La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, propondrá este martes a la Mesa de la Cámara que en el Pleno de esta semana todos los diputados voten telemáticamente ante el aumento de contagios de la variante ómicron de coronavirus.

Tras meses de aforos reducidos en el hemiciclo y de votaciones telemáticas generalizadas, el Congreso acordó en octubre recuperar progresivamente la normalidad presencial, pero se reservó al posibilidad de volver a aplicar restricciones en situaciones puntuales y siguiendo las recomendaciones sanitarias.

Así, se mantuvo la votación telemática generalizada en días de largas votaciones, como con los Presupuestos, y en elecciones mediante papeleta y urna, como los nombramientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

Y esta semana, viendo que es el último Pleno del año y que se prevén de nuevo votaciones largas, Batet va a volver a echar mano de la excepción y propondrá a la Mesa que se usen las votaciones telemáticas para todos los asuntos se la sesión plenaria. Se trata de evitar aglomeraciones de diputados en el hemiciclo para no facilitar la propagación del coronavirus.

PSOE Y UNIDAS PODEMOS QUIEREN REDUCIR LA PRESENCIALIDAD

Paralelamente, el PSOE y Unidas Podemos están hablando con los demás grupos parlamentarios para intentar llegar a acuerdo que reduzca la presencialidad en el hemiciclo, volviendo a los aforos restringidos de meses atrás. Ese objetivo requería, como compensación, la generalización de las votaciones telemáticas.

Cuando se suspendieron las restricciones, el PP era quien más exigía la vuelta a la normalidad y el fin de las votaciones telemáticas generalizadas. Su posición será clave este martes para adoptar o no estas medidas que se plantean, dado que no es posible prohibir a los diputados asistir al Pleno del Congreso y votar en persona.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha reivindicado este lunes un modelo de «autoexigencia» dentro de los organismos públicos de investigación (OPI) y de financiación para asegurar un cumplimiento «ejemplar» de los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual o por razones de sexo.

Así lo ha asegurado en el pleno del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI), un organismo interministerial del Gobierno que trabaja por una igualdad de género real y efectiva en el sistema científico, tecnológico e innovador español, pleno que ha presidido.

«Solo cumpliendo estrictamente con nuestros planes de igualdad y nuestros protocolos frente al acoso sexual o por razón de sexo estaremos dando respuesta a miles de investigadoras que encuentran dificultades para alcanzar un desarrollo profesional pleno por el mero hecho de ser mujeres», ha defendido Morant durante el pleno, en el que ha hecho un balance de las acciones impulsadas desde el OMCI en el último año para combatir las barreras de género.

Entre estas acciones, destacan, según ha indicado Morant, la publicación de un estudio pionero en España sobre la situación de las jóvenes investigadoras de España y el lanzamiento de la iniciativa ‘Científicas e Innovadoras’ que anualmente visibilizará a destacadas investigadoras e innovadoras.

«Y estamos ultimando el Real Decreto de creación del Distintivo de Igualdad de género en I+D+I, que permitirá reconocer la excelencia en igualdad en los centros de investigación», ha añadido Morant, quien ha subrayado, no obstante, que aún queda trabajo por hacer para acabar con las barreras de género en el sistema de ciencia e innovación.

En concreto, ha señalado que uno de los retos que tiene el Ministerio por delante es el de «sumar el talento de las mujeres a la transformación» de España, que a juicio de la ministra, «no será efectiva ni justa sin la aportación de la mitad de la población». «También es tarea nuestra exponer a la sociedad una radiografía clara y rigurosa sobre la situación de la mujer en el sistema de la ciencia y la innovación», ha añadido.

Para cumplir este último objetivo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial han presentado durante la reunión un diagnóstico de la situación de la igualdad de género en sus instituciones.

El objetivo de estos informes es explorar e identificar obstáculos visibles e invisibles para proponer medidas clave que contribuyan a avanzar en una igualdad real para las investigadoras e innovadoras del país.

En el pleno celebrado este lunes se han aprobado las líneas prioritarias del programa de trabajo de la OMCI para el próximo año, entre las que se encuentran la publicación del informe ‘Mujeres e Innovación 2022’; la actualización de la plataforma ‘Científicas e Innovadoras’ para visibilizar la figura y la contribución de las mujeres premiadas y destacadas en 2021; y la implementación de un sistema de estadísticas de igualdad que facilite el seguimiento del OMCI.

También se impulsará la creación de una plataforma que acoja la red de comisiones y grupos de trabajo del Observatorio, incluidos responsables de igualdad de instituciones, entidades y asociaciones de ciencia, tecnología y/o innovación, y personas expertas en este ámbito. Además, se avanzará en el diseño de nuevas medidas que refuercen la integración de la dimensión de género en los proyectos de I+D+I para garantizar que sus resultados benefician por igual a mujeres y hombres.

El PNV apunta a una «responsabilidad política vicaria» del ex presidente del Gobierno y el PP Mariano Rajoy y de la que fuera su ‘número dos’ en el partido María Dolores de Cospedal al ser ambos los «máximos beneficiarios» de la operación ‘Kitchen’, la trama organizada con medios del Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del partido Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes en casos de corrupción para evitar que cayeran en manos de la Justicia.

En su documento de conclusiones, los nacionalistas vascos concluyen que la ‘Kitchen’ fue posible gracias a la estructura policial conocida como ‘policía patriótica’ que, también bajo mandato del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, se creó de manera «fraudulenta» como ya acreditó el Congreso tras otra investigación en 2017 destinada, entre otras cosas, a la «persecución de adversarios políticos».

