La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC) ha advertido este miércoles de que España mantiene un «déficit estructural de inversión en ciencia y tecnología», ámbitos de actividad que, según el RAC, ayudan a soportar mejor las fluctuaciones del mercado, y pide más recursos para los científicos.

Así lo ha constatado la Real Academia en su ‘Declaración sobre la financiación y gestión de la investigación científica en España en 2021’, documento que ha presentado este miércoles y que supone una continuación de las de 2018 y 2019 (en 2020 la institución priorizó la respuesta a la necesidad de conocimiento científico derivada de la COVID-19).

«Ese déficit se ha hecho especialmente patente en la búsqueda de soluciones contra la COVID-19», precisa la RAC, que pone de ejemplo las «dificultades» que se están encontrando los equipos de trabajo de los Doctores Mariano Esteban, Vicente Larraga y Luis Enjuanes, implicados en el desarrollo de nuevas vacunas para la prevención del coronavirus. Por eso, la RAC aboga por «aprovechar el elevado nivel científico de los equipos implicados en este tema ofreciéndoles los recursos necesarios para llevar a buen puerto sus proyectos».

No obstante, la Real Academia recuerda que la falta de fondos para investigación en España «no es nueva» cuando, según el vicepresidente de la RAC, Esteban Domingo, «la inversión en ciencia produce bienestar económico y reduce los niveles de desempleo y de empleo precario. «Aun así, nuestros Gobiernos no reconocen a la ciencia como motor de la economía, y no entienden que un país no investiga porque es rico, sino que es rico porque investiga», lamenta.

Por su parte, el presidente de la institución, Jesús María Sanz-Serna, ha ahondado en esta cuestión, apoyándose en las conclusiones del informe ‘Mathematical Sciences Research: Leading the way to UK economic growth’ del Council for the Mathematical Sciences, en colaboración con el Engineering and Physical Sciences Research Council del Reino Unido, que evidencian el impacto positivo de las matemáticas en la economía británica (el 10% de empleos y el 16% del PIB del Reino Unido dependerían de la investigación en matemáticas).

En una extrapolación del estudio a España, se vio que el impacto de esta ciencia en el sistema productivo español sería «inferior» al que tiene en Reino Unido, un país que, según Sanz-Serna, «aventaja» a España en tradición científica, lo que indica que hay que «mejorar». En su opinión, hay que empezar por la educación, ya que «la enseñanza de la matemática en España no es buena, al no centrarse en la resolución de problemas y formación del pensamiento, sino en la memorización de reglas algorítmicas».

FONDOS EUROPEOS

Con respecto a los fondos europeos, la RAC se pregunta si el uso que se va a hacer de los 24.198 millones de euros que llegarán a España contribuirán realmente a catalizar una transición hacia una economía basada en el conocimiento, montante que permitirá que el Ministerio de Ciencia e Innovación aumente.

«Todo anuncio de aumento de inversión en ciencia es muy bien recibido», señala Esteban Domingo, que advierte de que «la pregunta clave es si los fondos de recuperación van a servir para resolver problemas concretos, o van a servir para, a partir de esas inversiones, modificar en el futuro el porcentaje del PIB que España dedica a la investigación científica».

«¿Van a servir solamente para reparar instalaciones de nuestro edificio científico y tejido productivo o van a servir también para asegurar el mantenimiento a largo plazo del edificio y del tejido productivo?», se ha preguntado.

La RAC cree que los fondos europeos podrían ser útiles para emprender grandes proyectos que resuelvan asuntos clave, como la transición digital, transición energética y ambiental, o el avance en biociencias, entre otros.

Sin embargo, tiene dudas de si servirán para impulsar la investigación básica, pilar fundamental para ese cambio de modelo productivo que dé lugar a una economía moderna y basada en el conocimiento, así como la innovación verdaderamente disruptiva; si llegarán a las pequeñas y medianas empresas, o los acapararán las grandes; si contribuirán realmente a reforzar organismos estatales, como la Agencia Estatal de Investigación (AEI) o los organismos públicos de investigación (OPIs); y si ayudarán a amortiguar la pérdida de personal investigador fijo que se ha producido en España en la última década.

PROPUESTAS MÁS ALLÁ DE LA CUESTIÓN FINANCIERA

Dejando a un lado la cuestión financiera, la RAC ha querido llamar la atención sobre un par de aspectos que considera relevantes para el sistema de ciencia español.

Por un lado, está la reducción de la brecha digital. Concretamente, hablan de mejorar la competitividad de las empresas en España a partir de la introducción de tecnologías habilitadoras, para lo cual proponen, por un lado, la formación del empresariado, especialmente de los pequeños y medianos, para que aprovechen todo su potencial, y, por otro lado, la formación de los trabajadores, de modo que puedan desarrollar sus competencias en el nuevo contexto productivo, que es más digital y tecnológico.

Para ello, proponen que la formación sea reglada y que abarque todos los niveles educativos, siguiendo el ejemplo de algunos de los países más avanzados del entorno.

En paralelo, llaman a incentivar la actividad de transferencia tecnológica desde la academia hasta las empresas. A este respecto, apuntan que, aunque en las universidades y los centros públicos de investigación españoles se han obtenido muchos resultados susceptibles de aplicación directa en el mercado, es necesario realizar proyectos conjuntos de corta duración para comprobar la prueba de concepto antes de pasar a la producción.

