La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado que el 99,7 por ciento de los 1.125 alumnos que se forman en la Academia General Militar de Zaragoza están vacunados contra el coronavirus, una situación que ha calificado de «orgullo» porque el nivel de vacunación es «esencial».

En este sentido, Robles ha indicado que si España tiene una incidencia acumulada de casos de COVID-19 menor a otros países de Europa es porque hay un «muy alto» índice de vacunación. Por ello, «hay que seguir haciendo un llamamiento para que todo el que no se ha vacunado lo haga y quien tenga que ponerse la tercera dosis de recuerdo lo haga», ha dicho la ministra, añadiendo: «Es la mejor garantía», ya que «no solo se protege a sí mismo y sino que se protege a los demás».

Robles ha visitado este viernes la AGM y el Centro Universitario de la Defensa para conocer las actividades académicas y militares que realizan los cadetes en una jornada habitual.

Le han acompañado el general del Ejército JEME, Amador Enseñat y Berea; el general director de la AGM, Manuel Pérez López; el director del Centro Universitario de la Defensa (CUD), José Gómez; la secretaria de Estado y subsecretaria de Defensa, Esperanza Casteleiro y María Amparo Valcarce.

La ministra ha compartido con los alumnos de tercer curso del CUD una clase sobre Comunicación Corporativa, dedicada a la gestión y preparación de todas la comunicaciones internas y externas destinadas a crear un punto de vista favorable de la institución militar.

Robles ha destacado la importancia y repercusión que tienen los mensajes que se trasmiten en la sociedad a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, una herramienta «útil» para contar los valores «positivos» y actividades que se realizan, aunque ha alertado del lado «negativo» que tienen estas últimas por la inmediatez con la que se emiten y las repercusiones que pueden tener.

Asimismo, se ha pasado por una clase de aviación y por otra aula en la que se ha impartido materia militar en liderazgo y formación moral para los estudiantes de cuarto curso. Allí, la ministra ha preguntado a los alumnos por cuáles son sus referentes y sus líderes y ha reflexionado sobre la importancia de actuar de forma «ecuánime», de acuerdo a unos valores y la experiencia.

Por último, ha concluido el recorrido por el Centro Universitario para la Defensa compartiendo aula con los alumnos de primer curso en el laboratorio. Allí los cadetes estaban trabajando la técnica de dibujo –CAD, Computer Aided Design, en inglés– con un programa informático de diseño para trasladarlo a la impresión CD.

ACTIVIDADES MILITARES

La titular de Defensa ha seguido con su recorrido conociendo el simulador de tiro de armas individuales VICTRIX, donde los cadetes son instruidos en el perfeccionamiento de sus habilidades como tiradores y el liderazgo de las líneas de tiro como responsables de las mismas. En esta zona, los alumnos utilizan fusiles HK G36.

Después se ha detenido en el ‘Check Point’, donde las secciones de cadetes adquieren las competencias de control de rutas e itinerarios, así como la obtención y aprovechamiento de la inteligencia.

Después, ha podido presenciar un paso de obstáculos en la pista volitiva, donde se trabaja la adquisición de habilidades necesarias como combatiente individual y en el ejercicio de liderazgo, así como la comprensión y aplicación de trabajo en equipo para la superación de los problemas tácticos presentados.

Por último, dentro del programa de actividades militares está el cajón de arena, donde alféreces cadetes de Caballería hacen una exposición de una simulación en inglés de cómo sería un despliegue militar en el campo de batalla –se utiliza un tema táctico para mejorar en las habilidades a adquirir en el manejo del idioma–.

MOTIVACIÓN

La ministra Robles ha destacado tras estar en contacto con los alumnos de la Academia General Militar que los ha visto «muy motivados, con ganas de avanzar y prepararse».

Ha considerado que la Academia General Militar es un ejemplo en la formación y en las Fuerzas Armadas», ha manifestado, para continuar diciendo que «Zaragoza tiene que sentirse muy satisfecha de tener esta Academia General aquí».

RECUERDO AL CADETE FALLECIDO

La titular de Defensa ha tenido unas palabras de homenaje para Pablo Jerez Sanjuán, el alférez cadete, de 22 años, fallecido a principios del mes de septiembre cuando realizaba unas maniobras en el campo de San Gregorio de Zaragoza.

En este aspecto, Robles ha destacado que «si algo se caracteriza las Fuerzas Armadas es por ser una gran familia y cuando uno sufre, sufren todos. Es evidente que ese fallecimiento ha tenido un efecto en sus compañeros, pero se sienten muy unidos y tienen esas ganas de arropar a la familia».

Por ello, la ministra ha adelantado que cuando a su promoción se le haga entrega de los despachos, la familia del joven también recibirá uno: «Queremos que de una manera simbólica, Pablo tenga también su despacho, para que la familia sepa que no nos olvidamos».

La Delegación del Gobierno en Navarra ha celebrado este viernes en el Planetario de Pamplona la cuarta edición de las Jornadas sobre Violencia contra la Mujer que, bajo el título ‘La mirada del agresor’, en la que expertos en la materia han alertado del descenso en la edad de los agresores.

La sesión, en la que se ha abordado desde una «perspectiva transversal» el perfil de los agresores en casos de violencia de género, ha sido inaugurada por el delegado, José Luis Arasti, y por el director del Centro Penitenciario de Pamplona, Enrique Soto.

Según informa la delegación en nota de prensa, la primera de las ponencias ha corrido a cargo del catedrático de Psicología Antonio Andrés Pueyo, que ha reflexionado sobre la valoración policial del nivel de riesgo en los casos de violencia de género y su papel en la predicción y anticipación de las agresiones.

Ha señalado que, «frente al discurso negativo, la realidad es que se ha conseguido reducir la violencia de género más grave». Ha subrayado la «gran intolerancia y rechazo social» contra este tipo de violencia y el «reconocimiento internacional al trabajo que se está realizando en España contra la violencia de género».

La jueza de Violencia de Género de Pamplona Esther Fernández ha abordado las medidas judiciales aplicables a los agresores. Ha alertado del incremento de casos, también en lo relativo a las agresiones sexuales, y del descenso en la edad de los agresores.

En lo que llevamos de año, se han dictado 202 sentencias penales por delitos de violencia contra la mujer, cuando en años anteriores no se había pasado de las 120.

A lo largo de la jornada, también se ha hablado de la intervención, el tratamiento y los programas que existen desde Instituciones Penitenciarias para los penados por violencia de género.

Sobre esta cuestión han reflexionado Laura Negredo, subdirectora general adjunta de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas de Instituciones Penitenciarias, y Marta Miñana, que es la subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario de Pamplona.

Ambas han recordado que «hay personas cumpliendo condena por violencia de género dentro de la cárcel, pero son más quienes cumplen medidas alternativas, aquellas que no incluyen privación de libertad».

En el caso de Pamplona, hay 70 personas condenadas dentro de la prisión. Todas ellas tienen acceso a los programas de intervención con agresores, que en lo que va de año ha sido realizado por 57 personas dentro de la cárcel y otras 146 que cumplían medidas alternativas. Según algunas estadísticas internacionales, entre el 20% y el 35% de los penados que no realizan estos programas acaban reincidiendo.

«LLAMATIVO» DESCENSO EN LA EDAD DE LOS AGRESORES

Para abordar la intervención psicológica con los agresores, ha participado en la jornada Josean Echauri, doctor en Psicología y socio fundador del PSIMAE (Instituto de Psicología Jurídica y Forense). Ha señalado como dato «llamativo» el descenso en la edad de los agresores.

Un 30% de los que tratan desde el PSIMAE tiene menos de 30 años. Además, casi la mitad de los agresores está en desempleo y un 60% tiene antecedentes psiquiátricos, en particular, adicciones. También hay factores «precipitantes» como la falta de límites, la intolerancia a la frustración, los celos o el consumo de alcohol y drogas.

«Trabajar con los hombres es la mejor forma de prevenir el maltrato», ha señalado Echauri, quien ha añadido que los programas con agresores son más efectivos en el medio abierto que dentro de prisión.