El grupo parlamentario que dirige Aitor Esteban sostiene que los indicios señalan al ex ministro, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó como «conocedores, consentidores o como inductores» del «dispositivo Kitchen».

«Tuvieron a su disposición motivos, medios y oportunidades para la perpetración directa o indirecta de los hechos relatados, no cabiendo duda a esta Comisión de Investigación de su responsabilidad política directa en los hechos», aduce el PNV.

Pero también extiende esa responsabilidad a Rajoy y Cospedal. Del expresidente apunta a una «responsabilidad política ‘in vigilando’ o vicaria por los graves hechos que se sucedían en el Ministerio del Interior de su Gobierno».

«Máxime», añade, siendo uno de los «máximos beneficiarios» del «éxito» de la ‘Kitchen’, «en su calidad de presidente del Gobierno y del PP como posible responsable de su financiación irregular y de la percepción de sobresueldos de procedencia irregular». «Idéntica conclusión y por los mismos motivos de responsabilidad política vicaria, hemos de alcanzar respecto a Cospedal», explica el PNV.

MÁS DE 50.000 EUROS EN FONDOS RESERVADOS

El PNV calcula que los fondos reservados utilizados en la ‘Kitchen’ superaron los 50.000 euros, y llama la atención sobre el hecho de varios funcionarios policiales clave en el entramado creado para estas «actividades fraudulentas dentro de la Policía, fueran promocionados y/o premiados con medallas pensionadas».

Para los nacionalistas vascos, la comisión ha puesto de manifiesto que hubo un «incumplimiento flagrante de la ley; una acción para dificultar e impedir la recta administración de la justicia; y la producción de daños de difícil o imposible reparación para el crédito y buen nombre del Cuerpo Nacional de Policía, con afección grave a sus recursos, estructura y funcionamiento».

También Ciudadanos señala a Rajoy y Cospedal como responsables políticos de una trama en la que se usaron medios y fondos públicos.»Políticamente, se trata de una corrupción sobre otra, de una corrupción elevada al cuadrado: es el uso de recursos de todos los españoles puesto al servicio de una operación para tapar otra trama de corrupción», resume en sus conclusiones.

QUE DONEN LOS FONDOS QUE UTILIZARON

A su juicio, «la responsabilidad política de hechos tan graves» corresponde «al Partido Popular y al Gobierno de España». «No hay pruebas suficientes desde el punto de vista penal, pero resulta inconcebible que tan altos cargos del partido y del Gobierno desconocieran estas operaciones orquestadas por los entonces ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad», plantea al formación naranja.

Es más, añade que, «incluso en el improbable caso de que las desconocieran, su responsabilidad política vendría de la mano de su evidente negligencia en elegir a personas con altas responsabilidades políticas y administrativas que pudieran desarrollar estas conductas o en vigilarlas para que no las realizaran».

Además, Ciudadanos sugiere que se pida al PP que done para actividades de interés general las cantidades de dinero público que se utilizaron para sufragar la ‘Kitchen’ y que lo haga a modo de «indemnización» una vez que sean cuantificadas por la Justicia.

El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, ha negado este lunes haber incurrido en una supuesta violación de la ley de incompatibilidades entre el ejercicio de la actividad económica privada y el desempeño de ciertos cargos de responsabilidad en la universidad pública.

«Creo que todo lo que he hecho en mi carrera académica ha sido ético, ha cumplido la legalidad al cien por cien», ha indicado el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, al ser preguntado por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

En este sentido, el presidente de RTVE ha asegurado que «nunca, ninguna empresa participada» por él ha facturado «nada, ni medio euro, nada, a la Universidad Autónoma». «Y esto durante toda mi carrera académica y profesional», ha subrayado, para después afirmar que la institución educativa «nunca» ha subcontratado a ninguna empresa participada por él ni ha participado en ningún proyecto financiado por la Unión Europea en el que haya intervenido una empresa participada por él, «ni directa ni indirectamente».

«Creo que debe aprovechar esta oportunidad. Que será bueno para Televisión Española que dé todas las explicaciones y aleje cualquier atisbo de duda que pueda haber», ha dicho el diputado del PP Eduardo Carazo.

A esto, Pérez Tornero ha apostillado que aceptó el cargo de presidente «por servicio público» y ha apuntado que su vida hubiera sido «mucho más cómoda continuando en la universidad». El presidente ha negado las afirmaciones que «no están acreditadas» y que, desde su punto de vista, «no tienen otro interés que desprestigiar a RTVE como servicio público».

Por los criterios utilizados por la Corporación para elegir a la subdirectora del Área de Proyectos y Desarrollo y al subdirector de Estudios y Transferencia del Conocimiento, le ha preguntado desde Ciudadanos José María Espejo-Saavedra. Según el presidente de RTVE, han sido elegidos por concurso público, «siguiendo la normativa» de RTVE.

«Los 15 días de publicidad para presentarse al concurso son los habituales. Se han valorado los méritos», ha declarado, al tiempo que ha subrayado que, «sobre todo, el presidente de RTVE no ha tenido ni arte ni parte y, por tanto, ni siquiera posibilidad de presentar un eventual descargo de conflicto de intereses en este asunto».

Pérez Tornero también ha abordado este lunes ante el Parlamento la colaboración de la actriz Verónica Forqué la última edición de ‘Masterchef Celebrity’ al ser preguntado por la senadora del PSOE Josefina Bueno. La parlamentaria socialista ha recordado que la semana pasada se conocía el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué por suicidio, poco tiempo después de despedirse del programa de La 1, que abandonó por voluntad propia.

