El PP defenderá hoy martes, 21 de noviembre, en el Pleno del Congreso una proposición de Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para «armonizar» por ley los sueldos de los funcionarios policiales y poner fin a «situaciones indeseables que son contrarias al principio de igualdad» entre cuerpos policiales.
El partido que lidera Pablo Casado señala que su propuesta, que reforma la ley vigente de 1986, recoge las demandas de los sindicatos para llevar a cabo «una efectiva equiparación salarial y una nueva regulación legal que establezca las bases de un sistema basado en el principio constitucional de igualdad«.
La proposición de ley busca poner fin a lo que considera «nula regulación» de la equiparación salarial en el estatuto personal de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En concreto, critica al Ministerio del Interior por no cumplir íntegramente el Acuerdo de Equiparación firmado en 2018, con Gobierno del PP, ya que su cláusula octava incluía «garantizar en el futuro» que no se diera disfunción salarial.
ACUERDO FIRMADO POR ZOIDO Y GESTIONADO POR MARLASKA
Se trata de un tema que arrastra polémica desde que el ministro ‘popular’ Juan Ignacio Zoido firmó en 2018 un acuerdo con las principales organizaciones de la Policía y la Guardia Civil para equiparar sus sueldos con el de policías autonómicas, tomando como referencia a los Mossos d’Esquadra. La negociación se llevó a cabo paralelo a la polémica por el referéndum independentista del 1-O.
Tras la moción de censura, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ejecutó las partidas del acuerdo para subir el sueldo a policías y guardias civiles una media del 20%, con un presupuesto de 807 millones en tres años (2018-2020). La plataforma policial Jusapol rechazó el acuerdo y otros sindicatos critican todavía hoy que hay cláusulas que no se han cumplido, como realizar una auditoría externa.
El PP impulsa ahora un cambio de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fijar unos «principios mínimos para la necesaria armonización e igualdad entre todos los colectivos que se ocupan de la seguridad», basándose en lo que viene ya recogido en los capítulos II y III del título I de la propia ley.
En este sentido, defiende que fue «un paso fundamental» para lograr el objetivo de la equiparación el acuerdo firmado en 2018 por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señalando que el importe de 807 millones entre 2018 y 2020 «se concretó en dichas anualidades«.
A esta cantidad, relata el PP, «se añadieron 300 millones de euros para el colectivo de policías nacionales y guardias civiles resultante del acuerdo para el conjunto de la función pública, más 300 millones de euros destinados al personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada». El partido también critica que no se haya llevada la auditoría para la «equiparación salarial total y absoluta«.
En concreto, cita la cláusula octava, donde Interior se comprometía a impulsar medidas legislativas para «garantizar en el futuro» que no se diera disfunción salarial entre cuerpos nacionales y autonómicos. «La falta de cumplimiento«, dice el PP, «es el motivo fundamental para impulsar la modificación legal«.
En declaraciones, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, justificó su iniciativa en ese incumplimiento del compromiso de «impulsar las medidas legislativas que fueran necesarias para garantizar que en el futuro no se pudiera producir una disfunción salarial entre los cuerpos de policía que realizan las mismas funciones». «Esa equiparación salarial es justa porque todos, a iguales funciones deben tener iguales retribuciones«, sostiene.
NO SE LES EQUIPARA Y ENCIMA SE LES DESPROTEGE
A su juicio, con el Gobierno de Sánchez «se ha producido un bloqueo de este desarrollo legislativo y, por tanto, del cumplimiento del Gobierno de España con policías y guardias civiles en nuestro país», y todo ello mientras siguen su curso «otras reformas legislativas que dejan desprotegidos» a estos funcionarios, como es la reforma de la ‘ley mordaza‘.
«Para el PP es fundamental seguir fortaleciendo las instituciones del Estado y esta iniciativa legislativa responde a ese gran objetivo –aseveró–. Y el fortalecimiento se consigue a través de las equiparaciones salariales y unas retribuciones justas a la labor que desarrollan aquellos que nos protegen en nuestro día a día».