También proponen orientar más la actividad del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) al apoyo y la ayuda a la investigación pública, ya que hasta ahora habría estado más volcado hacia las empresas, así como fomentar la creación de agencias de innovación, sirviéndose de ejemplos como el de la Agencia Valenciana de Innovación, de la que destacan su buen hacer.

Los portavoces de PP y Cs en el Parlament balear, Antoni Costa y Patricia Guasp, han considerado este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un mínimo de un 25 por ciento de horas lectivas en castellano evidencia que la norma educativa de Baleares actualmente en trámite es contraria a la ley.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Costa (PP) ha sostenido que el proyecto de ley educativa es contrario a la doctrina judicial tal y como está redactado en la actualidad, y ha insistido en que la futura norma no puede ser, ya en su nacimiento, contraria a una sentencia del Tribunal Supremo.

En esta línea, tanto PP como Cs han pedido al resto de grupos que acepten sus enmiendas sobre el modelo lingüístico para así cumplir con la doctrina del Supremo. Costa ha asegurado que con la enmienda del PP «se pondría sobre la mesa un modelo mucho mejor que la inmersión lingüística», y ha incidido en que «las dos lenguas cooficiales se deben respetar y ser vehiculares en el sistema educativo».

Por su parte, Guasp (Cs) ha considerado que el Supremo «ha constatado que la inmersión lingüística en catalán no puede seguir siendo el modelo lingüístico para los catalanes», algo extensivo a los baleares.

La diputada de Cs ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que rechace el «órdago» que a su juicio le ha lanzado el presidente catalán, Pere Aragonés, para que no acate la sentencia. Sobre esto, Guasp ha expresado su preocupación y ha avanzado que preguntará a Armengol en el pleno si valora modificar el modelo lingüístico propuesto en el proyecto de ley educativa.

ASUNTOS DEL PLENO

Por otro lado, el pleno del próximo martes también incluirá una moción de Vox en materia de educación, en detalle sobre la enseñanza de religión islámica en centros educativos de Baleares.

Igualmente se debatirá una proposición no de ley de Unidas Podemos sobre protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas y otra de MÉS pidiendo estudiar una tasa de beneficios excesivos derivados de la crisis del COVID.

En palabras del diputado de MÉS Josep Ferrà, el objetivo es «que los más ricos paguen la crisis y no pase como siempre» con una tasa temporal para empresas que hayan visto incrementados sus beneficios «de forma evidente» e «injusta» de la situación de excepcionalidad de la pandemia.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que la diversidad de los socios parlamentarios fortalece a la mayoría progresista y garantiza un Gobierno «estable»: «Juntas somos más fuertes y juntas lo hacemos mejor».

También se ha dirigido desde la «humildad» al PP reprocharle que una oposición responsable no rechazaría unas cuentas públicas «imprescindibles» y demostraría «altura de miras» y «responsabilidad de Estado».

Durante su intervención en la sesión plenaria del Congreso dedicada a las nuevas cuentas públicas, se ha congratulado del nuevo pacto presupuestario con ERC, Bildu y las demás fuerzas progresistas, a las que ha agradecido su disposición al poner el foco «en los consensos más que en los desacuerdos».

OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR LA ESPAÑA DE LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

«Estoy convencida de que la diversidad de fuerzas políticas representadas en este parlamento tras el mandado de estas elecciones y la obligación de llegar a acuerdos entre quienes pensamos diferente, no sólo no nos debilita sino que ayuda a fortalecer nuestra democracia», ha desgranado desde la tribuna de la Cámara Baja.

Es más, ha destacado que se consolida la mayoría progresista que sostiene al Ejecutivo de coalición desde la investidura y que ya se concentró en los presupuestos vigentes, que tras la crisis del Covid-19 permitieron desplegar un «altísimo grado de protección social» y dejaban atrás «una década plagada de austeridad, recortes y privatizaciones».

Esta mayoría progresista, ha ensalzado Belarra, ha permitido avances como las nuevas cuentas públicas «enormemente expansivas», disponer de un sistema de pensiones digno y una inversión «sin precedentes» en juventud y dependencia.

«Estos presupuestos son la materia prima, los hilos con los que vamos a tejer la reconstrucción de nuestro país. Una reconstrucción social, feminista, verde y justa», ha proclamado la ministra para asegurar que en los dos años que quedan de legislatura van a construir «la España de las próximas décadas».

AVANZAR MÁS EN JUSTICIA SOCIAL

También ha señalado que además de aumentar la inversión en políticas sociales, los PGE de 2022 permiten comenzar a «corregir la enorme distancia fiscal» que separa al país de la media europea y ha citado que, según la lista Forbes, las 100 personas más ricas de España han aumentado un 17% su fortuna este año.

Tras recordar los «sacrificios» de la ciudadanía en este año «tan duro», Belarra ha defendido que «hoy más que nunca» se debe «avanzar hacia la justicia fiscal» para que las rentas altas paguen proporcionalmente más impuestos, pues sin ello jamás habrá «justicia social real».