«Su despedida del programa se había hecho viral y aunque está claro que el programa no fue la única causa de sus problemas de salud mental, queda claro que esta mujer estaba pidiendo ayuda, nadie lo vio y el programa debería haber sido más cauto», ha manifestado, para después añadir que «la actuación del problema es criticable porque con sólo ver sus apariciones se nota que no estaba bien y tal vez el programa la estaba llevando al límite».

«RESPETO» A LA FIGURA DE VERÓNICA FORQUÉ

En este sentido, Pérez Tornero ha trasladado las «condolencias» de RTVE a la familia y el «respeto» a la figura de Verónica Forqué como persona y como actriz, y ha destacado que la empresa pública alteró su programación «para rendir homenaje a esa figura del cine español» el mismo día de su fallecimiento.

«MasterChef lo vemos no como un programa de reality, sino como un concurso de habilidades. A veces los matices entre uno y otro son discutibles. Yo creo que moralmente tenemos que discutirlos», ha apuntado Pérez Tornero, que ha rechazado que la audiencia sea el único razonamiento.

Asimismo, ha defendido que una cosa es lo que haga una televisión pública «controlada, supervisada por un Consejo de Administración, por un Parlamento» y «otra cosa es lo que, a partir de eso, hagan las redes sociales» que, en la actualidad, se caracterizan por «desarrollar más desinformación que formación y por desarrollar más los aspectos negativos que los positivos con la persona».

«Eso no es una disculpa para lo que pueda hacer Radiotelevisión Española. Al contrario. Admitalo como la asunción por mi parte y por parte de RTVE de la responsabilidad que tenemos sobre este u otros asuntos semejantes que puedan producirse. Reflexionaremos profundamente sobre este tema. Apelaremos a la Academia, a los investigadores, a los grupos sociales para que esto no pueda ni debatirse en los próximos tiempos», ha zanjado.

Por su parte, el senador de MÉS per Mallorca Vicenç Vidal ha querido saber si RTVE piensa seguir manteniendo en la parrilla el programa taurino Tendido Cero que, a su juicio, «sigue fomentando la tortura animal». «Lo que usted llama tortura animal se podía llamar tauromaquia. Es el único programa que existe en TVE desde hace 35 años. Nosotros no hemos considerado todavía un cambio en esta línea de programación a la espera del mandato-marco», ha explicado.

Desde VOX, el parlamentario José María Figaredo ha pedido al presidente una valoración de la situación de la audiencia que el representante del partido conservador considera «nefasta» y «muy mala». Es este punto, Pérez Tornero se ha mostrado «razonablemente optimista» ya que, tras la entrada del nuevo Consejo de Administración, se ha logrado «frenar» la tendencia descendente de los últimos años. No obstante, ha agregado que quedan «muchas cosas que hacer todavía».

Finalmente, el presidente de RTVE ha dicho que va a participar «muy activamente» en la tramitación de la nueva Ley General Audiovisual con el fin de garantizar la financiación de RTVE. «Nos jugamos mucho en este tema y a partir de enero será un debate que nos interesará a todos», ha concluido.

El PP considera que la comisión que ha investigado en el Congreso el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas se ha convertido en «un juicio sumarísmo e inquisitorial» en contra del primer partido de la oposición y ha denunciado la instrumentalización «partidista» que se ha hecho de este órgano desde que comenzó sus trabajos hace un año hasta convertirse, dice en «una causa general» contra los ‘populares’.

Así lo plasma en las conclusiones que el partido de Pablo Casado ha presentado al término de la citada comisión de investigación, que se analizarán junto a las del resto de grupos en la reunión prevista para este miércoles.

En el escrito, que consta de 39 páginas, el PP señala que las únicas conclusiones a las que han podido llegar apuntan a una utilización «política» de la citada comisión de investigación, al «maniqueísmo» de pretender crear una policía «buena» y otra «mala», y a la voluntad de dar sólo presunción de veracidad a la versión del excomisario José Manuel Villarejo sólo cuando perjudican al primer partido de la oposición.

ARRANCÓ CON LA CAMPAÑA ELECTORAL CATALANA

En concreto, el PP denuncia el uso «partidista» de la comisión recordando que el PSOE y Unidas Podemos solicitaron su creación más de un año después de que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid absolviera a las personas investigadas y de que la Audiencia Nacional así lo confirmara ratificando la inocencia de las mismas, y justo cuando el entonces presidente en funciones en Cataluña, Pere Aragonés, convocó elecciones «tras la inhabilitación de Quim Torrra y la imposibilidad de encontrar un candidato que lograse la mayoría suficiente para ser investido presidente».

Y añade que la intencionalidad política de la comisión queda en evidencia en el enunciado de la misma puesto que «da por probado» una utilización ilegal de los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para favorecer al PP». «Nacía así viciada de origen», resume el PP, quien critica que el único objeto de esta comisión haya sido «ajustar» las declaraciones de los comparecientes «al relato preconcebido» del PSOE y Unidas Podemos.

El PP también denuncia el «menoscabo» de derechos fundamentales al discurrir los trabajos de la comisión de investigación en paralelo a la instrucción de un procedimiento penal en el que tanto el PSOE como Unidas Podemos tenían acceso al expediente judicial al ejercer la acusación popular en el proceso, al tiempo que critica la superación de los límites que el ordenamiento jurídico impone a las comisiones de investigación.

