El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha cifrado en un 8,7% la caída de ingresos tributarios en términos homogéneos hasta el mes de octubre en comparación al año pasado, y en un 10,1% la merma de la recaudación fiscal total.
Así lo ha señalado Gascón durante su intervención en un evento virtual organizado por Lefebvre sobre el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Según ha indicado Lefebvre en una nota, Gascón ha explicado que esta caída de los ingresos tributarios se debe a los aplazamientos concedidos en el primer semestre del año y supone una mejora en la coyuntura internacional en comparación con al año anterior.
Además, ha resaltado que es «positivo» que los ingresos caigan menos que la actividad, puesto que ese es el principal indicador de que las cosas van «razonablemente bien» en un país cuando se refiere a la aplicación del sistema tributario.
La semana pasada en el Senado la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, defendió que las previsiones de ingresos del Gobierno tienen un «grado de seguridad muy alto».
La previsión del Gobierno es que los ingresos tributarios cederán un 7,6% este año, hasta los 196.537 millones de euros, pero se elevarán un 13% en 2021, hasta los 222.107 millones, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos, gracias a la recuperación, una aportación de ingresos de 6.800 millones de euros derivada de los fondos europeos y la subida de impuestos.
La caída del 7,6% prevista sería la mayor en once años, ya que en los últimos ejercicios crecía de forma sostenida por encima del 10%, tras los desplomes durante los años de la anterior crisis, como 2008 (-13,5%) o 2009 (-16,9%).
Según indicó Bardón, los ingresos procedentes de los fondos europeos y el impacto de los cambios normativos llevarán a alcanzar unos ingresos no financieros de 255.631 millones, un 14,5% más, con un alza de los ingresos tributarios del 13%, hasta los 222.107 millones de euros.
LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
También han participado en el evento virtual el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez; el subdirector general de Ordenación Legal en el departamento de Inspección de la AEAT, Marcos Álvarez; el inspector en el departamento de Recaudación de la AEAT, Antonio Montero, o expertos como la catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia, Ana María Juan, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, Javier Martín, entre otros.
Gómez ha subrayado la importancia de regular los softwares de doble uso y las certificaciones exigidas en esta materia, mientras que Montero ha destacado que el proyecto de ley de prevención de lucha contra el fraude contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas y prohíbe por ley las amnistías tributarias».
Además, ha añadido, en relación con el nuevo sistema de recargos, que «no blinda la no sancionabilidad en un momento posterior si el contribuyente no ha regularizado y si es la administración la que comprueba».
Ha puntualizado también la posibilidad que recoge el proyecto de salirse de la «lista de morosos» incluso cuando el pago se efectúa fuera de plazo, así como la importancia de la precisión que sobre el plazo de ingreso «originario» se incorpora en la Ley General Tributaria.
Ana María Juan, por su parte, se ha referido al debate respecto a cuándo y cómo puede pedir la Inspección de los Tributos autorización para una entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, sobre lo que ha indicado que «el sistema actual debe, y puede, integrarse a través de unas instrucciones jerárquicas que minimicen los riesgos de desproporción, o falta de razonabilidad, y que eviten que la multiplicación de entradas domiciliarias se convierta en un objetivo en sí mismo».
Por último, Marcos Álvarez ha explicado que la disposición transitoria única del proyecto habilita, indirectamente y a través del trámite de audiencia, para que puedan aplicar el nuevo sistema de recargos aquellos contribuyentes que ya hubieran interpuesto recurso contra la regularización administrativa.