De esta forma, ha manifestado su «orgullo» que de España se haya sumado al consenso internacional para desplegar un tipo fijo del 15% en el impuesto de Sociedades a las grandes empresas, aunque ha reconocido que existe «mucho margen de mejora» en este tributo pero ya van «en la buena dirección.

También ha calificado de «crucial» la futura Ley estatal de Vivienda con medidas «tan importantes» como la posibilidad de regular los precios del alquiler, la corresponsabilidad de los grandes propietarios en el derecho a la vivienda, la protección frente a los desahucios o la «obligación» de destinar un 30% de las nuevas promociones y grandes reformas a vivienda protegida, con un 15% mínimo destinado a alquiler social.

Finalmente ha valorado la mejora «sustancial» del Ingreso Mínimo Vital mediante una serie de enmiendas en el Congreso y el complemento para familias con hijos, que ascenderá a 100 euros por hijo o hija entre 0 a 3 años, 70 euros por cada niño o niña entre 3 a 6 años y con 50 euros de los 6 a los 18 años. Una medida que para la ministra es el «primer paso» para una futura una renta crianza universal.

El cineasta Rodrigo Cortes (Cenlle, Ourense, 1973) ha presentando este miércoles 24 de noviembre su nueva producción internacional, ‘El amor en su lugar’, y se ha referido al acuerdo entre el Gobierno y ERC para que las plataformas audiovisuales, como Netflix o HBO destinen un 6 por ciento de su catálogo al gallego, el euskera o el catalán. «Con la creación lo más interesante por parte de casi cualquier político es que no estorbe. Generalmente, sería más que suficiente», ha dicho preguntado por esta futura obligación.

A su juicio, «cuando se empiezan a reglamentar las cosas unos se sienten muy favorables y otros apartados, pero la creación es un acto inevitable, y en ese sentido lo que se puede hacer con eso, es no estorbar».

«Se debería hacer lo que cada uno sienta que debe hacer, y cada uno debería expresarse como sienta que debe expresarse, y quien haga eso alcanzará el interés en el otro lado, o no. Y eso determinará el equilibrio de las cosas. No creo tanto en cómo deberían ser las cosas sino en cómo son. El tablero no se disputa, y se trata de hacer la jugada más honesta posible dadas las condiciones», ha reflexionado el cineasta en relación a si se deberían hacer más producciones en lenguas cooficiales.

‘El amor en su lugar’ traslada al espectador al gueto de Varsovia, en Polonia en 1942, para contar cómo un grupo de actores judíos representan su obra teatral mientras se enfrentan a un dilema moral.

Respondiendo a si existe antisemitismo en la sociedad actualmente, Cortés ha comentado que «la desconfianza del diferente es un tema universal y desde luego que sigue presente en muchas situaciones».

«Muchas veces los que son víctimas de según que persecución son a su vez, los perseguidores de otros, y es parte de nuestra naturaleza humana que es oscura y brillante, y en la que todo sucede a la vez, y es una de las razones por las que me concentré en hacer una película de actores», ha matizado.

«CASI TODO LO QUE CUENTA EL PASADO, HABLA DEL PRESENTE»

En su opinión, «lo triste de la historia es que generalmente no se mueve en líneas rectas sino en círculos y es temporal, y casi todo lo que cuentes del pasado habla del presente, porque todo repesa una y otra vez porque somos humanos y no podemos evitar serlo», ha señalado.

El reparto de ‘El amor en su lugar’ cuenta con Clara Rugaard, interpretando a Stefcia, y con Ferdia Walhs-Peelo, encarnando a Edmundo y en ese sentido, Ferdia ha asegurado que «el racismo y la opresión existe, desgraciadamente. «Lo sabemos y somos conscientes de ello», ha sentenciado.

La historia también refleja cómo el sector cultural sobrevive en circunstancias difíciles una situación que cree que no es comparable con la que se ha vivido durante la pandemia. Respecto a cómo ha vivido la emergencia sanitaria, a nivel personal lo ha hecho «con mucha tranquilidad», incluso pudo dormir «después de mucho tiempo».

«Pero después tienes que seguir haciendo cosas, sigues expresándote. No es comparable con lo que sucede en la película con el gueto de Varsovia, con circunstancias muy duras, no es comparable con estar encerrado en casa y ver Netflix. Pero lo que está claro es que es algo incontenible, y ante cualquier circunstancia, siempre se va a encontrar una manera», ha destacado.

En todo caso, ha afirmado que en el plano logístico, el protocolo covid ha encarecido las producciones y ha destacado que también hay un cambio de paradigma que tiene que ver con las plataformas y la liturgia del cine. «Veremos de qué manera afecta, si vamos a volver a las salas o la gente se ha acomodado, pero hay experiencias que están creadas para ser experimentadas en salas y creo que hay un grupo de gente que está luchando duro para conseguir que la gente vuelva a las salas», ha señalado.

PLANO SECUENCIA DE 15 MINUTOS PARA VIVIR EL GUETO EN PRIMERA PERSONA

A nivel técnico, la cinta comienza con un plano secuencia de 15 minutos realizando un recorrido por el gueto en el que se encuentran los personajes. Para Cortes, la película es «una experiencia física», que «no solo está diseñada para ser vista, sino para ser experimentada».