La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre las actuaciones policiales con los agresores que ha contado con representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha puesto en alza la necesidad de establecer una «coordinación efectiva» entre las comunidades autónomas para conseguir que el registro de autoprohibidos de las actividades del juego y apuestas sea un instrumento que realmente «mejore su eficacia».

Alberto Garzón ha realizado estas declaraciones en Logroño minutos después de mantener una reunión con ARJA (Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación) y junto a la delegada del Gobierno regional, María Marrodán.

Al respecto del registro general de Interdicciones de Acceso al Juego (Autoprohibidos), el ministro ha destacado que «estamos cerrando este proceso» con el fin de «tener una mejor coordinación».

Como ha explicado, este registro permite a un jugador o jugadora que sabe que tiene un problema se registre en esa lista y se le imposibilite jugar en salones de juegos o casas de apuestas presenciales. Pero, en este punto, ha indicado, «todavía no hay una coordinación eficaz entre autonomías y, por ejemplo, una persona de La Rioja que, en un momento de debilidad quiera jugar, podría ir al País Vasco para hacerlo».

Como ha reconocido, el problema del juego «aunque se han producido avances significativos, todavía no se ha terminado».

Entre esos avances, ha recordado, «ya no hay publicidad de casas apuestas y salones de juego en televisión. Hemos conseguido la restricción estricta de esta publicidad y desde el 1 de septiembre no hay ningún tipo de publicidad al respecto en televisión o en internet lo que supone una victoria importante que ha cerrado el vehículo por el que mucha gente entraba en esta actividad compulsiva».

Aunque este avance «ha sido muy complicado» y dicha reforma tiene «tres recursos interpuestos como el de la patronal del juego, de los medios de comunicación y de la liga de fútbol, sabemos que son sectores que legítimamente defienden sus intereses pero ante nosotros hemos antepuesto la protección de la salud sin perjuicio de que sepamos que, cuando la publicidad desaparece desaparecen los ingresos de esas plataformas que son sobre 400 millones de euros al año.

Durante su intervención, el ministro Garzón ha querido agradecer también el trabajo de ARJA y, sobre todo, «su labor social» de más de 33 años, «en una materia de enorme sensibilidad para la población».

Con esta reunión, ha explicado, «queríamos conocer de primera mano la problemática en materia de juegos de azar en La Rioja» para, posteriormente, poder tener un balance a lo largo del país para hacer mejoras en la regulación por parte del Gobierno de España. «Nuestro trabajo es empujar, ayudar y proyectar nuestro servicio y experiencia para mejorar la protección de las familias trabajadoras y las más vulnerables ante este tipo de actividad».

RENDIMIENTO EDUCATIVO Y CERCANÍA SALAS DE APUESTAS

Además, Garzón ha hecho referencia a un estudio publicado el mes pasado y centrado en Madrid por las investigadoras Cañizares y Martínez del que se desprende que la presencia de casas de apuestas y salones de juego en la cercanía de colegios e institutos ha hecho que se reduzca el rendimiento educativo de aquellos lugares con familias con rentas más bajas.

Por lo tanto, «la afectación de los juegos de azar y casas de apuestas no es solo de salud individual sino también de rendimiento educativo que nos obliga, como administración pública, a ser ambiciosos en la regulación de la materia».

Como reconoce, la regulación al respecto se está llevando a cabo por instancias parlamentarias o de Gobierno y «sí que es verdad que existe una asimetría entre ellas». Por ejemplo, en Valencia o Baleares se habla de una distancia entre el centro educativo y los salones de juego de 500 metros de colegios o institutos o en Andalucía de 150 metros y en La Rioja de 250 metros, creo que hay una conciencia ciudadana creciente que se está visualizando en una mayor regulación pero según vamos teniendo más información, como estos estudios, es más importante que seamos más audaces».

«El ocio no se tiene que vehicular por asociaciones de juego, es algo muy serio y hay que hacer una ley que proteja de manera más efectiva», ha finalizado.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad parcial del decreto de la Generalitat Valenciana que regula la Oficina de Derechos Lingüísticos.

De esta forma, el alto tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por la administración autonómica contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), de 22 de mayo de 2020, que declaró la nulidad de pleno derecho de 12 artículos del decreto 187/2017 por el que se regula el funcionamiento de dicho organismo.

En la sentencia –datada del 22 de noviembre y facilitada este viernes–, el Supremo coincide con el TSJ valenciano en que la regulación que la norma reglamentaria realiza de las actuaciones de la Oficina en materia de reclamaciones y sugerencias no es conforme a derecho por no prever la tramitación de un procedimiento administrativo y la consiguiente posibilidad de que el acto administrativo sea recurrido o impugnado.

Para el TS, «ello es claramente contrario a los principios de seguridad jurídica y responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución Española».

Añade que, «además, resulta contrario a los artículos 103.1 y 105.d) de la propia Constitución que consagran la obligación de que la Administración actúe «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho» y la previsión sobre las bases constitucionales de la actuación administrativa cuando dispone que la ley regulará «el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, «siendo claro que esta previsión contiene un doble mandato: a) que el legislador regule el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos; b) que para el dictado de actos administrativos se tramite un procedimiento».

La Generalitat valenciana, por el contrario, explican las fuentes jurídicas, mantenía que las reclamaciones y sugerencias reguladas en el decreto no constituían actos administrativos, lo que excluía la necesidad de quedar sujetas a procedimiento administrativo, siendo innecesario por tanto la regulación por ley.

Añadía que la intervención de la oficina en materia de reclamaciones y sugerencias era una «actuación/función de mediación-asesoramiento» que no genera actos administrativos ni exige la existencia de un procedimiento administrativo.

Sin embargo, el Supremo no comparte esa argumentación y destaca que se debe partir de que la norma reglamentaria impugnada, que regula este tipo de actuación en función de si la reclamación o las sugerencias se refieren a actuaciones de la propia administración, de otras o de personas físicas o jurídicas privadas, determina en su artículo 10 que, en todos los casos, la Oficina «iniciará un expediente informativo para averiguar si los hechos expuestos por la persona interesada constituyen una vulneración de los derechos lingüísticos de acuerdo con la normativa vigente» y que «las personas interesadas serán informadas con respecto al estado de su tramitación».

«La comunicación de la respuesta se regirá por las normas que regulan el trámite de la notificación para los actos administrativos», apostilla.

«Por tanto –añade el tribunal–, en principio, nos encontramos con que la Administración –la ODL– recibe una denuncia (pero también puede actuar de oficio por conocimiento propio ex artículo 4), inicia un expediente informativo para investigar unos hechos, califica los hechos como vulneradores o no de los derechos lingüísticos, actúa frente a terceros públicos y privados si aprecia esa vulneración, y da una respuesta que se notifica al interesado afectado en la misma forma que los actos administrativos».

La sentencia concluye que, en todos los casos –ya sean referidos a otras administraciones, a personas jurídicas o a privadas– la actuación de la oficina «se caracteriza por tomar conocimiento de los hechos, hacer una valoración en cuanto a su incidencia en los derechos lingüísticos, remitirla a los interesados/afectados por considerar que han llevado a cabo actuaciones vulneradoras de los derechos lingüísticos que la ODL defiende, e imponiendo, a modo de corrección jurídica, la adopción de las medidas adecuadas para enmendar los hechos y prevenir que no se reproduzcan en adelante».

Argumenta que esta y no otra es la naturaleza de la actuación de la oficina, y destaca que no puede olvidarse cómo el preámbulo del decreto justifica su creación afirmando que responde a «la necesidad de que los poderes públicos pongan al alcance de la ciudadanía un recurso de carácter institucional especializado en la atención de casos de discriminación en materia lingüística, que sirva de canal para corregir los hechos objeto de denuncia y que, al mismo tiempo, ayude a restablecer en la sociedad la normalidad de los usos que corresponden al valenciano como lengua oficial».

ACTÚA FRENTE A TERCEROS

Es decir, la administración crea un órgano para atender «casos de discriminación en materia lingüística», que califica abiertamente como tales y por ello actúa frente a terceros, y lo hace con la finalidad de «corregir los hechos objeto de denuncia» y llegar «a restablecer en la sociedad la normalidad de los usos que corresponden al valenciano como lengua oficial».