«IRA IRRACIONAL» CONTRA LA POLICÍA

También concluye que la comisión ha servido para «atacar» a la Policía, contra los que el PSOE y Unidas Podemos, a juicio del PP, han descargado toda su «ira irracional» con todo tipo «insidias» y «faltas de respeto». Aún con todo, recalca que, «con la única excepción de Villarejo», ninguno de los policías que han desfilado por el Congreso han afirmado haber tenido conocimiento de la existencia de la denominada ‘operación Kitchen’ y haber visto cantidades asignadas a la misma.

«Queremos poner de manifiesto que los trabajos de la comisión no han servido para encontrar la supuesta información que poseía el señor Bárcenas contraria a los intereses del PP, y por la que supuestamente se montó un operativo policial en el Ministerio del Interior», afirma a renglón seguido el PP.

Los de Casado denuncian, por último, que tanto el PSOE cono Unidas Podemos den por buenas las acusaciones vertidas por Villarejo en la comisión de investigación sólo «cuando les conviene», esto es, sólo cuando sirven para deslegitimar al PP: «El Grupo Popular no da ni quita presunción de veracidad a muchos de las acusaciones vertidas por el señor Villarejo, pero no compartimos la hipocresía del PSOE y Unidas Podemos, empeñados en afirmar la veracidad absoluta de aquello que les conviene y en negar todo lo que se desvía de su relato oficial».

El nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, ha asegurado este lunes que pondrá su «empeño» en que «la universidad no quede al margen del gran cambio de época» que la sociedad está atravesando, pues actualmente se enfrenta a «retos de una gran complejidad», tanto en el plano social, como en el tecnológico y en el medioambiental.

Subirats ha recibido este lunes, en un acto organizado en el Ministerio de Universidades, la cartera de este Departamento de manos de Manuel Castells, quien ha elogiado a Subirats, con calificativos como «gran académico», «reputado», «persona absolutamente íntegra e intachable», «gran persona», «tolerante», «dialogante» y «capaz de escuchar a todos».

Durante su discurso, Subirats ha subrayado los tres ámbitos a los que la Universidad debe enfrentarse. En el plano de lo social, ha destacado que está habiendo cada vez más un «aumento de las desigualdades» que «incrementa las injusticias»; en cuanto a la parte tecnológica, ha señalado que los cambios generan «crisis» e «incertidumbre», «transforman radicalmente el mundo del trabajo» y provoca «dudas» sobre el papel de las personas en el ámbito tanto de la Inteligencia Artificial como de la manera en que podamos seguir dando sentido al hecho de ser personas. Y después está la crisis medioambiental.

«Estamos en un momento en que la propia democracia es importante que la reforcemos y que la sepamos ofrecer a la gente como respuesta a ese miedo e incertidumbre», ha dicho durante su intervención, recordando que, en este sentido, la Universidad se erige como la institución que «enseña, aprende, piensa e investiga».

Según ha indicado, el papel del Ministerio con él al frente será el de «ayudar a impulsar y acompañar a los auténticos protagonistas», que son las universidades y los territorios donde están enraizadas, y para ello ha destacado el «ambicioso proyecto normativo» iniciado por Castells y que ahora él, como ministro, tendrá que continuar.

A su juicio, la participación y la implicación ciudadana, así como la capacidad de transformar la democracia desde lo social serán «elementos clave» para ayudar a dar respuesta a las necesidades de protección que la sociedad demanda ante las «falsas alternativas de carácter autoritario» que se encuentran.

La Asamblea de Madrid afronta este martes y miércoles el debate final previo a la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022, tras dos años prorrogados, y que suponen un incremento de casi un 15% respecto a 2019 al alcanzar los 23.000 millones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el 26 de octubre el Proyecto de Presupuestos de la región para 2022. Las cuentas para el año que viene suman 23.033 millones de euros, un 14,8% más que en 2019, ya que incluyen fondos europeos Next Generation por importe de 746,4 millones que la Comunidad recibirá.

Según explicó el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, la elaboración de los Presupuestos parte de «una previsión conservadora» de crecimiento del 6,3%, y de una dinamización del mercado de trabajo que podría situarse en el 3,4%, lo que implicaría cerca de 105.500 nuevos ocupados. Además, cuentan con el respaldo de las previsiones de la AIReF.

Justo un mes más tarde, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Vox llegaron a un acuerdo mediante el que el partido liderado por Rocío Monasterio le daría sus votos favorables a las cuentas autonómicas.

Así, incluyeron 13 medidas entre las que se encuentran una auditoría a centros de menas, educación gratuita de 0 a 3 años y reducir el gasto innecesario en duplicidades de cargos de la Comunidad, disminuir el gasto en consejerías y suprimir «los chiringuitos». En el mismo se incluía también rechazar todas las enmiendas totales y parciales de los grupos de izquierda.

De esta forma, el 2 de diciembre en el Pleno de la Asamblea PP y Vox tumbaron con sus votos las enmiendas de totalidad presentadas por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad, llegaron las parciales: el Grupo Parlamentario Socialista presentó 476, Más Madrid, 1.587 y Unidas Podemos 1.655. Todos ellos las mantendrán ‘vivas’ en el Pleno de este martes (en el caso del PSOE, 474), al igual que Vox con las 13 incluidas en el acuerdo con el PP.

RECHAZO DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDA

Los tres partidos de izquierda han mostrado su rechazo a estos Presupuestos. Desde el PSOE consideran que no están centrados en reforzar la falta de profesionales sanitarios, el refuerzo del sistema de educación autonómico o las políticas de innovación y desarrollo económico sostenible.