«Este inicio permitía introducir al espectador casi en primera persona en el mundo del gueto y del teatro, que es donde va a suceder la historia», ha subrayado.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado su apoyo y solidaridad a las movilizaciones de los trabajadores del metal en Cádiz, que luchan por «sus derechos y los de todos»

Durante su intervención durante la sesión plenaria del Congreso centrada en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, ha aprovechado para lanzar un saludo «cariñoso y afectuoso» para estos empleados, que llevan nueve días de huelga para exigir mejoras en su convenio colectivo.

«Los derechos laborales y sociales nunca han sido regalados a la mayoría, han sido conquistados por la gente común, por los trabajadores, por los hombres y las mujeres de abajo que se han movilizado a lo largo de la historia para conseguir una vida mejor para la sociedad. Y han sido conseguidos a pesar de las resistencias de antes y ahora de las élites del país», ha reivindicado.

LA LÍDER DE PODEMOS EN ANDALUCÍA PIDE QUE CESE LA «VIOLENCIA POLICIAL»

La líder de Podemos en Andalucía y diputada por Córdoba, Martina Velarde, ha exigió previamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que cese en Cádiz la «violencia policial» y la «presión» contra los trabajadores del metal que están «luchando por el pan de sus hijos».

«Basta de represión. La huelga es un derecho», ha proclamado la parlamentaria desde la tribuna del hemiciclo, aprovechando su turno de intervención en el debate parlamentario.

Velarde ha acudido al Salón de Plenos ataviada precisamente con una camiseta de apoyo a los manifestantes, y ha comenzado su intervención explicando que Cádiz es la tierra donde nació y creció, y de la que se tuvo «que marchar, como muchos otros, porque vendieron y desmantelaron su futuro» diciendo que les «reconvertirían».

Tras reivindicar que el pueblo de Cádiz «lleva décadas sacando adelante la industria aeronáutica, los astilleros y la automoción», la diputada ha denunciado que los «ataques con pelotas de goma» que se están produciendo en las protestas «recuerdan más al pasado más negro», y no a un país «moderno y democrático».

Crue Universidades Españolas ha publicado un manifiesto con motivo del Día internacional contra la Violencia de Género, que se celebra este 25 de noviembre, para reiterar el compromiso de las universidades en la lucha contra cualquier forma de violencia sobre las mujeres. En este texto, los rectores, junto a la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades (RUIGEU), subrayan que uno de sus objetivos prioritarios es colaborar con los poderes públicos y la sociedad en su conjunto para contribuir a eliminar esta lacra.

«Mientras siga existiendo esta dramática realidad, las universidades nos comprometemos a que todos los días del año sean 25 de noviembre», sostiene el manifiesto, que pone el acento en la llamada ‘violencia vicaria’.

El documento recuerda también que, a través de la figura de la Delegada para las Políticas de Igualdad y el Grupo de Trabajo de Políticas de Género, junto con las unidades de Igualdad de los campus, Crue trabaja en la eliminación del acoso sexual o por razón de sexo en la esfera laboral y académica, así como de los abusos y agresiones sexuales en entornos festivos, la violencia psicológica y todo tipo de discriminación, directa o indirecta.

Los rectores destacan en este manifiesto que la política y cultura universitarias de ‘tolerancia cero’ se desarrollan mediante los protocolos contra los diferentes tipos de acoso y violencia, planes de igualdad, campañas de sensibilización y formación o atención a las víctimas.

«Esta es nuestra manera de contribuir a la consecución de la igualdad efectiva y a la erradicación de las formas de violencia en nuestras universidades y en la sociedad a la que servimos», concluyen.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha absuelto al que fuera presidente del Valencia CF Juan Bautista Soler del intento de secuestro al también expresidente ‘che’ Vicente Soriano, por el que la Audiencia Provincial le había impuesto dos años de prisión, al declarar ilícita y, por tanto nula, la grabación del confidente de la Policía sobre la que se sustentó la causa y que se obtuvo en el piso del exdirigente valencianista y recogía conversaciones con el resto de acusados.

De esta forma, la sala acepta el recurso de Soler por vulneración de los derechos fundamentales, y de los otros dos acusados, el empresario italiano Ciro d’Anna, y el ciudadano magrebí Abdellatif Laarouibi, conocido como ‘Tati’, y anula sus condenas.

La Sala, en una sentencia, considera que el examen de las circunstancias que presidieron la generación de esa fuente de prueba –la grabación– «conduce de forma inexorable a negar su legitimidad» y parte «del hecho incontrovertible» de que el dispositivo utilizado por el confidente para obtener la grabación de las conversaciones, que puso a disposición del Grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, le fue entregado por los propios agentes, que querían obtener pruebas «más fundadas» sobre lo que los tres acusados estaban planeando.

En esta línea, la sala sostiene que el confidente «no fue un particular que, por una u otra razón, al margen del ejercicio del ‘ius puniendi’ del Estado decidió grabar las conversaciones quemantenía con su interlocutor» sino que actuó, por el contrario, «como un verdadero ‘amicus denuntiatoris’ al servicio de los agentes que asumieron el escalón inicial de la investigación».