En definitiva, para el alto tribunal, la actuación final de asesoramiento de la oficina «conlleva previamente una clara decisión declarativa atribuible a una Administración Pública, que ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa tendente a un específico interés público, que produce un efecto sobre los destinatarios por así establecerlo el ordenamiento jurídico, llegando a incidir en la esfera de derechos de particulares, que no responde a situaciones de inmediatez que impidan o imposibiliten la tramitación de un procedimiento».

«Lo ha sido de tal manera que la decisión ha sido adoptada sin ningún tipo de garantía administrativa previa y sin que se contemple la posibilidad de impugnarla, es más, el artículo 7.2 dispone que no se podrán interponer recursos contra la respuesta de la Oficina«, concluye.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este miércoles a Vox que puede pagar en las urnas «boicotear» la acción del Ejecutivo andaluz que lidera Juanma Moreno tras no apoyar los Presupuestos andaluces.

«Ahora mismo, como ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, hay una estabilidad política gracias a los tres presupuestos que se han aprobado esta legislatura, que se pueden prorrogar», ha declarado.

Así se ha pronunciado, tras visitar en Logroño las bodegas Campo Viejo, al ser preguntado si Vox es un buen compañero de viaje tras su rechazo a las cuentas públicas andaluzas, a la espera de ver qué pasa también con los presupuestos de Madrid.

Casado ha indicado que en la Comunidad de Madrid «no se ha aprobado ningún presupuesto en los últimos tres años, pero hay una estabilidad en la Asamblea de Madrid y un proyecto de Presupuestos que aún no se ha votado que es excelente». «Estoy convencido de que recabará el apoyo mayoritario de la Asamblea», ha apostillado.

CREE QUE ES VOX EL QUE DEBE EXPLICARSE

El presidente de los ‘populares’ ha señalado que los partidos que «van contra la estabilidad parlamentaria en un momento tan grave para España son los que tienen que explicar por qué lo están haciendo», en alusión a Vox.

Dicho esto, ha señalado que «nadie del Gobierno» le ha llamado para hablar del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha añadido que, sin embargo, tanto Moreno como Ayuso han llevado a cabo conversaciones con los grupos parlamentarios.

«Y hay algunos que están pensando más en la agenda electoral que en los intereses de los madrileños y de los andaluces. Nosotros, a lo nuestro», ha manifestado Casado, que ha presumido de la gestión del PP tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía.

Así, ha abundado en que esa «gran gestión» por parte de Moreno y Ayuso recibe «un apoyo en las urnas». «Y los partidos que boicotean su actuación, al final tienen peor resultado en las urnas», ha advertido a los de Abascal.

CRITICA LOS ACUERDOS DE SÁNCHEZ CON BILDU Y ERC

Casado ha afirmado que ahora el PP tiene que estar «a lo importante» porque en España «las cosas no están yendo bien, por mucho que diga el Gobierno», aludiendo a cifras que ofrecen algunos organismos internacionales. «Estoy preocupado por lo que pueda pasar, aunque el Gobierno luego diga que somos catastrofistas, simplemente por hacernos eco de las cifras oficiales que ya nadie niega», ha enfatizado.

El líder del PP ha criticado duramente los acuerdos con ERC y Bildu en los PGE, donde se ha visto el «zoco» y el «bazar» porque «solo está a contentar a sus socios». «Sánchez ha cruzado el Rubicón, no tiene marcha atrás», ha indicado, en alusión a las declaraciones del nuevo secretario general del PSE, Eneko Andueza, en las que avanzó que podría pactar con Bildu.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido este viernes establecer un complemento salarial a los jueces que ejercen en esta comunidad para incentivar a que se queden, ante la falta de plantilla para cubrir vacantes.

El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha explicado el acuerdo de este viernes del pleno de la Sala de Gobierno, con el que pide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que inste al Ministerio de Justicia a establecer este complemento de destino «similar en concepto y cuantía» al que ya existe en las Islas Canarias, el País Vasco y Navarra.

Barrientos ha señalado la «urgencia» para cubrir plazas vacantes ante la previsión de que unas 80 plazas de juez en Cataluña queden desocupadas las próximas semanas.

Por un lado, el lunes recibirán sus despachos los 188 nuevos jueces que este año han terminado su formación en la Escuela Judicial, lo que supone que «van a cesar en los juzgados de Cataluña hasta 20 alumnos» que cubrían plazas de sustitución y de refuerzo en su última etapa de formación.

Al terminar la etapa en la Escuela Judicial, los nuevos jueces eligen destino entre las plazas vacantes y con orden de preferencia según sus calificaciones, y una vez reciben el primer destino, no pueden pedir cambiarlo hasta un año después.

Además, el martes se publicará el resultado del tercer concurso este año con las peticiones de cambio de destino, en el que 41 jueces graduados el año pasado y que hasta ahora ejercían en Cataluña se irán a otros juzgados.

El cuarto concurso para cambios de destinos en 2021 se publicará en diciembre, y Barrientos ha explicado que con este 21 jueces más se irán de Cataluña, sumando unos 80 ceses en pocas semanas.

«No tenemos jueces sustituir suficientes para cubrir todas esas vacantes que se van a generar», y ha detallado que solo hay 12 jueces sustitutos disponibles, por lo que solo se podrá cubrir esta cantidad de plazas vacías.

NUEVA PROMOCIÓN

En la promoción de este año en la Escuela Judicial hay 188 nueves jueces, y de estos 73 tendrán su primer destino en Cataluña, a los que se incorporarán a mediados de diciembre, pero Barrientos ha señalado que «la mayor parte vienen porque no han tenido alternativa» al tener que elegir su primer puesto entre las plazas disponibles.

«Implica que van a permanecer en estos destinos el tiempo mínimo imprescindible» por la norma que fija que no pueden cambiar de juzgado durante el primer año.

Barrientos ha recordado que, aunque la mayoría de nueves jueces empezarán trabajando en Cataluña, la mayor parte provienen de otras comunidades autónomas, y es habitual en este caso que pidan el traslado a sus provincias en cuanto pueden.

«PROBLEMA ESTRUCTURAL»

Barrientos ha remarcado que, a pesar de la urgencia de las próximas semanas, se trata de «un problema estructural de la carrera judicial en Cataluña, y este escenario con toda probabilidad se va a repetir de forma recurrente».

Entre las posibles causas de la alta temporalidad de los jueces en Cataluña también ha señalado que hay menos personas que se forman para juez en proporción a las plazas que hacen falta.

Respecto a esta problemática, considera que la propuesta de la Generalitat para crear becas para nuevos jueces es «una buena forma de incentivar» que más graduados en derecho opositen, y ha deseado que se despliegue.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado que el Tribunal Supremo ha dado la razón a los ‘populares’ y «ha frenado, una vez más, la inmersión lingüística» que, a su juicio pretende llevar a cabo el gobierno de Ximo Puig y su «procés nacionalista». En esta línea, ha reclamado al jefe del Consell que «abandone ya sus proyectos de implantación del modelo catalán».

Así se ha manifestado Carlos Mazón tras conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Generalitat Valenciana en contra de la sentencia del TSJCV que declaró la nulidad de 12 artículos del decreto por el que se regula la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) de la Comunitat Valenciana.

Carlos Mazón ha subrayado que, «gracias al recurso del PPCV, la imposición y el sectarismo de este Consell nacionalista de izquierda radical no es hoy una realidad». «Hoy los ciudadanos de la Comunitat Valenciana son más libres de la vigilancia y del adoctrinamiento del Consell», ha aseverado.

«Tenemos que seguir promocionando el valenciano pero no desde la imposición y desde el dogma y no con policía lingüística. Nuestra lengua es riqueza para todos y no se puede seguir con esta agenda de imposición», ha recalcado.

«Los valencianos –continúa– no necesitamos una policía lingüística, como la que quería imponer Puig, que nos vigile y que imponga la agenda catalanista en nuestra Comunitat porque nosotros defendemos el bilingüismo activo y seguiremos trabajando, desde el sentido común y la protección de la legalidad, por la cooficialidad de castellano y valenciano en esta Comunitat».