Por su parte, Más Madrid ha criticado que son unos Presupuestos que están «caducos», que no están «a la altura» de las exigencias de los madrileños, además de darles «la espalda» y de «hacer regalos fiscales a sus amigos». En esta línea, Unidas Podemos ha lamentado que son «la misma receta pero aderezados con un buen pellizco de ultraderecha» que no son «expansivos para reactivar Madrid».

DEBATE Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS

Según han informado fuentes parlamentarias, a las 10 horas en el Pleno de la Asamblea de este jueves comenzarán a debatirse las enmiendas ‘vivas’ de los grupos parlamentarios de menor a mayor por secciones con diez minutos en el turno de palabra inicial de defensa de la enmienda y cinco minutos de la réplica en turnos a favor, en contra y de fijación.

Aquellas que no den tiempo se discutirán al día siguiente, este miércoles, a partir de las 10 horas. Después, se suspenderá el Pleno y vendrá el turno de las votaciones, sección a sección, en torno a las 13.30 horas y con una duración de una hora y media aproximadamente.

Finalizado el debate, la Presidencia someterá a votaciones conjuntas respectivas todas las enmiendas y votos particulares mantenidos por cada Grupo Parlamentario por el orden en que se formalicen los correspondientes escritos de mantenimiento, diferenciando igualmente el articulado y cada una de las Secciones.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, intervendrá este martes, pese a encontrarse de permiso por paternidad porque hay varios diputados que no asistirán por estar contagiados de Covid-19.

Ya el miércoles, día de la votación de las cuentas autonómicas, el Consejo de Gobierno podrá intervenir con el límite de una intervención dentro del mismo turno en el debate correspondiente a la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención de la Policía Local (GOAP) han intervenido en la detención, junto a la Guardia Civil, de un vecino de Los Barrios (Cádiz) por una presunta agresión a sus hijos en unos hechos ocurridos el pasado fin de semana.

Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en una nota, la Guardia Civil alertó a la Policía Local de que un hombre, al parecer ebrio, habría agredido a uno de sus hijos, desplazándose en ese momento los agentes de la Policía Local hasta el domicilio de los abuelos, donde ya estaban los agentes de la Guardia Civil.

Una vez allí apareció uno de los niños, que pudo escapar del domicilio familiar tras la presunta agresión y donde estaba su padre junto a sus dos hermanos. Al poco tiempo, el padre del niño, con síntomas de estar borracho y con un comportamiento agresivo, apareció en la casa de los abuelos acompañado de sus dos hijos.

Los propios agentes, según ha informado el consistorio, tuvieron que intervenir y detenerlo para, posteriormente, ponerlo a disposición de la Guardia Civil para realizar las distintas diligencias.

Por otro lado, también Agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención de la Policía Local (GOAP) acudieron al auxilio de una persona tras una llamada a la jefatura de la Policía Local, alertando que un individuo estaba sufriendo un infarto en la zona del campo de tiro de La Gineta.

Los agentes, que desconocían el problema médico del hombre, le realizaron los primeros auxilios, con maniobras RCP a la espera de la llegada de la ambulancia. Una vez llegados los servicios médicos, éstos comprobaron que se trataba de un ataque epiléptico, siendo atendido y evacuado en ambulancia.

El ex jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) Manuel Vázquez ha indicado este lunes al juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos de BBVA al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo que fue el antiguo responsable de Seguridad de la entidad Julio Corrochano quien en 2015 presentó la denuncia contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc.

Vázquez ha comparecido como investigado ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, quien le imputó el pasado mes de noviembre accediendo así a lo planteado por la Fiscalía Anticorrupción y, en parte, por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

Su declaración es relevante por el llamado ‘Proyecto Pin’. Según las tesis del juez instructor –plasmadas en un auto de 2018–, BBVA habría encargado a Villarejo que espiara a Pineda en el contexto de la batalla legal por las cláusulas suelo para destruir su reputación y armar una denuncia que el comisario canalizaría a través de la UDEF.

De acuerdo con fuentes presentes en la declaración, Vázquez, que ha contestado a las preguntas del juez, el fiscal y su abogado, ha expuesto que la que en un principio se consideró denuncia anónima fue presentada por Corrochano, entonces jefe de Seguridad de BBVA.

Sin embargo, ha defendido que esa denuncia siguió el curso habitual. Así, ha explicado que se recibió, se llevó a cabo una pequeña investigación policial y, al ver que tenía fundamento, se dio traslado al Ministerio Público para dejar el asunto en sus manos.

LA COMIDA EN CANILLAS

A Vázquez también se le ha preguntado por una comida que tuvo lugar en el complejo policial de Canillas (Madrid) en enero de 2015, antes de que se presentara la denuncia, y a la que asistieron altos cargos policiales, incluidos él y el director general de la época, Ignacio Cosidó, y el entonces presidente de BBVA, Francisco González, entre otros.

El otrora responsable de la UDEF ha sostenido que fue una comida de corte institucional donde no se habló de la referida denuncia contra Ausbanc, según las fuentes citadas.

La declaración de Vázquez se completará este martes con la del propio Corrochano, que en un reciente escrito defendió que era «inimaginable» que Villarejo siguiera en activo cuando BBVA le contrató en diciembre de 2004, aseverando que «nunca» sospechó que la información que les daba procediera de bases policiales de acceso restringido.

Este mismo martes también comparecerá como imputado el ex consejero delegado Ángel Cano, que ya fue citado en julio de 2019 pero entonces se acogió a su derecho a no declarar «por estar en secreto las actuaciones». Ahora, según manifestó en un escrito, «tras la lectura de la causa y el estudio de las declaraciones prestadas por investigados y testigos», desea declarar «a fin de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos».

En esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, donde tanto BBVA como su ex presidente Francisco González están imputados, se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

El Ministerio de Igualdad dejará de contabilizar únicamente los asesinatos machistas en el ámbito de la pareja o expareja y, a partir de enero de 2022, añadirá a las estadísticas oficiales los feminicidios familiares, sexuales, sociales y vicarios.

España se convierte así, según ha explicado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en rueda de prensa, en «el primer país de Europa en contabilizar de forma oficial» en las «estadísticas gubernamentales» los feminicidios que se cometen en el país.

El objetivo, ha señalado, es «detectar el alcance» de «la forma más extrema de violencia» que se ejerce contra la mujer, el asesinato, e «identificar las políticas de prevención, detección precoz, erradicación y reparación» ante esta lacra.

De este modo, a la categoría de feminicidio en el ámbito de la pareja o expareja, que incluye la violencia recogida en la actual Ley contra esta lacra, y de la que se llevan recopilando datos desde 2003, se unen ahora los feminicidios familiares, sexuales, sociales y vicarios.

Fuentes de Igualdad han explicado que en la categoría de familiares se incluirán aquellos crímenes perpetrados por razón de género por hombres de su entorno, como hermanos, padres o tíos. En este caso, se distinguirá entre feminicidio familiar general (consanguinidad o afinidad) o por crimen de honor (debido a la creencia de que la mujer habría causado desprestigio a la familia).

En todos estos casos, han explicado las mismas fuentes, se siguen criterios internacionales en esta materia.

TAMBIÉN TRATA, MUTILACIÓN GENITAL O MATRIMONIO FORZOSO

En cuanto al feminicidio sexual, contabilizará a aquellas mujeres asesinadas por un hombre sin relación familiar o de pareja vinculado a las violencias sexuales incluidas en la ley conocida como ‘solo sí es sí’, es decir, agresiones sexuales, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso o situaciones relacionadas con la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual o la prostitución.

Por otra parte, se tendrán estadísticas de los asesinatos de mujeres o hijos menores por parte de un hombre como instrumento para causar daño o perjuicio a otra mujer y se dividirán también dependiendo de si el hombre tenía una relación de pareja o expareja con la víctima o no.

A pesar de la existencia de esta nueva categoría, Igualdad ha explicado que mantendrá los datos de menores asesinados por violencia de género que se vienen registrando desde 2013, para no perder el histórico en esta materia.

Y finalmente, los datos del Ministerio recogerán la categoría de feminicidio social, en el que se incluyen aquellos asesinatos a mujeres por hombres sin relación de pareja o familiar, es decir, un desconocido, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo o un empleador.

CONTEXTUALIZACIÓN

Fuentes de Igualdad han explicado que, detrás de estos elementos está la contextualización, especialmente en esta última categoría más abierta. Así, no contaría un asesinato a una mujer por el simple hecho de que la ha asesinado un hombre o ante, por ejemplo, un robo; sino que se analizará la situación para determinar si existe componente de género en el suceso.

La ministra ha apuntado que con esta iniciativa se cumple tanto con el Convenio de Estambul como con el Pacto de Estado contra la violencia de género firmado en 2017. «Lo que no se nombra no existe», ha recordado Montero para poner en valor estas nuevas estadísticas.

Las fuentes del Ministerio de Igualdad han explicado que aunque los datos se comiencen a recopilar con el inicido de 2022, los primeros resultados no se conocerán hasta más adelante y han hablado de meses. Aunque no descartan que con el tiempo se puedan realizar actualizaciones mensuales, como ahora ocurre con la violencia de género, señalan que primero tiene que haber unos plazos para que la maquinaria de esta nueva iniciativa pueda trabajar.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha enviado este lunes un «mensaje de alerta» ante las fiestas navideñas que, según ha explicado, son «un nuevo momento de riesgo» en materia de violencia de género por ser una «época en la que aumenta la convivencia» de las mujeres con su «maltratador» y, ante esta situación, ha llamado a las instituciones, administraciones y sociedad a «extremar medidas» para la detección precoz de estos casos.

En rueda de prensa en la sede del Ministerio, Montero ha recordado que la violencia machista es la «otra gran pandemia silenciosa» que están sufriendo las mujeres y ha recordado que esta lacra es una «cuestión de Estado» y que su departamento y el resto de actores implicados en el Gobierno no «van a descansar» hasta «llegar a tiempo» a todos los casos.

La responsable de Igualdad ha puesto el foco en la atención temprana y en la labor que las personas del entorno pueden hacer por la víctima y, en este sentido, ha llamado a aquellos que tengan conocidas que puedan estar sufriendo violencia a «tenderles la mano» para acompañarlas a un centro de atención, para que llame al 016 o acuda a la organización feminista de su barrio o al médico de cabecera, entre otras opciones.

Montero ha recordado que, a falta de conformación, en lo que va de diciembre han sido asesinadas 5 mujeres y la hija de una de ellas. En estas cifras incluía a la mujer de 40 años y su bebé de 11 meses, asesinados el 17 de diciembre en Cantabria y a otra mujer de 35 años, asesinada en Alicante este sábado 18 de diciembre, que Igualdad ha confirmado como casos de esta lacra este lunes.

En total, son 42 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de 2021 y 1.124 desde que se iniciaron las estadísticas en esta materia, 2003.