Así, subraya que es la obtención de un material probatorio defectuoso –unos fotogramas de baja calidad– lo que lleva a los agentes a valerse de un testimonio incriminatorio «mucho más seguro», como era la declaración del confidente «con el apoyo de la grabación clandestina de las conversaciones que aquel iba a mantener con los coacusados» y este último «se presta a suplir las carencias de una fuente de prueba inicialmente inidonea» y a «solventar el nerviosismo de los encargados de la investigación, originado por una filtración».

SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Todo ello, señala, «en un contexto que prescindía de cualquier conocimiento y autorización por la autoridad judicial». El alto tribunal subraya que, aceptar «sin reservas una declaración obtenida en esos términos, supone abrir una inédita y peligrosa vía que permitiría a la investigación penal esquivar los perturbadores límites que imponen las garantías de nuestro sistema constitucional».

Al respecto, señala que los investigadores pueden valerse de «un agente encubierto» pero su intervención «no puede hacerse depender del incontrolado interés en obtener a cualquier precio pruebas incriminatorias», sino que debe ajustarse a los requisitos de la ley.

«En definitiva, la judicialización de una investigación criminal no debería ser nunca contemplada como una rémora para la agilidad en el desarrollo de las investigaciones», recalca, y subraya que la intervención del Juez de Instrucción «confiere a los agentes la seguridad que proporciona el trabajo de quien asume la salvaguarda de los derechos fundamentales del ciudadano investigado».

Es precisamente la exclusión de esa grabación de la causa la que priva de cualquier base probatoria para respaldar la sentencia condenatoria, sin que pueda sanarse su ilicitud porque en el juicio se formularan preguntas sobre los hechos, expone el TS.

La ilicitud de la grabación obtenida por los agentes de policía a través del confidente lleva a la sala a declarar vulnerado elderecho a no confesarse culpable y, con él, el derecho a la presunción de inocencia, por lo que acuerda la libre absolución de todos los acusados, incluido el único que no recurrió, que fue el confidente.

La Audiencia de Valencia condenó en octubre de 2019 a dos años de prisión a Juan Bautista Soler por el intento de secuestro de Vicente Soriano, y le atribuyó los delitos de conspiración para cometer un secuestro en concurso con un delito de conspiración para robo con violencia en casa habitada.

CUENTAS EN SUIZA

La sentencia de primera instancia, con el voto particular en contra de uno de los magistrados, entendió que los encausados «urdieron un plan para privar de libertad a Soriano, con el fin de obligarle a transferirles una suma indeterminada de dinero desde las cuentas que supuestamente este tenía en Panamá, Suiza y en diversos fondos de inversión en el extranjero como condición para ponerlo en libertad.

Este plan, añaden, «comprendía igualmente el aprovechar su privación de libertad para entrar en la vivienda de Soriano y hacerse con una cantidad de varios millones de euros que pensaban que guardaba allí».

La idea fue, según consideró probado el tribunal, que «tras averiguar sus rutinas diarias, acordaron que cuando Soriano saliera de desayunar y se dirigiera a su despacho profesional, situado a escasa distancia, unos sicarios contratados a tal fin lo abordarían e introducirían por la fuerza en una furgoneta para trasladarlo a un local alquilado donde lo retendrían hasta que facilitara las claves bancarias».

El confidente se puso en contacto con la Policía para comunicarle el plan urdido para el secuestro y se ofreció para grabar una de las reuniones del grupo. Las defensas pidieron en el juicio la nulidad de esta prueba pero la sala entendió que debía considerarse válida «por cuanto se respetaron en su obtención los principios de necesidad y proporcionalidad (a la vista de la gravedad de los hechos)». Ahora, el TS ha negado validez a esa prueba, lo que anula la sentencia, y acuerda la libertad para los acusados.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitado este miércoles las unidades centrales de la Policía Nacional y la Guardia Civil especializadas en la investigación y persecución de las infracciones penales en el ámbito de la violencia de género, doméstica y sexual, a cuyos integrantes ha felicitado por su trabajo, pero también ha pedido que redoblen sus esfuerzos para acabar con esta lacra.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior ha informado de que esta visita se ha producido con motivo de la celebración, este jueves 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En esta iniciativa, el ministro ha visitado las dependencias de la Unidad Central de Atención a Familia y Mujer (UFAM) dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial de Policía Nacional. Grande-Marlaska ha recorrido las instalaciones acompañado por el director adjunto operativo del cuerpo, comisario principal José Ángel González, y los máximos responsables de la unidad.

La Policía Nacional cuenta con un total de 173 unidades especializadas, distribuidas en todo el territorio, con competencias en investigación y persecución de los delitos que se cometen en el ámbito de la violencia de género, doméstica y sexual, según ha explicado Interior. En este sentido, apunta que, en total, son 1.426 los policías destinados con dedicación específica y exclusiva en las UFAM tanto territoriales como en la unidad central.

En cuanto a su visita a la Guardia Civil, el ministro lo ha hecho, concretamente, a la sede del Equipo Mujer-Menor (EMUME) que, en este caso, ha recorrido acompañado por la directora general del cuerpo, María Gámez, y los máximos responsables de la unidad.

El Ministerio ha señalado que los EMUME provinciales y comarcales gestionan 270 Puntos de Atención Especializada (PAE) para los casos de violencia de género y atención a víctimas sensibles dentro de las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil, en los que se integran 616 especialistas con formación específica en la materia.

