Podemos critica que Batet persista en «extralimitarse» y mantenga el «anómalo» proceso de sustituir a Rodríguez

Unidas Podemos ha reafirmado que la retirada del escaño al exdiputado Alberto Rodríguez está repleta de «anomalías» y ha vuelto a cargar contra la decisión «unilateral» y «contradictoria» de la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, al enviar el oficio a la Junta Electoral Central (JEC) de cara a designar a un sustituto.

Una actitud que, para el grupo confederal, constata que la presidenta se ha «extralimitado» respecto a lo que el propio reglamento de la cámara dispone y deja tocada tanto la «autonomía parlamentaria» como la confianza con la tercera autoridad del Estado.

Así lo ha indicado en declaraciones el diputado del grupo confederal y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, después de que el órgano parlamentario haya rechazado (con los votos de PSOE, PP y Vox) la solicitud de Unidas Podemos para que se revisase la decisión de Batet de despojar a Rodríguez de su acta tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en su contra.

Pisarello ha ahondado que la realidad es que existe un informe de los letrados de la cámara, del 19 de octubre, en el que de forma «terminante» se oponían a que la inhabilitación del sufragio pasivo comportara para Rodríguez la pérdida de su escaño, como pedían PP, Ciudadanos y Vox.

A ello se suma que la propia Batet convino a que el día 21 fuera la propia Mesa del Congreso, ante el oficio del TS sobre los pasos dados para ejecutar su fallo, la que se pronunciara sobre el asunto tras convocarla de urgencia, demandando una aclaración al presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena.

LA PROPIA BATET FIJÓ QUE LA COMPETENCIA ERA TAMBIÉN DE LA MESA

Todo ello, a su juicio, estableció como criterio a partir de ese día que la competencia para decidir el futuro del diputado y cómo ejecutar esa sentencia no era una «competencia exclusiva» de la presidenta, pese a que ella pudiera tener la «última palabra», dado que accedió ya a escuchar a los miembros de este órgano, en base al único informe jurídico que obraba hasta la fecha sobre el asunto.

Es más, Pisarello ha ahondado en que el reglamento del Congreso no refleja en ningún artículo que la presidenta sea la única competente para decidir sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales. Y en lo concerniente a los derechos parlamentarios y sus incompatibilidades, ha razonado que en este asunto debe de decidir la Comisión del Estatuto del Diputado, órgano que se pronuncia sobre materias como la incompatibilidad.

Por ello, ha reprochado que a partir del día 22 y ante el último oficio de Marchena, que detalla que esa inhabilitación al sufragio pasivo es «obligada», comienzan las «anomalías» cuando Batet, a modo de respuesta, decide solicitar reemplazar a Rodríguez en la cámara sin que «haya ninguna destitución formal previa», sin «dar audiencia» a la Mesa y sin informe jurídico.

«HAY COSAS RARAS» EN EL «CAMBIO SÚBITO» DE BATET

Además, ha recalcado que hay «cosas raras» en el «cambio súbito» de Batet a partir del día 22, extralimitándose de sus funciones al ceder a las «presiones de Vox, el PP y el propio Marchena», con una actuación contraria al criterio de la Mesa, incluido los representantes de su propio partido, y a la posición de los servicios jurídicos.

Y es que Pisarello ha criticado que la presidenta «deshizo sus propios pasos» y rompió su criterio con un «desapoderamiento» de las facultades de la Mesa, algo «grave» y que constituye un precedente «preocupante» en términos de derecho.

Es más, ha enfatizado que la nota del jefe de los letrados respaldando su giro «imprevisto» llegó tres días después del acto formal de suspensión completa, cuando el informe jurídico anterior no apreciaba que la pena «ínfima» de multa al exparlamentario pudiera convertirse en un «castigo máximo», como es la pérdida del escaño.

Pero también ha apreciado «contradicción» en las propias resoluciones de la Junta Electoral Central, que entiende que la inhabilitación por sufragio pasivo simplemente implica que no puede participar en una convocatoria electoral mientras dure la condena, si bien informa que proceden a la sustitución porque «lo pide la propia presidenta».

Siendo así las cosas, Pisarello ha destacado que al pedir la baja de Alberto Rodríguez de su escaño, Batet acaba haciendo lo que «ni Marchena ni la junta electoral se atreven a hacer de manera explícita».

LOS LETRADOS SE «AUTOENMIENDAN» SIN JUSTIFICACIÓN

Todo ello, según ha relatado Pisarello, atenta a la autonomía parlamentaria de manera «grave» y considera que Batet ha caído en la «trampa» tendida por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Segundo, al asumir ella misma la decisión final de despojarle del acta a Rodríguez.

Y es que, bajo su criterio, la última nota de los servicios jurídicos de la cámara, dando «cobertura» a la presidenta, es una «inexplicable autoenmienda», pues ahora «dicen ‘a’ donde antes dijeron ‘b’ sin justificación ninguna».

El secretario primero de la Mesa del Congreso ha insistido en que la pérdida del escaño tras un «reproche penal mínimo» al exdiputado, que el propio Código Penal sustituye por una multa, es un «salto mortal» que «no se acaba de entender» por parte de la ciudadanía, dado que no hace falta ser jurista para ver la «desproporción» entre «levedad» de la pena y la «gravedad» de las consecuencias en la esfera parlamentaria.

EPISODIO «INFAUSTO»

«Si a un diputado condenado al que se condenó sin pruebas suficientes por un delito leve se le puede quitar el escaño, se abre una vía para dejar fuera de las instituciones a cualquier diputado desde la arbitrariedad», ha asegurado.

Por eso, Pisarello ha aseverado que no solo supone un episodio «infausto» en la historia del parlamentarismo español, sino también una pérdida de confianza en la presidenta.