En este sentido, el presidente del PPCV insiste en que «no queremos modelos copiados de otros territorios, como Cataluña, donde el resultado no ha sido la convivencia pacífica de lenguas». En la Comunitat Valenciana, «por el contrario, la regla siempre ha sido la libertad y la convivencia pacífica del valenciano y el castellano. Decimos valenciano sí y castellano también», apunta.

«INMERSIÓN VIGILADA»

Para Mazón, «este Consell siempre ha querido crear un estado de inmersión vigilada sin tener en cuenta que nuestro territorio siempre ha sido y será una tierra de convivencia, libertad y de respeto a todos».

«Desde el PPCV vamos a seguir defendiendo la no imposición y el respeto a las personas y a su libertad. Queremos que esta Comunitat esté libre de imposiciones, de ideología y de vigilancia de la lengua en la que hablamos», ha concluido.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha asegurado que no se prevén cambios en los colegios en la actualidad «porque no hay indicadores que nos obliguen a ello», aunque ha asegurado que «no se bajará la guardia».

Durante una rueda de prensa en la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Cuenca, Tiana ha indicado que en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado este jueves con las consejerías de Educación del país, se abordó la posible vacunación a niños de entre 5 y 12 años tras la aprobación de la vacuna de Pfizer a este colectivo por parte de la Agencia Europea del Medicamento.

«Los datos de incidencia son bajos por suerte, pero como estamos en una situación de crecimiento de la incidencia, acordamos que había que seguir actuando con prudencia», ha aseverado el secretario de Estado.

En esta línea, Tiana ha indicado que el Ministerio «va a seguir actuando con prudencia». «No se prevé cambios en estos momentos porque no hay indicadores que nos obliguen a ello, pero tampoco podemos bajar la guardia», ha dicho

«Si las noticias que están barajando las autoridades sanitarias es que se va a empezar a vacunar, y se inicia, va a ser un factor adicional de tranquilidad, pero de principio estamos siguiendo de cerca el proceso, pero tenemos una prudencia para evitar que esto se nos escape», por lo que el secretario de Estado ha apostado por que sea «lo mismo que el año pasado», en donde los centros educativos actuaron «como centros de prevención temprana».

DE LA MANO DE SANIDAD

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, ha puntualizado que en este ámbito «hemos ido siempre de la mano de las autoridades sanitarias.

En esta línea, ha agradecido al Ministerio «esa labor de coordinación con Sanidad, porque nos establecieron cuáles eran los parámetros fundamentales que había que poner en marcha los centros educativos».

«Fruto de esos acuerdos que además nacen del conjunto de consejeros, nosotros establecimos una guía que ha venido a enmarcar cuáles eran las medidas que había que poner en marcha», con lo que se consiguió que los centros educativos fuesen «de los lugares más seguros».

La consejera de Castilla-La Mancha ha reconocido que la vacuna «es un escudo alrededor del cual se van gestando nuevos cercos al virus», por lo que están a expensas de lo que Sanidad marque. «Si Sanidad dice que hay que vacunar a los menores entre 5 y 12 años se hará, y la escuela será un lugar más seguro de lo que es ahora».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recalcado este viernes su apuesta por «dar vida» al campo, a la España «olvidada», frente a los «lemas de progres de ciudad que se olvidan de dónde viene lo que comen y los sacrificios que les cuesta producirlos a otros españoles y a sus propias familias».

Así lo ha trasladado Ayuso en declaraciones a los periodistas tras visitar una explotación de ganado en Colmenar Viejo. «La mejor manera de dar vida y actividad a la que llaman España vaciada, que es más bien una España olvidada y despoblada, es ayudar al campo con políticas que faciliten la labor de los agricultores y ganaderos y les permitan llegar a grandes superficies y consumidores», ha lanzado.

A su juicio, esto es lo que tienen que hacer y no estar «siempre enfangados en los lemas de progres de ciudad que se olvidan de dónde viene lo que comen ellos y sus familias y los sacrificios que les cuesta producirlos a otros españoles y a sus propias familias».

Para la presidenta autonómica, la España «olvidada» no va a tener «oportunidades» hasta que las comunidades autónomas, «todas las administraciones bajen impuestos y apoyen a sus empresas y no habrá futuro echando a los españoles de su tierra por motivos lingüísticos, sin planes de natalidad, expulsando a instituciones como la Guardia Civil y atacando a la capital del país para después copiar, por cierto, muchas de sus políticas».

En este punto, la jefa del Ejecutivo regional ha recordado que casi 2.000 empresas y casi 30.000 trabajadores del campo «actualmente están siendo abandonados a manos de un Gobierno central que lo único que hace son concesiones a aquellos que quieren destruir España».

«Estamos viendo cómo no hay política energética, no hay política de fronteras, no hay un peso específico de España en la política internacional, no se defienden a las familias y a las empresas en la educación. Solo estamos viendo cómo se reparten fondos como si fueran un botín para mantenerse en el poder», ha criticado.

Por ello, ha pedido alternativas ante «la subida de la luz que está ahogando al sector», deducciones fiscales para la compra de abonos, fertilizantes o gasóleo, o la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en el Régimen Agrario.

En la misma línea, Díaz Ayuso ha solicitado una bonificación de los contratos de trabajo en esta actividad que garantice que los agricultores y ganaderos no cobran por debajo de los costes de producción y que, además, expliquen «cómo se definen los costes y a quién van a controlar y supervisar».

Asimismo, la presidenta quiere que se cumplan «las mismas reglas del juego para que el queso, el aceite o cualquier otro producto llegue al consumidor europeo sin trabas, como ocurre, por ejemplo, con los productos de China o de Marruecos».

AYUDAS PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

La presidenta se ha comprometido a seguir «luchando con todas sus fuerzas» para ayudarles a superar esta «muy difícil situación que están atravesando». Al hilo, ha destacado el Plan Terra puesto en marcha en 2020, con una inversión superior a 100 millones de euros.

Entre las principales actuaciones realizadas, ha puesto este año más de 15 millones de euros a disposición de agricultores y ganaderos para la modernización de infraestructuras, como la sala de ordeño y la maquinaria de la quesería que ha podido ver la presidenta.

También ha adelantado las ayudas directas de la PAC, más de 17 millones de euros a más de 6.100 profesionales desde el 25 de octubre.

Asimismo, ha puesto en marcha el servicio Agroasesor y ha sellado dos destacados acuerdos: por un lado, un convenio con Agroseguro para facilitar y abaratar la contratación de seguros frentes a posibles contingencias y catástrofes naturales, y por otro, una alianza con las principales cadenas de distribución con el fin de impulsar la promoción y venta de alimentos de Madrid en las pequeñas y medianas superficies.

La explotación ganadera Embrujo de la Sierra cuenta con 500 ovejas de pastoreo libre que destina a la producción de leche y a elaborar sus propios quesos artesanos, los cuales cuentan con la marca de garantía M Producto Certificado, como el más de medio millar de empresas y más de 4.000 productos que lucen este distintivo, y se venden en 30 establecimientos de la región, cinco grandes cadenas y tres restaurantes

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado este viernes al tribunal que le juzga por tres piezas separadas de ‘Tándem’ que «altas autoridades del Estado», entre las que ha mencionado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, testifiquen por las «manifestaciones incriminatorias» que han vertido contra él.

El abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, ha considerado que deben testificar para explicar por qué se han referido al policía retirado como un «corrupto», citando en concreto un reciente discurso de Sánchez en Naciones Unidas.

«Estamos hablando de declaraciones públicas, nada más y nada menos que en la ONU. Pues que den explicaciones, (que digan) qué pruebas tenían de que Villarejo era un corrupto. Que lo digan aquí, no vale decirlo allí», ha espetado.

Ha recordado así las declaraciones a la prensa que hizo Sánchez el pasado mes de septiembre, en el marco de la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, cuando dijo que al Ejecutivo no le iba a marcar la agenda «un corrupto que está en la cárcel», en alusión a Villarejo.