UN ASESINATO MACHISTA EN NOVIEMBRE

Precisamente, en la misma rueda de prensa que la ministra, la Delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha presentado los datos provisionales de noviembre. El mes pasado se registró un asesinato por esta lacra, frente a los 3 que se contabilizaron en el mismo mes del año pasado. Por su parte, tres menores se han quedado huérfanos como consecuencia de este crimen.

Con ellos, en lo que va de año hasta 28 menores se han quedado huérfanos de madre por esta lacra y 334 desde 2013, cuando se empezaron a registrar estas cifras.

Rosell también ha informado de los datos recogidos en noviembre en los servicios de atención a las víctimas. Así, el mes pasado se registraron 7.274 llamadas pertinentes al 016, un 46,7% más que las 4.957 registradas en el mismo mes de 2020.

Por el contrario, bajan las consultas ‘online’, aunque en este caso la comparativa es con el mes de octubre de 2021, ya que este servicio comenzó en marzo de este año. Según ha indicado Rosell, en noviembre se han contabilizado 93 consultas por esta herramienta, mientras que en octubre fueron 138.

También a través del whatsapp han bajado las consultas, pasando de las 570 de octubre a las 481 registradas el pasado mes.

Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y la CUP dan por hecha la existencia de operación ‘Kitchen’, señalan como «responsables políticos últimos y conocedores» de la misma al expresidente del Gobierno y el del PP Mariano Rajoy a su ‘número dos’ en el partido, María Dolores de Cospedal, piden que se investigue si sigue en activo alguna otra trama «parapolicial», que se revisen los procedimientos vigentes para asegurar el control de los fondos reservados y que el Tribunal de Cuentes estudie posibles embargos a los ‘populares’.

Estas son las principales conclusiones a las que han llegado estos partidos tras los trabajos de la comisión parlamentaria que ha investigado el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Los socios de gobierno del PSOE y los partidos independentistas han registrado un texto de conclusiones conjunto que será votado, junto con el resto de propuestas, el próximo miércoles en la comisión.

El documento, apunta también a la responsabilidad en esta trama el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López de Hierro, al que presentan como «socio» del ex comisario José Manuel Villarejo.

«Existió una estructura policial bajo mandato de Fernández Díaz, dirigida por el director adjunto operativo Eugenio Pino y bajo el conocimiento del secretario de Estado y el Ministerio del Interior, que estuvo actuando de forma prolongada en el tiempo», reza el texto, que fija como tarea de esa estructura el espionaje a Bárcenas para sustraerle pruebas sobre la contabilidad paralela del PP y la ‘Gürtel’.

IMPUNIDAD Y LEGISLACIÓN OBSOLETA

Pero también subraya que esa misma estructura u «otra similar» de ‘policía patriótica’ fue utilizada para la denominada ‘Operación Catalunya’ contra líderes independentistas, cuya existencia ya censuró una comisión de investigación anterior.

La ‘Kitchen’, según estas formaciones, se puso en marcha utilizando de forma ilegítima recursos materiales y humanos de Interior y también con el uso irregular de fondos reservados.

Los firmantes de este documento sostienen que la comisión ha puesto de manifiesto que «mala praxis» en Interior se han podido dar gracias a una «cultura de la impunidad» derivada del franquismo, así como a una legislación «deficiente y obsoleta» como la Ley de Secretos Oficiales y las que regulan el uso de los fondos reservados y la concesión de condecoraciones.

En este contexto, abogan por revisar los procedimientos para asegurar el control y la trazabilidad de los fondos reservados, piden la revocación inmediata de los emolumentos y condecoraciones otorgados a los policías implicados en tramas de corrupción o parapoliciales y que se compruebe si sigue existiendo alguna de estas estructuras «fuera de la ley».

PRISIÓN O MULTA POR MENTIR

Estos partidos destacan que algunos comparecientes han faltado a la verdad ante la comisión, lo que supone un delito según el Código Penal y podrían enfrentarse a una pena de entres seis meses y un año o a una multa.

Por contra, destacan la colaboración prestada por el policía que investigó la ‘Gürtel’ Manuel Morocho, al que también mencionan para dejar constancia en las conclusiones de las «presiones y obstáculos» que sufrió, y sigue sufriendo, según su testimonio, por investigar a Bárcenas y la ‘caja b’. Asimismo, ponen en valor la comparecencia de de quien fuera feje de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

Además, piden que sus conclusiones sean remitidas al Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar la actividad económica de los partidos, para que «lleve a cabo las actuaciones de aseguramiento patrimonial oportunas», incluida, en su caso, «la traba de embargos».

En este contexto, solicitan enviar las conclusiones a la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Supremo y cuantos estamentos judiciales se determinen, así como al Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía para que «tomen en consideración las medidas orgánicas y disciplinarias que se estimen convenientes».

Por otra, parte, basándose en el testimonio de Villarejo estas formaciones deslizan que entre la información que podría estar en manos de Bárcenas podía haber cuentas en Suiza de «personas relevantes del Estado» y que entre ellas podía haber información del Rey emérito.

Por último, Unidas Podemos y los demás firmantes aprovechan sus conclusiones para criticar al Gobierno de coalición por remitir de manera «impuntual e incompleta» la documentación que le requirió la comisión de investigación.

Los presidentes autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, han adelantado este lunes que trasladarán al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes la necesidad de retomar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los exteriores como una de las medidas ante el aumento explosivo de casos de coronavirus de los últimos días.

Así se han ido pronunciado por el momento estos mandatarios autonómicos sobre las peticiones que trasladarán a Sánchez en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este miércoles de manera telemática para abordar el incremento de la incidencia acumulada en España.

