La Administración General del Estado (AGE) acumula una pérdida de empleo del 16% desde 2010, según se desprende del estudio ‘El colapso de la AGE ante la crisis del Covid-19’ realizado por CCOO.
De hecho, el sindicato ha puesto de relieve que, en los últimos cinco años, la AGE ha acumulado una pérdida de 20.000 puestos de trabajo, además de los 26.000 destruidos entre 2011 y 2015.
Por su parte, la Administración Local, que alcanzó su pérdida de efectivos máxima en enero de 2016 (-17%), y las administraciones autonómicas, que registraron su mayor número de pérdida de efectivos en enero de 2015 (-5%), están recuperando su personal desde 2017 «aunque muy lentamente».
En enero de 2020, las administraciones autonómicas registraron un aumento del 1% del número de trabajadores, mientras que la local registró un descenso del 13%, la misma cifra de 2019 y 2018.
CCOO ha alertado de que los recortes constantes de personal han sido mayores en algunos organismos y departamentos ministeriales, como son el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social. De hecho, estos Ministerios ostentan el 25% del total de puestos de trabajo que han desaparecido en los últimos diez años.
«Esta es una de las causas que puede explicar, pese al inmenso esfuerzo que han realizado los empleados públicos, el colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyas ocupaciones han sido altamente demandadas a lo largo de los últimos meses para poder dar servicio a la ciudadanía en relación al cobro de prestaciones y tramitación de los ERTE o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)», ha añadido.
Para la organización sindical, las ofertas de empleo público (OEP), extraordinarias y generales, «no son suficientes para hacer frente tanto a la destrucción de empleo de los últimos años, como a la elevada temporalidad de muchos departamentos».
Además, ha señalado que los acuerdos sobre oferta de empleo público, suscritos en 2017, 2018 y 2019, tampoco han servido para «poner freno» a esas pérdidas de empleo debido al retraso en la ejecución de las convocatorias.
«Las políticas restrictivas que han conllevado, durante varios años, una tasa de reposición del 0% en muchos organismos, y el excesivo retraso acumulado en la tramitación y ejecución de las OEP, hacen imposible que el número de empleados públicos se recupere», ha señalado el sindicato.
Además, ha alertado de «la marcada tendencia de la Administración a eliminar los niveles donde se localiza toda la estructura de apoyo, que es donde más acuciante resulta la destrucción de empleo».
En esta línea, ha subrayado que la falta de cobertura de efectivos por las ofertas de empleo público «insuficientes» hace que se «acreciente aún más» la carga laboral en unas plantillas cada vez más envejecidas. De hecho, más del 40% del personal de la AGE supera los 50 años y un 20% supera los 60 años.
Por otro lado, ha recordado que, con fecha de 31 de diciembre de 2020, hay 25.624 puestos en la AGE que están ocupados provisionalmente, «al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, lo que supone un 14% del total de la plantilla». «Todo esto hace que se cuestionen esos principios constitucionales que deben regir la relación de y los empleados públicos con la Administración», ha dicho el sindicato.
Sobre el teletrabajo, el sindicato ha remarcado que esta modalidad ha sido «necesaria para poder mantener los servicios públicos que la ciudadanía se merece», pero ha avisado de que no se puede confundir la aplicación de una medida «excepcional» con carácter puntual con «perpetuar el teletrabajo sin regulación que conlleva una disminución de los derechos».
Así, ha resaltado que ya ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y todavía «no existe una regulación real del teletrabajo en la AGE». Como consecuencia, según CCOO, el personal de la AGE está sufriendo un recorte salarial y de derechos debido a que, en muchos casos, los gastos ocasionados por trabajar en casa son sufragados por el personal. Además, CCOO ha dicho que la ausencia de regulación impide el ejercicio de derechos en relación a la prevención de riesgos.
«Vemos necesario y urgente que la regulación del teletrabajo se realice de manera negociada, garantizando en todo momento la voluntariedad, la reversibilidad, el aporte y el mantenimiento de los medios tecnológicos por parte de la Administración», ha dejado claro el sindicato que lidera Unai Sordo.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ve «imprescindible» que se fomenten unos servicios públicos dotados de una plantilla suficiente, que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía, garanticen sus derechos en condiciones de igualdad y que se basen en criterios de «interés general, con objetividad y transparencia».
«Como ha quedado demostrado, sin unos servicios públicos de calidad nuestra sociedad se ve abocada a una vulneración de los derechos de la ciudadanía», ha concluido.
El informe, que ha sido presentado por el secretario general de FSC-CCOO en la Administración General del Estado, José Manuel Vera, ha presentado este informe este viernes, se compartirá con los diferentes grupos parlamentarios. De hecho, Unidas Podemos impulsará una reunión con los grupos parlamentarios, con el objetivo de compartir dicho informe e intercambiar opiniones respecto al mismo.