SISTEMA VIOGÉN

Tanto las UFAM de Policía Nacional como los EMUME de Guardia Civil, además de investigar y perseguir los delitos de violencia de género, doméstica o sexual, asumen la protección de las mujeres víctimas de esta lacra que están incluidas en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema Viogén) que gestiona la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Interior apunta que, desde la creación de este sistema, en 2007, y hasta el pasado 31 de octubre, el Sistema Viogén ha dado de alta 661.762 casos, lo que ha permitido dar diferentes grados de protección 586.528 víctimas.

Además, señala que, para poder ajustar el nivel de protección a las necesidades de cada caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han cumplimentado en el mismo periodo 5.017.684 valoraciones del riesgo, una media de más de 358.000 al año.

Del mismo modo, recuerda que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las encargadas de atender a cada una de esas mujeres, realizar las valoraciones de riesgo y darles la protección personalizada necesaria. En el Sistema Viogén están habilitados 24.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, 640 pertenecientes a las distintas policías autonómicas y 2.300 policías locales.

Además, están habilitados para trabajar en el Sistema Viogén 9.000 funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia entre jueces, fiscales, expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y trabajadores de las oficinas de atención a víctimas; y cuenta con mil usuarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y otros 111 pertenecientes a las unidades de coordinación que la Delegación del Gobierno para laViolencia de Género tiene en cada comunidad autónoma y provincia.

Casi dos de cada tres mujeres que trabajan en medios de comunicación han sufrido amenazas, abusos o intimidaciones en relación con su trabajo tanto ‘online’ como ‘offline’, según los datos que maneja la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Según la FIP, los ataques que sufren estas mujeres provienen de «todas» las direcciones y ha mencionado a sus colegas y jefes, fuentes informativas o usuarios anónimos de las redes sociales, que tienen mucho «poder», según la organización.

Estos ataques impactan en la libertad de expresión y llevan a las mujeres periodistas a autocensurarse, además de tener «consecuencias devastadoras» en el pluralismo y el derecho de la ciudadanía a saber, ya que muchas mujeres eligen no contar ciertas historias por miedo a recibir ataques o ser asesinadas. Asimismo, también tienen efectos sobre su bienestar y su vida personal.

En vísperas del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este jueves, la FIP lidera un llamamiento global a los gobiernos para que ayuden a erradicar la violencia en el entorno laboral mediante la ratificación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT aprobó la convención el 10 de junio de 2019. El texto tiene el potencial de cambiar las vidas de las mujeres periodistas, defiende la FIP, que ha lamentado que, hasta la fecha, sólo han ratificado la convención ocho países: Argentina, Ecuador, Fiyi, Finlandia, Namibia, Somalia, España y Uruguay.

«Necesitamos que los gobiernos de todo el mundo ratifiquen esta convención lo antes posibles para que la violencia en el entorno laboral se considere un asunto de salud y seguridad y pueda ser abordado consecuentemente», ha indicado la presidenta del Consejo de Género de la FIP, María Ángeles Samperio, que ha incidido en que el texto puede convertir las redacciones en «zonas libres de violencia, muy necesarias en el periodismo».

Como parte del llamamiento, los miembros del Consejo de Género de la organización están compartiendo testimonios que prueban por qué la ratificación es fundamental en países como Canadá, Chipre, Grecia, Perú y Portugal, destacando la urgencia de luchar contra el acoso ‘online’ y la violencia económica, entre otros asuntos.

El PSOE y los partidos del centro y la derecha han protagonizado este miércoles en el Pleno del Congreso un tenso debate a cuenta del presupuesto para la futura Ley de Memoria Democrática, en el que PP, Vox y Ciudadanos han acusado al Ejecutivo de «cuestionar» e incluso querer «borrar» la Transición y también los crímenes de ETA, y el diputado socialista Odón Elorza les ha respondido asegurando que son «golpistas de vocación».

«Ya está bien. Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo, que son de todos, para atacar al Gobierno de izquierdas. Dejen de utilizar a las víctimas para denigrar un Presupuesto. No sean tan miserables, y dejen ya en paz el terrorismo de ETA. ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas, unas derechas de vocación golpista», ha sentenciado el socialista vasco.

La intervención de Elorza, que ha sido aclamada por el resto de diputados socialistas, se ha producido durante el debate en el Congreso de la sección de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 relativa al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que previamente ha defendido en el Pleno el ministro Félix Bolaños.

Tras la exposición del ministro, los representantes de Ciudadanos, PP, Vox y UPN han aprovechado sus turnos para criticar esa futura ley de memoria democrática que servirá para canalizar el presupuesto en esta materia; y todos ellos han acusado al Gobierno de querer revisar la Transición y, también, de «olvidarse» en esa revisión de las víctimas de ETA, por su interés de sumar los apoyos a sus cuentas de EH Bildu.

«¿NO ALCANZÓ EL PSOE EL PODER DE FORMA DEMOCRÁTICA EN EL 82?»

Según el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, el Gobierno pretende «reescribir» una historia en la que «ETA no existió» –para poder «pactar con Otegi tranquilamente»–, y en la que «Franco murió ayer», en relación a la comisión de expertos que se creará para investigar posibles violaciones de derechos por «inercias del franquismo» después de la aprobación de la Constitución, hasta el año 1982.