Además de esta medida, los mandatarios autonómicos plantearán otras reivindicaciones para contener el paso de la variante ‘ómicron’ en los territorios. En este contexto, los presidentes de Andalucía y el País Vasco pedirán una Ley Antipandemias, mientras que los de la Comunidad Valenciana y Galicia propondrán unificar el criterio para pedir el Certificado Covid.

Por su parte, Cataluña también se ha sumado a Andalucía y pedirán en la Conferencia de Presidentes que se vuelva a poner en marcha el año que viene el Fondo Covid para las comunidades autónomas. En el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que no cree necesario declarar el estado de alarma o excepción, planteará la revisión de la situación en cuanto a actos multitudinarios.

En cualquier caso, a las 16.15 horas de este lunes 20 de diciembre, este es el posicionamiento de las comunidades autónomas que se han pronunciado sobre la Conferencia de Presidentes del miércoles:

ANDALUCÍA

El Gobierno andaluz afrontará la reunión con una doble exigencia: la elaboración de una Ley de Pandemia, que sirva de marco legal para el conjunto de las comunidades autónomas, y que el Estado vuelva a destinar en 2022 dinero para el llamado Fondo Covid. Además, ha incidido estos días en la petición para que vuelva la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.

ASTURIAS

El Servicio de Salud del Principado de Asturias celebrará esta tarde una nueva reunión interna de trabajo con varias consejerías para analizar la situación y ver cuales serán las propuestas que va a plantear el Principado en la Conferencia de Presidentes. Precisamente, el mandatario autonómico asturiano, Adrián Barbón, ha dado positivo en Covid-19, aunque ya ha recibido el alta hospitalaria.

BALEARES

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, participará en la Conferencia de Presidentes «para defender sus medidas frente a la COVID-19, avaladas, además judicialmente». También la mandataria balear es positivo en Covid-19.

CASTILLA-LA MANCHA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por reflexionar sobre el uso de la mascarilla y volver a generalizarla, así como abordar la situación en los actos multitudinarios de cara a la conferencia de presidentes que tendrá lugar este miércoles. Asimismo, el presidente socialista cree que no será necesario declarar un estado de alarma o excepción.

CATALUÑA

El Ejecutivo catalán espera que la Conferencia de Presidentes sirva para tratar «conjuntamente» la manera de aplacar el aumento de contagios. En este contexto, fuentes de Presidencia han insistido en la petición de mantener los Fondos Covid en 2022 y han remarcado que es necesario tomar las mejores decisiones posibles y hacerlo «con la máxima coordinación».

COMUNIDAD VALENCIANA

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que defenderá un uso generalizado de la mascarilla y «un impulso definitivo a la unificación» del certificado covid en toda España y al respecto ha reclamado a todas las comunidades que rehuyan de «confrontaciones inútiles» y se busque «un espíritu común».

GALICIA

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este lunes porque, entre las nuevas medidas que se determinen para el conjunto del Estado, se incluya la obligatoriedad general de usar mascarilla en los exteriores, frente a la normativa actual que permite quitarla en el caso de que haya distancia de seguridad entre los viandantes y no haya aglomeraciones.

«En este tiempo de aglomeraciones, puede ser un instrumento muy potente; volver a reponer la mascarilla obligatoria en la calle, me parece una medida muy prudente», ha certificado el mandatario gallego, quien ha apostado porque esta medida se extienda hasta finales de enero.

Además, también ha puesto encima de la mesa potenciar el uso del certificado covid y valorar la posibilidad de que no haya que esperar seis meses entre la segunda y la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trasladará en la Conferencia de Presidentes el «ejemplo» de la gestión del coronavirus de su Gobierno y ha vuelto a rechazar que lleven a cabo «más cierres».

PAÍS VASCO

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha avanzado que trasladará la necesidad de volver a establecer la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, así como la petición de que se reforme la legislación ordinaria estatal a través una Ley Antipandemia.

Los científicos del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS) han confirmado que el agujero de ozono sobre la Antártida en 2021 está «casi cerrado» y será uno de los «más duraderos» desde que existen registros.

Tras una temporada con un agujero de ozono «considerablemente grande y persistente», el cierre tendrá lugar sólo unos días antes que el de 2020, que fue el más duradero desde 1979, según ha indicado en un comunicado el servicio de vigilancia de Copernicus, del sistema de observación terrestre europeo. En concreto, el agujero de ozono de 2021 ha tardado en cerrarse más que el 95 por ciento de todos los rastreados.

Al respecto, el director del CAMS, Vincent-Henri Peuch, ha precisado que si bien los agujeros de las dos últimas temporadas han sido «extraordinariamente duraderos», eso «no significa que el Protocolo de Montreal no esté funcionando».

«Si este no existiera, (los agujeros) habrían sido aún mayores», ha advertido, para incidir en que las situaciones de 2020 y 2021 se deben a la variabilidad interanual derivada de las condiciones meteorológicas y dinámicas, que «puede tener un impacto importante en la magnitud del agujero de ozono y se superpone a la recuperación a largo plazo».

Por otro lado, el CAMS ha avisado de que recientemente se han visto índices muy altos de radiación ultravioleta, por encima de ocho, que llega a la superficie de Tierra sobre zonas de la Antártida situadas debajo del agujero de ozono.

Ante estos datos, el director del servicio ha reivindicado que la vigilancia y trabajo de este permite monitorizar la creación, desarrollo y cierre de los agujeros anuales de la capa de ozono de «manera detallada» y comparar su desarrollo con los de los últimos 40 años.