La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal que permite la cancelación de ciertas deudas a personas físicas que se encuentran en una situación de insolvencia. Esto quiere decir que la ley está planteada para personas particulares y para autónomos que se encuentran en una situación en la que no pueden hacerse responsables de ciertos compromisos de pago. Se les permite eliminar de manera parcial o total las deudas para que tengan la opción de empezar de cero.
Dentro de las ideas claves se encuentra el hecho se que esta Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar a un 100% las deudas que se encuentran pendientes, siempre que se cumplan los requisitos para acogerse a la ley. Es necesario tener deudas que por lo menos tengan dos acreedores diferentes. Por otra parte, después de la reforma del año 2022 respecto a esta ley, se han acortado los plazos (hasta 18 meses como máximo), se ha simplificado todo el procedimiento y se han abaratado los costes.
Con esta nueva ley se puede cancelar las deudas que llegan a un máximo de 10 mil euros con Hacienda y otros 10 mil euros de deuda con la Seguridad Social. Actualmente, no es necesario intentar realizar un acuerdo extrajudicial con los acreedores para acogerse a esta ley sino que se puede aducir a fase judicial de manera directa. Por otra parte, el que solicita esta medida puede elegir entre sacrificar su patrimonio y cancelar todas sus deudas, o salvar su vivienda y asumir un plan de pagos que le permita cumplir la parte correspondiente a las deudas que no se hayan cancelado.
Esta Ley de Segunda Oportunidad permite que los embargos se paralicen y que los procesos de reclamación de deudas. Esto hace que una vez se finalice el proceso se pueda salir de los ficheros de morosidad.
¿Qué es exactamente la Ley de Segunda Oportunidad?
Esta Ley de Segunda Oportunidad lo que permite es tener un mecanismo legal para que personas particulares y autónomos puedan salir de una situación de insolvencia. De esta manera, pueden volver a negociar sus deudas o cancelarlas de forma total o parcial. Hay personas que no pueden hacer frente a las obligaciones de pago y recurren a esta ley para poder comenzar de cero.
El objetivo de esta medida es que las personas que se encuentran en quiebra puedan salir del agujero sin descuidar los derechos de cobro de los acreedores. Este procedimiento en España tiene una doble función: social y de efectividad de cobro. Es importante que se cumplan una serie de requisitos para poder hacer uso de esta ley y a cambio el deudor no podrá excluir el principio de responsabilidad patrimonial universal.
Por lo tanto, la Ley de Segunda Oportunidad está regulada por la ley 25/2015 que reduce la carga financiera junto con otras medidas sociales y la Ley Concursal que fue modificada por la Ley 16/2022 que tiene el objetivo de reformar el texto refundido de la Ley Concursal para para la transportación de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta última ley entró en vigor el 26 de septiembre del año 2022.
¿Qué se necesita para poder optar a usar la Ley de Segunda Oportunidad?
Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, hay que tener en cuenta el historial crediticio del deudor insolvente. Esto se debe a que el objetivo es beneficiar a quien ha demostrado que es buen pagador, pero que está teniendo una situación económica complicada de forma temporal. La reforma concursal lo que ha hecho ha sido modificar estos requisitos, en concreto, los que tienen el objetivo de probar si un deudor ha obrado por buena fe.
Por lo tanto, después de la reforma concursal, es importante probar estos requisitos y así poder acceder a esa segunda oportunidad. Se debe ser insolvente y se debe poder demostrar que no se tiene patrimonio suficiente para poder hacer frente a las deudas. Además, la deuda no puede superar los 5 millones de euros y el deudor tiene que tener buena fe. Para que esto sea así no puede haber sido declarado como persona culpable en el concurso tercero ni tampoco ha podido ser condenado por delitos económicos o patrimoniales (en los últimos 10 años) con instituciones públicas como es el caso de Hacienda o la Seguridad Social.
Por otra parte, ya no existe la norma que obligaba al deudor a haber intentado de manera previa un acuerdo extrajudicial de pagos sin haber tenido éxito y se suprime también el requisito que obliga al deudor a no haber rechazado una oferta de empleo en los 4 años anteriores a la declaración del concurso.
La Ley de Segunda Oportunidad y todas estas medidas buscan que el deudor tenga opciones de hacer frente a ciertas deudas y también beneficia a los acreedores. De esta manera, se establece un entorno mucho menos hostil a la hora de solventar estas cuestiones.