«¿No alcanzó el PSOE el poder de forma democrática en el 82? ¿En qué régimen se produjo esa victoria del PSOE? ¿Son capaces de robar a Felipe González una victoria que ni olerán con tal de poner todo el pasado a su servicio?», se ha preguntado el diputado ‘naranja’.

La diputada del PP Edurne Uriarte también se ha mostrado muy crítica con el Gobierno y con la «ley de memoria sectaria», y ha acusado al Ejecutivo de echarse «en brazos de la ultraizquierda» para firmar enmiendas con las que «no solo cuestionan la ley de amnistía sino toda la Transición».

También se ha referido a este límite temporal de año 82 para investigar posibles crímenes relacionados con el franquismo, y ha denunciado que es «tremendo» porque al decir que se piensa «en los golpistas del 81» demuestra, a su juicio, que «no se piensa en los asesinatos de ETA».

«Cómo van a pensar en los crímenes de ETA sino acaba de pactar estos Presupuestos con quienes fueron el brazo político de ETA y siguen sin condenar a ETA», ha apostillado la diputada del PP.

Por su parte, el diputado de Vox Francisco Contreras también ha acusado al Gobierno de estar «destruyendo el espíritu de la Transición». «El PSOE actual se está podemizando y asumiendo la visión de la historia de Podemos según la cual la Transición fue la continuación del franquismo por otros medios», ha denunciado.

ODÓN ELORZA: «YA ESTÁ BIEN»

Después de escuchar todas estas críticas, el socialista Elorza ha protagonizando una encendida intervención, reprochando el uso de las víctimas de ETA por parte de la derecha y, en concreto, del diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, por asegurar que el PSOE quería borrar de la historia a la banda terrorista y a sus víctimas, incluidas, las socialistas.

Tras recordar que varias de las víctimas nombradas por Díaz eran amigos suyos, como Enrique Múgica o Ernest Lluch, y cómo estuvo con ellos hasta el final, ha sentenciado que «ya está bien», y ha cargado duramente contra «las derechas con vocación golpista», comparándolas con la de Brasil o el expresidente estadounidense Donald Trump.

También ha aprovechado para denunciar la participación del líder del PP, Pablo Casado, en una misa en la que se rezó por Franco el pasado sábado 20 de noviembre. En concreto, se ha preguntado «dónde está Wally Casado», si seguiría en esa «misa de recuerdo del dictador» o en Génova «leyendo ‘El Príncipe destronado’ y mirando de reojo» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Ustedes son golpistas de vocación», ha sentenciado, cosechando los aplausos de la bancada socialista, con los diputados puestos en pie, mientras los del PP y de Vox protestaban airadamente.

RECADO A BOLAÑOS

Elorza también ha usado su turno para hacerle un ‘encargo’ al ministro Bolaños, y pedirle que «impulse y perfeccione la rendición de cuentas, la transparencia, la regeneración democrática, la memoria democrática. «Cuestiones importantes para avanzar y fortalecer la democracia», ha asegurado el diputado que reconoció que había roto la disciplina de voto para no apoyar al candidato al TC Enrique Arnaldo –propuesto por el PP–, en contra del criterio del PSOE y el Gobierno.

El debate del presupuesto para el Ministerio de Presidencia ha comenzado con la intervención de Bolaños, quien ha expuesto y defendido las diferentes partidas de su departamento, pero sobre todo ha hecho hincapié en la necesidad de que las cuentas públicas en su conjunto salgan adelante para afianzar una «recuperación justa».

«Son unos Presupuestos históricos», ha reivindicado el ministro, antes de desgranar sus cifras y defender, por ejemplo, que el 60% de la partida destinada a memoria democrática servirá para «localizar, identificar y dar sepultura digna a personas víctimas de la guerra civil o la dictadura». «Es una política humanitaria», ha defendido.

También ha explicado otras partidas, como las destinadas a apoyar la Jefatura del Estado o la Presidencia del Gobierno, y a organismos públicos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que después han recibido también las críticas de la oposición.

Según la representante del PP, se está sufragando un organismo que hace encuestas que ahora «tienen como objetivo perjudicar al principal partido de la oposición y a su líder». También ha denunciado que la partida para dar apoyo a la actividad del presidente Pedro Sánchez es «propaganda». «Propaganda de Sánchez, manipulación de encuestas con dinero público y ley de memoria sectaria. Eso es lo que quieren que paguemos todos los españoles», ha sentenciado Uriarte.

La plataforma Somescola ha rechazado este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística, y ha instado a «movilizarse para defender» el modelo educativo catalán y reforzar el trabajo conjunto para consolidarlo, protegerlo y mejorarlo

Lo ha dicho después de que el Supremo reafirmara la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Catalunya que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el pasado diciembre.

Somescola, que aglutina entidades en apoyo al modelo educativo catalán, también ha instado a las instituciones catalanas a «blindar este consenso de país aprovechando el marco político generado por una amplia mayoría» del Parlament con el Pacte Nacional per la Llengua, y al Gobierno central a respetar los grandes acuerdos avalados por una amplia mayoría parlamentaria.