En lo tocante a Marlaska, ha estimado que hay más motivos para que comparezca en este triple juicio, poniendo de manifiesto que es de quien depende orgánicamente la Unidad de Asuntos Internos, a la que acusa de participar en el supuesto montaje de ‘Tándem’.

«No se puede poner a la zorra a guardar a las gallinas», ha dicho para ilustrar que no se puede poner a la UAI a «investigar el caso donde se investiga al propio Estado», incidiendo de esta manera en la tesis de que Villarejo actuó en todo momento como agente estatal.

LA ÉPOCA DE RAJOY Y GONZÁLEZ

También ha propuesto una segunda tanda de testigos que, conforme a su razonamiento, podrían dar buena cuenta de cuáles eran las verdaderas funciones de Villarejo tanto desde la Policía como desde su grupo empresarial, CENYT.

En este grupo ha llamado como testigos al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y a sus ex ministros María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, así como al que fuera secretario de Estado de este último, Francisco Martínez.

«¿Por qué tenía el señor Villarejo el teléfono móvil del señor Rajoy?, ¿es normal que un comisario básico pueda reportar a un presidente del Gobierno?», ha planteado, reiterando con ello lo que ya declaró en el marco de ‘Kitchen’.

Igualmente, ha visto necesario escuchar los testimonios del también ex presidente del Gobierno Felipe González, su ex ministro de Interior José Luis Corcuera y su ex secretario de Estado Rafael Vera.

Sobre los otrora dirigentes socialistas, el abogado defensor ha argumentado que Villarejo tuvo una intervención «muy importante» en la lucha contra ETA, incluido «a través de los GAL».

JUECES Y FISCALES

Con esta misma pretensión de arrojar luz sobre los servicios prestados por Villarejo, su letrado ha pedido que testifiquen los fiscales Eduardo Torres Dulce y Javier Zaragoza.

En este punto, ha sostenido que Zaragoza es «perfecto conocedor» de la estructura creada con CENYT porque dice que la usó con el ‘caso Ubiña’, mientras que ha asegurado que Torres Dulce se habría valido de ella para la ‘Operación Cataluña».

«Si esto es así (…), si se utilizaban sus empresas para causas judiciales, nunca puede ser una organización criminal, porque entonces sería el Estado el criminal, que es el que las contrataba», ha esgrimido.

Por último, ha confeccionado un tercer grupo de posibles testigos en el que ha colocado a los fiscales Manuel Moix y Antonio Salinas y a los jueces de la Audiencia Nacional Diego de Egea, Alejandro Abascal y Fernando Andreu, porque todos ellos podrán esclarecer «cómo se gestó la causa» contra Villarejo.

VILLAREJO QUIERE ESPERAR A ‘KING’

Además, la sesión de este viernes ha servido para que la defensa de Villarejo finiquite las cuestiones previas. García Cabrera ha reiterado que, si la Audiencia Nacional insiste en que es competente para juzgar estas tres piezas, debe esperar a hacerlo de forma conjunta con la pieza principal de ‘Tándem’, denominada ‘King’.

El abogado defensor ha añadido a sus argumentos de la sesión anterior dos «hechos nuevos». El primero, un escrito de Anticorrupción en el que pide acumular la pieza 8 (‘Marbella’), sobre el presunto espionaje de Villarejo a un empresario marbellí por una disputa inmobiliaria, a ‘King’, donde se investiga a CENYT como organización criminal al hilo de unos trabajos en Guinea Ecuatorial.

La otra novedad que ha señalado García Cabrera es una reciente providencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde cuestiona su propia competencia para juzgar la pieza 1, donde están procesados el empresario Francisco Menéndez –el denunciante que propició el estallido de ‘Tándem’– y el ex comisario jefe del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, porque no observa conexión entre ésta y las demás piezas.

García Cabrera ha vuelto a afirmar que el único anclaje de ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ a la Audiencia Nacional es la calificación de organización criminal que se le da a CENYT en los escritos de acusación, incluido el del Ministerio Fiscal, pero que no se ha traducido en una acusación formal en este juicio por dicho delito, lo que –ha defendido– derivaría la competencia a los juzgados ordinarios de Madrid.

Sin embargo, asumiendo que el juicio proseguirá, ha reivindicado que al menos se le permita aducir como parte de la defensa de Villarejo lo que considera el único nexo de las más de treinta piezas que componen ‘Tándem’: La actuación del comisario como «agente de Inteligencia» a través de la «tapadera» de CENYT.

MORFEO IRRUMPE EN LA SALA

Para la última cuestión previa, García Cabrera ha solicitado al tribunal que permitiera a Villarejo exponerla mediante un escrito que había preparado ‘ex profeso’, pero se lo han denegado por lo que ha acabado leyéndola el letrado, previa queja.

En este escrito, Villarejo ha denunciado –por boca de García Cabrera– que ‘Tándem’ es «una causa general» que se habría montado después de que el policía denunciara las supuestas «ilegalidades» del CNI y otros, y cuyo objetivo último sería acabar con la «Inteligencia civil» para que toda siga en manos del CNI.

«El sumario de ‘Tandem’ es una causa general que, al igual que el incendio de este verano en Estepona, podría definirse de sexta generación porque si el incendio fue capaz de tener atmósfera propia (…) Esta causa tiene sus propias leyes para conseguir el máximo nivel de aniquilación», ha descrito.

Con todo, se ha declarado víctima de un «juicio popular» donde ya se le ha sentenciado como culpable en base a «mentiras», «propaganda» y «terror» con las que se ha intentado neutralizar a Villarejo para «minar su firme determinación a hablar».

La defensa de Villarejo y el tribunal han protagonizado un segundo encontronazo. En este caso porque García Cabrera ha reprochado a los magistrados que durante la sesión de tarde del pasado 15 de noviembre estuvieron dormitando mientras los abogados ponían de relieve supuestas vulneraciones de sus derechos fundamentales. Es «un escenario nada edificante» que «sus señorías se puedan abandonar en manos de Morfeo», ha lamentado.

Tal afirmación ha provocado el enfado de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que ha exigido a García Cabrera que precisara en qué momento exacto se habrían dormido. «Yo le rogaría que lo acredite», ha retado, si bien finalmente el abogado ha reculado apuntando que sus palabras se podrían haber malinterpretado.

El Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA ha anunciado los cinco proyectos de investigación sobre educación financiera que recibirán financiación a través de su programa de becas BBVA EduFin Research Grants.

En total, se repartirán 50.000 euros entre los proyectos ganadores que llevarán a cabo IE Foundation, William Marsh Rice University – Baker Institute, The Pennsylvania State University, Universidad de Salamanca y Universidad Torcuato Di Tella, cuyas investigaciones se realizarán en España, México, Colombia y Argentina, según ha detallado la entidad.

En esta cuarta edición del programa, cada equipo seleccionado tendrá acceso a un premio de 10.000 euros para financiar su proyecto de investigación. La pandemia global ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la educación financiera como herramienta para resolver desafíos que contribuyan a una sociedad más sostenible por lo que, como señala BBVA, no es de extrañar que las propuestas ganadoras estén enfocadas mayoritariamente en solucionar los retos más acuciantes del sector.

En el caso de IE Foundation, la investigación –liderada por Laura Núñez Letamendia– examinará en profundidad el papel de la educación financiera en el bienestar económico de los hogares. El trabajo se basa en el análisis de los conocimientos de la población respecto a conceptos como la inflación, la diversificación y el interés simple y compuesto; la comprensión de los vehículos de inversión; las habilidades de planificación y el sentimiento de empoderamiento financiero, es decir, la confianza que cada persona tiene en sus habilidades para llevar a cabo acciones de gestión financiera.

La investigación explorará la influencia de estos cuatro pilares en el bienestar o la vulnerabilidad de las personas a través de la escala del bienestar del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB, por sus siglas en inglés). Para ello, el trabajo usará como base empírica la encuesta que realizó el Observatorio del Ahorro Familiar en marzo de 2021 a 1.500 hogares españoles. Dicho sondeo recabó información, entre otros aspectos, sobre variables relacionadas con el comportamiento y actitud financiera de los individuos antes de la pandemia y su nivel de educación en finanzas.

