una vez que ayer remitió un oficio pidiendo información precisamente sobre la ejecución de su sentencia contra Rodríguez.

Pisarello ha señalado que hoy se ha defendido la «autonomía parlamentaria», de acuerdo al criterio de los letrados, de transmitirle al Supremo que «no puede querer hacer decir a la Mesa por parte del Supremo lo que el propio Supremo no está diciendo».

SI MARCHENA QUERÍA QUITARLE EL ESCAÑO, QUE HUBIERA SIDO «CLARO»

«Si el Supremo, si (el presidente de la Sala de lo Penal) Manuel Marcha no es claro, no le corresponde a la Mesa privar del cargo a Rodríguez. Si el señor Marchena quería otra cosa debería haberlo dicho de forma más clara (…) Si esa era su voluntad (la inhabilitación como diputado), lo hubiera hecho con una pena mayor», ha insistido para recalcar que el papel de los «jueces es juzgar y no pretender que la Mesa del Congreso lo haga».

Eso sí, el también dirigente de En Comú Podem ha enfatizado que el Supremo debe aclarar pero «no inventarse una pena que no viene en la sentencia, dado que como expusieron los letrados de la cámara en su informe jurídico no se alude mención expresa en esta resolución a la pérdida de su escaño.

INTELIGENCIA DE BATET

Su compañero Sánchez Serna ha explicado que el acuerdo mayoritario de la Mesa del martes está «fundamentado» y es «garantista» con relación a los derechos de Rodríguez como diputado, pues se sustenta en el informe de los letrados del Congreso.

No obstante y tras el oficio, ha entendido que era necesario un debate pese a compartir la primera respuesta dada en la Mesa, que considera ejecutada ya la pena de Rodríguez tras el pago de la multa que conmutaba los 45 días de prisión decretados por el Alto Tribunal como condena por un delito de atentado a la autoridad.

Por tanto, el diputado de Unidas Podemos ha aseverado que no se podía consentir «de ninguna manera» interpretar de manera «unívoca» que el oficio del Supremo comportar la pérdida del acta de su compañero de bancada, pues hubiera sido «violentar» la autonomía de la cámara y vulnerar los derechos de este parlamentario.mesa el informe de los diputados de esta decisión.

Por tanto, ha reivindicado la necesidad de que el tribunal aclare su fallo, sobre todo cuando la inhabilitación es por sufragio pasivo, lo que comporta perder el derecho a ser elegido en unas elecciones durante 45 días.

PRESIONES DEL PP Y VOX

También se ha mostrado «sorprendido» por la intervención de Batet, favorable a la inhabilitación, pero ha elogiado su determinación «valiosa e inteligente» al dejar que se escuchara a los miembros de la Mesa para decidir.

Y es que Sánchez Serna ha destacado que no han influido en la presidenta de la Cámara Baja las «presiones» de miembros de la oposición a Batet durante el debate, al decirle que si no tomaba la decisión de quitar el escaño a Rodríguez podría incurrir en un delito. Incluso ha dicho que ha habido «amenazas» de sacar el asunto del debate político y ponerlo en el judicial.

Pisarello también ha agradecido a Batet que, pese a su postura, haya dejado que se pronunciaran los miembros de la Mesa, que es un órgano colegiado, y los servicios jurídicos para poder así reflexionar sobre la forma de proceder. «Hay una mayoría que entendía que había buenas razones para pedir aclaraciones», ha ahondado para referirse también a los representantes del PSOE.

NINGÚN CIUDADANO ENTENDERÍA QUITARLE EL ESCAÑO CON ESA PENA

Por tanto, ha proclamado que «ningún ciudadano entendería» que al parlamentario se le privara de su cargo durante dos años cuando la sentencia alude a una pena de 45 días de prisión, sustituibles por multa.

De esta forma, Pisarello ha dicho que existe una «asimetría» en el fallo y en la petición de retirada de su condición parlamentaria, que «de entrada» acabaría en el Tribunal de Estasburgo. Tampoco ha querido aventurar cuál será la respuesta del Supremo a la petición del Congreso, pero ha recordado que pronunciarse en un sentido que no especifica la sentencia «tiene un nombre».

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclare el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Lo ha hecho dos días después de que el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría este órgano, concluyeran el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

Esta es la decisión que ha adoptado Batet, en su condición de presidenta, después de que la mayoría de Mesa de la Cámara, en una votación en la que ella no ha participado, se pronunciara a favor de solicitar ese informe aclaratorio al Alto Tribunal.

Batet ha comunicado su decisión de solicitar esa aclaración una vez terminada la reunión de la Mesa del Congreso de este jueves, dado que, según remarcan fuentes parlamentarias, ella es la competente para dar respuesta al oficio que le remitió este miércoles el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, pidiéndole que le informara de cuándo se empezaba a aplica la condena al diputado.

En ese oficio Marchena pide a Batet que remita al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

PP Y VOX QUIEREN QUE EJECUTE YA

El debate en el seno de la Mesa del Congreso se ha centrado en la necesidad o no de pedir aclaraciones al Supremo sobre el alcance de la sentencia. Para el PP y Vox, no era necesario pedir ninguna aclaración porque interpretan que Rodríguez debe ser despojado de su escaño, pero los representantes de PSOE y Unidas Podemos en el órgano de gobierno han votado a favor de solicitar detalles al respecto al Alto Tribunal.

Fuentes parlamentarias han señalado que Batet no ha votado este extremo pero que en el transcurso de la discusión ha comentado que, según su interpretación jurídica el Alto Tribunal, con su oficio, está pidiendo al Congreso que inhabilite a Alberto Rodríguez. En cualquier caso, antes de tomar una decisión sobre la ejecución de la sentencia, ha optado por pedir aclaración al Tribunal Supremo.

La presidenta ha tomado esta decisión dos días después de que la Mesa, con la mayoría que suman el PSOE y Unidas Podemos, y la oposición del PP y Vox, concluyera, apoyándose en el criterio fijado por los servicios jurídicos de la institución, que Rodríguez podía mantener su acta.

En su informe, los letrados defienden que el diputado ‘morado’ puede permanecer en su puesto pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014.

EL INFORME DE LOS LETRADOS DEL CONGRESO

El tribunal le condenó con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pero acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros. Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción –que además el diputado condenado ya ha pagado– es lo que esgrimen los letrados para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales.

De hecho, los servicios jurídicos sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó «a nacer en ningún momento» al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

Un día después de que la Mesa se posicionara, Marchena se dirigió a Batet pidiéndole que remita al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez. Este es el oficio que ha llevado a la presidenta a volver a reunir al órgano de gobierno de la Cámara este jueves.