La plataforma, que reunirá este jueves a su permanente para abordar un ciclo de acciones y movilizaciones, ha asegurado que la sentencia supone «un nuevo intento de agresión» al modelo de escuela catalana que, según Somescola, contribuye a la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la normalización del uso del catalán.

Ha considerado «intolerable la intrusión de los tribunales para regular el modelo y la política educativa del país», y ha lamentado que un juez determine el porcentaje de horas necesarias para aprender una lengua.

Somescola ha señalado que sentencias como la del TSJC «abonan argumentos falsos y peligrosos de instrumentalización política de la educación y de la lengua», y ha remarcado que la escuela tiene que ser un actor capital en la inclusión y cohesión social.

Ha subrayado que la sentencia no representa un caso aislados: «Los continuos ataques políticos y judiciales contra la lengua catalana y la educación en catalán responden a una voluntad de minorizar la lengua catalana en todos sus usos sociales».

Somescola ha añadido que la situación del catalán en las aulas «vive una situación crítica» según los últimos informes de la Conselleria de Educación de la Generalitat.

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de 20 años y un día de prisión a un hombre por asesinar en 2019 a su mujer que se quería divorciar y a la que primero golpeó e intentó asfixiar, aunque al no lograrlo, apuñaló en varias ocasiones en el domicilio en el que vivían en la localidad malagueña de Estepona.

La sentencia, se dicta después de que la pasada semana un jurado popular declarara al acusado culpable de un delito de asesinato. Además de la pena de prisión, deberá indemnizar a la familia de la víctima con unos 330.000 euros en total.

El acusado estaba casado con la víctima y convivían con uno de sus dos hijos en dicha localidad, pero, según se considera probado en la resolución, el matrimonio se había deteriorado hasta el punto de que ella le había comunicado que quería divorciarse.

Los hechos sucedieron el día 9 de marzo de 2019, cuando el acusado «golpeó a la mujer en la cara, tapándole la boca para asfixiarla e intentó estrangularla», señala la sentencia, apuntando que al no acabar con la vida de su esposa de esa forma, «la apuñaló en repetidas ocasiones».

De esta forma, quedaron afectados varios órganos y partes del cuerpo, como los pulmones, la zona abdominal, el bazo y el pericardio; lesionando la cara anterior de la aorta y provocándole un shock hemorrágico hipovolémico que le produjo la muerte.

Según se considera corroborado, el hombre «atacó de forma sorpresiva a la víctima y aprovechó su aturdimiento por la previa ingesta de alcohol y sustancias toxicas, lo que disminuyó su capacidad mental de previsión del ataque y reacción ante el mismo».

Asimismo, se estima que el acusado «aprovechó también las condiciones del lugar en que se produjo el ataque, su propio domicilio, precisamente donde la víctima estaba más confiada», señalando que él no presentaba en ese momento trastorno alguno o era tan leve que no le impedía conocer lo que hacía.

Por eso, se le condena por un delito de asesinato aplicando la circunstancia que agrava la pena de parentesco. Los miembros del jurado llegaron a su veredicto de culpabilidad por pruebas «plenamente acreditadas», entre ellas el propio reconocimiento de los hechos por el acusado; y llegaron a entender «la intención de divorcio de la víctima como posible móvil del asesinato».

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha solicitado en el Senado el soporte y el reconocimiento jurídico necesarios, que garanticen los derechos de las personas sordas y ha avisado de «la invisibilidad social» de las personas sordas que están oralizadas y utilizan prótesis auditivas.

Así lo ha manifestado el presidente de FIAPAS, José Luis Aedo, este miércoles 24 de noviembre, en su comparecencia ante la Comisión de Políticas de apoyo a la Discapacidad del Senado.

Aedo ha ofrecido los datos sobre la situación socioeducativa de las personas con sordera, que muestran que la implantación precoz, junto con la aplicación de los programas de detección precoz de la sordera infantil y una atención temprana y logopédica especializada, orientadas al aprendizaje de la lengua oral del entorno, permiten el desarrollo de habilidades comunicativas y de aprendizaje.

Si bien, ha advertido de que «el gran error que cometen los poderes públicos y la sociedad en general es creer que esta mejor situación personal lleva consigo tener resueltas todas las situaciones de interacción con el entorno».

Además, ha puesto de manifiesto las nuevas barreras de comunicación que han surgido con la pandemia provocada por la Covid-19 y las medidas de protección para prevenir el contagio (mascarillas, distancia de seguridad, instalación de mamparas).

De forma paralela, ha avisado de las «limitaciones y perjuicios» que suponen para las personas sordas la telemedicina, la educación online o el teletrabajo.

Por ello, FIAPAS ha pedido que se facilite a las personas sordas todos los recursos precisos y que se adopten los ajustes y medidas necesarios para evitar la vulneración de derechos a la salud, a la educación, a la información y en el empleo.

Al término de la comparecencia, algunas personas con sordera pertenecientes al Movimiento Asociativo Familias FIAPAS, han intervenido, a través de un vídeo grabado, para explicar que quieren dejar de ser invisibles y quieren ser escuchadas, porque también son «ciudadanos de pleno derecho y tienen voz». «Como hablamos y nos comunicamos de manera fluida, parece que no tenemos dificultades», han advertido.