«Más allá de la satisfacción de la financiación, para nosotros es un honor haber sido seleccionados por un programa tan prestigioso como BBVA EduFin», ha declarado Núñez al recibir el anuncio de que su proyecto había sido seleccionado.

En cuanto al William Marsh Rice University – Baker Institute, el investigador José Iván Rodríguez-Sánchez ha puesto en marcha el proyecto ‘Mejoramiento de la educación financiera y las cuentas de jubilación en México después de la pandemia COVID-19’, que examinará el impacto de la pandemia en los mexicanos y cómo ha influido en su interacción con el sistema financiero. «El hecho de que BBVA me haya elegido me hace sentir muy honrado y con mucha responsabilidad para hacer mi investigación», ha afirmado el investigador.

Las conclusiones de este trabajo buscarán entender la visión de futuro de muchos ciudadanos del país ahora que su capacidad de ahorro, de planificación de la jubilación y de acceso al crédito se han visto mermadas. La investigación analizará el impacto que tendría una educación financiera mejor en la situación actual y ofrecerá recomendaciones de políticas públicas para ofrecer una educación de calidad y una mayor inclusión financiera.

The Pennsylvania State University desarrollará un proyecto, encabezado por la profesora Priya Sharma, que explora el papel de la inclusión financiera y de las tecnologías del sector como herramienta de impulso del crecimiento económico en Colombia desde la perspectiva de varios representantes de dos sectores: las empresas ‘fintech’ y las comunidades rurales, concretamente, un grupo de mujeres cafeteras y otro de familias de pequeños agricultores del cacao.

Los datos de ambos grupos se recopilarán a través de entrevistas en profundidad y de dos talleres que se realizarán por separado con un total de 40 participantes. El de las empresas ‘fintech’, que tendrá lugar en Bogotá (Colombia), se centrará en qué productos y servicios para la población rural identifican como prioritarios y cómo perciben las necesidades y expectativas de estas comunidades.

En cuanto a los agricultores, la investigación busca entender sus perspectivas sobre pobreza, desigualdad o inclusión financiera para entender sus necesidades y ofrecer soluciones. El trabajo final servirá para ofrecer recomendaciones, entre otros temas, sobre cómo desafiar al paradigma actual de educación financiera en el país y el papel de las tecnologías financieras en un contexto desafiante.

Mientras, desde la Universidad de Salamanca, Javier Sierra lidera una investigación que se centra en el diseño y aplicación de un experimento en distintos centros educativos de Castilla y León, con el objetivo de medir la efectividad de una simulación que se basa en el aprendizaje activo como estrategia docente para impartir educación financiera.

Esta iniciativa estudiará el efecto que la experiencia práctica y la aplicación de la teoría a casos reales puede tener en el aprendizaje de los estudiantes en temas relacionados con la educación financiera. Los resultados del proyecto de investigación servirán para conocer en mayor detalle las carencias formativas de los jóvenes en esta materia, los problemas que pueden existir para su aprendizaje y el potencial de las simulaciones como instrumento para reforzar la docencia en este campo. «Este reconocimiento nos permitirá seguir investigando el potencial del aprendizaje activo como estrategia educativa para potenciar la alfabetización financiera entre los jóvenes», ha afirmado Sierra.

Por último, la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina), con el proyecto de Guadalupe Dorna, en conjunto con la Fundación Junior Achievement Argentina (JA), aborda la educación financiera como herramienta esencial para estudiantes y docentes del nivel secundario en el país. Los objetivos de la investigación, que recabará datos a través de 1.400 encuestas, se centrarán en conocer la percepción de los jóvenes argentinos sobre sus necesidades de educación financiera, medir su conocimiento en esta materia, conocer sus hábitos financieros e identificar las herramientas y servicios que más usan.

Las conclusiones servirán para medir el nivel de conocimientos financieros de los jóvenes y realizar contenidos audiovisuales que les conciencien sobre la necesidad de tener este tipo de formación. El trabajo realizado servirá a JA como base para mejorar y ampliar la propuesta educativa actual en materia de finanzas.

Desde 2018, el Centro para la Educación y Capacidades Financiera de BBVA ha repartido 200.000 euros destinados a 22 proyectos procedentes de países como México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Perú, Turquía, Kenia o Indonesia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha presumido este viernes de unidad en el seno de su partido y ha criticado que se diga que él evita a Isabel Díaz Ayuso cuando este mismo jueves, según ha explicado, él tenía varios actos públicos y a tres de ellos la presidenta madrileña también estaba invitada aunque no fuera. «Cada uno llega a lo que puede», ha apostillado.

Así se ha pronunciado tras visitar las bodegas Campo Viejo en Logroño (La Rioja), a raíz de las informaciones publicadas acerca de que Casado intentará acudir al final de la manifestación policial contra la reforma de la llamada ‘Ley Mordaza’, impidiendo así una foto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también tiene previsto asistir a esa convocatoria del sindicato JUSAPOL.

Casado ha afirmado que este viernes y sábado celebran una reunión con sus presidentes provinciales en León, que se convocó «hace mes y medio», «antes de saber las movilizaciones» que iban a celebrar este fin de semana las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

«Debido a que vienen de muchas provincias y muchas islas, hoy por la mañana iban a faltar casi 20 presidentes provinciales. Por tanto, no tenía mucho sentido que yo inaugurara –la cumbre de presidentes provinciales– e interrumpiera la agenda institucional del presidente de Castilla y León para hacerlo», ha explicado.

INTENTARÁ LLEGAR A LA MANIFESTACIÓN POLICIAL

Por eso, ha señalado que este sábado, en vez de clausurar el cónclave provincial del PP, «intentará intervenir «lo antes posible para llegar a la manifestación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Casado ha destacado el apoyo del PP a las reivindicaciones policiales. Así, ha recordado que se reunió la pasada semana en el Congreso con representantes de los sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil; el pasado miércoles acudió a la protesta que convocaron frente a la Delegación del Gobierno en Madrid; y la próxima semana asistirá al congreso del sindicato SUP que se celebrará en Toledo.

«Viendo con los organizadores que esa marcha (de este sábado) iba a tener una duración desde las 12 hasta el mediodía, pues espero llegar y por eso he hecho este cambio», ha indicado Casado, para insistir que en vez de intervenir a las 13.00 horas lo hará a primera hora «para poder llegar a la manifestación». Según ha recalcado, «es una cuestión simplemente de poder estar en León más pronto» y «llegar a Madrid más tarde».

¿SE EVITA LA FOTO CON AYUSO?

Al ser preguntado si se va a ver con Ayuso a raíz de las informaciones publicadas acerca de que se evitan por el problemas que hay dentro del partido con el congreso del PP de Madrid, Casado ha señalado que lo que publiquen los medios de comunicación él no puede «comentarlo».

«Yo le puedo decir, lo que puedo decir yo. Ayer por ejemplo tuve cuatro actos públicos, de los cuáles a tres de ellos estaban invitados la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Cada uno llega a lo que puede o puede estar presente en los actos que sea», ha señalado.

Así, Casado ha precisado que él asistió este jueves al desayuno con el presidente de Cepyme, a otro acto con la Asociación de Fabricantes del Automóvil en su gala anual, al foro jurídico Pelayo «con presencia de todas las autoridades del Estado», y a un acto sobre violencia de género.

«Todos estamos a lo que estamos, a gobernar y a tener una posición en los asuntos que importan a los españoles, que no es lo que pase en el PP de la Rioja o lo que pase en el PP de Madrid o de Ceuta», ha enfatizado, para añadir que a los ciudadanos les preocupa el paro, lo que ocurre en el sector del vino o la subida de la luz.

«SERÍA BUENO QUE NOS DEDICÁRAMOS A LO IMPORTANTE TODOS»

En este sentido, ha dicho que sería «bueno» que se dedican «a lo importante todos». «Es lo que está haciendo el Gobierno, dedicarse a lo importante para destrozarlo, como se ha visto en los Presupuestos Generales del Estado», ha proclamado.

Casado ha dicho que «nadie» ha preguntado por las candidaturas que se presentaron al congreso del Partido Socialista de Madrid (PSM) que se celebró hace un par de semanas. «Los partidos que estamos unidos, pues deberíamos tener todavía menos atención mediática que los que han estado a palos hace dos semanas y no han ocupado ni una sola línea en un periódico», ha resaltado.

LOS CONGRESOS Y LOS PLAZOS MARCADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA

En su comparecencia ante los periodistas en Logroño, Casado ha aprovechado para defender que se cumplirán los plazos marcados por la Junta Directiva Nacional del PP para celebrar los congresos, a raíz de una pregunta sobre las peticiones de algunos afiliados para que se adelante el cónclave de La Rioja, una solicitud que también ha hecho Ayuso con el congreso de PP madrileño.

«No puedo opinar sobre los procesos internos del partido», ha señalado, para precisar que la Junta Directiva Nacional a principios de 2020 decidió fijar los congresos provinciales desde verano de 2020 hasta verano de 2021 y los regionales «desde verano del 21 hasta el verano del 22» y, finalmente el congreso nacional.

Según ha explicado, «solo llevan un retraso de un mes» por los meses que ha habido «restricciones por la pandemia». «A partir de mediados de febrero pueden empezar ya los autonómicos uniprovinciales», ha agregado.

Casado ha expresado de nuevo su apoyo a los plazos fijados por la Junta Directiva Nacional «hace ya año y medio» y ha dicho que las primarias están para que «haya democracia interna». «Que se presente quien quiera y el que gane, tendrá todo el apoyo de la dirección nacional», ha concluido.

El vicepresidente del Govern y consejero de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha exigido al Gobierno central que no se entrometa en la política lingüística de Cataluña que es «un referente de cohesión social» y un «éxito» en el territorio y ha defendido que lo que hace falta en Cataluña es «reforzar» el catalán «y no el castellano».

En una rueda de prensa tras la reunión de la comisión bilateral de Infraestructuras entre el Gobierno y la Generalitat encabezada por la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, Puigneró ha criticado la intromisión del Estado en materia lingüística en Cataluña después de que el Tribunal Supremo reafirmara esta semana la obligación de un 25% de enseñanza en castellano en las aulas catalanas.

En este sentido, ha reclamado que el Estado debería «ser el primero» en reforzar el uso del catalán, «una lengua en situación de emergencia», pero que no está a la altura de lo que significa hoy «proteger a las lenguas minoritarias», ha aseverado.

A su parecer, desde diferentes «aparatos del Estado se continúa «atacando» al catalán e intentando que esta lengua «no pueda ser normalizada»: «Viendo las cifras de lo que representa el catalán, hoy en día en Cataluña es evidente que lo que hay que reforzar en Cataluña es el catalán y no el castellano», ha zanjado.

LEY AUDIOVISUAL

En otro punto, preguntado por la cuota de producción del 6 por ciento que las plataformas prestadoras de servicio de catálogo, como Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video, tendrán que ofertar por Ley en las lenguas cooficiales, Puigneró ha subrayado que se trata de una «cifra pequeñísima» teniendo en cuenta el consumo audiovisual de estas plataformas.

A su juicio, esa cuota –pactada por el Ejecutivo y ERC dentro de las negociaciones para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022–, no resuelve ningún problema, «en todo caso acentúa el problema», por lo que ha avisado que el Govern trabajará para que las plataformas digitales tengan en cosideración el mercado catalán de consumo audiovisual.

«Hay una demanda y trabajaremos en el objetivo de que el consumo audiovisual catalán sea superior y que las plataformas audiovisuales estén a la altura de poder dar también en catalán este servicio», ha insistido.

AMPLIACIÓN DEL PRAT

Entre otras cuestiones, preguntado sobre el encallamiento que existe en la actualidad entre el Gobierno y la Generalitat sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, tras la suspensión de los 1.700 millones por parte del Ejecutivo central para este proyecto, Puigneró ha manifestado que la posición de Junts siempre «ha sido clara» y que no se moverán de esta.

Concretamente Puigneró siempre se ha mostrado partidario de que se mantenga esta inversión para ampliar El Prat y potenciar las conexiones y los vuelos intercontinentales sin dañar la laguna de La Ricarda, en contraposición de ERC que rechaza este proyecto.

Asimismo, ha asegurado que es el Estado quien debe mover ficha en este asunto y que Junts se mantiene en su posición.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera «suficientes» las garantías prestadas por Estados Unidos para proceder a la entrega del ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, reclamado por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’.

En un auto fechado este viernes, los magistrados de la Sección Tercera explican que esas garantías son «suficientes en aras a preservar el derecho fundamental y personalísimo de no sufrir torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes». EEUU explicó que ‘El Pollo’ tiene la posibilidad legal de solicitar una revisión de condena si recibe la cadena perpetua.

No obstante, contra esta resolución cabe recurso de súplica ante la propia Sección Tercera de la Sala de lo Penal. La defensa de Carvajal ha confirmado que tiene previsto ejercer esta acción antes del lunes y que este trámite retrasaría su entrega a Washington.

Estados Unidos envió la semana pasada a través de su Embajada en Madrid unas salvaguardas que reclamó la Sala de lo Penal a petición de la defensa para determinar si la cadena perpetua a la que se enfrentaría en la potencia americana por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas sería «inalterable».

Las autoridades estadounidenses expusieron que, de recibir dicha pena, ‘El Pollo’ podría recurrir en apelación y, en último término, podría «librarse» de la cadena perpetua «por medio de una petición de indulto o sustitución de condena» por una inferior, de modo que no sería «inalterable».

Para la Fiscalía Antidroga, este marco legal resultaba «suficiente» para seguir adelante con la extradición, ya que contempla «una revisión de la cadena perpetua y la aplicación de medidas de clemencia» que abren la puerta a que no quede «recluido de por vida de manera indefectible».

LAS GARANTÍAS RESPONDEN «A LA LITERALIDAD» DE LO ACORDADO

Ahora, los magistrados de la Sección Tercera respaldan estas garantías porque responden «a la literalidad de lo acordado por el Pleno de la Sala de lo Penal por el que en vía jurisdiccional se dispone acceder a la demanda de extradición».

Esto «coincide» además «con la condición que, en relación a la pena de cadena perpetua, prevé el artículo 55.1 de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión europea». «Así responde a los estándares de los TEDH, TJUE y TC, lo que excluye el planteamiento de la cuestión prejudicial como solicita la defensa», sostienen.

Asimismo, los magistrados dejan claro que «en manera alguna y en esta fase cabe ampliar los límites de la garantía establecida por el Pleno de la Sala, que es la que se ha prestado por las autoridades de los Estados Unidos».

Por su parte, el Tribunal Supremo (TS) señaló en la sentencia por la que desestimó el recurso Carvajal contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020 por el que se aprobó su entrega a Estados Unidos que no existe «ningún dato objetivo» sobre el riesgo de que pueda ser torturado por el país norteamericano tras su entrega.

ENTREGA FRENADA

Carvajal está en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía «totalmente enclaustrado».

Su captura reactivó su extradición a Estados Unidos, que quedó aprobada en 2020 pero no había podido materializarse porque Carvajal se fugó en noviembre de 2019, si bien su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.

La Sala de lo Penal ordenó hacer efectiva su extradición a Estados Unidos el pasado 21 de octubre, pero apenas 24 horas después la paralizó a la espera de recibir precisamente las citadas garantías.

En estos meses, ‘El Pollo’ ha iniciado además un «proceso de colaboración» con la Justicia española que se ha traducido en dos comparecencias judiciales y en la entrega de diversa documentación al Juzgado Central de Instrucción Número 6, todo lo cual ha propiciado la reapertura de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que se archivó en 2016.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado: «Hoy estamos más preocupados que ayer porque si se hubiera votado» la proposición no de ley del PNV sobre las denominaciones de origen «el PSOE se habría retratado y el tema se habría zanjado».

Casado ha visitado este viernes unas bodegas en Logroño, acompañado de la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, y el presidente del PP riojano, Jose Ignacio Ceniceros, y se ha reunido con responsables ‘populares’ de la comunidad y del sector vitivinícola.

El PNV anunció ayer por la tarde que retiraba la proposición no de ley sobre las denominaciones de origen que se iba a debatir, el 30 de noviembre, en el próximo Pleno del Congreso, después de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se haya comprometido a abrir un debate «sereno» sobre esta cuestión. La iniciativa permitiría subdividir la denominación de Rioja y el PP ya había anunciado su oposición frontal.

El presidente de los ‘populares’ ha mostrado su preocupación por el hecho de que, tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como el ministro Planas hayan dicho que se trataría el tema «en un futuro». «Queremos que digan si van a esperar a la siguiente reivindicación nacionalista para fracturar Rioja», ha añadido.

Para Casado, «los nacionalistas siempre dicen la verdad», pero «el problema es quien ceda». «No es nuevo que el PNV quiera disgregar Rioja Alavesa de DOC Rioja, lo que sí es nuevo es que el Gobierno de España se haya prestado a negociar», ha afirmado.

«Yo defiendo los intereses de Álava, pero dentro de una potencia vinícola como Álava está una denominación conjunta que es Rioja, que engloba también Álava», ha dicho.

Casado ha reivindicado que, «lo que no se puede hacer es que, en lo que sólo separa la Sierra, los políticos queramos pintar la orografía». Ha insistido en que la defensa de la unidad de la DOC Rioja «es también a favor del País vasco, porque les conviene seguir en una denominación con unas características que, en todo caso, hay que potenciar».

Para el líder ‘popular’, la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y el resto de responsables sociales están «a las órdenes» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han «antepuesto los intereses del PSOE a los de sus vecinos».

Ha exigido que el PSOE diga «claramente» que los diputados socialistas «no van a apoyar nunca» las pretensiones del PNV y ha pediro que digan si la retirada es «sólo para ganar tiempo». También ha creído que «en cuanto haya una votación importante el PNV les va a sacar la factura».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este viernes que le encantaría que el líder del PP, Pablo Casado, estuviera con ella el Día de la Constitución pero entiende su agenda «de peso internacional», ya que participará ese día en el congreso de Nueva Democracia en Atenas.

Este viaje, que Casado ya tiene cerrado en su agenda, le dificulta asistir a la tradicional recepción en homenaje a la Constitución que organiza la presidenta en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

El líder del PP, Pablo Casado, viajará el próximo 3 de diciembre a Atenas para participar el fin de semana en el congreso de Nueva Democracia, al que ha sido invitado por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, según han informado fuentes de la dirección nacional del PP.

A este respecto, en declaraciones a los periodistas tras visitar en Colmenar Viejo una explotación de ganado ovino y quesería, Ayuso ha reconocido que en el Día de la Constitución le «encantaría» estar con Pablo Casado, pero entiende que tiene «otro evento en Grecia importante y siendo líder de la oposición la agenda política también es de peso internacional». «Entiendo que no puede estar en todas partes a la vez. Coincidiremos en otras ocasiones», se ha conformado la presidenta.

La dirigente autonómica ha indicado que las «agendas son complejas» y ha incidido en que si el líder del PP tiene «una agenda que va desde lo local a lo internacional no es fácil casarlas». Así, ha asegurado que estará «siempre encantada de coincidir con el presidente y estar juntos».

Sobre si el presidente del PP no acude finalmente este sábado a la manifestación de la Policía en la capital, Ayuso ha trasladado que «desconoce» si podrá llegar a tiempo él pero ha recordado que ya se ha reunido con los convocantes de esta propuesta a la que se ha sumado «sin fisuras» pero tiene que «compaginar la agenda».

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de la persona mayor de edad detenida ayer por la supuesta comisión de la muerte violenta del joven Isaac L.T. en un túnel de la calle del Comercio de Madrid el pasado 14 de julio, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) este mediodía en un comunicado.

El detenido será investigado por la supuesta comisión de un delito de asesinato, si bien esta imputación penal es inicial y podría modificarse según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación durante la instrucción judicial.

Los tres menores que también han sido detenidos en el marco de la misma operación han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que es quién dirige la investigación, ha levantado el secreto que pesaba sobre las actuaciones.

CONCENTRACIÓN A LAS PUERTAS DEL JUZGADO

A la espera de esta decisión judicial se han concentrado esta mañana a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla amigos y familiares del Isaac. Su madre, Nines, ha declarado que los arrestos les han dejado «una sensación agridulce», ya que están agradecidos por la detención de los presuntos asesinos del joven por un lado pero lamentan que «unos niños» (en alusión a lo implicados) estén detrás de un suceso, por lo que asegura que «algo falla en la sociedad cuando esto está sucediendo».

Los concentrados, que en durante todos estos meses han apoyado a Nines y su familia, han reclamado «Justicia, no venganza» y esperan que «caiga todo el peso de la ley sobre los culpables».

En la misma línea, el abogado de la familia de Isaac, Juan Manuel Medina, ha manifestado su «sensación de tristeza» por el hecho de que personas tan jóvenes hayan arrebatado la vida a otro joven. Por otro lado, ha mostrado su «satisfacción» por la «magnífica» labor policial del Grupo VI de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, con «una de las mejores investigaciones que ha visto en su carrera», ya que han atado una pluralidad de indicios «completamente irrefutables y demoledores» contra los detenidos.

Además, de los arrestados, según le ha comentado la Policía Nacional al letrado, tres de ellos pertenecerían a bandas latinas, por lo que además de imputarles el delito de asesinato también lo harán con el delito de pertenencia a banda armada. Ayer fuentes policiales indicaron que al menos uno de los implicados estaba fichado en los Dominican Don’t Play (DDP).

La eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, ha subrayado este viernes la importancia de implementar «cuanto antes» la tarjeta europea de la discapacidad para que los derechos de las personas con discapacidad estén homologados en todos los países de la Unión Europea.

Ha sido en el III Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad celebrado este viernes en Granada, en el que Estaràs ha compartido con otras expertas una mesa redonda políticas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en la UE, según ha explicado la formación en una nota de prensa.

Esta tarjeta europea, ha explicado, supone una homologación de la discapacidad y ya se ha puesto en marcha con una prueba piloto en ocho países.

Su implementación se ha planteado por primera vez en la nueva Estrategia Europea de Discapacidad, a través de la cual se aspira, en palabras de Estaràs, a «construir una Europa social inclusiva, participativa e igualitaria».

Para ello, ha argumentado, las instituciones han de facilitar a las personas con discapacidad que sus derechos sean reconocidos en todos los estados miembros.

Estaràs ha manifestado su confianza en que con esta estrategia el modo de vida europeo «levante por fin la bandera de la inclusión, la igualdad y la diversidad».

«Todas nuestras acciones deberán estar encaminadas a alcanzar una sostenibilidad inclusiva y una digitalización social y accesible», ha añadido.

La eurodiputada balear ha celebrado que, aunque aún quede mucho por hacer, se avance hacia una Europa más igualitaria, y prueba de ello, ha apuntado, es que la asignación de fondos europeos está sujeta al principio de accesibilidad y de igualdad.

En cuanto al Pacto Verde Europeo, Estaràs ha insistido en la sostenibilidad tiene que ser social, por lo que se ha de poner en marcha teniendo en cuenta a las personas con discapacidad, «que tienen mucho que decir sobre la vulnerabilidad energética».

Además, la eurodiputada se ha referido a la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025, que establece acciones clave para garantizar que la Comisión también incluya una perspectiva de igualdad en todos los ámbitos políticos de la UE.

Esta estrategia tiene en cuenta por primera vez la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad y que tienen más probabilidades de sufrir diversas formas de violencia.

Hace mención también a la lucha contra prácticas como la esterilización y los abortos coercitivos y a la necesidad de tomar medidas al respecto para proteger a las mujeres con discapacidad, facilitándoles el acceso a la justicia.

Igualmente, el documento hace hincapié en la importancia de disponer de datos globales sobre la situación concreta de mujeres y niñas con discapacidad, por lo que EUROSTAT desarrollará una encuesta a escala UE que se presentará en 2023.